PERÚ: ALAN GARCÍA PROVOCA UNA MASACRE INDÍGENA PARA APLICAR EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS
Con la Masacre de Bagua quedó en evidencia de lo que es capaz de hacer el presidente del Perú para aplicar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y facilitar el acceso a las tierras y recursos de la Amazonía a los grandes capitales internacionales: 200 indígenas fueron masacrados por protestar contra decretos que permitían la explotación gasífera, petrolera y maderera de sus territorios ancestrales.
Con la Masacre de Bagua quedó en evidencia de lo que es capaz de hacer el presidente del Perú para aplicar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y facilitar el acceso a las tierras y recursos de la Amazonía a los grandes capitales internacionales: 200 indígenas fueron masacrados por protestar contra decretos que permitían la explotación gasífera, petrolera y maderera de sus territorios ancestrales.
Por Hernán L. Giardini
Perú negoció en mayo de 2004 un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, un acuerdo comercial de carácter vinculante y cuyos objetivos son el eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y servicios y favorecer la captación de inversión privada. El mismo incorpora, además de temas comerciales, temas económicos, institucionales, de propiedad intelectual, laborales y medioambientales, contrataciones públicas, servicios, políticas de competencia y solución de controversias, entre otros.
Así, el TLC entre Perú y EE.UU. fue suscripto el 8 de diciembre de 2005 en Washington y ratificado por Perú el 29 de junio de 2006. El Congreso de Estados Unidos le dio forma definitiva el 4 de diciembre de 2007.
Lo cierto es que el TLC entre ambos países entró en plena vigencia el 1º de febrero de 2009 luego de que el George Bush, el entonces presidente de los Estados Unidos, firmara su implementación el 16 de enero de 2009 en Washington, el mismo día en que el Presidente Alan García lo hiciera en Lima.
Pocos días después el presidente peruano Alan García aprobó una serie de decretos sobre la tierra y el medio ambiente, con el objeto de adaptar el TLC con Estados Unidos a la legislación peruana. Los mismos regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva amazónica peruana, incluidos los recursos gasísticos, petroleros y madereros.
La concesión de explotación petrolera en la región (que tiene el tamaño de Puerto Rico) le pertenece a un consorcio transnacional conformado por la compañía canadiense Talisman Energy, que cuenta con una mayoría accionaria del 40%; mientras que la española Repsol y la brasileña Petrobras tienen 30% cada una.
Perú es uno de los doce países con mayor riqueza biológica a nivel mundial y su Amazonía es una de las áreas de mayor diversidad biológica en el planeta. Sin embargo, más del 70% de su superficie está dividida en concesiones otorgadas para exploraciones y explotaciones petrolíferas y gasíferas. Hay en Perú aproximadamente un centenar de compañías mineras y extractivas y otros 600 proyectos en marcha.
Pero los decretos firmados por Alan García fueron tajantemente rechazados por más de 65 etnias indígenas. Las comunidades denunciaron que los decretos oficiales abrían las puertas a la explotación y al control de sus tierras ancestrales por grandes empresas transnacionales, y al deterioro de los cursos de agua y de la biodiversidad amazónica.
Las comunidades indígenas, con razón, señalaron que con dicha legislación se contravenía su derecho a la consulta, contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que suscribió Perú. El estado peruano reconoce en la zona amazónica a unos 400.000 indígenas que viven en unas 12 millones de hectáreas tituladas.
Además, los pueblos indígenas alegaron que con la implementación de dichas normas se violenta su derecho a la vida. Por esta razón, iniciaron en abril pasado una protesta con bloqueos de rutas y ríos, y tomas de instalaciones petroleras, para conseguir la derogación de los mismos.
Tras casi dos meses de movilizaciones sin respuesta, Alan García dio la orden de reprimir. Y en la madrugada del 5 de junio más de 600 policías fueron enviados para dispersar por la fuerza a los miles de indígenas que protestaban. Una actitud autoritaria e irresponsable, sino perversa, porque el presidente sabía que esas acciones iban a generar resistencia y seguramente víctimas entre ambas partes enfrentadas.
Los policías peruanos reprimieron sin remordimientos a los nativos en Bagua, en una zona conocida como la Curva del Diablo. El gobierno aseguró, tres días después de los hechos, que había once indígenas y 23 policías muertos. Lo cierto es que más de 200 indígenas fueron masacrados y la mayoría de sus cuerpos arrojados al río para intentar ocultar la barbarie.
Luego vino el repudio de organizaciones sociales, obreras, estudiantiles y de maestros, que confluyeron en una multitudinaria marcha en Lima exigiendo justicia ante la masacre y la inmediata derogación de los decretos.
Así, el presidente Alan García dio marcha atrás y pidió al Congreso la derogatoria de los decretos 1090 y 1964, que el Parlamento derogó inmediatamente.
Con la Masacre de Bagua quedó en evidencia de lo que es capaz de hacer el presidente del Perú para aplicar el TLC y facilitar el acceso a las tierras y recursos de la Amazonía a los grandes capitales internacionales.
Pero esto que sucedió en Perú es tan sólo una muestra de un problema que se ha extendido a toda América Latina: la explotación del subsuelo y la devastación del medio ambiente en detrimento de los pueblos originarios y de la biodiversidad.
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