LOS PROTEGEN CADA VEZ MAS LEYES, PERO HAY MAS DESALOJOS Y MUERTES
A pesar de contar con cada vez más leyes que defienden sus derechos, el “progreso” (soja transgénica, ganadería intensiva, minería, hidrocarburos, desarrollos inmobiliarios) avanza sin piedad sobre los territorios indígenas, provocando más desalojos y muertes.
Por Hernán L. Giardini
A pesar de contar con cada vez más leyes que defienden sus derechos, el “progreso” (soja transgénica, ganadería intensiva, minería, hidrocarburos, desarrollos inmobiliarios) avanza sin piedad sobre los territorios indígenas, provocando más desalojos y muertes.
Por Hernán L. Giardini
El Congreso Nacional acaba de
prorrogar por tres años más la Ley 26.160, sancionada a fines de 2006, que declara
“la emergencia en materia de posesión y
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas
originarias del país”.
La norma suspende “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”, y establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar “el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”.
Sin embargo, Amnistía Internacional Argentina advirtió que dicha prórroga “debe ser un paso hacia el efectivo cumplimiento del proceso de relevamiento de las tierras indígenas, no una concesión graciosa para que el Estado continúe posponiendo su obligación de cumplir cabalmente con los derechos de los pueblos originarios en Argentina”.
En un durísimo documento difundido recientemente, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) afirma que “la Republica Argentina abunda en leyes que defienden la libre determinación de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios, montañas, cordillera, montes, selva y sobre su cultura, economía y organización política. (…) Pero todo este reconocimiento teórico siempre termina en el incumplimiento de las leyes. Por eso, este trabajo científico y serio de investigación revela que, de acuerdo al INAI las tareas de relevamiento solo habrían concluido en un 12,48% de las comunidades relevadas. Lo cual manifiesta la dualidad del discurso y la mentira como herramienta”.
ENDEPA advierte que “la contratara de esta prolongada demora en consolidar la titularidad de los territorios indígenas se encuentra en el elevado número de desalojos, represiones policiales, desconocimiento de los derechos comunitarios y muertos cuyos nombres apenas han recogido los medios de comunicación, y los gobiernos nacional y provinciales han olvidado”.
“El ejemplo paradigmático se da en las provincias de Formosa y Neuquén. En ellas se encuentran los índices de conflictividad y represión estatal más elevados y al mismo tiempo el mayor retraso en la ejecución del relevamiento, ya que en ninguna de las dos provincias el programa ha sido iniciado. En Salta, la provincia con mayor número de comunidades a relevar (383), que concentra un alto número de conflictos originados sobre todo en el desconocimiento de la propiedad de las comunidades indígenas y los numerosos desmontes en sus territorios”, sentencia el documento de la Pastoral Aborigen.
En ese sentido, resulta evidente la falta de aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (sancionada a fines de 2007), principalmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Córdoba, cuyo artículo 19 establece en forma clara que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
Además, la normativa forestal obliga a las provincias evaluar y respetar el “valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura”.
Por su parte, el Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas (ODHPI) señala que “en la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obstáculo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indígenas como pueblos autónomos”, y advierte la amenaza de la avanzada territorial petrolera, minera e inmobiliaria; la criminalización de la lucha de las comunidades; y la responsabilidad del Poder Judicial y político.
El ODHPI destaca la lucha mapuche en Río Negro, la resistencia indígena ante la avanzada minera en Chubut, y la judicialización de 347 miembros y autoridades indígenas en Neuquén. Además, advierte que el proyecto de nuevo Código Civil provocará más desalojos de comunidades originarias.
Respecto a la situación en Neuquén, puntualiza que es “particularmente grave” la situación por la avanzada de la frontera hidrocarburífera, especialmente de los llamados “no convencionales” (con el método de fracking o hidrofractura) en la explotación de la formación geológica Vaca Muerta. Señala que el gobierno nacional y el provincial han reconocido que se privilegiará la actividad extractiva por sobre las comunidades. “Ninguno ha tomado en cuenta ni la consulta ni la participación de las comunidades mapuches afectadas. Esto es una constante y muchas de las veces se constituye a su vez, en origen de otras múltiples violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas”.
“Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia (…) Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos”, afirma el ODHPI, y apunta como causante al “modelo económico impulsado y profundizado, tanto a nivel nacional como en los gobiernos provinciales, que pone el centro en la explotación de los recursos naturales para su exportación o para garantizar las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas”.
Un reciente informe que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU destaca "las importantes faltas en las políticas del Estado que impiden que las comunidades cuenten con sus títulos de propiedad y tengan correctamente identificados sus territorios".
Además, denuncia "la persecución de algunas comunidades por parte de la justicia y la criminalización de la lucha por sus territorios y resaltaron la necesidad de que el Estado nacional desarrolle mecanismos efectivos de derecho interno para asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos de consulta y participación indígena".
Por su lado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) afirma que "en nuestro país hay regiones y sectores de nuestra población que viven en condiciones de discriminación y de exclusión que afectan sus derechos humanos. En particular, son los pueblos originarios quienes conviven con esta realidad. El Estado argentino no aplica ni garantiza el ejercicio de los derechos territoriales, políticos y culturales reconocidos a nivel constitucional a partir de la reforma de 1994 (art. 75 inc.17), ni el Convenio 169 de la OIT que es ley en nuestro país (Nº 24.071)".
"Las graves y recurrentes denuncias sobre situaciones de violencia, persecución y avasallamiento a los derechos humanos de los pueblos indígenas constituyen violaciones a los tratados de derechos humanos que forman parte de nuestra Constitución Nacional", advierte la APDH.
Finalmente, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) señala: "Qué equivocados estábamos cuando creímos que el histórico genocidio había terminado, pero es evidente que aún hoy continua, de otra forma, pero sigue vigente. Lamentablemente son muchísimos los casos, de hechos nefastos, que vienen soportando las distintas comunidades de los pueblos originarios de Argentina".
Soja transgénica, ganadería intensiva, minería, hidrocarburos, desarrollos inmobiliarios… El “progreso” avanza sin piedad sobre los territorios indígenas, provocando cada vez más desalojos y muertes.
Claramente, para muchos de los pueblos originarios de nuestro país, esta no fue una “década ganada”.
La norma suspende “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”, y establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar “el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”.
Sin embargo, Amnistía Internacional Argentina advirtió que dicha prórroga “debe ser un paso hacia el efectivo cumplimiento del proceso de relevamiento de las tierras indígenas, no una concesión graciosa para que el Estado continúe posponiendo su obligación de cumplir cabalmente con los derechos de los pueblos originarios en Argentina”.
En un durísimo documento difundido recientemente, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) afirma que “la Republica Argentina abunda en leyes que defienden la libre determinación de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios, montañas, cordillera, montes, selva y sobre su cultura, economía y organización política. (…) Pero todo este reconocimiento teórico siempre termina en el incumplimiento de las leyes. Por eso, este trabajo científico y serio de investigación revela que, de acuerdo al INAI las tareas de relevamiento solo habrían concluido en un 12,48% de las comunidades relevadas. Lo cual manifiesta la dualidad del discurso y la mentira como herramienta”.
ENDEPA advierte que “la contratara de esta prolongada demora en consolidar la titularidad de los territorios indígenas se encuentra en el elevado número de desalojos, represiones policiales, desconocimiento de los derechos comunitarios y muertos cuyos nombres apenas han recogido los medios de comunicación, y los gobiernos nacional y provinciales han olvidado”.
“El ejemplo paradigmático se da en las provincias de Formosa y Neuquén. En ellas se encuentran los índices de conflictividad y represión estatal más elevados y al mismo tiempo el mayor retraso en la ejecución del relevamiento, ya que en ninguna de las dos provincias el programa ha sido iniciado. En Salta, la provincia con mayor número de comunidades a relevar (383), que concentra un alto número de conflictos originados sobre todo en el desconocimiento de la propiedad de las comunidades indígenas y los numerosos desmontes en sus territorios”, sentencia el documento de la Pastoral Aborigen.
En ese sentido, resulta evidente la falta de aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (sancionada a fines de 2007), principalmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Córdoba, cuyo artículo 19 establece en forma clara que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
Además, la normativa forestal obliga a las provincias evaluar y respetar el “valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura”.
Por su parte, el Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas (ODHPI) señala que “en la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obstáculo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indígenas como pueblos autónomos”, y advierte la amenaza de la avanzada territorial petrolera, minera e inmobiliaria; la criminalización de la lucha de las comunidades; y la responsabilidad del Poder Judicial y político.
El ODHPI destaca la lucha mapuche en Río Negro, la resistencia indígena ante la avanzada minera en Chubut, y la judicialización de 347 miembros y autoridades indígenas en Neuquén. Además, advierte que el proyecto de nuevo Código Civil provocará más desalojos de comunidades originarias.
Respecto a la situación en Neuquén, puntualiza que es “particularmente grave” la situación por la avanzada de la frontera hidrocarburífera, especialmente de los llamados “no convencionales” (con el método de fracking o hidrofractura) en la explotación de la formación geológica Vaca Muerta. Señala que el gobierno nacional y el provincial han reconocido que se privilegiará la actividad extractiva por sobre las comunidades. “Ninguno ha tomado en cuenta ni la consulta ni la participación de las comunidades mapuches afectadas. Esto es una constante y muchas de las veces se constituye a su vez, en origen de otras múltiples violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas”.
“Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia (…) Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos”, afirma el ODHPI, y apunta como causante al “modelo económico impulsado y profundizado, tanto a nivel nacional como en los gobiernos provinciales, que pone el centro en la explotación de los recursos naturales para su exportación o para garantizar las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas”.
Un reciente informe que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU destaca "las importantes faltas en las políticas del Estado que impiden que las comunidades cuenten con sus títulos de propiedad y tengan correctamente identificados sus territorios".
Además, denuncia "la persecución de algunas comunidades por parte de la justicia y la criminalización de la lucha por sus territorios y resaltaron la necesidad de que el Estado nacional desarrolle mecanismos efectivos de derecho interno para asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos de consulta y participación indígena".
Por su lado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) afirma que "en nuestro país hay regiones y sectores de nuestra población que viven en condiciones de discriminación y de exclusión que afectan sus derechos humanos. En particular, son los pueblos originarios quienes conviven con esta realidad. El Estado argentino no aplica ni garantiza el ejercicio de los derechos territoriales, políticos y culturales reconocidos a nivel constitucional a partir de la reforma de 1994 (art. 75 inc.17), ni el Convenio 169 de la OIT que es ley en nuestro país (Nº 24.071)".
"Las graves y recurrentes denuncias sobre situaciones de violencia, persecución y avasallamiento a los derechos humanos de los pueblos indígenas constituyen violaciones a los tratados de derechos humanos que forman parte de nuestra Constitución Nacional", advierte la APDH.
Finalmente, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) señala: "Qué equivocados estábamos cuando creímos que el histórico genocidio había terminado, pero es evidente que aún hoy continua, de otra forma, pero sigue vigente. Lamentablemente son muchísimos los casos, de hechos nefastos, que vienen soportando las distintas comunidades de los pueblos originarios de Argentina".
Soja transgénica, ganadería intensiva, minería, hidrocarburos, desarrollos inmobiliarios… El “progreso” avanza sin piedad sobre los territorios indígenas, provocando cada vez más desalojos y muertes.
Claramente, para muchos de los pueblos originarios de nuestro país, esta no fue una “década ganada”.
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