DE LA RÚA DENUNCIADO POR DEFRAUDACIÓN
Una investigación exclusiva de Contracultural revela que en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pervive un red de corrupción insertada en la contratación de distintos servicios que prestan empresas amigas del poder. El perjuicio contra el erario público podría ascender a más de cien millones de pesos por año. En relación con este caso se presentaron dos denuncias penales contra Fernando de la Rúa, Adalberto Rodríguez Giavarini y Cecilia Felgueras, en sus calidad de ex funcionarios comunales.
por Marcelo R. Pereyra
LA TRANSPARENCIA BRILLA POR SU AUSENCIA
La corrupción estructural está lejos de desaparecer en la Argentina ¿Cuál es la razón de la persistencia de este karma nacional? Por un lado, los empresarios han naturalizado esta operatoria ilícita, es decir, no saben hacer negocios si no es coimeando. Por otro, los políticos toman el poder esperando obtener beneficios dinerarios que tienen dos destinos: el enriquecimiento personal y la recaudación de fondos para seguir haciendo política.
La Alianza hizo de la transparencia su bandera más preciada, pero su administración no sólo no combatió a los corruptos, sino que se involucró con ellos en oscuros negocios. Por ejemplo: acaba de confirmarse el procesamiento de Angel Tonietto, ex interventor del PAMI y cuñado de la ex ministra de Desarrollo Social, Graciela Guardiola –ex Fernández Meijide-, acusado de favorecer a un geriátrico propiedad de su esposa, a la sazón hermana de doña Graciela. Además de procesarlo por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de fraude al Estado, la Sala I de la Cámara Federal porteña embargó a Tonietto por 30.000 pesos y lo puso en la antesala del juicio oral y público.
Ahora, la investigación de Contracultural saca a la luz una serie de irregularidades en las licitaciones y en las prestaciones de servicios contratados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la asunción de De la Rúa, en 1996. Quiénes, cómo y porqué denunciaron estos ilícitos, y qué paso con las investigaciones judiciales, es lo que se relata a continuación.
COSAS VEREDES FERNANDO QUE NON CREDERES
El presidente De la Rúa podría sumar un problema más a los tantos que lo desvelan por estos días. El 28 de junio pasado, el empresario Fernando Di Matteo presentó una denuncia en su contra por irregularidades en las concesiones para el mantenimiento y limpieza de los hospitales porteños, que se estarían produciendo desde que De la Rúa era Jefe de Gobierno de la ciudad. La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 34, Secretaría 117, a cargo del juez Federico Salvá, lleva el número 58.959/01, y está caratulada: “DE LA RÚA, Fernando...sobre defraudación por administración fraudulenta.”
Di Matteo se basó para su denuncia en un dictamen que la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Jorge Brusca, elevó el 5 de marzo del corriente año a la Licenciada Cecilia Felgueras en su calidad de titular de la Legislatura. El dictamen destaca que: “La prestación del servicio de limpieza carece de la selección previa del contratante”, de lo que se deduce que la adjudicación se hizo a dedo. Además, los auditores encontraron que, en muchos casos, las concesiones estaban vencidas, y que “no constan” las facturas que las empresas deberían haber presentado a la administración porteña para su cobro.
Pero hay una situación más grave aún que se denuncia, y que también fue constatada por la Auditoria: al asumir De la Rúa el gobierno de la ciudad impulsó una renegociación con las empresas que, en ese momento, detentaban la concesión de los servicios cuestionados. Se llegó a un acuerdo según el cual las empresas rebajaban su facturación en dos millones de pesos, lo cual sería magnífico si no fuera porque los auditores detectaron que la rebaja nunca se concretó. En otras palabras, en los nuevos contratos figuraba que la administración porteña iba a pagar menos, pero en realidad siguió pagando el precio anterior. Si esto es así, ¿quién se habrá quedado con la diferencia?
PIDEN PAN, NO LES DAN
No es ésta la primera vez que un particular le imputa delitos a De la Rúa en su desempeño como jefe comunal. El 21 de enero de 1999 otro empresario, José Luis Orrico, radicó una querella criminal en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 que fue caratulada: “Jefe de Gobierno, Secretario de Hacienda y Secretario de Promoción Social, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre defraudación contra la administración pública, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público y prevaricato (Art.249 del Código Penal)”. Del juzgado federal, la causa pasó al Criminal de Instrucción 30, a cargo por ese entonces del juez Irimia, con el número 20.083/99. En esta oportunidad se denunciaba el pago de sobreprecios a las empresas que proveen el servicio de alimentación para las escuelas, los hospitales y los hogares de ancianos que dependen de la comuna porteña, la cual tiene un presupuesto anual de cien millones de pesos para este rubro.
En el caso de las escuelas, el gobierno bendijo a ciertos concesionarios con un incremento de setenta centavos por alumno (el precio pasó de 1,50 a 2,20 pesos por almuerzo). Teniendo en cuenta que la ciudad alimenta a 300.000 chicos por día, el aumento implica un gasto extra de 210.000 pesos diarios, que multiplicados por 180 días de clase determinan una elevación del presupuesto en cuarenta millones anuales. Pero hay más aún. Según el informe 99/00 de la Auditoria, el 21% de los alumnos está sobre facturado ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que diariamente faltan muchos alumnos a clase, el gobierno de la ciudad le paga a las empresas de catering como si la totalidad de los chicos tuvieran asistencia perfecta todo el año. Este 21% representa nada menos que 60.000 almuerzos diarios que se pagan de más, y a $2,20 cada uno el perjuicio es de 120.000 pesos por día, o más de veinte millones al año. Así, sumando los sobreprecios con la sobrefacturación más de sesenta millones por año desaparecen por este verdadero agujero negro
En los hogares para ancianos carenciados, como el Rawson y el San Martín, y en los hospitales se verificarían situaciones de semejante ilicitud, pero la denuncia agrega otras irregularidades cometidas por los concesionarios del catering que las autoridades no han advertido, en el mejor de los casos, o que han permitido, en el peor. Por ejemplo: contar con una cantidad de empleados menor a la estipulada en el contrato, no elaborar las comidas con buena mercadería, y no pagar seguros ni impuestos.
LA JUSTICIA TE DA SORPRESAS
La tramitación de la causa que se abrió a partir de la denuncia de Orrico no ha tenido, hasta ahora, resultados concretos. La primera fiscal que intervino, María Paula Azaro, dictaminó rápidamente, antes de que el querellante aportara todas sus pruebas, que se trataba de actos propios de la administración y que no había delito alguno. La Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal consideró que Azaro incurrió en prejuzgamiento y la apartó de la causa.
Luego, poco antes de las elecciones de 1999, el querellante solicitó al juez la declaración indagatoria –es decir como imputado- de De la Rúa. El magistrado le contestó que no podía expedirse al respecto porque el expediente estaba “a estudio” de la nueva fiscal, Mariana García. Orrico apeló nuevamente a la Cámara para que ésta le ordenara al juez un pronto despacho. Cuando por fin el expediente volvió al juzgado, el abogado de Orrico pudo comprobar, no sin amargura, dos cosas: la primera fue que mientras que para él el expediente nunca estaba, se le había permitido a la Auditoria de la Ciudad –que no había acreditado su personería en la causa- llevárselo a su sede para estudiarlo, cosa que no está permitida; la segunda, y mucho más grave, que la fiscal se había tomado “la libertad” de destruir diez cuerpos del expediente. De inmediato la parte querellante denunció a García por destrucción de medios de prueba y encubrimiento; en este último caso por que la fiscal solicitó el sobreseimiento de los principales imputados: Fernando De la Rúa, Adalberto Rodríguez Giavarini y Cecilia Felgueras. La Cámara también desplazó a García.
El tiempo siguió transcurriendo y a mediados del 2000 el juez Irimia fue nombrado funcionario en la Secretaría de Seguridad –que depende del Ministerio del Interior- cuyo titular es Enrique Mathov, ex Secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de De la Rúa. Para acceder a esta nueva función, en la que debía asesorar en los casos de toma de rehenes, Irimia solicitó a la Cámara licencia por un año. Como ésta se la negó, recurrió a la Corte Suprema que le dio el visto bueno y, como bonus track, le permitió retener su cargo judicial
Así las cosas, hacia fines del año pasado –y luego de varios cambios de juez- la parte querellante aportó nuevas pruebas que llevaron a la Cámara a ordenar la declaración indagatoria de la que ahora ya era Vicejefa de Gobierno, Cecilia Felgueras. La ex Secretaria de Promoción Social tenía que explicar porqué había contratado servicios en forma directa por montos que excedían lo reglamentario para esa modalidad de contratación. Felgueras fue indagada y posteriormente se le dictó la falta de mérito, lo que significa que el juez no encontró elementos suficientes ni para procesarla ni para sobreseerla. Orrico apeló esta resolución. Hasta el momento la Cámara no se expidió al respecto.
Resumiendo: a dos años y medio de iniciada esta causa, luego de varios cambios de jueces y fiscales, de la destrucción de diez cuerpos del expediente y de una sola declaración indagatoria, no hay indicios que permitanavizorar un final cercano. A la morosidad propia de la burocracia judicial parece haberse sumado un manejo poco transparente de la cuestión.
LA MANO INVISIBLE
Los querellantes de estas causas sospechan que alguna mano invisible está operando para que no se termine de esclarecer los ilícitos denunciados. Esta sospecha ya había comenzado a germinar cuando en noviembre de 1998 un grupo de empresas de catering, que ya por ese entonces se sentían perjudicadas por las nuevas licitaciones no del todo claras de De la Rúa, se propuso publicar solicitadas para denunciar las irregularidades. Clarín, La Nación y Página/12 se negaron a publicarlas sin dar mayores explicaciones. El grupo estaba integrado entre otras empresas por Orrico S.A., Menú S.A., Integral de Gastronomía y Di Matteo SRL. Todas eran concesionarias desde hacía mucho tiempo de la ex Municipalidad de Buenos Aires, pero a partir de la llegada de De la Rúa perdieron sus concesiones y no pudieron volver a ganar ninguna licitación. Pero también ocurrió que el Banco de la Ciudad les negó nuevos créditos y les retuvo los pagos por los servicios que se les adeudaban. Por lógica consecuencia quebraron o están en convocatoria de acreedores, por eso estos empresarios sospechan que todas estas maniobras y el lento y oscuro accionar de algunos sectores de la justicia, conformaron una suerte de confabulación destinada a sacarlos del negocio, para favorecer a otros empresarios amigos del poder.
Pero además, los empresarios desplazados sostienen que se ha repetido este modus operandi mafioso en otros procesos licitatorios destinados a concesionar el mantenimiento de parques y escuelas, la reparación de las veredas y las obras de hidráulica. Lo preocupante del caso es que, otra vez, los dictámenes de la Auditoria les dan la razón. Es por eso que esta investigación -que es la primera que hace públicos estos hechos-, lamentablemente, continuará...
Una investigación exclusiva de Contracultural revela que en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pervive un red de corrupción insertada en la contratación de distintos servicios que prestan empresas amigas del poder. El perjuicio contra el erario público podría ascender a más de cien millones de pesos por año. En relación con este caso se presentaron dos denuncias penales contra Fernando de la Rúa, Adalberto Rodríguez Giavarini y Cecilia Felgueras, en sus calidad de ex funcionarios comunales.
por Marcelo R. Pereyra
LA TRANSPARENCIA BRILLA POR SU AUSENCIA
La corrupción estructural está lejos de desaparecer en la Argentina ¿Cuál es la razón de la persistencia de este karma nacional? Por un lado, los empresarios han naturalizado esta operatoria ilícita, es decir, no saben hacer negocios si no es coimeando. Por otro, los políticos toman el poder esperando obtener beneficios dinerarios que tienen dos destinos: el enriquecimiento personal y la recaudación de fondos para seguir haciendo política.
La Alianza hizo de la transparencia su bandera más preciada, pero su administración no sólo no combatió a los corruptos, sino que se involucró con ellos en oscuros negocios. Por ejemplo: acaba de confirmarse el procesamiento de Angel Tonietto, ex interventor del PAMI y cuñado de la ex ministra de Desarrollo Social, Graciela Guardiola –ex Fernández Meijide-, acusado de favorecer a un geriátrico propiedad de su esposa, a la sazón hermana de doña Graciela. Además de procesarlo por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de fraude al Estado, la Sala I de la Cámara Federal porteña embargó a Tonietto por 30.000 pesos y lo puso en la antesala del juicio oral y público.
Ahora, la investigación de Contracultural saca a la luz una serie de irregularidades en las licitaciones y en las prestaciones de servicios contratados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la asunción de De la Rúa, en 1996. Quiénes, cómo y porqué denunciaron estos ilícitos, y qué paso con las investigaciones judiciales, es lo que se relata a continuación.
COSAS VEREDES FERNANDO QUE NON CREDERES
El presidente De la Rúa podría sumar un problema más a los tantos que lo desvelan por estos días. El 28 de junio pasado, el empresario Fernando Di Matteo presentó una denuncia en su contra por irregularidades en las concesiones para el mantenimiento y limpieza de los hospitales porteños, que se estarían produciendo desde que De la Rúa era Jefe de Gobierno de la ciudad. La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 34, Secretaría 117, a cargo del juez Federico Salvá, lleva el número 58.959/01, y está caratulada: “DE LA RÚA, Fernando...sobre defraudación por administración fraudulenta.”
Di Matteo se basó para su denuncia en un dictamen que la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Jorge Brusca, elevó el 5 de marzo del corriente año a la Licenciada Cecilia Felgueras en su calidad de titular de la Legislatura. El dictamen destaca que: “La prestación del servicio de limpieza carece de la selección previa del contratante”, de lo que se deduce que la adjudicación se hizo a dedo. Además, los auditores encontraron que, en muchos casos, las concesiones estaban vencidas, y que “no constan” las facturas que las empresas deberían haber presentado a la administración porteña para su cobro.
Pero hay una situación más grave aún que se denuncia, y que también fue constatada por la Auditoria: al asumir De la Rúa el gobierno de la ciudad impulsó una renegociación con las empresas que, en ese momento, detentaban la concesión de los servicios cuestionados. Se llegó a un acuerdo según el cual las empresas rebajaban su facturación en dos millones de pesos, lo cual sería magnífico si no fuera porque los auditores detectaron que la rebaja nunca se concretó. En otras palabras, en los nuevos contratos figuraba que la administración porteña iba a pagar menos, pero en realidad siguió pagando el precio anterior. Si esto es así, ¿quién se habrá quedado con la diferencia?
PIDEN PAN, NO LES DAN
No es ésta la primera vez que un particular le imputa delitos a De la Rúa en su desempeño como jefe comunal. El 21 de enero de 1999 otro empresario, José Luis Orrico, radicó una querella criminal en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 que fue caratulada: “Jefe de Gobierno, Secretario de Hacienda y Secretario de Promoción Social, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre defraudación contra la administración pública, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público y prevaricato (Art.249 del Código Penal)”. Del juzgado federal, la causa pasó al Criminal de Instrucción 30, a cargo por ese entonces del juez Irimia, con el número 20.083/99. En esta oportunidad se denunciaba el pago de sobreprecios a las empresas que proveen el servicio de alimentación para las escuelas, los hospitales y los hogares de ancianos que dependen de la comuna porteña, la cual tiene un presupuesto anual de cien millones de pesos para este rubro.
En el caso de las escuelas, el gobierno bendijo a ciertos concesionarios con un incremento de setenta centavos por alumno (el precio pasó de 1,50 a 2,20 pesos por almuerzo). Teniendo en cuenta que la ciudad alimenta a 300.000 chicos por día, el aumento implica un gasto extra de 210.000 pesos diarios, que multiplicados por 180 días de clase determinan una elevación del presupuesto en cuarenta millones anuales. Pero hay más aún. Según el informe 99/00 de la Auditoria, el 21% de los alumnos está sobre facturado ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que diariamente faltan muchos alumnos a clase, el gobierno de la ciudad le paga a las empresas de catering como si la totalidad de los chicos tuvieran asistencia perfecta todo el año. Este 21% representa nada menos que 60.000 almuerzos diarios que se pagan de más, y a $2,20 cada uno el perjuicio es de 120.000 pesos por día, o más de veinte millones al año. Así, sumando los sobreprecios con la sobrefacturación más de sesenta millones por año desaparecen por este verdadero agujero negro
En los hogares para ancianos carenciados, como el Rawson y el San Martín, y en los hospitales se verificarían situaciones de semejante ilicitud, pero la denuncia agrega otras irregularidades cometidas por los concesionarios del catering que las autoridades no han advertido, en el mejor de los casos, o que han permitido, en el peor. Por ejemplo: contar con una cantidad de empleados menor a la estipulada en el contrato, no elaborar las comidas con buena mercadería, y no pagar seguros ni impuestos.
LA JUSTICIA TE DA SORPRESAS
La tramitación de la causa que se abrió a partir de la denuncia de Orrico no ha tenido, hasta ahora, resultados concretos. La primera fiscal que intervino, María Paula Azaro, dictaminó rápidamente, antes de que el querellante aportara todas sus pruebas, que se trataba de actos propios de la administración y que no había delito alguno. La Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal consideró que Azaro incurrió en prejuzgamiento y la apartó de la causa.
Luego, poco antes de las elecciones de 1999, el querellante solicitó al juez la declaración indagatoria –es decir como imputado- de De la Rúa. El magistrado le contestó que no podía expedirse al respecto porque el expediente estaba “a estudio” de la nueva fiscal, Mariana García. Orrico apeló nuevamente a la Cámara para que ésta le ordenara al juez un pronto despacho. Cuando por fin el expediente volvió al juzgado, el abogado de Orrico pudo comprobar, no sin amargura, dos cosas: la primera fue que mientras que para él el expediente nunca estaba, se le había permitido a la Auditoria de la Ciudad –que no había acreditado su personería en la causa- llevárselo a su sede para estudiarlo, cosa que no está permitida; la segunda, y mucho más grave, que la fiscal se había tomado “la libertad” de destruir diez cuerpos del expediente. De inmediato la parte querellante denunció a García por destrucción de medios de prueba y encubrimiento; en este último caso por que la fiscal solicitó el sobreseimiento de los principales imputados: Fernando De la Rúa, Adalberto Rodríguez Giavarini y Cecilia Felgueras. La Cámara también desplazó a García.
El tiempo siguió transcurriendo y a mediados del 2000 el juez Irimia fue nombrado funcionario en la Secretaría de Seguridad –que depende del Ministerio del Interior- cuyo titular es Enrique Mathov, ex Secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de De la Rúa. Para acceder a esta nueva función, en la que debía asesorar en los casos de toma de rehenes, Irimia solicitó a la Cámara licencia por un año. Como ésta se la negó, recurrió a la Corte Suprema que le dio el visto bueno y, como bonus track, le permitió retener su cargo judicial
Así las cosas, hacia fines del año pasado –y luego de varios cambios de juez- la parte querellante aportó nuevas pruebas que llevaron a la Cámara a ordenar la declaración indagatoria de la que ahora ya era Vicejefa de Gobierno, Cecilia Felgueras. La ex Secretaria de Promoción Social tenía que explicar porqué había contratado servicios en forma directa por montos que excedían lo reglamentario para esa modalidad de contratación. Felgueras fue indagada y posteriormente se le dictó la falta de mérito, lo que significa que el juez no encontró elementos suficientes ni para procesarla ni para sobreseerla. Orrico apeló esta resolución. Hasta el momento la Cámara no se expidió al respecto.
Resumiendo: a dos años y medio de iniciada esta causa, luego de varios cambios de jueces y fiscales, de la destrucción de diez cuerpos del expediente y de una sola declaración indagatoria, no hay indicios que permitanavizorar un final cercano. A la morosidad propia de la burocracia judicial parece haberse sumado un manejo poco transparente de la cuestión.
LA MANO INVISIBLE
Los querellantes de estas causas sospechan que alguna mano invisible está operando para que no se termine de esclarecer los ilícitos denunciados. Esta sospecha ya había comenzado a germinar cuando en noviembre de 1998 un grupo de empresas de catering, que ya por ese entonces se sentían perjudicadas por las nuevas licitaciones no del todo claras de De la Rúa, se propuso publicar solicitadas para denunciar las irregularidades. Clarín, La Nación y Página/12 se negaron a publicarlas sin dar mayores explicaciones. El grupo estaba integrado entre otras empresas por Orrico S.A., Menú S.A., Integral de Gastronomía y Di Matteo SRL. Todas eran concesionarias desde hacía mucho tiempo de la ex Municipalidad de Buenos Aires, pero a partir de la llegada de De la Rúa perdieron sus concesiones y no pudieron volver a ganar ninguna licitación. Pero también ocurrió que el Banco de la Ciudad les negó nuevos créditos y les retuvo los pagos por los servicios que se les adeudaban. Por lógica consecuencia quebraron o están en convocatoria de acreedores, por eso estos empresarios sospechan que todas estas maniobras y el lento y oscuro accionar de algunos sectores de la justicia, conformaron una suerte de confabulación destinada a sacarlos del negocio, para favorecer a otros empresarios amigos del poder.
Pero además, los empresarios desplazados sostienen que se ha repetido este modus operandi mafioso en otros procesos licitatorios destinados a concesionar el mantenimiento de parques y escuelas, la reparación de las veredas y las obras de hidráulica. Lo preocupante del caso es que, otra vez, los dictámenes de la Auditoria les dan la razón. Es por eso que esta investigación -que es la primera que hace públicos estos hechos-, lamentablemente, continuará...
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