CRECEN LAS PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO DE DILMA
Lo que más llama la atención no es la capacidad de convocatoria de una derecha que no es vergonzante. La noticia es el bajo nivel de convocatoria de las organizaciones petistas en un contexto que no es de pasividad de las clases trabajadoras en Brasil. Los trabajadores precarizados, que viven, en su gran mayoría en las periferias de las ciudades, redujeron su apoyo electoral al PT, pero no se desplazaron para la oposición de derecha.
Por Silvia Beatriz Adoue
Después de las elecciones, el gobierno de Dilma Rousseff convocó para componer el gabinete ministerial a notables antagonistas históricos del Partido de los Trabajadores (PT) como Joaquim Levy (ministro de hacienda) y Kátia Abreu (ministra de agricultura, pecuaria y abastecimiento). Es verdad que se esperaba que este nuevo gobierno redujese las políticas sociales, pero no se esperaba que los operadores de tal reducción fueran esos nombres. Joaquim Levy, por ejemplo, era del equipo de asesores del candidato derrotado Aécio Neves. Kátia Abreu, por su parte, fue presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA), que reúne lo más importante de la burguesía agraria brasileña y enemiga declarada de la reforma agraria, de los pueblos indígenas y tradicionales y de los ambientalistas. Después de una victoria electoral apretada -pero victoria al fin- el gobierno del PT aplica las recetas de la oposición. El escaso margen y la nueva composición del parlamento llevaron al partido gobernante a estrechar sus vínculos con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de su base aliada en el congreso, que recibió no pocos cargos de confianza en el ejecutivo.
Todo esto ocurre en medio de la operación “Lava Jato”, proceso de investigación de un gran esquema de coimas de las empresas privadas contratistas de la Petrobrás, hoy una empresa de economía mixta. Si bien esa práctica era sistemática aun desde antes de los otros tres gobiernos del PT e involucraba la gestión del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), principal partido de oposición, no hubo ninguna señal durante los gobiernos petistas de investigarla. La práctica continuó en los últimos doce años.
Hace ya tiempo que el PT rompió sus lazos orgánicos con la clase trabajadora que le dio origen. Es más: la clase trabajadora que creó el PT se reconfiguró con la reestructuración productiva de los años ’90. Y la central sindical más importante, creada por los cuadros petistas, hoy representa una parte de la clase trabajadora que no es el sector precarizado por la flexibilización de las leyes laborales que comenzó con el gobierno del PSDB, pero que el PT continuó y profundizó. Este cuadro produjo una gran caída de la cantidad de huelgas desde 1996, cuando hubo 1228 huelgas, llegando al número más bajo después del retorno a gobiernos civiles en 2002, año en que comenzó el primer mandato del PT, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuando hubo sólo 298 huelgas en todo el país.
Pero en 2013, año de la retomada de las grandes movilizaciones, el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) viene anunciando extraoficialmente que el número de huelgas llegó a la marca de 1989, año con mayor número de huelgas desde el golpe militar de 1964. Y hay razones para suponer que la cantidad de huelgas de 2014 superó la de 2013 y continúa aumentando en lo que va del año 2015. Esas huelgas involucran un gran número de trabajadores de servicios, sector en el cual se encuadra la mayoría de los trabajadores y trabajadoras precarizadas.
Esos trabajadores precarizados, que viven, en su gran mayoría en las periferias de las ciudades, redujeron su apoyo electoral al PT, pero no se desplazaron para la oposición de derecha, encabezada por el PSDB. El gran número de votos que el PT perdió en la primera vuelta de 2014, y que representan tres millones de votos menos que los que votaron a Lula en la primera vuelta de 2006, explican en gran medida los casi 39 millones de votos inválidos, alcanzando el porcentaje de 27% del electorado, colocado en segundo lugar, después de los votos a Dilma Rousseff en 2015. Gran parte de esos votos inválidos volvieron al PT en la segunda vuelta, ante el riesgo de triunfo electoral de la derecha.
Las grandes empresas de comunicación apoyaron abiertamente al PSDB y llevan adelante una campaña para desgastar al gobierno electo. Divulgaron la convocatoria de actos contra Dilma Rousseff el domingo 15 de marzo, en todas las grandes ciudades, por parte de tres organizaciones de extrema derecha, de articulación reciente: “Revoltados Online”, “Vem pra Rua” y “Brasil Livre”, cuyas consignas van desde el pedido de juicio político (impeachment) hasta el fin de lo que ellos llaman la “dictadura gay” (reconocimiento de los derechos de los homosexuales, lésbicas, bisexuales, transgénero y travestis). Parte del léxico de esa derecha expuesta incluye el combate al “bolivarianismo” en Brasil. Acompañados por la bancada parlamentaria de los evangélicos y por los nostálgicos del gobierno militar. Al punto que en los camiones de sonido aparecían pancartas llamando a la intervención militar. Y en uno de los tres palcos llegaron a liberar el uso del micrófono para el conocido represor Carlos Alberto Augusto, “Carlinhos Metralha”, comisario jubilado apuntado como torturador y asesino frente a la Comisión de la Verdad.
La Central Única de los Trabajadores (CUT), que apoya al gobierno, llamó a una movilización en todas las capitales de estado, contra el juicio político y por la defensa de los derechos sociales, como el seguro de desempleo, amenazados por las nuevas medidas impulsadas por el ministerio de hacienda. El mayor, como era esperado, fue en la ciudad de San Pablo, coincidiendo con una gran asamblea de los profesores de la educación pública, que decidieron una huelga por tiempo indeterminado contra las medidas del gobierno del estado de San Pablo, del PSDB, donde se redujeron pronunciadamente la cantidad de aulas. La asamblea fue convocada mucho tiempo antes y reunió 12 mil trabajadores, y gran parte de los profesores que se reunieron no quisieron sumarse a la manifestación de la CUT, que aparecía claramente en los medios de comunicación como un movimiento de apoyo a Dilma Rousseff. Los maestros hicieron su propia manifestación.
Si bien la CUT y los movimientos sociales afines al gobierno movilizaron todo el aparato para engrosar la manifestación contra el impeachment de Dilma Rousseff, no consiguieron un número superior a 50 mil personas. Ellas eran, en su gran mayoría, organizadas por los partidos, sindicatos y movimientos que apoyan al gobierno. La izquierda no petista y movimientos sociales de importancia nacional, como el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), muy activo en ocupaciones urbanas y creciente en los últimos años, y el Movimiento por el Pase Libre (MPL), que inició los movimientos contra el aumento de los pasajes del transporte público en 2013, no participaron.
Dos días después, la movilización contra el gobierno en el mismo espacio en la ciudad de San Pablo superó las 200 mil personas. Estos manifestantes, en su gran mayoría, no estaban organizados por los que convocaban. Según una investigación realizada por Natália S. Bueno, el 47% dijo movilizarse contra la corrupción y sólo 27% lo hacía pidiendo el juicio político de la presidenta[1]. Esa investigación también comparó la franja de renta de los manifestantes del día 13 y del día 15 de marzo. Allí se destaca la presencia importante en la movilización del día 15 de una clase media alta, pero también de una clase media trabajadora. La Fundación Perseu Abramo también hizo una investigación comparativa de las dos manifestaciones que fue publicada por la revista Forum, en las que destaca la variable “color/raza”[2]. De la observación del resultado de las dos investigaciones podemos decir que la manifestación del día 15 fue más rica, más blanca y más masculina que la del día 13. Vestidos de verde y amarillo o negro. Haciendo sonar “vuvuzelas”. Hostilizando a todo aquel que tuviera alguna prenda roja. Golpeando cacerolas de teflón. Así se presentaban los manifestantes del día 15.
Pero lo que más llama la atención no es la capacidad de convocatoria de una derecha que no es vergonzante. La noticia es el bajo nivel de convocatoria de las organizaciones petistas en un contexto que no es de pasividad de las clases trabajadoras en Brasil.
Durante la semana que precedió a las dos manifestaciones, la presidenta por un lado desestimuló la convocatoria para día 13 y llegó a calificar como una expresión de la democracia la del día 15. El propio expresidente Lula no participó del acto del día 13. Así como el candidato derrotado, del PSDB, no participó del acto del día 15. Probablemente, por motivos diferentes. Las figuras más notorias del PSDB, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso, dicen que no están impulsando el jucio político a la presidenta. No hay bases legales para tal iniciativa. La operación “Lava Jato”, que es el argumento más agitado por los partidarios del impeachment, no evidencia cualquier participación o complicidad de Dilma Rousseff con el esquema de corrupción. Probablemente, el PSDB está apostando al desgaste del gobierno, y al efecto de la crisis económica sobre las políticas sociales asistencialistas que fueron marca de los gobiernos del PT. Lula, por su parte, está intentando crear una articulación que contenga el descontento de las clases trabajadoras con el gobierno, pero tomando suficiente distancia para que sus medidas antipopulares no lo salpiquen, ya que pretende ser candidato a la presidencia en 2018.
Fuera la gran industria de comunicación, comandada por el conglomerado Globo y que incluye los diarios Folha de São Paulo y la revista Veja, las otras fracciones de la burguesía no se han pronunciado abiertamente. No se lanzan a aventuras. Pero observan con atención el desarrollo de la crisis en la esfera política. El presidente Barak Obama el sábado 14 dio una señal de que no retira el apoyo al gobierno brasileño, en el contexto de una reaproximación, después de la tensión diplomática que sucedió a la revelación de Snowden sobre las escuchas estadounidenses al gobierno brasileño. En tiempos en que los BRICs amenazan desequilibrar la hegemonía de EUA en parcelas del mercado, la buena relación con Brasil es tácticamente deseable para el gobierno estadounidense.
Pero ese escenario es dinámico. La gran ventaja para el capital que representaron los gobiernos del PT fue la de impulsar la expansión del agronegocio, de la minería y de las obras de infraestructura y tornar al Estado brasileño vector de esa expansión por medio de financiamientos e inversiones del Banco Nacional de Desarrollo Social (BNDS) en el territorio brasileño y también en América Latina y África. E hicieron eso reduciendo las resistencias por el recurso de la absorción de los conflictos por el Estado, incluyendo a las organizaciones populares como mediadoras y produciendo políticas públicas negociadas. En la medida en que este gobierno no consiga más operar de esa manera y contener los conflictos, desaparece la ventaja.
Mientras suenan las cacerolas, las clases trabajadoras están aumentando su capacidad de acción en las luchas laborales, por vivienda, educación y salud. Los pueblos indígenas no se han dejado reducir a la pasividad ante el avance sobre sus territorios y realizan tomas de sus tierras en varios estados. Ellos son el “imponderable”. Resta saber si pueden articularse entre sí para responder nacionalmente al proyecto del capital, cuya dirección se disputan los dos sectores políticos que se sucedieron en las últimas dos décadas.
Notas
[1] http://www.revistaforum.com.br/mariafro/2015/03/22/pesquisa-da-perseu-abramo-traca-perfil-dos-manifestantes-de-1303-e-1503/
[2] https://sociaisemetodos.wordpress.com/2015/03/21/quem-protesta-no-brasil-comparacao-entre-20-de-junho-de-2013-13-e-15-de-marco-de-2015-e-a-populacao/
http://contrahegemoniaweb.com.ar/
Lo que más llama la atención no es la capacidad de convocatoria de una derecha que no es vergonzante. La noticia es el bajo nivel de convocatoria de las organizaciones petistas en un contexto que no es de pasividad de las clases trabajadoras en Brasil. Los trabajadores precarizados, que viven, en su gran mayoría en las periferias de las ciudades, redujeron su apoyo electoral al PT, pero no se desplazaron para la oposición de derecha.
Por Silvia Beatriz Adoue
Después de las elecciones, el gobierno de Dilma Rousseff convocó para componer el gabinete ministerial a notables antagonistas históricos del Partido de los Trabajadores (PT) como Joaquim Levy (ministro de hacienda) y Kátia Abreu (ministra de agricultura, pecuaria y abastecimiento). Es verdad que se esperaba que este nuevo gobierno redujese las políticas sociales, pero no se esperaba que los operadores de tal reducción fueran esos nombres. Joaquim Levy, por ejemplo, era del equipo de asesores del candidato derrotado Aécio Neves. Kátia Abreu, por su parte, fue presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA), que reúne lo más importante de la burguesía agraria brasileña y enemiga declarada de la reforma agraria, de los pueblos indígenas y tradicionales y de los ambientalistas. Después de una victoria electoral apretada -pero victoria al fin- el gobierno del PT aplica las recetas de la oposición. El escaso margen y la nueva composición del parlamento llevaron al partido gobernante a estrechar sus vínculos con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de su base aliada en el congreso, que recibió no pocos cargos de confianza en el ejecutivo.
Todo esto ocurre en medio de la operación “Lava Jato”, proceso de investigación de un gran esquema de coimas de las empresas privadas contratistas de la Petrobrás, hoy una empresa de economía mixta. Si bien esa práctica era sistemática aun desde antes de los otros tres gobiernos del PT e involucraba la gestión del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), principal partido de oposición, no hubo ninguna señal durante los gobiernos petistas de investigarla. La práctica continuó en los últimos doce años.
Hace ya tiempo que el PT rompió sus lazos orgánicos con la clase trabajadora que le dio origen. Es más: la clase trabajadora que creó el PT se reconfiguró con la reestructuración productiva de los años ’90. Y la central sindical más importante, creada por los cuadros petistas, hoy representa una parte de la clase trabajadora que no es el sector precarizado por la flexibilización de las leyes laborales que comenzó con el gobierno del PSDB, pero que el PT continuó y profundizó. Este cuadro produjo una gran caída de la cantidad de huelgas desde 1996, cuando hubo 1228 huelgas, llegando al número más bajo después del retorno a gobiernos civiles en 2002, año en que comenzó el primer mandato del PT, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuando hubo sólo 298 huelgas en todo el país.
Pero en 2013, año de la retomada de las grandes movilizaciones, el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) viene anunciando extraoficialmente que el número de huelgas llegó a la marca de 1989, año con mayor número de huelgas desde el golpe militar de 1964. Y hay razones para suponer que la cantidad de huelgas de 2014 superó la de 2013 y continúa aumentando en lo que va del año 2015. Esas huelgas involucran un gran número de trabajadores de servicios, sector en el cual se encuadra la mayoría de los trabajadores y trabajadoras precarizadas.
Esos trabajadores precarizados, que viven, en su gran mayoría en las periferias de las ciudades, redujeron su apoyo electoral al PT, pero no se desplazaron para la oposición de derecha, encabezada por el PSDB. El gran número de votos que el PT perdió en la primera vuelta de 2014, y que representan tres millones de votos menos que los que votaron a Lula en la primera vuelta de 2006, explican en gran medida los casi 39 millones de votos inválidos, alcanzando el porcentaje de 27% del electorado, colocado en segundo lugar, después de los votos a Dilma Rousseff en 2015. Gran parte de esos votos inválidos volvieron al PT en la segunda vuelta, ante el riesgo de triunfo electoral de la derecha.
Las grandes empresas de comunicación apoyaron abiertamente al PSDB y llevan adelante una campaña para desgastar al gobierno electo. Divulgaron la convocatoria de actos contra Dilma Rousseff el domingo 15 de marzo, en todas las grandes ciudades, por parte de tres organizaciones de extrema derecha, de articulación reciente: “Revoltados Online”, “Vem pra Rua” y “Brasil Livre”, cuyas consignas van desde el pedido de juicio político (impeachment) hasta el fin de lo que ellos llaman la “dictadura gay” (reconocimiento de los derechos de los homosexuales, lésbicas, bisexuales, transgénero y travestis). Parte del léxico de esa derecha expuesta incluye el combate al “bolivarianismo” en Brasil. Acompañados por la bancada parlamentaria de los evangélicos y por los nostálgicos del gobierno militar. Al punto que en los camiones de sonido aparecían pancartas llamando a la intervención militar. Y en uno de los tres palcos llegaron a liberar el uso del micrófono para el conocido represor Carlos Alberto Augusto, “Carlinhos Metralha”, comisario jubilado apuntado como torturador y asesino frente a la Comisión de la Verdad.
La Central Única de los Trabajadores (CUT), que apoya al gobierno, llamó a una movilización en todas las capitales de estado, contra el juicio político y por la defensa de los derechos sociales, como el seguro de desempleo, amenazados por las nuevas medidas impulsadas por el ministerio de hacienda. El mayor, como era esperado, fue en la ciudad de San Pablo, coincidiendo con una gran asamblea de los profesores de la educación pública, que decidieron una huelga por tiempo indeterminado contra las medidas del gobierno del estado de San Pablo, del PSDB, donde se redujeron pronunciadamente la cantidad de aulas. La asamblea fue convocada mucho tiempo antes y reunió 12 mil trabajadores, y gran parte de los profesores que se reunieron no quisieron sumarse a la manifestación de la CUT, que aparecía claramente en los medios de comunicación como un movimiento de apoyo a Dilma Rousseff. Los maestros hicieron su propia manifestación.
Si bien la CUT y los movimientos sociales afines al gobierno movilizaron todo el aparato para engrosar la manifestación contra el impeachment de Dilma Rousseff, no consiguieron un número superior a 50 mil personas. Ellas eran, en su gran mayoría, organizadas por los partidos, sindicatos y movimientos que apoyan al gobierno. La izquierda no petista y movimientos sociales de importancia nacional, como el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), muy activo en ocupaciones urbanas y creciente en los últimos años, y el Movimiento por el Pase Libre (MPL), que inició los movimientos contra el aumento de los pasajes del transporte público en 2013, no participaron.
Dos días después, la movilización contra el gobierno en el mismo espacio en la ciudad de San Pablo superó las 200 mil personas. Estos manifestantes, en su gran mayoría, no estaban organizados por los que convocaban. Según una investigación realizada por Natália S. Bueno, el 47% dijo movilizarse contra la corrupción y sólo 27% lo hacía pidiendo el juicio político de la presidenta[1]. Esa investigación también comparó la franja de renta de los manifestantes del día 13 y del día 15 de marzo. Allí se destaca la presencia importante en la movilización del día 15 de una clase media alta, pero también de una clase media trabajadora. La Fundación Perseu Abramo también hizo una investigación comparativa de las dos manifestaciones que fue publicada por la revista Forum, en las que destaca la variable “color/raza”[2]. De la observación del resultado de las dos investigaciones podemos decir que la manifestación del día 15 fue más rica, más blanca y más masculina que la del día 13. Vestidos de verde y amarillo o negro. Haciendo sonar “vuvuzelas”. Hostilizando a todo aquel que tuviera alguna prenda roja. Golpeando cacerolas de teflón. Así se presentaban los manifestantes del día 15.
Pero lo que más llama la atención no es la capacidad de convocatoria de una derecha que no es vergonzante. La noticia es el bajo nivel de convocatoria de las organizaciones petistas en un contexto que no es de pasividad de las clases trabajadoras en Brasil.
Durante la semana que precedió a las dos manifestaciones, la presidenta por un lado desestimuló la convocatoria para día 13 y llegó a calificar como una expresión de la democracia la del día 15. El propio expresidente Lula no participó del acto del día 13. Así como el candidato derrotado, del PSDB, no participó del acto del día 15. Probablemente, por motivos diferentes. Las figuras más notorias del PSDB, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso, dicen que no están impulsando el jucio político a la presidenta. No hay bases legales para tal iniciativa. La operación “Lava Jato”, que es el argumento más agitado por los partidarios del impeachment, no evidencia cualquier participación o complicidad de Dilma Rousseff con el esquema de corrupción. Probablemente, el PSDB está apostando al desgaste del gobierno, y al efecto de la crisis económica sobre las políticas sociales asistencialistas que fueron marca de los gobiernos del PT. Lula, por su parte, está intentando crear una articulación que contenga el descontento de las clases trabajadoras con el gobierno, pero tomando suficiente distancia para que sus medidas antipopulares no lo salpiquen, ya que pretende ser candidato a la presidencia en 2018.
Fuera la gran industria de comunicación, comandada por el conglomerado Globo y que incluye los diarios Folha de São Paulo y la revista Veja, las otras fracciones de la burguesía no se han pronunciado abiertamente. No se lanzan a aventuras. Pero observan con atención el desarrollo de la crisis en la esfera política. El presidente Barak Obama el sábado 14 dio una señal de que no retira el apoyo al gobierno brasileño, en el contexto de una reaproximación, después de la tensión diplomática que sucedió a la revelación de Snowden sobre las escuchas estadounidenses al gobierno brasileño. En tiempos en que los BRICs amenazan desequilibrar la hegemonía de EUA en parcelas del mercado, la buena relación con Brasil es tácticamente deseable para el gobierno estadounidense.
Pero ese escenario es dinámico. La gran ventaja para el capital que representaron los gobiernos del PT fue la de impulsar la expansión del agronegocio, de la minería y de las obras de infraestructura y tornar al Estado brasileño vector de esa expansión por medio de financiamientos e inversiones del Banco Nacional de Desarrollo Social (BNDS) en el territorio brasileño y también en América Latina y África. E hicieron eso reduciendo las resistencias por el recurso de la absorción de los conflictos por el Estado, incluyendo a las organizaciones populares como mediadoras y produciendo políticas públicas negociadas. En la medida en que este gobierno no consiga más operar de esa manera y contener los conflictos, desaparece la ventaja.
Mientras suenan las cacerolas, las clases trabajadoras están aumentando su capacidad de acción en las luchas laborales, por vivienda, educación y salud. Los pueblos indígenas no se han dejado reducir a la pasividad ante el avance sobre sus territorios y realizan tomas de sus tierras en varios estados. Ellos son el “imponderable”. Resta saber si pueden articularse entre sí para responder nacionalmente al proyecto del capital, cuya dirección se disputan los dos sectores políticos que se sucedieron en las últimas dos décadas.
Notas
[1] http://www.revistaforum.com.br/mariafro/2015/03/22/pesquisa-da-perseu-abramo-traca-perfil-dos-manifestantes-de-1303-e-1503/
[2] https://sociaisemetodos.wordpress.com/2015/03/21/quem-protesta-no-brasil-comparacao-entre-20-de-junho-de-2013-13-e-15-de-marco-de-2015-e-a-populacao/
http://contrahegemoniaweb.com.ar/
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