SE FIRMÓ EL TPP CON 12 NACIONES DEL PACÍFICO
Con un gran rechazo popular de los países miembro y con negociaciones secretas por más de cinco años, se firmó el Trans Pacific Partnership (TPP) que recrea en nuestra región intentos como el ALCA y los TLC.
Por Marcelo J. Levy
El TPP es un proyecto de integración en la región Asia Pacífico, en el que participan junto a Chile y Perú por Latinoamérica, Australia, Brunei, Canadá, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.
Tiene como antecedente el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (Acuerdo P4) que cerraron Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur en 2005. En 2008, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, propuso aprovechar el Acuerdo P4 para aspirar a una iniciativa regional mucho más ambiciosa. De esta manera en 2010, Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Vietnam, Perú y Malasia iniciaron las negociaciones del actual TPP con el fin de completar las conversaciones en 2012. Japón se unió a las negociaciones en 2011, y México y Canadá se incorporaron en 2012.
En octubre de 2015, se completaron las negociaciones tras una larga sesión en Estados Unidos y se despejó el camino para la firma del TPP realizada este 3 de febrero en Nueva Zelanda. Con un mercado potencial de 812 millones de personas, este bloque representa cerca de un 40% del comercio global. El intercambio comercial de Chile, con los países TPP por ejemplo, ronda los US$ 45.000 millones. Deberá ser ratificado por los Parlamentos de las naciones firmantes.
Luego de la firma del controvertido acuerdo, diversas organizaciones de la sociedad civil comenzaron a organizarse en protestas callejeras. Centenares de personas mostraron su descontento concentrándose en las zonas aledañas al hotel Auckland City, lugar donde se firmó el documento.
Graves consecuencias económicas, políticas y sociales podría traer este acuerdo. Podría afectar a la libertad de expresión de los ciudadanos y al derecho de naciones soberanas a desarrollar políticas y leyes que respondan a sus prioridades nacionales.
Un documento descubierto a finales de julio pasado por WikiLeaks reveló que el TPP fue diseñado para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales y, además, permitiría a las mismas demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes. A diferencia de lo prometido por la Administración Obama, el acuerdo refuerza y amplía el sistema legal de solución de controversias inversor–Estado y eleva a las empresas de capital extranjero a la misma categoría que los gobiernos soberanos.
Diversos sectores sociales y expertos en diferentes áreas han planteado dudas respecto de los beneficios reales a los que se accede con el TPP. Temas como salud, patrimonio de semillas, uso de Internet y Derechos Humanos de los pueblos indígenas, son parte de los puntos sensibles del documento negociado en secreto.
El pacto tiene como objetivo reducir las barreras arancelarias y crear estándares comunes para los países que lo conforman. El acuerdo considera 30 capítulos, que comprenden materias como Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa Comercial, Competencia, Compras Públicas, Servicios, Inversiones, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones, Entrada Temporal, Servicios Financieros, Asuntos Legales, Propiedad Intelectual, Medio Ambiente, Laboral y Cooperación. Adicionalmente, se han incorporado los denominados temas horizontales que incluyen Coherencia Regulatoria, Competitividad, Desarrollo y Pequeñas y Medianas Empresas.
Para sus detractores, por la posición económica de Chile, quien mantiene relaciones bilaterales con la mayoría de los países presentes, la firma no conlleva a beneficios directos de crecimiento. Por el contrario, entrega soberanía en áreas que, hasta ahora, se mantenían protegidas. También flexibilizaría el registro de semillas y alimentos, lo que permitiría la ampliación de la producción de transgénicos, vulnerando la producción local. Esto porque además el TPP considera el deber de ratificar el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), el UPOV-91, que patenta las diversas variedades de semillas. Otras de las críticas es que al aumentar la protección intelectual de la industria del software, se permitiría el control en la navegación de los usuarios de Internet, restringiendo sus niveles de privacidad.
La plataforma denominada “Chile Mejor Sin TPP” reiteró las falencias del tratado, apuntando a lo que consideró como el elemento más grave: la pérdida de soberanía: “Nuestra preocupación más grande es que este tratado no trae para Chile grandes beneficios que nos den pie para poder apoyarlo. Más bien se ven muchos costos. Estamos concediendo muchos temas a las transnacionales extranjeras y, con ello, hay una pérdida en términos soberanos de nuestra legislación”. Desde la plataforma han cuestionado la poca información oficial que existe sobre las ventajas y desventajas que implica el documento de más de seis mil páginas, liderado por Estados Unidos, así como la falta de discusión pública al respecto. Esto cuando el acuerdo se tramitó por más de cinco años de forma totalmente secreta y las organizaciones llegaron incluso a pedir vía ley de transparencia sus contenidos, solicitud que fue rechazada. Recientemente el texto fue liberado, pero en inglés.
Lo cierto y concreto es que el TPP es una estructura regional similar al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los Tradados de Libre Comercio (TLC) de neto corte neoliberal y que en definitiva termina sometiendo a los países y a los pueblos más débiles para llenar las arcas de las grandes empresas trasnacionales. Habrá que ver que deciden los respectivos congresos de los países miembro, especialmente de Perú y de Chile. La sociedad ha salido a rechazar el tratado. Esperemos que los gobernantes no hagan una vez más oídos sordos.
Con un gran rechazo popular de los países miembro y con negociaciones secretas por más de cinco años, se firmó el Trans Pacific Partnership (TPP) que recrea en nuestra región intentos como el ALCA y los TLC.
Por Marcelo J. Levy
El TPP es un proyecto de integración en la región Asia Pacífico, en el que participan junto a Chile y Perú por Latinoamérica, Australia, Brunei, Canadá, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.
Tiene como antecedente el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (Acuerdo P4) que cerraron Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur en 2005. En 2008, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, propuso aprovechar el Acuerdo P4 para aspirar a una iniciativa regional mucho más ambiciosa. De esta manera en 2010, Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Vietnam, Perú y Malasia iniciaron las negociaciones del actual TPP con el fin de completar las conversaciones en 2012. Japón se unió a las negociaciones en 2011, y México y Canadá se incorporaron en 2012.
En octubre de 2015, se completaron las negociaciones tras una larga sesión en Estados Unidos y se despejó el camino para la firma del TPP realizada este 3 de febrero en Nueva Zelanda. Con un mercado potencial de 812 millones de personas, este bloque representa cerca de un 40% del comercio global. El intercambio comercial de Chile, con los países TPP por ejemplo, ronda los US$ 45.000 millones. Deberá ser ratificado por los Parlamentos de las naciones firmantes.
Luego de la firma del controvertido acuerdo, diversas organizaciones de la sociedad civil comenzaron a organizarse en protestas callejeras. Centenares de personas mostraron su descontento concentrándose en las zonas aledañas al hotel Auckland City, lugar donde se firmó el documento.
Graves consecuencias económicas, políticas y sociales podría traer este acuerdo. Podría afectar a la libertad de expresión de los ciudadanos y al derecho de naciones soberanas a desarrollar políticas y leyes que respondan a sus prioridades nacionales.
Un documento descubierto a finales de julio pasado por WikiLeaks reveló que el TPP fue diseñado para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales y, además, permitiría a las mismas demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes. A diferencia de lo prometido por la Administración Obama, el acuerdo refuerza y amplía el sistema legal de solución de controversias inversor–Estado y eleva a las empresas de capital extranjero a la misma categoría que los gobiernos soberanos.
Diversos sectores sociales y expertos en diferentes áreas han planteado dudas respecto de los beneficios reales a los que se accede con el TPP. Temas como salud, patrimonio de semillas, uso de Internet y Derechos Humanos de los pueblos indígenas, son parte de los puntos sensibles del documento negociado en secreto.
El pacto tiene como objetivo reducir las barreras arancelarias y crear estándares comunes para los países que lo conforman. El acuerdo considera 30 capítulos, que comprenden materias como Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa Comercial, Competencia, Compras Públicas, Servicios, Inversiones, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones, Entrada Temporal, Servicios Financieros, Asuntos Legales, Propiedad Intelectual, Medio Ambiente, Laboral y Cooperación. Adicionalmente, se han incorporado los denominados temas horizontales que incluyen Coherencia Regulatoria, Competitividad, Desarrollo y Pequeñas y Medianas Empresas.
Para sus detractores, por la posición económica de Chile, quien mantiene relaciones bilaterales con la mayoría de los países presentes, la firma no conlleva a beneficios directos de crecimiento. Por el contrario, entrega soberanía en áreas que, hasta ahora, se mantenían protegidas. También flexibilizaría el registro de semillas y alimentos, lo que permitiría la ampliación de la producción de transgénicos, vulnerando la producción local. Esto porque además el TPP considera el deber de ratificar el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), el UPOV-91, que patenta las diversas variedades de semillas. Otras de las críticas es que al aumentar la protección intelectual de la industria del software, se permitiría el control en la navegación de los usuarios de Internet, restringiendo sus niveles de privacidad.
La plataforma denominada “Chile Mejor Sin TPP” reiteró las falencias del tratado, apuntando a lo que consideró como el elemento más grave: la pérdida de soberanía: “Nuestra preocupación más grande es que este tratado no trae para Chile grandes beneficios que nos den pie para poder apoyarlo. Más bien se ven muchos costos. Estamos concediendo muchos temas a las transnacionales extranjeras y, con ello, hay una pérdida en términos soberanos de nuestra legislación”. Desde la plataforma han cuestionado la poca información oficial que existe sobre las ventajas y desventajas que implica el documento de más de seis mil páginas, liderado por Estados Unidos, así como la falta de discusión pública al respecto. Esto cuando el acuerdo se tramitó por más de cinco años de forma totalmente secreta y las organizaciones llegaron incluso a pedir vía ley de transparencia sus contenidos, solicitud que fue rechazada. Recientemente el texto fue liberado, pero en inglés.
Lo cierto y concreto es que el TPP es una estructura regional similar al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los Tradados de Libre Comercio (TLC) de neto corte neoliberal y que en definitiva termina sometiendo a los países y a los pueblos más débiles para llenar las arcas de las grandes empresas trasnacionales. Habrá que ver que deciden los respectivos congresos de los países miembro, especialmente de Perú y de Chile. La sociedad ha salido a rechazar el tratado. Esperemos que los gobernantes no hagan una vez más oídos sordos.
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