7 de diciembre de 2012

Lo dicho y lo no dicho


PRENSA Y PODER: VERDADES Y MENTIRAS

En un país de América Latina un poderoso grupo multimedios y un gobierno mantienen una armónica relación matrimonial durante varios años. Pero súbitamente se desencadena una ruptura motivada por razones de peso(s). Y comienza una batalla nunca vista, que ya dura tres años, entre un gobierno y un grupo empresarial. El grueso de la sociedad mira la querella entre los ex amigos un poco con curiosidad y un poco con indiferencia. Es que esta no es su batalla. Tiene otras que librar y no son poca cosa.

Por Marcelo R. Pereyra

TODA RELACIÓN ENTRE LA REALIDAD Y LOS HECHOS QUE SE VAN A RELATAR A CONTINUACIÓN TAL VEZ SEA UNA COINCIDENCIA, O TAL VEZ NO

Buena parte del escenario político y mediático de las últimas dos semanas estuvo ocupado por el conflicto judicial que enfrenta al gobierno de un país latinoamericano con un grupo empresario nacional de medios, acerca de la implementación de una ley destinada a regular el funcionamiento y la propiedad de los medios audiovisuales. Después de sostener una relación más que amable con el grupo durante seis años, un día el gobierno decidió que aquel había crecido mucho, que controlaba demasiados medios, y que ello atentaba contra la “pluralidad de voces”. Decretó entonces que era necesaria una reglamentación que limitara la cantidad de medios que podía tener cada grupo empresarial. Además, la norma debía obligar a los grupos ya excedidos en cantidad de licencias a desprenderse de algunas de ellas para estar a derecho.  Así, inopinadamente, el gobierno transformó al que había sido su aliado en su principal enemigo. Las razones que lo llevaron a tomar tan drástica y osada determinación tendrían que ver con un conflicto de intereses entre el grupo enemigo y otro poderoso grupo empresarial extranjero en torno al multimillonario negocio del “triple play”, una herramienta técnica que permite vender en un único paquete servicios de telefonía, televisión e Internet.  En esta trifulca, por razones que se desconocen, el gobierno decidió favorecer al grupo extranjero, y de este modo el grupo nacional, que históricamente se caracterizó por ser un experto en capear tormentas políticas y en acomodarse donde mejor da el sol, dejó a un lado su proverbial táctica negociadora y se dispuso a dar batalla.

De allí en más se desató un aquelarre que ya lleva tres años de duración, pues cuando la ley fue sancionada, el grupo ex aliado interpuso un recurso de amparo solicitando que se declarara inconstitucional el artículo que lo obligaba a “desinvertir”. Hasta el momento, y después de innumerables y complejas vicisitudes procesales, ese amparo tiene vigencia. Repasando la historia de la región de los últimos cincuenta años no se verifica que un gobierno, civil o militar, haya sostenido un enfrentamiento de semejante calibre y duración con ninguna clase de conglomerado empresarial.

Cada uno de los bandos declara que es víctima inocente de las pérfidas acciones del otro, a las que les asignan tal gravedad y dramatismo que, sostienen, están en juego valores como la libertad de expresión, la democratización de la palabra y la voluntad popular. Es decir que los dos han construido sendos relatos de fuerte retórica épica en los que se auto asignan el doble papel de mártires y héroes.

DIFERENTES PERO IGUALES

Exceptuando a los funcionarios, los empresarios de medios, los periodistas, los militantes políticos y los comunicólogos, el resto de la sociedad asiste a esta pretendida epopeya entre curiosa e indiferente. Curiosa porque, acostumbrada a consumir medios de comunicación sin preguntarse por sus intenciones políticas y/o intereses comerciales, intenta descifrar en qué reside la malignidad que el gobierno le atribuye al grupo empresario. Funcionarios y periodistas afines al oficialismo se refieren a él utilizando palabras como “hegemónico” y “monopolio”. Palabras que no se escuchaban en América Latina desde los años ’70 y que la sociedad sospecha que son cosas muy malas, aunque no sepa con precisión qué quieren decir y si efectivamente le caben al grupo enemigo del gobierno. Tampoco sabe muy bien qué es la “pluralidad de voces”, pero intuye que consiste en que otras personas puedan acceder a señales de radio y televisión.

No obstante, nadie se ha preocupado por explicar el hecho de que “muchas voces” no es necesariamente equivalente a “voces diferentes”. Quienes podrían representar la verdadera diferencia son algunos de los medios llamados alternativos, populares o comunitarios. Su presencia en el espectro de frecuencias y legitimidad de acción está contemplada en la ley, pero a tres años de su promulgación no se ha dado un solo paso para efectivizarla. A pesar de haberla proclamado a los cuatro vientos, esta no es la preocupación principal del gobierno: en verdad está más ocupado en planear a qué otros empresarios les cederá las licencias que el grupo enemigo debería resignar si algún día termina de resolverse el entuerto judicial. Pero de ocurrir esa circunstancia, el grupo todavía no ha explicado fehacientemente por qué quedaría lesionada la libertad de expresión.

Como quiera que sea, la mayor parte de la sociedad ya ha detectado que la batalla entre el grupo y el gobierno no es la suya, de ahí su indiferencia. Es que hay otras batallas que le son propias y debe afrontarlas. Ahí está, por ejemplo, la vieja disputa por poder capturar una mayor parte de la renta que produce el país. De allí que se repitan ad infinitum los conflictos salariales. También los trabajadores jubilados pretenden que se mejoren sus ingresos. Vastas franjas de la población están peor: no tienen trabajo fijo o en blanco, o directamente están desocupadas. Todavía hay en ese país demasiada pobreza pese a las promesas gubernamentales de mayor inclusión social y a todas las políticas asistencialistas que construyen sujetos rehenes de la beneficencia oficial.

Al que le quepa el saco, que se lo ponga.

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