6 de agosto de 2010

A pedido de los ruralistas, Córdoba sancionó una Ley de Bosques que promueve su desaparición

INSÓLITAMENTE LA LEGISLATURA CORDOBESA SANCIONÓ UNA LEY INCONSTITUCIONAL QUE FOMENTA LA DEFORESTACIÓN

La provincia de Córdoba perdió el 85% de sus bosques nativos por la explotación forestal desmedida, el avance de la agricultura y la ganadería. Tras dos años de debate y participación de la sociedad civil, la legislatura cordobesa se aprestaba a sancionar una ley que buscaba proteger lo poco que queda. Sin embargo, la mayoría de los legisladores privilegiaron los intereses de los ruralistas por encima del bienestar de la población en general y aprobaron una ley de bosques que, en lugar de protegerlos, promueve su desaparición.

Por Hernán L. Giardini


Una provincia que perdió casi todos sus bosques


Córdoba posee una superficie total de 16 millones de hectáreas, de las cuales el 70 por ciento (unas 12 millones de hectáreas) eran de bosque nativo, mientras que en la actualidad sólo queda el 5 por ciento de la superficie original (unas 600.000 hectáreas).

La mayor parte de los bosques los perdió a principio de siglo pasado, por culpa de la explotación desmedida de sus recursos forestales para madera y tanino.

Pero durante la última década el ritmo de deforestación se acentuó gravemente, llevando a la provincia a una verdadera emergencia forestal: Córdoba tiene la tasa de deforestación más alta del país (-2,93% anual durante el período 1998-2002), y la misma resulta doce veces superior a la media mundial (-0,23% para 1999-2000).

¿Qué hay ahora donde antes había bosque?

Fundamentalmente dos cosas: agricultura (sobre todo soja) y ganadería.

Pero el desmonte no sólo tiene implicancias ambientales. El avance de la frontera agropecuaria en muchos casos implica el desalojo de las comunidades indígenas y campesinas que habitan esos montes.


Un arduo camino hacia la Ley de Boques

A partir de la lucha de varias organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas, a fines de 2007 el Congreso Nacional sancionó la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Y se logró pese a la férrea oposición de las provincias del norte (donde se concentra la deforestación), luego de que Greenpeace y más de treinta organizaciones sociales entregaron en el Senado un millón y medio de firmas de personas de todo el país en reclamo por el urgente tratamiento de la norma, demostrando un alto nivel de consenso social.

Fundamentalmente la ley nacional establece:
• Moratoria a nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos participativo que tras la evaluación de diez criterios ambientales, económicos y sociales, defina los distintos tipos de uso que pueden hacerse de los bosques.
• Obligatoriedad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte.
• Respetar a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas sobre los bosques que utilizan.
• Prohibición de la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o aprovechamientos de bosques nativos.
• Fondos para la protección de los bosques nativos y para las actividades que realicen un desarrollo sustentable.

Lo cierto es que la sanción de la Ley de Bosques es un avance sin precedentes en materia ambiental, y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, constituyendo una herramienta esencial para empezar a solucionar la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina.


El proceso en Córdoba


Para cumplir con lo dictado por la nueva normativa nacional, la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, el 24 de noviembre de 2008 crea la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia de Córdoba (COTBN), a la que le encomendó la realización del mismo a partir de una evaluación pormenorizada de los diez criterios ambientales, económicos y sociales que la ley establece y de la realización de consultas entre todos los sectores involucrados en el tema.

Dicha comisión estuvo integrada por un amplio número de entidades: Unidad Ejecutora para Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba, Secretaría de Turismo de la Provincia de Córdoba, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Programa Social Agropecuario, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río IV, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Católica de Córdoba, Administración de Parques Nacionales, Federación Agraria Argentina, Movimiento Campesino de Córdoba, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, y las ONG: FUNAM, CEDHA, Ecosistemas Argentinos, Grupo Escalera, Wichan, PCRSC, Foro de los Ríos, y Fundación Conydes, Sociedad Rural de Córdoba, y Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), entre otras instituciones.

Para asegurar la participación ciudadana, se realizaron siete talleres regionales en el interior de la provincia, en las localidades de Sebastián Elcano, Río Cuarto, Cruz del Eje, Ballesteros, Villa General Belgrano, Villa Dolores y Río Ceballos, en los que hubo un importante debate intersectorial.

Finalmente el proyecto de ley provincial realizado por la COTBN fue presentado durante una audiencia pública a la que asistieron cerca de 900 personas.

Pero no todo fue color de rosa… Sorprendentemente, o no tanto, la Sociedad Rural de Córdoba y CARTEZ se retiraron a pocos meses de comenzado el proceso por considerar que el mismo tenía un carácter “ambientalista”.

Allí comenzó un proceso paralelo: mientras los integrantes de la COTBN realizaban decenas de marchas y protestas frente a la legislatura reclamando la pronta sanción de la ley, los ruralistas hacían lobby en los despachos de los legisladores cordobeses para que la misma no interfieriera en sus intereses.


Una Ley de Bosques que no protege los bosques


El miércoles 4 de agosto, mientras los integrantes de la COTBN protestaban fuera del recinto, los legisladores comenzaron el debate a las 17. Dentro del edificio también se manifestaron las organizaciones sociales con carteles, silbidos y aplausos según los legisladores que hablaban.

Después de una larga lista de oradores, la ley fue aprobada, avanzada la madrugada, con los votos positivos de Unión por Córdoba (UPC), la Unión Cívica Radical (UCR) y los bloques unipersonales de José Maiocco, José Villena, Raúl Albarracín y Kasem Dandach. En tanto, los integrantes del juecista Frente Cívico votaron en forma dividida. Los bloques que se opusieron fueron Concertación Plural (CP), Peronismo Militante, ARI, Izquierda Socialista y Frente para la Victoria.

Pero la flamante ley 9.814 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Córdoba introdujo cambios sustanciales al texto que se discutió en la Comisión de Asuntos Ecológicos (CAE) durante más de nueve meses y que la COTBN debatió durante más de dos años. Cabe aclarar que el texto que surgió de estos espacios, cuyo autor final fue el legislador oficialista Marcelo Falo, presidente de la CAE, ya tenía un despacho de minoría pues había sido presentado por los bloques que se opusieron a la norma sancionada.

Lamentablemente, la mayoría de los legisladores privilegiaron los intereses de sectores económicos (ganaderos y sojeros) por encima del bienestar de la población en general.

Lo cierto es que el proyecto aprobado por la legislatura cordobesa viola directamente la ley nacional 23.331 de Bosques Nativos, lo que lo hace inconstitucional, ya que incluye en el área roja (destinada a la conservación) la posibilidad de realizar actividades productivas (como la ganadería), lo cual está claramente prohibido por la normativa nacional.

El mamarracho de ley aprobada reduce a menos de la mitad las zonas a proteger en comparación con el proyecto elaborado por la COTBN, e incluye la posibilidad de realizar minería sobre los bosques que deben obligatoriamente conservarse, algo tampoco permitido por la ley nacional.

Además, desestima la participación de la sociedad en los procesos de control, ya que anula la creación del Cuerpo Voluntario de Guardianes de Bosques Nativos, y no obliga a la Autoridad de Aplicación a convocar a Audiencia Pública en caso de solicitud de desmonte, algo obligatorio según la ley nacional.

Para colmo, la nueva ley provincial va en contra de otra ley provincial, la 9.219 (sancionada en marzo de 2005), que en su artículo 1º establece: “Prohíbese por el término de diez (10) años el desmonte total de bosques nativos en cada una de las parcelas -públicas o privadas- ubicadas en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba. Entiéndase por desmonte total la eliminación por completo de un bosque nativo con la finalidad de afectar esa superficie a actividades que impongan un cambio en el uso del suelo”.

Ante la grave situación de emergencia forestal en la que se encuentra la provincia constituye una enorme irresponsabilidad sancionar una norma que claramente viola una ley nacional y pone en peligro sus últimos bosques nativos.

Y resulta tanto más grave aún que la ley provincial sancionada no refleja las propuestas de los ciudadanos cordobeses que participaron durante dos años activamente en la conformación de la misma, tal como lo establece la ley nacional de bosque.

Ante esta situación:

¿El gobernador Schiaretti vetará la norma?

¿La Justicia la declarará inconstitucional?

¿O seguirán privilegiando a un sector sobre el interés del resto de la sociedad?




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