Los secuestros en Colombia ya no podrán adjudicárselos a la FARC

LAS FARC DEJAN LOS SECUESTROS COMO METODOLOGIA DE FINANCIAMIENTO

Se inicia una nueva etapa en la relación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para el estado colombiano estas medidas nunca son suficientes. Desde las FARC se desnudan decisiones analizadas por largo tiempo, en donde luego de las bajas sensibles de Raúl Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano proponen una nueva manera de accionar.

Por Marcelo J. Levy


Los procesos revolucionarios en Latinoamérica han tenido a través de la historia, distintas particularidades en virtud de las historias de sus pueblos, su idiosincrasia y las relaciones de fuerza coyunturales. Pero si algo hay en común es que han luchado contra el capitalismo, los piases imperiales y, como ocurre de manera ineludible, la connivencia con elites locales. En este caso, aparecen en escena las FARC. Es interesante analizar qué es lo que está ocurriendo por estos días en Colombia, en momentos en que oficialmente la comandancia decidió eliminar los secuestros como metodología. Y a su vez analizar como toma esto el gobierno derechista de Juan Manuel Santos.

No faltarán, desde el Estado colombiano, quienes no entendiendo o no queriendo entender el humanitario gesto y la correcta decisión política de las FARC de poner en libertad a los rehenes de guerra que están en su poder, se armen con el fusil de la especulación para disparar petardos y tratar de vendernos la falsa idea de que eso es una acción y un pensamiento de debilidad política, de fracaso de la lucha revolucionaria y un acto desesperado por ganar espacio y luego continuar con su política de guerra y terrorismo en mejores condiciones políticas que ahora.

Ya el Presidente Santos, a los segundos del anuncio de las FARC, dijo: “Eso no basta”. Quiere más pruebas por la paz, según él, como la desmovilización y entrega de armas al Estado colombiano de parte de la insurgencia.

Sin duda que las FARC ha recibido duros golpes políticos y, especialmente, en su expresión militar. Y eso, quiérase o no reconocerlo, obliga a la reflexión y, sobretodo, cuando una lucha específica (como la guerra) se ha prolongado por casi medio siglo continuado en Colombia. Las FARC han abierto un proceso interno de profunda reflexión desde hace tiempo.

La campaña política de todos los candidatos a la Presidencia de Colombia y, especialmente, la de Juan Manuel Santos, prometía incrementar la guerra, más mano dura contra la insurgencia y cerrar todas las vías posibles a una paz concertada que naciera de un diálogo entre las partes que participan en el conflicto político y armado sin dejar de lado la intervención de los sectores, por lo menos, organizados de la sociedad colombiana como tampoco una idónea veeduría internacional.

Hace poco, en la reunión de la CELAC realizada en Caracas, el Presidente Juan Manuel Santos le dijo de frente al resto de gobernantes, que lo mejor que podían hacer por la paz en Colombia era no hacer nada, es decir, no intervenir en los asuntos internos de los colombianos y las colombianas. Sin embargo, el mismo Presidente Santos avala la participación del Estado estadounidense en los asuntos internos de Colombia y, más concretamente, en el conflicto político y armado como, igualmente, ha dado opiniones políticas cuadrándose, por ejemplo, con la OTAN y los grupos que derrocaron por la violencia al gobierno de Gadhafi. Al Presidente Santos no le gusta que foráneos “subdesarrollados” se inmiscuyan en los asuntos internos de Colombia pero él sí se inmiscuye en los asuntos internos de otras naciones.

Hubiera sido interesante de analizar un escenario en donde, frente a la asunción de Santos, las FARC sin establecer mayores condiciones de por medio, liberen de todos los rehenes de guerra que estaban en su poder. Si alguna condición valía la pena, de haberse tomado esa decisión, era que una comisión de las FARC de alto nivel, comprometiéndose el gobierno colombiano a permitir la presencia de veedores internacionales, hiciera entrega de los rehenes de manera pública y en un lugar escogido de antemano acompañado, además, de un documento político para la prensa mundial donde la organización expusiera sus criterios más firmes y claros para el logro de una paz concertada con el Estado colombiano.

Ante la opinión mundial el entrante gobierno de Colombia se hubiese encontrado con llamados a aprovechar el gesto humanitario y político de las FARC para abrirle espacios al diálogo entre las partes en conflicto armado y político. De esta manera, quedaría en evidencia la inoperancia del Estado Colombiano que lejos de querer encontrar soluciones pacíficas, incentiva guerra interna. Y esto no es casual.

El ejército colombiano no logrará vencer a las FARC porque nunca terminan de adaptarse a las estrategias de la guerrilla, no sólo porque se encuentran dispersas en todo el territorio sino porque la geopolítica para Sudamérica proyectada en Washington cuenta con las FARC. A ella se la puede culpar de narcotráfico, el mayor de los pretextos para sostener las bases militares estadounidenses y reactivar en cualquier momento el plan Colombia. Por otro lado, Colombia debe seguir produciendo cocaína para satisfacer la adicción estadounidense de la que no se puede privar y porque los más de 400.000 millones que la cocaína genera por la venta al detalle sirve para alimentar a sus propios carteles CIA y DEA.

Es muy difícil que a las FARC se les dé oportunidad de integrase a la vida política mientras la extrema derecha gobierne el país desde los cuarteles, sin importar lo que pudiera hacer UNASUR porque la OEA y la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, sabemos, no ayudarán para que los combatientes de la guerrilla tengan una oportunidad política-social en Colombia.

La cúpula de las FARC y sus combatientes deben saber que una vez que decidan entregar las armas, su actividad terminará como una acción histórica de larga duración que inicio el 27 de mayo de 1964. Este hecho nos invita a reflexionar y nos da, sin duda, mucho material para analizar considerando la conquista iniciada en 1492 o en 1523 que todavía no ha terminado.

Que los caídos Jacobo Arenas, Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Mono Jojoy, Iván Ríos, Alfonso Cano, y los sacerdotes Camilo Torres Restrepo, Domingo Laín y Manuel Pérez, justifiquen las políticas que desde ahora encararán como organización revolucionaria.


ANEXO

Declaración Pública

Sobre Prisioneros y Retenciones

Cada vez que las FARC-EP hablamos de paz, de soluciones políticas a la confrontación, de la necesidad de conversar para hallar una salida civilizada a los graves problemas sociales y políticos que originan el conflicto armado en Colombia, se levanta enardecido el coro de los amantes de la guerra a descalificar nuestros propósitos de reconciliación. De inmediato se nos endilgan las más perversas intenciones, sólo para insistir en que lo único que cabe con nosotros es el exterminio. Por lo general, los mencionados incendiarios nunca van a la guerra, ni les permiten ir a sus hijos.

Son casi 48 años en lo mismo. Cada intentona ensayada ha redundado en un subsiguiente fortalecimiento nuestro, frente al cual vuelve a agrandarse la embestida y a reiniciarse el círculo. El fortalecimiento militar de las FARC de hoy se levanta en las narices de quienes proclamaron el fin del fin y los incita a proclamar la necesidad de acrecentar el terror y la violencia. Por nuestra parte consideramos que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones.

Por eso queremos comunicar nuestra decisión de sumar a la anunciada liberación de los seis prisioneros de guerra, la de los cuatro restantes en nuestro poder. Al agradecer la disposición generosa del gobierno que preside Dilma Rousseff y que aceptamos sin vacilación, queremos manifestar nuestros sentimientos de admiración para con los familiares de los soldados y policías en nuestro poder. Jamás perdieron la fe en que los suyos recobrarían la libertad, aún en medio del desprecio y la indiferencia de los distintos gobiernos y mandos militares y policiales.

En atención a ellos, quisiéramos solicitar a la señora Marleny Orjuela, esa incansable y valiente mujer dirigente de ASFAMIPAZ, que acuda a recibirlos en la fecha acordada. A tal efecto, anunciamos al grupo de mujeres del continente que trabajan al lado de Colombianas y Colombianos por la Paz, que estamos listos a concretar lo que sea necesario para agilizar este propósito. Colombia entera y la comunidad internacional serán testigos de la voluntad demostrada por el gobierno de Juan Manuel Santos que ya frustró un feliz final en noviembre pasado.

Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. Con la misma voluntad indicada arriba, anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria. La parte pertinente de la ley 002 expedida por nuestro Pleno de Estado Mayor del año 2000 queda por consiguiente derogada. Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia.

Serios obstáculos se interponen a la concreción de una paz concertada en nuestro país. La arrogante decisión gubernamental de incrementar el gasto militar, el pie de fuerza y las operaciones, indica la prolongación indefinida de la guerra. Ella traerá consigo más muerte y destrucción, más heridas, más prisioneros de guerra de ambas partes, más civiles encarcelados injustamente. Y la necesidad de recurrir a otras formas de financiación o presión política por parte nuestra. Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos.

Deseamos finalmente expresar nuestra satisfacción por los pasos que se vienen dando hacia la conformación de la comisión internacional que verificará las denuncias sobre las condiciones infrahumanas de reclusión y el desconocimiento de los derechos humanos y de defensa jurídica, que afrontan los prisioneros de guerra, los prisioneros de conciencia y los presos sociales en las cárceles del país. Esperamos que el gobierno colombiano no tema y no obstruya esta legítima labor humanitaria propulsada por la comisión de mujeres del continente.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, 26 de febrero de 2002.

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