EL GOBIERNO DE URTUBEY
VIOLA SISTEMÁTICAMENTE LA LEY DE BOSQUES
El gobierno de Urtubey, en complicidad con los grandes terratenientes, continúa con la política de deforestación del ex gobernador Romero: desde la sanción de la Ley de Bosques se desmontaron más de 350.000 hectáreas, de las cuales 100.000 eran zonas protegidas. Recientemente la provincia anunció que busca cuadruplicar su stock ganadero para 2030, lo que implicará el desmonte de 3 millones de hectáreas de bosques nativos.
Por Hernán L. Giardini (desde Salta)
Salta es una de las provincias con mayor nivel de deforestación del país en los últimos quince años, la cual fue motorizada principalmente por la expansión descontrolada de la frontera agropecuaria (soja transgénica).
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas.
A pesar de asumir como gobernador diciendo “se acabó el festival de desmontes en Salta”, Juan Manuel Urtubey, continúa con la política de desmonte de su antecesor Juan Carlos Romero: desde la sanción de la Ley de Bosques (28 de noviembre de 2007), en Salta se deforestaron 350.000 hectáreas; de las cuales 100.000 se desmontaron en zonas protegidas.
Cabe advertir que el gobierno de Salta realizó recategorizaciones prediales que modificaron, a solicitud de los grandes terratenientes, lo establecido por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, lo que viola la Ley de Bosques.
Un claro ejemplo de esto es la finca San Francisco, donde el gobierno de Salta aprobó el desmonte de 6.400 hectáreas a pesar de que la Ley de Bosques allí no lo permite. Dicha finca es propiedad de Ignacio García del Río, presidente de la Asociación de Productores del Granos del Norte (PROGRANO), que nuclea a 200 grandes productores de Salta y Jujuy.
Más grave aún, resulta que la mayoría de los desmontes realizados en zonas protegidas por la Ley de Bosques están ubicados donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado suspender su ejecución, tras un amparo de comunidades indígenas y campesinas.
Por otra parte, varios de los desmontes se realizaron con permisos otorgados especulativamente por el gobierno de Romero antes de la sanción de la Ley de Bosques (más de 400.000 hectáreas), que el gobierno de Urtubey no adecuó a la nueva normativa forestal.
Un ejemplo de esto es el de la finca La Maravilla: un desmonte de 17.000 hectáreas, para el cual se realizó la audiencia pública un mes antes de la aprobación de la ley. La pérdida de estos bosques, denunciada afectó el área de uso tradicional de las comunidades wichi de El Paraíso, Arenales, Monteveo y Tonono.
En la provincia no hay controles efectivos a los desmontes ilegales, a pesar que desde la sanción de Ley de Bosques cuenta con un presupuesto importante. En ese sentido, resulta muy preocupante que, sin que ninguna autoridad provincial lo note, durante los primeros meses de 2013 se haya desmontado ilegalmente una finca de 16.600 hectáreas (casi el tamaño de la ciudad de Buenos Aires); lo que evidencia la falta de voluntad política del gobierno de Salta para aplicar la ley.
Como si fuera poco, recientemente Salta anunció que busca cuadruplicar su stock ganadero para 2030, lo que implicará el desmonte de 3 millones de hectáreas de bosque nativos protegidos por la normativa nacional.
La Sociedad Rural Salteña, PROGRANO y la Asociación de Productores de Legumbres del NOA, publicaron en julio de 2009 una solicitada reclamando la ampliación de las áreas destinadas al desmonte a más de cinco millones de hectáreas, lo que fue duramente criticado por Greenpeace y otras organizaciones sociales de la provincia.
Por su parte, en febrero de este año, la Sociedad Rural Salteña responsabilizó a la Ley de Bosques “por el freno durante 4 años a los permisos de habilitación de tierras ganaderas y escasa o nula inversión en el sector, perdiendo Salta en ese tiempo la oportunidad por precios y costos diferentes a los actuales, de poner en producción y poblar parte de las 3.000.000 de hectáreas estimadas, hoy sub aprovechadas”.
Está claro para quiénes está jugando el gobierno de Urtubey.
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contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar
El gobierno de Urtubey, en complicidad con los grandes terratenientes, continúa con la política de deforestación del ex gobernador Romero: desde la sanción de la Ley de Bosques se desmontaron más de 350.000 hectáreas, de las cuales 100.000 eran zonas protegidas. Recientemente la provincia anunció que busca cuadruplicar su stock ganadero para 2030, lo que implicará el desmonte de 3 millones de hectáreas de bosques nativos.
Por Hernán L. Giardini (desde Salta)
Salta es una de las provincias con mayor nivel de deforestación del país en los últimos quince años, la cual fue motorizada principalmente por la expansión descontrolada de la frontera agropecuaria (soja transgénica).
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas.
A pesar de asumir como gobernador diciendo “se acabó el festival de desmontes en Salta”, Juan Manuel Urtubey, continúa con la política de desmonte de su antecesor Juan Carlos Romero: desde la sanción de la Ley de Bosques (28 de noviembre de 2007), en Salta se deforestaron 350.000 hectáreas; de las cuales 100.000 se desmontaron en zonas protegidas.
Cabe advertir que el gobierno de Salta realizó recategorizaciones prediales que modificaron, a solicitud de los grandes terratenientes, lo establecido por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, lo que viola la Ley de Bosques.
Un claro ejemplo de esto es la finca San Francisco, donde el gobierno de Salta aprobó el desmonte de 6.400 hectáreas a pesar de que la Ley de Bosques allí no lo permite. Dicha finca es propiedad de Ignacio García del Río, presidente de la Asociación de Productores del Granos del Norte (PROGRANO), que nuclea a 200 grandes productores de Salta y Jujuy.
Más grave aún, resulta que la mayoría de los desmontes realizados en zonas protegidas por la Ley de Bosques están ubicados donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado suspender su ejecución, tras un amparo de comunidades indígenas y campesinas.
Por otra parte, varios de los desmontes se realizaron con permisos otorgados especulativamente por el gobierno de Romero antes de la sanción de la Ley de Bosques (más de 400.000 hectáreas), que el gobierno de Urtubey no adecuó a la nueva normativa forestal.
Un ejemplo de esto es el de la finca La Maravilla: un desmonte de 17.000 hectáreas, para el cual se realizó la audiencia pública un mes antes de la aprobación de la ley. La pérdida de estos bosques, denunciada afectó el área de uso tradicional de las comunidades wichi de El Paraíso, Arenales, Monteveo y Tonono.
En la provincia no hay controles efectivos a los desmontes ilegales, a pesar que desde la sanción de Ley de Bosques cuenta con un presupuesto importante. En ese sentido, resulta muy preocupante que, sin que ninguna autoridad provincial lo note, durante los primeros meses de 2013 se haya desmontado ilegalmente una finca de 16.600 hectáreas (casi el tamaño de la ciudad de Buenos Aires); lo que evidencia la falta de voluntad política del gobierno de Salta para aplicar la ley.
Como si fuera poco, recientemente Salta anunció que busca cuadruplicar su stock ganadero para 2030, lo que implicará el desmonte de 3 millones de hectáreas de bosque nativos protegidos por la normativa nacional.
La Sociedad Rural Salteña, PROGRANO y la Asociación de Productores de Legumbres del NOA, publicaron en julio de 2009 una solicitada reclamando la ampliación de las áreas destinadas al desmonte a más de cinco millones de hectáreas, lo que fue duramente criticado por Greenpeace y otras organizaciones sociales de la provincia.
Por su parte, en febrero de este año, la Sociedad Rural Salteña responsabilizó a la Ley de Bosques “por el freno durante 4 años a los permisos de habilitación de tierras ganaderas y escasa o nula inversión en el sector, perdiendo Salta en ese tiempo la oportunidad por precios y costos diferentes a los actuales, de poner en producción y poblar parte de las 3.000.000 de hectáreas estimadas, hoy sub aprovechadas”.
Está claro para quiénes está jugando el gobierno de Urtubey.
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