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9 de abril de 2016

Detrás de los Panama Papers



FILTRACIONES, PODER Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Las megafiltraciones desnudan y exponen el lado oscuro de grandes actores del poder mundial. Los secretos de la diplomacia de la primera potencia mundial, en el caso del llamado “Cablegate” de Wikileaks. El espionaje masivo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña a través de teléfonos e internet, en el caso de las revelaciones del ex espía Edward Snowden. La utilización de los poderosos y sus empresas de paraísos fiscales para ocultar movimientos financieros, en el caso de los Panama Papers que acaban aparecer. Pero eso no es todo. Las megafiltraciones también interpelan y exhiben las limitaciones y complicidades de los grandes medios de comunicación y las de una profesión, la del periodista, que hoy se encuentra en crisis o reformulación debido a los procesos de avance tecnológico y concentración empresarial que la atraviesan. 

Por Santiago O´Donnell 

El avance tecnológico hace que hoy prácticamente todos seamos periodistas en cuanto al uso y manejo de un medio de comunicación, ya sea una página web, un blog o una cuenta de red social. Las nuevas tecnologías también hacen posibles las megafiltraciones y dinamitan la relación tradicional entre fuente y transmisor, o sea, entre filtrador y periodista. Parafraseando a Mcluhan, el medio es la megafiltración. Por otra parte en los últimos años los medios tradicionales han sufrido una profunda transformación. Pasaron de ser empresas familiares relativamente autosuficientes y sin grandes vinculaciones económicas, a un modelo de megaempresas mediáticas privadas, estatales o mixtas, que manejan decenas o centenares de medios en múltiples mercados y plataformas, y que además forman parte o están vinculados con grandes grupos económicos que controlan distintos mercados infocomunicacionales (cable, celular, cine, televisión, transmisiones y marketing deportivo, etc.). Esos vínculos producen conflictos de interés que dificultan la tarea de equilibrio periodístico a los empleados del grupo. En consecuencia cada vez más informaciones son silenciadas porque los grandes medios tienen más para ocultar que para mostrar.

A esto hay que sumarle que los anunciantes de estos medios también se han reducido y concentrado debido a la competencia de internet, mientras que los costos de producción periodística se han reducido notablemente debido a la tecnología. Este cruce hace que la relación de fuerzas entre anunciantes y medios tradicionales se ha alterado fuertemente en favor de los anunciantes, generando aún más conflictos de interés y razones para no contar en los medios tradicionales, hoy temerosos de perder a sus principales sponsors, quienes a su vez se sienten cada vez más poderosos porque invierten más dinero en los medios que sus propios dueños.

Sin embargo, a falta de un modelo noticioso alternativo de alcance masivo, los megafiltradores todavía dependen de los grandes medios para difundir pero sobre todo para hacer accesible la montaña de datos y darle espesor narrativo a lo que intentan denunciar. Claro que todo ejercicio de edición conlleva una dosis de censura. Por eso los filtradores pagan un precio al pactar con los grandes medios, que es nada menos que la pérdida de control de esos datos por los que ellos violaron leyes, arriesgaron sus vidas y en algunos casos hipotecaron su futuro, como hicieron Snowden, Chelsea Manning y Julian Assange, entre otros.

A su vez los grandes medios, la gran mayoría con su influencia, su circulación y sus ganancias en caída libre porque las noticias son gratis en internet, también necesitan a los grandes filtradores para mantenerse vigentes. Entonces aceptan publicar aunque la megafiltraciones los expongan a límites éticos rayanos con el robo, el fraude, o hasta la traición a la patria. Así surge esta alianza incómoda entre grandes medios y megafiltradores, este pacto mefistofélico, como lo describió Martín Becerra. El pacto funciona pero más o menos: a veces mejor, a veces peor.

Veamos cómo se dieron las cosas acá en Argentina. En el caso del Cablegate, los grandes diarios de uno y otro lado de la grieta se hicieron un festín con cables estadounidenses que hablan de sus respectivos enemigos políticos. Pero esos medios en su totalidad se negaron a publicar los cables referidos al grupo Clarín, al diario La Nación y a reconocidos periodistas como Jorge Lanata y Joaquín Morales Solá. Sin embargo, después de darle la exclusividad a Página 12 y luego a La Nación, a los pocos meses Wikileaks hizo públicos todos los cables que había entregado a esos diarios y así, a través de libros, blogs y demás formatos alternativos, se pudo conocer toda la información de la megafiltración que los grandes medios habían ignorado o directamente intentado ocultar.

Después vino la filtración de Snowden. La información fue difundida por el periódico inglés The Guardian, que tiene la particularidad de funcionar como una fundación sin fines de lucro solventada por la herencia de un millonario con el único fin de mantener al diario independiente de financiamiento externo. Sin embargo, la mayoría de los documentos de Snowden nunca se dieron a conocer. Primero, porque el gobierno británico allanó el diario y ordenó a su director a quemar los discos duros con los datos en presencia de las autoridades. Segundo, porque el periodista que contactó a Snowden con The Guardian y escribió los principales artículos sobre el tema, Glenn Greenwald, fue comprado por un sitio de internet dedicado a la investigación periodística llamado The Intercept, cuyo dueño es el fundador de E-Bay. Este señor, Pierre Omidyar, al parecer está más interesado en tener una herramienta periodística para defenderse de las interferencias en su negocio de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que en la difusión completa de la información que posee. Entonces, por ejemplo, no se ha publicado una línea de lo que dicen los documentos pillados por Snowden sobre la guerra de Irak. También se sabe que la información extraída por el ex espía incluye datos sobre espionaje inglés a blancos argentinos vinculados con las islas Malvinas y no es casualidad que Cristina Kirchner es la única jefa de Estado que se sabe que se reunió con Snowden en Rusia. Pero toda esa información, que sólo poseen Snowden y dos o tres periodistas, todavía no vio la luz y es difícil que eso suceda mientras el ex espía filtrador negocia su regreso a Estados Unidos.

Finalmente llegaron Panama Papers de la mano del diario alemán Süddeutsche Zeitung y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El consorcio, a su vez, los repartió entre cien medios de todo el mundo,. Incluyendo el diario La Nación y Canal Trece del Grupo Clarín en Argentina. Según explicó La Nación, en los documentos que le fueron entregados hay unos 540 nombres de argentinos vinculados a empresas ubicadas en paraísos fiscales. Sin embargo, las revelaciones se han limitado a unos pocos casos. Por un lado están los argentinos con trascendencia internacional que no pueden ser ocultados por los medios locales porque sus historias serían publicadas por otros miembros del consorcio, como es el caso del presidente Mauricio Macri y de la estrella del fútbol Lionel Messi. Por otro lado aparece el típico funcionario público, en este caso Néstor Grindetti, un ejemplo de que el Estado bobo siempre es un blanco fácil para este tipo de investigación periodística. Finalmente aparecen los socios y allegados a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, que hace rato vienen siendo investigados por La Nación y Clarín como cómplices necesarios de la llamada ruta del dinero K. De los otros 500 y pico ni noticias. Y sin embargo intuimos, casi sabemos, que esa lista incluye a gran parte del empresariado argentino.

Sabemos, por ejemplo, que hace poco más de una década la revista El Guardián del banquero Raúl Moneta publicó con lujo de detalles cómo la familia Saguier habría comprado el diario La Nación a sus primos los Mitre utilizando dinero canalizado a través de sociedades off shore en el paraíso fiscal de Islas Caimán. Los fondos para la compra provendrían de la tía de los Saguier, Ernestina Herrera de Noble, a su vez accionista principal del Grupo Clarín. El Guardián dio el nombre de esas sociedades. Pero esa información no figura entre las revelaciones argentinas de los Panama Papers y sin acceso a los documentos es difícil saber si aparecen o no en la información filtrada. Pero no deja de llamar la atención que de las decenas de personalidades denunciadas en todo el mundo a partir de los Panama Papers casi no figuran empresarios de medios y de los pocos que sí figuran, ninguno es miembro del consorcio informativo. También es llamativo que teniendo más 540 nombres vinculados con paraísos fiscales, Clarín y La Nación sólo publican unos pocos casos. Y tampoco se puede apreciar que los medios de la competencia hagan mucho esfuerzo por obtener esa lista, no vaya a ser ellos también o sus allegados o avisadores figuren en la nómina. El problema para los grandes medios es que ya son más de 400 periodistas en todo el mundo que han trabajado con la información filtrada y eso hace probable que tarde o temprano los datos silenciados lleguen a manos de medios alternativos que no tienen conflictos de interés con los dueños de las empresas offshore. Cuando eso suceda, si es que sucede, los miembros del consorcio quedarán expuestos por todo lo que no contaron porque no lo podían contar.

Es que los paraísos fiscales no son simplemente cuevas de evasión impositiva al servicio de los ricos y famosos, como da a entender la narrativa periodística que hoy surge de los Panama Papers. Son, sobre todo, instrumentos financieros de las grandes corporaciones. Forman parte del sistema capitalista globalizado que impone sus normas por encima de la voluntad de los gobiernos y actores sociales que lo cuestionan. Dentro de este sistema los llamados medios de comunicación tradicionales ya no son medios en tanto mediadores entre distintos factores de poder. Han mutado de medios a extremos, extremos de grandes corporaciones, narradores de relatos hegemónicos o que pretenden serlo, antes que descubridores de verdades incómodas. La megafiltraciones, en sus distintas variaciones, a medida que se hacen cada vez más frecuentes, muestran los límites del periodismo tal como lo conocemos y vacían de contendido la pretensión de equilibrio e independencia de los grandes medios, incluso de aquellos que alguna vez pudieron serlo. 

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Hacete amigo del gobierno, no le des de qué quejarse…



EL PODER POLÍTICO Y EL PODER DE LOS MEDIOS: EL CASO DEL GRUPO CLARÍN (ÚLTIMA PARTE) 

La trayectoria de la empresa propietaria del diario Clarín es un claro ejemplo de cómo los grandes medios presionan sobre el poder político para obtener beneficios económicos, los que, a la vez, les otorgan mayor influencia para conseguir nuevas ventajas. En esta segunda entrega de la historia política del Grupo, se describe la profunda crisis en la que cayó como producto de su enfrentamiento con Cristina Fernández,  y cómo pudo empezar a recomponerse gracias a Mauricio Macri. 

Por Marcelo R. Pereyra

FERNÁNDEZ: HORAS DESESPERADAS 

Cuando en 2008 Cristina Fernández impulsó una ley para regular a los medios audiovisuales, la relación  de “amigos con beneficios” que había existido entre el Grupo Clarín y el kirchnerismo voló por el aire. Todo había empezado en marzo de ese año, cuando el gobierno dispuso un aumento de las retenciones a la exportación de granos. Las cuatro grandes organizaciones de productores agrarios se opusieron vehementemente a la medida. Lo mismo hicieron Clarín y La Nación, dos diarios muy vinculados al quehacer agropecuario. Al gobierno no le gustaron esas críticas y lo explicitó sin ambages. Siendo que a La Nación ya lo tenían catalogado como un enemigo consuetudinario, a Néstor Kirchner y a la ex Presidenta les sorprendió la reacción agresivamente negativa de Clarín. Suponían que pese a que le habían negado la compra de Telecom, el Grupo seguía siendo un aliado; por su parte, el multimedio no previó la belicosa reacción que despertó en el gobierno su postura crítica. Como fuere, desde aquel acto del 1° de abril de 2008, en el que Kirchner provocó al Grupo con su famoso “¿Qué te pasa, Clarín?”, se declaró una guerra de ribetes inauditos. El gobierno disparó con toda su artillería:  impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), le birló al Grupo la transmisión del fútbol (“Nos han secuestrado hasta los goles”, dijo en la oportunidad CFK), derogó la fusión de Multicanal y Cablevisión que había autorizado Kirchner, mandó al diario inspecciones impositivas intimidatorias, se entrometió violentamente en las reuniones del directorio de Papel Prensa (“Acá no vota nadie”, vociferó en una de esas reuniones el recordado ex secretario de Comercio Guillermo Moreno), denunció penalmente a directivos de Clarín y La Nación por delitos de lesa humanidad, reflotó la causa de los hijos de Ernestina de Noble y retiró publicidad oficial de todos los medios del Grupo. Cuando el gobierno le lanzó todos estos ataques muy pocos empresarios y políticos salieron en defensa del Grupo. Es probable que algunos les hayan querido pasar la factura a sus directivos por veinte años de competencia impiadosa y comportamientos soberbios.

En esa guerra el Grupo salió más herido que el gobierno. Vivió horas de desesperación e incertidumbre, pues perdió audiencia, ventas, publicidad y confiabilidad, el capital simbólico al que aspira todo medio de comunicación. Las palabras de Clarín y las de los otros medios del Grupofueronpuestas en cuestión como nunca antes había sucedido. Si bien la ex AFSCA no logró desmembrarlo, no es menos cierto que otras empresas de medios –afines al gobierno de Cristina Fernández- cooptaron algunos negocios que le interesaban al Grupo. Clarín denunció que la ley SCA era un ataque al “periodismo independiente”, ocultando que en realidad fue pensada para castigarlo debido a su línea editorial. Por su parte, el gobierno disfrazó la norma bajo el argumento –loable- de democratizar la comunicación. Seis años después de su sanción poco hizo el kirchnerismo en ese aspecto: los medios siguieron concentrados, algunos se concentraron más gracias a la amable gestión del ex titular de la ex AFSCA, Martín Sabatella, y los pueblos originarios, las cooperativas, las universidades y otras organizaciones de la sociedad civil siguen esperando que se les asignen frecuencias de radio y tv digital. 

MACRI: REGRESO CON GLORIA 

En la campaña electoral de 2015 todos los medios del Grupo jugaron sus fichas a favor del candidato Macri. No podía esperarse otra cosa después de las batallas que habían librado con el kirchnerismo, aunque no dejaba de ser una jugada riesgosa dada su precaria situación económica. Pero, por muy poco, les salió bien. Apenas instalado Macri en el sillón presidencial no demoró en sancionar un decreto de “necesidad y urgencia” que liquidó de un plumazo todo el andamiaje normativo sobre medios audiovisuales y digitales que había prohijado la administración de Cristina Fernández: mediante el DNU 267/2015 –que el Congreso se apresta a ratificar con algunas modificaciones menores- el gobierno eliminó la AFSCA y la AFTIC y creó el Ente Nacional de Comunicaciones, suspendió el artículo 45 de la ley de SCA -que limitaba la cantidad de ciudades en las que podían operar las empresas de cable-, dejó sin efecto las adecuaciones, habilitó la extensión de las licencias por diez años, permitió el ingreso directo de las empresas telefónicas a los medios audiovisuales y conformó una comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes de SCA y Argentina Digital. Todo a pedir de boca para el Grupo. Y así, mientras Cristina Fernández y sus empresarios amigos comienzan a desfilar ante los jueces, el multimedio puede respirar tranquilo después de seis años de angustia. Ahora deberá redoblar sus esfuerzos para entrar en el negocio del triple playvenciendo a las empresas telefónicas, sus principales competidoras. 

LA COMUNICACIÓN DE CLASE 

La historia política de la empresa editora de Clarín  evidencia que  todos los gobiernos de la democracia, menos el de Raúl Alfonsín, accedieron a sus distintas demandas: algunas fueron para superar sus crisis económico-financieras y otras para entrar en nuevos negocios. En ambos casos los gobiernos extendieron los beneficios a otras empresas multimediáticas, como ocurrió con  la ley de bienes culturales y con el decreto 527/2005, de los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, respectivamente, normas dictadas para auxiliar desde el Estado a los grandes capitales de la comunicación que arrastraban problemas financieros desde la mega crisis de 2001. Es más, Kirchner respaldó y estimuló la estructura de medios que había heredado, en especial la concentración empresarial, y diseñó un sistema de premios y castigos basado en la distribución de la pauta publicitaria estatal.

Es importante destacar que mientras Kirchner y otros ex presidentes ayudaron de diversas maneras a las empresas infocomunicacionales del sector comercial, todos ellos ignoraron completamente la problemática de los medios no comerciales. Confinaron a la comunicación social a la semi clandestinidad por la ausencia de una normativa que la legalizara y que impulsara el acceso a la comunicación de distintos sectores de la sociedad civil. Mientras los grandes medios se codeaban con todos los gobernantes y conseguían salvatajes económicos y posibilidades de hacer nuevos y más lucrativos negocios, los medios populares, alternativos y comunitarios apenas si tenían los PPP (Permisos precarios y provisorios) que otorgaba el COMFER, y funcionaban con el riesgo permanente de la clausura y el decomiso de sus equipos. Todo un dato que explicita la naturaleza de clase que atraviesa las relaciones entre el poder político, los grandes multimediosy la comunicación social. 

Fuentes: 

Becerra, Martín (2006): “En América Latina la relación entre medios, política y negocios turbios es muy fluida”. Entrevista de Marcelo R. Pereyra en Revista Contracultural diciembre.

Mochkofsky, Graciela (2011): Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder. Buenos Aires, Planeta.

Sivak, Martín (2015): Clarín. La era Magnetto. Buenos Aires, Planeta. 

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7 de marzo de 2016

Hacete amigo del gobierno, no le des de qué quejarse…



EL PODER POLÍTICO Y EL PODER DE LOS MEDIOS: EL CASO DEL GRUPO CLARÍN (PARTE I) 

La trayectoria del Grupo Clarín es un claro ejemplo de cómo los grandes medios se interrelacionan con el poder político para obtener mayores beneficios económicos, los que, a la vez, les otorgan mayor influencia para conseguir nuevas ventajas. Y cuando más importante e influyente es esa empresa periodística, más le interesa al poder político de turno tenerla como aliada. Lo que sigue es una acotada historia política del Grupo Clarín y su relación con los presidentes que gobernaron la Argentina desde la recuperación de la democracia hasta la fecha. 

Por Marcelo R. Pereyra 

ALFONSÍN: DURO DE MATAR 

El Grupo, cuando todavía no era tal, discutió durante seis años con el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín la derogación de la normativa que les impedía a los dueños de diarios ser licenciatarios de radios y/o canales de TV. Los funcionarios radicales le negaron esa posibilidad, pero admitieron que la empresa editora de Clarín regenteara las radios Mitre y FM 100, pese a que la ley de Radiodifusión, sancionada por la dictadura militar en 1980, le negaba a los dueños de diarios la posibilidad de ser licenciatarios de radios y/o canales de TV (los militares no querían que se conformaran medios poderosos que los pudieran criticar). 

MENEM: UN AMIGO FIEL 

Cuando Carlos Menem llegó al poder Clarín volvió a la carga, esta vez con resultado positivo. El gobierno del riojano, sin derogar la ley de Radiodifusión, recurrió a un artilugio legal y le otorgó a Clarín la licencia de canal 13. Aquello fue, sin dudas, el huevo de la serpiente, pues en 1990 la empresa que publicaba el diario más vendido de la Argentina y era una de las dueñas de la única fábrica de papel para diario existente en el país, pasaba a controlar dos radios y un canal de tv: así nació el multimedios de Clarín. El Grupo comenzó a comprar otros medios, se metió en el negocio de tv por cable e inició una etapa de diversificación de actividades, participando de empresas que nada tenían que ver con la comunicación y la información. 

DE LA RÚA: LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER 

El desenfrenado proceso expansivo del Grupo lo llevó a endeudarse en miles de millones de dólares. Mientras la cotización de la moneda estadounidense se mantuvo en paridad con el peso la deuda fue manejable, pero cuando en el año 2001 empezó a hablarse de abandonar la convertibilidad la situación se agravó. Entonces, el diario Clarín –que venía sosteniendo la debilitada gestión del ex presidente Fernando de la Rúa- inició una campaña contra la dolarización de la economía, puesto que la deuda del Grupo era en dólares y estaba radicada en el exterior. Mientras tanto, los ejecutivos de la empresa hacían lobby a favor de una modificación de la ley de Quiebras y de la sanción de una ley de bienes culturales, para que se impidiera a acreedores externos tomar el control de una empresa concursada (El Grupo había incorporado como socio en 1999 al banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, que era su principal acreedor externo). 

DUHALDE: DOS A QUERERSE 

Las negociaciones con el gobierno de De la Rúa no llegaron a nada. Fue el ex presidente Eduardo Duhalde el que satisfizo todos los deseos del Grupo, pese a las críticas que se alzaron desde sectores políticos y empresariales. A cambio, Clarín dispensó un tratamiento amistoso al gobierno duhaldista. Por supuesto elogió la pesificación asimétrica, la media sanción de la ley de bienes culturales y las modificaciones a la ley de quiebras, presentando todas estas medidas como favorables al interés general y ocultando que en realidad eran para beneficiar un interés particular: el del Grupo. Además elogió calurosamente otras políticas de Duhalde, en un contexto social y económico sumamente delicado post crisis de 2001. La joya más valiosa de ese afán retributivo fue el bochornoso título con el que Clarín informó sobre el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la policía bonaerense, el 26 de junio de 2002: “La crisis causó dos nuevas muertes”. En todo el relato de aquel grave acontecimiento el diario, y los otros medios del Grupo Clarín, intentaron imponer una explicación según la cual los dos militantes piqueteros se habían matado entre ellos. La intención era soslayar la responsabilidad penal y política del gobierno.

Seis meses más tarde el Grupo Clarín, a esa altura el más poderoso de la Argentina, debió afrontar otro cimbronazo: la detención de su máxima figura, Ernestina Herrera de Noble, de 77 años, dispuesta por el juez Roberto Marquevich en el marco de una causa judicial en la que se investigaba la adopción de los dos hijos de aquella. Pese a que se sospechaba que ambos eran hijos de desaparecidos y que habían sido adoptados en forma irregular, la prisión de la directora fue criticada por un amplio espectro de políticos -que incluyó al entonces candidato presidencial Néstor Kirchner-, periodistas y empresarios, por entender que constituía una grave afrenta a la libertad de expresión. Sin embargo, nada tenía que ver lo periodístico en el asunto pues -en el marco de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2003- se trataba de una disputa política entre el Grupo y Menem, originada en el enojo del ex presidente por los comentarios críticos de Clarín sobre los innumerables hechos de corrupción que se verificaron durante su segundo mandato. Marquevich procesó a Herrera de Noble por apropiación indebida y otros delitos, pero fue apartado de la causa, tuvo que enfrentar un juicio político y fue destituido. El nuevo juez desprocesó a la directora y en los estudios de ADN que se hicieron Marcela y Felipe Noble no se encontró relación con el material que se atesora en el Banco Nacional de Datos Genéticos. 

KIRCHNER: LA DELGADA LÍNEA ROJA 

La resolución del affaire judicial de su directora demostró que el Grupo Clarín se había consolidado como actor político, y que el poder que detentaba lo hacía tan odiado como temido. Los políticos ya habían advertido que debían hacer política en y para los medios, y que resultaba complicado gobernar teniendo al Grupo en contra. Esto lo apreció clara y tempranamente el ex presidente Néstor Kirchner, cuando cuatro meses después de haber asumido invitó a la Casa Rosada al CEO del Grupo, Héctor Magnetto. Los dos se pusieron de acuerdo en varias cuestiones generales y se inició una amable relación, con contactos regulares entre directivos de Clarín y altos funcionarios nacionales. De esa entente cordiale el Grupo se vio favorecido por varias medidas impulsadas y adoptadas por el gobierno. Una primera fue la sanción de la ley de bienes culturales (que tenía media sanción desde la época de Duhalde). La segunda fue el decreto presidencial 527/2005, que renovó automáticamente las licencias televisivas más importantes. Y una tercera consistió en la firma de un decreto, en el último día del  mandato de Kirchner, por el cual se autorizó la fusión de las empresas de televisión por cable Multicanal y Cablevisión.Esta autorización le permitió al Grupo, dueño del sesenta por ciento del paquete accionario del nuevo consorcio, y a su socio estadounidense, Fintech Advisory, controlar casi el setenta por ciento del mercado de televisión por cable (Página/12, 8/12/2007). El negocio del cable pasó a representar el ochenta por ciento de los ingresos del Grupo.

La relación Kirchner & Magnetto fue afable durante todo el gobierno del primero, aunque se mantuvo en una delgada línea roja de constantes reclamos mutuos: Kirchner se quejaba a Magnetto del contenido de notas aparecidas en el diario y el empresario demandaba al Presidente la posibilidad de hacer más y más negocios, como por ejemplo lacompra de la telefónica Telecom para poder entrar en el negocio del triple play. Kirchner se opuso a esa posibilidad y la relación comenzó a debilitarse. La ruptura de la liaison llegó cuando en el gobierno de Cristina Fernández los medios del Grupo se opusieron con dureza a la Resolución 125 –aumento de las retenciones a las exportaciones de granos- y el gobierno respondió cuestionando abiertamente esa postura editorial y poniendo en debate una ley destinada a “democratizar la palabra” en el ámbito audiovisual,  eufemismo detrás de la cual se escondía la intención de torpedeara la nave insignia del Grupo, Cablevisión. A partir de ese momento, el Grupo fue públicamente cuestionado no sólo por el gobierno kirchnerista y sus simpatizantes, sino por amplios sectores de la sociedad que parecieron despertar del dulce ensueño de la objetividad periodística. Los medios del Grupo perdieron gran parte de su principal capital: la credibilidad. Y con ello perdieron lectores, televidentes y oyentes. Y publicidad. Y mucho dinero. ¿Cómo sobrevivir frente a semejante crisis casi terminal? 

(Continuará) 

Fuentes:

Anguita, Eduardo (2002): Grandes hermanos. Alianzas y negocios ocultos de los dueños de la información. Bs. As., Colihue.
Becerra, Martín (2015): De la concentración a la convergencia. Políticas de medios en  Argentina y América Latina. Buenos Aires, Paidós.
--------------------- (2006): “En América Latina la relación entre medios, política y negocios turbios es muy fluida”. Entrevista de Marcelo R. Pereyra en www.contracultural.com.ar, diciembre.
Mochkofsky, Graciela (2011): Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder. Buenos Aires, Planeta.
Sivak, Martín (2015): Clarín. La era Magnetto. Buenos Aires, Planeta.

7 de noviembre de 2013

Hablemos de los Pueblos Originarios y la Ley de Medios


POR UNA VERDADERA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

La Corte Suprema de Justicia declaró constitucional la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Todo un logro para aplaudir. Pero los Pueblos Originarios en Argentina siguen invisibles en la televisión y en la radio, a excepción, claro está, de un hecho trágico. 

Por Kvrvf Nawel 

Existe un conocido dicho latinoamericano que dice: “los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos descienden de los barcos”. Que vigente continúa. Históricamente la televisión argentina ocultó la vida de los Pueblos Indígenas y solo los presentó para exhibirlos como pieza del pasado. Lejos de promocionar la riqueza cultural y ancestral, la radio los menciona solo si hay sangre en la noticia. 

Cuando la presidenta Cristina Fernández lanza el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la ciudad de La Plata, planteó la democratización de la comunicación y la pluralidad de voces en los medios. Resultó ser una iniciativa transformadora pero en esa “democracia” los Pueblos Originarios no existían. Comunicadores indígenas de todas las regiones del país nos reunimos intensivamente para elaborar una propuesta de Comunicación Indígena que finalmente, el ya enterrado Comfer, incluyó en la presentación final del texto. Foros, debates y encuentros en todo el país pueden dar cuenta de una ley realmente discutida por la sociedad diferenciándose del resto de leyes creadas sin consultar a nadie.  

El Congreso argentino aprueba la ley en el año 2009 e inmediatamente entra en vigencia. Claro que una legislación no soluciona la vida de nadie pero crea un marco social diferente. La expectativa de ver en los canales de tv la presencia permanente de los Pueblos Originarios de Argentina, y de escuchar en las radios sus voces, fue grande, pero poquito ha cambiado. Engrampado en la disputa Gobierno-Clarín quedó todo un país. Pero como todo matrimonio desquiciado, tanto el gobierno nacional como la empresa de multimedios tienen algo en común: en ambos los Pueblos Originarios no existen.   

¿Qué dice la Letra? 

El espíritu de la ley es eliminar los monopolios de la información y democratizar la comunicación audiovisual, avanzar en el respeto por la diversidad cultural en el país y la promoción de contenidos locales y federales.

En su artículo 3º se refiere a los Objetivos y en el inciso ñ) establece “la preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los Pueblos Originarios”.   

El artículo 9º acaso resulta fundamental para la transformación del paradigma cultural; se describe al Idioma en que los Medios de Comunicación Audiovisual están obligados a utilizar en su contenido. “La programación que se emita a través de los servicios contemplados por esta ley, incluyendo los avisos publicitarios y los avances de programas, debe estar expresada en el idioma oficial o en los idiomas de los Pueblos Originarios”.   

El derecho de los Pueblos Originarios es de carácter público, como el Estado y la iglesia católica; ese estatus lo resguarda la Constitución argentina. Por eso, el artículo 151, del Titulo IX, menciona la “Autorización a los Pueblos Originarios para la instalación y funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual por radiodifusión sonora con amplitud modulada (AM) y modulación de frecuencia (FM) así como de radiodifusión televisiva abierta en los términos y condiciones establecidos en la presente ley”.   

Antes de la Ley 26.522 los escasos medios de comunicación indígenas, mayoritariamente radios, sobrevivían a pan y agua, pero con la clara convicción que el mensaje era lo primordial. Para revertir un enorme mar de desigualdad, la normativa se refiere al Financiamiento de los Medios Indígenas en su artículo 152. “Los servicios contemplados en este título se financiarán con recursos provenientes de: a) Asignaciones del presupuesto nacional; b) Venta de publicidad; c) Donaciones, legados y cualquier otra fuente de financiamiento que resulte de actos celebrados conforme los objetivos del servicio de comunicación y su capacidad jurídica; d) La venta de contenidos de producción propia; e) Auspicios o patrocinios; f) Recursos específicos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.   

¿Qué dice la Realidad?   

Los artículos 3 y 9, por citar casos, no se han aplicado hasta la fecha. Ni la identidad ni los valores culturales de los Pueblos Originarios se promocionan en los medios de comunicación audiovisual estatales, ni comerciales. Tampoco gozan de plenitud en los medios audiovisuales los idiomas de los Pueblos indígenas del país, lo que genera un vacío cultural gravísimo.   

Los incisos A y F del artículo 152 del Titulo IX continúan sin aplicación. Hasta el momento los medios de comunicación audiovisual de los Pueblos Originarios no han recibido asignaciones del presupuesto nacional ni recursos asignados por el desprestigiado Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Aquí es donde la discriminación racial se vislumbra en plenitud. Con una ley “revolucionaria”, es una vergüenza que los medios indígenas continúen sobreviviendo sin ningún apoyo económico del Estado.   

Uno de los caballitos de batalla de la AFSCA para defender la tímida aplicación de la ley; y del vergonzoso Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para promocionar su pobre política pública, ha sido la Comunicación Indígena. Patética es la actitud de Daniel Fernández, presidente del INAI, cuando la Confederación Mapuce de Neuquén le exige resolver el problema eterno de las tierras y su respuesta inmediata es: “hemos generado nuevas políticas, una de ellas es el reconocimiento en la ley de medios”. Cuando le consulté por el silencio del INAI ante la grave situación del Pueblo Qom en Formosa me respondió con la diplomacia de un funcionario público: “¡¿a vos te manda Clarín?!”. 

Los medios de comunicación administrados por el Estado nacional (canales y radios) carecen absolutamente de producción de contenidos que reflejen debidamente la diversidad cultural y la vida de los Pueblos Originarios en el país. Alcanza con mirar canal 7, la “televisión pública” que llega a cada rincón del país, para entender que Argentina sigue pensando que no hay indígenas. Ni siquiera un spot de 30 segundos. Nada. Con los dedos de una mano se cuentan las producciones indígenas en Radio Nacional. Y los medios de comunicación administrados por los Estados provinciales (canales y radios) rara vez se refieren a la diversidad cultural. Las producciones audiovisuales elaboradas por los Pueblos Originarios siguen sin ver luz en los Medios públicos. ¡Qué pluralidad de voces mamita querida!   

Un canal sin cause   

Según la AFSCA, hasta la fecha, ha otorgado 34 licencias a Pueblos Originarios (32 radios FM, una radio AM y un canal de televisión abierta). 

El canal mencionado es “Wallkintun TV” de Bariloche. “El primer canal de un Pueblo Originario con la nueva ley” dijo orgulloso Martin Sabatella, titular de la AFSCA. Fue inaugurado oficialmente el 7 de diciembre de 2012 en el marco de una campaña nacional del AFSCA denominada “7D”, que apostaba sus fichas a que ese día el grupo Clarín iniciaba el proceso de adecuación de la ley. Como un gran circo se presento el primer canal mapuce de señal abierta impulsado por indígenas empleados del INAI y de la organización kirchnerista La Cámpora. Lejos de iniciar la señal con producción propia, el primer canal indígena presentó: “Néstor, la película”. Por su parte el presidente del INAI dijo que “el canal va a recibir todo nuestro apoyo”. Pero el canal y el “apoyo” duraron lo que dura una función de circo. Los equipos prometidos nunca llegaron, los contenidos no se produjeron, el AFSCA se lavo las manos, el INAI miró para otro lado y los recursos económicos provenientes de la Ley jamás entraron al canal.   

Todo un record, entre paréntesis 

Los Pueblos Originarios son tan ninguneados por los medios de comunicación que se llega al punto que el programa “678” genera un escándalo con la presencia de un solo indígena. Luego de 10 años, el programa de emisión diaria en el canal 7 Público, por primera vez presento un informe que involucra la vida de un Pueblo Originario titulado “El sector minoritario de los Qom fue recibido por el Papa”. En el informe se presenta a la autoridad de la comunidad Qom La Primavera, Félix Díaz, de provincia de Formosa, como un dirigente con intereses personales en alianza con la corporación Clarín. Para “debatir”, el programa invitó a dos funcionarios del gobierno nacional: el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández; y al director de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales, Roberto Ñancucheo, al que también presentan como “Líder Mapuche”. ¿A quién se le puede ocurrir que dos funcionarios del gobierno se presenten en televisión para resaltar las falencias de su propio gobierno? En consecuencia el “debate” no existe. El programa entero dedico su tiempo a desprestigiar la digna lucha del Pueblo Qom. 

Los indígenas estuvieron una semana en boca de todos los periodistas porque el “Papa Francisco recibió” a Félix Díaz, Carashe de la Comunidad Potae Napogna de La Primavera. Todo un record. Sin embargo, a excepción de Informativo FARCO y los medios alternativos, el resto de “comunicadores” no resaltó el desfile de reuniones que tuvo Félix Díaz con organizaciones, autoridades políticas, funcionarios y artistas. Lo que importo fue que el Papa en persona recibiera a un “indio” en el Vaticano, comprometiéndose a interceder en una pronta reunión entre Díaz y la Presidente Cristina Fernández. La Presidente nunca recibió al Carashe y los indígenas desaparecieron de la televisión y de la radio y de los medios.   

¿Y entonces?   

La Corte Suprema de Justicia finalmente declaro constitucional la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo llega el máximo Tribunal de Justicia a expedirse sobre una ley que sanciono el poder legislativo? La Ley tiene 166 artículos, organizados en 12 Títulos. El grupo Clarín se opuso a 4 y presentó una medida cautelar. Cuatro años después la cautelar quedo desestimada y el multimedios debe hacer lo que manda la ley.

“La ley está completamente vigente y es aplicable en su totalidad” celebra Sabbatella. ¿Antes del fallo judicial la ley no era aplicable? Cierto es que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual ha tenido un tibio accionar como órgano de aplicación de la normativa. Su decisión política, por lo menos, causa pena. La promoción de la diversidad cultural en los medios públicos estatales; la exigencia a las empresas de comunicación para la producción de contenido local; la nula respuesta ante las denuncias de radios indígenas por falta de partidas presupuestarias de parte del INAI, son deudas pendientes. ¿Eso es culpa de algún multimedios? No confundamos los hechos; una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. 

Ni la AFSCA, ni los Gobiernos, ni los Medios pueden seguir pensando que la promoción y difusión de la diversidad cultural indígena favorecerá solo a los indígenas en la zona rural; pensar eso es tan limitado como creer que la lluvia es necesaria solo en sequias. 

El desarrollo de contenidos indígenas plantea realmente un nuevo paradigma donde la sociedad entera es la favorecida en cualquier ciudad. ¿Por qué? Porque el nuevo escenario político comunicacional nos debe permitir vernos, pensarnos y vivir en la diversidad cultural. Saber que en el noroeste somos Kollas o Guaranies y en el sur Mapuce o Aoniken; en el Cuyo somos Huarpe o Diaguitas y en el noreste somos Qom o Wichi. Imposible ocultar cuando el 56% de la población argentina tiene en sus venas sangre de alguno de los 35 Pueblos Originarios. 

La discusión de fondo es el paradigma comunicacional, que se puede traducir en: ¿qué sociedad queremos y cómo la planteamos? Le corresponde a los Pueblos Originarios afinar su política comunicacional y al organismo Federal le atañe aplicar la ley sin excusas y con decisión política. Claro que hay que aplaudir el fallo de la Corte Suprema. Pero festejemos cuando todos y cada uno de los medios de comunicación del país dejen de repetir que “los argentinos descendemos de los barcos”.  


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