7 de diciembre de 2009

Bolivia avanza en su Evolución hacia una sociedad más justa y en armonía con la naturaleza

EN UNA HISTÓRICA ELECCIÓN EL PRESIDENTE EVO MORALES FUE REELECTO CON MÁS DEL 63% DE LOS VOTOS

El impresionante proceso de cambio que desde hace cuatro años vive Bolivia fue fuertemente refrendado por el pueblo con su voto, lo que ayudará a profundizar el proyecto que, con el sostén de los movimientos sociales, lidera el presidente Evo Morales. Un movimiento que por primera vez en la historia ha logrado el gobierno de la mayoría indígena y marginada. Un movimiento que recoge toda la experiencia organizativa, comunal y productiva de los pueblos originarios de América y la plasma en un proyecto político desde una perspectiva humana y articulada con la naturaleza.

Por Hernán L. Giardini


Cinco millones de bolivianos concurrieron a las urnas en unos comicios con un resultado que estaba cantado, ya que todas las encuestas indicaban que Evo Morales se convertiría en el primer presidente en lograr la reelección en 45 años de historia. Además, se eligieron 130 diputados y 36 senadores, y se realizaron 18 consultas autonómicas en varias regiones y municipios del país.

Evo Morales, que gobierna Bolivia desde enero de 2006, ganó los comicios con un apoyo de más del 63%, según el conteo rápido del 100% de los votos escrutados. El segundo lugar lo obtuvo con el 27% Reyes Villa, y el tercer puesto fue para el empresario de centro, Samuel Doria Medina, con un 6%. En el cuarto lugar quedó el alcalde de Potosí, René Joaquino, con un 3%.

Con ese porcentaje, Morales no sólo consiguió ser reelecto hasta el 2015 sino que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS) se aseguró la mayoría absoluta en el Parlamento.

La jornada electoral estuvo marcada por las novedades del nuevo padrón biométrico y el voto exterior, ya que por primera vez pudieron participar de la elección unos 170.000 bolivianos residentes en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos.

Cabe destacar que la fórmula Morales – García Linera obtuvo un 10% más de votos que en la primera elección, y que logró muy buenos resultados en los departamentos históricamente opositores del oriente boliviano. Además, el gobierno logró el apoyo de buena parte de la clase media boliviana, sobre todo en los sectores con formación universitaria.

Lo cierto es que el impresionante proceso de cambio que desde hace cuatro años vive Bolivia fue fuertemente refrendado por el pueblo con su voto, y esto ayudará a profundizar el avance hacia un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, mediante un gobierno socialista de base indígena que lidera Evo Morales con el sostén de los movimientos sociales.

Con una inflación controlada, fuerte superávit fiscal y niveles récord de exportaciones y reservas internacionales, el crecimiento promedio de Bolivia durante los cuatro años de gobierno de Morales fue del 4,5% anual.

Basta comparar los números del gobierno de Morales con las anteriores administraciones neoliberales: En febrero de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada implementó un impuesto a los salarios para reducir el déficit, por recomendación del FMI, e incendió el país para recaudar 100 millones de dólares. Hoy Evo Morales tiene atesorados casi 9.000 millones de reservas internacionales, las más altas per capita de América Latina.

Estos fondos permitieron a Evo implementar sus políticas sociales (como los bonos a los escolares, a los ancianos y a las mujeres embarazadas) y una serie de obras enfocadas a las regiones olvidadas.

Cabe destacar que, a fines de 2007, el presidente promulgó la Ley 3.791 de Renta Universal y Vitalicia de Vejez, cuyos beneficiarios ascienden a 676.000 ancianos.

Bajo el gobierno de Morales, Bolivia se convirtió en el tercer país declarado libre de analfabetismo en América Latina, luego de Cuba, que lo hizo en 1961, y de Venezuela, que con apoyo cubano lo logró en 2005. Fueron alfabetizadas 819.417 personas de un universo de 824.101 iletrados detectados (99.5 por ciento). Lo que fue posible gracias a los 28.424 puntos de alfabetización creados en los nueve departamentos de Bolivia; a los 130 asesores cubanos y 47 venezolanos que capacitaron a 46.457 facilitadores, y a los 4.810 supervisores bolivianos en la aplicación del método audiovisual cubano “Yo, sí puedo”.

También fueron notorios los avances en Salud, ya que (con la cooperación de Cuba) desde el año 2006 Bolivia cuenta con 12 centros y un instituto de oftalmología, que ya operaron de la vista en forma gratuita a más de 254.000 personas.

La recuperación de los recursos naturales fue una de las tantas promesas de campaña que Evo cumplió. Así, el presidente avanzó rápidamente en la nacionalización de los hidrocarburos y el 1º de mayo de 2006 promulgó el Decreto Supremo 28701 que establece que los dos megacampos San Alberto y San Antonio dejen para el Estado el 81% de su producción. Esto permitió al país ingresos de hasta 1.649 millones de dólares al año. Además de adquirieron acciones hasta obtener el 51% de las empresas Andina, Chaco S.A., Transredes y CLHB, que pasaron a manos de la estatal YPFB.

Por otra parte, Morales también avanzó en la nacionalización de la minería. El 7 de enero de 2007 pasó a manos del Estado la empresa minera Huanuni, reportando 96 millones de dólares al año. Se nacionalizó el cerro Posokoni, rico en estaño.

En cuanto a las comunicaciones, se nacionalizó el paquete accionario que tenía Euro Telecom Internacional en la Empresa Nacional de Telecomunicación (Entel). Además se inauguró el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, que agrupa a treinta emisoras, con el objetivo de democratizar la comunicación y fortalecer el derecho a la expresión de todos los sectores sociales.

La nueva Constitución abrió la posibilidad de transitar hacia una economía mixta, participativa, gerencial y comunitaria. Por otra parte, al limitar al latifundio, la nueva Carta Magna dejó abierta la posibilidad de una nueva Reforma Agraria. Por lo que resulta probable que el gobierno realice algunas expropiaciones (sobre todo en el oriente, donde existen grandes fincas a manos de pocos terratenientes) y distribuya las tierras entre las comunidades campesinas e indígenas.

Morales prometió también avanzar en la modernización e industrialización del país. Por lo que se esperan grandes obras en materia energética y de comunicaciones. Y es probable que se avance en la nacionalización de la electricidad y de la empresa de los ferrocarriles, actualmente en manos de una empresa chilena.

Lo cierto es que Evo Morales encabeza uno los procesos más interesantes de la rica historia latinoamericana. Un movimiento que por primera vez en la historia ha logrado el gobierno de la mayoría indígena y marginada. Un movimiento que recoge toda la experiencia organizativa, comunal y productiva de los pueblos originarios de América y la plasma en un proyecto político desde una perspectiva humana y articulada con la naturaleza.

Así, el tradicional ayllu (forma incaica de producción comunitaria entre familias) se ve reconstituido, por ejemplo, en las juntas vecinales de El Alto y de La Paz, y tiene un rol clave en la presente dinámica boliviana, por su carácter no depredador y no consumista.

Estas formas de organización y conocimientos ancestrales indígenas son, sin dudas, una gran contribución para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo productivo diferente al occidental capitalista, que en gran medida ha puesto al planeta al borde del colapso.

Y esto puede leerse claramente en el hermoso prólogo de su nueva Constitución:

“En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia.”



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De la ilegitimidad a la fiesta de la democracia

HONDURAS – URUGUAY: DOS CARAS DE LATINOAMÉRICA

Tras varios meses de gobernar con las armas, los militares hondureños junto con la oligarquía lograron legitimar lo indefendible: el golpe de Estado y el derrocamiento de Manuel Zelaya. El alto e histórico abstencionismo da cuenta de un estado de situación del pueblo. Por el otro lado, el mismo 29 de noviembre, Uruguay festejó la victoria del Pepe Mujica con el Frente Amplio en segunda vuelta.

Por Marcelo J. Levy


Dos elecciones paralelas: La de la República Oriental del Uruguay, en donde tras un limpio proceso electoral el Pepe Mujica accede en segunda vuelta con 74 años al ejecutivo uruguayo, y por otro lado los ilegítimos comicios hondureños.

Vayamos por partes.

El pueblo hondureño vuelve a dar señales. Alrededor de un 70% del electorado no asistió a las urnas, lo que supone el abstencionismo más masivo de la historia de Honduras.

El gobierno de facto de Roberto Micheletti ha sacado de sus casas a miles de hondureños a la fuerza para obligarles a votar, y ha permitido que salvadoreños del derechista partido ARENA entren a votar debido a la poquísima afluencia de personas en los colegios electorales. Según denuncia el Frente Nacional de Resistencia Popular han tenido que mantener los colegios abiertos una hora más para poder recabar algún voto más.

El Frente, que cuenta con el total respaldo del presidente Zelaya quién los considera el futuro de Honduras, también ha denunciado que debido a la desesperación de los golpistas, se ha reprimido brutalmente la manifestación pacífica que se realizó en la ciudad de San Pedro Sula, en la cual resultaron varios compañeros heridos, golpeados y detenidos. Un compañero está desaparecido.

Venezuela, Nicaragua, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, El Salvador y Uruguay han ratificado que no van a reconocer el resultado de las elecciones debido a que Zelaya no está en el poder. Entendiendo cada vez más la jugada del imperio en todos estos meses y tirando abajo la idea de los que creían que Estados Unidos apoyaba la democracia en Honduras, Legitimó estas elecciones nulas por donde se las mire en consonancia con sus cipayos Perú, Colombia y Panamá.

No se puede obviar el lamentable sometimiento de parte del Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, a los designios del Departamento de Estado norteamericano. Apoyar a los golpistas en el llamado a elecciones ilegítimas y guardar silencio sobre las violaciones de los derechos humanos que sufre el pueblo hondureño nunca puede ser el camino de construcción de la Paz.

El gobierno de los EE.UU. es cómplice y gestor del golpe de Estado en ese país; un golpe realizado para someter al pueblo e imponer políticas de dominación y saqueo en la región. El manifiesto apoyo del gobierno de Obama al llamado a elecciones por la dictadura, es intentar justificar lo injustificable, ocultar y desconocer a la soberanía de todo un pueblo y al Presidente Manuel Zelaya, quien se encuentra prácticamente encarcelado en la Embajada de Brasil desde hace ya dos meses, soportando la permanente agresión de los golpistas.

Con esta farsa electoral se pretende ocultar los verdaderos motivos del golpe en Honduras, que es mantener a los pueblos en la miseria y la opresión, para poder seguir enriqueciéndose unos pocos, a costa además de la propia naturaleza. Busca contrarrestar el aumento del salario mínimo y garantizar mayores ganancias a las maquilas; reabrir el país a las concesiones mineras y forestales; expandir las privatizaciones y los beneficios del libre comercio para las transnacionales de EE.UU. y Europa; evitar acuerdos solidarios con países latinoamericanos; revertir el ingreso de Honduras al ALBA; profundizar y amarrar al país de acuerdo a sus intereses, económicos, políticos y militares.

Los grandes medios de comunicación, verdaderos monopolios al servicio de los intereses de dominación impuestos, desatan campañas nacionales e internacionales contra gobiernos que tienen pensamiento propio y buscan la independencia y soberanía de sus pueblos. Si su bombardeo cultural y los golpes de mercado no alcanzan, sobrevienen la agresión y los intentos de golpe de Estado por la CIA y el Departamento de Estado, como lo ocurrido en Venezuela, Bolivia y la agresión contra Ecuador por parte de Colombia.

En definitiva, el proceso hondureño no se detiene con una elección fraudulenta. Todo lo contrario. Se profundizará la resistencia de un pueblo que ya aprendió a auto organizarse. Si algo de bueno tuvo esto, fue darse cuenta de que el pueblo puede. Se inicia un camino arduo, de lucha en las calles, de violencia por parte del Estado hondureño con apoyo del Imperio, pero lo cierto es que Honduras nunca volverá a ser lo que fue desde la aparición de Manuel Zelaya.

Por otro lado, mucho más al sur de Latinoamérica, el Uruguay elegía en segunda vuelta a su nuevo presidente.

"Sabés una cosa pueblo, es el mundo al revés, en el estrado tendrías que estar vos y nosotros aplaudiendo (...) esta batalla la dieron ustedes" dijo el Pepe Mujica frente a miles de uruguayos que coreaban su nombre.

Senador, ex ministro, y ex combatiente y fundador del Movimiento de Liberación Tupamaros, Mujica ha sido elegido Presidente y esto le permite al Frente Amplio continuar asumiendo la responsabilidad política de gobierno.

El Frente Amplio, gana primero el gobierno de Montevideo y posteriormente las elecciones presidenciales con el médico Tabaré Vázquez en el 2004. La llegada al gobierno se constituyó como un hecho histórico sin precedentes. Puso fin al bipartidismo de colorados y blancos, que había gobernado por siempre el Uruguay, llegando por primera vez la izquierda a gobernar el país.

Este proceso ha estado lleno de expectativas y esperanzas, y al tiempo acompañado también de decepciones y desencuentros. Logros importantes se anota el gobierno frenteamplista: en el campo de los derechos sociales y laborales, en aspectos sobre el tema de la equidad de género y en la defensa de las minorías.
Muy polémicas y negativas han significado, por otro lado, decisiones del presidente Tabaré Vázquez como la de vetar la despenalización del aborto, afectando en el Uruguay los movimientos sociales de género o medidas del gobierno como la de cumplir con los términos del Fondo Monetario Internacional frente a la deuda externa. Tampoco debemos olvidar que mientras Hugo Chávez visitaba Argentina y Bolivia en marzo de 2007, Tabaré recibía en su tierra George Bush.

Se renuevan las esperanzas de un país que, castigado por los años encuentra a un Pepe Mujica con ansias de cambios, de voluntad de amalgamar al Uruguay con el resto del continente. Festejemos por el Frente Amplio, pero con atención. Dicen que quien se quema con leche ve una vaca y llora. En el río de la plata lo que más abunda es la producción ganadera.

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Viejos fantasmas

UNA NUEVA “CRISIS DE LA INSEGURIDAD”: POLICÍAS, DELINCUENTES Y BURGUESES ASUSTADOS

Desde hace un par de meses, la problemática de la violencia delictiva ha recuperado –nuevamente- su carácter de preocupación central para extensas franjas de las clases medias y altas de la ciudad de Buenos Aires y su conurbano. Paralelamente, otros temas de la agenda social no han levantado la misma polvareda. Por ejemplo, cuando el Papa instó a combatir el “escándalo de la pobreza” el gobierno nacional se sintió algo ofendido, pero la cosa no pasó a mayores; y cuando se publicó que la brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia, nadie dijo esta boca es mía. En cambio, desde que el ex futbolista Fernando Cáceres resultara gravemente herido en un intento de robo, los medios -y los ciudadanos que se expresan a través de ellos- no han cesado de vociferar reclamando mayor vigilancia policial y penas cada vez más severas.

Por Marcelo R. Pereyra


VIEJAS HISTORIAS

Esta historia no es nueva. Ya la hemos escuchado muchas veces en estos últimos años. Sin embargo, los que reclaman más mano dura insisten con las mismas recetas represivas que han demostrado su absoluta ineficacia, y prefieren mirar para otro lado y hacerse los tontos cuando alguien alude a la profunda inequidad socioeconómica que subyace en esta problemática. Esa cerril negación de la realidad que ejercitan los individuos de las clases más favorecidas desemboca, irremediablemente, en la búsqueda de soluciones fáciles y efectistas que son la coartada perfecta para ignorar, o desdeñar, el hecho que mientras ellos se preocupan –legítimamente- por su seguridad, hay muchos otros que se preocupan por lo mismo –el delito contra los pobres existe y mucho, pero tiene menos prensa-, pero que antes que nada se preocupan por lo que van a comer mañana. Elaborar políticas públicas para combatir el delito dejando de lado esta realidad es como querer combatir un incendio con un sifón de soda.

Una vez más habrá que aclarar desde estas páginas que para las clases medias y altas delito equivale únicamente a robo, y eventualmente secuestro –y más si son cometidos con extrema violencia-, y que detrás del aumento del delito contra la propiedad no está la pobreza sino el empobrecimiento: la primera es una condición estructural propia de la desigualdad social que es inherente al sistema capitalista; el segundo es el proceso hacia el cual se vieron arrastrados millones de argentinos desde que comenzaran a ponerse en práctica las políticas neoliberales en la infame década de los ’90. Empobrecimiento no sólo implica falta de recursos económicos: viene acompañado por otros agravantes - desempleo, escasa escolaridad, marginación social, ruptura de los lazos familiares- que terminan provocando en los sujetos afectados distintos sentimientos que oscilan entre la desesperación y el odio de clase, siendo este último el que explica la creciente e inexplicable violencia con la que se cometen algunos delitos contra la propiedad y contra las personas.

No es casual dentro de este panorama el crecimiento del consumo de drogas baratas, como el paco, dentro de los desclasados. Esta adicción no hace más que agravar sus condiciones de vida, a la vez que se convierte en necesidad que deben satisfacer saliendo a robar. Los medios masivos de comunicación se han ocupado en asociar droga con paco y pobreza, como exclusivo mecanismo explicatorio del fenómeno delictual. Con ello estigmatizan a los empobrecidos como si fueran los únicos que consumieran drogas, e invisibilizan las injustas condiciones socioestructurales que los empujan a delinquir.


VIEJAS RECETAS

Entre las habituales medidas punitivas que reclaman los alarmados ciudadanos en estas “crisis” suele figurar la rebaja a la edad de imputabilidad, vieja batalla de los manoduristas que ahora, parece, podrán ganar. Como sea, este reclamo obedece a una nueva simplificación del sentido común que asocia delito con juventud. De esa manera se obtiene un chivo expiatorio sobre el cual descargar todos los males habidos y por haber. A la vez, y esto ya se dijo repetidamente en estas páginas, llenar las cárceles de menores y/o mayores no soluciona nada. En doscientos años de existencia, la cárcel ha demostrado sobradamente en todo el mundo que no sirve ni para prevenir ni para reprimir los delitos. La cárcel sirve únicamente de placebo. O, en términos barriales, la cárcel es para la tribuna. Una tribuna llena de giles que creen a pié juntillas que pueden dormir más tranquilos si las prisiones revientan de delincuentes.

También es tradicional en las “crisis de la inseguridad” que se ignore el papel principal que cumplen las fuerzas policiales –la Federal y la Bonaerense- en la generación de los delitos contra la propiedad y contra las personas. Cotidianamente las noticias nos hablan de policías involucrados en, por ejemplo, la trata de personas, la piratería del asfalto, y/o robos en countries. Hay también una frondosa bibliografía que relata las andanzas de los jefes superiores de ambas fuerzas, relacionados directa o indirectamente con todos y cada uno de los delitos posibles: “La secta del gatillo/Historia sucia de la Policía Bonaerense”, de Ricardo Ragendorfer; “La policía que supimos conseguir”, de Alejandra Vallespir, y “La Bonaerense/Historia criminal de la policía de la provincia de Buenos Aires”, escrito por Ragendorfer junto a Carlos Dutil, son de los mejores textos en ese sentido.

Las dos organizaciones mafiosas más fuertes del país también hacen caja con todo lo que pasa o se vende en la calle: los que ofertan sexo, los “trapitos”, los vendedores ambulantes, los que revenden entradas para los partidos de fútbol, todos deben aportar su diezmo a los de azul para poder “trabajar” sin ser molestados. Pese a ello, se insiste con sancionar Códigos de Contravenciones cada vez más duros. El proyecto que se apresta a sancionar la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone castigar a los padres de los menores que dejen de ir a la escuela, a quienes hagan ruidos o toquen campanas (¿?) que afecten la tranquilidad (no se sabe si estarán excluidas las iglesias) y a quienes expendan alcohol a mayores que luego se emborrachen. Se trata de un proyecto antediluviano que amplía de manera muy peligrosa las facultades policiales. Como declaró Hugo Cañón, presidente de la Comisión de la Memoria, el gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, aumentaron el poder de fuego de una policía que no se cansa de actuar con una violencia cada vez mayor, al tiempo que viola permanentemente derechos y garantías constitucionales.


NUEVAS VÍCTIMAS

Los únicos delitos que los policías no cometen por dinero son el “gatillo fácil”, la tortura, la desaparición de personas y la represión salvaje. Rubén Carballo, de17 años, apareció tirado en un zanjón en estado de coma, con su cuerpo lleno de moretones y manchado con la pintura azul que tiran los camiones hidrantes de la Federal, la noche del 14 de noviembre pasado, cuando junto a muchos chicos esperaba entrar al estadio de Vélez para ver un recital de rock. Esa noche la Federal comenzó a reprimir a los pibes porque sí, o porque tenía algún tipo de “arreglo especial” con la reventa de entradas que hizo para la ocasión la barra brava del club. Lo cierto es que la Defensoría del Pueblo porteña recibió posteriormente una cantidad denuncias que la llevaron a afirmar que se constataron “numerosos caso de violación de los derechos humanos por parte de la Policía Federal Argentina, además de situaciones de corrupción y abuso de autoridad”. Otro adolescente, Luciano Arruga, de 16 años, salió el 31 de enero pasado de su casa en Lomas del Mirador y permanece desparecido desde entonces. Se sospecha del accionar policial en el destacamento local porque un testigo que estuvo detenido el mismo día de la desaparición de Luciano dijo haberlo visto en la comisaría de la zona “con muchos golpes y muy mal. Lo golpearon hasta matarlo”. El ministro Stornelli separó a los ocho policías que estuvieron de guardia aquella noche, pero meses más tarde los reincorporó al servicio activo. La Asociación por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza presentó una denuncia inculpando a la Bonaerense de reclutar adolescentes pobres para delinquir, con los cuales se “asocian” y a los que facilitan “zonas liberadas”. Al parecer, Luciano había sido “invitado” por la policía a participar de la movida, pero se negó. Como “sanción” lo molieron a palos hasta matarlo.

Una víctima más de la organización mafiosa encargada de proveer seguridad.

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El mundo no aguanta más... Cambio climático, crecimiento económico y pobreza


EN DICIEMBRE SE REALIZARÁ EN COPENHAGUE (DINAMARCA) LA 15ª CONFERENCIA DE LA ONU SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, DONDE SE ESPERA LLEGAR A UN ACUERDO GLOBAL PARA SALVAR AL PLANETA

En Copenhague se tendrá que pensar mucho más que sólo en mitigar o adaptar, como se viene impulsando, sino en discutir seriamente este alocado modelo de globalización consumista. El globo terráqueo no puede ni debe seguir las metas de consumo de Estados Unidos. No nos alcanza el mundo. Debemos promover el decrecimiento económico sostenible, con más empleos verdes y solidarios en las economías hiperdesarroladas y la disminución de sus consumos desenfrenados (lo mismo que en los enclaves hipertrofiados y consumistas de los países pobres) y por otro lado, el crecimiento sostenible de las economías en desarrollo, para alcanzar una escala mínima de escala humana (alimentación, educación, salud, derechos al buen vivir).



Por Walter A. Pengue


Mientras las tasas de crecimiento de la economía global sigan expandiéndose en números totalmente desconectados de su base de sustentación real, la naturaleza, el camino de nuestra especie como tal es uno sólo: el abismo.

Según algunos analistas, la tierra se “inició” sin el hombre y también “terminará” sin él. Podemos concordar o no con parte de este mensaje, pero si entenderlo como un alerta temprano frente a nuestra irracionalidad económica y social. Es también un importante grado simbólico de la amenaza que representamos como especie para el planeta. Sin embargo, fue en el siglo pasado y en el que actualmente ya atravesamos, el momento en que hemos logrado desarrollos tecnológicos fenomenales y también vencido (en relación con nuestra historia), desequilibrios e inequidades humanas que eran realmente brutales.

Pero por otro lado, lamentablemente para la visión de la economía global y de la mayoría de los decisores políticos y de algunos líderes del mundo, la única manera de resolver la “ecuación económica y por tanto la del bienestar” es seguir creciendo. Y cuando, esta tasa de crecimiento sea, más alta, mejor. Solo algunos gobiernos, por convicción real como los de Evo Morales o Rafael Correa y otros quizás siguiendo la postura de moda de algunos economistas como Stiglitz, tal el caso de Nicholas Sarkozy, comienzan a incorporar en sus discursos la idea del bienestar humano, promoviendo el cambio de índices ya tan arcaicos para medir el “desarrollo económico” como el PBI por otros, que incorporen medidas como la calidad de vida de toda la población involucrada, o el “buen vivir”.

La propuesta no es menor en los tiempos que corren, cuando prácticamente asistimos a un nuevo y muy posible fracaso en la cumbre de Cambio Climático de Copenhague, y cuyos impactos se focalizarán mucho más sobre los países en vías de desarrollo que sobre los desarrollados y en particular sobre sus poblaciones más pobres y vulnerables.

La discusión mundial de los gobiernos, muchos científicos y grupos de presión se centran en los mecanismos de mitigación y adaptación que se requerirán para hacer frente al mismo, intentando salvaguardar con estos mecanismos, tanto a la generación actual como en particular, a las generaciones futuras y (por qué no decirlo) a las otras especies y ecosistemas del planeta.

Ya en 1990 se habían asumido, por parte de una buena parte de los científicos del mundo, los impactos catastróficos por venir con el cambio climático. Prácticamente 20 años después muy poco hemos hecho y en países como la Argentina la situación puede hacerse también, muy compleja. A pesar de ser “por país”, un estado que suma poco a los gases de efecto invernadero global (estos son en particular el dióxido de carbono, pero también el metano (aportado por la ganadería o los basurales por ejemplo), el óxido nitroso (proveniente de la industria y la agricultura), los hidrofluorocarbonos (refrigeración), perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre), su perfil de aportes ha crecido en los últimos quince años, aumentando en un 50% en el caso de la energía, un 100% en relación a los procesos industriales, un 100% respecto de los residuos y un 30% considerando a la agricultura. No obstante lo más grave para el caso argentino tiene relación con los aportes dados, en particular en la última década (2000 a la actualidad) donde los cambios de uso del suelo devenidos en particular de la deforestación para liberar tierra de bosques nativos y también hasta de montes implantados para la agricultura, parece no tener freno. Incluso con la existencia ya de una legislación para la protección del bosque nativo, que por trabas burocráticas provinciales y ahogo estatal derivado en la falta de inyección de recursos económicos tiene al instrumento más en el papel impreso que en el terreno donde el bosque se hace papel.

Copenhague no es una discusión “ambientalista”. Se ha convertido en una discusión económica, donde unos países, los más ricos harán la mayor cantidad de esfuerzos por aportar la menor cantidad de dinero posible para subsidiar a las medidas de mitigación y adaptación de las economías pobres (¡y garantizarse el seguir con sus estilos de vida y de consumo!) y estas, asisten con “la esperanza” de lograr “fondos frescos” que les permitan, seguir subsistiendo.

Un tercio o poco más de la población mundial vive en áreas de borde costero hasta unos 100 Km. de esta línea. Es una de las porciones de la humanidad en mayor riesgo, por la llegada de mayores inundaciones y eventos climáticos extremos. Argentina no está exenta de ello y los principales impactos se perciben ya en la Cuenca del Plata, en particular en su porción inferior. Pero también se encontrarán en riesgo el noroeste argentino y el noreste, situaciones a las que estamos ya sumando con claridad la mano del hombre, en particular por la implementación de un modelo extractivo agrícola, que está eliminando las áreas boscosas nativas.

El bosque no es importante sólo por su cuestión estética o paisajística. Lo es y mucho más por los servicios ambientales que presta: mitigación de las inundaciones, regulación del clima, atemperación de la sequía, mantenimiento de la biodiversidad, sostenimiento de la base alimentaria (miel de palo, carne de monte, medicinas naturales) de nuestros pueblos originarios y todo esto tiene valor y no solo el precio coyuntural de la tierra que lo sostiene.

Ese valor se entiende hoy más cuando en parte por estos efectos complejos e integrales se reflejan en la aparición de eventos extremos como sequías e inundaciones, con costos sociales y ambientales numerarios. Los más de diez millones de hectáreas afectadas y creciendo, deberían hacernos reflexionar a tiempo. Mientras en Entre Ríos y Corrientes se lucha contra la inundación, sacando ahora animales de lugares donde nunca debieron haber estado ni pastado o en el oeste, centro, sur de Córdoba, el Chaco, el oeste bonaerense, La Pampa o Santiago del Estero donde la sequía golpea sobre la soja por implantarse o recién implantada, donde tampoco debería nunca haberse sembrado o expandido hasta allí. Si no llueve de las casi 20 millones proyectadas para esta campaña, un 25% ya se verían imposibilitadas de ser sembradas.

Muchas de ellas (no todas), provenientes por supuesto, de tierras con bosque nativo, hoy deforestado. Catástrofe ambiental o imprevisibilidad humana. De ambas cosas y el cambio climático que comienza a sumarse por estas Pampas. Quizás como algunos investigadores plantean, habrá “más agua”, pero la recurrencia de fenómenos extremos obliga a prever formas de manejo más racionales y que acompañen a los ciclos de la naturaleza y no a los de la economía. En este sentido, en Copenhague se tendrá que pensar mucho más que sólo en mitigar o adaptar, como se viene impulsando, sino en discutir seriamente este alocado modelo de globalización consumista y algunos países de América Latina tienen propuestas y modelos que llevar y poder mostrar. El globo terráqueo no puede ni debe seguir las metas de consumo de Estados Unidos. ¡No nos alcanzan los mundos! China no debe tampoco seguir este modelo. Debemos seguir otro sendero. Promover el decrecimiento económico sostenible, con más empleos verdes y solidarios en las economías hiperdesarroladas y la disminución de sus consumos desenfrenados (lo mismo que en los enclaves hipertrofiados y consumistas de los países pobres) y por otro lado, el crecimiento sostenible de las economías en desarrollo, para alcanzar una escala mínima de escala humana (alimentación, educación, salud, derechos al buen vivir). Acompañar las tasas de crecimiento negentrópica (las provenientes de la única fuente verdadera de energía que es la solar), del 1 al 3% dependiendo de los ecosistemas y no mucho más. En los niveles tecnológicos actuales y de productividad global, el hecho que la tecnología haga crecer a la economía en niveles del 3,5% como mínimo, estaremos de seguro enfrentando problemas de empleo, siempre y cuando, no se piensen estos empleos de otra manera, totalmente distinta a la forma actual de ver el trabajo que es medido solo en términos de “productividad”. Es posible, que de cara al abismo, una humanidad más solidaria reconsidere la existencia de otras formas de entender el trabajo.

El último gran cataclismo financiero del año pasado tiró por la borda en poco menos de unos meses, las previsiones sobre el hambre en el mundo, planteadas por organismos como la FAO en su errática política de alimentación y aportó a la ecuación de la pobreza unos 1.100 millones de pobres y hambreados (en pocos meses, 200 millones más de hambrientos). El impacto climático, que es una consecuencia directa de las políticas de crecimiento de la economía industrial de los últimos 200 años, no puede ser pagado por ellos.

Los pobres no piensan en el cambio climático. Piensan en comer. Por lo tanto, la crisis financiera ha podido más (por lo menos más rápido) generar más daños a la población global que la crisis climática.

Pero esto ha sido solo una advertencia. El efecto combinado nuevamente en el futuro de ambas crisis tendrá consecuencias impredecibles. Hay que actuar ya, y la responsabilidad está en manos de las economías ricas, de la disminución de sus pautas de consumo de materiales y de energía y en los países pobres en resguardar sus recursos naturales, en ponerlos en valor real ya (quién valora los nutrientes que se “vuelan” hoy en Córdoba o el Chaco, el agua virtual consumida para productos de exportación que no necesitan los argentinos, los servicios ambientales que disminuyen o evitan inundaciones o catástrofes!) y en no seguir a pie juntillas, el canto de sirenas de la economía ortodoxa y la alocada carrera por el consumo superfluo, que nos ha traído hasta este punto.


Walter A. Pengue - Doctor Ingeniero Agrónomo. Universidad Nacional de General Sarmiento. Autor del libro “Fundamentos de Economía Ecológica”, Kaicron Editorial. Buenos Aires, 2009.
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Cuidado con lo que publicas: Censura en la era digital

EL CONTROL SOCIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Un asistente social de la Ciudad de Nueva York fue arrestado cuando se encontraba en Pittsburgh participando en las protestas contra el G20. Tras ser liberado bajo fianza, el FBI allanó su hogar… ¿El motivo? La utilización de Twitter. Elliot Madison ha sido acusado de obstaculizar detenciones o acusaciones, uso delictivo de un dispositivo de comunicación y posesión de instrumentos delictivos. Estaba publicando en Twitter (o twitteando, como se suele decir) información pública disponible sobre las actividades de la policía en las protestas contra el G20, incluyendo información sobre los lugares dónde se le había ordenado a la policía dispersar a los manifestantes.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)


Si bien alertar a la gente sobre información pública no parecería ser una falta digna de arresto, estén advertidos: muchas personas han sido arrestadas por el mismo “delito”… en Irán, vale decir.

El pasado 20 de junio, cuando los iraníes protestaban contra el desarrollo y los resultados de sus elecciones nacionales, el Presidente Barack Obama dijo en una declaración: “Los derechos universales de reunión y de libertad de expresión deben ser respetados, y Estados Unidos apoya a quienes procuran ejercer esos derechos”.

Su declaración fue publicada en inglés, farsi y árabe, y fue publicada en la propia página de Twitter de la Casa Blanca. El mensaje decía: “Exhortamos al gobierno iraní a que detenga todas las acciones violentas e injustas contra su propio pueblo”.

Los senadores estadounidenses, Charles Schumer, demócrata de Nueva York, y Lindsey Graham, republicana de Carolina del Sur, escribieron una carta a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, en la que la exhortan a que presione a las naciones europeas para que limiten la venta de tecnología de espionaje a Irán. En la carta escribieron: “Tras las recientes elecciones, el gobierno iraní ha utilizado una nueva central de vigilancia de comunicaciones para interferir y bloquear las comunicaciones a través de Internet y de teléfonos celulares como parte de sus intentos por reprimir a los ciudadanos iraníes que se manifiestan pacíficamente…incluso los mensajes de voz, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes instantáneos y tráfico de Internet, al igual que ciertas publicaciones en sitios de redes sociales como Twitter, MySpace y Facebook”.

Impresionado por la magnitud de la importancia de Twitter en las protestas iraníes, el Departamento de Estado de Estados Unidos le solicitó a Twitter que retrasara un mantenimiento del sistema que podría haber interrumpido el servicio mientras se llevaban a cabo las protestas en Irán.

Si bien Madison reflexionó en forma optimista, “Espero que el Departamento de Estado también salga a apoyarnos”, su defensor, el prestigioso abogado de derechos civiles Martin Stolar, dijo: “Esto es simplemente increíble. Es el caso más inconsistente y ridículo que he visto. Tiende a criminalizar los servicios de apoyo para las personas que están involucradas en actividades de protesta lícitas. Y es desconcertante que alguien pueda ser arrestado simplemente por caminar junto a otra persona y decirle: ‘Oye, no vayas por esa calle porque la policía tiene la orden de reprimir. Mantente alejado de allí’”.

Elliot Madison, su esposa y otras personas que viven con ellos fueron despertados por sorpresa el fin de semana pasado cuando la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo irrumpió en su hogar, los tuvo esposados durante horas, requisó su casa y se llevó computadoras y otros bienes de quienes viven en la casa. Madison describió lo que hizo el FBI “durante 16 horas procedieron a llevarse de todo, desde juguetes a imanes de heladera y muchos libros…Soy escritor. He escrito ficción, también he escrito muchos libros de no ficción. Soy anarquista y escribí muchas obras políticas. De manera que no solo se llevaron todas mis obras, se llevaron todo lo que tuvieron ganas de llevarse de mi biblioteca, que es bastante grande. Se llevaron muñecos de peluche de la serie Curious George, se llevaron imanes de la heladera, un bordado de Lenin que hizo mi abuela. Toda una serie de cosas extrañas».

En lugar de alentar y apoyar el uso de redes sociales descentralizadas para fortalecer nuestra democracia y promover la diferencia de opinión (recuerden, la propia campaña de Obama utilizó ampliamente estas herramientas de Internet y de telefonía celular), el gobierno parece ir en el sentido contrario. El Jefe de Policía de Los Ángeles, William Bratton, acaba de ser aclamado en la reunión anual de la Asociación de Jefes de Policía de las Principales Ciudades, una organización profesional de policías con cargos directivos que representa a 63 de las mayores ciudades de Estados Unidos y Canadá. Bratton lanzó el programa “Yo vigilo a Los Ángeles” (en inglés: I Watch LA), descrito como “un programa de sensibilización comunitaria creado para educar al público acerca de los comportamientos y las actividades que podrían estar vinculadas al terrorismo”. A pesar de que Bratton afirma lo contrario, de lo que se trata el programa iWatch es de espiar a los vecinos de uno y denunciarlos a la policía.

Un usuario iraní de Twitter, que escribe en la agencia de noticias on line Tehran Bureau, recordó las protestas de junio en un ensayo: “Un oficial nos habló por un altoparlante: ‘Dispérsense. Esta es la última advertencia’. Al verlos me temblaron las rodillas, pero la ola continuó empujando y yo fui arrastrado con ella”. Este usuario iraní de Twitter fue golpeado, herido, arrestado y detenido durante 20 días. Si bien Elliot Madison no sufrió daños físicos, su batalla legal recién comienza y su caso podría resultar fundamental para el futuro de la libertad de expresión en la era digital.

Ya es hora de que los censores digitales de Estados Unidos se dispersen.


Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

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1 de noviembre de 2009

Sueños de reelección

EL KIRCHNERISMO BUSCA SU CONTINUIDAD EN EL PODER EN UN CLIMA DE CRECIENTE CONFLICTO SOCIAL

Es innegable que en los últimos meses la conflictividad social ha aumentado; que la clase media está soliviantada y busca organizarse por fuera o por dentro de los partidos políticos; que amplios sectores populares se sienten frustrados porque no son los primeros en los que piensa el gobierno cuando se pone a diseñar políticas asistenciales. En este contexto poco favorable, Néstor Kirchner y Cristina Fernández trabajan a destajo para idear estrategias que les permitan -a cualquiera de los dos- seguir siendo gobierno a partir de 2011. Por debajo, los excluidos, los ignorados, se organizan. La pulseada será dura y su resultado es un enigma difícil de resolver.

Por Marcelo R. Pereyra


El fin justifica los medios

La cosa es más o menos así: las elecciones presidenciales de 2011 están ahí nomás. El primer matrimonio de la Nación es conciente de su brutal pérdida de prestigio en las capas medias de la población y en una buena parte de los sectores populares. La derrota del 28 de junio de este año terminó de corroborar lo que distintas encuestas venían presagiando. Entonces los Kirchner se pusieron a elucubrar sobre cuál debía ser la estrategia a adoptar para recuperar su ascendiente sobre el electorado más díscolo. La primera idea fue una que venían rumiando desde el año pasado, cuando se enfrentaron con las patronales agropecuarias por la gigantesca recaudación que dejan las retenciones a las exportaciones de granos: la ley de medios audiovisuales. Cuando esta norma se reglamente y se ponga en funcionamiento, el Grupo Clarín deberá desprenderse de algunas de sus joyas. Con ello el matrimonio presidencial logrará dos objetivos: disminuir el poder de fuego del principal conglomerado mediático del país y repartir sus despojos entre empresarios afines, amigos y/o socios.

Luego, el binomio que mora en Olivos pergeñó un anteproyecto de reforma del sistema político: una saludable intención de modificar normas obsoletas, pero de cuya intención última –limitar la posibilidad de formar listas por afuera de una sigla partidaria- ya se ha comenzado a sospechar. Y por último decidió lanzar planes de ayuda económica (asignación por hijo y constitución de cooperativas de trabajo) para aquellos que habitan en lo más profundo de la pirámide social, quienes conforman, casualmente, la base electoral que todos los políticos ansían seducir. Esta última medida fue catalogada por la oposición de “clientelística”, porque les cede a los intendentes del Gran Buenos Aires la exclusiva autoridad para repartir la torta -es decir, la plata-, algo que los barones del conurbano ya venían haciendo con otros programas de asistencia.

Para financiar los diez mil millones de pesos anuales que requerirá la implementación de la asignación “universal” por hijo, que supuestamente beneficiará a seis millones de chicos cuyos padres son desocupados o trabajadores informales, el gobierno recurrirá a los fondos de la ANSES que provienen de los aportes de los futuros jubilados. Se descartaron así otras posibilidades de financiamiento que hubiesen sido menos regresivas, como impuestos al juego, a las rentas financieras o a la riqueza. Habrá que ver con qué eficacia y transparencia se ejecuta esta política pública, y en qué medida contribuye a paliar la pobreza que afecta hoy en día a casi el treinta por ciento de los argentinos.


Peligro de movilizaciones

Pese a las pretensiones de universalidad que el gobierno le atribuye a su política social, muchos ciudadanos en situación de pobreza se sienten excluidos de los programas asistenciales, a los que se viene a sumar la asignación por hijo. Al igual que la oposición parlamentaria, argumentan que es necesario tener el visto bueno de los punteros del partido oficial para poder rasguñar algún dinerillo. Estos sectores, a los que los medios –tan afectos a las simplificaciones- denominan “piqueteros anti K”, protagonizaron una inédita protesta en las barbas de Mauricio Macri, el Lord Mayor de la ciudad de Buenos Aires: se instalaron en la avenida 9 de julio, frente al ministerio que maneja toda la ayuda social y que está a cargo desde 2003 de la cuñada presidencial, Alicia Kirchner. Después de haber acampado durante treinta horas se llevaron la promesa de que podrán acceder al plan “Argentina trabaja” sin tener que pasar por el filtro de los intendentes. Mientras tanto, otros grupos han comenzado a presionar a grandes supermercados para que les entreguen bolsones con comida: ¿cualquier parecido con diciembre de 2001 es mera casualidad?

Los reclamos de los que menos tienen, sus cortes de calles y sus movilizaciones enervan a nuestra reaccionaria clase media, a la cual le preocupa más la fluidez del tránsito que la miseria en la que viven millones de argentinos. Una clase media que se alarma hasta la paranoia con cada nuevo delito que se conoce, en especial si su víctima es un famoso, y que reclama más mano dura y represión de la protesta.

Pero para angustia y desazón de esos clasemedieros que asolan los programas radiales con sus mensajes retrógrados, prejuiciosos y fascistas, la protesta continuará: para los desocupados los programas asistenciales son apenas un mendrugo. Lo único que los podría sacar de la miseria sería un trabajo estable y bien pago. Para los ocupados la lucha no es menor. El trabajo en negro es la regla, y no la excepción, y en los conflictos gremiales el gobierno tiende a favorecer a las patronales, sobre todo si los trabajadores se organizan en nucleamientos antiburocráticos, como sucede en Kraft-Terrabussi y en el subte.

Los Kirchner tendrán que seguir agudizando el ingenio si quieren perpetuarse en el poder. La clase media les ha dado definitivamente la espalda, y amplias franjas de las clases populares también. Sólo conservan como aliados a empresarios, políticos y sindicalistas que viven de las transfugueadas, las prebendas y los negociados. ¿Les alcanzará?

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Macri encarna el creciente avance hacia una sociedad cada vez más individualista

SEGURIDAD Y CALLES LIMPIAS DE POBRES Y PIQUETEROS SON LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO PORTEÑO

Patotas oficiales para “limpiar” de indigentes al espacio público, escuchas telefónicas ilegales, y la conformación de la nueva Policía Metropolitana para barrer con la delincuencia y las protestas callejeras son las prioridades del gobierno porteño… y el reflejo de una sociedad cada vez más individualista.

Por Hernán L. Giardini

Dime en qué gastas y te diré quién eres

Para conocer el modelo de ciudad que pretende el Jefe de Gobierno porteño (y que anhela trasladar a todo el país a partir de 2011), basta con mirar en qué se gasta la plata.

A pesar de que está culminando el año, hay varios ítems importantes cuyos presupuestos asignados están lejos de ejecutarse: en obras escolares sólo se ejecutó el 36% del presupuesto asignado; en educación sexual un ínfimo 3%; en al área de salud (infraestructura y equipamiento) el 24%; en el Instituto para la Vivienda el 37%; en el Instituto Espacio para la Memoria únicamente el 3%; y en Subtes apenas el 16%.

Por el contrario, al tercer trimestre, el gobierno de Macri sobreejecutó partidas que expresan claramente su visión superficial de la ciudad y de la gestión: mientras en publicidad y propaganda se ejecutó el 114%, en pavimentos y veredas se gastó el 140%.

Para colmo, en el Presupuesto 2010 disminuyen notoriamente las partidas para salud, vivienda, educación y planes sociales. Mientras se duplican los fondos en reparación de veredas, se reducen los fondos de becas escolares.

Como si fuera poco, el gobierno de Macri decidió eliminar por completo el presupuesto que tenía asignado para la construcción de hogares para personas de la tercera edad y lo trasladó a veredas y pavimentos.

Y claro, gran parte del presupuesto está destinado al tema “seguridad”, que según las encuestas es el principal problema que aqueja a los “vecinos”.


La patota del espacio “público”

Mediante el violento accionar de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) el gobierno de Macri atiende el reclamo de “los vecinos” por una ciudad “más limpia” (léase sin cartoneros, vagabundos, villeros, negros, etc.).

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Defensoría General de la Nación, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acreditaron 14 denuncias que indican que esta unidad desaloja con violencia a personas que viven y duermen en las calles porteñas.

"El patrón de actuación de esta unidad es siempre el mismo: salen por la noche, con vehículos y personal sin identificación, no labran actas como corresponde a un organismo público, y tratan a las personas como si fueran cosas", afirma Andrea Pochak, directora adjunta del CELS.

Uno de los casos denunciados corresponde a una mujer de 30 años que, embarazada y junto a cinco chicos, fue golpeada por agentes de la UCEP el 10 de octubre pasado, en la calle Pasco al 1200.

Entre los documentos a los que accedió recientemente la justicia porteña se encuentra un informe de la UCEP realizado en julio donde describe los “ratios de eficiencia” de su particular accionar. En pocas líneas resume que la unidad realiza entre 15 y 20 operativos semanales y que cuenta con un 80% de eficiencia en la “recuperación del espacio público”.

Los documentos confirman las denuncias que en las últimas semanas se hicieron contra esta especie de patota oficial que sigue operando en horas de la madrugada, la mayoría de las veces contra “asentamientos de indigentes”, y contiene un informe en el que se resaltan los “grandes hitos” realizados por el organismo y se proyectan objetivos para lograr mayor “eficiencia”. También se admite que las víctimas de los desalojos suelen ser familias enteras: desde enero y hasta septiembre de 2009 la UCEP realizó 444 procedimientos, de los cuales sólo nueve no fueron contra indigentes.

Está claro que de lo que se trata es de “limpiar” a las calles de Buenos Aires de pobres, tirándolos del otro lado de la Avenida General Paz. Para eso primero les ofrecen algo de dinero y, si no se van, los sacan a los golpes.

Espiando al enemigo

Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado contra la AMIA, recibió un llamado que le advirtió que su teléfono estaba "pinchado" por orden del ex comisario Jorge "Fino" Palacios.
Casualmente, o no tanto, Palacios fue el primer jefe designado de la futura Policía Metropolitana, que debió renunciar al cargo luego de las críticas recibidas por su actuación en la investigación del atentado contra la AMIA.

El espía Ciro James, que había trabajado para Palacios en la Policía Federal y estaba a punto de entrar en la Policía Metropolitana, fue procesado por la intervención del celular de Burstein.

Para completar, el escándalo de las escuchas ilegales se metió en el corazón de la familia Macri: un cuñado del Jefe de Gobierno denunció haber sufrido en 2008 la intervención de su teléfono en medio de una disputa familiar bajo la misma operatoria que el ex policía vinculado a Palacios utilizó para las pinchaduras por la causa AMIA.
Néstor Daniel Leonardo, marido de Sandra Cristina Macri, hermana del Jefe de Gobierno, declaró ante el juez federal Norberto Oyarbide ser víctima de la pinchadura de su teléfono por una decisión acordada entre Franco Macri y su hijo. A ellos atribuye la violación a sus líneas por oponerse al matrimonio con Sandra.


Sálvese quien pueda

Sabiendo que la “seguridad” es una de las prioridades de los porteños, Macri apuesta todas sus fichas (y recursos) a conformar lo antes posible su nueva Policía Metropolitana para “limpiar” la ciudad de ladrones y piqueteros.

Para conformar la nueva fuerza los dos modelos de seguridad que más analizó Macri fueron el de Nueva York, donde se utiliza la saturación de efectivos en las calles, y el de Londres, que tiene cámaras de vigilancia por todos lados para prevenir el delito en los lugares menos pensados (modalidad conocida como "Gran Hermano").

Lo cierto es que la idea de Macri es que la Policía Metropolitana tome cosas de ambos modelos: impulsará la colocación de cámaras en plazas y en lugares de transporte público y las integrará a través de un software para que llegar rápidamente a la zona de emergencia, se comprarán patrulleros de última tecnología con GPS, cada policía tendrá su uniforme, su equipo de comunicación y sus armas, y se intentará que la mayoría de las esquinas cuente con su policía fijo.

Lo más importante es que los policías, según se especula en los despachos del Ministerio de Seguridad, tendrán el aval político para actuar. "No hablamos de mano dura ni de tolerancia cero, pero tampoco habrá mucha tolerancia. Al policía no se le va a faltar el respeto", cuentan quienes trabajaron en el plan.

Pero lo que más preocupa de todo esto es que gran parte de la sociedad acompaña este proceso.

Esto se ve claramente cuando la queja por llegar tarde a casa o al trabajo solapa la solidaridad con los trabajadores del transporte que están de paro. O cuando los trabajadores desocupados deciden cortar una calle en reclamo por trabajo o por planes sociales que los ayuden a sobrevivir y por esto son vistos como enemigos.

Lamentablemente son muchos los que creen que “el derecho del otro termina cuando empieza el mío”, cuando en realidad deberían entender que si el otro no está bien, uno tampoco va a poder estarlo; y que cuanto más desigual resulte la sociedad, más conflictiva se pondrá.

En definitiva, Macri tan solo encarna el creciente avance hacia una sociedad cada vez más individualista.




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El diablo vuelve a meter la cola

SE FIRMÓ EL ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA POR LAS 7 BASES MILITARES

El libelo rubricado por Colombia y Estados Unidos lleva el nombre de Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad. El Gobierno de Álvaro Uribe recibirá hasta 40 millones de dólares como asistencia adicional por la firma de este pacto militar. Estados Unidos ha entregado más de 6 mil millones de dólares desde el año 2.000 a esta parte en el marco de la llamada "lucha contra el narcotráfico”. Frente al rechazo de toda la región, las relaciones se tensan cada vez más.

Por Marcelo J. Levy

Con bombos y platillos, el canciller colombiano Jaime Bermúdez anunció estos días el acuerdo firmado con Estados Unidos que permite la instalación de siete bases militares en Colombia.

Pese al rechazo de los países de la región, ambos gobiernos firmaron el convenio que autoriza la presencia en suelo colombiano de al menos 800 militares estadounidenses y 600 civiles contratistas del gobierno de EE.UU. La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, será el eje del total de siete instalaciones en las que los militares estadounidenses ejecutarán sus operaciones.

Es notorio que tamaño acuerdo no haya sido refrendado por el parlamento colombiano. Uribe aclaró que el texto del acuerdo militar no pasaría por el Congreso, según lo hicieron saber el Canciller y el Ministro del Interior al presidente de la Cámara y a los presidentes de las comisiones segundas de Senado y Cámara. Pese a que algunos congresistas de oposición pidieron que se dejara al Congreso revisar el convenio dado que implica el tránsito de tropas por el territorio colombiano, el presidente de la Cámara expresó que esto no era necesario.

Sin embargo, a diferencia de Colombia, el acuerdo de cooperación militar sí pasará por las manos del Congreso de EE.UU., según lo anunció el embajador yanqui en Bogotá William Brownfield. "Después de firmar un acuerdo ejecutivo, tenemos la obligación de pasar el texto al Congreso y específicamente, a los dos comités de relaciones internacionales del Senado y de la Cámara de Representantes".

El embajador se refirió luego al tema de la inmunidad de la que gozaría el personal estadounidense que opere en Colombia, uno de los aspectos más polémicos del acuerdo. Aseguró que "se trata de inmunidad, no de impunidad" por lo que recordó que en los diez años que lleva la "ayuda basada en el llamado Plan Colombia", han pasado por el país "alrededor de 10 mil militares de EE.UU." y un número similar de contratistas y que en ese período han tenido lugar "seis casos que sugieren delitos por parte de militares de EE.UU., que afectaban un total de 10 personas".

Si uno no cayera en la cuenta de lo profundamente conflictivo para la región que implican las bases, creería que algunas estas declaraciones son en broma: “Que quede claro, este acuerdo lo que busca es acabar con el narcotráfico y el terrorismo en Colombia (...), los países vecinos y toda la región pueden estar tranquilos", agregó el canciller colombiano Jaime Bermúdez en declaraciones a la prensa colombiana y consideró que "en la medida en que Colombia sea eficaz en esta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, vamos a beneficiar no sólo a todos los colombianos sino a toda la región y al mundo entero".
Pero entremos el texto específicamente. En el Artículo III del citado acuerdo que refiere el "Objetivo de la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad", ambos países se comprometen a "profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente". Nada se dice sobre la naturaleza de esas otras actividades, sólo que son para "enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia". Dentro del preámbulo del acuerdo se justifica su creación para "promover y facilitar la cooperación regional para contrarrestar las amenazas persistentes a la paz y la estabilidad, como el terrorismo". Tengamos en cuenta que Estados Unidos ha instaurado guerras en Irak y Afganistán bajo la excusa de preservar "la seguridad nacional" y desmantelar a "grupos sospechosos de terroristas".
Otro atropello se rubricó en el artículo XVII del convenio, referido a las "Licencias de conducción matrículas, seguros de vehículos y licencias profesionales". Se les otorga una plena libertad a los funcionarios estadounidenses en Colombia para conducir vehículos, buques y aeronaves sin supervisión alguna. "Las autoridades colombianas aceptarán la validez, sin exámenes ni cobros, de licencias o permisos de conducción de vehículos, buques o aeronaves expedidos por las autoridades competentes de Estados Unidos al personal de Estados Unidos" reza el texto.
El documento también define a los ciudadanos estadounidenses que podrán estar en Colombia como parte del Pacto. En este sentido, existirá en territorio colombiano, "personal civil", "personal militar", personal de los Estados Unidos", "contratistas de los Estados Unidos", "empleados de contratista de los Estados Unidos", "observadores aéreos", "partes operativas", "personas a cargo", quienes cumplirán diferentes funciones.
Con respecto a los "observadores aéreos", el acuerdo abre un punto ambiguo en el que establecen la presencia de "terceros" Estados en territorio colombiano, para que participen de las operaciones aéreas como parte del convenio.
"Por 'observadores aéreos' se entiende los representantes de Colombia o de terceros Estados que, previa autorización de Colombia y por invitación de los Estados Unidos, participen emisiones aéreas que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo", refiere el texto.
No sólo se le permite el uso indiscriminado de las siete bases sino que en acuerdo consiente también la utilización de las instalaciones y sitios que requieran los funcionarios de la Casa Blanca sin permiso ni especificación alguna. Colombia debe permitir "el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las Partes o sus Partes Operativas". (Se entiende como partes operativas según el tratado al Ministerio de Defensa de Colombia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos).
Mediante el acuerdo, Colombia otorga a Estados Unidos el privilegio de manejar correspondencia y documentos sin la necesidad de que estos pasen por el servicio postal colombiano, pudiendo utilizar incluso estampillas estadounidenses.
Estados Unidos también podrá hacer uso del espacio radioeléctrico de Colombia sin costo alguno, luego de que mediante el acuerdo se le permita instalar estaciones para la difusión de radio y televisión.
El convenio establece una vigencia por un período inicial de 10 años, con posible extensión luego de una previa revisión y acuerdo por las partes involucradas.
El acuerdo es largo y todos podemos acceder a su lectura. Lo que hay que decir es que estuvo, una vez más, firmado a puerta cerrada y de espalda a la opinión pública. Este hecho entra en coincidencia con la nueva doctrina político-militar de los Estados Unidos a través del comando sur y del Departamento de Estado para América Latina. El llamado enfoque inter-agencial que aparece en recientes documentos e impuesto a los gobiernos lacayos como el colombiano, se materializa en la reactivación de la cuarta flota naval de los Estados Unidos, la instalación de más bases y las operaciones contra-insurgentes disimuladas bajo los planes nacionales contra el narcotráfico y el terrorismo.
La instalación de las bases se da después del fracaso del ALCA, en plena crisis del modelo neoliberal y del capitalismo especulativo y con la consolidación de gobiernos anti-imperialista como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. De tal forma Mercosur, UNASUR y el ALBA son manifestaciones del cambio en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
Estados Unidos ha sido previsible: dos golpes de estado, uno en Venezuela y otro más reciente en Honduras, militarización, promoción del armamentismo y la creación de tensiones en las fronteras de Colombia con sus vecinos. Toda esta política se inscribe en la necesidad imperialista de meter la cola en la región, de retomar las riendas de una dependencia política y económica que en esta última década se ha debilitado de manera notoria.

La lógica de la tortura sigue en pie

ESTADOS UNIDOS SIGUE APLICANDO LA “RENDICIÓN EXTRAORDINARIA”

“Rendición extraordinaria” o entrega extrajudicial, es el eufemismo que utiliza la Casa Blanca para referirse a un secuestro. Si no lo cree, pregúntele a Maher Arar, un ciudadano canadiense que fue “extraditado” por Estados Unidos a Siria, donde fue sometido a torturas durante casi un año.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)

Esta semana, el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos del Segundo Circuito Judicial, en la Ciudad de Nueva York, desestimó una causa entablada por Arar contra las autoridades gubernamentales (incluido el Director del FBI, Robert Mueller, el ex Secretario de Seguridad Nacional, Tom Ridge, y el ex Fiscal General, John Ashcroft) que presuntamente habrían conspirado para secuestrarlo y someterlo a torturas.
Arar se encuentra hoy a salvo en Canadá, recuperándose junto a su familia. Pero con esta decisión el Poder Judicial está enviando una señal al gobierno de Obama de que no intervendrá para detener los brutales excesos de la “Guerra Mundial contra el Terrorismo” iniciada en la era Bush. Deja así intactas prácticas tales como la entrega extrajudicial, la tortura y el empleo del ‘privilegio del secreto de Estado’ para ocultar estos crímenes.
La trágica odisea que protagonizó Maher Arar es uno de los casos más conocidos y el que más a fondo se ha investigado de las víctimas de la “rendición extraordinaria” practicada por Estados Unidos. En el año 2002, Arar fue de vacaciones a Túnez junto a su familia. El 26 de septiembre, cuando viajaban de regreso a Canadá, al hacer escala en el aeropuerto internacional JFK, en la ciudad de Nueva York, Arar fue interceptado antes de que pudiera abordar su avión y quedó detenido por averiguaciones. Le tomaron las huellas digitales y fue registrado tanto por oficiales del FBI como del Departamento de Policía de Nueva York. Cuando solicitó un abogado, le dijeron que no tenía ningún derecho. Luego fue trasladado a otro lugar, donde se lo mantuvo incomunicado, sin comida ni asesoramiento jurídico, y se lo sometió durante dos días a interrogatorios agresivos. En los interrogatorios se le preguntó sobre su supuesta afiliación a diversos grupos terroristas, y sobre Osama Bin Laden, Irak y Palestina, entre otras cuestiones. Al cabo de esos dos días fue llevado encadenado a un centro de detención federal de máxima seguridad de Brooklyn, ciudad de Nueva York, donde fue sometido a un cacheo al desnudo y amenazado con ser deportado a Siria.
Arar pidió que no lo deportaran a Siria, su país de origen, porque allí seguramente sería torturado. Pero, tal como argumentarían posteriormente los abogados de Arar, eso era precisamente lo que sus captores esperaban que pasara. Finalmente se le permitió a Arar hacer una llamada y pudo comunicarse con su suegra, que le consiguió una abogada y la visita de un funcionario del Consulado canadiense. Durante casi dos semanas las autoridades estadounidenses lo amenazaron con la expulsión a Siria si no confesaba sus vínculos con el terrorismo. Pero no lograron obtener la confesión que buscaban. Arar negó una y otra vez tener algún tipo de relación con el terrorismo. Hasta que un fin de semana, en medio de la noche fue llevado a la fuerza y encadenado a un jet privado contratado por la CIA y, sin ningún tipo de trámite migratorio ni una llamada a su abogada o al Consulado canadiense, fue trasladado a Jordania, donde fue entregado a las autoridades sirias.
Durante 10 meses y 10 días, Arar permaneció encerrado en una oscura, húmeda y fría celda del tamaño de una tumba. Fue azotado con gruesos cables eléctricos y golpeado reiteradamente; lo obligaron a escuchar las torturas a otros prisioneros; lo mantuvieron sin comida; y lo amenazaron con choques eléctricos y otras atrocidades. Cuando ya no aguantó más la tortura, mintió y confesó que había sido entrenado como terrorista en Afganistán. Un buen día, después de casi un año, fue liberado de repente y entregado a Canadá, con casi 20 kilos menos y emocionalmente quebrado.
El gobierno canadiense, bajo la conducción del Primer Ministro conservador Stephen Harper, realizó una investigación, en la que determinó su propia culpabilidad por haber entregado información inexacta al FBI, y llegó a un acuerdo con Arar, que consistió en una disculpa y una compensación de 10 millones de dólares. El gobierno estadounidense, por su parte, no ofreció disculpa alguna. Ni siquiera eliminó a Arar de la lista de sospechosos de terrorismo. Arar tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos y hace dos años tuvo que prestar un testimonio ante el Congreso a través de una videoconferencia.
Arar dijo: “Estos últimos años han sido una pesadilla. Poco a poco, desde que volví a Canadá, mis heridas físicas han ido sanando; pero sigo sufriendo a diario las secuelas mentales y psicológicas que me dejó esa terrible experiencia. Sigo sufriendo de pesadillas y revivo constantemente lo que padecí. No soy la misma persona que era antes. Mi deseo es poder trasmitir al mundo lo frágil que se han vuelto nuestros derechos humanos y cuán fácilmente los mismos gobiernos que han jurado protegerlos nos los pueden usurpar.”
Dados los excesos del gobierno de Bush y las promesas de cambio de Barack Obama, muchos se han sorprendido de que estas políticas continúen en pie y que el Congreso y el Poder Judicial no hayan cerrado este capítulo de la historia estadounidense. El Presidente Obama no ha condenado en ninguna oportunidad la práctica de rendición extraordinaria. La abogada de Arar, María LaHood, del Centro por los Derechos Constitucionales, calificó de “escándalo” la decisión judicial contra Arar: “Esta decisión es de una amplitud tal que nos afecta a todos. Básicamente, lo que implica es que si el gobierno federal decide tomar acciones con el argumento de proteger la seguridad nacional, podría torturarnos y hasta matarnos y los tribunales federales no nos ampararían.”
En su opinión disidente, el juez Guido Calabresi afirmó: “Cuando se escriban los anales de este distinguido tribunal, la decisión mayoritaria adoptada hoy será evaluada con pesar.”
Considerando los tormentos que sufrió Arar, es admirable la calma con la que ha recibido la decisión. “Por sobre todo, esta decisión significa una pérdida para todos los ciudadanos y para el estado de derecho,” dijo Arar.
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Antena Negra TV: la comunicación no es mercancía

SE INAUGURA UN CANAL DE TELEVISIÓN ALTERNATIVO EN CABALLITO
Bajo la consigna “desenchufá el cable y poné la antena” se inaugura en el barrio porteño de Caballito un nuevo canal: Antena Negra TV.

Por Antena Negra TV
Somos un grupo de personas que estamos construyendo un canal de televisión, donde la comunicación no es mercancía. Donde este medio contribuya a mejorarnos como sociedad, reflejando y formando parte activa de los procesos de cambio social en función de aportar a la organización y la lucha de los diversos sectores.

Creemos, a diferencia de la lógica de los monopolios de las ideas, en que la autogestión no es una utopía.

Hacemos política a través de la comunicación. O sea que tenemos objetivos generales que esperamos realizar a través de la herramienta que elegimos que es el medio audiovisual.

Vemos a nuestra sociedad regida por relaciones de explotación, de alienación, de discriminación... una sociedad regida por la desigualdad y la dominación, por la impunidad y la represión. Donde reina la pobreza material y cultural. Estas no son condiciones casuales, son los resultados de la sociedad capitalista que padecemos.

El escenario en el que vivimos no va a modificarse dentro de estas relaciones, porque hay sectores sociales que se privilegian dentro del capitalismo y utilizan a los medios de comunicación como difusora de un único pensamiento regido por la mezquindad, la mentira y la conveniencia de unos pocos. Contra ellos peleamos.

Pero pensamos que el capitalismo no es solamente el poder de los dueños de todo. Es también una cantidad de formas de relacionarnos y de vivir en las que somos nosotros mismos cotidianamente los que reproducimos esta sociedad. En esto tienen mucho que ver los medios de comunicación, que nos hacen (no) pensar y (no) sentir como ellos quieren.

Para terminar esta situación hace falta que nos organicemos, desde abajo, desde nuestros lugares, con nuestros propios intereses, los que vivimos de nuestro propio trabajo, la clase explotada, en toda la amplitud y diversidad que esto implica: obreros, empleados, desocupados, estudiantes. Luchando contra el modelo de sociedad en la que vivimos y construyendo una sociedad nueva todos los días. Esto es lo que buscamos hacer y ayudar a hacer a través de nuestras prácticas comunicativas.

Buscamos construir un proyecto político comunicativo. Es decir, que tenemos un proyecto, objetivos que buscamos en lo comunicativo, una forma de hacer comunicación, una “política comunicacional” en la que intentamos crear:

- Comunicación de base. Con sectores populares. Con participación de base.
- Comunicación para la lucha. Participar con nuestras herramientas y prácticas comunicacionales en las luchas para que se escuche y vea lo que no se difunde en los medios masivos de comunicación a causa de intereses políticos y económicos.
- Comunicación para la organización y la unidad. Buscamos que los proyectos de los que somos parte sean espacios de participación, de articulación, de construcción de proyectos conjuntos de distintos grupos y de integración de más personas y agrupaciones.
- La construcción de medios autogestivos y no comerciales. Lo cual es para nosotros una cuestión estratégica que implica la verdadera autonomía de los medios de comunicación y la construcción de otro tipo de relaciones en torno y a través de estos.
- Socialización de herramientas técnicas y conocimiento.
- Aportar a la construcción de un pensamiento contra hegemónico al que nos impera.

Para ver Antena Negra TV: http://www.antenanegratv.com.ar/

Red PAR se declara en estado de alerta por las amenazas contra la subdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad Santa Rosa, Mónica Molina

La Red de Periodistas de Argentina por una comunicación no sexista (PAR) expresa su indignación y repudio contra los autores de la amenaza de muerte dirigida en forma anónima a nuestra compañera Mónica Molina, coordinadora internacional de la Red y subdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad de la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa.

En su denuncia ante la Fiscalía N º 1 de esa ciudad, nuestra compañera relata que una telefonista de la Subdirección recibió el pasado miércoles una llamada anónima, en la que una voz masculina advirtió a Molina que “le vamos a cortar el cogote y lo vamos a colgar en el mástil para que flamee junto con la bandera frente al municipio...”.

En posteriores declaraciones a los medios de prensa, Mónica denunció que “es muy probable que las amenazas tengan que ver con el allanamiento de Le Coq Doré”, un cabaret de Santa Rosa clausurado por un procedimiento conjunto entre el Municipio y Gendarmería Nacional, donde se encontró a una menor a quien se explotaba sexualmente. La causa fue iniciada semanas atrás por una denuncia de nuestra compañera.

Cabe recordar que Mónica Molina impulsó la sanción de una ordenanza que eliminó las whiskerías, cabarets y night clubs de las habilitaciones municipales, y denunció una red de tratantes de mujeres y niñas con objeto de explotación sexual, que terminó con más de una docena de presuntos proxenetas procesados y el cierre de numerosos prostíbulos encubiertos, siendo el ejemplo de Santa Rosa seguido por otros municipios dentro y fuera de la provincia.

No nos extraña pues que el/los autor/es de esta intimidación cobarde y solapada estén vinculados al submundo de la trata de personas, ya que sus métodos para practicar tan infame negocio son la coerción, la intimidación, la crueldad y la violencia contra mujeres indefensas, a las que reducen a la denigración y la esclavitud para llenar sus bolsillos con millones de dólares.

Las y los integrantes de la Red de Periodistas de Argentina por una comunicación no sexista (PAR), interpretamos que la amenaza a la compañera Mónica Molina es una provocación a las y los 130 periodistas miembros/as de esta Red, por lo que nos declaramos en estado de alerta y responderemos cualquier intento de agresión de manera contundente a lo largo y ancho del país, con las herramientas que la democracia, el derecho y la libertad de expresión nos proporcionan.
Red PAR

1 de octubre de 2009

Nada, nada cambia

EL DEBATE POR UNA NUEVA LEY DE MEDIOS (PARTE II)

La concentración de la propiedad de los medios y de todas las fases y procesos productivos vinculados con el quehacer infocomunicacional, y la centralización geográfica de la producción de contenidos inciden en la retracción de voces y emisores. La uniformación de los discursos sobre la sociedad es innegable, y es cada vez más difícil encontrar información seria, responsable y fidedigna. La nueva ley de medios audiovisuales carece de mecanismos concretos y prácticos para revertir esta situación, porque lo que ha animado su sanción no es una voluntad de cambio en la comunicación. Habrá en el futuro otros emisores, pero nada garantiza que habrá otros discursos.

Por Marcelo R. Pereyra

GLOBALIZACIÓN Y DESPUÉS

El salto tecnológico –la denominada revolución digital, principalmente- y la globalización de la actividad económico-financiera determinaron la expansión de los medios de comunicación, su agrupación en empresas multimediáticas y la fusión de empresas del entretenimiento con las infocomunicacionales. En América Latina, igual que en Europa y Estados Unidos, el nivel de concentración de la propiedad del sector infocomunicacional es elevado, y los megagrupos mediáticos tienen posiciones dominantes en más de una de las ramas de las industrias culturales. A fines de los ’80 y a principios de los ’90, el salto tecnológico alteró las lógicas de funcionamiento de las principales industrias culturales latinoamericanas y modificó la naturaleza y las acciones de los actores más caracterizados de este proceso, en el cual el sector privado contó con la aquiescencia de un Estado que facilitó la conformación de conglomerados multimediales.

Argentina es un caso testigo de la aplicación de modelos neoconservadores para la radiodifusión y las telecomunicaciones en América Latina. Modelos que no sólo se aplicaron en el ámbito infocomunicacional sino que se efectivizaron en otras ramas industriales, siempre merced a políticas públicas favorecedoras de los intereses corporativos privados. Por ello, la estructuración de los medios de comunicación debe analizarse teniendo a la vista las consecuencias concretas de su inserción en las estructuras del sistema económico capitalista periférico del cual forman parte. En ese marco, la comunicación mediática se ha transformado en sostén del poder del gran capital. Tempranamente, el Grupo Clarín advirtió el carácter estratégico de la comunicación y diversificó sus actividades en sintonía con la globalización.

MEDIOS Y GOBIERNOS

Las relaciones de los medios con la política y la opinión pública son factores clave a la hora de analizar cómo los cambios tecnológicos y económicos globales han influido sobre la información periodística en América Latina. A través de los años la región se caracterizó por tener gobiernos de distinto signo ideológico fuertemente intervencionistas. De una u otra manera, cualquier empresa privada siempre necesitó de estos gobiernos para poder desarrollar sus negocios, y las empresas de la comunicación y la información no han sido una excepción. En consecuencia, la estrecha relación del sector infocomunicacional con la clase dirigente ha creado lazos, obligaciones, prestaciones y contraprestaciones, que diariamente dejan huellas rastreables en el contenido informativo. La ley del gobierno de Cristina Fernández propone una autoridad de aplicación demasiado sujeta al poder ejecutivo. Si hubiera verdadera intención de democratizar la comunicación audiovisual, esta autoridad debería estar conformada como un ente autárquico, socialmente representativo y fuera del ámbito gubernamental. Por otra parte, la ley no contempla la regulación del acceso a la información pública ni la supervisión y control de la pauta publicitaria oficial. Si no hay una legislación clara y firme en estos aspectos tampoco puede hablarse de una real democratización de la información.


QUIÉNES DICEN QUÉ

Hablar de democratizar la comunicación requiere tener en cuenta tres conceptos que se articulan entre sí: pluralidad, diversidad y pluralismo. Pluralidad se refiere a la cantidad de medios que existen en un mercado, independientemente de los contenidos que ofrecen. Diversidad, en cambio, alude a la existencia de contenidos diferentes. Pluralismo entonces adquiere una connotación más política, y sería la sumatoria de pluralidad y diversidad. Unos medios pluralistas deberían ser diversos en el sentido de variados o diferentes. De esta forma, el pluralismo se convertiría en una expresión específica de la diversidad en tanto reflejase distintas formas de ver el mundo. De esta manera, la pluralidad no sería la única condición, aunque sí importante, para que hubiera pluralismo, por lo cual la relación entre éste y la concentración de la propiedad sería indirecta. Una legislación anticoncentración, como supuestamente es la que se apresta a sancionar el Congreso, podría garantizar la pluralidad, pero además habría que preocuparse por la diversidad.

El factor clave para determinar el carácter pernicioso de una concentración de medios es el análisis de sus contenidos. La hiperconcentración mediática y la homogeneización cultural son las madres de un discurso único que silencia las voces disidentes. Aunque es preciso reconocer que los adelantos tecnológicos también posibilitan una mayor democratización de la comunicación desde el momento en que desaparecieron las limitaciones espacio-temporales para acceder y difundir una mayor y más variada información. Los weblogs y los medios alternativos digitales son plataformas mediáticas emergentes donde tienen presencia las voces radiadas de los medios comerciales. Sin embargo, los medios alternativos audiovisuales no han sido especialmente considerados en la ley que está por sancionarse. Han sido incluidos en un nebuloso conglomerado de “organizaciones de la sociedad civil”, en el que tendrán que competir con poderosas fundaciones y cultos religiosos para conseguir una licencia. De manera que la diversidad de voces no está asegurada, ni mucho menos.


LOS MEDIOS SON PARTE DEL TODO

Pese a todo, todavía la sociedad no ha advertido de manera masiva lo pernicioso de la concentración de la propiedad de los medios comerciales. Estos, aunque criticados, aún gozan de la confianza de sus públicos. Y así la posibilidad de contar con contenidos informativos diversos se desdibuja, no sólo porque hay pocos operadores sino también por el poderío que estos detentan y por las estrechas relaciones que tienen con los poderes políticos y económicos. En un escenario de propiedad concentrada la agenda de temas que manejan los medios tiende a ser homogénea. Y el enfoque explicativo que los medios le dan a cada tema reproduce valores, prejuicios e ideas dominantes. En suma, es un enfoque que revalida el orden establecido.

Ahora bien, si los grandes medios convalidan el orden establecido es porque ellos mismos pertenecen a ese orden y se alimentan de él. Y porque es él quien les permite reproducirse como empresas capitalistas. Los medios no son una variable independiente del resto de las variables sociales. Ellos dan cuenta de las características de cada realidad social: el sistema de medios acompaña y legitima la injusta realidad en la que viven millones de argentinos y latinoamericanos. La concentración de medios en la Argentina forma parte del proceso de concentración de la riqueza en pocas manos, gracias a la cual el 10% más rico recibe 26,3 veces más que la misma proporción pobre. La actual desigualdad social es una de las mayores desde 1970. En algunos aspectos -como pobreza, indigencia y empleo ilegal-, las estadísticas son peores a las del 2001.


UNA MERA CAUSALIDAD

La concentración de la propiedad de los medios y de todas las fases y procesos productivos vinculados con el quehacer infocomunicacional, y la centralización geográfica de la producción de contenidos inciden en la retracción de voces y emisores. La uniformación de los discursos sobre la sociedad es innegable, y es cada vez más difícil encontrar información fidedigna, transparente e independiente de intereses políticos y económicos ajenos al quehacer informacional.

La aparición de voces contrapuestas al discurso del Poder está gravemente restringida, y la nueva ley de medios poco hará al respecto ya que no alterará la situación descripta más arriba, porque no es una voluntad de cambio en la comunicación lo que ha animado su sanción. Algún multimedios perderá unas radios y/o un canal de televisión que comprarán otras empresas, tal vez ligadas al gobierno actual. Y nada más. Pero eso sí: en los nuevos medios se hablarán pavadas y banalidades varias, se apelará al sensacionalismo y a la espectacularización en las noticias; habrá chistes sexistas, burlas a la homosexualidad y cosificación sexual del cuerpo de la mujer en la publicidad; se criminalizará la protesta social y gremial y se estigmatizará a los jóvenes y a los pobres; se fomentará la paranoia y la exigencia de mano dura frente a la delincuencia. Y se callarán las razones estructurales de la pobreza y la desigualdad social. Cualquier coincidencia con los medios actuales será una mera causalidad.

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