LOS MUERTOS DE CURUGUATY Y EL JUICIO POLÍTICO A LUGO
¿Quienes están detrás de esta
trama tan siniestra? Los propulsores de una ideología que promueven el máximo
beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora y en el
futuro.
Por Idilio Méndez Grimaldi (desde
Paraguay)
El viernes 15 de junio de 2012,
un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento
de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores,
mezclados con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue
dada por un juez y una fiscala para proteger a un latifundista. Como resultado
se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos graves. Las
consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad
ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio
político por un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a
las organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía
terrateniente de instigar a los campesinos; avance del agronegocio
extractivista de manos de las transnacionales como Monsanto, mediante la
persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras y, finalmente, la
instalación de una cómoda platea para la los oligarcas y los partidos de
derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.
El 21 de octubre de 2011, el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo,
liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía
norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en
Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se
dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus
Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como
las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil.
El Servicio de Nacional de
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, otra institución del Estado
paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica
en los registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de
Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación.
Campaña mediática
Durante los meses posteriores,
Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP, estrechamente
ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color, arremetió contra
SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para
su uso comercial en todo el país.
La cuenta regresiva decisiva
pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista
del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a
Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color.
Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas
agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de
dólares por Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP.
Al día siguiente, viernes 8 de
junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: “Los 12 argumentos para destituir
a Lovera” (1). Estos presuntos argumentos fueron presentados al vicepresidente
de la República, correligionario del ministro de Agricultura, el liberal
Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de
Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia.
El viernes 15 del corriente mes,
en ocasión a una exposición anual organizada por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo escapar un comentario ante la prensa
que un supuesto grupo de inversores de la India, del sector de los
agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la presunta
corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En esas horas de
aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty.
En el marco de esta exposición
preparada por el citado ministerio, la transnacional Monsanto presentó otra
variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup,
un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la
transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta semilla
transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países del mundo.
Previamente a estos hechos, el
diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a
la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar
Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto.
Monsanto facturó el año pasado 30
millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara esta parte de su
renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas
de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta de las
semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión
cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en torno a los 7
millones de toneladas en el 2010.
Por otro lado, en la Cámara de
Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de Bioseguridad, que
contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del Ministerio de
Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su cultivo comercial
de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y
algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la eliminación de la
Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de funcionarios
técnicos del Estado paraguayo.
En tanto transcurrían todos estos
acontecimientos, la UGP viene preparando un acto de protesta nacional contra el
gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio próximo. Se trata de una
manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando medias calzadas de las rutas
en distintos puntos del país. Una de las reivindicaciones del denominado
“tractorazo” es la destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así como la
liberalización de todas las semillas transgénicas para su cultivo comercial.
Las conexiones
La UGP está dirigida por Héctor
Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez - quien tiene
negocios con el sector de los agroquímicos - entre otros agentes de las
transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias empresas
del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director
propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de
Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad Interamericana de
Prensa, SIP.
El Grupo Zuccolillo es socio
principal en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más grandes del
agronegocio en el mundo. La sociedad construyó uno de los puertos graneleros
más importante del Paraguay, denominado Puerto Unión, a 500 metros de la toma
de agua de la empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin
ninguna restricción.
Las transnacionales del
agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos, mediante la férrea
protección que tienen en el Congreso, dominado por la derecha. La presión
tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto
recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los
latifundistas no pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario representa apenas el
0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de dólares, según un estudio
del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al 30 %
del PIB, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales.
Paraguay es uno de los países más
desiguales del mundo. El 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de
hectáreas, está en manos del 2 por ciento de propietarios (3) que se dedican a
la producción meramente extractivista o en el peor de los casos a la
especulación sobre la tierra.
La mayoría de estos oligarcas
poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen estrechas relaciones con
las transnacionales del sector financiero, que guardan sus bienes mal habidos
en los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en el extranjero. Todos
ellos, de alguna u otra manera, están ligados al agronegocio y dominan el
espectro político nacional, con amplias influencias en los tres poderes del
Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del sector
financiero y del agronegocio.
Los hechos de Curuguaty
Curuguaty es una ciudad ubicada
al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de Asunción, capital
del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la estancia Morombí,
propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar.
Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner (1954-1989) bajo
cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al general Andrés Rodríguez,
quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador Stroessner. Riquelme,
que fue presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la
República, dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, se
apropió mediante subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente,
que pertenecen al Estado paraguayo.
Esta parcela fue ocupada por los
campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de Fernando Lugo su
distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a
través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos miembros
de élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de
Uribe, para la lucha contrainsurgente.
Sólo un sabotaje interno dentro
de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad de la
Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6 policías. No se comprende
cómo policías altamente entrenados, en el marco del Plan Colombia, pudieron
caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por campesinos, como quiere
hacer creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus camaradas reaccionaron y
acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos. Entre
los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano
del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo.
El plan consiste en criminalizar,
llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones campesinas, para
empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del
agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de descampesinización del campo paraguayo,
que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria
del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores
ancestrales de toda la cultura guaraní.
Tanto la Fiscalía o Ministerio
Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como diversos
organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios de
cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos.
El asesinato del hermano del jefe
de seguridad del presidente de la República obviamente es un mensaje directo a
Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo, probablemente a través de
un juicio político, quien derechizó más su gobierno tratando de calmar a los
oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola del Ministerio del
Interior y fue nombrado en su reemplazo a Rubén Candia Amarilla, proveniente
del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo derrotó en las urnas en el 2008,
luego de 60 años de dictadura colorada, incluyendo la tiranía de Alfredo
Stroessner.
Candia fue ministro de Justicia
del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se desempeñó como fiscal
general del Estado por un periodo, hasta el año pasado, cuando fue reemplazado
por otro colorado, Javier Díaz Verón, a instancia del propio Lugo. Candia es
acusado de haber promovido la represión a dirigentes de organizaciones
campesinas y de movimientos populares. Su nominación a Fiscal General del
Estado en el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los Estados Unidos,
Jhon F. Keen. Candia fue responsable de un mayor control por parte de USAID del
Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su gobierno por Fernando
Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del gobierno.
Tras asumir como el ministro político
de Lugo, lo primero que anunció Candia fue la eliminación del protocolo de
diálogo con los campesinos que invaden propiedades. El mensaje es que no habrá
conversación, sino simplemente la aplicación de la ley, lo que significa
emplear la fuerza policial represiva sin contemplación.
Dos días después de asumir Candia
Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por Héctor Cristaldo, ya visitaron
al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron garantías para la
realización del denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo dijo que la
medida de fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales favorables para
la UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de Monsanto, destitución
de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el gran capital y los
oligarcas) derechizando aun más el gobierno.
Cristaldo es precandidato a
diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno del Partido
Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado en el pasado
reciente por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, según el
propio diario ABC Color, que se hizo eco de varios cables del Departamento de
Estado de USA, publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que aludía directamente
a Cartes, el 15 de noviembre de 2011.
Juicio político a Lugo
En las últimas horas, mientras se
redactaba esta crónica, la UGP, (4) algunos integrantes del Partido Colorado y
los propios integrantes del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, dirigido
por el senador Blas Llano y aliado del gobierno, amenazan con un juicio
político Fernando Lugo para destituirlo como presidente de la República del
Paraguay.
Lugo depende del humor de los
colorados para seguir como presidente de la República, así como de sus aliados
liberales, que ahora lo amenazan con juicio político, con seguridad buscando
más espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El Partido Colorado, aliado
a otros partidos minoritarios de la oposición, tiene la mayoría necesaria como
para destituir al presidente de sus funciones.
Quizás se esperan “las señales
favorables” de Lugo que la UGP - en nombre de la Monsanto, la patria financiera
y los oligarcas - está exigiendo al gobierno. Caso contrario, se estaría
pasando a una siguiente fase de los planes de copamiento de este gobierno que
nació como progresista y lentamente va terminando como conservador, controlado
por los poderes fácticos.
Entre algunos de sus haberes,
Lugo es responsable de la aprobación de la Ley Antiterrorista, propiciada por
Estados Unidos en todo el mundo después del 11 S. Autorizó en 2010 la
implementación de la Iniciativa Zona Norte, consistente en la instalación y
despliegue de tropas y civiles norteamericanos en el norte de la Región
Oriental - en las narices del Brasil - supuestamente para desarrollar actividades
a favor de las comunidades campesinas.
El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra
unificar su discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis
del poder real, cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas. Infiltrados
por USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que participan en la
administración del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del consumismo
galopante del neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica
se convierten en émulos vanidosos de engreídos ricos que integraban los
recientes gobiernos del derechista Partido Colorado.
Curuguaty también engloba un
mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya frontera se producen
estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la guerra, cuyos
teatros de operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora
Siria. Brasil está construyendo hegemonía mundial junto a Rusia, India y China,
denominado BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su poder de persuasión
al gigante de Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje comercial integrado
por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un muro de contención a los
deseos expansionistas del Brasil hacia el Pacífico.
Mientras, Washington sigue con su
ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer al gobierno de Dilma
Rousseff a estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y militares. Entre
tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos años después de
estar fuera de servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo
el Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por si no comprendiese la
persuasión diplomática.
Y Paraguay es un país en disputa
entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente por USA. Por eso lo de
Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el sentido que el
Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará el desarrollo del
suroeste del Brasil.
Pero por sobre todo, los muertos
de Curuguaty es una señal del capital, del gran capital, del extractivismo
expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en todos los rincones de la
Tierra en nombre de la civilización y el desarrollo. Por fortuna, los pueblos
del mundo también van dando respuestas a estas señales de la muerte, con
señales de resistencia, con señales de dignidad y de respeto a todas formas de
vida en el Planeta.
(*) Periodista, investigador y
analista. Miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, SEPPY.
Autor del libro Los Herederos de Stroessner.
2- Documento del Banco Mundial.
Paraguay. Impuesto Inmobiliario: Herramienta clave para la descentralización
fiscal y el mejor uso de la tierra. Volumen I: Informe principal. 2007.
3- Censo Agropecuario Nacional
2008.