EL FIN DE LA GUERRA LE ABRE LA PUERTA AL EXTRACTIVISMO
Mientras en
Cuba se firmaba el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, en
Colombia continuaba la represión, esta vez contra el llamado proceso
de liberación de la Madre Tierra llevado adelante por los comuneros
indígenas del norte del Cauca.
Por Tomás
Astlarra
Desde que el 14 de diciembre de 2014 la Asociación
de Cabildos del Norte de Cauca (ACIN) decidió hacer justicia por
mano propia y recuperar un grupo de haciendas de la empresa azucarera
INCAUCA, el balance es de 142 heridos, dos judicializados y tres
muertos. Las propiedades pertenecen al poderoso empresario Ardila
Lulle, dueño, además de ingenios azucareros, de la marca de gaseosa
Postobon y el multimedios RCN. Los comuneros del Cauca reclaman por
el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó
al Estado colombiano a una indemnización de 14 mil hectáreas y 20
mil millones de pesos por su responsabilidad en la masacre del Nilo
en 1991. La operación paramilitar que causó 21 muertes y cientos de
desplazados habría sido orquestada desde la finca La Emperatriz,
propiedad de Lulle y hoy uno de los terrenos recuperados, donde se
han construido viviendas, plantaciones y altares en torno a los
antiguos cementerios indígenas que todavía ahí se encuentran.
Los indígenas y campesinos del cauca no solo
reclaman estos terrenos como propios ante esta evidencia ancestral o
de presente legal (el fallo de la CIDH) sino también ante el
desastre ambiental y humano que propician los negocios de Lulle. El
monocultivo de azúcar ha desertificado la zona y dañado las fuentes
de agua, haciendo inviable la subsistencia en muchos de sus
territorios. En Colombia 0,4% de los propietarios abarca el 60% de la
tierra. Y mientras los llamados cañeros, trabajadores de la
industria azucarera, ganan 400 mil pesos al mes (muy por debajo del
salario mínimo legal vigente), los ingresos del conglomerado
económico Lulle ascienden a más de 6 billones de pesos al año.
La historia de Colombia documenta que la mayoría de
sus familias más ricas no sólo han ganado sus fortunas en base a la
explotación laboral y el desastre ecológico, sino también gracias
a la violencia (como la guerra civil de los años 50 que permitió
ampliar sus propiedades gracias al desplazamiento campesino). Frente
a estas injusticias y las reflexiones de un grupo de campesinos
desplazados en conjunto con estudiantes urbanos nacieron las FARC.
Precisamente luego de la masacre de Marquetalia, donde el gobierno de
Colombia con apoyo de los Estados Unidos bombardeó las comunas
autogestivas de las montañas del Tolima donde estos campesinos se
habían refugiado de La Violencia (como los colombianos llaman a la
guerra civil de los 50s).
Los ocho años de la presidencia de Álvaro Uribe
Velez (2002-2010) marcaron también el avance económico de estas
élites en base a la violencia. Esta vez, en manos de empresas
multinacionales, que aprovecharon el accionar de los grupos
paramilitares para, entre otras cosas, asesinar a sindicalistas en
busca de mejoras laborales, a líderes indígenas que fomentaban la
autonomía y denunciaban los planes extractivistas de estas empresas
y generar masacres en poblaciones que rechazaban estos planes
para que cambien de opinión o directamente ocupar sus territorios
tras el desalojo. Los casos son miles y están debidamente
documentados. Millones de desplazados, cientos de fosas comunes,
miles de asesinatos políticos, falsos positivos (jóvenes de barrios
periféricos asesinados para ser presentados como guerrilleros caídos
en combate), judicialización de intelectuales, artistas y líderes
sociales que denunciaban estas injusticias ocultadas por una intensa
cobertura mediática (de la que obviamente participó RCN). Mientras
estos planes se ocultaban, el gobierno de Uribe se popularizó por su
progreso económico, su alianza con Estados Unidos y su encarnizada
lucha contra las FARC y otros grupos guerrilleros, a quienes se los
vinculó con todos los males y violencias del país. Cómo nunca en
la historia de Colombia, el poder militar y paramilitar, financiado
por Estados Unidos, se desplegó en el territorio. El Plan Colombia
que fue presentado al mundo como lucha contra el terrorismo y el
narcotráfico, fue en realidad un plan terrorista de apropiación de
tierras en manos de grupos narcotraficantes devenidos en sicarios de
las élites económicas. Los acuerdos de paz de La Habana son la
consecuencia de la derrota de las FARC frente a esta avanzada. No
solo por la pérdida de sus principales líderes ideológicos y el
poder territorial en muchas zonas de Colombia, sino también por la
pérdida de apoyo popular.
Cierta vez, en una asamblea de indígenas del Cauca,
se esbozó la posibilidad de un grupo armado indígena. Un mayor
pidió la palabra. Dijo: “Miren el ejemplo de las FARC. La historia
dice que nacieron de esta misma inquietud que tenemos. De la
violencia con la que el gobierno injustamente nos reprime y nos roba
las tierras. Pero: ¿Quién vende las armas? Los gringos ¿Y a cuanto
las venden? Muy caro. Yo creo que esa es la respuesta de porqué las
FARC muchas veces han terminado cayendo en las mismas injusticias,
los mismos negociados, que aquellos contra los que combate. No creo
que sea razonable ese camino”.
Sin embargo nadie que apoye la solución pacífica a
los problemas de Colombia puede dejar de reconocer la virtud de las
FARC y otros grupos guerrilleros, no solo en la vocación social y
política con la que nacieron o el irremediable uso de las armas
frente a la injusta violencia de la élites económicas (razonamiento
al que llegó hasta un cura pacifista como Camilo Torres), sino
también por mantener entretenido al ejército colombiano y sus
planes de ocupación. Pocos pueden asegurar que este legendario y
diverso grupo guerrillero no haya cometido injusticias, no haya
secuestrado personas, extorsionado campesinos o traficado cocaína.
Pero al menos yo nunca oí hablar de guerrilleros de las FARC
cortando cabezas con motosierras y jugando a la pelota con la cabeza
de líderes campesinos o asesinando sindicalistas en frente de sus
familias por pedir media hora de almuerzo en una jornada de ocho
horas. Acciones que sí cometieron esos mismos grupos paramilitares
que fueron apoyados por empresas multinacionales y el gobierno de
Estados Unidos, financiaron la campaña de Uribe y participaron de
escándalos de venta de armas y narcotráfico internacional como el
Iran-Contras. Paramilitares que fueron indultados y recibieron
subsidios gracias a la Ley de Justicia y Paz aprobada durante el
gobierno de Uribe.
Esto, luego de que muchos de sus líderes fueran
extraditados por narcotráfico a Estados Unidos en el preciso momento
en que comenzaban a desnudar y confesar una densa trama criminal en
la que estaban involucrado no sólo el gobierno y el ejército de
Colombia, sino también numerosos empresarios locales. Y luego de
hacer numerosas transferencias de tierras de campesinos desplazados a
terratenientes locales y empresas multinacionales. Quizás esas
mismas tierras en los llanos orientales (una de las zonas más
calientes del conflicto entre el gobierno colombiano y las
guerrillas) donde el gobierno de Juan Manuel Santos acaba de firmar
un acuerdo con el zar de la soja Gustavo Grobocopatel para explotar 3
millones de hectáreas. Grobocopatel, que a través de la canciller
argentina Susana Malcorra fue invitada a asesorar los acuerdos de paz
en Cuba.
Cuba, lejos de Colombia, donde hace pocos meses la
periodista María Elena Salinas del canal Univisión le
preguntó al Comandante Timochenko: “¿Por
qué le conviene al gobierno de EEUU apoyar a la guerrilla
colombiana?”. Timochenko
responde: “Es por los intereses que ellos tienen desde el punto de
vista geoestratégico y económico. Porque es un conflicto que
también los ha degastado a ellos. Fueron más de 10 mil millones de
dólares que sale del presupuesto de Estados Unidos. Además estamos
en un momento de crisis financiera mundial. Fueron casi 12 años y no
hubo resultados, no nos derrotaron. Porque las condiciones que
alimentan el conflicto están vivas. Ahora,
hay también todos esos megaproyectos, en las zonas fuertes del
conflicto, hay muchos intereses económicos que si desaparece el
conflicto, pues hombre, van a tener posibilidad de desarrollarse”.
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