6 de junio de 2015

Lo normal



VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: UN PROBLEMA POLÍTICO Y SOCIOCULTURAL 

Como nunca antes, la violencia contra las mujeres se ha convertido en una preocupación importante para amplios y disímiles sectores sociales. Con la marcha “Ni una menos”, del pasado 3 de junio, la problemática se incorporó definitivamente a la agenda de los medios. Todavía no ocurre lo mismo con la política, distraída como lo está en inexplicables peregrinaciones presidenciales por los palacios vaticanos, en los tejes y manejes del armado de listas y alianzas, y en otras labores electorales que, sin duda, son más importantes que el hecho de que muera una mujer cada treinta horas. No obstante, la ocasión no deja de ser propicia para repasar definiciones, conceptos y datos en torno a esta gravísima problemática social. 

Por Marcelo R. Pereyra

GÉNERO Y VIOLENCIA 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belem Do Pará, 1994) ha definido la  violencia de género comotodo acto violento contra una mujer que tiene como origen su condición de tal, y que resulta en un sufrimiento físico, sexual y/o psicológico. El género no es algo que venga dado por la naturaleza, sino que es una construcción sociocultural que incluye un conjunto de valores, creencias, rasgos personales, actitudes, conductas y sentimientos que diferencian varones y mujeres. Al ser el género un producto social, los mecanismos de “engeneramiento” de los sujetos se dan desde temprana edad, a través de los distintos procesos de socialización, es decir en los momentos en los que se aprenden los significados de ser “varón” y/o “mujer”, y qué conductas espera, aprueba o castiga la sociedad de unos y otras. De estas enseñanzas se ocupan primero la familia y después la escuela y las religiones. Luego lo hacen la comunicación periodística y la publicitaria. Por último, las ficciones televisivas y fílmicas se ocuparán de reproducirlas y actualizarlas. La violencia de género puede tener lugar en el ámbito doméstico o en el público. Incluye el abuso y el acoso sexual, la violación, los maltratos, el tráfico y la trata de personas, la prostitución forzada y el femicidio. Este último comprende los asesinatos de mujeres por razones relacionadas estrictamente con su género.El concepto de femicidio permite descalificar el término “crimen pasional”, pues, por el contrario, no concibe ese crimen como producto del amor sino del odio hacia las mujeres. El femicidio íntimo, que es el más común, es aquel que tiene lugar dentro de las relaciones de pareja –actuales o pasadas- y su comisión estaría favorecida por la naturalización social y cultural de la violencia hacia las mujeres. 

EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
La declaración de Naciones Unidas en la reunión de Beijing, de 1995, sostuvo que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por partedel hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. Es entonces un fenómeno histórico y cultural que no es nuevo. Por el contrario, su origen y su persistencia hasta la actualidad tienen fuerte vinculación con el patriarcado. El patriarcado es una antigua forma de organización de la sociedad, que pervive hasta nuestros días, que ubica jerárquicamente a los varones por sobre las mujeres. Si bien nació como un recurso destinado a garantizar la reproducción de las sociedades humanas prehistóricas, con el tiempo los filósofos y otros pensadores encontraron una justificación intelectual en el patriarcado al sostener la superioridad intelectual del varón, es decir, lo que hoy en día conocemos como machismo. En la Antigua Grecia, por ejemplo, las mujeres no participaban de las reuniones en el ágora, el espacio público en el que se discutían las cuestiones militares  y  políticas de las ciudades, pues no se las reconocía como ciudadanas con derecho a expresarse. Bajo formas más sutiles, el patriarcado sigue vigente y es el que permite y aprueba la desvalorización de las mujeres y la distribución del poder en forma asimétrica a favor de los varones. Una de las manifestaciones de este poder masculino es la violencia física sobre las mujeres. Así, los varones que victimizan a las mujeres están persuadidos de que sus parejas, e incluso sus ex parejas, les deben obediencia eterna en tanto que son de su propiedad. Desde este punto de vista, ejercen la violencia contra las mujeres como una manera de disciplinarlas. Por lo tanto, el origen del femicidio íntimo  excede el marco privado de la relación entre un varón y una mujer, y no resideni en la idiosincrasia ni en las conductas de la víctima y/o del victimario. Es una violencia que no es privada sino política, que se ha encarnado profundamente y naturalizado en la estructura social. Esto quiere decir que no se deben confundir los factores desencadenantes de la violencia machista con sus causas estructurales. Ni los celos, ni la infidelidad, ni el consumo de alcohol o de drogas, ni ningún otro argumento justifican la violencia contra las mujeres. 

¿POR QUÉ AHORA? 
Siempre existió violencia contra las mujeres, pero en los últimos años esa violencia se hizo más evidente por diferentes razones. Hay en este sentido posiciones contrapuestas en el campo académico. Pero en lo que todos y todas coinciden es que por la magnitud que ha alcanzado debe ser considerada una epidemia social, que tiene consecuencias en la salud, en el trabajo y hasta en la economía. Es difícil determinar cuál es esa magnitud en la Argentina porque las estadísticas de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación no están confeccionadas con perspectiva de género. Pero se puede tener una idea bastante aproximada a partir de datos e investigaciones de otros organismos públicos y de una organización no gubernamental. Los datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependencia creada por la CSJN en 2008 para recibir denuncias de actos violentos en el ámbito familiar, revelan que entre 2009 y 2014 las denuncias aumentaron un 58%.  En el 86% de los casos los agresores  fueron varones y en el 14%  mujeres. En cuanto a los y las afectadas, un 82% fueron mujeres y un 18% varones, pero si se discrimina esta última cifra por la edad de los varones afectados resulta que el 61% de violentados fueron niños y adolescentes de entre 0 y 18 años. El tramo etario en el que se registraron más víctimas mujeres fue el 30 a 39 años. Por último, del total de mujeres víctimas, el 84% fueron agredidas por sus parejas (cónyuges y concubinos: 52%) o ex parejas (31%). En cuanto al tipo de violencia que sufrieron estas afectadas, la OVD registró que mayormente fue de tipo psicológico (90%) y físico (70%), mientras que las violencias económica y sexual representaron un 30 y un 14%, respectivamente. El  “Reporte Anual del Sistema de Alerta Temprana – HOMICIDIOS”, elaborado por la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, es con lo único que se cuenta para el caso de los femicidios. Pero desafortunadamente este Reporte es parcial, porque no incluye a la provincia de Buenos Aires, suministra cifras muy generales y su última publicación data de hace cinco años. Estos son los datos principales de 2009: - Total de homicidios dolosos en la Argentina: 1268 - Víctimas: Varones: 1060 (84%); mujeres: 208 (16%) - Personas imputadas: Varones: 1075 (93%); mujeres: 85 (7%). Los indicadores del Reporte se pueden completar con un estudio del Instituto de Investigaciones de la CSJN (Disponible en http://www.csjn.gov.ar/investigaciones). Se trata de un relevamiento de los homicidios dolosos (intencionales) cometidos en Buenos Aires, La Plata y el Conurbano bonaerense judicializados en 2012. Del monitoreo de casos judiciales se destacan los siguientes datos: - Total de homicidios dolosos: 995 - Víctimas: Varones: 84%; mujeres: 14% - Victimarios: Varones:66%; mujeres: 5%; sin datos: 29%. Afortunadamente esta investigación entrega datos sobre los móviles de los homicidios: el 50% de las mujeres figuran asesinadas por “violencia intrafamiliar”; un  27% de ellas fueron muertas en situación de robo, y no se tienen datos sobre los móviles en el 14% de los casos monitoreados. Los hombres, en cambio, fueron asesinados mayormente en situación de robo (41%) y de riña (34%), mientras que el 11% fue muerto “en legítima defensa” y el 9% por violencia “intrafamiliar”. Como se puede apreciar, la discriminación de víctimas por sexo es idéntica a la del  “Reporte Anual de Alerta Temprana”. De estas cifras surge que las mujeres no son las víctimas por antonomasia de los homicidios intencionales, pese al fuerte arraigo que tiene en el imaginario social la imagen de la mujer como víctima. Los varones, por su parte, aparecen aquí encabezando las cifras de víctimas y victimarios: en el primer caso lo hacen en relación al ámbito del delito y muy probablemente en calidad de delincuentes, o sospechosos de serlo, muertos por las fuerzas de seguridad. En cambio, la cuestión de género aparece con claridad en el dato que indica que la mitad de las mujeres muertas en un contexto de violencia “intrafamiliar”, y si bien el estudio no señala quienes fueron sus matadores puede sospecharse que la mayoría de ellos fueron varones con quienes sostenían algún tipo de vínculo familiar o de pareja. 

Con todo, ninguna de las investigaciones hasta aquí mencionadas revela cuántas mujeres mueren anualmente por violencia de género. Sólo es posible  acercarse a esta realidad con los monitoreos que realiza el Observatorio de Femicidios de la ONG La Casa del Encuentro (http://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html). Esta ONG comenzó en 2008 a realizar un relevamiento de casos de asesinatos de mujeres por razones de género publicados por diarios nacionales y provinciales de todo el país y por dos agencias de noticias (122 medios en total). Por supuesto que se tiene en cuenta que los femicidios publicados no son todos los cometidos, pero siendo el asesinato un acontecimiento delictivo muy noticiable, por su gravedad y dramatismo, cabe inferir que los datos relevados por esta ONG tienden a asemejarse a los reales, cualesquiera que fuesen. Como sea, las noticias de femicidios publicadas en los últimos años fueron las siguientes:
   2008
    2009
   2010
    2011
     2012
  2013
    207
     231
    260
     282
      255
    295
Fueron en total 1530 casos, con un incremento del 42% entre los femicidios publicados entre 2008 y en 2013. Para tener una referencia de la dimensión de los femicidios en Argentina, pueden compararse estas cifras con las suministradas por el Instituto de la Mujer de España: entre 2001 y 2006 se contabilizaron en ese país 374 femicidios, es decir,  menos de una cuarta parte de los registrados en Argentina, con una población femenina que supera en tres millones a la de nuestro país.El trabajo de la ONG desglosa ese total en varios ítems que resultan sumamente indicadores. Por ejemplo, la relación de las víctimas con los varones autores de los asesinatos:
Parejas o ex parejas
63%
Otros familiares
  7%
Padres y padrastros
  5%

Este dato, que coincide con los hallazgos de la investigación del Instituto de Investigaciones de la CSJN referida más arriba, indica que la mayoría de los asesinatos de mujeres por razones vinculadas al género se origina en el seno de la relación de pareja, presente o pasada,  Otro ítem,  relacionado estrechamente con el anterior, es el de los lugares donde se cometieron los femicidios: si para el imaginario social el hogar es el lugar más seguro para la mujer, el estudio señala que, por el contrario, el 60% de los femicidios fueron cometidos en las viviendas de la víctima,  del victimario o en la que ambos compartían, y sólo el 8,7% de ellos tuvo lugar en la vía pública. Luego analiza la modalidad utilizada por los victimarios en 1530 femicidios relevados: las víctimas que  murieron por golpes, estrangulamiento, acuchillamiento, degollamiento e incendio totalizaron el 57%; mientras que el 28% fueron asesinadas a balazos. Estos porcentajes indicarían la intención de la mayoría de los femicidas de involucrarse directa y personalmente en el asesinato de la mujer, muchas veces con un especial ensañamiento en su modus operandi, lo que sugiere un profundo sentimiento de odio hacia la víctima. Por último, el informe del Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro incorpora dos categorías que permiten aprehender el impacto social y la tragedia que rodea a la violencia de género. La primera es la de los femicidios “vinculados”, definidos por la investigación como aquellos cuyas víctimas fueron varones, mujeres, niños y niñas que fueron muertos por los femicidas por interponerse para evitar el crimen, o “para para destruir a esa mujer a quien el agresor considera de su propiedad”.  Los femicidios “vinculados” relevados en las noticias fueron 166. En 99 de ellos las víctimas resultaron hombres (57) y niños menores de18 años (42), y  los restantes 67 corresponden a 25 mujeres adultas y  a 42 niñas de menos de 18 años. La segunda categoría es la de las “víctimas colaterales”. El trabajo entiende como tales a los hijos e hijas que quedaron sin madre en los casos de femicidio: fueron en total 991, siendo el 65% de ellos menores de 18 años.        

ENTONCES… 
- La violencia contra la mujer es más que un hecho policial. Es un problema social grave, de salud pública, que afecta su derecho a vivir libre y segura.
- Ejercen violencia contra las mujeres los varones que no las consideran como seres humanos sino como “cosas” que son de su “propiedad privada”. Son varones que ante conflictos en la pareja no saben resolver la situación sino mediante la violencia.
- La violencia contra las mujeres está naturalizada en la sociedad, tanto en las ficciones televisivas o cinematográficas como en la realidad. Cuando un psicólogo español le preguntó a una paciente con qué frecuencia su marido la maltrataba ella le contestó: “Pues…mi marido me pega lo normal” (Ver el libro “Mi marido me pega lo normal. Agresión a la mujer, realidades y mitos”, de Miguel Llorente Acosta).
- Como la violencia contra la mujer tiene raíces socioculturales su prevención tiene que orientarse en esa dirección. En cambio hasta el momento se ha creído más importante trabajar sobre la violencia consumada. Así, se han creado líneas telefónicas y oficinas para recibir denuncias y ayudar a las víctimas. Y también se han incorporado penas más graves y la figura del femicidio en la legislación penal. Pero no es con el Código Penal en la mano cómo se previene esta violencia. Se necesitan fuertes programas de educación para los niños y niñas que borren los estereotipos de género,  que enseñen acerca de la igualdad entre varones y mujeres y que resalten las formas pacíficas de resolver los conflictos entre las personas. Y se necesitan planes masivos y permanentes de sensibilización sobre la problemática para la población en general, y sobre todo para funcionarios políticos y judiciales, legisladores y periodistas.  

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Agua, como te deseo



OTRO CAPÍTULO EN EL CONFLICTO CHILE – BOLIVIA POR LA SALIDA AL MAR 

Pasan las décadas, pasan los gobiernos de todo color político, y el conflicto marítimo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Chile sigue siendo una deuda a saldar. Con la elevación del conflicto a los tribunales de La Haya, Bolivia pretende darle un punto final a un tema que Chile no quiere acordar. 

Por Marcelo J. Levy 

Para desentrañar una disputa que lleva más de 130 años, debemos necesariamente hacer un poco de historia. El tratado de límites de 1866 entre Bolivia y Chile fijó al paralelo 24, latitud sur, como demarcación entre ambos países, dejando una zona de medianería entre los paralelos 24 y 25. De esta manera, todo el dinero recaudado por las exportaciones de la zona compartida sería repartido entre las dos naciones. El gobierno boliviano intentó en Chile renegociar el tratado de 1866 pues consideraban que esa zona compartida en realidad pertenecía a suelo boliviano. Las negociaciones tuvieron un fracaso rotundo. Ya en 1874, se firma un nuevo acuerdo que establece un límite definitivo entre Chile y Bolivia, que correspondía sí al paralelo 24. La posibilidad de inclusión de una ley de impuestos, contraria al tratado  despertó recelos en las autoridades chilenas de la época. La realidad de la génesis del conflicto entre fuerzas hermanas no son propias. Historiadores bolivianos y chilenos, coinciden en señalar como la razón principal de la guerra, sino la única, la intromisión y los intereses de empresas transnacionales interesadas en la explotación de recursos como el guano, salitre y cobre, abundantes en la región en disputa y de gran valor durante el conflicto bélico. Durante el mes de marzo de 1879 se rompen las relaciones diplomáticas y el comercio entre Bolivia y Chile. El primer encuentro armado se da a pocos días, con la denominada batalla de Calama que enfrentó a miembros de las fuerzas armadas chilenas contra un grupo de civiles bolivianos. Luego de cuatro años de conflicto bélico que incluyó al Perú como aliado de las fuerzas bolivianas, en 1883 Bolivia y Chile firman el Tratado de Ancón, que cede a Chile el departamento de Tarapacá y deja bajo administración de 10 años las regiones peruanas de Arica y Tacna. En la actualidad Arica se consolida como territorio chileno mientras que Tacna vuelve a formar parte del Estado peruano.El fin de la guerra, no obstante, se da con la firma del tratado de paz de 1904, que señala que la soberanía sobre el territorio en disputa le pertenece a partir de entonces a Chile.

Desde su propia fundación, Bolivia estuvo imposibilitada de determinar claramente sus fronteras geográficas con los países linderos. Esta dificultad ha llevado, en más de una oportunidad, a conflictos bélicos por territorio, lo que ha significado  para Bolivia una pérdida de territorio importante en extensión y recursos naturales. Las relaciones bolivianas con Chile por el tema marítimo trabaron el intercambio de toda índole. Chile, durante el periodo de post-guerra, quedó en condición de país agresor por haber extendido los intereses de empresas transnacionales, explotadoras de salitre, guano y cobre, a un conflicto armado que cobró las vidas de miembros de tres países.Desde finales del siglo XIX, el tema marítimo es una de las prioridades en la agenda de negociaciones de Bolivia, ya sea tratado como tema bilateral con Chile o con características multilaterales cuando incluye a Perú. Durante distintos períodos históricos, ambas naciones intentaron un acercamiento por afinidades políticas de sus gobernantes. Durante el periodo de 1952 a 1956, los mandatarios Ibañez del Campo y Paz Estensoro, de Chile y Bolivia respectivamente, habían tratado el tema sobre libre tránsito e integración entre ambos países. Luego de negociaciones, el documento final terminó replicando el espíritu de 1904. Las posibilidades de acceso portuario, aunque sin soberanía, eran un paso crucial en la línea que Paz Estensoro consideraba como imperativo para el desarrollo económico boliviano. Los intercambios verbales entre Paz Estensoro e Ibañez del Campo consolidaron una amistad entre ambos mandatarios, pero sin mayores acercamientos en el tema marítimo. Años más tarde, el 16 de abril de 1962, durante el segundo periodo presidencial de Víctor Paz, se dio el rompimiento de relaciones diplomáticas con Chile, durante el mandato del chileno Jorge Alessandri. 

Llegan las dictaduras golpistas. Hugo Banzer y Augusto Pinochet, presentaron afinidades políticas e ideológicas durante sus gobernaciones. En el tema marítimo, el acercamiento entre ambos representantes llevó a la consolidación del “Acuerdo de Charaña”, firmado en 1975, el cual señalaba el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile. Incluía una oferta de acceso para Bolivia al océano por la ruta del norte de Arica, territorio que había sido peruano antes de la guerra del Pacífico. La oposición de Perú ante el ofrecimiento entorpeció el proceso de negociación entre Bolivia y Chile, luego que este último se opuso a la negociación trinacional, que incluía a la republica peruana como parte. El acercamiento entre Chile y Bolivia duró poco debido a que tres años después el presidente de facto, Hugo Banzer rompió nuevamente relaciones diplomáticas con Chile el 17 de marzo de 1978.

Un cambio radical se acercaba a Bolivia. A días de su elección como presidente, Evo Morales pidió la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solucionar el tema de la mediterraneidad boliviana, una de las causas que justifica el encarecimiento de las exportaciones y su limitado desarrollo. Involucrar a organismos internacionales para la resolución del problema marítimo logra impulsar la disposición al diálogo de la ex presidente chilena Michelle Bachelet, de esta manera inicia la etapa de mayor interrelación entre ambos países.La apertura a las negociaciones entre Bolivia y Chile da inicio a una política de “diálogo sin restricciones” que desarrolla la agenda de los 13 puntos.Michelle Bachelet,  retomó el tema de las negociaciones con Bolivia durante su gestión. La agenda de negociaciones preparada para ambos países incluyó de manera oficial, por primera vez, el tema marítimo, junto con el de recursos hídricos, otro tema sensible en las relaciones bilaterales de estos dos países. Igualmente, pasados tantos años y con el gobierno de Piñera en el medio, no hubo acercamientos significativos.

¿Cuál es la situación actual? Las delegaciones de Bolivia y de Chile han iniciado los alegatos convocados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para considerar la objeción chilena acerca de su jurisdicción para tratar el histórico reclamo boliviano. Bolivia fue escenario este lunes de la ceremonia de izado de la bandera, después de lo cual la Presidencia y todas las instituciones estatales de Bolivia amanecieron con banderas azules "de la reivindicación marítima", que serán izadas para acompañar a la misión que está en La Haya. Bolivia acudió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 24 de abril de 2013 con una demanda en contra de Chile, instando a que se negocie "de buena fe" la salida soberana de Bolivia al mar. Chile, por su parte, pidió que esta no fuera admitida, con el argumento de que afectaría al tratado de límites que ambos países firmaron en 1904, siendo que la jurisdicción de este tribunal se remonta a 1948.En su demanda, Bolivia pretende que la Corte de La Haya reconozca que, fruto de algunas propuestas y negociaciones efectuadas entre los representantes de ambos países para solucionar el problema, su país ha adquirido derechos que le permitirían negociar una salida propia y soberana al océano. Además los acuerdos firmados con Chile para facilitar las transacciones comerciales y aduaneras no han sido cumplidos tal como estaba estipulado en los tratados bilaterales. Chile argumenta que la jurisdicción de la corte es limitada en este caso en particular y no está habilitada para resolver. Se sustenta en el artículo VI del Pacto de Bogotá, que  plantea que no se podrán usar los mecanismos de solución de conflictos que plantea el Pacto cuando se refiera a controversias ya zanjadas previo a la constitución del tribunal, en abril de 1948. Los magistrados de la Corte Internacional de Justicia de La Haya deben definir si el tribunal tiene potestad para resolver la controversia entre Chile y Bolivia. En la historia del tribunal han sido aceptadas 32 excepciones preliminares, es decir, hubo 32 casos en que la corte dijo no ser competente y dio por terminada la controversia. A partir de esto puede ocurrir que la Corte se declare incompetente, lo que daría por terminado el litigio; que se declare competente, lo que daría a Bolivia la opción de continuar con el proceso; o que sostenga que la objeción planteada por Chile no tiene un carácter preliminar, o sea, que está ligada al tema central de la demanda, con lo que decidiría al final del proceso jurídico su competencia. En todo caso, la decisión no se tomará antes de octubre o noviembre de este año.  

Se han planteado durante todos estos largos años posibilidades de solución como un corredor que desemboque en un puerto destinado para el uso boliviano; la construcción de una isla portuaria boliviana en aguas internacionales, que no afecte la soberanía chilena; el intercambio de recursos naturales como agua o gas por derechos y usos portuarios e incluso intercambios territoriales que compensen el fin de la mediterraneidad boliviana. Todas posibles de implementarse con voluntad política y diplomática. La pregunta que nos cabe es ¿por qué dirimir conflictos nuestros en cortes ajenas? ¿Por qué luego de más de una década de gobiernos progresistas no se puede pensar en clave de integración regional? ¿No son la CELAC, UNASUR, MERCOSUR espacios propios para abordar estas controversias históricas? Tenemos una deuda en ese sentido. La presentación de los alegatos en la CIJ es un paso más. Difícilmente prospere. Tendremos que de una vez, intentar resolver nuestros conflictos con nuestros propios medios. 

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TIPNIS: Ecología política de la conservación de bosques



UNA CARRETERA FRAGMENTARÁ UN ÁREA PROTEGIDA EN BOLIVIA 

Una reciente revisión científica sobre el deterioro de los bosques a nivel global, ofrece unas cuantas lecciones para los debates sudamericanos. Les comparto una reflexión haciendo un contrapunto de esa noticia y el caso TIPNIS, bajo el intento del gobierno boliviano de construir una carretera dentro de un área protegida repleta de bosques: el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. 

Por Eduardo Gudynas 

No sé si el documento fue leído en los despachos ministeriales en La Paz, porque se publicó en Washington, en inglés y aborda la problemática ambiental. Pero deberían estudiarlo porque tiene muchas relaciones con uno de los más conocidos conflictos bolivianos, y que ocurrió precisamente sobre el TIPNIS. Recordemos que uno de los elementos centrales de la disputa en el Isoboro Sécure giraba alrededor de los impactos que desencadenaría construir una carretera en un ambiente de bosques y humedales. El gobierno y los defensores de la conexión entre Villa Tunari y San Ignacio, sostenían que no entrañaba un impacto ecológico de envergadura, sus efectos serían acotados, y si los hubieran, podían ser remediados. En cambio, muchas organizaciones locales, indígenas y ambientalistas, entre otros, señalaban que esa carretera era como si se fracturara el área natural en dos, y que a su vez, desde ella se generarían nuevos caminos y senderos que penetrarían aún más adentro de la región. Por lo tanto, la carretera tendría impactos directos originados por ella misma, pero además dispararía efectos ambientales y sociales secundarios que se multiplicarían en el tiempo.Entre esos impactos estaba la llamada “fragmentación” de un ambiente original. Es el proceso por el cual los bosques son divididos poco a poco en porciones, a medida que penetran rutas, caminos o senderos, y con ellos se pierden enclaves naturales, se vuelven más comunes los incendios, o se instala el extractivismo. La fragmentación produce “islas” de bosques, divididas y separadas unas de otras. 

Fragmentos y bordes 
Una vez presentado el problema, podemos volver al reporte que se publicó en Washington. El documento fue preparado por un grupo de 24 científicos de distintos países, liderados por Nick Haddad, de la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU). Está disponible en la revista académica Science Advances, y resume los conocimientos actuales sobre la fragmentación en distintos sitios del planeta. La revisión considera los dos efectos que están íntimamente asociados: Por un lado, la fragmentación en sí misma, cuando se crean “islas” de bosques, que como tienen superficies pequeñas ya no pueden sostener muchas especies. Por otro lado, las implicancias de la proliferación de los “bordes”, que son los límites que separan el bosque de ambientes no boscosos. Cuanto mayor es el número de fragmentos, se encontrarán más bordes. Estos están muy lejos de ser inocuos, ya que tienen muchos efectos ecológicos perversos, como por ejemplo hacer que predominen las especies que se especializan en aprovecharlos, y terminen desplazando a otras especies propias del corazón de la selva. El reporte ha causado gran revuelo. Muestra que la fragmentación de los bosques ya es un problema grave y a escala planetaria. Así como tenemos al cambio climático global estamos ante una severa pérdida global de selvas y bosques. Además, el 70% de los bosques remanentes en todo el planeta tienen bordes que están ubicados a menos 1 km del “centro” de la “isla”. Por lo tanto, el efecto borde afecta a una enorme proporción de esas islas remanentes de bosques. También se revisaron los experimentos de fragmentación, incluyendo el más antiguo, que está en marcha en la selva amazónica de Brasil. Los resultados confirman que cuando se divide el bosque original en “islas”, se reduce la riqueza en especies, y a veces la caída es dramática (hasta 75%). Mirando esos hallazgos desde la problemática del TIPNIS boliviano, la información científica hoy disponible indica que la construcción de la carretera y su séquito de senderos y chaqueos, crearían grandes fragmentos. Con ello, poco a poco se empobrecería la diversidad de mamíferos, aves, árboles y otras especies. Las capacidades del bosque para regenerarse también se reducen cuando están fragmentados. Se vuelven más comunes los árboles y la fauna propia de los “bordes”. No existe algo así como una “carretera ecológica” que pueda impedir estos efectos ambientales. Además, si se quiere evitar que se construyan nuevos senderos y caminos secundarios, habría que saturar el área de vigilantes, lo que haría económicamente inviable a todo el proyecto. 

Debates y retardos 
El estudio de Haddad aborda otra cuestión que tiene implicaciones en políticas ambientales y en los debates públicos. Encontraron que el deterioro de los ecosistemas por fragmentación no es instantáneo, y en algunos de ellos hay un componente de retardo. Esto no significa que no ocurra una caída en biodiversidad, sino que bajo ciertas circunstancias esas pérdidas se registran en lapsos de tiempo más largos a los previstos por los modelos ecológicos. Se han encontrado retardos en los números de especies extinguidas, en la reducción de migraciones entre “islas” de bosques, y en los indicadores de la funciones de los ecosistemas. Esos retardos juegan su papel en las discusiones públicas. Recordemos que muchos de los que afirman que las carreteras y otras fragmentaciones son inocuas se refieren a estudios que indican que en los primeros años no se detectan consecuencias ecológicas severas. Lo que sucede es que en realidad están observando esa fase inicial del retraso en las extinciones y en otros deterioros en los bosques. Entonces, mientras un gobierno puede aprobar carreteras y rutas, serán los siguientes gobiernos, en el futuro cercano, los que deberán lidiar con ese desplome de la biodiversidad. 

Ciencia y política 
Concluyendo: este nuevo estudio científico le da la razón a unas cuantas voces que, tanto desde los trópicos, como desde movimientos sociales alertaron sobre los impactos ecológicos de construir una carretera en el TIPNIS. Confirman que esos efectos serán progresivos, ya que una vez que se permite la entrada de una carretera, le siguen caminos y senderos que aumentan la fragmentación y los bordes, con el deterioro paulatino de la biodiversidad. Y, por si fuera poco, sugieren que si un gobierno hoy aprueba esas obras, será en el futuro, otro presidente, otros ministros, otros gobernadores y alcaldes, los que deberán lidiar con sus impactos negativos. En vez de menospreciar las alertas ciudadanas, o caer en simplismos de calificarlas como oposición política, habría que atender casos como este, cuando la ciencia les da la razón.  

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