7 de diciembre de 2014

Bosques: La ley desmontada



A SIETE AÑOS DE SU SANCIÓN, SE SIGUE VIOLANDO LA LEY DE BOSQUES 

El presupuesto para la protección de los bosques del año próximo será veinte veces menor a lo establecido por la ley. Según datos oficiales, Santiago del Estero y Salta son las provincias con más deforestación y las que más violan la Ley de Bosques. 

Por Hernán L. Giardini  

El artículo 31 de la Ley Nacional de Bosques (26.331) establece que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos no podrá ser inferior al 0,3% del Presupuesto Nacional, a lo que deberá sumarse el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal, correspondientes al año anterior. Los fondos tienen como objetivo fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques.  

A pesar de su importancia, en 2008 y 2009 la ley no contó con presupuesto y los años siguientes los fondos para la protección de bosques fueron mucho menores a lo estipulado por la normativa. El 11 de febrero de 2010 fueron reasignados $ 144 millones de los fondos de la Ley de Bosques al “Programa Fútbol para Todos” mediante la Decisión Administrativa N° 41/2010 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El año próximo los fondos para la protección de bosques serán 20 veces menores a lo establecido por la Ley de Bosques: tan sólo unos 232 millones de pesos, cuando deberían superar los $ 4.700 millones.

Un reciente informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación advierte que desde la sanción de la Ley de Bosques (noviembre de 2007) hasta fines de 2013 se deforestaron 1.893.128 hectáreas, lo que equivale a una hectárea cada dos minutos. Cabe advertir que el 80% de los desmontes se concentra sólo en cuatro provincias: Santiago del Estero (623.848 hectáreas), Salta (449.338 hectáreas), Formosa (221.756 hectáreas) y Chaco (218.034 hectáreas). 

A pesar de que casi todas las provincias realizaron el ordenamiento territorial de sus bosques nativos, resulta muy preocupante que desde su implementación se haya desmontado más en bosques protegidos por la normativa (553.332 hectáreas) que en los que sí está permitido deforestar (503.948 hectáreas). Las provincias en las que se desmontaron más bosques protegidos son Santiago del Estero (320.231 hectáreas), Salta (131.197 hectáreas) y Chaco (49.560 hectáreas). 

En ese sentido, resulta evidente la violación a la ley que promueven los gobiernos de Santiago del Estero y Salta, donde autorizan desmontes en bosques protegidos a pedido de los terratenientes, generando un grave impacto ambiental y el desalojo de campesinos e indígenas. 

En Santiago del Estero se está realizando un juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, un campesino que resistió el desalojo de sus tierras y recibió el disparo de guardias armadas al servicio de un empresario agropecuario que había obtenido un permiso del gobierno provincial para desmontar en una zona donde la Ley de Bosques no lo permite.

En el caso del gobierno salteño, se otorgaron autorizaciones para deforestar más de 150.000 hectáreas en zonas donde la normativa nacional no lo permite. La violación de la Ley de Bosques en Salta también fue cuestionada recientemente por la Auditoría General de la Nación, por la Defensoría del Pueblo de la Nación, y por más de cien organizaciones sociales y expertos, quienes solicitaron la urgente intervención de la Secretaría de Ambiente de la Nación y del Consejo Federal de Medio Ambiente.

La sanción de la Ley de Bosques significó un avance sin precedentes en materia ambiental para nuestro país, y un logro trascendental en la participación de la sociedad civil en el reclamo efectivo de una norma de protección ambiental. Sin embargo, su implementación efectiva enfrenta severas dificultades que deben ser resueltas. La principal: la falta de voluntad política para aplicarla.

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