EL GOBIERNO DE SALTA DEJARÁ DE AUTORIZAR DESMONTES EN EL 80% DE SUS BOSQUES
Tras casi dos años de protestas de organizaciones ambientalistas, sociales, académicos y comunidades indígenas, el gobierno de Salta derogó los decretos con los que autorizaban a los terratenientes a desmontar en bosques protegidos. Patética y antidemocrática reacción de las entidades rurales.
Por Hernán L. Giardini
Salta es una de las provincias con mayor nivel de deforestación del país en los últimos veinte años, la cual fue motorizada principalmente por la expansión descontrolada de la frontera agropecuaria, generando un grave impacto sobre el ambiente y las comunidades indígenas.
Según datos oficiales, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 195.000 hectáreas; mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 415.000 hectáreas.
A pesar de que a fines de 2007 se sancionó la Ley Nacional 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, desde entonces en Salta se desmontaron más de 450.000 hectáreas, de las cuales 130.000 hectáreas eran bosques protegidos por la normativa.
Organizaciones ambientalistas, sociales, académicos y comunidades indígenas vienen reclamando desde hace casi dos años al gobierno salteño por los desmontes en zonas donde la ley nacional no lo permite. De la campaña de recolección de firmas participaron 350.000 personas, de las cuales más de 50.000 fueron de la provincia de Salta (casi el 6% del padrón electoral) y cuyas adhesiones fueron entregadas al gobernador el pasado 4 de diciembre por la coalición “Salta con Bosques”.
La violación de la Ley de Bosques en Salta también fue cuestionada por la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Secretaría de Ambiente de la Nación, y por más de cien organizaciones sociales y científicos de todo el país.
Tras los reclamos, sobre el final del año, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, derogó los decretos 2211/10 y 3136/11; los cuales permitían, a pedido de los dueños de las fincas, cambiar la zonificación establecida en el Ordenamiento Territorial y deforestar en áreas protegidas por la Ley de Bosques. A través de ese mecanismo, en los últimos dos años la provincia autorizó desmontes en 130.000 hectáreas de bosques protegidos, los cuales están en plena ejecución.
Con la derogación de los decretos, a partir de este momento se dejan de autorizar desmontes en una región que abarca unas 6 millones de hectáreas (el 80% de los bosques de la provincia). Por otra parte, el gobierno provincial anunció que convocará a organizaciones ambientalistas a conformar un consejo asesor para la futura revisión de su Ordenamiento Territorial en el marco de lo establecido por la Ley Nacional de Bosques.
Se trata, sin dudas, de un logro muy importante de las organizaciones sociales y comunidades que desde hace años luchan por defender los bosques y su gente.
En un patético comunicado de prensa, mediante el cual demuestran su voracidad y el desprecio por los bosques y sus históricos habitantes, y sobre todo, por la democracia y sus leyes; la Sociedad Rural Salteña, PROGRANO y FEDERSAL criticaron duramente la medida: “es una reacción torpe e inconsulta del gobierno ante presiones de grupos fundamentalistas a quienes no les interesa en nada el futuro y bienestar de los salteños (…) Lamentablemente, las autoridades prefirieron borrar de un plumazo las normas vigentes, sin que sean reemplazadas por otras, lo cual genera un vacío legal que profundiza la inseguridad jurídica y la incertidumbre, tanto para quienes vivimos en Salta como para quienes tenían la intención de invertir en esta provincia. (…) Siendo los bosques tan importantes para la preservación de un ambiente sano ¿por qué nadie, empezando por el Estado, está dispuesto a pagar por ellos?”.
Ladran Sancho…
http://revistacontracultural.blogspot.com.ar/
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