LOS TERRATENIENETES
VIOLAN LA LEY DE BOSQUES CON AYUDA DEL GOBIERNO
En Salta los grandes terratenientes ya no necesitan esconderse para deforestar donde está prohibido. Aunque parezca increíble, el gobierno provincial autoriza desmontes a pedido: modifica la zonificación de las fincas establecida por la Ley de Bosques y todo queda prolijamente “dentro de la ley”.
Por Hernán L. Giardini (desde Salta)
En una de las provincias con mayor nivel de deforestación del país, motorizada principalmente por la expansión descontrolada de la soja y la ganadería intensiva, ni siquiera una ley nacional es suficiente para proteger sus últimos bosques nativos.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie desmontada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; pero entre 2002 y 2006 se duplicó y alcanzó 414.934 hectáreas.
A pesar de asumir como gobernador prometiendo “se acabó el festival de desmontes en Salta”, Juan Manuel Urtubey continúa con la política de tierra arrasada de su antecesor Juan Carlos Romero: desde la sanción de la Ley de Bosques (fines de 2007) se deforestaron más 350.000 hectáreas; de las cuales más de 100.000 eran zonas protegidas.
Cabe advertir que el avance de las topadoras está afectando seriamente a las comunidades campesinas e indígenas que vienen denunciando, sin ser escuchadas, el aumento de los desmontes en sus territorios.
Lo más grave de esta situación es que es el propio gobierno provincial quien está autorizando deforestar donde no está permitido, cambiando previamente la zonificación establecida por la ley.
Esto claramente viola la normativa nacional y sus principales objetivos: “a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo”.
La modificación de leyes ambientales no puede significar un retroceso en los niveles de conservación alcanzados con anterioridad, por el contrario, debe incrementarlos. Retroceder atenta contra varios principios consagrados en la Ley General del Ambiente, como el “precautorio”, el de “equidad intergeneracional”, el de “progresividad” y el de “sustentabilidad”.
En febrero del año pasado, la Sociedad Rural Salteña responsabilizó a la Ley de Bosques “por el freno durante 4 años a los permisos de habilitación de tierras ganaderas y escasa o nula inversión en el sector, perdiendo Salta en ese tiempo la oportunidad por precios y costos diferentes a los actuales, de poner en producción y poblar parte de las 3.000.000 de hectáreas estimadas, hoy sub aprovechadas”.
Coincidiendo con este reclamo, el gobierno salteño acaba de anunciar que planea cuadruplicar su stock ganadero para 2030, lo que implicará el desmonte de más de 3 millones de hectáreas de bosques protegidos por la normativa nacional.
La sanción de la Ley de Bosques fue un avance sin precedentes en materia ambiental y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil para doblegar intereses económicos. Sin embargo, a seis años de su aprobación, su efectiva implementación enfrenta severas dificultades que deben ser resueltas. Está claro que en Salta, Urtubey aplica su propia ley.
REVISTA CONTRACULTURAL
En Salta los grandes terratenientes ya no necesitan esconderse para deforestar donde está prohibido. Aunque parezca increíble, el gobierno provincial autoriza desmontes a pedido: modifica la zonificación de las fincas establecida por la Ley de Bosques y todo queda prolijamente “dentro de la ley”.
Por Hernán L. Giardini (desde Salta)
En una de las provincias con mayor nivel de deforestación del país, motorizada principalmente por la expansión descontrolada de la soja y la ganadería intensiva, ni siquiera una ley nacional es suficiente para proteger sus últimos bosques nativos.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie desmontada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; pero entre 2002 y 2006 se duplicó y alcanzó 414.934 hectáreas.
A pesar de asumir como gobernador prometiendo “se acabó el festival de desmontes en Salta”, Juan Manuel Urtubey continúa con la política de tierra arrasada de su antecesor Juan Carlos Romero: desde la sanción de la Ley de Bosques (fines de 2007) se deforestaron más 350.000 hectáreas; de las cuales más de 100.000 eran zonas protegidas.
Cabe advertir que el avance de las topadoras está afectando seriamente a las comunidades campesinas e indígenas que vienen denunciando, sin ser escuchadas, el aumento de los desmontes en sus territorios.
Lo más grave de esta situación es que es el propio gobierno provincial quien está autorizando deforestar donde no está permitido, cambiando previamente la zonificación establecida por la ley.
Esto claramente viola la normativa nacional y sus principales objetivos: “a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo”.
La modificación de leyes ambientales no puede significar un retroceso en los niveles de conservación alcanzados con anterioridad, por el contrario, debe incrementarlos. Retroceder atenta contra varios principios consagrados en la Ley General del Ambiente, como el “precautorio”, el de “equidad intergeneracional”, el de “progresividad” y el de “sustentabilidad”.
En febrero del año pasado, la Sociedad Rural Salteña responsabilizó a la Ley de Bosques “por el freno durante 4 años a los permisos de habilitación de tierras ganaderas y escasa o nula inversión en el sector, perdiendo Salta en ese tiempo la oportunidad por precios y costos diferentes a los actuales, de poner en producción y poblar parte de las 3.000.000 de hectáreas estimadas, hoy sub aprovechadas”.
Coincidiendo con este reclamo, el gobierno salteño acaba de anunciar que planea cuadruplicar su stock ganadero para 2030, lo que implicará el desmonte de más de 3 millones de hectáreas de bosques protegidos por la normativa nacional.
La sanción de la Ley de Bosques fue un avance sin precedentes en materia ambiental y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil para doblegar intereses económicos. Sin embargo, a seis años de su aprobación, su efectiva implementación enfrenta severas dificultades que deben ser resueltas. Está claro que en Salta, Urtubey aplica su propia ley.
REVISTA CONTRACULTURAL
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