1 de abril de 2009

Donde hay saqueo, también hay entrega

SE REALIZÓ UNA AUDIENCIA PÚBLICA POR LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES

El año pasado la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglaciar fue vetada por el Poder Ejecutivo tras ser aprobada por amplia mayoría en el Congreso. En estos días participaron de la audiencia pública en el Parlamento organizaciones no gubernamentales, investigadores del medio ambiente y legisladores.

Por Marcelo J. Levy

Frente a la embestida del Poder Ejecutivo Nacional, que en connivencia con legisladores provinciales interesados y empresas mineras decidieron entregar una de las reservas de agua pura mas importantes de la región, se realizó una audiencia pública para tratar la importancia de la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y ante la necesidad de una ley que los proteja. De la misma participaron legisladores, investigadores del medio ambiente, como el Premio Nobel argentino Osvaldo Canziani, y representantes de organizaciones ambientalistas.

Los glaciares quedaron sin protección luego de que la presidenta Cristina Fernández vetara en noviembre del año pasado la ley 26.418, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares, que había sido aprobada por una amplia mayoría en el Parlamento.

La nueva norma que está circulando en el Congreso propone reformar dos importantes artículos: uno es el de la definición de ambiente periglaciar y el otro el de las construcciones que se pueden realizar. Se denomina área periglaciar a los hielos que no se ven, algo que también es importante preservar. Por otra parte, esta nueva norma sostiene que las construcciones que se puedan hacer quedan a consideración de las provincias. Esto es peligroso porque sabemos que para San Juan las minerías son de interés público.

Para Javier Rodríguez Pardo, integrante del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) y Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), hay que insistir en la tangibilidad de los glaciares y de los cuerpos de hielo. “Nuestra cordillera es conocida por los más de 40 glaciares de roca que están ocultos y que contienen importantes volúmenes de agua, cuyos hilos muchas veces llegan a comunidades como Atacama”, explicó Rodríguez Pardo. Y agregó: “Hoy en la mina Valadero algunos de esos glaciares están siendo intervenidos por la empresa Barrick”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Eduardo Mondino señaló que la protección de lo glaciares es un tema de interés nacional. “La protección de los glaciares interesa también a quienes viven aguas abajo y busca garantizar la disponibilidad de este recurso para las generaciones presentes y futuras. De hecho, gran parte de la provisión futura de agua de los argentinos depende de los glaciares de la Cordillera de los Andes", comentó Mondino, quien no descarta presentar una medida cautelar para reclamar por la protección efectiva de los glaciares y ambientes periglaciares.

“Es importante cuidar los recursos naturales y debemos de hacer un inventario para saber dónde están los glaciares y saber dónde podría haber peligro”, explicó Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de Argentina, quien presentó nuevamente en la Comisión la ley que fue vetado el año pasado. “Sé que existe un proyecto del diputado Carlos Gioja, pero creemos que responde a los intereses del Gobernador de José Luis Gioja, y hemos encontrado que tienen vinculación con las actividades mineras de Veladero y Pascua-Lama”, dijo.

La norma vetada tenía como misión preservar los glaciares y sus zonas aledañas cubiertas de hielo para mantenerlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas que vienen desde la cordillera de los Andes hacia el océano Atlántico. “También proponía la creación de un inventario de glaciares y geoformas periglaciales. Y prohibía la explotación minera o petrolífera sobre los glaciares y sus heladas adyacencias”, comentó la autora de la norma vetada, la diputada Marta Maffei.

Maffei destacó que es importante que la población tenga conciencia de la importancia de los glaciares. “A veces vemos el problema muy lejos y no nos damos cuenta que el problema nos puede impactar directamente en la vida cotidiana. Y no sabemos que el 70% del agua pura en nuestro país se encuentra en los glaciares”.

El gobierno nacional veta la "Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglaciar". De haber sido aceptada y aprobada, como ha de esperarse de un mandatario que busca proteger los recursos de la nación que gobierna, la referida ley nos hubiera abierto el acceso a un cierto tipo de garantías. Tal vez, en estos momentos, podríamos señalarlas simplemente como básicas garantías constitucionales. El tipo de garantías que indudablemente el ciudadano argentino padece como un gran ausentismo. ¿Estaríamos hablando de sobrelegislar si gozáramos de una ley de protección de glaciares?

Ante la pregunta mal intencionada de un legislador cordobés pro-megaminero, el inteligente y honesto Fiscal Federal Gustavo Gómez, ejecutor del procesamiento histórico por contaminación de Julián Rooney, ejecutivo de la mina a cielo abierto Bajo La Lumbrera, en Catamarca, ofreció una contundente respuesta. De ser necesario, que se sobrelegisle. En tiempos donde los funcionarios anteponen sus desviados intereses al bien común de la ciudadanía y la nación, solo puede fortalecer el marco de garantías una legislación que no deje márgenes inmensos de interpretación a los corruptos. Esos tiempos son estos tiempos actuales. La Ley de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares es de urgente necesidad. Con autoridades que han relegado al cajoneo la Constitución íntegra esto es imperante. De todos modos, insistimos, y para aquellos que no ven la necesidad o justificativo de una ley de ese tenor, que no existiría sobrelegislación ninguna, sino una primera y necesitada ley que enmarque adecuadamente las necesidades de los ciudadanos en tal sentido.

Hemos visto, ante acciones sobrellevadas por la ONG frente al Congreso de la Nación, a varios de los asesores de la Cámara de Diputados, ante la traición de sus jefes a la hora de luchar contra el veto presidencial del proyecto que ellos habían aprobado, se acercaron a manifestar su adhesión alegando que "todo tiene un límite".

Y el límite, para la presidenta Fernández de Kirchner, es muy puntual. De aprobar la Ley que protegería los intereses de la ciudadanía y Nación, mediante la preservación del agua y medioambiente en cordillera y precordillera, pasaría a ofrecer restricciones a las multinacionales megamineras para sus saqueos, con iguales resultados que si permitiese la modificación del código de minería que actualmente rige en beneficio exclusivo de esas corporaciones transnacionales.

En definitiva, si la Ley de Protección Glaciar se hubiera aprobado, el segundo problema para la filosofía del saqueo que actualmente impera en la administración central hubiera sido armonizar la nueva ley con el manipulado Código de Minería que aún arrastramos como herencia de la década de los noventa. En ese contexto, más que el plato fuerte de la ley, el glaciar en sí mismo, lo que produciría un fuerte escollo a los saqueadores, y a la mafia política vende patria que debe allanar todo en su beneficio, el protagonismo estratégico se centraría sobre las áreas periglaciares. Son estas bastas áreas las que más restringirían con su demarcación la actividad megaminera, e incluso la explotación indiscriminada de agua pura con destino al primer mundo, según se ajustasen o interpretasen en cada caso ciertos aspectos de la ley.

De este modo, acceder por parte de la gerencia de Nación ante una ley de esta naturaleza, le hubiera restado un inmenso caudal de fuerzas a la hora de pulsear por la no modificación del Código de Minería. ¿Cómo argumentaría rechazar la modificación de ese código si claramente atenta contra el espíritu y letra de la ley de protección glaciar? Sumándose a esto la ya referida violación de la constitución por parte de ese código; principal herramienta de la Ley de Inversiones Mineras -Ley 24.196- a favor del saqueo y despojo de nuestras materias primas.

Otro de los inconvenientes que la ley de protección glaciar generaría a los intereses oscuros, se reflejaría en el sostén de algunas exigencias de corte internacional; hablando en términos netamente explotatorios. Lo que a nivel de minería se conoce como el Tratado de Integración y Complementación Minero Argentino-Chileno. Es decir, la entrega de la región cordillerana a las multinacionales sin ningún tipo de control o restricción. Este tratado ofrece todo el marco para eliminar los obstáculos a la explotación indiscriminada de los yacimientos minerales. Siendo que lo que la ley de protección de glaciares especifica como áreas periglaciares, al menos del lado argentino de la cordillera, no sería otra cosa que una gran parte de los que el tratado busca dejar franqueado y en estado de indefensión a favor de las megamineras.

Buscar demonizar la ley de protección argumentando que las áreas en cuestión quedarían invalidadas para todo tipo de actividades es una falta de objetividad o miopía intencionada. Textualmente la ley impulsa respecto a las actividades, en términos de prohibición, a aquellas "que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance"

Existe una basta gama de actividades que, por el contrario, encontraría en la ley de protección una promesa de continuidad implícita y sustentable.

Un glaciar no es solo un trozo gigantesco de hielo, tal como algunos pretenden minimizar. Es un núcleo de agua en estado sólido con una profunda relación con la vida del planeta. Su conformación no depende del azar. Nada en la vida planetaria depende de ello. La inteligencia que mantiene en equilibrio todo lo que existe determina el ámbito donde se formará así como sus evoluciones. La mayoría de los glaciares están en retroceso. Esto es alarmante. La razón debe buscarse en la alteración del clima generada por el comportamiento humano. Protegerlos es protegernos. Toda actividad que en sus cercanías deba desenvolverse debe contar con verdaderos controles. Jamás un interés de tipo egoísta y personal debe superponerse a lo que forma parte del conjunto todo de la humanidad y el planeta.

El 70 % del agua potable que consumimos en nuestro país guarda relación con los depósitos naturales cordilleranos. Los glaciares. Este porcentaje varía según el país sudamericano al que hiciéramos referencia. Pero siempre es de una altísima incidencia para los pueblos de Latinoamérica el afluente glaciar como sostén de sus vidas y patrones sociales, ambientales, económicos, y culturales.

La negativa política de afirmar la protección de los glaciares mediante una legislación adecuada no es un hecho aislado. Forma parte del tratado que firmaron los presidentes sudamericanos en Brasil y que se conoce como IIRSA. Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Tratado por el cual, cualquier legislación vigente que impida las actividades de apropiación de materias primas debe derogarse o vetarse. Una ley de protección de glaciares y áreas periglaciares se contrapone al espíritu de saqueo que alienta el IIRSA. Ya que impediría la megaminería, así como el acopio indiscriminado de agua para el primer mundo; como también cualquier otra actividad que alterara la biota en su contraparte glaciar o periglaciar.

Es hora de confirmar que se ha terminado el nefasto período donde los ciudadanos no teníamos la capacidad de leer la letra chica de lo que a nuestras espaldas se maquinaba. Exijamos a quienes tienen asumido el compromiso de representarnos que cumplan con su trabajo honrosamente. Sino, de algún modo, deberemos hacernos cargo de una de las más deleznables actitudes del cobarde. La complicidad.

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