La censura no existe, pero que la hay, la hay

LA POLÍTICA OFICIAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La autora de esta nota denuncia el intempestivo levantamiento del programa en el que participaba en Radio Cooperativa. Al parecer, la dirección de la radio no estaba conforme con la línea crítica hacia el gobierno que sostenía el programa. Por tal razón habría decidido no renovarle el contrato. El caso llegó hasta la Cámara de Diputados, donde los legisladores kirchneristas consideraron que no existió censura. El espacio que quedó vacante le fue cedido a un programa producido por la agrupación oficialista “La Cámpora”.

Por Belén Urquiza


El martes 23 de marzo de 2011, el programa Ahora es nuestra la ciudad, emitido por AM 770 Radio Cooperativa, fue levantado una hora antes de salir al aire. El dueño de la radio, Adrián Amodio, impidió el ingreso de quien escribe y del resto del equipo al estudio, sin aviso previo. Minutos después, cuando exigíamos una explicación nos “invito” a retirarnos a la calle.

¿Cuál fue el problema para que nos sacaran del aire de un día para el otro? El contenido del programa. El día anterior Luís Gasulla, conductor del programa, había realizado una editorial sobre el manejo de los medios por parte del gobierno. Amodio en varias oportunidades ya había intentado digitar el contenido y sobre todo el enfoque de las notas. En realidad de lo que se trataba era que las notas críticas sobre el kirchnerismo se dejaran de lado.

Radio Cooperativa comenzó su “escalera a la fama” a través de los programas adictos al gobierno financiados por la pauta oficial discrecional y hoy es un ejemplo más de un medio de comunicación paraestatal.

El argumento de Amodio para no renovar contrato en abril fue aumentar un 800% el espacio de la radio. Una suma dineraria que, para un programa con escasa publicidad comercial y sin pauta oficial se hace imposible de pagar, pero que sirvió de excusa para levantar un programa del aire que incomodaba. Ahora el problema surge cuando Amodio decide levantarlo de un día para el otro, sin hacerlo saber a nadie.

Este episodio lleva a reflexionar sobre un discurso gubernamental que procura libertad de expresión, pluralidad de voces y democratización de medios mediante la ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero el manejo que de la pauta oficial y del canal estatal realiza el gobierno da cuenta de lo contrario. Al parecer, lo que se quiere es contar con un ejército de medios oficialistas que salgan a batallar contra aquellos medios que no los son. Pero a cambio de que esos medios se vuelvan pura propaganda política o militantes, como se dice por estos días. El programa Ahora es nuestra la ciudad fue reemplazado por el que venía a continuación a cargo de la agrupación La Cámpora sumando dos horas y media de aire. Y en el medio los oyentes.

Frente a estos hechos y pese a la poca repercusión en los medios, el caso fue tratado en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Los diputados del Frente Para la Victoria, a excepción de Diana Conti, no aceptaron firmar el repudio porque para ellos no constituyó un caso de censura. El hecho de que ese último mes, Marzo, no se había firmado el contrato, pero si se había acordado de palabra, alcanzó para que alegaran que el dueño estaba en todo su derecho de echarnos a la calle cuando quisiera. Una argucia legalista que no quita las maniobras realizadas para intentar acallar a periodistas que lo que intentan es, justamente, hacer periodismo y no propaganda política disfrazada de periodismo. Ni las intimidaciones y aprietes por el contenido desde hacía meses, ni el hecho de que ni pudiéramos siquiera despedirnos de los oyentes alcanzaron para demostrar que fuimos victimas de la censura. O ¿acaso es parte de libertad de expresión que un programa que debía terminar el 31 de marzo despareciera del aire de Radio Cooperativa, una semana antes y de un día para otro, sin aviso siquiera a sus propios conductores? Sin duda que no. Ese mismo día se trataba el caso de Marcelo Almada, el periodista misionero censurado por Cablevisión. A Almada también intentaron controlarle el contenido del programa, se negó y le cancelaron el contrato. Mientras que su caso fue considerado unánimemente como un hecho de censura, el de Ahora es nuestra la ciudad no lo fue.

Pero el problema de fondo no es, solamente, dar muestras del doble discurso del kirchnerismo, en este caso, en materia de medios de comunicación. El gobierno no hace lo que dice. Amodio y su radio financiada por la pauta oficial dan cuenta de ello y solo hace falta sintonizar el dial para comprobarlo. Lo que se pasa por alto es que corresponde al Estado garantizar esa pluralidad de voces, la libertad de expresión y finalmente una verdadera democratización de los medios, porque es él quien posee las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, la responsabilidad de que se cumpla o no una verdadera política de comunicación democrática, es enteramente de quienes se encuentran al mando del Estado. Son los gobiernos quienes pueden cambiar las reglas del juego, pero lo que falta es la convicción de querer cambiar en beneficio de toda la sociedad y no de unos pocos.


http://www.contracultural.com.ar/

Para recibir el Boletín Contracultural:
contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar