6 de abril de 2011

“Podría ser Peor”

MÉXICO: LA ARROGANCIA DEL PRESIDENTE CALDERÓN

Felipe Calderón y su gabinete presidencial, incluidos sus seguidores dentro y fuera del PAN, intentan calmar a la muchedumbre de desempleados, de desatendidos y demás víctimas del pauperismo que su gobierno ha incrementado, con estas palabras: “podría ser peor”. Esta actitud arrogante obedece a esa especie de McCartysmo panista, en el que nada fuera o en contra del círculo de amigos de Calderón, es legítimo.

Por Manuel Leví Peza (desde México)


Los que detentan el poder político y económico, creen que la libertad de que gozan, es hacer lo que les venga en gana y no el derecho de hacer lo que se debe. De ahí que la corrupción y la impunidad sean la marca de agua que permite el disfraz ideológico de los partidos y sus vergonzantes alianzas electoreras; la concordancia en lo oscurito entre la silla presidencial y el episcopado, que es algo que se va extendiendo como mancha de aceite en todas las entidades del país; la malignidad en las tribunas legislativas, en las campañas electorales y en los procesos judiciales; el decir mentiras como parte de la brutalización de la política; el festinar con orgías mediáticas las ejecuciones extrajudiciales de presuntos culpables y la insana aventura fracasada de la guerra contra los capos de la droga y, toda esa táctica de decepción democrática que hace incancelable la mediocridad en los altos mandos de la república e ineficaces a la totalidad de las instituciones federales, estatales y municipales encargadas de implementar la justicia social.

Hoy, decimos con toda certeza, que nuestros gobernantes tienen la rara habilidad de hacer lo que nosotros no queremos que hagan y que la Constitución, en función de su propia doctrina, debe ser el código moral de todos los mexicanos, para cuyo efecto, se debe crear el Tribunal Constitucional por encima de lo que pomposamente es la Suprema Corte de Justicia, una corte de ministros exageradamente enriquecidos que ejercen el principio de la infalibilidad en sus fallos, conductas y determinaciones. Práctica que deja latente el riesgo de que la mentira de la legalidad institucional nos la endosen como verdad absoluta y que las tres instancias de gobierno, más que cumplir programas de desarrollo sustentable, sigan provocando conflictos sociales.

No es un despropósito afirmar que muchos de los males que nos aquejan se deben a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sabido interpretar la realidad de México para ser factor decisivo en la instauración de un Estado plural, social y democrático de derecho y para que el Juicio de Amparo no siga convirtiéndose en una flor exótica en un dudoso invernadero.


¿Estado Fallido o Gobiernos Fracasados?

Hemos soportado oleadas de predicciones optimistas en medio de realidades pesimistas que provocan preocupaciones generales desvanecidas por la cínica expresión: “en México no pasa nada”. ¿Cómo entonces impulsar una participación ciudadana que enriquezca el diseño de un proyecto de nación y de gestión de políticas públicas en todas las ramas de la administración para corregir y prevenir depredaciones presupuestales y medioambientales? ¿De que lado debemos estar: del de los reformistas moderados o de los reformistas radicales? pues sigue, inercialmente, la incapacidad del Estado para dar respuesta a las tasas bajas o negativas del crecimiento y sus respectivos niveles de renta per cápita estáticos o en descenso. Justo, cuando la explosión demográfica impone nuevas demandas sociales y un sistema de seguridad y justicia, que tome en serio la prevención del delito; la investigación policial; la articulación de las actividades de todas las autoridades jurisdiccionales; la instrucción de los juicios ante los jueces; la administración de justicia; la ejecución de las penas; la readaptación social de los sentenciados y la atención de las víctimas de delitos y de juzgadores corruptos que dejan libres a culpables o que encarcelan a inocentes.

Por más que el crecimiento económico mediocre no sea lo único que importe, sin duda es cierto que un nivel de vida decente proporciona una base para que los mexicanos consideremos prioritario: una buena cobertura de salud, de educación, vivienda familiar digna, transporte, comunicaciones, producción de alimentos, investigación científica y competitividad tecnológica.

Desgraciadamente, los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y los tres poderes legales (ejecutivo, legislativo y judicial) han fracasado a la hora de repensar, formarse y equiparse con perspectivas al futuro, lo cual los ubica entre los grandes perdedores económicos de la historia.

En vez de aprovechar la capacidad instalada de recursos humanos calificados y creativos, en políticas públicas pertinentes, dejamos éstas responsabilidades en manos de mandatarios frívolos e incompetentes; en ministerios públicos que no garantizan la integridad física, patrimonial ni jurídica de los ciudadanos; en diputados y senadores reciclados como basura partidista; en grandes empresarios enriquecidos a costa de los pobres y en electores imprudentes que convalidan con su voto irreflexivo en las urnas, el daño a la democracia, con la consiguiente inestabilidad política y una clara acumulación de presiones inflacionarias, precedidas por la flotación monetaria, la violencia fiscal y el gasto corriente desordenado.

Por analogía, se pueden comparar las presiones sociales (aumento demográfico, recursos naturales menguantes, desempleo, emigración, baja escolaridad, conflictos fronterizos, enconos electorales, hambrunas, epidemias, fracaso en el combate a la delincuencia y a la pobreza, corrupción, impunidad, etc.) con las tensiones a lo largo de los bordes de las placas tectónicas, antes de producirse un terremoto o un maremoto. Se presiente el peligro, pero es imposible saber con exactitud dónde y cuando tendrá lugar la irrupción o la explosión.

En resumidas cuentas, necesitamos dilucidar el enigma de sí México es un Estado fallido o, simplemente, las instancias de gobierno no están haciendo sus tareas frente a ingentes turbulencias, cuya combinación y consecuencias son potencialmente letales.

Después de considerar ésta problemática nacional, llegamos a la conclusión de que los partidos políticos, los poderes fácticos y los fenómenos económicos que interactúan con sus viejas amenazas a la estabilidad política, pueden generar sacudidas, choques y rupturas en la vida mexicana y a una escala cada vez más global e intensa. En cuyo caso, sería insensato que los ciudadanos nos aisláramos de los cambios necesarios, urgentes e inaplazables, por inesperados y espectaculares que parezcan o por imprevistos e inintencionados que se supongan. Nada es seguro, excepto que nos enfrentamos a un sinnúmero de incertidumbres y de intereses creados; pero el simple hecho de reconocerlo nos proporciona un punto de partida vital para que, como ciudadanos, ejerzamos una influencia positiva en las dimensiones morales, políticas, socioeconómicas y judiciales de nuestro futuro.

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