6 de agosto de 2010

Historia de dos ciudades (segunda parte)

BARILOCHE: METÁFORA DE UN MODO DE ACUMULAR Y DISTRIBUIR LA RIQUEZA

Hace dos meses en Bariloche la policía asesinó a tres jóvenes pertenecientes a los barrios pobres de la ciudad. Luego de tenues repercusiones políticas y mediáticas, no pasó nada significativo. Todo sigue igual. En una primera nota, Contracultural dio cuenta de estos hechos enmarcándolos en un contexto de exclusión y estigmatización de grupos sociales “menos favorecidos”. Ahora es el turno de examinar los porqués de un crecimiento económico que dividió a la villa turística en dos ciudades distintas, desiguales y enfrentadas entre sí. Aunque Carlos Marx esté muerto y enterrado, parece que la lucha de clases aún no finalizó.

Por Marcelo R. Pereyra


LOS HECHOS

- 17 de junio de 2010: cuatro de la mañana; barrio Boris Furman, de la zona alta (pobre) de Bariloche; un policía cree advertir una actitud sospechosa de parte de tres jóvenes y los persigue; alcanza a Diego Bonefoi (15 años) y lo asesina de un disparo en la cabeza.

- 18 de junio de 2010: el velatorio de Bonefoi se realiza en su casa, que se encuentra frente a la Comisaría. Sus amigos y familiares se movilizan y manifiestan su indignación ante lo sucedido. Arrojan piedras e insultan a los policías. La respuesta: gases lacrimógenos y disparos; mueren Nicolás Carrasco (16 años) y Sergio Cárdenas (29 años).

- El juez Martín Lozada dicta la prisión preventiva del cabo Sergio Colombil acusándolo del homicidio de Bonefoi. La Cámara del Crimen aparta a Lozada de la causa. Uno de sus jueces, Héctor Leguizamón Condal, fue investigado por corrupción. Durante la sustanciación del proceso pidió el apartamiento del camarista Carlos Rozanski por ser judío. Otro integrante de esta Cámara, Miguel Ángel Lara, ha sido duramente cuestionado por sus actuaciones frente a menores en audiencias judiciales. La ley 25.852 protege a los menores prohibiendo su participación en las audiencias judiciales como víctimas o testigos. Con el desplazamiento de Lozada, el caso queda a cargo del juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi quien cambia la carátula de la causa y anula la prisión preventiva de Colombil. En cuanto a las muertes de Carrasco y Cárdenas no ha habido ningún avance.


LAS REACCIONES


- Se organiza una marcha que rechaza que “la policía siga reprimiendo y matando al pueblo trabajador para garantizar los buenos negocios de la ‘Suiza Argentina’”. Sus oradores advierten que la policía de Río Negro se conserva intacta desde la dictadura genocida; que ha sido denunciada por integrar redes de trata y prostitución y por ser partícipe en el triple crimen de Cipolletti y en el asesinato de la joven Otoño Uriarte, y que se maneja con una importante impunidad garantizada por los poderes político y la judicial.

- María del Carmen Verdú, abogada y miembra de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sostiene que en Bariloche “son constantes las detenciones arbitrarias –excusadas en averiguación de antecedentes o en el código contravencional–, golpizas y operativos de la policía provincial sin orden judicial”.

- 24 de junio: Se realiza un paro provincial de la CTA. La central obrera solicita la renuncia del secretario de Seguridad, Víctor Cufré, y la remoción del ministro de Gobierno, Diego Larreguy.

- Mara Bou, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche, dice: “Los piquetes policiales en los accesos a la zona más pobre son una realidad que se denuncia hace mucho tiempo aquí, pero las autoridades políticas nunca han aparecido ni se han hecho cargo”.

- La Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, se muestra alarmada: “Hace cuatro años que denuncio casos de apremios ilegales en la provincia, y toda esta historia implosionó con la ejecución de Bonefoi, a quien ejecutaron por la espalda y no estaba armado”.

- Lo más reaccionario de Bariloche -empresarios del turismo, concejales y otros políticos, la CGT y otros sectores acomodados- organiza una marcha para apoyar el accionar represivo de la policía y reclamar más “mano dura”.

- Se reúne el Concejo Deliberante de Bariloche con la presencia del intendente Soria -virtual candidato del partido peronista a la gobernación en las próximas elecciones- para analizar “la grave crisis que atraviesa la comunidad de Bariloche”. No deciden nada. El silencio de la política es ensordecedor. El gobernador radical Miguel Saiz se limita a pedir “no politizar la tragedia”, no se hace presente en San Carlos de Bariloche durante los 15 días que sucedieron a los violentos hechos y se niega a destituir al jefe de la Regional policial de Bariloche, Argentino Hermosa, al secretario de Seguridad y Justicia y al ministro de Gobierno. Tampoco se expide el gobierno nacional, aliado del gobernador. Sí en cambio abren la boca algunos apologistas del kirchnerismo con la intención de despegar a la administración central de la represión criminal en Bariloche. En El Argentino, Ricardo Forster escribe que “las terribles escenas de la represión policial en Bariloche con su espantoso saldo de tres muertos (dos de ellos menores de edad) nos regresan sobre un tema no saldado por la democracia argentina”, olvidando que le represión policial no se fue nunca. El filósofo incurre en un nuevo y grave olvido al afirmar que “a lo largo de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández se honró una convicción (…) clara, sencilla y tajante: no reprimir las protestas sociales”, pues durante los dos últimos gobiernos seis personas fallecieron como consecuencia de la represión de manifestaciones populares: Luís Marcelo Cuéllar (19 años, militante de la CCC, Jujuy, octubre de 2003); Carlos Fuentealba (40 años, docente, Neuquén, abril de 2007); Juan Carlos Erazo (50, trabajador del ajo, Mendoza, abril de 2008), Facundo Vargas (16, Don Torcuato, enero de 2010), y Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas (16 y 28, Bariloche, junio de 2010).


LA HISTORIA


- En 1995 comenzó en la provincia de Río Negro la reconversión de un Estado de semi-providencia que devino en un Estado de corte claramente neoliberal, basado en un modelo social excluyente cuya consecuencia fue la violación sistemática y profunda de los derechos más elementales de las clases sociales más empobrecidas. En clave de clientelismo político se distribuyeron planes sociales y asistencialismo alimentario a las poblaciones afectadas, mientras se reforzaba el sistema represivo institucional territorializado que tuvo y tiene como objetivo fundamental el control y disciplinamiento de la población más pobre.

- En 1998 la desocupación en Bariloche superó el 27%. La ciudad ha vivido en los últimos 15 años un estado progresivo de deterioro social que apenas ha sido atenuado espasmódicamente por una creciente reactivación del turismo -prácticamente único motor de desarrollo económico de la ciudad- desde cuyo producto no se genera ninguna política significativa de redistribución de ingresos. Hay pobreza, hambre y desempleo en una población que no deja de crecer, a pesar de que durante 2007 el índice de aumento del PBI y el ingreso per cápita de la ciudad fueron mayores que el promedio nacional. Pero los contrastes económicos son dramáticos: el 10 por ciento más rico de la población supera 32,1 veces a los recursos anuales del 10 por ciento más pobre de la ciudad. Conforme a los parámetros del INDEC, el 31,2% de los residentes locales debe ser encuadrado en la categoría de 'pobres'.

- Es la ciudad de la provincia de Río Negro que mayor cantidad de habitantes tiene. Son casi 140 mil almas dispersas en el ejido más extenso del país. Su economía es frágil, pues depende exclusivamente de la bonanza de la temporada turística, y su explosivo crecimiento nunca fue planificado; tiene crisis políticas constantes y no ha integrado solidariamente a la población más vulnerable. Subyacen en ella, por lo tanto, tensiones sociales constantes. El 25% de los asalariados del sector privado cobra en negro. Muchos no tienen trabajo permanente. El 40% de la población carece de seguro de salud y sólo el 15% del 60% restante tiene una cobertura digna. En los barrios del Alto, donde vive la mitad de la población de Bariloche, la pobreza estructural (NBI) aumentó tanto en términos relativos (20,18% en 1997 al 22,51% en el 2005), como absolutos (de 12.133 a 19.525 personas).


LAS DOS CIUDADES


En el Alto hay ingentes tasas de delito y muchos homicidios, varios de ellos a manos policiales. En el Alto hay desnutrición: a los chicos les cuesta aprender lo que les enseñan las maestras. No hay suficientes escuelas secundarias; muchos chicos terminan la primaria y después vagan por el barrio. Para la mayoría es muy difícil seguir estudiando; tendrían que caminar muchas cuadras o tener plata para el colectivo, más una buena campera y buenos zapatos para continuar en el secundario. Y no pueden. Entonces dejan. Hay nenas que se prostituyen, el índice de suicidios es alarmante –sobre todo en los jóvenes- y campea la violencia familiar y de género. La atención en los centros de salud barriales es deficiente por una restricción severa en su presupuesto.

No es fácil vivir en el Alto sin gas, sin agua, sin asfalto y sin cloacas. En otoño llueve durante tres meses seguidos y en invierno hace 10 grados bajo cero y se acumulan 40 centímetros de nieve y hielo. No es fácil vivir en casillas de madera y chapa, calefaccionándose con leña o con lo que se encuentre, cuando el viento sopla a ochenta kilómetros por hora. No es fácil vivir lejos del centro urbano, en un lugar en el que el colectivo pasa a horarios impredecibles, y hay que esperarlo bajo la lluvia o la nevisca.

El Bajo, en cambio, es la ciudad rica, dedicada al turismo y al ski, llena de camionetas cuatro por cuatro. Es una ciudad en donde el Ejército y la Iglesia tienen todavía una gran influencia. En el Bajo, por estos días los sectores más conservadores y ultracatólicos buscan destituir al juez Lozada -el que procesó por “homicidio doblemente agravado” al policía sospechoso de haber asesinado a Bonefoi- por el aval que dio a la realización de un aborto no punible reclamado por una adolescente que había denunciado una violación. En el Bajo hace unos años hubo una marcha de vecinos para pedir que no extraditaran al nazi Erich Priebke. Los habitantes del Bajo no sólo no comparten la ciudad con los del Alto, sino que ni siquiera los ven porque los oculta un cerro. El único contacto que tienen las dos ciudades entre sí es, la mayoría de las veces, la ocasión de un delito o un hecho de violencia.


ACUMULAR, REPRIMIR, CRIMINALIZAR


El control social punitivo no es independiente de la estructura social en la que se desarrolla. En el capitalismo, la represión es funcional al sistema y una herramienta coercitiva del Estado burgués. El “gatillo fácil”, la sistemática aplicación de tormentos en cárceles y comisarías y las detenciones arbitrarias son estrategias con las que se busca ejercer el control y el disciplinamiento social de la población más vulnerable y garantizar la aplicación de políticas de hambre y exclusión. Las fuerzas policiales tienen como una de sus finalidades centrales la represión preventiva de los sectores más empobrecidos y marginados, como forma de mantener la situación de desigualdad imperante. Se busca imponer, con un alto grado de selectividad que no es otro que la pertenencia de clase, el temor y la obediencia al orden establecido por medio de castigos ejemplares cotidianos, potenciados por la naturalización y la invisibilización. Es que las grandes mayorías deben ser disciplinadas para que acepten como natural su subordinación a la clase dominante.

La represión y la criminalización, tanto de la pobreza como del conflicto social, se constituyen así en los modos y las respuestas que el Estado organiza sistemáticamente a través de sus instituciones frente a la diversidad de manifestaciones sociales que intentan hacer visibles sus problemas, buscando alguna posible incidencia en las políticas públicas. La criminalización conforma el mecanismo de acción que judicializa tanto al sedicioso-manifestante de una protesta social que bloquea una ruta u ocupa un edificio, como a aquel que comete un delito común en el marco de un empobrecimiento extremo y generalizado. El poder judicial actúa de manera funcional y complementaria castigando a los desprotegidos y eximiendo de culpa a sus represores y asesinos de uniforme, como así también sobreseyendo a los funcionarios corruptos.

En Bariloche se puso en práctica una política de amedrentamiento y de represión sistemática hacia la gente del Alto, que se potencia en temporada alta, cuando vienen turistas de todo el mundo. Entonces, el manejo de la aduana de frontera, simbólica y real, entre el Bajo y el Alto, está a cargo de la policía, que tiene como principal tarea asegurar que Alto y Bajo no se crucen. Incluso los pasajeros de los colectivos tienen que exhibir sus documentos en alguno de los ocho retenes policiales para pasar de la ‘zona fea’ a donde están las casas de té y las finas hosterías. La policía suele recorrer la zona céntrica de Bariloche para “limpiarla” de jóvenes del Alto, a quienes ordenan volver a sus barrios bajo amenazas, que muchas veces se transforman en casos ejemplificadores.

La adhesión de una buena parte de la sociedad barilochense a las políticas de "mano dura" es producto de una engañosa y extendida creencia en las soluciones rápidas y mágicas que ofrece la violencia institucional frente a la problemática del delito. Pero la marcha que organizaron en el Bajo en apoyo a la policía provincial, realizada después de las tres ejecuciones de junio, da cuenta de una comunidad que niega el conflicto social y por lo tanto no reconoce como hijos propios a los jóvenes asesinados: lo único que pide es que se reconstruya la frontera entre las dos ciudades. Si pudieran construir un muro, lo construirían.

Bariloche no es una ciudad con dos caras; son dos ciudades distintas, con lógicas sociales y culturales propias y con dos formas muy diferentes de apropiación y distribución de la riqueza.


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