AHORA,
LA JUSTICIA
En
su discurso de inauguración de las sesiones legislativas del 1º de marzo,
Cristina Fernández oficializó y presentó en sociedad a su nuevo enemigo: la
justicia. O mejor, una parte de ella y sobre todo la que mora en el cuarto piso
del palacio situado en Talcahuano 550. La Presidenta afirmó que es necesaria
una “democratización” de la justicia y anunció el envío al parlamento de
algunas iniciativas en ese sentido. Lo interesante de su línea argumental, seguida
a rajatabla por sus correveidiles y obsecuentes de fuera y dentro del poder
judicial, es que compara al sistema judicial con una corporación cuasi secreta,
cerrada, privilegiada, en la que se cuecen los peores chanchullos, los más
lucrativos negociados y las componendas más espurias.
Por Marcelo R. Pereyra
VIGILAR Y CASTIGAR
Si algo se le debe reconocer al kirchnerismo es su constante iniciativa política cuando de combatir adversarios se trata. Pareciera que la Presidenta no descansa un minuto en la búsqueda y vigilancia, dentro y fuera de sus filas, de opositores/traidores/tibios. Ni el más mínimo traspié, ni la más sutil de las insinuaciones inconvenientes, ni la mera otredad son aceptados o perdonados. La persecución y el enfrentamiento, con distintas estrategias para cada caso, son implacables.
Entre los opositores pueden hablar de todo esto el gobernador de Santa Fe o el lord mayor de la ciudad de Buenos Aires. Al primero, el oficialismo le hace la vida imposible con la situación de “seguridad” existente en su distrito. Acusa a Bonfatti de no poder controlar a una policía corrupta y de no haber podido neutralizar el creciente tráfico de drogas. Ambas acusaciones tienen mucho de verdad y hablan de por lo menos una negligencia del gobierno provincial para gestionar estos delicados asuntos, pero se formulan desde un lugar que no reconoce las propias falencias sobre los mismos temas en el nivel nacional. En cuanto a Macri, cada vez que puede el oficialismo lo mortifica: desde la ¿estupidez? de haber querido nombrar al comisario Palacios al frente de la Policía Metropolitana, pasando por un perverso juego de las escondidas con el material rodante destinado a modernizar los subtes, para terminar con un patético ataque de ecologismo reclamando la no destrucción de árboles por la construcción del metrobus, siempre que puede el gobierno K se deleita martirizando al macrismo, un movimiento político que comparada con la del kirchnerismo tiene la agresividad de una paloma torcaza.
Y para los del mismo palo también hay ídem. Allí está el gobernador Scioli, pagando el inmundo pecado de haber insinuado sus ambiciones presidenciales: “¡Traidor!”, fue el grito que resonó en los despachos de la Casa Rosada y en los pasillos del Congreso. El castigo: negarle los fondos de la coparticipación federal para complicarle la existencia cada vez que tenga que pagar aguinaldos o dar aumentos a los empleados provinciales.
LA COSECHA DE ENEMIGOS NUNCA SE ACABA
En su discurso de inauguración de las sesiones legislativas del 1º de marzo, Cristina Fernández oficializó y presentó en sociedad a su nuevo enemigo: la justicia. O mejor, una parte de ella y sobre todo la que mora en el cuarto piso del palacio situado en Talcahuano 550. La Presidenta afirmó que es necesaria una “democratización” de la justicia y anunció el envío al parlamento de algunas iniciativas en ese sentido. Lo interesante de su línea argumental, seguida a rajatabla por sus correveidiles y obsecuentes de fuera y dentro del poder judicial, es que compara al sistema judicial con una corporación cuasi secreta, cerrada, privilegiada, en la que se cuecen los peores chanchullos, los más lucrativos negociados y las componendas más espurias.
En el pensamiento presidencial la justicia parece tener un espíritu de cuerpo y una altísima homogeneidad y se la concibe como una organización todopoderosa. Algo no muy distinto de como ha caracterizado a la “Corpo” mediática. Sin embargo, la evaluación presidencial es forzada y no carece de mala intención. Forzada, porque si bien acierta en algunos tópicos, los exagera y distorsiona en su verdadero carácter. Y mal intencionada, porque tiende a pintar un cuadro de situación de una gravedad tal que solo un tonto podría negarse a las reformas propuestas. Si Fernández dictamina que es necesario democratizar la justicia es porque ha diagnosticado que no es democrática. Y en estos tiempos de exaltada civilidad, cuando están por cumplirse treinta años desde la vuelta a la democracia, ¿quién se negaría a democratizar una institución?
Un análisis más sereno y menos intencionado concluiría en que:
1- Es cierto que algunos integrantes del poder judicial tienen privilegios. Por ejemplo, el meneado asunto de la excepción del pago del impuesto a las ganancias. Dicho privilegio debería ser eliminado, pero solamente para los jueces y altos funcionarios que perciban jugosos sueldos. Los empleados no tienen por qué caer en esa volteada. También es cierto que los jueces gozan de estabilidad eterna en su puesto mientras no tengan mal desempeño. Pero así lo establece la Constitución y parece razonable. Un juez es sometible a presiones de las partes en juicio, incluso los poderes ejecutivos suelen ser los principales presionadores. Ergo, un juez debería tener garantizada su estabilidad falle como falle. Todo ello no quita que no haya magistrados sumamente $en$ible$ a las presiones.
2- La “democratización” en la justicia no pasa solamente por quitar privilegios. Más importante aún es ampliar y facilitar el acceso a los servicios de justicia, sobre todo por parte de los sectores de menor poder adquisitivo. Otra alternativa democratizadora podría ser la implementación del juicio por jurados, establecida por la primera Constitución hace más de un siglo. El juicio por jurados podría ser una forma de eliminar ciertas arbitrariedades de la administración de justicia. En cambio, la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura luce como algo engorroso, inviable y, tal vez, oportunista. Si se llevara a cabo, la mayoría política circunstancial, en la actualidad el kirchnerismo, tendría más control sobre el Consejo del que ya tiene. Y más control significaría mayor facilidad para nombrar o remover jueces. Dicho sea de paso, casi el 50 por ciento de los magistrados nacionales que cumplen funciones actualmente fue propuesto por el oficialismo. En este sentido, la iniciativa presidencial de crear cámaras de casación en los fueros comercial, civil y laboral podría terminar con el ingreso a tribunales de un aluvión de nuevos jueces pro K. Y funcionaría como una barrera que detendría la llegada a la Corte Suprema de la Nación de algunas causas poco simpáticas para el gobierno. Porque la idea es sacarle las papas calientes a los ministros de la Corte, no para aliviarles el trabajo sino para evitar que fallen en contra de los deseos e intereses gubernamentales.
3- El Poder Judicial no es un ejército que responde a las órdenes de un solo general. Nada tiene de bloque homogéneo. Hay intereses particulares, líneas internas, alianzas, enemistades, etc. Dicho en otros términos: no se puede meter a todos los gatos en la misma bolsa, porque los hay buenos y malos. Por lo tanto, cada felino en la bolsa que le corresponde.
CAUTELA CON LAS CAUTELARES
Una de las propuestas presidenciales pretende limitar las medidas cautelares. En esta intención reside el porqué de la embestida contra la justicia. Es que al kirchnerismo no le ha gustado nada que hayan progresado las cautelares interpuestas por la Sociedad Rural y por el Grupo Clarín. En el primer caso se recordará que el gobierno decidió expropiar el predio de Palermo donde tradicionalmente se lleva a cabo la exposición agroganadera. La idea era tener un predio como el de Tecnópolis, pero en una ubicación más accesible, para poder desplegar allí un menú de actos políticos, presentaciones artísticas, exposiciones y otras actividades que, motorizadas y controladas por el gobierno, servirían para reforzar su imagen de administración progresista y dinámica, es decir, para hacer proselitismo. En este orden de ideas, el gobierno le “sugirió” a las editoriales realizar la feria del libro en Tecnópolis en vez de presentarla, como ya es costumbre inveterada, en el espacio palermitano de la Sociedad Rural. Los editores argumentaron que para la feria de 2013 no había tiempo, pero aceptaron trasladarla a Tecnópolis el año que viene.
La otra cautelar conflictiva, que es “la madre de todas las batallas”, es la que presentó el Grupo Clarín para impedir su desguazamiento. Como es de público y notorio conocimiento, el gobierno está empecinado en manotearle medios al Grupo con el doble propósito de castigarlo por haberse pasado al bando de los opositores, y de entregarle los medios que eventualmente se le distraigan a empresarios amigotes. Como Cristóbal López, por ejemplo, nuevo y feliz poseedor de las licencias de C5N y radio 10 con la bendición de monseñor Sabatella y de sus sacristanes de la sacrosanta AFSCA, contrariando disposiciones de la misma ley de medios audiovisuales que ellos defienden a ultranza como si fuera la tabla de los diez mandamientos.
Apenas sancionada dicha ley, advertimos desde esta columna que su real intención política era poner los medios en manos de favorecedores y amigos para encolumnarlos editorialmente detrás de la causa K, y que aquello de “democratizar la palabra” y la “pluralidad de voces” no eran más que enunciados engañosos y vacíos de sentido. Pues bien, visto el actual mapa de medios, en el que el 80 por ciento de ellos está en manos del gobierno, o en las de sus compinches, nadie podrá negar que nos asistía la razón. Incluso también porque nada se ha hecho, como dispone la mentada ley, para favorecer el acceso a las licencias por parte de los medios de organizaciones y grupos sin fines de lucro. En otros términos, los medios alternativos, comunitarios o populares: bien, gracias.
Pero como quiera que sea, la famosa cautelar paralizó el destripamiento de Clarín, mientras que la cuestión de fondo –la inconstitucionalidad del artículo 161 de la ley de medios- fue escalando la pirámide judicial y ahora reposa en los cajones de los ministros de la Corte. Y desde que alguien le sopló al oído al gobierno que los supremos fallarán dándole la razón al multimedios, la Presidenta les ha declarado la guerra. No a todos, claro, sino principalmente a su presidente, Lorenzetti, en quien ve a un Judas Iscariote con intenciones de ser candidato en las elecciones presidenciales de 2015. ¡Traidor! Fue el grito que atronó nuevamente en los alfombrados despachos del poder. Y así fue como se decidió que él también debía ser castigado. Por ello, de una u otra forma, las medidas presentadas por la Presidenta en el Congreso apuntan en esa dirección.
En paralelo, la Procuradora General de la Nación, Gils Carbó -que llegó al cargo cuando fue eyectado Esteban Righi, por una denuncia formulada por el vicepresidente Boudou en el marco de la causa Ciccone- montó un cuerpo de combate en el ámbito judicial que se autodenomina “Justicia Legítima”. ¿Será que entonces hay una justicia ilegítima, tolerada por el kirchnerismo desde 2003? Como fuere, numerosos jueces, fiscales y funcionarios de distintos fueros adhirieron a esta nueva cruzada que tiene dos objetivos: uno es posicionarse como factor de poder y presión intra-judicial, y el otro es fogonear la figura de Gils Carbó como ministra de la Corte apenas se produzca alguna vacante por renuncia o enfermedad.
¿Será justicia?
Por Marcelo R. Pereyra
VIGILAR Y CASTIGAR
Si algo se le debe reconocer al kirchnerismo es su constante iniciativa política cuando de combatir adversarios se trata. Pareciera que la Presidenta no descansa un minuto en la búsqueda y vigilancia, dentro y fuera de sus filas, de opositores/traidores/tibios. Ni el más mínimo traspié, ni la más sutil de las insinuaciones inconvenientes, ni la mera otredad son aceptados o perdonados. La persecución y el enfrentamiento, con distintas estrategias para cada caso, son implacables.
Entre los opositores pueden hablar de todo esto el gobernador de Santa Fe o el lord mayor de la ciudad de Buenos Aires. Al primero, el oficialismo le hace la vida imposible con la situación de “seguridad” existente en su distrito. Acusa a Bonfatti de no poder controlar a una policía corrupta y de no haber podido neutralizar el creciente tráfico de drogas. Ambas acusaciones tienen mucho de verdad y hablan de por lo menos una negligencia del gobierno provincial para gestionar estos delicados asuntos, pero se formulan desde un lugar que no reconoce las propias falencias sobre los mismos temas en el nivel nacional. En cuanto a Macri, cada vez que puede el oficialismo lo mortifica: desde la ¿estupidez? de haber querido nombrar al comisario Palacios al frente de la Policía Metropolitana, pasando por un perverso juego de las escondidas con el material rodante destinado a modernizar los subtes, para terminar con un patético ataque de ecologismo reclamando la no destrucción de árboles por la construcción del metrobus, siempre que puede el gobierno K se deleita martirizando al macrismo, un movimiento político que comparada con la del kirchnerismo tiene la agresividad de una paloma torcaza.
Y para los del mismo palo también hay ídem. Allí está el gobernador Scioli, pagando el inmundo pecado de haber insinuado sus ambiciones presidenciales: “¡Traidor!”, fue el grito que resonó en los despachos de la Casa Rosada y en los pasillos del Congreso. El castigo: negarle los fondos de la coparticipación federal para complicarle la existencia cada vez que tenga que pagar aguinaldos o dar aumentos a los empleados provinciales.
LA COSECHA DE ENEMIGOS NUNCA SE ACABA
En su discurso de inauguración de las sesiones legislativas del 1º de marzo, Cristina Fernández oficializó y presentó en sociedad a su nuevo enemigo: la justicia. O mejor, una parte de ella y sobre todo la que mora en el cuarto piso del palacio situado en Talcahuano 550. La Presidenta afirmó que es necesaria una “democratización” de la justicia y anunció el envío al parlamento de algunas iniciativas en ese sentido. Lo interesante de su línea argumental, seguida a rajatabla por sus correveidiles y obsecuentes de fuera y dentro del poder judicial, es que compara al sistema judicial con una corporación cuasi secreta, cerrada, privilegiada, en la que se cuecen los peores chanchullos, los más lucrativos negociados y las componendas más espurias.
En el pensamiento presidencial la justicia parece tener un espíritu de cuerpo y una altísima homogeneidad y se la concibe como una organización todopoderosa. Algo no muy distinto de como ha caracterizado a la “Corpo” mediática. Sin embargo, la evaluación presidencial es forzada y no carece de mala intención. Forzada, porque si bien acierta en algunos tópicos, los exagera y distorsiona en su verdadero carácter. Y mal intencionada, porque tiende a pintar un cuadro de situación de una gravedad tal que solo un tonto podría negarse a las reformas propuestas. Si Fernández dictamina que es necesario democratizar la justicia es porque ha diagnosticado que no es democrática. Y en estos tiempos de exaltada civilidad, cuando están por cumplirse treinta años desde la vuelta a la democracia, ¿quién se negaría a democratizar una institución?
Un análisis más sereno y menos intencionado concluiría en que:
1- Es cierto que algunos integrantes del poder judicial tienen privilegios. Por ejemplo, el meneado asunto de la excepción del pago del impuesto a las ganancias. Dicho privilegio debería ser eliminado, pero solamente para los jueces y altos funcionarios que perciban jugosos sueldos. Los empleados no tienen por qué caer en esa volteada. También es cierto que los jueces gozan de estabilidad eterna en su puesto mientras no tengan mal desempeño. Pero así lo establece la Constitución y parece razonable. Un juez es sometible a presiones de las partes en juicio, incluso los poderes ejecutivos suelen ser los principales presionadores. Ergo, un juez debería tener garantizada su estabilidad falle como falle. Todo ello no quita que no haya magistrados sumamente $en$ible$ a las presiones.
2- La “democratización” en la justicia no pasa solamente por quitar privilegios. Más importante aún es ampliar y facilitar el acceso a los servicios de justicia, sobre todo por parte de los sectores de menor poder adquisitivo. Otra alternativa democratizadora podría ser la implementación del juicio por jurados, establecida por la primera Constitución hace más de un siglo. El juicio por jurados podría ser una forma de eliminar ciertas arbitrariedades de la administración de justicia. En cambio, la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura luce como algo engorroso, inviable y, tal vez, oportunista. Si se llevara a cabo, la mayoría política circunstancial, en la actualidad el kirchnerismo, tendría más control sobre el Consejo del que ya tiene. Y más control significaría mayor facilidad para nombrar o remover jueces. Dicho sea de paso, casi el 50 por ciento de los magistrados nacionales que cumplen funciones actualmente fue propuesto por el oficialismo. En este sentido, la iniciativa presidencial de crear cámaras de casación en los fueros comercial, civil y laboral podría terminar con el ingreso a tribunales de un aluvión de nuevos jueces pro K. Y funcionaría como una barrera que detendría la llegada a la Corte Suprema de la Nación de algunas causas poco simpáticas para el gobierno. Porque la idea es sacarle las papas calientes a los ministros de la Corte, no para aliviarles el trabajo sino para evitar que fallen en contra de los deseos e intereses gubernamentales.
3- El Poder Judicial no es un ejército que responde a las órdenes de un solo general. Nada tiene de bloque homogéneo. Hay intereses particulares, líneas internas, alianzas, enemistades, etc. Dicho en otros términos: no se puede meter a todos los gatos en la misma bolsa, porque los hay buenos y malos. Por lo tanto, cada felino en la bolsa que le corresponde.
CAUTELA CON LAS CAUTELARES
Una de las propuestas presidenciales pretende limitar las medidas cautelares. En esta intención reside el porqué de la embestida contra la justicia. Es que al kirchnerismo no le ha gustado nada que hayan progresado las cautelares interpuestas por la Sociedad Rural y por el Grupo Clarín. En el primer caso se recordará que el gobierno decidió expropiar el predio de Palermo donde tradicionalmente se lleva a cabo la exposición agroganadera. La idea era tener un predio como el de Tecnópolis, pero en una ubicación más accesible, para poder desplegar allí un menú de actos políticos, presentaciones artísticas, exposiciones y otras actividades que, motorizadas y controladas por el gobierno, servirían para reforzar su imagen de administración progresista y dinámica, es decir, para hacer proselitismo. En este orden de ideas, el gobierno le “sugirió” a las editoriales realizar la feria del libro en Tecnópolis en vez de presentarla, como ya es costumbre inveterada, en el espacio palermitano de la Sociedad Rural. Los editores argumentaron que para la feria de 2013 no había tiempo, pero aceptaron trasladarla a Tecnópolis el año que viene.
La otra cautelar conflictiva, que es “la madre de todas las batallas”, es la que presentó el Grupo Clarín para impedir su desguazamiento. Como es de público y notorio conocimiento, el gobierno está empecinado en manotearle medios al Grupo con el doble propósito de castigarlo por haberse pasado al bando de los opositores, y de entregarle los medios que eventualmente se le distraigan a empresarios amigotes. Como Cristóbal López, por ejemplo, nuevo y feliz poseedor de las licencias de C5N y radio 10 con la bendición de monseñor Sabatella y de sus sacristanes de la sacrosanta AFSCA, contrariando disposiciones de la misma ley de medios audiovisuales que ellos defienden a ultranza como si fuera la tabla de los diez mandamientos.
Apenas sancionada dicha ley, advertimos desde esta columna que su real intención política era poner los medios en manos de favorecedores y amigos para encolumnarlos editorialmente detrás de la causa K, y que aquello de “democratizar la palabra” y la “pluralidad de voces” no eran más que enunciados engañosos y vacíos de sentido. Pues bien, visto el actual mapa de medios, en el que el 80 por ciento de ellos está en manos del gobierno, o en las de sus compinches, nadie podrá negar que nos asistía la razón. Incluso también porque nada se ha hecho, como dispone la mentada ley, para favorecer el acceso a las licencias por parte de los medios de organizaciones y grupos sin fines de lucro. En otros términos, los medios alternativos, comunitarios o populares: bien, gracias.
Pero como quiera que sea, la famosa cautelar paralizó el destripamiento de Clarín, mientras que la cuestión de fondo –la inconstitucionalidad del artículo 161 de la ley de medios- fue escalando la pirámide judicial y ahora reposa en los cajones de los ministros de la Corte. Y desde que alguien le sopló al oído al gobierno que los supremos fallarán dándole la razón al multimedios, la Presidenta les ha declarado la guerra. No a todos, claro, sino principalmente a su presidente, Lorenzetti, en quien ve a un Judas Iscariote con intenciones de ser candidato en las elecciones presidenciales de 2015. ¡Traidor! Fue el grito que atronó nuevamente en los alfombrados despachos del poder. Y así fue como se decidió que él también debía ser castigado. Por ello, de una u otra forma, las medidas presentadas por la Presidenta en el Congreso apuntan en esa dirección.
En paralelo, la Procuradora General de la Nación, Gils Carbó -que llegó al cargo cuando fue eyectado Esteban Righi, por una denuncia formulada por el vicepresidente Boudou en el marco de la causa Ciccone- montó un cuerpo de combate en el ámbito judicial que se autodenomina “Justicia Legítima”. ¿Será que entonces hay una justicia ilegítima, tolerada por el kirchnerismo desde 2003? Como fuere, numerosos jueces, fiscales y funcionarios de distintos fueros adhirieron a esta nueva cruzada que tiene dos objetivos: uno es posicionarse como factor de poder y presión intra-judicial, y el otro es fogonear la figura de Gils Carbó como ministra de la Corte apenas se produzca alguna vacante por renuncia o enfermedad.
¿Será justicia?
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