6 de agosto de 2011

Cuatro muertes absurdas en el país de las elecciones de mentirita

LAS INTERNAS ABIERTAS DEL 14 DE AGOSTO Y LA REPRESIÓN EN JUJUY

Mientras se habla de elecciones, candidatos y se infringe la ley electoral. Mientras un juez supremo se mete en líos, cuando todavía resuenan los líos en los que se metieron las Madres; mientras se hacen y deshacen nuevos campeonatos de fútbol y mientras se ponen trabas para que los medios comunitarios y alternativos puedan acceder a licencias de radiodifusión, en Jujuy los que nada tienen son desalojados salvajemente de las tierras que habían tomado por necesidad. La protesta social ha sumado cuatro muertos. Son 16 desde que asumió Néstor Kirchner en 2003.

Por Marcelo R. Pereyra


HECHA LA LEY…

La Argentina está por experimentar un acontecimiento electoral inédito: las internas abiertas y obligatorias, que son –o deberían ser- el escalón previo a las presidenciales de octubre. Cuando se sancionó la ley –promovida por Néstor Kirchner- que creó esta instancia, se argumentó que era necesaria una mayor participación de los ciudadanos en la vida de los partidos políticos. Se decía que debía haber una mayor transparencia en la toma de decisiones referidas a la selección de los candidatos. Sin embargo, la práctica política concreta demostró que si esas eran verdaderamente las intenciones, se está muy lejos de concretarlas. En efecto, el dedo de los capos y las negociaciones cerradas entre las cúpulas partidarias siguieron funcionando, y se ha llegado así a la ridícula situación de ir a votar sin opciones. Es decir que los simpatizantes de cada partido no irán a elegir libremente entre distintos candidatos, sino a ratificar el candidato que los mandamases de su fuerza ya han decidido ungir. De esta forma, las elecciones del 14 de agosto se transformarán en una suerte de oráculo predictor con vistas a las de octubre, pues se supone que la opinión del votante no cambiará en los 45 días que mediarán entre las dos.

Pero hay otro problema que afecta a los partidos de menor envergadura: según la ley el partido que no haya alcanzado el 1,5% de los votos validos totales por categoría no podrá presentar candidatos en la elección general. Para el caso de las elecciones a presidente la cifra requerida rondará los 415.000 votos. Esta circunstancia ha sido muy criticada por el Frente de Izquierda (Altamira-Castillo), que la ha calificado de antidemocrática, y al parecer no le faltaría razón si con ella se llega a impedir o dificultar la presencia en la contienda electoral de otro tipo de expresiones ideológicas que no sean las hegemónicas. Porque si se diera esa circunstancia restrictiva, y no pudiese participar la izquierda, los ciudadanos sólo tendrían para optar entre distintas partidos que defienden un similar ideario de derecha, y eso incluye al kirchnerismo, al proteico Pino Solanas y al “socialismo” de Hermes Binner.

Ahora bien, que la izquierda necesite pedir públicamente, casi mendigando, un voto para poder alcanzar los 415.000, es preocupante, porque si no tiene en todo el padrón por lo menos esa cantidad de votos es un síntoma que corrobora que el pensamiento único es una cruel realidad. Ratifica esta afirmación el rotundo triunfo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el segundo puesto en Santa Fe del PRO, una de las expresiones más recalcitrantes de la derecha.


PRONÓSTICOS RESERVADOS

Pensando en las elecciones de octubre, precandidatos presidenciales como Mauricio Macri y Pino Solanas resignaron su postulación porque pensaron que será imposible derrotar a Cristina Fernández. Otros muchos, incluyendo a políticos, periodistas y ciudadanos, pensaban igual hasta que llegaron las elecciones en la CABA y en Santa Fe, en las que el kirchnerismo hizo un peor papel que el esperado, sobre todo en el segundo distrito. No obstante, todavía no aparece la fuerza política capaz de arrebatarle el poder al oficialismo, pero éste ha puesto las barbas en remojo con el fin de evitar desagradables sorpresas en el cuarto oscuro. En ese intento, Cristina Fernández acaba de infringir la disposición de la ley electoral por la que se le prohíbe -con toda razón- al gobierno de turno hacer publicidad de sus actos desde quince días antes de las elecciones. Lo que hizo la presidenta fue anunciar un aumento de las jubilaciones con fines claramente electoralistas. No es caprichosa esta afirmación si se piensa que, por un lado, Fernández no anunció un aumento extraordinario sino el que correspondía por ley; y, por otro, el aumento corre a partir de septiembre, así que podría haber esperado hasta después del 14 de agosto para darlo a conocer.

Un inoportuno frente tormenta apareció sorpresivamente cuando se hizo público que departamentos que son propiedad del juez Eugenio Zaffaroni funcionan como prostíbulos, algo que está penado desde 1936 por la ley nacional de Profilaxis de Enfermedades Venéreas (12.231). Prestamente, el gobierno, y su periodismo genuflexo y adicto, defendieron con espíritu corporativo al supremo que más simpatiza con el kirchnerismo, invocaron que no se puede manchar su prestigio como jurista, y denunciaron una campaña mediática en su contra, que tendría como objeto condicionar su voto cuando llegue a la Corte el espinoso asunto de la desinversión a la que obliga la ley de Servicios Audiovisuales. Empero, los indicios que surgen de la presentación del 15 de diciembre de 2009 ante el Procuración General de la Nación, y la denuncia que efectuó en la fiscalía anti trata (UFASEX) la ONG “La Alameda”, tienen suficiente entidad como para que la cuestión se aborde con seriedad y sin que se defienda a Zaffaroni cerrada y obtusamente, ni se lo ataque desde lo ideológico.

La nave insignia de la estrategia gubernamental con miras a asegurarse un triunfo relajado en la primera vuelta fue la –fallida- remodelación de la estructura de los campeonatos de fútbol. Los 1.200 millones que pensaba pagar el gobierno por tener la exclusividad de los partidos de las divisiones superiores, son parte de los casi 100.000 millones que destina anualmente para pagar subsidios a particulares y empresas. Semejante gasto sólo es posible por el superávit de la balanza comercial, a su vez producto de las retenciones y derechos a la exportación que se aplican a los productos agropecuarios, en especial los granos. Con toda esa plata el gobierno ha construido el formidable andamiaje que soporta su liderazgo político. Y no hay quien, en ese sentido, pueda contrarrestarlo. Claro que tiene disidencias internas, heridos que van quedando abandonados a su suerte en el campo de batalla y viudas políticas que reclaman su parte de la tajada. Sin embargo, todavía todo está atado y bien atado. Aunque esta semana se encendieron luces de alarma, ya que otra de las recurrentes crisis del capitalismo financiero globalizado está produciendo un marcado descenso del precio internacional de los granos. De no revertirse esta situación, agravada por el cierre de las importaciones que ha dispuesto la presidenta del Brasil, se acabará la etapa de vacas gordas que el país viene disfrutando desde hace siete años.


PREMIAR Y CASTIGAR

Prácticamente todos los gobiernos centrales han utilizado los dineros públicos para implementar sistemas de premio y castigo. Néstor Kirchner y Cristina Fernández no han sido la excepción. Entre los que premiaron pude citarse a organismos de DDHH como las Madres y Abuelas, que se prestaron a darle una pátina progresista al kirchnerismo temprano. Así las Madres, desde el día en que Hebe de Bonafini dijo en una marcha en la Plaza de Mayo, mirando hacia la Casa Rosada, que “el enemigo no está más allí”, fueron premiadas con dineros y permisos que les facilitaron montar una librería, una imprenta, una universidad y una radio. Todo eso no fue suficiente, porque pergeñaron con el gobierno un plan para transformarse en la principal empresa constructora de viviendas del país. Mejor dicho, en algunas partes del país: en aquellas que cuentan con autoridades y dirigentes políticos afines con el gobierno.

En Jujuy, por ejemplo, sólo se construyen viviendas para Milagros Sala, la piquetera kirchnerista que gusta veranear en Punta del Este. Y los resultados están a la vista: cuatro muertos más como resultado de la decisión política de reprimir a los balazos a aquellos que toman tierras y no son amigos. Amigos como la familia Blaquier, principal terrateniente de la región, que es propietaria de más de 150.000 hectáreas. La estructura económica de Jujuy es altamente concentrada, y es el resultado de relaciones de producción latifundistas en las que predomina un poder oligárquico: un puñado de familias es el propietario de grandes extensiones de las mejores tierras para cultivo, de los ingenios tabacaleros y azucareros y de las minas de hierro. Las fuentes de riqueza de la provincia provienen casi exclusivamente de estas explotaciones, ya que las políticas neoliberales de los ‘90 obturaron la posibilidad de un desarrollo industrial. El Estado provincial es el principal empleador, pero eso no alcanza a combatir la desocupación. Esa es la razón por la cual existe la misma cantidad de beneficiarios de planes Trabajar que de empleados públicos. La mortalidad materna -200 cada 100.000- es el doble o el triple de la de las provincias del centro y sur, y está muy cerca de ser la mayor del país. Un índice similar se registra en los países más pobres del continente africano (http://www.msal.gov.ar/htm/site/estadisticas.asp).

Ese contexto, del que dimos cuenta en estas páginas hace siete años (ver "Patriarcado, sexismo, corrupción judicial y poder político en el noroeste argentino" en www.contracultural.com.ar, septiembre, 2004), no se ha modificado sustancialmente durante las gobernaciones de Barrionuevo y de Fellner. Por eso, los que nada tienen, apoyados por la Corriente Clasista y Combativa, tomaron una fracción de tierra de la empresa Ledesma, de los Blaquier. Cuando estaban negociando la desocupación a cambio de una salida para su problema, fueron duramente desalojados por la policía que responde a las órdenes del kirchnerista gobernador Barrionuevo. El resultado: sesenta personas heridas con proyectiles de armas de fuego; intoxicación de adultos y bebés por los gases; y la muerte de Juan Sosa Velásquez, Ariel Farfan (17), Félix Reyes Pérez (21) y Víctor Heredia (37). Hay que agregar la muerte de un policía, probablemente víctima de la descontrolada violencia de sus compañeros. De esta forma, ya son 64 los asesinados en protestas sociales desde 1995, 16 de ellos lo fueron desde que Néstor Kirchner asumió el poder en 2003.

Y después de estas nuevas muertes, con un oportunismo que indigna, el gobierno provincial empezó a hablar de posibles expropiaciones de tierras privadas. Pero era demasiado y entonces al día siguiente propuso un plan de cesión de lotes fiscales. Eso sí, se entregarán solamente a aquellos que estén radicados desde hace tiempo en la provincia, porque los funcionarios jujeños dijeron que en realidad la culpa la tienen los inmigrantes bolivianos. Así que dispusieron que todos los de esa nacionalidad que tomen tierras en Jujuy sean deportados a Bolivia.

Así no joden más, ¿no?



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