8 de octubre de 2012

Gorra y cacerola, ¿la lucha es una sola?


LAS PROTESTAS DE CIVILES Y MILITARES

En menos de un mes el gobierno argentino tuvo que enfrentar dos rebeliones: la primera fue la del 13 de septiembre, cuando un número significativo de personas se manifestó en varias ciudades del país contra distintos aspectos de las políticas oficiales.  La segunda fue la que protagonizaron suboficiales de la Prefectura y la Gendarmería por reclamos salariales. ¿Se trata de hechos aislados o son la consecuencia de un generalizado estado de crispación social?

Por Marcelo R. Pereyra


LO QUE CADA UNO QUIERE

Los caceroleros y los milicos se manifestaron con motivaciones fueron bien distintas: los primeros salieron a la calle con una agenda variada de reclamos que tuvo un marcado  carácter político, bien visible en algunas pancartas y declaraciones de los manifestantes a la prensa. Algunas se focalizaron en la figura presidencial (“Se va a acabar la dictadura de los K”, “TN no miente. Cristina miente y roba”, “Argentina, sin Cristina”), y otras fueron más “institucionales” (“Queremos Constitución y no reelección. Queremos seguridad y no impunidad. Queremos pluralidad y no silencio. Queremos libertad y no autoritarismo. Queremos educación y no adoctrinamiento”). Unas y otras expresan las preocupaciones políticas centrales de un importante sector de la sociedad que siempre ha sido hostil a los gobiernos de origen peronista. En suma, lo más destacable de la protesta del 13S no fue su originalidad sino su masividad y extensión geográfica, que preanuncian lo difícil que le será al gobierno tener buenos resultados electorales el año próximo en las grandes ciudades del país.

(En tren de hacer especulaciones electorales, a este sector opositor habría que sumarle otro, de similar origen de clase pero de distinto pensamiento político, que prioriza en su agenda problemáticas que no se enunciaron el 13S, como el “gatillo fácil”, la tortura en las cárceles, la megaminería, la sojización descontrolada, las reivindicaciones de los pueblos originarios o la represión y criminalización de la protesta social. Si bien dentro de este sector social hay grupos que apoyan al gobierno y que comparten parcialmente esta agenda, su importancia a la hora de sumar los porotos electorales también debe ser tenida en cuenta. Sobre todo porque sus preocupaciones son bien concretas y para nada declarativas, y en todos los casos son consecuencia directa de las políticas públicas de los gobiernos K).

En cambio la protesta de las gorras no parece extenderse más allá de una cuestión salarial. Sus promotores han debido repetir constantemente que no tenía nada de político y menos de golpista. Por lo que se sabe hasta el momento habría que creerles, más allá del apoyo que hayan recibido de algunos funestos personajes pro milicos, como Aldo Rico o Rosendo Fraga, que asiduamente escriben en las acogedoras páginas de La Nación o son invitados al programa del viejo golpista Mariano Grondona. Como sea, la protesta de gendarmes y prefectos y la “inquietud” que se registra en la parte más baja de los escalafones en otras fuerzas armadas y de seguridad, responde también a la política gubernamental de negrear los salarios de los agentes públicos civiles y militares. Esta política, que no es invento del kirchnerismo, consiste en desmembrar los ingresos salariales en varios ítems no remunerables, es decir por los que no se hacen aportes provisionales. Así la administración se ahorra miles de millones de pesos, pero se generan las más ridículas e injustas distorsiones en los haberes de los agentes pasivos y activos. Si ello no fuera así, el descontento de gendarmes y prefectos no hubiese tenido la repercusión y la adhesión que tuvo.

LOS QUE PUEDEN Y LOS QUE NO PUEDEN PROTESTAR

Si algo en común tuvieron ambas protestas fueron los intentos que hicieron por descalificarlas el gobierno y otros sectores políticos. En el caso de la manifestación civil, no pudieron atacarla por su cuantía, el recurso legitimador predilecto de los K. Es que las imágenes demostraron una masividad impensada para oficialistas y opositores. Pese a ello, la prensa cooptada por el gobierno se empeñó en no darle trascendencia. Directamente la televisión K y la proK no la transmitió. Con lo cual, dicho sea de paso, quedó en evidencia una vez más que la “pluralidad de voces” –el argumento central de la ley de medios audiovisuales- no es una preocupación de este gobierno.

Entonces, tímidamente, aparecieron algunos cuestionamientos a la real espontaneidad de la chusca movida opositora, como si sólo las manifestaciones espontáneas fueran legítimas, cuando la realidad es que la gran mayoría son planificadas y convocadas con anterioridad. Está muy claro que en este caso las redes sociales vienen funcionando desde hace tiempo como herramientas de aglutinación de quienes piensan parecido. Sin embargo, no faltó algún K trasnochado que le atribuyó -¡cuándo no!- toda la responsabilidad de la convocatoria al Grupo Clarín. Luego, dando por finalizado el prolongado y estruendoso silencio que siguió al 13S, el gobierno deslegitimó a los protestantes por carecer de estructura política. En un discurso la Presidenta les recomendó que se organizaran, buscaran un candidato y se presentaran a elecciones, con lo que confundió una expresión de opinión pública con una opción electoral. No cabe duda de que los manifestantes del 13S no van a votar por Fernández, pero no puede decirse que todos votarán por un mismo candidato. Incluso no tienen por qué hacerlo.

Por último, se criticó los caceroleros desde algunos sectores del gobierno y de la izquierda  por su extracción social, deslegitimando sus pataleos por provenir de las clases más “acomodadas”. Este punto es interesante para reflexionar sobre quiénes estarían habilitados para la protesta. Aparentemente, según estas críticas de clase sólo los de abajo tendrían esa posibilidad en tanto que portarían una legitimidad innata por pertenecer al “pueblo”. En las ciencias sociales y políticas, “pueblo” es una palabrita que se las trae. Tiene muchas definiciones, pero curiosamente ninguna de ellas ha sido formulada por un integrante genuino del colectivo popular. La más aceptada dice que el pueblo es el sector económica, política y socialmente más postergado. Siguiendo estos razonamientos no habría lugar para que otros que no pertenecen al colectivo popular se expresasen públicamente.  Lo que es “pueblo” legitimaría todo y, a la vez, deslegitimaría todo lo que no es. De allí los ingentes esfuerzos que hacen los políticos para arrogarse la representación de lo popular.

También se cuestionó la licitud de la rebelión de las gorras. La gran mayoría del arco político tradicional, incluyendo las cuatro centrales gremiales, reconoció que el reclamo era justo pero cuestionó la forma de llevarlo a cabo, algo que le debió haber sonado conocido a los obreros y desocupados que han protagonizado en los últimos años protestas en el espacio público. Pero desde la izquierda más rústica les negaron sin vueltas a los prefectos y gendarmes todo derecho a protestar por formar parte del aparato represor del poder. Así, la aplicación lineal de esta argumentación les negaría su condición de seres humanos, pues los colocaría en una suerte de no-lugar en la estructura social, inhabilitados para cualquier reclamo por el sólo hecho de ser milicos, ignorando el hecho de que en una sociedad justa e igualitaria –como la que esta izquierda dice aspirar- todos deberían tener derecho al pataleo. Y sobre todo estos suboficiales que tienen la misma condición social que aquellos a los que reprimen. Claro, es una contradicción; pero para ellos es una estrategia de sobrevivencia. No todos se alistan por convicción ideológica. Para la gran mayoría, y en especial en las zonas más atrasadas del país, meterse de milico es un recurso más que legítimo para salir de la pobreza.


En resumen, las dos protestas no están formalmente conectadas. No hay una agenda común. Lo que hay es una percepción similar de un gobierno con signos de debilidad al cual civiles y militares “se le han animado”, una situación impensable un año atrás y que tiene un origen multicausal. Por ahora son sólo indicios de un malestar extendido y expresado en el espacio público real y virtual como nunca antes desde 2003. El futuro dirá si se convierte en algo más.


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