Viejos fantasmas

UNA NUEVA “CRISIS DE LA INSEGURIDAD”: POLICÍAS, DELINCUENTES Y BURGUESES ASUSTADOS

Desde hace un par de meses, la problemática de la violencia delictiva ha recuperado –nuevamente- su carácter de preocupación central para extensas franjas de las clases medias y altas de la ciudad de Buenos Aires y su conurbano. Paralelamente, otros temas de la agenda social no han levantado la misma polvareda. Por ejemplo, cuando el Papa instó a combatir el “escándalo de la pobreza” el gobierno nacional se sintió algo ofendido, pero la cosa no pasó a mayores; y cuando se publicó que la brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia, nadie dijo esta boca es mía. En cambio, desde que el ex futbolista Fernando Cáceres resultara gravemente herido en un intento de robo, los medios -y los ciudadanos que se expresan a través de ellos- no han cesado de vociferar reclamando mayor vigilancia policial y penas cada vez más severas.

Por Marcelo R. Pereyra


VIEJAS HISTORIAS

Esta historia no es nueva. Ya la hemos escuchado muchas veces en estos últimos años. Sin embargo, los que reclaman más mano dura insisten con las mismas recetas represivas que han demostrado su absoluta ineficacia, y prefieren mirar para otro lado y hacerse los tontos cuando alguien alude a la profunda inequidad socioeconómica que subyace en esta problemática. Esa cerril negación de la realidad que ejercitan los individuos de las clases más favorecidas desemboca, irremediablemente, en la búsqueda de soluciones fáciles y efectistas que son la coartada perfecta para ignorar, o desdeñar, el hecho que mientras ellos se preocupan –legítimamente- por su seguridad, hay muchos otros que se preocupan por lo mismo –el delito contra los pobres existe y mucho, pero tiene menos prensa-, pero que antes que nada se preocupan por lo que van a comer mañana. Elaborar políticas públicas para combatir el delito dejando de lado esta realidad es como querer combatir un incendio con un sifón de soda.

Una vez más habrá que aclarar desde estas páginas que para las clases medias y altas delito equivale únicamente a robo, y eventualmente secuestro –y más si son cometidos con extrema violencia-, y que detrás del aumento del delito contra la propiedad no está la pobreza sino el empobrecimiento: la primera es una condición estructural propia de la desigualdad social que es inherente al sistema capitalista; el segundo es el proceso hacia el cual se vieron arrastrados millones de argentinos desde que comenzaran a ponerse en práctica las políticas neoliberales en la infame década de los ’90. Empobrecimiento no sólo implica falta de recursos económicos: viene acompañado por otros agravantes - desempleo, escasa escolaridad, marginación social, ruptura de los lazos familiares- que terminan provocando en los sujetos afectados distintos sentimientos que oscilan entre la desesperación y el odio de clase, siendo este último el que explica la creciente e inexplicable violencia con la que se cometen algunos delitos contra la propiedad y contra las personas.

No es casual dentro de este panorama el crecimiento del consumo de drogas baratas, como el paco, dentro de los desclasados. Esta adicción no hace más que agravar sus condiciones de vida, a la vez que se convierte en necesidad que deben satisfacer saliendo a robar. Los medios masivos de comunicación se han ocupado en asociar droga con paco y pobreza, como exclusivo mecanismo explicatorio del fenómeno delictual. Con ello estigmatizan a los empobrecidos como si fueran los únicos que consumieran drogas, e invisibilizan las injustas condiciones socioestructurales que los empujan a delinquir.


VIEJAS RECETAS

Entre las habituales medidas punitivas que reclaman los alarmados ciudadanos en estas “crisis” suele figurar la rebaja a la edad de imputabilidad, vieja batalla de los manoduristas que ahora, parece, podrán ganar. Como sea, este reclamo obedece a una nueva simplificación del sentido común que asocia delito con juventud. De esa manera se obtiene un chivo expiatorio sobre el cual descargar todos los males habidos y por haber. A la vez, y esto ya se dijo repetidamente en estas páginas, llenar las cárceles de menores y/o mayores no soluciona nada. En doscientos años de existencia, la cárcel ha demostrado sobradamente en todo el mundo que no sirve ni para prevenir ni para reprimir los delitos. La cárcel sirve únicamente de placebo. O, en términos barriales, la cárcel es para la tribuna. Una tribuna llena de giles que creen a pié juntillas que pueden dormir más tranquilos si las prisiones revientan de delincuentes.

También es tradicional en las “crisis de la inseguridad” que se ignore el papel principal que cumplen las fuerzas policiales –la Federal y la Bonaerense- en la generación de los delitos contra la propiedad y contra las personas. Cotidianamente las noticias nos hablan de policías involucrados en, por ejemplo, la trata de personas, la piratería del asfalto, y/o robos en countries. Hay también una frondosa bibliografía que relata las andanzas de los jefes superiores de ambas fuerzas, relacionados directa o indirectamente con todos y cada uno de los delitos posibles: “La secta del gatillo/Historia sucia de la Policía Bonaerense”, de Ricardo Ragendorfer; “La policía que supimos conseguir”, de Alejandra Vallespir, y “La Bonaerense/Historia criminal de la policía de la provincia de Buenos Aires”, escrito por Ragendorfer junto a Carlos Dutil, son de los mejores textos en ese sentido.

Las dos organizaciones mafiosas más fuertes del país también hacen caja con todo lo que pasa o se vende en la calle: los que ofertan sexo, los “trapitos”, los vendedores ambulantes, los que revenden entradas para los partidos de fútbol, todos deben aportar su diezmo a los de azul para poder “trabajar” sin ser molestados. Pese a ello, se insiste con sancionar Códigos de Contravenciones cada vez más duros. El proyecto que se apresta a sancionar la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone castigar a los padres de los menores que dejen de ir a la escuela, a quienes hagan ruidos o toquen campanas (¿?) que afecten la tranquilidad (no se sabe si estarán excluidas las iglesias) y a quienes expendan alcohol a mayores que luego se emborrachen. Se trata de un proyecto antediluviano que amplía de manera muy peligrosa las facultades policiales. Como declaró Hugo Cañón, presidente de la Comisión de la Memoria, el gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, aumentaron el poder de fuego de una policía que no se cansa de actuar con una violencia cada vez mayor, al tiempo que viola permanentemente derechos y garantías constitucionales.


NUEVAS VÍCTIMAS

Los únicos delitos que los policías no cometen por dinero son el “gatillo fácil”, la tortura, la desaparición de personas y la represión salvaje. Rubén Carballo, de17 años, apareció tirado en un zanjón en estado de coma, con su cuerpo lleno de moretones y manchado con la pintura azul que tiran los camiones hidrantes de la Federal, la noche del 14 de noviembre pasado, cuando junto a muchos chicos esperaba entrar al estadio de Vélez para ver un recital de rock. Esa noche la Federal comenzó a reprimir a los pibes porque sí, o porque tenía algún tipo de “arreglo especial” con la reventa de entradas que hizo para la ocasión la barra brava del club. Lo cierto es que la Defensoría del Pueblo porteña recibió posteriormente una cantidad denuncias que la llevaron a afirmar que se constataron “numerosos caso de violación de los derechos humanos por parte de la Policía Federal Argentina, además de situaciones de corrupción y abuso de autoridad”. Otro adolescente, Luciano Arruga, de 16 años, salió el 31 de enero pasado de su casa en Lomas del Mirador y permanece desparecido desde entonces. Se sospecha del accionar policial en el destacamento local porque un testigo que estuvo detenido el mismo día de la desaparición de Luciano dijo haberlo visto en la comisaría de la zona “con muchos golpes y muy mal. Lo golpearon hasta matarlo”. El ministro Stornelli separó a los ocho policías que estuvieron de guardia aquella noche, pero meses más tarde los reincorporó al servicio activo. La Asociación por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza presentó una denuncia inculpando a la Bonaerense de reclutar adolescentes pobres para delinquir, con los cuales se “asocian” y a los que facilitan “zonas liberadas”. Al parecer, Luciano había sido “invitado” por la policía a participar de la movida, pero se negó. Como “sanción” lo molieron a palos hasta matarlo.

Una víctima más de la organización mafiosa encargada de proveer seguridad.

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