América Latina: Resistencia y desafíos

NACIÓ LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS

La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) el pasado 3 de diciembre en Caracas, Venezuela, es un hecho histórico de grandes alcances sólo entendible si se considera un proceso de integración que une a más de 550 millones de habitantes de toda la región, abarcando un territorio de 20 millones de kilómetros cuadrados, con enormes recursos y reservas, lo cual significa el mayor paso de resistencia conjunta lograda en 200 años, reuniendo a 33 mandatarios y con la ausencia de Estados Unidos y Canadá.

Por Stella Calloni


La Celac es uno de los mayores desafíos, después de las frustradas independencias del siglo XIX, que se asume frente a un poder hegemónico en pleno proceso de recolonización mundial y que lleva adelante guerras coloniales por la ocupación de territorios y recursos, como son los casos de Afganistán (2001), Irak (2003) y Libia (2011), ante lo cual la Celac se constituye en un inédito acto de autodeterminación y soberanía.

El lugar elegido para su lanzamiento fue Venezuela, cuna del libertador Simón Bolívar, que junto a otros héroes latinoamericanos entendió desde un primer momento que sólo la unidad podía asegurar el desarrollo independiente y soberano de la región.

Los Estados que se integran -aún con las dificultades que deberán enfrentar- representan un territorio diverso con extraordinarias riquezas, fuentes de energía, minería, agua potable, biodiversidad, producción de alimentos, paisajes diversos de gran belleza y también, como una contradicción que es necesario superar en el siglo XXI, una enorme pobreza y desigualdad entre sus habitantes, millones de los cuales viven en la indigencia absoluta.

Se trata de pueblos hermanos que se liberaron juntos del colonialismo español en el siglo XIX, pero quedaron atrapados bajo otros imperios y otras redes coloniales que expoliaron, explotaron y colonizaron este continente y perpetúan la dependencia hasta nuestros días, produciendo también un verdadero genocidio a lo largo de todo el siglo XX.

La riqueza cultural, clave en la resistencia de nuestros países y especialmente de los pueblos originarios, es uno de los huesos más duros de roer para el imperio dominante, como lo señala Zbigniew Brzezinski, el analista polaco, eterno estratega y asesor de la política exterior de Estados Unidos, quien advirtió a los políticos estadounidenses que no se podría doblegar a sus "vasallos" de América Latina si no se dominaba la cultura en nuestra región.

Ahora esos políticos observaron con nerviosismo la Cumbre de Celac, donde tenían algunos representantes locales, pero no es lo mismo que en los tiempos en que la batuta estaba en sus propias manos.

Por eso algunos senadores norteamericanos como Robert "Bob" Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y Marco Antonio Rubio, republicano de La Florida, condenaron en Washington la presunta "pasividad" del presidente Barack Obama frente a una América Latina que se está yendo "del control de Estados Unidos".

Fueron varios los dirigentes republicanos que a viva voz dijeron, en estos días, que hay que reivindicar "la doctrina Monroe" de 1823, aquella de América (Latina) para los americanos (de Estados Unidos) conque daban a conocer a Europa y demás, que este era "su territorio" su "patio trasero" y que nadie podría poner las manos sobre "sus" posesiones.

La preocupación de Estados Unidos responde también a una poderosa razón de mercado: la cantidad de población y la extensión territorial que presupone un bloque de gran poder que tendrá un peso fundamental, en momentos en que la Unión Europea (UE) se diluye en una crisis que cada día se profundiza más, en buena parte provocada por Washington para eliminar la "amenaza" que significaba una Europa unida.

La solución que los organismos dependientes del poder hegemónico ofrecen a los países periféricos de la UE, los más afectados por la crisis, es una receta sin salida, que sólo lleva a la destrucción social, humanitaria y económica para transformarlos en simples neocolonias.

Esas mismas recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), impuestas en nuestros países, en los años 90 -cuando lograron colocar gobernantes como gerentes de empresas del poder hegemónico- provocaron grandes tragedias en nuestra América, pero crearon contradicciones liberadoras.

Fueron como el golpe final sobre los pueblos, que se levantaron y protagonizaron rebeliones contra el neoliberalismo imperante, abriendo otros caminos que llevaron a la emergencia de nuevos gobiernos, nuevos líderes políticos, otros renaceres concretados en uniones imposibles de imaginar, incluso para los propios estrategas imperiales de los años 90.

Emergiendo de las dictaduras criminales de los 70-80, los pueblos se vieron sometidos a otra tiranía global en los 90, que sepultaba los sueños y aspiraciones de democracias en paz y con justicia. Y la rebelión fue generalizada naciendo los nuevos movimientos sociales y políticos, rescatando el mejor pasado, desde aquel febrero de 1989 con el levantamiento popular que dio lugar al "caracazo" en Venezuela y siguió en todo el continente.

De alguna manera la respuesta política revelaba una raíz oculta: las dictaduras intentaron acabar con las dirigencias políticas más importantes y revolucionarias, matando a miles en todos nuestros países, pero el resurgimiento popular desde las cenizas demostró que no lo habían logrado.

La semilla sembrada en tantos tiempos de lucha seguía germinando y crecía con nuevos troncos y nuevas hojas. Ahora se suman miles de jóvenes a aquellos que libraron tantas batallas, inaugurando otro tiempo para América Latina.


Desafíos

Durante la Cumbre surgieron algunos de los acuciantes problemas del momento. Entre ellos el intento de Estados Unidos de desconocer el triunfo del presidente Daniel Ortega, reelecto con más del 60 por ciento de los votos, después que Washington gastara millones de dólares en tratar de robustecer a una oposición de por sí debilitada por sus propias alianzas.

Enviados y observadores europeos y de otros países juzgaron las elecciones como correctas y limpias, pero los de la Organización de Estados Americanos (OEA) traían un libreto para desacreditar los comicios. Aún así, las conclusiones forzadas de estos mencionaron "algunas irregularidades" que de ninguna manera podían cambiar los resultados.

Ante esta situación, políticos republicanos y funcionarios del gobierno de Obama como Hillary Clinton, hablaron de "fraude" y de no reconocimiento del triunfo de Ortega, considerando los comicios casi un "golpe de Estado".

Los duros intentan que se suspenda a Nicaragua por (supuestamente) violar la Carta Democrática Interamericana, en realidad destinada al tema de los golpes militares y mencionan la necesidad de restaurar "el orden constitucional en Nicaragua", como si este se hubiera roto.

La intención es clara: aplicar la misma maniobra a todo proceso electoral que no favorezca a Estados Unidos. América Latina y especialmente Venezuela deben estar alerta ante esta situación considerando que Washington gasta millones de dólares, especialmente en medios de comunicación masivos para manejar elecciones en América Latina, a pesar de que los pueblos han derrotado al poderoso armado mediático en varios países.

Por todas estas razones la Cumbre de la Celac es un enorme desafío a esas intenciones recolonizadoras. A pesar de las asimetrías, diversidades y enormes diferencias entre algunos países, ante los alcances de la crisis europea todos intentan ponerse a salvo.

Sin embargo no se puede dejar de advertir que algunos pueden estar dispuestos a jugar como "caballos de Troya" dentro del nuevo organismo regional, pero las propias circunstancias internacionales están apretando el cuello de todos. Y hay millones que no quieren morir asfixiados.

Se dejó en claro que Celac no intenta reemplazar a la OEA. De hecho las diversas acciones de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) actuando con celeridad asombrosa ante intentos golpistas como el de septiembre de 2008 en Bolivia, o el golpe en Honduras en 2009 -difícil de revertir ya que es un país ocupado militarmente por Estados Unidos- y luego en el caso de Ecuador en 2010, evidenciaron la inexistencia de la OEA y desenmascararon a ese organismo atado a las necesidades del poder hegemónico.

Además de Celac, continuarán actuando Unasur y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). Ambos grupos de integración han producido resultados concretos y altamente positivos tanto en lo económico, como en lo político y cultural con ejemplos de intercambios múltiples y creativos, y con mutuo respeto. Tanto Unasur como Alba trabajan activamente en el caso de Haití, cuando las grandes potencias mantienen congelados los escasos fondos de ese país, a pesar del brutal terremoto que mató a 200 mil personas y acentuó la tragedia del hambre, la pobreza y las enfermedades.

Existe un debate regional con respecto a la salida de las tropas de Naciones Unidas que integran varios países latinoamericanos. Lo que es claro en ese caso -y se oculta- es que ese lugar lo ocupará abiertamente Estados Unidos, cuyas tropas llegaron para "auxiliar" durante el terremoto y se quedaron porque su plan para instalar una base en territorio haitiano está armado desde hace tiempo.

No es el pueblo haitiano el que tomará las riendas de su defensa y al que le darán armas sus actuales gobernantes, más cerca de Washington que de la subregión caribeña. Por eso nunca como ahora se necesita hilar fino, conocer a fondo cada una de las situaciones en los países de América Latina, como una obligación de los movimientos y partidos políticos y del periodismo serio y comprometido con la verdad.

En Colombia, la situación tiende a empeorar ante la insistencia oficial por desdeñar los apoyos regionales para una negociación de paz, como sucedió en otros países en distintos momentos de la historia. La política interna de Colombia está marcada por la dependencia de las necesidades de Washington ya que Estados Unidos mantiene siete bases militares en ese país, y una de las misiones lamentablemente desde hace años es impedir la paz.

Estas bases, como las existentes en Honduras y en otros países latinoamericanos, están diseñadas para el proyecto geoestratégico de recolonización regional, que es el Plan Colombia y otros anexos y que amenazan al resto de América Latina y el Caribe.

En estos momentos los países más amenazados por el nuevo esquema expansivo y de guerras coloniales de Estados Unidos son Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, pero también hay una serie de planes sobre el resto de los gobiernos más progresistas. Otro país que está en la mira de las intervenciones armadas es México, a pesar de que Estados Unidos ya maneja los hilos de la brutal guerra antiterrorista en ese país que ha dejado -desde el año 2006 cuando se firmó el Plan Mérida similar al Colombia-, más de 56 mil muertos y miles de desaparecidos, ante el silencio indiferente y cómplice de los grandes medios.

En los últimos días también varios senadores de Estados Unidos advirtieron que México es un "estado fallido" sin control y que representa un peligro para su seguridad y el precandidato republicano Mitt Rommey, quien aspira a que su país controle "ya" el mundo entero, planteó junto a otros halcones, la "necesidad" de intervenir en México.

Desde que entraron las tropas y asesores estadounidenses, se involucró a las fuerzas armadas en la supuesta lucha contra el narcotráfico y como en Colombia se creó un "enemigo interno" sobre el que se aplica un terrorismo de estado encubierto. Florecieron los grupos paramilitares, como los Zeta, similares a los Kaibiles de Guatemala, famosos por su extrema crueldad en las masacres que protagonizaron en ese país.

Mientras el militarismo crece en la región, las redes de Fundaciones como la National Endowment Foundation (NED), conocida aquí como Fundación para la Democracia, distribuye dineros entre opositores y medios de comunicación, lo que antes hacía la CIA desde la sede diplomática, como también lo hacen la USAID (Agencia Internacional para el Desarrollo), la triste y célebre AID, de tantas injerencias criminales en el pasado.

Estas y otras como el Instituto Republicano Internacional, el IRI, o una institución similar de los demócratas, están a la orden del día en el tema de conformar redes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), destinadas a desacreditar y desestabilizar gobiernos, infiltrar y manejar las oposiciones políticas, movimientos sociales, incluyendo a agrupaciones de izquierda, sindicales, culturales y otras.

No son los únicos casos desafiantes para el futuro cercano, porque también están Honduras, donde continúa la represión y la muerte, Panamá, con población y trabajadores levantados contra el gobierno títere de Ricardo Martinelli, quien tres meses después de asumir el cargo firmó con Clinton acuerdos para instalar bases en ese país, o Guatemala, donde gobernarán militares responsables de una dictadura, que sucedió a otras y que dejaron 250 mil muertos y desaparecidos.

Mientras festejamos la llegada de Celac, que precisamente obliga a poner la mirada en una línea estratégica como nunca antes, existen estos peligros y amenazas.

Por eso completar el proceso abierto en la región para nuestra defensa necesita de un consenso latinoamericano político, económico y social en momentos en que la política comienza a ser el principal motor de transformación y crea esperanzas y desafíos múltiples, hacia las independencias definitivas. El dilema es recolonización o independencia, está en nuestras manos decidir y lograrlo.

http://www.contracultural.com.ar/

Para recibir el Boletín Contracultural:
contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar

Cierre de cuentas en los bancos que no rinden cuentas

OCCUPY WALL STREET SIGUE CRECIENDO

Menos de un mes después de que comenzara Occupy Wall Street, un grupo de personas se reunió en el histórico Washington Square Park, en el corazón de Greenwhich Village. Se trataba de un momento de gran crecimiento del movimiento, con cada vez mayor participación de los miles de estudiantes que asisten a las universidades de la zona del Bajo Manhattan. Se tomó la decisión de marchar a las filiales locales de dos de los bancos “demasiado grandes para caer”, con el objetivo de que algunos participantes cerraran sus cuentas y los demás pudieran realizar allí una asamblea para hablar sobre los problemas generados por estas instituciones irresponsables.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)


Según una demanda federal presentada esta semana en Nueva York, Heather Carpenter estudia para obtener su título de ayudante de enfermería y trabaja como asistente terapéutica de personas con discapacidades mentales en una casa comunitaria en Long Island para poder pagar sus estudios. Su prometido, Julio José Jiménez-Artunduaga, es un inmigrante colombiano en busca del sueño americano, que trabaja medio tiempo como mesero. Ambos marcharon desde Washington Square Park hacia la filial más cercana del Citibank, donde ella se dirigió a la caja para cerrar su cuenta tras explicar su decepción con la nueva comisión mensual de 17 dólares que el banco cobra a las cuentas con saldos inferiores a 6.000 dólares.

Como describe la demanda, la asamblea comenzó con el “anuncio de los participantes del monto de sus deudas, hablaron además de sus experiencias con los préstamos estudiantiles y enumeraron estadísticas vinculadas a la deuda de los estudiantes ya egresados”. El personal del banco llamó a la policía y Julio salió para evitar cualquier tipo de conflicto. Heather cerró su cuenta y también se marchó. En ese momento apareció un numeroso grupo de oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), entre ellos el Jefe del Departamento, Joseph J. Esposito, al igual que otros oficiales vestidos de civil. La policía irrumpió en el banco, trancó las puertas y comenzó a arrestar a quienes estaban participando de la asamblea.

Si bien Heather estaba afuera, un oficial vestido de civil la identificó como manifestante y le dijo que regresara al banco. Ella dijo que era un cliente y mostró su recibo. Para su asombro, como documentan las cámaras de video, el oficial la tomó por atrás y la empujó para obligarla a regresar al banco. Comenzó a gritar, pero en cuestión de segundos apareció en el vestíbulo rodeada de una docena de policías, donde fue esposada a la fuerza y arrestada. Julio también fue tratado con brutalidad y arrestado, todo por cerrar una cuenta en el Citibank.

Estuvieron más de 30 horas en custodia policial y fueron acusados de resistirse al arresto y de invasión de la propiedad privada. Un mes más tarde, la oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York informó que levantaría los cargos cuando comparecieran ante el tribunal. Heather y Julio de todos modos querían ver en el tribunal al Jefe Esposito y a los demás oficiales que los arrestaron, para exigirles una explicación por el uso excesivo de fuerza ejercido por los oficiales y el arresto ilegal de ambos.

Apenas semanas después de su arresto, el 5 de noviembre, miles de personas de todo Estados Unidos participaron de la acción llamada “Día de la Transferencia Bancaria”. Kristen Christian estaba molesta con el anuncio de que el Bank of America iba a cobrar una comisión mensual de 5 dólares por el uso de la tarjeta de débito. Creó un evento en Facebook y lo compartió con sus amigos. Al poco tiempo, el Día de la Transferencia Bancaria contaba con 85.000 seguidores en Internet.

Kristen informó que ese día se crearon 40.000 cuentas nuevas en cooperativas de ahorro y crédito sin fines de lucro en todo el país. Afirmó que la cuota de 5 dólares, que Bank of America había eliminado desde entonces, “muestra el poco contacto que los ejecutivos de los grandes bancos tienen con la gente...en el caso de Bank of America, la cuota solo se aplicaba a titulares que tenían menos de 20.000 dólares depositados entre todas sus cuentas. No podía apoyar a una empresa que tiene como blanco directo de su lucro a los más pobres y a la clase trabajadora”.

Poco después de la crisis financiera de finales de 2008, activistas de Oregon comenzaron a considerar la creación de un banco público del estado, utilizando como modelo al único banco estatal de Estados Unidos, el de Dakota del Norte. Las ciudades de Portland y Seattle están considerando actualmente sacar sus grandes cuentas municipales de los bancos de Wall Street. Según un informe, el Bank of America podría perder hasta 185.000 millones de dólares de clientes que cerrarán sus cuentas.

En enero de 2010 se creó Move Your Money Project, un proyecto que alienta a las personas a pasar sus fondos a bancos locales sin fines de lucro para desfinanciar a los megabancos de Wall Street. Sus impulsores publicaron un video inspirado en la película de 1946 “¡Qué bello es vivir!” (It’s a wonderful life), en la que el protagonista, George Bailey, lucha para proteger a los consumidores del avaro presidente del banco, el señor Potter. Como Bailey dice en la película: “Esta ciudad necesita a esta miserable e insignificante institución aunque tan solo sea para tener un lugar para que la gente venga sin tener que ponerse de rodillas ante Potter”. El video de Move Your Money finaliza con el siguiente mensaje: “Si dejas tu dinero en los grandes bancos, lo usarán para pagar a sus lobbistas para evitar que el Congreso modifique el sistema... No solo debes mirar ’¡Qué bello es vivir!”...saca tu dinero del banco”.

-----
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
http://www.democracynow.org/es

http://www.contracultural.com.ar/

Para recibir el Boletín Contracultural:
contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar

¿Fin de fiesta?

FUGA DE CAPITALES Y RECORTE DE SUBSIDIOS: CONFLICTOS Y TENSIONES EN EL ESCENARIO POST ELECTORAL

Cuando aún no se habían acallado los últimos ecos de los festejos por el triunfo lectoral, y de las homéricas y sentidas evocaciones de la figura del ex presidente Kirchner, se reeditó un clásico de la vida económica argentina: la fuga de capitales y la corrida hacia el dólar. Pocos días más tarde el gobierno decidió recortar subsidios por 600 millones de pesos. Súbitamente reaparecieron fantasmas de un pasado de incertidumbres y angustias al que nadie quiere volver. ¿Es un primer indicio del fin de la fiesta kirchnerista o es apenas un mal momento que será prontamente superado?

Por Marcelo R. Pereyra


LADRONES EN BIBICLETA

Quizás porque su resultado era muy previsible, quizás porque no hubo cambio de gobierno, las elecciones presidenciales argentinas del 23 de octubre último pasaron casi desapercibidas: los ganadores festejaron un poquito y a otra cosa. Más fervor despertaron pocos días después los actos recordatorios del primer aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, que habilitaron una renovada puesta en escena del culto a la personalidad, un clásico de la cultura política argentina en la que los individuos e individuas reciben más honores y elogios que las acciones de los colectivos sociales.

Cuando aún no se habían acallado los últimos ecos de los festejos por el triunfo lectoral y de las homéricas y sentidas evocaciones de la figura del ex presidente Kirchner, es decir, cuando en miles de argentinos y argentinas fuertes emociones todavía gobernaban los latidos de su corazón, se reeditó un clásico de la vida económica argentina: la fuga de capitales y la corrida hacia el dólar. Acudieron entonces desde el pasado miedos e incertidumbres acerca del devenir económico inmediato.

La fuga de dinero al exterior en cantidades superiores a las habituales se debería a que, por la crisis planetaria, las casas matrices de las empresas extranjeras radicadas en el país reclamarían ingentes remesas de dólares. Esta explicación luce como verosímil, mas habría que puntualizar lo sugestivo del momento elegido –apenas días después de haberse plesbicitado a Cristina Fernández como Presidenta de la Nación- para tomar esta decisión por parte de las empresas. ¿Acaso se están curando en salud y retiran todo el capital posible porque prevén algún tipo de medida de las autoridades que incida sobre sus activos bursátiles o bancarios? Como quiera que sea, en un país como la Argentina, en el que todas las grandes empresas son extranjeras, el aumento de las remesas al exterior es temible y preocupante. Por eso, “los minoristas”, o “el público”, se lanzaron desesperadamente sobre el billete verde, obligando al Banco Central a desprenderse de varios millones para mantener estable la cotización de la moneda estadounidense.

El gobierno encaró esta crisis como suele hacerlo en ocasiones similares: sancionando a los jugadores más débiles y dejando jugar a los más fuertes. De allí que mientras la AFIP cayó sobre el “chiquitaje” –verificando en cada pequeña compra de moneda extranjera el origen de los fondos- las grandes empresas prosiguen a su aire, montadas sobre redituables bicicletas financieras. Eso sí, para la tribuna dan muy bien esas imágenes de los noticieros de la tele, donde se ve a los sabuesos de la AFIP en las casas de cambio vigilando atentamente para que ningún astuto jubilado gire sus excedentes a las Islas Caimán.

LA PATRIA SUBSIDIADA

Sostienen los exegetas periodísticos del gobierno que “la política de subsidios del kirchnerismo a distintos rubros energéticos fue una de las puertas de salida que se le encontró a la deficiente administración de esas prestaciones en manos privadas” (Página/12, 3/11/11). Este débil argumento en realidad esconde que había otras “puertas de salida” más drásticas para las administraciones privadas “deficientes” que se decidió no encarar: por ejemplo, controlarlas; por ejemplo, cambiarlas. En cambio se decidió legitimar su “ineptitud” beneficiándolas con generosos subsidios. De acuerdo con cifras aportadas por el ministerio de Economía, en 2010, por ejemplo, se transfirieron a las empresas generadoras de electricidad 13.400 millones pesos y en 2011 se les transferirán unos 20.000 millones. Además, este año se les aportarán a las empresas de transporte público (trenes y colectivos) 17.000 millones. Para 2012, un total de 75.000 millones de pesos abandonará las arcas públicas e ingresarán en bolsillos privados en calidad de subsidios.

Pese a su carácter injusto, arbitrario y discrecional –porque financia a empresas, no a individuos-, el sistema de subsidios fue ensalzado por el kirchnerismo: “Forma parte del éxito del modelo económico”, ha dicho el ministro de Economía sin que se le borrara de la cara su estereotipada sonrisa. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué el gobierno ha decidido reducir subsidios por 600 millones? En conferencia de prensa Amado Boudou explicó que “el volátil contexto mundial (sic) nos pone en situación de recalibrar (sic) la pertinencia de algunas transferencias”. Parece que se cayó en la cuenta de que hay que guardar platita. “Es básico recomponer el esquema de gastos y también garantizar el creciente flujo de ingresos fiscales -dicen los escribas oficialistas- para que no haya ajuste, ni nada que lo remede” (Página/12, 3/11/11).

Ajuste: palabra temida por el gobierno por sus innegables connotaciones dramáticas, que suena a aumento de tarifas y a recorte de salarios, que suena a presidente que huye en helicóptero. Sin embargo, y sin ánimos apocalípticos, ambas cosas serán inevitables cuando se cierre el grifo subsidiario. En Economía calculan que si se eliminaran completamente los subsidios, las tarifas las eléctricas podrían triplicarse y las de los trasportes aumentarían entre un 200 y un 500 por ciento. Por otra parte, la Presidenta ya les ha pedido “responsabilidad” a los gremialistas cuando discutan los salarios para el año próximo. Habrá que ver cómo juega este juego el capo de la CGT, porque estos días Don Moyano y su pandilla han estado calentando el ambiente reclamando participación obrera en las ganancias de las empresas y disminución del impuesto a las ganancias. Hasta se han animado a hacer veladas amenazas de marchas y actos de protesta si no se cumple con sus pedidos.

En los meses venideros se irá aclarando el panorama, pero las tensiones están en varios frentes y son indisimulables. El breve festejo ha dejado paso a la preocupación. Será interesante observar cómo desactiva el gobierno el artefacto explosivo que él mismo se colocó.

http://www.contracultural.com.ar/

Para recibir el Boletín Contracultural:
contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar

“No más sangre. Estamos hasta la madre. Queremos paz con justicia y dignidad”

MÉXICO: LA LUCHA DEL MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es una respuesta de la sociedad civil a la violencia que se vive en ese país como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico: la política de seguridad oficial ha ocasionado cerca de 50.000 muertes desde que el mandatario mexicano, Felipe Calderón, inició un combate frontal a los grupos delictivos en 2006.

Por Hernán L. Giardini

"El mundo ya no es digno de la palabra.
Nos la ahogaron adentro.
Como te asfixiaron.
Como te desgarraron a ti los pulmones.
Y el dolor no se me aparta.
Sólo queda un mundo.

Por el silencio de los justos.
Sólo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo.
El mundo ya no es digno de la palabra,
es mi último poema, no puedo escribir más poesía...
la poesía ya no existe en mí."

Con estas desgarradoras palabras, el poeta mexicano Javier Sicilia se despedía de la actividad literaria tras enterarse del brutal asesinato de su hijo Juan Francisco en marzo de este año.

Per el dolor se hizo lucha, y Sicilia llamó a los mexicanos a manifestarse en contra de la violencia, tanto la que producen los grupos criminales como contra la de los cuerpos de seguridad del Estado mexicano. “No más sangre. Estamos hasta la madre. Queremos paz con justicia y dignidad”, fue la consigna.

Así nació el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una respuesta de la sociedad civil a la violencia que se vive en ese país como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico: la política de seguridad oficial ha ocasionado cerca de 50.000 muertes desde que el mandatario mexicano, Felipe Calderón, inició un combate frontal a los grupos delictivos en 2006.

A esta escalofriante suma de asesinatos registrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay que agregarle unas 5.000 personas desaparecidas.

Este es el resultado de seis años bajo las balas de los narcos, entre el fuego cruzado del ejército y los carteles de la droga, la guerra entre bandas rivales, y la represión estatal.

En su inicio, el movimiento comenzó como una Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad que salió de Cuernavaca (Morelos) el 5 de mayo y arribo al Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo, con el propósito de manifestar los agravios que la violencia ha generado en la sociedad mexicana. La movilización recibió la adhesión de organizaciones de derechos humanos y ciudadanos independientes de todo el país. Al terminar la marcha se anunció la construcción de un pacto nacional contra la inseguridad, que se firmó el 10 de junio en Ciudad Juárez (Chihuahua), como conclusión de una nueva movilización a la que se llamó Marcha del Consuelo.

Luego, el movimiento pidió al gobierno mexicano que accediera a dialogar abiertamente sobre la estrategia de combate a la delincuencia organizada. Tras reunirse con el presidente, Sicilia manifestó que se registraron más de 4.000 muertes en los últimos meses y que la estrategia de seguridad implementada por el mandatario mexicano ha provocado el surgimiento de grupos paramilitares.

En ese sentido, cabe advertir que en septiembre pasado surgieron "Los Matazaetas", un grupo con tendencia militar que anunció su "combate a muerte" a la organización criminal conocida como "Los Zetas".

El escritor además apuntó que a la estructura gubernamental no le interesa tomar el camino de la paz, y añadió que este hecho queda demostrado por la multiplicación de los cadáveres y el aumento de la impunidad y la corrupción en los aparatos del Estado.

Del mismo modo, manifestó que las políticas aplicadas para combatir el narcotráfico no han disminuido "ni un ápice" el comercio de drogas entre México y Estados Unidos.

El 1º de noviembre es el Día de los Muertos, y en México se venera a los muertos con una celebración. Sin embargo este año fue especial: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad colocó 50.000 cruces en el Zócalo para recordar a los muertos por la política de “seguridad” de Calderón.

Lo cierto es que el movimiento va creciendo mes a mes, marcha a marcha, y logra el apoyo de cada vez más sectores de la sociedad.

Para entender lo que está generando basta con leer el comunicado que, tras reunirse con los dirigentes del movimiento en una de las marchas, emitió el Subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional:

“Hoy estamos aquí porque personas de corazón noble y dignidad firme nos han convocado a manifestarnos para parar la guerra que ha llenado de tristeza, dolor e indignación los suelos de México.

Porque nos hemos sentido llamados por el clamor de justicia de madres y padres de niños y niñas que han sido asesinados por bala y por la altanería y torpeza de los malos gobiernos.

Porque nos sentimos llamados por la digna rabia de las madres y padres de los jóvenes asesinados por bandas criminales y por el cinismo gubernamental.

Porque nos sentimos convocados por los familiares de muertos, heridos, mutilados, desaparecidos, secuestrados y encarcelados sin tener culpa o delito alguno.

Y esto es lo que nos dicen sus palabras y sus silencios:

Que la historia de México se ha vuelto a manchar de sangre inocente.

Que decenas de miles de personas han muerto en esta guerra absurda que no lleva a ninguna parte.

Que la paz y la justicia no encuentran ya lugar en ninguno de los rincones de nuestro país.

Que la única culpa de estas víctimas es haber nacido o vivido en un país mal gobernado por grupos legales e ilegales sedientos de guerra, de muerte y de destrucción.

Que esta guerra ha tenido como principal blanco militar a seres humanos inocentes, de todas las clases sociales, que nada tienen qué ver ni con el narcotráfico ni con las fuerzas gubernamentales.

Que los malos gobiernos, todos, el federal, los estatales y municipales, han convertido las calles en zonas de guerra sin que quienes las caminan y trabajan estuvieran de acuerdo y vieran la forma de resguardarse.

Que los malos gobiernos han convertido en zonas de guerra las escuelas y universidades públicas y privadas, y los niños y los jóvenes no entran a clases sino a emboscadas de uno y otro bando.

Que los lugares de reunión y diversión son ahora objetivos militares.

Que al ir al trabajo se camina con la angustia de no saber qué va a pasar, de no saber si una bala, sea de los delincuentes o sea del gobierno, va a derramar la sangre propia o la de un familiar o la de una amistad.

Que los malos gobiernos crearon el problema y no sólo no lo han resuelto, sino que lo han extendido y profundizado en todo México.

Que hay mucho dolor y pena por tanta muerte sin sentido.

Que alto a la guerra.

Que no más sangre.

Que estamos hasta la madre.

Que ya basta.”


http://www.contracultural.com.ar/

Para recibir el Boletín Contracultural:
contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar

A Bolivia llegó la paz

TIPNIS: EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS LLEGAN A UN ACUERDO

El Gobierno de Evo Morales cumplirá la ley que prohíbe la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos o cualquier otra por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por lo que estudiará aspectos técnicos y económicos para vincular los departamentos de Cochabamba y Beni.

Por Marcelo J. Levy

El presidente Evo Morales promulgó una ley sancionada por la Asamblea Legislativa que veta la construcción de una carretera en el corazón del TIPNIS, a la que declaró zona intangible, con lo que puso fin a dos meses de conflicto con los indígenas.

"Ahí está la norma, es esfuerzo de ustedes", dijo Morales a los indígenas en una ceremonia desarrollada en Palacio de Gobierno en presencia de decenas de indígenas amazónicos y de sus líderes que caminaron 603 kilómetros durante 66 días para rechazar la carretera que iba a atravesar la reserva natural.

La promulgación de la ley se vio retrasada por un arduo debate de casi seis horas en la Asamblea que discrepó acerca del concepto de "intangible" entre oficialismo y oposición, además de una bancada de seis diputados indígenas del partido de Morales, el MAS.

Tras una moción de suficiente discusión la ley fue aprobada por mayoría y remitida de inmediato al Ejecutivo para su promulgación.

"Ahí esta la ley promulgada para que nunca más entre la carretera al TIPNIS y sea respetado, como decimos nosotros: tierra virgen", dijo Evo Morales.

Morales reveló que "tenemos cerca a 200 organizaciones con pedido de construcción de camino" en la zona, pero "la historia lo dirá, serán culpables el Presidente, los ministros (...) pero cumplimos una tarea, cumplimos un pedido de ustedes y esperamos que esta norma realmente pueda hacer respetar el parque Isiboro Sécure".

Fernando Vargas, uno de los líderes de la marcha, agradeció a Morales por "la voluntad que ha tenido para que la carretera no rompa el corazón del TIPNIS" y le pidió "encarecidamente que a partir de ahora no nos tratemos como enemigos entre oriente y occidente".

Vargas y el presidente de la Central de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, recomendaron al gabinete de ministros cumplir con la defensa de la madre tierra y la Constitución Política del Estado, en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas.

"Le pedimos al Presidente, a todo su gabinete de ministros respetar la Constitución, cumplirla y hacerla cumplir, actuar en el marco de la Constitución, las leyes nacionales, los convenios internacionales y así vamos a hacer respetar nuestros derechos. De un Gobierno indígena queremos que se respete los derechos de los indígenas", pidió Vargas.

A pesar de la resolución de todo este conflicto hay que tener en cuenta que empresas extranjeras explotan los recursos naturales del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure de Bolivia, donde se llevan a cabo actividades de explotación maderera, cría de lagartos de explotación y turismo de lujo.

En lo que refiere a la actividad de tala, el director de la Agencia Para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF) explicó que se confirmó la presencia de la empresa Suri y la desmontadora Huanca Rodríguez. La primera realiza su actividad en 40 mil hectáreas para aprovechamiento forestal y la segunda tiene más de 30 mil, "es decir 70 mil hectáreas cerca del núcleo del TIPNIS".

Mediante reconocimientos aéreos, terrestres y fotografías satelitales confirmarían la explotación de los recursos naturales a favor de pocos y en desmedro de la mayoría de los habitantes indígenas del parque, labores que fueron ejecutadas y coordinadas por la Sexta y Novena División del Ejército, que permitirían esclarecer la verdad de lo que es en la realidad del TIPNIS.

A través del Plan Operativo Forestal se realizaron varias concesiones a estas empresas para el aprovechamiento de la madera, que estarían desmontando el Parque Isiboro Sécure día tras día.

Existen además dos empresas extranjeras dedicadas al desarrollo de actividades turísticas "de lujo" que no cumplen con las normas de protección del medio ambiente para su actividad denominada "pesca salvaje", que se desarrolla en la cuenca del río Sécure y tienen 20 años de exclusividad para sus operaciones en las comunidades indígenas Asunta y Oromomo.

Estas empresas cobrarían a cada turista siete mil 600 dólares por seis noches de alojamiento y nueve días de permanencia y sólo dejarían 200 dólares a la comunidad indígena. Para ello, se han detectado pistas de aterrizaje en la comunidad de Oromoro.

Lo cierto es que el conflicto no pasa solamente por la instalación de una ruta. Si bien el impacto ambiental sería determinante, hay que tener en cuenta la explotación que se viene dando desde hace añares por empresas privadas. Es necesario siempre tener en cuenta los conflictos en términos más amplios, para ver todos los actores y revelar, así, los negocios privados que en este conflicto fueron omitidos.

http://www.contracultural.com.ar/

Para recibir el Boletín Contracultural:
contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar

Los especuladores de Wall Street bajo vigilancia

“OCUPEMOS WALL STREET” SE EXPANDE POR ESTADOS UNIDOS

El movimiento de protesta “Ocupemos Wall Street” crece día a día, y se está extendiendo a otras ciudades de Estados Unidos. «Somos el 99 por ciento que ya no va a tolerar la codicia y la corrupción del 1 por ciento restante», dicen los manifestantes.

Por Amy Goodman

La respuesta del Departamento de Policía de Nueva York fue brutal. El sábado pasado, la policía arrestó a más de 700 manifestantes en una de las detenciones masivas más grandes en la historia de Estados Unidos. La semana anterior, manifestantes pacíficos fueron rociados con gas pimienta en el rostro sin advertencia previa ni motivo aparente.

Es por este motivo que esta semana, luego de obtener un acuerdo judicial sin precedentes con los departamentos de policía de Mineápolis y St. Paul y del Servicio Secreto de Estados Unidos, fui con mis colegas hasta la Plaza de la Libertad, el corazón de la ocupación en Wall Street, para anunciar esta victoria legal.

El Día del Trabajo de 2008, me encontraba cubriendo el primer día de la Convención Nacional Republicana en St. Paul junto al equipo de noticias de Democracy Now! Afuera, miles de personas se manifestaban en contra. Yo me encontraba dentro de la convención, entrevistando a delegados del que esa semana era el estado más candente, Alaska. ¿Recuerdan a la candidata a la vicepresidencia Sarah Palin? A unas cuadras de allí, mis colegas Sharif Abdel Kouddous y Nicole Salazar estaban cubriendo la represión policial contra una multitud de manifestantes.

La policía antidisturbios encerró a los manifestantes en un estacionamiento. Junto con ellos también quedaron encerrados los periodistas acreditados. Un policía le gritó a Nicole: “¡La cara contra el suelo!” Y ella replicó, también a los gritos, “¡Soy de la prensa!”, mientras sostenía su carné de prensa con una mano y filmaba con la otra su propio arresto violento.

Nicole gritó mientras la tiraban boca abajo y mantenían su cara contra el piso. También gritó cuando le apoyaron una rodilla o bota en la espalda y la arrastraron de una pierna, lo que provocó que su rostro sangrara. Lo primero que hicieron a continuación fue quitar la batería de la cámara, por si quedaban dudas acerca de lo que no querían que quedara registrado. Mientras Sharif intentaba calmar a la policía (anti)disturbios, lo empujaron contra una pared, lo patearon dos veces en el pecho, lo tiraron al suelo y lo esposaron.

Recibí una llamada en mi celular y corrí desde el Centro de Convenciones al lugar de los arrestos. La policía antidisturbios había acordonado la zona. Corrí hacia la policía, llevaba mi pase de prensa colgado al cuello. Solicité hablar con el oficial a cargo, para que liberara a mis compañeros periodistas. Acto seguido, me llevaron por la fuerza detrás de la línea policial, me pusieron los brazos detrás de la espalda y me esposaron.

Le rogué a los policías que no me arrestaran, pero fue exactamente lo que hicieron. Finalmente me llevaron junto a Sharif. Como periodistas acreditados exigimos ser dejados en libertad. Acto seguido, un agente del Servicio Secreto vino hacia nosotros y nos arrancó las acreditaciones de prensa del cuello.

Presentamos una demanda. La semana pasada, finalmente, llegamos a un acuerdo con la policía de St. Paul y Mineápolis y el Servicio Secreto. Además de pagar 100.000 dólares de indemnización, el Departamento de Policía de St. Paul acordó poner en marcha un programa de capacitación orientado a educar a los oficiales de policía acerca de los derechos de la prensa y de la población consagrados en la Primera Enmienda, con relación a operaciones policiales, incluidos los procedimientos adecuados para tratar con los periodistas que estén cubriendo manifestaciones. El Departamento de Policía de St. Paul también se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para hacer que el Departamento de Policía de Minneapolis implemente un programa similar, y además ofrecerá dicho programa al personal policial de todo el estado.

A menos de un año de las próximas convenciones y en momentos en que estamos cubriendo manifestaciones como la de Wall Street, este gran acuerdo que surgió tras los arrestos durante la Convención Nacional Republicana de 2008, debería servir de advertencia a los departamentos de policía de todo el país para que dejen de arrestar e intimidar a periodistas, y para que terminen la práctica de los arrestos ilegales. No deberían abrirnos un expediente policial cuando lo que hacemos es tratar de cumplir con nuestra tarea de registrar lo que sucede.

Pero ¿es la policía la que realmente paga el precio por sus actos? Previo a las convenciones republicana y demócrata de 2008, cada partido contrató pólizas de seguro para indemnizar a las ciudades anfitrionas por los daños y perjuicios surgidos de demandas.

Bruce Nestor, presidente de la filial de Minnesota de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, me dijo: “St. Paul de hecho negoció una cláusula de seguro especial con el comité anfitrión republicano para que los primeros 10 millones de dólares por concepto de responsabilidad civil por demandas surgidas de la convención fueran cubiertos por el comité anfitrión. La ciudad está orgullosa de esta negociación. Es la primera vez que esto se negocia entre una ciudad y un comité anfitrión pero básicamente significa que nosotros (la ciudad) podemos cometer infracciones, y no tenemos que pagar por ello”.

Volvamos a la actualidad. El megabanco rescatado de Wall Street JPMorgan Chase realizó una donación de 4,6 millones de dólares, deducible de impuestos, a la Fundación de la Policía de la Ciudad de Nueva York, lo cual hizo que los manifestantes se preguntaran: ¿Se le paga a la policía de Nueva York para proteger a quién: a la gente o a las empresas? ¿Al 99 por ciento o al 1 por ciento?
Marina Sitrin, que forma parte del equipo legal de “Ocupemos Wall Street”, me dijo que inicialmente la protesta iba a tener lugar en Chase Plaza, pero que el Departamento de Policía de Nueva York la había cerrado en forma preventiva. Los manifestantes se fueron entonces a Zucotti Park y lo re-bautizaron Plaza de la Libertad.

Un comunicado de prensa sin fecha publicado en el sitio web de JPMorgan Chase afirma que, en respuesta a la donación de los 4,6 millones de dólares, “el Jefe de Policía de la Ciudad de Nueva York, Raymond Kelly, envió una nota al director ejecutivo y presidente, Jamie Dimon, expresando su 'profunda gratitud' por la donación de la empresa.” Teniendo en cuenta el monto de la donación y el maltrato y la violencia policial contra los manifestantes, uno podría sospechar sobre el modo que tiene el jefe de Policía Kelly de demostrar su gratitud.

-----------
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
http://www.democracynow.org/es

http://www.contracultural.com.ar/

Para recibir el Boletín Contracultural:
contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar

Siete chicanas contra la televisión alternativa

LOS MEDIOS ALTERNATIVOS Y LA NUEVA LEY DE MEDIOS

En los últimos meses las televisoras alternativas, populares y comunitarias realizamos numerosas actividades en defensa del sector y en rechazo de las resoluciones 685 y 686, que llaman a concurso para la adjudicación de frecuencias en TV digital. Estas resoluciones son resistidas por los medios y organizaciones populares dado su carácter restrictivo: además del alto valor de los pliegos (hasta 140 mil pesos), las bases y condiciones ponen en desigualdad a estos medios respecto de otros considerados dentro de la figura “organizaciones sin fines de lucro”. La movilización en reclamo de concursos específicos, gratuidad en los pliegos y debate de jurados visibilizó la problemática y permitió confrontar posiciones alrededor de qué es la televisión popular y las maneras en que ésta viene funcionando.

Por Natalia Vinelli


Recordemos que los medios alternativos cuestionamos la figura “organización sin fines de lucro” durante el debate de la ley de medios en el Congreso, entendiendo que favorecía a las grandes cooperativas y fundaciones (pongamos por ejemplo la AFA o la fundación del Banco de Valores), y que no contenía las especificidades de los canales de TV y emisoras de radio alternativos, populares y comunitarios. Tampoco resolvía la ambigüedad de este tipo de prácticas en cuanto a su definición ni trazaba límites claros respecto de ellas. Los primeros concursos demuestran que no estábamos equivocados: hay una cómoda “incomprensión” por parte de los funcionarios del área acerca de qué es un medio comunitario, lo que favorece una idea acotada de lo que se entiende por democratización en materia de medios (que luego se traduce en pliegos concretos).

Si bien no nos proponemos acá debatir sobre cuáles son los elementos que hacen a un medio alternativo, popular o comunitario, nos parece importante destacar algunos aspectos que se nos presentan de manera conflictiva al leer las condiciones de admisibilidad para poder concursar por frecuencias y legalizar nuestras emisoras para crecer en aire y alcance. Resistimos que en nuestro nombre se beneficien las pymes, las fundaciones fantasmas de las grandes empresas, sindicatos burocráticos o las pequeñas quintas personales (que algunos tengan derecho a tener medios es otra cosa, el problema es que claramente no somos lo mismo y por lo tanto no podemos cumplir los mismos requisitos). Por eso salimos a reclamar concursos específicos y políticas de promoción y fomento, de manera de hacer efectivo y plural el 33 por ciento del espectro destinado para este sector por la nueva ley 26.522.

En este sentido decimos, aunque para nosotros suene obvio, que los medios en manos del movimiento social, los trabajadores y nuestro pueblo no nos regimos con la lógica patrón / empleado sino que funcionamos como militantes; en todo caso podríamos pensar en la figura del voluntariado social o mejor, en el trabajo voluntario. No perseguimos el lucro y nos financiamos con aportes voluntarios y donaciones de las organizaciones populares que nos acompañan. Trabajamos con copyleft y creative commons para nuestras producciones y para musicalizar los informes audiovisuales. Entendemos que la profesionalización hay que ensayarla desde la mirada de lo popular, construyendo nuevos géneros y formatos y no cercenando las posibilidades de participación por la obligación de contratar la voz de un locutor.

Estos elementos son indispensables para realizar concursos acordes a nuestra realidad, de manera que el acceso a la televisión digital sea para todos y no para unos pocos, y no se siga reproduciendo el sistema de medios que se decía superar. Porque hoy la presencia de los medios comerciales en la televisión digital no se puede pasar por alto: C5N de Daniel Hadad, CN23 de Sergio Spolsky, Gol TV de Paco Casal y Francescoli o 360TV no ganaron ningún concurso (ni en digital ni en analógico) y sin embargo ya están en el aire junto con la señal (tampoco concursada) de la UOCRA de Gerardo Martínez, a la postre denunciado como agente infiltrado del Batallón 601 del ejército entre los obreros de la construcción durante la dictadura militar.

Todos estos temas fueron parte de las discusiones que mantuvimos con funcionarios de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual AFSCA (reuniones que llegaron luego de mucha insistencia y movilización); y también de los debates con estudiosos de los medios. En los foros que realizamos se pudieron escuchar variedad de posiciones, desde el apoyo a la ley de medios hasta de oposición por izquierda. Esta amplitud que saludamos nos permitió conocer lo que, dicho rápidamente, el oficialismo en medios y comunicación, con matices, “piensa de nosotros”. Eso que piensan de nosotros es parte de la argamasa desde la cual se formulan las traducciones de la ley de medios sobre la realidad concreta; en este caso, las resoluciones que llaman a concursos para la adjudicación de frecuencias en televisión digital.

Esto en definitiva se puede resumir, sin pretensión de agotar ningún debate, en lo que entendemos son siete prejuicios o suspicacias contra la TV alternativa, popular o comunitaria. Estos saltan a la discusión muchas veces en forma de chicanas, otras implican desconocimiento y otras, directamente, desnudan cuál es el sistema de medios que algunos sectores (podríamos decir, los hegemónicos) dentro del kirchnerismo imaginan cuando hablan de democracia en esta materia. Esperamos que la breve sistematización que sigue sirva para continuar el debate y mejorar las argumentaciones de cara a la necesidad de ocupar desde nuestras televisiones un lugar en la pantalla.

I. “Los que cuestionan las resoluciones 685 y 686 son los que siempre ven el vaso medio vacío, y terminan siendo funcionales a la derecha”.

Deberíamos comenzar por decir que el pueblo en las calles nunca es funcional a la derecha, aunque parezca una verdad de Perogrullo, y que en el caso concreto de la ley de medios, no es Clarín quien está realizando la crítica y reclamando ser escuchado en sus reivindicaciones sino los medios populares. Nosotros denunciamos la concentración de la comunicación en pocas manos desde que se conformaron los multimedios con la ley de reforma del Estado de Menem y Dromi; realizamos campañas callejeras denunciando la tergiversación y el ocultamiento de la información durante el menemato y fuimos parte activa de la resistencia al neoliberalismo; estuvimos en la calle el 19 y 20 de diciembre gritando “que se vayan todos” y “nos mean y los medios dicen que llueve”, y generamos nuestros propios medios en articulación o como parte orgánica de las organizaciones sociales y políticas invisibilizadas por el fast food televisivo.

Además, participamos con nuestras propuestas en el debate de la ley, rechazamos el decreto 527/05 que en los hechos prorrogó las licencias a los grandes medios y denunciamos los puntos que, venimos verificando, siguen condenando a la marginalidad y a la alegalidad a los medios populares. La concepción del “paquete cerrado” que hay que tragar sin mayor trámite porque “lo otro es peor” ayuda muy poco a la democratización (aún cuando referimos a una democratización en el marco de la democracia burguesa); desnuda las limitaciones propias de quien lo enuncia y se cierra en el circuito de la soberbia y la obsecuencia perdiendo legitimidad. Entonces, ni el vaso medio lleno ni el vaso medio vacío: estamos peleando porque la televisión alternativa, popular y comunitaria, que fue el sector perseguido y postergado históricamente por la ley 22.285, ocupe el lugar que le corresponde en el espectro.

II. “La televisión alternativa no existe, no los mira nadie, a lo sumo 10 amigos”.

Esta afirmación es claramente una chicana (y es bastante gorila), sobre todo cuando transita los pasillos de las facultades donde se estudia Comunicación y donde existen materias y orientaciones denominadas “Comunicación Comunitaria”. Paradójicamente, muchos estudiantes se acercan a nuestras prácticas como parte de su formación, algunos se incorporan a este hermoso frente de lucha o construyen sus propias herramientas y muchos, más de lo que se piensa, imaginan sus futuros profesionales asociados a estas búsquedas (que, insistimos, se propagandizaron junto con la ley de medios, y ésta debiera promover). ¿Cuántas experiencias tienen su origen, o al menos vínculos importantes con las universidades nacionales? ¿Desde qué tradiciones se fundaron las carreras de Comunicación?

Además, si la radio y la televisión alternativa, popular y comunitaria no hubiese sufrido 30 años de allanamientos, decomisos y persecuciones seguramente estaría mejor equipada, y aún así estamos en el aire y comprobamos día a día nuestra llegada. Basta el ejemplo del Canal 4 Utopía en los 90: no sólo lo veían muchos más que 10 amigos sino que tuvo que enfrentar 14 decomisos, a los que respondió con la movilización del vecindario. A dos años de aprobada la ley, es cierto, no se produjeron decomisos. Pero se mantiene una situación de alegalidad que impide a nuestros medios crecer y desarrollarse en toda su potencialidad, condenándonos a la marginalidad.

Eso es lo que queremos superar: no existen hoy políticas de fomento de los medios en manos de los trabajadores y el pueblo que no sean aquellas que cercenan el sentido a lo pequeño. Tenemos derecho a que nuestras voces sean escuchadas, a tener alcance, a disputar masividad. Difícilmente lo logremos sin políticas igualitarias respecto de la migración tecnológica a digital, o emitiendo en análogo por aire en tiempos de apagón tecnológico y consumo masivo de TV por cable. Por eso la legalización es fundamental, y por eso nos censamos cuando el AFSCA lo solicitó (nos referimos a la resolución 3). De paso, ¿qué datos arrojó aquel censo? Todavía hoy no se conocen.

III. “La televisión alternativa es berreta, desprolija y mal hecha, incapaz de producir contenidos de calidad ni de cumplir los requisitos de programación diaria”.

Este prejuicio no es más que eso, un prejuicio por desconocimiento; otras veces pura hipocresía. Es cierto que algunos medios cultivan un gusto por la artesanalidad (lo cual no quiere decir todas las veces mal hecho), pero la mayoría de los colectivos que se dedican a la producción audiovisual vienen demostrando la calidad de sus trabajos y toda la potencialidad y frescura que podría desatarse si se contara con un plan de fomento. Si no, ¿para qué solicita el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos BACUA nuestras imágenes? Además, ¿qué entendemos como parámetro de calidad?

Es cuestión de encender la pantalla para asistir a una catarata de basura informativa, como decía Rodolfo Walsh, o al entretenimiento vulgar, sexista y grosero que copa la TV. Junto con esto decimos que el desafío de la programación diaria se resuelve con aire real, y que hoy, con lo poco que tenemos, logramos cubrirla bastante bien gracias a la colaboración entre los colectivos, la cooperación y la apertura de las emisoras a voces mucho más diversas de las que transitan por los medios oficiales. Claro que siempre podemos mejorar, de hecho estamos aprendiendo todo el tiempo, pero estamos en condiciones y queremos asumir el desafío.

Asimismo no podemos dejar de subrayar que a veces en la discusión, “sin querer queriendo”, se nos exige a nosotros lo que la industria cultural resuelve apenas (la repetición, los enlatados, los programas ómnibus que requieren poca producción, la entronización de los chimentos son la materia prima de la TV actual). El problema de los contenidos entonces no es nuestro, sino principalmente de ellos. La televisión es un monstruo que fagocita imágenes de manera permanente, y es ese esquema televisivo unidireccional y comercial el que le quita la historia a las imágenes y las vuelve viejas antes de tiempo.

IV. “La televisión alternativa es local, no hace falta demasiada potencia”.

Hay una tendencia importante a cercenar lo alternativo, popular o comunitario a lo chiquito, a lo inmediatamente cercano, a los márgenes abandonados por el sistema. Incluso hay prácticas que se sienten más cómodas en esa pequeña dimensión. Todas aportan a la construcción de otro discurso, es cierto, pero si hay algo que está haciendo falta desde hace rato son medios populares que disputen masividad y, en definitiva, poder. ¿Por qué nos tenemos que conformar con llegar a 1, 5 o 10 kilómetros (o con que nos vean los famosos “convencidos”)? ¿Por qué las luchas que transitan por nuestras pantallas deben quedar acotadas a un alcance ínfimo? La respuesta es obvia. Buscamos disputar sentido, construir una nueva subjetividad, crear colectivamente una opción, una alternativa comunicacional y sobre todo política. Limitar nuestras posibilidades a los márgenes molesta tanto como la llegada mínima a la que se nos condena.

V. “La televisión alternativa no es sustentable: si no pueden pagar pliegos, no pueden sostener un canal”.

Esto no es cierto. Los canales de televisión alternativos, populares y comunitarios venimos emitiendo hace 5, 3 o 2 años, algunos más y continúan las primeras experiencias de los 80 y 90. No tenemos que demostrar que podemos sustentarnos porque ya lo hacemos en la práctica, con muy poco, sin ningún apoyo por parte del Estado y sin perseguir el lucro. Invitamos a todo aquel que le interese a conocernos, acercarse a los estudios que construimos desde abajo, levantando paredes, poniendo pisos, levantando decorados, armando puestas de luces. Nos financiamos con nuestros propios aportes y los de las organizaciones que entienden la importancia de defender estos medios que arman al pueblo. Nos sostenemos porque sabemos la importancia del esfuerzo y de la urgencia de levantar herramientas propias en el camino de la construcción de poder popular. Además cabría preguntarse si son sustentables los nuevos canales oficiales más allá de la publicidad oficial; si los estudios cumplen las normas que nos exigen a nosotros y por qué han llegado a la televisión digital sin ningún concurso que los avale.

VI. “ La TV alternativa es crítica pero le pide al Estado que la reconozca”.

Nosotros invertimos esta afirmación para que quede clara la postura: ¿Por qué el Estado reconoce, a través de la publicidad por ejemplo, a los medios concentrados? ¿Por qué el mercado y el propio Estado ya experimentan en TV digital sin haber concursado y los medios populares seguimos esperando? ¿Por qué somos nosotros los que nos debemos enfrentar a condicionantes económicos, jurídicos y políticos que en los hechos nos dejan fuera de concurso o nos limitan al bajísimo alcance cuando la ley de medios se presentó al debate como una ley democratizadora, garante de la pluralidad y defensora de la diversidad? “La ley de medios te da el poder a vos”, decía una publicidad de la Presidencia de la Nación tras convocar: “Hablemos todos”. ¡Hagamos efectivo el 33 por ciento!

Los canales y los medios alternativos, populares y comunitarios expresamos las voces silenciadas o tergiversadas por los multimedios, a los que dice contraponerse el espíritu de la ley. Aprendemos de las luchas del movimiento piquetero, de las organizaciones sindicales, de las cooperativas populares, del movimiento de fábricas recuperadas. Pensamos que el Estado debe promover el trabajo recuperado a través de un apoyo real (de paso, hoy 10 mil trabajadores y trabajadoras ganan su sustento en fábricas sin patrón), y no subsidiar a las grandes empresas capitalistas para que sigan enriqueciéndose a costa de los salarios y la desinversión de los servicios. De la misma manera pensamos que el Estado debe fomentar las experiencias de comunicación articuladas con el movimiento social, los trabajadores y el pueblo. Si no es como cambiar algo para que el sistema de comunicación, en lo estructural, no cambie.

VII. “Reclamar el ingreso al cable implica avalar el sistema de televisión paga”.

Dejamos esta opinión para el cierre, porque es como volver al principio. Es notable la lista de exigencias a la televisión alternativa que esquivan sin problemas los canales estatales, oficiales y privados. La comunicación alternativa, popular y comunitaria fue la principal afectada por la autoritaria y excluyente ley 22.285 de 1980, que tuvo muchos más años de democracia que de dictadura. Esta postergación histórica no puede seguirse prolongando. ¿Cómo puede ser que la TV alternativa tenga que conformarse con seguir emitiendo por aire, en análogo, cuando el 70 por ciento de la población por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires hoy mira televisión por cable?

Reclamar la legalización para exigir el ingreso a la grilla de cable es completamente justo y lógico ya que implica aire real, y nos moviliza contra las cableras que, nos dice la ley, están obligadas a integrar a su dieta a los canales de aire legalizados en su zona de cobertura. El gobierno dio una batalla contra Cablevisión para que incorpore Paka Paka. ¿Esta señal sí merece ingresar al cable pero los medios en manos de los trabajadores no? Entonces el problema no está en si se avala el sistema de televisión paga (justo a los medios alternativos, que siempre quedamos afuera, que somos los sectores más débiles de la comunicación), sino que se trata de un problema político que tiene que ver con los discursos, con la subjetividad y el tipo de relaciones que se ejercen y construyen desde y con nuestra pantalla.

Para terminar

Y para que quede claro: creemos que esta ley de medios es mejor que la 22.285, y que en ese sentido es progresiva en cuanto a democratizar las instituciones mediáticas en el sentido que lo hicieron otras instituciones desde la apertura democrática de 1983 (por ejemplo la educativa). También pensamos que el debate sobre el modelo de comunicación en nuestro país –fogoneado por un contexto regional que puso en cuestión el tema de la concentración de medios y su rol como actor político-, genera un piso propicio para el surgimiento de nuevas experiencias comunicativas populares y alternativas. Pero que esta potencialidad aporte realmente al surgimiento de una alternativa y no quede reducida a la mera autorrealización comunicativa o a la religión de lo pequeño depende de nuestra intervención en conjunto con otras expresiones organizativas del campo popular.

La ley de medios abre el abanico para avanzar en reivindicaciones concretas en la medida que nos movilicemos e intervengamos de manera organizada, como viene sucediendo con el rechazo a las restrictivas resoluciones 685 y 686 y a otras que se prometen para los próximos meses pero que amenazan con cercenar la TV popular a la baja potencia y el mínimo alcance (es decir, a no disputar nada). Esto es algo que ya planteábamos durante la discusión de la ley en el debate hacia otros sectores del campo popular. Hoy lo seguimos sosteniendo: es momento de avanzar hasta lograr el reconocimiento, es momento de organizarnos para disputar masividad. Ésa es la gran tarea de la TV alternativa, popular y comunitaria en estos días. Por eso llamamos a todos los sectores, a las organizaciones sociales, políticas y sindicales, a los referentes del mundo de la cultura y el arte a sumarse y colaborar con esta lucha.-

-------
Natalia Vinelli es integrante de Barricada TV
(Artículo publicado en Revista Documental para re-pensar el cine hoy, Año 4 nro.3 / oct. 2011.)



http://www.contracultural.com.ar/

Para recibir el Boletín Contracultural:
contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar

La continuidad del “modelo” y la necesidad de una oposición de izquierda

ELECCIONES PRESIDENCIALES

Luego de las elecciones primarias, donde el gobierno obtuvo un respaldo abrumador que sorprendió a opositores, oficialistas y periodistas, se vienen las verdaderas elecciones. Todo indica que Cristina Fernández de Kirchner será reelecta y mantendrá o inclusive aumentará el 51% de los votos alcanzados, y que los partidos de “derecha” retrocederán aún más en sus magros resultados. Por su parte, el frente de “centroizquierda” que encabeza Hermes Binner alcanzaría el segundo lugar aumentando su performance. La “izquierda”, unificada por “obligación”, espera repetir el “milagro”.

Por Hernán L. Giardini


Las primarias significaban, a priori, un riesgo para el gobierno ya que podrían haber posicionado a alguno de los candidatos de la denominada “oposición” como el referente a votar en las próximas elecciones para intentar llegar a la segunda vuelta y tener una chance de vencer al kirchnerismo.

Pero el masivo apoyo alcanzado por Cristina Fernández, sumado al “triple empate” entre Alfonsín, Duhalde y Binner rondando apenas el 11% de los votos cada uno, dejó a la oposición muy lejos de la segunda vuelta y sin un candidato que acapare el “voto útil” contra el gobierno.

En suma, todo definido: Cristina Fernández de Kirchner será reelecta en primera vuelta.

Las encuestas reflejan que la presidente mantendría, e incluso aumentaría, su caudal electoral y que Binner alcanzaría el segundo lugar aumentando los votos obtenidos en las primarias. Mientras que Duhalde y Alfonsín obtendrían menos apoyo.

Por su parte, la mayoría de los partidos de “izquierda” fueron pragmáticos y armaron (por fin) un frente que, realizando una ingeniosa campaña en las redes sociales que buscaba #unmilagroparaaltamira, obtuvo 500.000 votos y logró superar el cupo mínimo para poder competir en las presidenciales.

Ahora buscan repetir el “milagro” para poder meter en el Congreso a sus diputados.

Para completar el panorama, la performance de Carrió fue paupérrima (inclusive estuvo cerca de perder con la izquierda), Rodríguez Saa sumó bastantes votos pero quedó muy lejos, y Proyecto Sur quedó afuera de competencia al bajarse del Frente Amplio Progresista que encabeza Binner y no llevar un candidato fuerte.

Las perspectivas para el partido liderado por Carrió no son nada buenas ya que, de repetir el bajísimo caudal de votos obtenido en las primarias, perdería muchos diputados en el Congreso.

En suma, las elecciones presidenciales ratificarán el amplio apoyo popular que tiene el gobierno y tendremos cuatro años más de kirchnerismo.

Cabe destacar que se espera una merma en los votos a los candidatos de la “derecha” frente al crecimiento de la “centroizquierda” y el resurgimiento de una “izquierda” unificada.

En ese sentido, resulta necesario que el gobierno tenga una oposición en serio, y de izquierda. Una oposición que confronte con su “modelo” desarrollista agro-minero-pesquero-exportador que aplica la teoría del “derrame”. Una oposición que, por sobre todas las cosas, exija una verdadera distribución de la riqueza, un salario digno para los trabajadores, educación y salud gratuita de calidad, mayor acceso a la vivienda, una reforma agraria integral, el resguardo de nuestros recursos naturales y el cuidado del medioambiente.

http://www.contracultural.com.ar/

Para recibir el Boletín Contracultural:
contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar

Agronegocios o derechos humanos

EL MODELO AGROEXPORTADOR Y SUS CONSECUENCIAS

Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración. Muy pocos tienen mucha tierra y la gran mayoría tiene muy poco. El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario. Para colmo, se pretende para 2020 llegar a 160 millones de toneladas de granos (60 por ciento más que en la última cosecha), lo que multiplicará las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.

Por Darío Aranda


El 27 de abril al mediodía, en la Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros. Los medios de comunicación aliados al Gobierno hicieron tapa con el anuncio, como si dieran cuenta de una reforma agraria.

La compañía internacional Benetton posee en la Patagonia 970 mil hectáreas. ¿Sería mejor si estuvieran en manos del bonaerense Gustavo Grobocopatel? ¿O quizá el salteño Alfredo Olmedo? ¿O es preferible que las maneje la Mesa de Enlace (con todos dirigentes nacidos en Argentina)?

En el país no existen datos, ni siquiera aproximados, sobre extranjerización de tierras. Sólo hay casos emblemáticos, que suelen repetirse como si fueran los principales responsables de los males del país y del modelo extractivo: Carlo y Luciano Benetton, Douglas Tompkins, Joseph Lewis y Ted Turner.

Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público (los diarios igual lo citan como verdad revelada).

El proyecto de ley del Gobierno propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales. Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.

“Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay modelos a mirar, como Brasil”, había anticipado la Presidenta el 1 de marzo de 2011 al inaugurar la sesiones del Congreso, cuando anunció que se trabajaba en el proyecto de ley.

El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.

El 27 de abril, sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, la Presidenta dio a conocer finalmente el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los “agricultores familiares”, muchos menos sobre campesinos o pueblos originarios.

Pocos pueden oponerse a que en Argentina se legisle sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).

Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. La gran mayoría tiene muy poco.

El Censo Agropecuario de 1988 revela había en el país 422.000 explotaciones agropecuarias, que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).

La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume: “Desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Y revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las explotaciones cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.

Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no existen datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.

El Foro por la Tierra del Chaco denunció que en 1995 las explotaciones de más de 1000 hectáreas representaban el ocho por ciento del total de la provincia. En 2002 pasaron a representar el 56 por ciento del total, en su mayoría para siembra de soja.

“Deforestación, agricultura y biodiversidad” es el informe de Marcelo Cabido y Marcelo Zak, investigadores principales de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. Además de los efectos ambientales, confirmaron la concentración de la tierra en la provincia: sobre cuatro departamentos del norte provincial (Ischilín, Sobremonte, Totoral y Tulumba) demostraron que, entre 1988 y 1999, las chacras de menos de 200 hectáreas disminuyeron un 32 por ciento. En el mismo lapso, las estancias de más de 2500 hectáreas aumentaron un 30 por ciento. Pequeñas parcelas fueron absorbidas por grandes propietarios.

Misiones no escapa al fenómeno. El último Censo Agropecuario detalla que en la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). Ilustrativo es el caso de la Papelera Alto Paraná: es propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas. En el municipio de Puerto Piray, es dueña del 62,5 por ciento de la tierra.

La soja no llega hasta Mendoza, pero sí llegan sus consecuencias. El monocultivo desplazó a la ganadería desde el Litoral y La Pampa hacia Cuyo. “Hacendados y empresas, donde también están las mineras, intentan por todos los medios apropiarse de tierras y agua, comprando, fraguando títulos, usurpando, y prometiendo un progreso y empleo que son mentiras”, explica la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (UST).

La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad de Politécnica de Cataluña es un espacio de referencia en el estudio de modelos productivos y sus impactos sociales, políticos y económicos. Durante 2008 y 2009 un equipo multidisciplinario analizó el modelo agrario y minero de seis provincias argentinas (Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Mendoza) y lo presentó ante Naciones Unidas bajo el nombre “Situación de los derechos humanos en el noroeste argentino”. “Como consecuencia del modelo agropecuario, en los últimos 15 años ha aumentado en Mendoza la concentración de la tierra en un 40 por ciento, desaparecieron el 33 por ciento de los productores y el 84 por ciento de los hogares rurales no tienen posibilidades de producir por falta de agua o de tierra”, afirma el trabajo y denunció que la situación de derechos humanos en la provincia es “crítica”.

En el análisis de distribución de tierras, la Cátedra Unesco tomó como muestra los departamentos de Lavalle, San Martín y San Rafael. Llegó a la conclusión que el 51 por ciento de las explotaciones agropecuarias tienen una superficie de diez hectáreas o menos, y estos pequeños productores sólo ocupan el dos por ciento de la superficie de los departamentos estudiados. En tanto las explotaciones con más de mil hectáreas son sólo el 0,31 por ciento de las propiedades, pero concentran el 75 por ciento de las tierras.

“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.

Pueblos originarios y campesinos cuentan con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. Rara vez se cumplen.

El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario.

En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de ocho años de kirchnerismo se llegó al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.

“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. Donde el Movimiento Nacional Campesino Indígena tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas), casi siempre argentinos.

El panorama no es alentador. El “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016”, proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas.

Por si quedaran dudas, el Ministerio de Agricultura envió el 28 de junio una gacetilla alentadora para el complejo de agronegocios: “Existen excelentes posibilidades para aumentar la producción (…) Hay un conjunto de factores que funcionan como impulsores de la demanda alimentaria, entre los que se destaca el aumento del consumo en los países desarrollados y la generación de biocombustibles”.

El Ministerio reconoce que la soja aumentará en área sembrada. Y pretende, para 2020, llegar a 160 millones de toneladas de granos (60 por ciento más que en la última cosecha). En la misma línea, en la Cumbre de Ministro de Agricultura de países que integran el Grupo de los 20 (G-20), la propuesta argentina fue aumentar la producción de granos.

El incremento granario multiplicará las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. El corrimiento de la frontera agropecuaria será una consecuencia lógica.

En respuesta a esa postura, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) elaboró un duro documento, donde alertó sobre la profundización del modelo agropecuario, advirtió sobre el aumento de los desalojos, desmontes y mayor uso de agrotóxicos. Remarcó que el actual modelo de agronegocios consolida a la Argentina como productor de materias primas en el marco de un “saqueo transnacional” que implica subordinar al país en un esquema colonial.

“Aumentar a 160 millones de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja transgénica. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas”, advirtió el MNCI y apuntó a las banderas del kirchnerismo: “Plantear que debemos redoblar las exportaciones en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos”.

http://darioaranda.wordpress.com/

http://www.contracultural.com.ar/

Para recibir el Boletín Contracultural:
contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar

La mala educación

SEBASTIAN PIÑERA SOSTIENE UN PLAN EDUCATIVO PARA CHILE DESDE HACE MAS DE 30 AÑOS

El proceso al que está sometida la educación chilena proviene de larga data. Es el resultado del laboratorio neoliberal del Cono Sur, del “modelo de país” para las potencias centrales. La responsabilidad del presidente de Chile y la continuidad político-ideológica de la planificación educativa.

Por Marcelo J. Levy


El actual Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, es uno de los principales ideólogos del sistema educativo que derivó en la destrucción de la Universidad Pública y en el surgimiento desregulado de las universidades privadas al incorporar la educación al sistema de la oferta y la demanda, como una mercancía más en el modelo de libre mercado.

Así queda plasmado en un artículo escrito por Piñera, en la revista “Realidad” de abril de 1980. En esos momentos, Piñera era Gerente del Banco de Talca y uno de los principales asesores del General Augusto Pinochet. Este escrito se ha presentado como un verdadero antecedente de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de Chile, promulgada el 10 de marzo de 1990, último día de la dictadura pinochetista.

En el citado artículo Piñera coloca las bases del sistema educacional que sería implantado por la dictadura, asentado esencialmente en la idea de incorporar la educación al modelo de mercado, mediante el argumento de la necesidad de autofinanciar la Educación Superior, supuestamente “para liberar recursos públicos para beneficiar el desarrollo en cobertura y eficiencia de la educación básica y media, especialmente dirigida a beneficiar a los sectores más pobres”.

No solamente esto no se cumplió, sino que la educación resultó ser uno de los sectores más dañados por las políticas neoliberales implantadas autoritariamente, sin posibilidad ninguna de discusión ni debate por parte de los actores: estudiantes, docentes, directivos o trabajadores de la educación.

En el artículo, el autor plantea que “para cumplir con los aspectos normativos y con los principios de eficiencia y equidad en la asignación de recursos en el sector educacional, se requiere incrementar el gasto en educación preescolar y básica y alterar profundamente la distribución del subsidio público entre los distintos niveles educacionales”.

Respecto al financiamiento de la Educación Superior, afirma que “no existe razón alguna para que el Estado desvíe parte importante de los recursos públicos destinados al sector educacional para subsidiar a grupos de ingresos medios y altos. Esto es particularmente inconveniente si se considera que este desvío resta recursos a la acción pública en el campo de la educación preescolar y básica, acción que en la actualidad es cumplida en forma claramente insuficiente por el Estado”.

Esta posición parte de una falacia, como es suponer que las personas que acceden a la educación superior son todos pertenecientes a los grupos medios y altos. Plantea que solo el 7% de los alumnos del ciclo básico logran ingresar a la Universidad, situación que si bien es cierta, desdeña la posibilidad del ingreso de los sectores más pobres de la sociedad.

Como parte de la solución, plantea lo que será una de las bases del sistema educativo que aún se mantiene si mayores modificaciones: “el financiamiento de los gastos de docencia incurridos por los cetros de educación superior, debiera recaer sobre los estudiantes universitarios, que son sus principales beneficiarios”, por lo tanto, el Estado “no debiera orientarse hacia la implementación de un sistema de subsidios masivo e indiscriminado en favor de alumnos universitarios, sino que, muy por el contrario, debiera orientarse hacia la implementación de un sistema de préstamos que permita financiar los costos directos e indirectos de la educación universitaria”. Y agrega que en forma selectiva, este sistema de préstamos podría complementarse con un sistema de becas educacionales.

Agrega como una forma de paliar este sistema de autofinanciamiento, que el mismo debería contar con un período de gracia posterior al egreso de los alumnos. Pero aún más, detalla lo que con posterioridad sería implementado casi textualmente: ”una forma de implementar este sistema sería que el Estado mantuviera un flujo de recursos públicos destinados a financiar la docencia en los centros de educación superior, exigiendo a estos centros que en lugar de transferirlos en forma gratuita a los alumnos, les den a éstos la alternativa de pagar los costos de docencia con recursos propios o acceder a un crédito financiado con recursos públicos. El flujo de recursos públicos debería ser igual al monto total del crédito tomado por los alumnos. Esto liberaría recursos públicos por un monto equivalente al monto pagado con recursos propios por los alumnos. Otra forma de implementar este sistema sería que instituciones financieras, públicas o privadas, otorgaran directamente los créditos a los alumnos. En este caso, el papel del Estado podría limitarse a proveer un sistema de seguros que haga factible para todos los alumnos el acceso al crédito en condiciones competitivas”.

Aquí están las bases del actual sistema, el fin de la gratuidad en la educación pública superior y su entrada de lleno a la lógica del mercado, tomando a la educación como una mercancía y a los alumnos como clientes para otorgarles créditos y generarles endeudamiento como requisito para poder acceder a la educación superior.

Con relación a la investigación y extensión igualmente se deja en manos de la oferta y demanda y no como una función privativa y básica del quehacer universitario. Al respecto plantea lo que en efecto sería la muerte de la investigación y extensión en sistema de educación superior. “Las labores de extensión e investigación desarrolladas por parte de los centros de educación superior, benefician en forma directa y exclusiva a determinados grupos o entidades públicos o privados. En estos casos, debiera corresponder a los grupos o entidades beneficiarios solventar los gastos originados por las tareas de investigación o extensión respectivas. Los numerosos convenios suscritos por las universidades con entidades externas a ellas constituyen ejemplos de esta modalidad”.

En otras palabras, es el planteamiento de la privatización de la investigación, lo que obliga a las universidades a establecer contratos con entidades privadas para financiar esa función básica de la universidad. La investigación y la extensión universitaria fue víctima también del modelo de mercado, minimizando el rol de la universidad en la investigación científica.

Con referencia la educación media, también se establecen las bases del autofinanciamiento, terminado con la gratuidad de la educación pública. “Una alternativa de acción del Estado es financiar, en forma conjunta con los alumnos de la educación media, los gastos de los centros educacionales a este nivel. Esto implica que el Estado subvencionaría sólo en forma parcial a los alumnos de centros de educación media“. Según este sistema, curiosamente según Sebastián Piñera, “evitaría que los subsidios públicos favorecieran a grupos de altos ingresos.”

La argumentación para “neoliberalizar” la educación, se basa en una verdad a medias: la educación preescolar y básica provoca una distribución mayor del ingreso que la educación superior, por lo tanto era necesario reorientar los subsidios estatales a esos sectores primarios. Lo concreto es que el sistema impuesto, tampoco desarrolló la educación preescolar, básica, ni media, por el contrario desde su implementación ha habido una inmensa regresión tanto en el acceso como en la calidad a la educación pública, que en definitiva pasó a ser municipal, en beneficio de la educación privada.

El centro del sistema lo explica muy bien el autor del artículo, cuando dice que, “el autofinanciamiento de los gastos de docencia de los centros de educación superior significa, por una parte, la eliminación de uno de los subsidios más regresivos existentes en la economía, con los consiguientes efectos positivos sobre la distribución de ingresos y por otra, una significativa liberación de recursos públicos, los cuales pueden ser destinados a extender y profundizar la acción del estado en los niveles de educación preescolar y básica”. Objetivo, a todas luces nunca logrado, en 31 años de funcionamiento de este sistema.

La conclusión que saca Piñera de este modelo, tiene que ver con la actual crisis del sistema de educación superior pública, al decir que “es importante destacar que, en la medida en que el gasto público en educación se incremente en términos reales, las reasignaciones del subsidio público al sector educacional aquí propuestas, pueden efectuarse sin necesariamente afectar en términos absolutos el monto actual del subsidio público a cada nivel educacional, sino que reasignando los incrementos que año a año experimente el gasto público en educación”. El resultado verdadero a la efectividad de estas propuestas, están en la revisión del incremento del gasto público en educación en las tres últimas décadas.

Además de los temas de financiamiento que Piñera proponía en esos lineamientos educativos y que en abril del 1980 ya preveían la situación actual, propone mecanismos de descentralización de la gestión educativa. Sistema que claramente es la base de la municipalización de la educación básica y media y la atomización de las universidades públicas que tenían un carácter nacional, en universidades locales, autónomas. La propuesta consiste en “descentralizar el proceso de toma de algunas de las decisiones en materia educacional. Esta descentralización, debería fijar, al nivel de cada unidad productora de servicios educacionales (liceos, colegios, departamentos) las decisiones respecto a la naturaleza, cantidad, calidad y forma de producir los distintos servicios educacionales”. Esta descentralización se une a la nueva forma de asignación de subsidios públicos, lo cual generaría “incentivos para que las distintas unidades productoras adecuaran su estructura de oferta de servicios educacionales a las características de la demanda”.

Lo mismo ocurrió en Argentina por la misma época. En enero de 1981 la dictadura militar en franco proceso de desmantelamiento del sistema educativo, dispuso la transferencia de las escuelas, por ejemplo de adultos, a la estructura ministerial de las provincias y a la municipalidad de Buenos Aires (Leyes 22.367 y 22.368 respectivamente).

Volviendo al tristemente actual presidente de Chile, éste postulaba hace 31 años que “serían los alumnos a través de su demanda por servicios educacionales, los que, en conjunto con las condiciones de la oferta y la acción del Estado, determinarían la cantidad y características de servicios educacionales a ser producidos”.

Todo lo anterior redunda, según el mismo autor en la minimización de la función educativa del Estado. “El conjunto de estas normas, deberían regir la acción descentralizada de los distintos centros educacionales, estableciendo requisitos mínimos de contenidos de la educación impartida, niveles mínimos de calidad de la educación impartida, períodos mínimos de duración de cada ciclo educacional (particularmente cuando el titulo o grado entregado al termino del ciclo sea reconocido por el Estado)…” Es decir, es la absoluta desregulación del sistema educacional.

Como frutilla del postre sugiere la posibilidad de privatizar los edificios y activos de los centros educativos. “El Estado podría retener en forma permanente la propiedad de los activos de los centros educacionales, cobrando por ellos un arriendo, o alternativamente ir vendiendo en forma gradual la propiedad de estos activos a los responsables de la administración de ellos o a terceros. En síntesis, la administración y la propiedad de los centros educacionales no deben necesariamente estar en manos de una misma persona o conjunto de personas”. Es importante destacar que se ha estado hablando en todo este artículo de la educación pública, por tanto de establecimientos, liceos, universidades estatales.

No pasará inadvertido después de presentar las posiciones del Sebastián Piñera en 1980, que sus políticas actuales en relación con la educación han variado poco y nada. En este sentido es difícil que pueda surgir hoy, en medio de la mayor crisis de la educación pública, una propuesta que como reclaman los estudiantes, docentes y directivos de las universidades, rescate y fortalezca el sistema de educación pública.

Tres décadas han pasado y Piñera insiste en su postura: la educación “es un bien de consumo”, “tiene un componente de inversión”, “tiene un doble propósito”. Pero desde hace meses los estudiantes chilenos se mantienen en las calles y han tenido que sufrir lo embates de la represión policial. Acceso, endeudamiento y calidad desiguales son la cara oscura del sistema educativo chileno.



http://www.contracultural.com.ar/

Para recibir el Boletín Contracultural:
contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar