SEGÚN UNA AUDITORÍA
DE SAN JUAN, BARRICK NO AFECTA GLACIARES
El
gobernador sanjuanino José Luis Gioja se convirtió ayer (30 de
enero) en una de las grandes figuras del surrealismo mundial cuando “reveló”
ante la prensa el resultado de una auditoría ambiental, “interdisciplinaria e
independiente”, según la cual Barrick Gold no afecta glaciares ni áreas periglaciales
en sus minas de Veladero y Pascua Lama.
Por Miguel
Bonasso
El gobernador hizo el anuncio sin ruborizarse,
flanqueado por el ingeniero Eduardo Jorge Millón, Director de Hidráulica de la
provincia y ex empleado de la Barrick Gold. Lo que se dice un hombre
congruente. Sobre él escribí en mi libro El Mal. El Modelo K y la Barrick Gold.
Amos y servidores en el saqueo de la Argentina: “En el año 2004, cuando José
Luis Gioja se estrenaba como gobernador, designó al ingeniero de apellido
premonitorio como Director del Departamento de Hidráulica. Entonces el Millón
funcionario aprobó el plan hidráulico diseñado por el Millón empleado de la
Barrick en cuatro actas, donde se fija el canon que debía pagar la Barrick en
cinco años de explotación (de la mina Veladero).
“Parece increíble pero es cierto: 170.250 pesos
por cinco años. Es decir 93 pesos por día. Lo que paga una familia sanjuanina
por mes. Sólo que la familia gasta 15 mil litros por mes y Veladero 288
millones. Ese es el tipo de alianza que el ‘modelo’ vigente establece como
vínculo entre lo privado y lo público. El Millón empleado de la Barrick le
certifica el plan hidráulico al Millón funcionario y el Millón funcionario le
regala el agua a la Barrick, que acaba pagando el 0,16 por ciento de lo que le
cuesta el agua a los usuarios domiciliarios”.
Ahora Millón regresa triunfal con esta
“auditoría multidisciplinaria e imparcial” con la que se pretende reemplazar el
inventario nacional de glaciares y áreas periglaciales que establece la ley 26.639,
impulsada por el autor de estas líneas. El inventario sigue sin llevarse a cabo
por la manifiesta desobediencia de la Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, que vetó la primera versión de la ley en 2008 y tuvo que
aceptar a regañadientes que el Congreso se la impusiera en 2010.
Tanto Gioja como sus mandantes de la minera
canadiense, apelaron a la justicia para frenar –con una medida cautelar- la
aplicación en San Juan de la Ley de Protección a los Glaciares y las Áreas
Periglaciales. La Barrick se autoincriminó al alegar
que la norma afectaba sus intereses; una manera de reconocer que pensaba actuar
sobre glaciares y áreas periglaciares.
En julio del año pasado la Corte Suprema de
Justicia derogó las medidas cautelares dictadas por el juez federal de San
Juan, Miguel Gálvez, y declaró la plena vigencia de la Ley de Glaciares. Con la
“auditoría”, Gioja hizo lo que es costumbre o vicio en él: simular que cumple
la ley para violarla.
El gobernador, rico en medios, es tan indigente
en palabras (o se siente tan impune) que no vaciló en proclamarlo ante la
prensa: “Estamos cumpliendo con esta ley, que para nosotros es
inconstitucional, pero que igual la estamos cumpliendo. Vamos a seguir
defendiendo nuestros derechos porque estamos convencidos que el crecimiento de
la provincia viene de la mano de estas actividades”. Los “derechos” a los que
alude no son los de los ciudadanos argentinos sino los de la megaminería del
cianuro, que también “viene por todo”: en Vancouver, ante los empresarios
megamineros del Canadá, el Secretario de Minería Jorge Mayoral, aseguró que las
inversiones en el sector rondarían los 20 mil millones de dólares. Sólo
Barrick tiene anunciado invertir 9.300 millones de pesos este año y asegura que
ya lleva desembolsados 3700 millones de dólares en Pascua Lama, cuya primera
producción de mineral podría estar lista para la segunda mitad del año que
viene.
Tanto Barrick Gold, el mayor productor de oro
del mundo, como sus servidores en los gobiernos nacional y provincial, temen
que la ley de glaciares se interponga con las fabulosas ganancias que
proyectan. La empresa reveló que el oro puede volver a trepar a 2000 dólares la
onza este año, lo que supone una renta extraordinaria considerando que el costo
de producción –según el informe oficial de un alto ejecutivo- no supera los 50
dólares por onza.
Antes de “revelar” la auditoría surrealista, el
gobernador Gioja estuvo de visita en Veladero y Pascua Lama, acompañado
–entre otros- por el capo de Techint Paolo Rocca. También recibió la visita y
el espaldarazo del ministro de Planificación Julio De Vido.
Pero el informe del Millón, que varios medios
del establishment (como el Dow Jones Business News) se tomaron en serio,
provocó el repudio generalizado de las principales organizaciones defensoras
del medio ambiente. Greenpeace lo calificó de “vergonzoso”. La Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN) recordó que un inventario serio y
transparente constituía el corazón de la Ley de Glaciares. Enrique Viale, de Abogados
Ambientalistas, se nos anticipó y calificó la auditoría como “surrealista”. El
“Diario Libre” de San Juan, uno de los pocos medios que no controla
directamente el gobernador, recordó que Millón había trabajado para Barrick,
que la Corte Suprema todavía tenía en trámite dos demandas contra la minera
canadiense y que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (IANIGLA), aún no había realizado el inventario nacional que ordena
la ley.
Diario Libre afirma sin ambages: “Este resultado
es alarmante, puesto que ya quedó demostrado, con los propios Informes de
Impacto Ambiental presentados por la empresa propietaria de las minas Veladero
y Pascua Lama que la afectación de glaciares y del ambiente periglacial es un
hecho. El informe admite, autoincriminando a la empresa, que el proyecto Pascua
Lama afectará alrededor de 300 hectáreas de permafrost (suelo congelado que
está protegido por la ley de glaciares y que forma parte del ambiente
periglacial).”
El 12 de octubre de 2011 –fecha que no elegí por
la supuesta “raza” ni por el codicioso navegante genovés que llegó a este
continente buscando el oro- presenté mi libro “El Mal”. Allí acusé a la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner; al Secretario de Minería, Jorge
Mayoral; al Secretario de Hacienda Juan Carlos Pezoa y al gobernador Gioja, por
tráfico de influencias en beneficio de la Barrick Gold. Un delito que el Código
Penal castiga con penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación
especial perpetua para ejercer la función pública.
Como investigo seriamente lo que escribo, llevé
esa acusación ante el juzgado federal número dos, a cargo del doctor Marcelo
Martínez de Giorgi. Que yo sepa no pasó nada en la justicia federal y tampoco
me contestó ninguno de los funcionarios denunciados.
Estoy pensando seriamente en iniciar una
(tardía) carrera como actor de cine para ver si obtengo una respuesta.
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