PRENSA Y PODER: VERDADES Y MENTIRAS
En
un país de América Latina un poderoso grupo multimedios y un gobierno mantienen
una armónica relación matrimonial durante varios años. Pero súbitamente se desencadena
una ruptura motivada por razones de peso(s). Y comienza una batalla nunca
vista, que ya dura tres años, entre un gobierno y un grupo empresarial. El
grueso de la sociedad mira la querella entre los ex amigos un poco con
curiosidad y un poco con indiferencia. Es que esta no es su batalla. Tiene
otras que librar y no son poca cosa.
Por Marcelo R. Pereyra
TODA
RELACIÓN ENTRE LA REALIDAD Y LOS HECHOS QUE SE VAN A RELATAR A CONTINUACIÓN TAL
VEZ SEA UNA COINCIDENCIA, O TAL VEZ NO
Buena parte del escenario político y
mediático de las últimas dos semanas estuvo ocupado por el conflicto judicial
que enfrenta al gobierno de un país latinoamericano con un grupo empresario nacional
de medios, acerca de la implementación de una ley destinada a regular el
funcionamiento y la propiedad de los medios audiovisuales. Después de sostener
una relación más que amable con el grupo durante seis años, un día el gobierno
decidió que aquel había crecido mucho, que controlaba demasiados medios, y que
ello atentaba contra la “pluralidad de voces”. Decretó entonces que era
necesaria una reglamentación que limitara la cantidad de medios que podía tener
cada grupo empresarial. Además, la norma debía obligar a los grupos ya
excedidos en cantidad de licencias a desprenderse de algunas de ellas para
estar a derecho. Así, inopinadamente, el
gobierno transformó al que había sido su aliado en su principal enemigo. Las
razones que lo llevaron a tomar tan drástica y osada determinación tendrían que
ver con un conflicto de intereses entre el grupo enemigo y otro poderoso grupo
empresarial extranjero en torno al multimillonario negocio del “triple play”,
una herramienta técnica que permite vender en un único paquete servicios de
telefonía, televisión e Internet. En
esta trifulca, por razones que se desconocen, el gobierno decidió favorecer al
grupo extranjero, y de este modo el grupo nacional, que históricamente se
caracterizó por ser un experto en capear tormentas políticas y en acomodarse
donde mejor da el sol, dejó a un lado su proverbial táctica negociadora y se
dispuso a dar batalla.
De allí en más se desató un aquelarre
que ya lleva tres años de duración, pues cuando la ley fue sancionada, el grupo
ex aliado interpuso un recurso de amparo solicitando que se declarara
inconstitucional el artículo que lo obligaba a “desinvertir”. Hasta el momento,
y después de innumerables y complejas vicisitudes procesales, ese amparo tiene
vigencia. Repasando la historia de la región de los últimos cincuenta años no
se verifica que un gobierno, civil o militar, haya sostenido un enfrentamiento
de semejante calibre y duración con ninguna clase de conglomerado empresarial.
Cada uno de los bandos declara que es
víctima inocente de las pérfidas acciones del otro, a las que les asignan tal
gravedad y dramatismo que, sostienen, están en juego valores como la libertad
de expresión, la democratización de la palabra y la voluntad popular. Es decir
que los dos han construido sendos relatos de fuerte retórica épica en los que
se auto asignan el doble papel de mártires y héroes.
DIFERENTES
PERO IGUALES
Exceptuando a los funcionarios, los
empresarios de medios, los periodistas, los militantes políticos y los
comunicólogos, el resto de la sociedad asiste a esta pretendida epopeya entre curiosa
e indiferente. Curiosa porque, acostumbrada a consumir medios de comunicación
sin preguntarse por sus intenciones políticas y/o intereses comerciales,
intenta descifrar en qué reside la malignidad que el gobierno le atribuye al
grupo empresario. Funcionarios y periodistas afines al oficialismo se refieren a
él utilizando palabras como “hegemónico” y “monopolio”. Palabras que no se
escuchaban en América Latina desde los años ’70 y que la sociedad sospecha que
son cosas muy malas, aunque no sepa con precisión qué quieren decir y si
efectivamente le caben al grupo enemigo del gobierno. Tampoco sabe muy bien qué
es la “pluralidad de voces”, pero intuye que consiste en que otras personas
puedan acceder a señales de radio y televisión.
No obstante, nadie se ha preocupado
por explicar el hecho de que “muchas voces” no es necesariamente equivalente a “voces
diferentes”. Quienes podrían representar la verdadera diferencia son algunos de
los medios llamados alternativos, populares o comunitarios. Su presencia en el
espectro de frecuencias y legitimidad de acción está contemplada en la ley,
pero a tres años de su promulgación no se ha dado un solo paso para
efectivizarla. A pesar de haberla proclamado a los cuatro vientos, esta no es
la preocupación principal del gobierno: en verdad está más ocupado en planear a
qué otros empresarios les cederá las licencias que el grupo enemigo debería
resignar si algún día termina de resolverse el entuerto judicial. Pero de
ocurrir esa circunstancia, el grupo todavía no ha explicado fehacientemente por
qué quedaría lesionada la libertad de expresión.
Como quiera que sea, la mayor parte de
la sociedad ya ha detectado que la batalla entre el grupo y el gobierno no es
la suya, de ahí su indiferencia. Es que hay otras batallas que le son propias y
debe afrontarlas. Ahí está, por ejemplo, la vieja disputa por poder capturar
una mayor parte de la renta que produce el país. De allí que se repitan ad infinitum los conflictos salariales.
También los trabajadores jubilados pretenden que se mejoren sus ingresos.
Vastas franjas de la población están peor: no tienen trabajo fijo o en blanco,
o directamente están desocupadas. Todavía hay en ese país demasiada pobreza
pese a las promesas gubernamentales de mayor inclusión social y a todas las políticas
asistencialistas que construyen sujetos rehenes de la beneficencia oficial.
Al que le quepa el saco, que se lo
ponga.
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