Mostrando entradas con la etiqueta comunicación. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta comunicación. Mostrar todas las entradas

8 de noviembre de 2012

Comunicación y televisión popular. Escenarios actuales, problemas y potencialidades




LIBROS (I)
Natalia Vinelli, docente e investigadora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (Facultad de Ciencias Sociales-UBA), ha compilado un conjunto de trabajos destinados a analizar y discutir el desarrollo y  las problemáticas de la televisión alternativa, popular y comunitaria en Argentina, Chile, Cuba y Venezuela: la vieja y siempre vigente discusión sobre el sentido de lo alternativo, la tensión masividad/alternatividad, la apropiación de la tecnología digital y los conflictos que plantea la legislación sobre medios audiovisuales, son los tópicos centrales de este valioso libro, un soplo de aire fresco que nos recuerda que hay vida más  allá del 7D

Por Marcelo R. Pereyra

No podía ser más oportuna la publicación de Comunicación y televisión popular. Escenarios actuales, problemas y potencialidades (Cooperativa Gráfica el río suena). Ocurre justo cuando los debates en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual crecen en cantidad e intensidad en el mundillo de los medios y de la política. El libro nos viene a recordar que, por fuera de Clarín sí o Clarín no, hay otras realidades comunicacionales –alternativas, populares y comunitarias- a las que también hay que prestarles atención porque son los protagonistas de esas realidades los únicos capaces de aportar voces realmente críticas dentro del espectro radioeléctrico tradicional. Es que de prosperar la aplicación del famoso articulito 161 de la meneada ley, no tendremos otra cosa que el mismo perro pero con distinto collar. Por eso que no es casual que la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) haya ignorado a la alternatividad audiovisual en los concursos por las nuevas licencias de radioteledifusión. “El miedo no es sonso”, dicen en el campo.

El conjunto de artículos que componen este libro han sido compilados por Natalia Vinelli, una investigadora de experiencia y prestigio dentro del campo de la comunicación alternativa. Sus preocupaciones se plasmaron tempranamente en su tesina de licenciatura, en la que estudió el proyecto contrainformativo de la agencia de noticias ANCLA (ANCLA. Una experiencia de comunicación clandestina orientada por Rodolfo Walsh, La Rosa blindada, 2002), y se desarrollaron junto a Carlos Rodríguez Esperón en Contrainformación. Medios Alternativos para la acción política (Peña Lillo/Ediciones Continente, 2004), entre otros textos. En este caso, se trata de un grupo de trabajos que describen y discuten el desarrollo y  las problemáticas de la televisión alternativa, popular y comunitaria a partir de prácticas concretas que tienen lugar en Argentina, Chile, Cuba y Venezuela. Algunos de los tópicos centrales que atraviesan los artículos se refieren a la vieja y siempre vigente discusión sobre el sentido de lo alternativo, a la tensión masividad/alternatividad, a la apropiación de la tecnología digital y a los conflictos que plantea la legislación sobre medios audiovisuales.

En suma, se trata de un libro valioso por el material teórico-práctico que aporta, no sólo para los del palo de la alternatividad, sino también para todos los que están convencidos de que otra comunicación es posible.  

 REVISTA CONTRACULTURAL
Para recibir el Boletín Contracultural:
contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar

Comunicación pública del crimen y gestión del control social


LIBROS (II)
El equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), que encabeza Stella Martini, acaba de publicar una segunda compilación de trabajos referidos a la problemática del delito y su control social. Profundizando un camino iniciado con La irrupción del delito en la vida cotidiana. Relatos de la comunicación política (Biblos, 2009), los investigadores han apelado a diversos recursos metodológicos articulando métodos cuali y cuantitativos,  recurriendo al trabajo etnográfico, usando técnicas de observación no participante y entrevistas para la obtención de datos en diversos barrios y en instituciones de seguridad; al relevamiento de un sector de opinión pública en una encuesta de 628 casos en la ciudad de Buenos Aires y a la construcción de varios corpus discursivos, legales, institucionales, periodísticos que les permitieron el análisis del discurso sobre textualidades y soportes diversos y el procesamiento de toda la información seleccionada. Seguidamente se reproduce la “Introducción” de Comunicación pública del crimen y gestión del control social (La Crujía, 2012) redactada por sus compiladoras, Stella Martini y María Eugenia Contursi.

Por Ricardo Lazo

La gestión del control social en Argentina, y en tantos otros lugares, se asienta sobre el relato común y único –que da sentido a la vida cotidiana– de la necesidad de fortalecer las tramas represivas, lo que se aseguraría mediante la vigilancia, la legislación adecuada y la exclusión de los sectores indeseables. Prácticas y representaciones estigmatizantes y violentas se unen, desde diversos lugares enunciativos, para lograr el efecto de una realidad y un territorio que sería preciso sanear para el retorno de un pasado mítico, entre el locus amoenus del espacio público como paraíso y la aurea aetate de la seguridad total.

El control social se exige cuando las instituciones no lo garantizan o la falta de seguridad se hace una sensación cuasi objetiva, y la noticia policial reiterada y enfatizada se ofrece como el formato discursivo más idóneo para hacer natural el reclamo y por tanto hacerlo de todos. Es el sentido común el que se expresa, atravesando los relatos de situaciones en las que el azar es muchas veces la invariante. La noticia sobre el delito, tradicionalmente moralista, suma en la actualidad la apelación a la indignación ciudadana, y es así como, articulando las dimensiones de lo religioso y lo profano, cobra una legitimación que se extiende, metonímicamente, a las denuncias y exigencias por mayor control y políticas de mano dura. De tal forma, asentada sobre la metáfora de la ventana abierta al mundo, la mediación se vende y se entiende en singular, el único ojo posible, y se sustenta en la marca fundacional de la prensa moderna, la testimonialidad.

Fiel a la imagen de “custodio de la democracia”, el periodismo habla con un lenguaje similar al que usa esa sociedad a la que atiende y logra consolidar el lazo fiduciario. La comunicación pública suma, pues, la producción mediática a los discursos sociales autorizados y a aquellos del ciudadano común cuya voz suele registrarse a través de los números de las encuestas y los reclamos en la calle. Los discursos sobre infracciones y delitos, sobre las penas, las leyes y las relaciones consecuentemente implicadas en las prácticas institucionales y sociales tienen en los medios por su mismo alcance y masividad el soporte y canal con mayor posibilidad de eficacia comunicacional.

Difícil abordar los planos discursivos del individuo y de la opinión pública separándolos de los de los medios informativos. La eficacia está definida en este caso por la posibilidad de establecer una coherencia discursiva y la justificación de técnicas de control sobre los sujetos, construyendo el marco del sentido publicitado y definiendo los espacios entre uno y otro lado de la ley. Las agendas de la prensa informativa gozan de una fuerte legitimidad que opera de modo reflexivo, toda vez que el mismo sentido común elaborado por la noticia policial coincide y reactualiza las voces cotidianas de vastos sectores de la población. Es poco probable que, en el circuito de circulación de los discursos sociales, no tengan prioridad los que dicen sobre la necesidad y la búsqueda de seguridad (entendida como la ausencia del delito o al menos su total control) porque se trata de la vida y la muerte, los afectos y los bienes. Es el punto nodal en el que privacidad y publicidad se intersecan con absoluta claridad.

El análisis comunicacional y cultural es la herramienta metodológica fundamental para un (a)cercamiento a esta problemática, porque permite dar cuenta de la densidad de las formas de construcción del sentido que agentes y agencias realizan y difunden sobre delitos, infracciones, leyes, penas, usos y apropiaciones del espacio público, la privacidad y las actuaciones, el control y el orden sociales. Es en el estudio de las mediaciones donde encontramos los cruces y los accesos, miradas oblicuas e interpretaciones posibles de este conjunto problemático en el que el control social es tópico consecuente del sentido común.

Focalizando en la búsqueda de los modos en que directa o indirectamente se construye y refuerza una forma determinada de control social, se identificaron escenificaciones, actuaciones y argumentos que ordenan la demanda o la justificación de acciones represivas y de exclusión, reiteradas denuncias de falta de gobernabilidad a partir del tópico de la violencia urbana que sintetizan en la figura del denominado delito común todos los males de la sociedad. En este sentido, las lógicas productivas de los representantes de políticas de derecha y de los medios masivos de comunicación, particularmente, apelan a la caracterización del desorden en el espacio público a partir de acciones y escenarios que tienen la marca común de la estigmatización: ocupación de “indeseables” (sujetos/sectores sociales estigmatizados) en forma permanente o circunstancial; escasez de espacios verdes, índices de “vida sana y responsable”; ausencia de elementos probatorios de alta calidad de vida (plazas, iluminación, vigilancia policial, cercanía con enclaves habitacionales de la pobreza, entre otros); accionar de la delincuencia; presencia de sospechosos; ausencia de legislación con mayor carga punitiva y de planes de prevención y vigilancia; carencia o debilitamiento de un “orden moral”, entre otros.

La creencia en la “veracidad” del discurso informativo, al que nos dedicamos especialmente a través de distintos casos, se hace efectiva por su coincidencia con el verosímil de otros discursos que el público estableció como naturales, y que posibilitan la legitimación de la universalidad del delito, su expansión en el espacio público (real e imaginado) y la consecuente exigencia de vigilancia en la sociedad. En el relevamiento de los medios se enfatiza la centralidad de tales agendas y se suma una persistencia que es omnipresencia, un presente continuo del crimen en el espacio público y en la impotencia del espacio privado que deja de serlo por el accionar delictivo. La herramienta estratégica es la reiteración ad infinitum de las crónicas del miedo y del padecimiento en la publicación diaria/secuencial, marca del relato unificado sobre la inseguridad.

Se verifica por la reiteración y por las atribuciones pertinentes que el crimen, que expresa una situación de conflicto permanente, ha adquirido en los últimos 20 años la relevancia que hace de la noticia policial una noticia política, esto es, la inscribe de modo rotundo en el campo de la comunicación política. La agenda del delito es tema y práctica constituyente del campo de la comunicación política, pero, además, del modo en que también habla el sentido común. De hecho, la reiteración espectacularizada de los casos más violentos apela a una conciencia “vecinal” (por lo grupal y compartido) e individual (por lo pietista y atemorizante de la soledad ante la amenaza) que produce efectos certeros sobre formas de la conciencia histórica y ciudadana. Tópica y predicados del delito se han analizado en el contexto del estudio mayor del conflicto, que puede definirse brevemente como espacio de la disputa por el poder, y que es en los medios tema privilegiado a partir del reclamo, la denuncia y proclamas de diferentes formas de la fe liberal. El conflicto, parte del negocio periodístico y tema permanente en cualquier sumario noticioso, exige un escenario, como también el crimen y sus representaciones (horas, momentos, lugares propicios) que permite moralizar didácticamente sobre las opciones entre las cuales se mueve y/o debería moverse el conjunto de la sociedad, entre el control y el descontrol.

REVISTA CONTRACULTURAL
Para recibir el Boletín Contracultural:
contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar

8 de octubre de 2012

A 3 años de la sanción de la nueva Ley de Medios


DOCUMENTO DE LA RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS 


La lucha por el reconocimiento jurídico del sector y la legalización de los Medios Comunitarios, Alternativos y Populares que hoy funcionan en todo el territorio nacional lleva años sin soluciones concretas.

La falta de elaboración de un Plan Técnico (ordenamiento del espectro ocupado y del libre), que según la nueva ley debió realizar el Estado en forma previa a los llamados a concursos, provoca discrecionalidad en la entrega de las licencias.

Se entregan y concursan licencias sin hacer la reserva del 33 % del espectro que, por la nueva ley, debería ser destinada a las entidades sin fines de lucro.

Los pliegos de bases y condiciones para los concursos abiertos que se han publicado no contemplan, tal como exige la nueva ley, la diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro. Además no se adecúan a las características particulares de los medios comunitarios, alternativos y populares.

La desinversión que se iniciará el 7 de diciembre no garantiza la democratización del espectro. Las frecuencias que se liberen no serán devueltas al Estado sino que serán vendidas/transferidas (entre privados) a quienes puedan pagarlas; por lo tanto no se ampliará la disponibilidad del espectro.

La vigencia del decreto 527/2005 que congeló por 10 años los plazos de las licencias ya otorgadas, afectan la disponibilidad de espectro y neutralizan parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera luego de la desinversión.

Ante la falta de respuestas para los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, la Red Nacional de Medios Alternativos continúa denunciando las acciones dilatorias del Gobierno y la falta de políticas desde el Estado para la inclusión en el marco legal de este sector históricamente postergado.

La derogación de las Resol. 685/11 y 686/11 -que establecían los llamados a concursos, pliegos de bases y condiciones para Televisoras de Media y Alta Potencia- y la Resol. 1659/11 que promovía la solicitud de previsión técnica para Televisoras de Baja Potencia y la suspensión de las mismas a través de las Resol. 929/12 y 930/12, son indicios de la falta de viabilidad de las políticas del Estado para la inclusión de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares. La promesa incumplida de nuevos pliegos a 30 días de esa derogación ratifican tal afirmación.

Si bien está vigente la Resolución 1465/2011 sobre el pliego de bases y condiciones para TV de Baja Potencia (categorías H,I,J,K) aún no se han definido plazos para los concursos ni costos de los pliegos.

Como declaramos en su momento, estas resoluciones eran excluyentes económicamente además de no corresponderse con las características, composición y formas de organización de los medios comunitarios, alternativos y/o populares que funcionan en todo el país.

A pesar de estar suspendidos los mecanismos para acceder a permisos y licencias que propone el AFSCA para televisión, vemos cómo a través del Ejecutivo se siguen entregando Permisos Experimentales de TV Digital y utilizando las plataformas digitales públicas de modo discrecional y en forma arbitraria beneficiando a sectores del poder económico concentrado y/o ligados políticamente al Gobierno. Son claros los ejemplos de las señales 360 TV, C5N, CN23 y CONSTRUIR TV (UOCRA) entre otros, mientras que el sector de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, sigue sin ser convocado en su conjunto.

En el caso de las radios, se han sancionado la Resoluciones 1655/11 y 1926/2011 que establecen los pliegos de bases y condiciones para todas las categorías en AM y FM. Se ha iniciado un proceso de concursos para FM de Baja Potencia en ciudades de provincias donde no existe conflictividad en la ocupación del espectro (Resolución 698/2012: Chaco, La Rioja, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, La Pampa, San Luis y San Juan).

Por Resolución 434/2012 se avanza además en la entrega de licencias, a través de adjudicaciones directas sin concurso, para medios de muy baja potencia según define el art.49 de la nueva Ley de Medios, siempre que haya disponibilidad de espectro (en zonas de alta vulnerabilidad social y/o escasa densidad demográfica).

Entendemos que los pliegos actuales, pensados con la lógica de medios comerciales y no del sector de los Comunitarios, Alternativos y Populares, serán un condicionante a futuro por las exigencias que traen aparejados pues parten del desconocimiento de las formas de organización, gestión y desarrollo de nuestros medios.

Desde la RNMA consideramos necesario reflexionar colectivamente como actores directamente afectados por la aplicación de la nueva Ley de Medios, a fin de resolver las problemáticas actuales y futuras específicas que deben afrontar el conjunto de los Medios Comunitarios, Alternativos y/o Populares. En base a ello exponemos:


Ausencia de plan técnico
AUSENCIA DE PLAN TÉCNICO.
Incumplimiento de la nueva Ley de Medios.

La AFSCA está cometiendo un grave incumplimiento ya que elabora pliegos y llama a concursos sin un Plan Técnico vigente (art.156 Ley 26.522). Esta tarea corresponde, por normativa nacional e internacional al Estado Nacional, por lo que es obligación -con carácter previo al llamado a concurso- la realización de un plan que organice el espectro, en función de las disponibilidades técnicas, definición y cantidad de categorías, así como la administración del espectro según el territorio.

La consecuencia directa para las televisoras es la imposibilidad de dar uso a los 69 canales por región, a cambio de entregar el espectro entero a empresas de cable, telefonía celular, radio taxis, etc. Tal falta de previsión imposibilita la adjudicación y su uso a medios de comunicación ya que sin plan nunca habrá espectro disponible, acción que también obligaría a la CNC a velar por el correcto uso de la banda de televisión.

Es importante destacar, que a diferencia de lo que ocurre en radios, el marco legal de regulación del espacio fue tercerizado en un ente llamado SATVD a través del Decreto 1148/09. Lo cual sitúa fuera de la esfera de AFSCA la negociación de las telefónicas y demás empresas que pretenden quedarse con el uso del espacio internacionalmente reservado para la televisión.


Reserva del 33% para las sin fines de lucro.

A lo arriba expuesto, agregamos que la AFSCA no respeta las reservas en la administración del espectro radioeléctrico, tal cual lo exige el Art.89 Ley 26.522, que asigna el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestre, en todas las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro.

Desde la creación de la AFSCA hasta la actualidad, la autoridad ha emitido una serie de resoluciones en las que se autoriza por plazos renovables de 180 días -sin concurso abierto de licencias- a los canales 13, 9, 11 y 2, junto a una serie de emisoras como C5N y CN23 a hacer transmisiones experimentales de prueba de Televisión Digital Terrestre (TDT) y sin espacio para los medios CAP.

Así, sin resolver los modos de distribución del espectro, el Estado publicó los pliegos de bases y condiciones para llamado a concursos tanto para radios como de televisoras, sin realizar la reserva del 33%.

Por otra parte, tal como denunciáramos durante la discusión de la nueva ley, la persistencia del decreto 527/05 que congela los plazos de la licencias ya otorgadas afectan la disponibilidad de espectro mucho más profundamente que la resolución del art.161 de adecuación de inversiones. Este artículo, de cumplirse, no garantiza que se liberen espacios del espectro, ya que a lo que obliga es a la venta (de un privado a otro) de las licencias por encima de los límites que marca la nueva ley.


Aspectos específicos
B. ASPECTOS ESPECÍFICOS.
Rechazamos la imposición de formas de organización.

La Ley 26.522, Art.4 define a las emisoras comunitarias, pero en el resto de su articulado no las diferencia del los prestadores sin fines de lucro. Su decreto reglamentario diferenció dentro de los actores con fines de lucro a las pequeñas y micro empresas; sin embargo, en el sector de los sin fines de lucro no hubo propuestas concretas destinadas a nuestros medios en cuanto a sus características específicas. Hasta ahora la normativa que establece cómo deben constituirse las "personas de existencia ideal", nos impone formas de organización; pero no existe una figura legal que enmarque a los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, ante los organismos de control y fiscalización de las entidades sin fines de lucro (INAES, IGJ, etc). Tampoco AFSCA tuvo la voluntad de flexibilizar para estos medios las exigencias que esas formas legales imponen; ni siquiera de aceptar personería jurídica "en trámite" como con las entidades comerciales. En este sentido, la Red Nacional de Medios Alternativos apuesta a la construcción y sostenimiento de medios comunitarios, alternativos y/o populares respetando las formas de organización libremente elegidas.

Gestión y estructura administrativa.

Tanto las Resoluciones 1465/2011 (TV baja potencia) como las 1655/2011 (radios FM) y 698/2012 (radios FM baja potencia) exigen de manera excluyente los certificados de libre deuda ante las gestoras de derechos. Ante estas sostenemos que los medios comunitarios difunden músicas y culturas populares, muchas veces no registradas, y lo hacen sin fines de lucro, por lo que no es procedente ningún tipo de pago de derechos a asociaciones privadas de gestión de derechos (SADAIC, AADI; CAPIF; ETC). No desconocemos estos derechos sino que instamos al AFSCA a cubrirlos como forma de fomentar el sector. En este sentido, a pesar de estar planteado en la ley, no se estipulan mecanismos de fomento que permitan afrontar los costos de muchas de estas exigencias, dejando como única opción la generación de recursos en base a la publicidad, planteo que contradice los principios de muchos de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares y de otra formar de ejercer la comunicación.

Multiplexado.

El Art. 36 de la Resolución 1465/2011 propone cómo se planificará el uso del espectro en TV Digital, primando como forma, el acuerdo entre privados. Acuerdo mediado por el pago de un canon de uso. El multiplexado es la forma en que un mismo canal contiene 4 o mas señales digitales. El AFSCA no sólo no regula los costos de multiplexación sino que obligará a todos los medios comunitarios, alternativos y populares (ya que son éstos siempre los mas faltos de inversión por no ser lucrativos) a pagar mensualmente a una emisora comercial con capacidad de "inversión".

Desde la RNMA creemos que la desregulación de la única responsabilidad que le compete al Estado (garantizar el uso del espectro democráticamente por todos los actores sociales) a través de una seudo-necesidad comercial, es suicidar la posibilidad de construir emisoras de televisión dentro del marco de no conflictividad con el Estado, y permitir mercantilizar aún más el acceso a emisoras populares.

A casi 3 años de sancionada la Ley 26522 y por todo lo expuesto, declaramos:

Los Medios Comunitarios, Alternativos y Populares somos una realidad y un actor social en todo el territorio de la República Argentina. Cumplimos un rol comunicacional fundamental en pos de la manifestación de las distintas expresiones culturales, sociales y políticas de la actualidad. Y continuamos en el aire a pesar de la ausencia de políticas para el desarrollo del sector.

Rechazamos los comunicados oficiales que utilizando la figura de los Medios Comunitarios, Alternativos y Populares justifican la suspensión de Resoluciones y Concursos que en su momento denunciamos como excluyentes y que no nos contemplaban.

Nos encontramos en alerta ante lo que pueda ocurrir con las cientos de radios FM que hoy en día están al aire en todo el país y no son contempladas en su especificidad como comunitarias, alternativas y populares a la hora de ser publicadas las resoluciones y llamados a concursos.

Exigimos el reconocimiento jurídico para el sector y la legalización de todos los Medios Comunitarios, Alternativos y Populares Censados a partir de la Res. 01/10 y 03/10.

Exigimos la elaboración del Plan Técnico y Ordenamiento del Espectro Radioeléctrico (Ley 26522, Art. 156) y reserva del 33% para las Sin fines de Lucro.

Exigimos concursos específicos y diferenciados para medios Comunitarios, Alternativos y Populares, planes de promoción y fomento para el desarrollo sectorial.

Exigimos la derogación del decreto 527/2005.

Setiembre de 2012

Red Nacional de Medios Alternativos


REVISTA CONTRACULTURAL
Para recibir el Boletín Contracultural:
contracultural-subscribe@gruposyahoo.com.ar