LAS
PROTESTAS POR LOS ASESINATOS Y DESAPARICIONES PONEN EN JAQUE AL GOBIERNO DE
PEÑA NIETO
Tambalea el gobierno del presidente mexicano Enrique
Peña Nieto por el horrible crimen de un grupo de estudiantes en el estado de
Guerrero. En realidad el problema no es ése sino lo que subyace debajo de los
asesinatos y las desapariciones, esto es, los 55 mil muertos y más de tres mil
desaparecidos desde el 2006, cuando el predecesor de Peña Nieto, Felipe
Calderón, militarizó la guerra contra el narcotráfico.
Por Santiago O´Donnell
Lo de
Calderón había sido un intento desesperado por frenar la escalada de violencia
que se venía acentuando desde la década del 90, cuando los cárteles mexicanos
desplazaron a los colombianos del control del negocio del tráfico de
estupefacientes hacia los Estados Unidos, primer consumidor mundial. Para
entonces gran parte de las estructuras policiales, judiciales, municipales y
estaduales habían sido cooptadas por los narcos y Calderón decidió echar mano a
la siempre peligrosa opción de usar las fuerzas armadas para intervenir en un
conflicto interno.
Lejos de solucionar el problema, la militarización dio lugar a una nueva camada de narcotraficante, cuya máxima expresión fue el grupo de ex fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos denominado Los Zetas, que llevó la narcoviolencia a nuevos niveles. Mientras los cárteles tradicionales solían matarse entre ellos intentando mantener un bajo perfil para no llamar la atención de las autoridades, coimeando a policías, alcaldes y jueces para que hagan la vista gorda, los nuevos narcos utilizan tácticas de control social a través del terror aprendidas de las dictaduras latinoamericanas para tomar por asalto al Estado mexicano en grandes franjas del territorio nacional, sobre todo en zonas costeras y fronterizas pero también en ciudades importantes como Guadalajara, Acapulco o Ciudad Juárez. En estos territorios tomados los narcos no se limitan al tráfico sino que se han diversificado hacia el secuestro de empresarios y políticos, la extorsión de comerciantes al estilo de la mafia italiana, el tráfico de personas y la extracción de prebendas de entidades públicas y privadas al estilo de los barras bravas argentinos. Los mecanismos de control social a través del terror incluyen la periódica exhibición pública de diversas formas de crueldad, incluyendo múltiples descuartizaciones y decapitamientos, que últimamente se han volcado también a las redes sociales. Por su parte los militares incurrieron en todo tipo de violaciones a los derechos humanos de la población civil atrapada en la pelea, tal como se encargaron de denunciar diversos organismos especializados.
Peña Nieto asumió en diciembre del 2012 con la idea de bajarle el perfil a la guerra y volver a cierta convivencia tranquila con los narcos, haciendo honor a la tradición de acomodos y arreglos informales que caracterizó a su partido, el PRI, desde que asumió el poder 1929 hasta perderlo por primera vez en el 2000, cuando asumió Vicente Fox del PAN, el partido de Calderón, que lo sucedió seis años más tarde. Peña Nieto logró algunos éxitos resonantes en la lucha contra la mafia de la droga como la captura del legendario Joaquín "El Chapo" Guzmán, jefe del poderoso cártel de Sinaloa, el narco más buscado de todo el país. Pero más allá de los golpes de efecto, más que avanzar en la guerra con los narcos, replegó al ejército y le bajó el perfil público al enfrentamiento, relegándolo entre sus prioridades, como si alcanzara con el deseo de que el problema desaparezca para dar paso a una imagen más atractiva para inversores extranjeros, empresarios locales y la población en general.
La burbuja explotó con la brutal represión del 26 de septiembre contra los estudiantes de un liceo rural con una larga tradición contestataria en la localidad de Ayotzinapa, municipio de Iguala, estado de Guerrero. Los estudiantes habían secuestrado varios autobuses con el fin de trasladarse a México D.F. para conmemorar la masacre de Tlateloco de 1968. Esa noche, en una calle del pueblo, la policía abrió fuego contra tres de esos autobuses, que viajaban llenos de estudiantes. Horas más tarde, cuando lo alumnos daban una conferencia de prensa para denunciar ese ataque, la policía irrumpió en el liceo y atacó a los presentes. Entre los dos episodios seis estudiantes murieron, 27 sufrieron heridas y otros 43 desaparecieron. Esa misma noche la esposa del alcalde de Iguala, llamada María de los Ángeles Pineda, celebraba una fiesta en la que planeaba lanzar su candidatura al a la alcaldía para suceder a su marido, José Luis Abarca. Pineda era el nexo entre el gobierno municipal y los narcos locales, los verdadero patrones del lugar, llamados Guerreros Unidos. Incluso un hermano de Pineda formaba parte de la banda. Como los estudiantes le arruinaron la fiesta, Pineda y su marido ordenaron la represión, represión que arrancó con la policía y terminó con los Guerreros Unidos. Al día siguiente Pineda y Abarca se dieron a la fuga mientras cientos de estudiantes llevaban la protesta por lo ocurrido al Zócalo de la capital mexicana., Allí, la sede de gobierno fue blanco de piedras y bombas Molotov.
Era demasiado. Aún para un país arrasado por la violencia, matar a seis adolescentes y chuparse a otros 43 en una sola noche era más de lo que la sociedad mexicana demostró estar dispuesta a aceptar. El gobierno nacional intervino el municipio de Iguala. Junto a las tropas federales y los expertos en derechos humanos llegó el Equipo Argentino de Antropología Forense para dar una mano. Pero Peña Nieto, de gira por China, brilló por su ausencia. Mucho más cuando se supo por el testimonio de tres Guerreros Unidos que los estudiantes desaparecidos habían sido entregados por la policía municipal a los narcos, quienes procedieron a ejecutarlos y quemarlos durante catorce horas en un basurero municipal valiéndose de leña, neumáticos, nafta y kerosene, antes de juntar los restos de polvo y hueso en bolsas de basura y tirarlas en un arroyo que pasa por ahí.
En la noche del miércoles pasado miles de personas en decenas de ciudades y pueblos, el país entero salió a protestar con velas en la mano que simbolizan el repudio a la impunidad y la connivencia entre políticos y criminales que han transformado a gran parte de México en un narcoestado que ni siquiera los grandes medios se animan a denunciar por la larga lista de periodistas que han sido asesinados en los últimos años, al menos 30 desde 1992, según la organización no gubernamental internacional Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, según sus siglas en ingles).
Pero a pesar de la protesta nacional e internacional sin precedentes, nadie en México parece saber bien qué hacer y por eso tiemblan los políticos y tambalea el presidente. El intendente de Iguala y su esposa están presos y el gobernador de Guerrero pidió licencia pero esos desplazamientos lejos están de satisfacer la demanda de justicia. A diferencia de lo que sucedió en casi todos los países sudamericanos, México lleva más de 80 años sin sufrir interrupciones del mandato presidencial. Con la masacre de Ayotzinapa y la impotencia del Estado para brindar respuestas, la penetración narco ya no sólo corroe la vida diaria de millones de personas sino que ahora amenaza con dinamitar la estabilidad del sistema político, último bastión de la devaluada democracia formal mexicana.
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