4 de febrero de 2012

Los efectos nefastos de la minería

LOS PUEBLOS CORDILLERANOS Y SU RESISTENCIA AL EXTRACTIVISMO

Existe un preocupante embate, a espaldas de la sociedad, para imponer en nuestro país a la figura extrema del extractivismo: la megaminería.

Por Enrique Viale


En Río Negro se acaba de derogar la ley que prohibía la minería metalífera con usos de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio. El Secretario de Minería de la Nación anunció un emprendimiento minero en Chubut donde existe una ley provincial que expresamente lo impide. La ley de glaciares sigue “secuestrada” en la provincia de San Juan y en el resto del país sólo hay tibios esbozos de ponerla en marcha. La lista sigue en toda la cordillera.

En la provincia de La Rioja, el intento de imponer por la fuerza -y sin licencia social- la megaminería en el Famatina está quebrando la paz social y sembrando un clima de violencia, instalado por el propio Estado, en complicidad con las empresas mineras. Debe comprenderse que la megaminería no es sólo sinónimo de degradación ambiental y saqueo económico sino que también lo es de devastación institucional, social y cultural.

Sucesos como la aparición de “listas negras”, con descripción de datos personales y sensibles de diversos referentes de la lucha socioambiental de Famatina y Chilecito (en manos de directivos de la empresa minera canadiense Osisko Mining), sumado a la conformación de patotas para perseguir asambleístas y el envío de fuerzas policiales “especiales” nos rememoran a lo más triste de la historia argentina y latinoamericana.

Llama la atención la coincidencia entre los asambleístas señalados en dichas listas con los recientemente imputados por la justicia local por el delito tipificado en el artículo 194 del Código Penal (corte de ruta), artículo estrella de la criminalización de la protesta social.

Debe comprenderse que en Famatina no hay un corte, hay una pueblada.

La rápida actuación de la justicia para imputar a los asambleístas se contrapone abruptamente con la total ausencia de investigación judicial de los trabajos de inteligencia y espionaje volcados en dichas listas y el consecuente amedrentamiento que dichas actos provocaron en la población. Tampoco puede entenderse por qué la justicia sólo imputó a 8 personas y no a las miles de personas que diariamente concurren a la protesta.

La lucha del pueblo riojano es heroica y ejemplar.

Están defendiendo su territorio de la amenaza de daños ambientales, sociales y culturales irreversibles. Debe comprenderse que las circunstanciales mayorías electorales no son sinónimo de licencia social, menos en La Rioja, donde cada vez más ciudadanos se suman a la resistencia del avance minero.

No están solos. En toda América latina asistimos a luchas en contra de la megaminería transnacional, en protección del agua como el mayor bien común, protagonizadas por miles de ciudadanos y comunidades, violentadas en sus derechos y afectadas por este tipo de actividad.

Las constantes provocaciones del gobierno provincial, en cabeza de su gobernador Luis Beder Herrera, y la cómplice mirada ausente del Poder Ejecutivo nacional, son inaceptables y merecen una sería reflexión de toda la sociedad. La problemática de la megaminería no es una “asignatura pendiente” del gobierno nacional sino que encuentra en él a su mayor promotor.


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Hacia la definitiva “pampeanización” de la región chaqueña

EL AVANCE DE LA GANADERÍA INTENSIVA GENERARÁ UNA FIEBRE DE NUEVOS DESMONTES EN EL NORTE

Motorizada por los nuevos buenos precios internos y externos, y por los muy ambiciosos planes gubernamentales de aumento del stock para exportación, el avance de la ganadería intensiva en el norte de nuestro país pone en peligro los últimos bosques nativos de la región chaqueña y a sus históricos habitantes.

Por Hernán L. Giardini


Desde principios del siglo XX en la región chaqueña se ha desarrollado la ganadería “bajo monte”. Miles de familias campesinas e indígenas que viven en los bosques del norte de Argentina basan su sustento en la producción vacuna, y también caprina.

En muchos casos la acción sistemática y combinada durante años del sobrepastoreo de los animales y la tala irracional produjo una importante degradación de los bosques. Sin embargo, en general la biodiversidad de los mismos se ha mantenido en pie, por lo que es posible recuperarlos mediante un plan de manejo sustentable.

Pero a mediados de la década de 1990, se produjo un fuerte incremento en la superficie cultivada para soja transgénica; y la ganadería intensiva, que históricamente se producía en la región pampeana, empezó a ser “corrida” hacia el norte del país propiciada por el bajo precio de la tierra.

La cada vez mayor rentabilidad de la soja frente al bajo precio de la carne bovina generó un importante crecimiento de la agricultura en la zona pampeana, históricamente también ganadera, y produjo una importante merma de las reservas vacunas.

En los últimos cuatro años el stock ganadero sufrió una disminución del 17%. Mientras que en 2007 era de 58 millones de cabezas, actualmente promedia 48 millones.

El gobierno reconoce dos factores clave que definieron la actual situación de la ganadería: “el primero fue el desplazamiento hacia la agricultura permanente de 13,5 millones de hectáreas que estaban en rotación agrícola ganadera. El segundo factor fue la sequía prolongada que comenzó en el 2006 y tuvo su máxima expresión en la primavera-verano del año 2008. Los años de sequía provocaron estragos en los rodeos por falta de pasto y agua”.

Lo cierto es que durante los últimos diez años el precio de la carne se mantuvo en valores bajos, pero esta tendencia cambió: los especialistas aseguran que ahora los precios internos son tan buenos como los internacionales y que esta situación “llegó para quedarse”.

Durante este año el precio promedio de un kilo de carne ha sido $32,12, un 122% más respecto a los $14,43 que se registraron en 2009.

Frente a esta situación, para los próximos años se espera un crecimiento extraordinario del stock ganadero.

Desde el gobierno afirman que “los precios del ternero han mostrado en el ejercicio 2010 una mejoría sustancial en sus valores, los cuales de mantenerse, mejorarán su competitividad con respecto a la agricultura. Esto permitirá un crecimiento de la actividad, una recuperación del stock y, en el mediano plazo, un aumento de la producción de carne”.

En ese sentido el ambicioso Plan Ganadero Nacional aspira, mediante el financiamiento con bajas tasas de interés, en 5 años llegar a las 77 millones de cabezas de ganado, para alcanzar el histórico 12% de exportación.

Por su parte, el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 prevé “el aumento en la producción de carne bovina de 2,6 millones de tn. a 3,8 millones de tn., expresando de este modo un incremento del 46% para el 2020”, y un crecimiento en el stock de cabezas de ganado bovino de 49 a 54 millones.

Es importante señalar que la “necesidad” de recuperar el stock ganadero no busca principalmente satisfacer el consumo interno, sino “el aumento de las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario vinculadas al complejo cárneo bovino, pasando de USD 1.374 millones en 2010 a USD 6.878 millones en 2020, incrementándose porcentualmente en un 400%”.

Lo cierto es que el consumo de carne bovina en Argentina tocó en 2011 su nivel más bajo en más de cincuenta años: actualmente cada argentino demanda un promedio de 53,4 kilogramos al año, un 22% menos que dos años atrás. Incluso durante la crisis de 2001 el consumo fue de 64 kilogramos per cápita, 9 Kg. más que el actual.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) considera que el sector ganadero estaría en condiciones de incrementar su producción en un 70% dentro del próximo decenio.

A su vez, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) afirma que el NOA es la zona con mayor potencial de crecimiento en ganadería.

Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa son las provincias con bosques nativos donde se espera un importante crecimiento del stock ganadero en los próximos años.

La provincia de Santiago del Estero tiene cerca de 1.500.000 cabezas de ganado bovino, y según el gobierno cuenta “con un potencial de crecimiento sostenido para poder llegar a 4 o 5 millones de cabezas a corto plazo, marcando a esta provincia como netamente ganadera. La ganadería es política de Estado para este gobierno.”

“Somos conscientes de que a la Argentina le faltan 10 o 12 millones de cabezas y que la demanda mundial sigue creciendo. En esto sabemos que Santiago cumple un rol importantísimo. Queremos ser parte de los proveedores de los alimentos del mundo”, afirman desde el gobierno santiagueño.

En Salta, la ganadería viene creciendo en forma sostenida: el Censo Agropecuario de 1988 señaló un stock bovino de unas 300.000 cabezas, mientras que en 2002 alcanzó las 493.804 cabezas. Y a partir de ese año comienza un proceso de fuerte crecimiento de la ganadería. Las tasas interanuales de crecimiento del stock en el período 2003-2008 son realmente significativas, alcanzando un 17,19% entre 2007 y 2008.

Actualmente la superficie afectada a la ganadería en Salta es de 3.262.703 hectáreas, y el stock ganadero alcanza las 911.000 cabezas.

Chaco cuenta actualmente con cerca de 2.600.000 cabezas de ganado. Pero la provincia tiene grandes perspectivas de expandir fuertemente la ganadería en el corto plazo: el Plan Ganadero Chaco se fijó para el año 2015 duplicar el stock y llegar a las 5 millones de cabezas bovinas. Para ello, el gobierno plantea la necesidad de expandir la frontera agropecuaria “llevándola a 2.000.000 de hectáreas contra 1.200.000 con que contamos en la actualidad”.

Y en Formosa el Programa Ganadero Provincial busca para 2015 “incrementar el stock ganadero provincial a 3.500.000 cabezas de ganado bovino como máxima, 3.000.000 de cabezas como escenario más probable y 2.500.000 cabezas de mínima”.

En el INTA afirman que “el norte grande argentino tiene el 37% del stock ganadero nacional, lo cual lo posiciona en un lugar relevante en la reconfiguración de sistemas productivos gracias a sus ambientes, cultura e historia”.

Claramente, el avance de la ganadería intensiva en el norte de nuestro país pone en peligro a los últimos bosques bosques nativos y significará la definitiva “pampeanización” de la región chaqueña. Lo que provocará una nueva fiebre de desmontes y desalojos de comunidades campesinas e indígenas.


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Las inoportunas preguntas de mi tía Clotilde

LA CRISIS EN EUROPA Y LAS RECETAS DE SIEMPRE

Hace unas semanas yo estaba visitando unos parientes en España. Una noche sonó el teléfono en la habitación de mi hotel: “Tiene usté una llamada de larga distancia”, dijo el conserje, mientras yo me recobraba de la desagradable impresión que causa ser despertado a deshoras por un ruido estridente y una voz extraña. Me restregué los ojos y miré el reloj: eran la dos de la mañana. ¿Quién podría ser? Y apenas me hice la pregunta, me la contesté: ¡mi tía Clotilde!

Por Marcelo R. Pereyra (desde Madrid)



-Hola.

-¡Hola nene! ¿Cómo estás?- sonó potente y jovial la voz de mi tía, que pasó los ochenta hace un rato y que insiste en llamar “nene” a su sobrino ya mayor.

-Bien, tía, bien…

-¿Qué te pasa? Tenés voz de dormido.

-Es que estaba durmiendo…

-¡Pero si son apenas las 10 de la noche! ¿Te fuiste a dormir con las gallinas?

-¡Pero acá son las 2 de la mañana, tía!

-Ah, cierto, me olvidé que los gallegos van con otra hora.

-No solamente los gallegos, tía, sino toda Europa…

-Bueno, no importa. Vayamos a cosas más importantes. Te llamé porque vos sos periodista y sabes un poco de todo. Estuve viendo el noticiero y dice que allá en España el desempleo subió al 24 por ciento. ¡Igual que acá cuando estaba el patilludo riojano! ¿Qué les pasa a los gallegos?

-Tía, en primer lugar le agradezco que me pregunte cómo me ha ido aquí y cómo está la parentela…

-¡Nene dejate de pavadas! ¡Ya sabés que no soporto a esos gallegos presuntuosos y soberbios que tenemos por parientes!

-…y en segundo lugar, los periodistas no sabemos un poco de todo. Cada uno tiene su especialidad y procura…

-¿Me vas a contestar o no?

Pensé en cortar y desenchufar el teléfono, pero la conozco y sé que hubiese seguido insistiendo al día siguiente o al otro o al otro. Es como los chicos: caprichosa y demandante. Entonces decidí darle una rápida explicación para poder seguir durmiendo.

-Ejem…lo que le está sucediendo a España también le está pasando a los países menos industrializados de Europa, como Italia y Grecia. Están sufriendo los coletazos de la crisis financiera que comenzó en Estados Unidos en 2008, cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria. Lo que pasa es que en España la crisis se manifiesta con más dramatismo en la tasa de desempleo, que, le aclaro, llega a casi el cincuenta por ciento entre los menores de veinticinco años.

-¿Y por qué está afectada Europa si la crisis empezó en Estados Unidos?

-Bueno…es que la economía ahora está globalizada- dije con resignación (y sabiendo que la cosa iba a ir para largo, porque mi tía Clotilde es de las personas que quieren agotar los temas, que hacen todas las preguntas que sean necesarias para saciar su curiosidad o interés, igual que los chicos).

-Sí, globalizada…hace rato que escucho esa palabrita, pero no sé qué quiere decir.

-Quiere decir, tía, que las economías de los países están muy relacionadas y que cuando a alguno le va a mal los otros pueden verse afectados.

-¡Igual sigo sin entender qué tiene que ver que los jóvenes no tengan trabajo en España con que se hayan dejado de pagar las hipotecas en Estados Unidos!

-Bueno tía –aquí un gran bostezo de mi parte-…es complicado…los bancos…el FMI…

-Explicámelo como para que lo entienda.

-Es que…-en fin, resignación, me dije- es que los capitales financieros más importantes de Europa y principalmente de Estados Unidos están distribuidos por todo el mundo, puestos en el negocio más redituable en cada país y en cada momento. Cuando uno de esos negocios se cae los capitales se retraen, se asustan por así decirlo, y se van a otro negocio y/o a otro país. Todas las crisis del capitalismo a lo largo de su historia han sido más o menos así. Lógicamente, los que más se resienten son los países más dependientes de la inversión de capitales para su desarrollo, es decir los que generan un menor producto bruto interno.

-Ajá, pero (siempre hay un pero con mi tía) si un negocio o una inversión empieza a andar mal ¿por qué los inversores no dejan su dinero o incluso ponen más para tratar de solucionar el problema y que la gente no se perjudique?

-¡Tía! ¿En qué mundo vive? ¿Desde cuando los capitalistas son buenos samaritanos? ¡Ya le he dicho que no hay nada más cobarde que el dinero!

-¡Bueno nene, parece que te despertaste! Tranquilizate y contame si es un lío parecido al que tuvimos nosotros y qué pito toca en este asunto el FMI.

-Sí, es parecido, sólo que los afectados son países más industrializados que los latinoamericanos. Sin embargo, también tienen deuda externa y el FMI les exige pagarla e, igual que a nosotros, les imponen que gasten menos y ahorren más para así poder pagar sus deudas con los inversionistas. Eso a lo que eufemísticamente le dicen ajuste.

- ¿Pero entonces los inversionistas nunca pierden?

-¡Claro! Porque las recetas son parecidas: el Estado debe destinar menos dinero en ayuda social, en planes de vivienda y en cosas parecidas y aumentar la recaudación de impuestos y dictar leyes laborales que restrinjan derechos y beneficios para los trabajadores.

-¡Como hicieron acá!

-Exacto. También incluyen todo tipo de restricciones a los inmigrantes de los países más pobres, y en España, Italia y Francia hay muchísimos, para que no compitan por los escasos puestos de trabajo que se generan. En realidad no compiten porque se dedican a actividades marginales. Los hombres son vendedores ambulantes. Madrid, por ejemplo, está lleno de manteros, como los de la calle Florida, de origen africano. Y muchas de las mujeres son obligadas a prostituirse.

-¡Pero si hacen todo eso nunca van a salir de la crisis!

-Así es.

-¿Y entonces para qué lo hacen?

-Tía, mi querida tía, ya le explicado otras veces que las crisis del capitalismo nunca afectan verdadera y profundamente a la base del sistema. Para que sobreviva el sistema los que tienen más les trasladan sus problemas a los que menos tienen. Y se lo justifica desde los gobiernos y desde los medios diciendo que ha habido descontrol en las cuentas fiscales, que el Estrado ha gastado mucho y mal, que se han otorgado demasiados beneficios sociales y que por lo tanto es necesario imponer un riguroso orden en todos los ámbitos. Escuché ayer a un periodista en la radio decir que incluso en España hay crisis moral causada por “el espíritu sindicalista que ha impregnado a nuestra sociedad”.

-¡Pero todo lo que me contás es muy injusto!

-¡Que novedoso lo suyo, tía! La base del sistema capitalista es la distribución desigual de la riqueza, de los recursos, de los derechos y de los beneficios. Y el principal garante de esa desigualdad es el Estado, para lo cual usa armas legales e ilegales, pacíficas y violentas. Todo con el fin de asegurar que no se altere el injusto orden establecido.

-¡Nene vos cada día estás más comunista! Debe ser la influencia de tu tío, que en paz descanse, que tanto te hablaba de política. Ese gallego bruto que trajo sus ideas anarquistas cuando migró a nuestro país y que a vos te llenó la cabeza.

-Le recuerdo que la se casó con ese gallego bruto fue usted.

-……….

-Tía, ¿sigue ahí?

-Sí, nene, sí. Y decime, ¿cómo va a seguir esto?

-Bueno, habrá conflictos, huelgas, paros, más desocupación, más marginalidad, más injusticia, menos salud, menos educación. Como ocurrió y sigue ocurriendo en Argentina. Hasta que llegará un momento en el que no podrán seguir tirando de la soga, es decir, que no podrán seguir ajustando más, y se llegará a un equilibrio precario que se mantendrá hasta que se desate una nueva crisis…

-Lo tuyo, nene, no es muy optimista.

-Bueno, qué quiere, las cosas son así. Y así seguirán hasta el día en el que llegué la revolución y cambie a este sistema por otro más justo.

-Eso ya pasó y no funcionó. Mirá lo que pasó con la Unión Soviética y todo eso.

-Esa es otra discusión y yo estoy muy cansado ahora. La dejamos para otro día, ¿puede ser?

-¿Me lo prometes?

-Se lo prometo.

-Chau nene, cuidate.

-Chau tía…


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El día que Internet rugió

LA LEYES SOPA Y PIPA Y EL RIESGO DE LA CENSURA

El miércoles 18 de enero tuvo lugar la mayor manifestación de protesta online en la historia de Internet. Hubo un “apagón” de sitios web, grandes y pequeños, en protesta contra proyectos de ley presentados en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos que podrían transformar profundamente a Internet. Los dos proyectos presentados, SOPA en la Cámara de Representantes y PIPA en el Senado, aparentemente pretenden poner fin a la piratería de material con copyright en Internet realizada a través de sitios web alojados fuera de Estados Unidos. Quienes se oponen a los proyectos, entre ellos los fundadores de Google, Wikipedia, the Internet Archive, Tumblr y Twitter, sostienen que limitarían la innovación y la inversión, rasgos típicos de la Internet libre y abierta. El gobierno de Obama ha manifestado algo de oposición a estas leyes, pero como muchos de sus seguidores aprendieron con dolor, lo que el Presidente Obama cuestiona un día, lo convierte en ley al día siguiente.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)


En primer lugar, los conceptos básicos. SOPA, por sus siglas en inglés, es la Ley de Cese a la Piratería en Internet y PIPA, también por sus siglas en inglés, refiere a la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual. Ambos proyectos de ley son muy parecidos. SOPA permitiría a los titulares de derechos de autor entablar una demanda ante la fiscalía general de Estados Unidos contra cualquier sitio web extranjero que según ellos “comete o permite cometer violaciones penales” de las leyes de derechos de autor. Esto apunta sobre todo a la piratería de música y películas. La Ley SOPA permitiría a la industria cinematográfica, a través de los tribunales y del fiscal general de Estados Unidos, entablar un amplia serie de demandas para que proveedores de servicios de Internet y compañías de motores de búsqueda bloqueen el acceso a los sitios de los presuntos infractores, y hasta para que se impida establecer vínculos hacia esos sitios web, lo que los tornaría “inaccesibles”. La ley prohibiría además que las agencias de publicidad por Internet efectúen pagos a sitios web acusados de cometer violaciones de los derechos de autor.

La Ley SOPA podría dar lugar, entonces, a la clausura de sitios web abiertos y de uso público como YouTube si tan solo uno de sus millones de usuarios fuera acusado de violar un derecho de autor estadounidense. Como publicó en su blog David Drummond, director del departamento legal de Google: "Teniendo en cuenta solo al año pasado, dimos aviso de incumplimiento de derechos de autor a más de cinco millones de sitios web”. Y agrega: “PIPA y SOPA van a censurar la red, pondrán en riesgo el historial de innovación y creación de fuentes de trabajo de nuestra industria, y no pondrán fin a la piratería.”

Corynne McSherry, directora de propiedad intelectual de la Fundación Fronteras Electrónicas (EFF.org), me dijo: “Estos proyectos de ley proponen otorgar nuevos poderes al gobierno y a los actores privados para que creen listas negras de sitios web que presuntamente estarían vinculados a algún tipo de violación online, para obligar así a los proveedores de servicios de Internet a impedir el acceso a esos sitios. Es por eso que los llamamos 'los proyectos de ley de la censura'”.

Según McSherry, estos proyectos son creación de la industria del entretenimiento y de “producción de contenidos”: “En especial, la Ley SOPA fue negociada sin consulta alguna al sector tecnológico, que fue específicamente excluido”. La exclusión del sector tecnológico generó alarma no sólo entre los ejecutivos de Silicon Valley, sino también entre los conservadores como el Congresista republicano de Utah Jason Chaffetz, uno de los preferidos del movimiento de derecha tea party. Chaffetz dijo en diciembre durante una sesión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes: “Básicamente, vamos a reconfigurar Internet y cómo va a funcionar en adelante sin consultarles a los nerds.”

Uno de los promotores de la Ley PIPA, Patrick Leahy, el senador demócrata y progresista de Vermont, dijo en un comunicado de prensa: “Mucho de lo que se ha dicho [sobre PIPA] es simplemente erróneo y parece que pretende sembrar temor y preocupación en vez de esclarecer o alentar soluciones viables.”

Lamentablemente, el enojo de Leahy suena asombrosamente parecido al de su ex colega del Senado, Christopher Dodd, que tras su retiro se convirtió en el presidente y director general del poderoso grupo de presión Motion Picture Association of America (según dicen, con un salario de 1,2 millones de dólares al año) y es uno de los principales impulsores de las leyes SOPA y PIPA, si no es en realidad uno de sus creadores. En referencia a la amplia protesta de base diseminada por Internet, Dodd dijo: “Es peligroso y problemático cuando las plataformas que sirven de portales a la información tergiversan intencionalmente los hechos con el objetivo de incitar a sus usuarios para, en realidad, favorecer sus intereses corporativos".

McSherry, de la Fundación Fronteras Electrónicas, afirmó: “Nadie le preguntó a Internet y bueno... Internet está hablando ahora. Vemos todo tipo de oposición a lo largo y ancho de la red. La gente se está poniendo de pie y diciendo: ‘No toquen la infraestructura básica de Internet. No lo vamos a tolerar.’”

Al mismo tiempo que se desarrollaba la protesta del apagón de Internet el 18 de enero, y a pesar de la presión ejercida por Dodd, los legisladores comenzaron a retirar su apoyo a estos proyectos de ley. Internet rugió y los políticos escucharon, algo que nos remite al levantamiento popular de 2003 contra la concentración de la propiedad de los medios propuesta por el entonces presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Michael Powell, hijo del General Colin Powell. La información es el sustento de la democracia y el pueblo no va a quedarse sentado mirando cómo intereses adinerados le impiden acceder a ella.

En el noticiero internacional de Democracy Now presentamos un debate sobre el tema. Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, explicó: “Estos proyectos están muy mal redactados. Está muy bien hablar de la necesidad de hallar algún tipo de solución a las conductas delictivas en Internet. Pero no está bien establecer un régimen de censura en respuesta a ello. No está bien implantar procedimientos que harían que las compañías financieras de tarjetas de crédito bloquearan emprendimientos legítimos ante una simple queja. Es necesario volver a la redacción y repensar todo el tema de manera de que la libertad de expresión se ubique al frente y como tema central.”

Cuando los usuarios de Internet visitaban el sexto sitio web más popular del mundo durante el apagón, Wikipedia.org, en la sección en inglés hallaban este mensaje:

"Imagínense un mundo sin libertad de conocimiento. Durante más de diez años hemos dedicado millones de horas a la construcción de la mayor enciclopedia de la historia de la humanidad. En este momento, el Congreso de Estados Unidos se encuentra debatiendo proyectos de ley que podrían perjudicar profundamente a la Internet libre y abierta."

En un mundo con revoluciones recientes impulsadas desde Internet, parece que los políticos estadounidenses están comprendiendo el mensaje.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna
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Declaración de la Asamblea de movimientos sociales

FORO SOCIAL TEMÁTICO “CRISIS CAPITALISTA, JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL”

Nosotros, pueblos de todos los continentes, reunidos en la Asamblea de movimientos sociales durante el Foro Social temático Crisis capitalista, Justicia social y ambiental, luchamos contra las causas de una crisis sistémica que se expresa en una crisis económica, financiera, política, alimentaria y ambiental, colocando en riesgo la propia sobrevivencia de la humanidad. La descolonización de los pueblos oprimidos y el enfrentamiento al imperialismo es el principal desafío de los movimientos sociales de todo el mundo.

Por Asamblea de movimientos sociales (desde Porto Alegre, Brasil)


En este espacio nos reunimos desde nuestra diversidad, para construir juntos agendas y acciones comunes contra el capitalismo, el patriarcado, el racismo y todo tipo de discriminación y explotación. Por eso, reafirmamos nuestros ejes comunes de lucha, adoptados en nuestra Asamblea en Dakar, en 2011.

Lucha contra las transnacionales

Lucha por la justicia climática y por la soberanía alimentaria

Lucha por la eliminación de la violencia a la mujer

Lucha por la paz, contra la guerra, el colonialismo, las ocupaciones y la militarización de nuestros territorios.

Los pueblos de todo el mundo sufren hoy los efectos del agravamiento de una profunda crisis del capitalismo, en la cual sus agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a costa de una política intervencionista y neocolonialista. Guerras, ocupaciones militares, tratados neoliberales de libre comercio y “medidas de austeridad” expresadas en paquetes económicos que privatizan bienes, rebajan salarios, reducen derechos, multiplican el desempleo y explotan recursos naturales. Estas políticas afectan con intensidad a los países más ricos del Norte, aumentan las migraciones, los desplazamientos forzados, los desalojos, el endeudamiento, y las desigualdades sociales.

La lógica excluyente de este modelo sirve solamente para enriquecer a una pequeña élite, tanto en los países del Norte como en los del Sur, en detrimento de la gran mayoría de la población. La defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la justicia económica, ambiental y de género, son la llave para el enfrentamiento y la superación de la crisis, fortaleciendo el protagonismo de un Estado libre de las corporaciones y al servicio de los pueblos.

El calentamiento global es el resultado del sistema capitalista de producción distribución y consumo. Las transnacionales, las instituciones financieras, los gobiernos y organismos internacionales a su servicio, no quieren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora intentan imponernos la “economía verde” como solución para la crisis ambiental y alimentaria, lo que además de agravar el problema, resulta en la mercantilización, privatización y financiarización de la vida. Rechazamos todas las falsas soluciones para esas crisis, como los agro-combustibles transgénicos, la geo-ingeniería y los mercados de carbono, que son nuevos disfraces del sistema.

La realización de Río+20, en el mes de junio en Río de Janeiro, pasados 20 años de la Eco ’92, refuerza la centralidad de la lucha por justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo capitalista. El intento de “enverdecimiento” del capitalismo, acompañado por la imposición de nuevos instrumentos de la “economía verde”, es una alerta para que los movimientos sociales reforcemos la resistencia y asumamos el protagonismo en la construcción de verdaderas alternativas a la crisis.

Denunciamos la violencia contra la mujer ejercida regularmente como herramienta de control de sus vidas y sus cuerpos. Además, el aumento de la explotación de su trabajo para atenuar los impactos de la crisis y mantener el margen de ganancia constante de las empresas. Luchamos contra el tráfico de mujeres y de niños, las relaciones forzadas y el prejuicio racial. Defendemos la diversidad sexual, el derecho a la autodeterminación de género y luchamos contra la homofobia y la violencia sexista.

Las potencias imperialistas utilizan bases militares extranjeras para fomentar conflictos, controlar y saquear los recursos naturales y promover dictaduras en varios países. Denunciamos el falso discurso en defensa de los derechos humanos, que muchas veces justifica las ocupaciones militares. Nos manifestamos contra la permanente violación de los derechos humanos y democráticos en Honduras, especialmente en el Bajo Aguán, el asesinato de sindicalistas y luchadores sociales en Colombia y el criminal bloqueo a Cuba que completa 50 años. Luchamos por la liberación de los 5 cubanos presos ilegalmente en los Estados Unidos, la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por Inglaterra, las torturas y las ocupaciones militares promovidas por los Estados Unidos y la OTAN en Libia y Afganistán. Denunciamos el proceso de neo-colonización y militarización que vive el continente africano y la presencia de la Africom. Nuestra lucha es también por la eliminación de todas las armas nucleares y contra la OTAN.

Expresamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo contra la lógica depredadora y neocolonial de las industrias extractivas y mineras transnacionales, en particular, con la lucha del pueblo de Famatina en Argentina, y denunciamos la criminalización de los movimientos sociales.

El capitalismo destruyó la vida de las personas. Por eso, cada día nacen múltiples luchas por justicia social para eliminar los efectos dejados por el colonialismo y para que todos y todas tengamos una calidad de vida digna. Cada una de estas luchas implica una batalla de ideas que hace imprescindible acciones por la democratización de los medios de comunicación, controlados hoy por grandes conglomerados, y contra el control privado de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo exige el desarrollo de una comunicación independiente que acompañe estratégicamente nuestros procesos.

Comprometidos con nuestras luchas históricas, defendemos el trabajo decente y la reforma agraria como único camino para impulsar la economía familiar, campesina e indígena, y un paso central para alcanzar la soberanía alimentaria y la justicia ambiental. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la reforma urbana como instrumento fundamental en la construcción de ciudades justas y con espacios participativos y democráticos. Defendemos la construcción de otra integración, fundamentada en la lógica de la solidaridad, y el fortalecimiento de procesos como la UNASUR y la ALBA.

La lucha por el fortalecimiento de la educación, ciencia y tecnologías públicas al servicio de los pueblos, así como la defensa de los saberes tradicionales, se vuelven urgentes una vez que persiste su mercantilización y privatización. Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los estudiantes chilenos, colombianos portorriqueños y de todo el mundo, que continúan en marcha en la defensa de estos bienes comunes.

Afirmamos que los pueblos no deben continuar pagando por esta crisis y que no hay salida dentro del sistema capitalista!

Se encuentran en la agenda grandes desafíos que exigen que articulemos nuestras luchas y que movilicemos masivamente.

Inspirados en la historia de nuestras luchas y en la fuerza renovadora de movimientos como la Primavera Árabe, Ocuppy Wall Street, los indignados y la lucha de los estudiantes chilenos, la Asamblea de los Movimientos Sociales convoca a las fuerzas y actores populares de todos los países a desarrollar acciones de movilización coordinadas a nivel mundial. Debemos contribuir a la emancipación y auto-determinación de nuestros pueblos, reforzando la lucha contra el capitalismo.

Convocamos a todas y todos a fortalecer el Encuentro internacional de derechos humanos en Solidaridad con Honduras y a construir el Foro social Palestina Libre, reforzando el Movimiento global de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel y su política de apartheid contra el pueblo palestino.

Tomemos las calles a partir del día 5 de junio en una gran jornada de movilización global contra el capitalismo. Convocamos a impulsar la Cumbre de los Pueblos por justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida y en defensa de los bienes comunes, frente a la Rio+20.

Si el presente es de lucha el futuro es nuestro!


Porto Alegre, 28 de enero de 2012
Asamblea de los Movimientos Sociales

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9 de enero de 2012

Somos todos terroristas

LA NUEVA LEY ANTITERRORISTA CRIMINALIZA LA PROTESTA SOCIAL

A las apuradas, y a pesar de la oposición de varios organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, el Congreso de la Nación aprobó la Ley Antiterrorista, reclamada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La norma duplica las penas para los delitos ya establecidos en el Código Penal y para quienes "directa o indirectamente" financien el terrorismo y actividades afines. Las definiciones sobre qué se entiende por “terrorismo” son tan amplias y vagas que habilitan a los jueces a la criminalización de la protesta social: a partir de ahora serán considerados terroristas quienes realicen actos "con la finalidad de aterrorizar a la población" u obliguen al gobierno nacional o extranjeros "a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Por Hernán L. Giardini


¿Qué significa "aterrorizar a la población"?

¿Hacer una marcha reclamando algo es "aterrorizar a la población"?

¿Hacer un piquete reclamando algo es "aterrorizar a la población"?

¿Denunciar que el agua está contaminada es "aterrorizar a la población"?

¿Difundir que la inflación este año rondará el 20% es "aterrorizar a la población"?

¿Y qué significa obligar al gobierno a "realizar un acto o abstenerse de hacerlo"?

¿Acaso la mayoría de las protestas no buscan que el gobierno realice un acto o se abstenga de hacerlo (pague mejores salarios, no habilite a una empresa minera extranjera, etc. etc,.) ?

Como vemos, las definiciones sobre qué implica ser "terrorista" son tan vagas y amplias que cualquier juez trasnochado puede encarcelarnos si no le gusta nuestra protesta o el modo en que la realizamos.

En un documento firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y varias asambleas y organizaciones sociales, se alertó que “el hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público. Una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques”.

“La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo. (…) La reforma implicaría, además, graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas”, afirman las organizaciones.

Por su parte, la agrupación H.I.J.O.S. advirtió que la norma “utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que nos preocupan en relación a la garantía de los derechos de las personas sobre las que se pudiera aplicar. ¿Quién y cómo va a definir esas categorías indefinidas? Esta modificación agrava las condiciones de una ley que no podemos más que rechazar de plano, porque deja las puertas abiertas a la libre interpretación de los miembros del Poder Judicial para aplicarla. ¿Dónde está en la ley la definición sobre “terrorismo”? Nuestro país, como tantos otros, tiene la experiencia de siete años de genocidio, basado en la criminalización de las organizaciones de resistencia. El “terrorismo” es una construcción. Una idea subjetiva utilizada desde hace años por las potencias occidentales para justificar invasiones, mantener asustada y obediente a su población y violar muchos derechos consagrados en 1948 por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie se autoproclama terrorista, sino que esta definición es aplicada, desde el Estado o sectores dominantes de la economía, sobre individuos o grupos a los que se quiere despojar de sus derechos más básicos”.

“Desde 2003 a esta parte, nuestro país ha avanzado mucho en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. Todavía queda mucho por hacer, pero esta medida nos hace retroceder en ese camino. No puede pasar desapercibida. Tiene una gravedad importante para quienes consideramos que los Estados deben ser garantes de los derechos humanos de todos y todas. Como defensores de los derechos humanos, repudiamos la Ley Antiterrorista, la reforma del Código, y también las condiciones en las que se trata esta reforma, que responde a exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para no excluir a la Argentina de allí y del G20. Así como celebramos medidas de gobierno que fortalecen la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, por entender que son el bastión de una patria justa, no apoyamos esta iniciativa. Queremos seguir dando ejemplo ante el mundo en materia de derechos humanos, pero medidas así nos alejan de ese camino”, señala H.I.J.O.S.

Las Abuelas de Plaza de Mayo también se manifestaron contra la norma: “Si bien el gobierno nacional sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen e interpreten esta ley. Ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la interprete en un sentido negativo. En este sentido, gobiernos provinciales con un perfil diferenciado al del gobierno nacional también podrían encontrar la oportunidad de impulsar prácticas represivas de la protesta. Estos vacíos legales resultan preocupantes, además, porque en el futuro podría llegar al poder un gobierno conservador, con menor apego al respeto de los derechos humanos, y reprimir la protesta social al amparo de esta ley”.

Finalmente, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni criticó la sanción de la ley, a la que consideró “un disparate”. “En algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos. En el país no necesitamos esta ley antiterrorismo”, sostuvo.

Si tantos organismos de derechos humanos, organizaciones y movimientos sociales, y hasta un juez de la Corte, se opusieron a la norma, ¿por qué la sancionaron?

"El GAFI nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes nos va a sancionar económicamente. Este organismo se ocupa solamente de garantizar que el lavado de dinero se haga en el hemisferio norte", sentenció Zaffaroni.

Lo cierto es que con esta ley, tarde o temprano, somos todos terroristas.

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Rebelión total del pueblo frenando minería en La Rioja

EL FAMATINA NO SE TOCA

Colosal resistencia popular a los pies del cerro Famatina. El pueblo de Famatina en su conjunto interrumpe desde el primero de año los transportes de las mineras rechazando el convenio firmado por el gobernador. Fuerzas especiales de seguridad, provenientes de la capital riojana, rodean a los manifestantes que cuentan con el apoyo de todo un pueblo y de las autoridades locales y eclesiásticas. La orden de reprimir será un riesgo político que habrá de asumir el gobierno provincial. Los hechos pueden salpicar al gobierno nacional que apaña una política extractiva devastadora.

Por Unión de Asambleas Ciudadanas

Algunos gobernadores confunden los votos electorales
con la licencia social para dinamitar cerros y destruir acuíferos.

El levantamiento popular impidiendo el tránsito de los transportes mineros es de tal magnitud que los asambleístas reunidos en Alto Carrizal ven rotar a los casi 6.400 habitantes con que cuenta el pueblo al pie de los Nevados del Famatina. En la actualidad, los vehículos, con o sin insumos mineros de la empresa Osisko Mining Corporation, son interrumpidos por los activistas a escasos dos kilómetros del histórico corte de Peña Negra, que desde el año 2006 mantuvieran en plena actividad los autoconvocados contra la explotación a cielo abierto que pretende la minera Barrick Gold. Desde el primer día de este año, cientos de famatinenses se concentran cerca de la llamada Casona Pérez Méndez, en Alto Carrizal, lo que les permite contar con comunicación celular, ciertas comodidades, asistencia rápida y mejores posibilidades de permanencia.

En el corte de ruta no falta nadie, desde el intendente Ismael Bordagaray hasta el párroco Omar Quintero, quien ha declarado que "las campanas de la iglesia seguirán sonando con la ayuda de Dios". La autoconvocatoria es absoluta, tratándose del pueblo origen del actual gobernador Luis Beder Herrera. La policía local no puede intervenir al ver a sus propios familiares firmemente involucrados en la protesta, razón por la cual el gobernador recurrió a fuerzas especiales provenientes de la capital de La Rioja que en estos momentos rodean a los pobladores.

La situación que se vive es de enorme intensidad y preocupa porque los hechos ocurridos en la Andalgalá, se asemejan. En la ciudad catamarqueña (15 y 16 de febrero de 2010) más de sesenta heridos fueron tratados en el hospital y los destrozos generados por la refriega fueron de consideración. La resistencia que ofrece ahora Famatina también es titánica, por lo que se intuye una situación similar en caso de que el gobernador riojano se empeñe en desalojarlos. Mientras escribimos esta circular, en la puesta de sol del día 6 de enero en Alto Carrizal, hay unos 150 pobladores en pleno corte de ruta, algunos descansando bajo los árboles y otros refrescándose en el río Amarillo, que precisamente baja del Famatina con la pigmentación ocre de la mina La Mejicana, que hace más de cien años había explotado el oro de los emblemáticos "Nevados". Esta noche los asambleístas reforzarán su presencia en el corte y para mañana se espera el mismo caudal de activismo -prácticamente el pueblo en su conjunto- obligando con la masiva participación a que Beder Herrera acepte la decisión de un pueblo y se retorne al amparo de una legislación que impedía este tipo de actividad extractiva, las mismas leyes que él mismo impulsó para acceder al ejecutivo provincial.

Los asambleístas insisten en rechazar el convenio firmado por el gobernado con la minera Osisko Mining Corporation avisándole de este modo de que no gozarán de la licencia social necesaria para operar con este tipo de minería. Algunos gobernadores confunden los votos electorales con la licencia social para dinamitar cerros y destruir acuíferos.

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) propuso en sus últimas asambleas, mantener en estado de alerta a todos los colectivos del país que en los últimos años se organizaron contra la megaminería hidroquímica a cielo abierto y las asambleas de Famatina, Chilecito y demás pueblos de La Rioja, forman parte de ese movimiento social.

HOY ESTAMOS TODOS PENDIENTES DE FAMATINA. SI A LA VIDA.
NO A LA MINERÍA DESTRUCTIVA Y CONTAMINANTE.
NI UN PASO ATRÁS.
¡NO ES NO!
UAC – UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS


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Se profundiza el modelo de agronegocios y sus contradicciones

SOBRE LOS HERIDOS Y ASESINADOS EN EL CAMPO

Crisis Estructural del capitalismo, agotadas las falsas soluciones se agudizan las contradicciones, el progreso liberal agota su tiempo sin cumplir sus promesas. No hace falta ser filósofo para comprenderlo, basta mirar con atención y escuchar al corazón. Argentina: el agronegocio y su modelo de extracción y muerte no mira ni siente, en su naturaleza capitalista, solo existe la posibilidad de acumular, acumulación y concentración en base a la explotación de los pueblos, al saqueo de sus riquezas y a la eliminación de todo adversario. (incluso de aquellos capitalistas "menos capaces”). Las enormes masas de capital especulativo disponibles y la tecnología al servicio del capital aceleran este proceso de muerte.

Por Movimiento Nacional Campesino Indígena


A la concentración de la tierra, la contaminación de los alimentos con agrotóxicos, al precio elevado de los alimentos por usarlos como combustibles, el trabajo esclavo, al hambre por la prioridad de los mercados externos, al monopolio de la comercialización de alimentos, se le suman las muertes, las amenazas, los baleados, las empresas se apropian de la tierra por medio de violencia armada contra los campesinos indígenas que nos oponemos al “progreso” que nos ofrecen.

Asesinaron a Cristian, ahora balearon a dos campesinos, antes mataron a otras y otros, los jueces cómplices, aliados del ruralismo. La lucha hizo renunciar a uno, pero cuantos quedan.

El agronegocio muestra su fuerza y hegemonía, y en este marco de obviedad de su perversidad, logra que se apruebe la “ley Anti Terrorista”. La ley sera un festín para los jueces, que sin motivos nos encarcelan por usurpadores, cuando llevamos mas de 50 años en la tierra, ahora seremos Terroristas cada vez que defendamos nuestra vida. Esta ley nos demuestra que a pesar de la UNASUR, de la esperanzadora CELAC, muy a pesar, no somos soberanos. Porque para estar en el G20 hay que aprobar leyes contra el terrorismo, que en realidad son contra los pueblos.

¿Y para que queremos estar en el G20? Pues para defender al agronegocio, porque las potencias del G8 hoy necesitan regular los precios de los comodities.

El gobernador de Santiago del Estero aplica su ofensiva (contra los campesinos), sus punteros han salido con todo a amenazar, a intentar sobornar, descalificar, pero ademas, en Monte Quemado golpearon a compañeros del MOCASE.VC .

También, Zamora, mediante un “memo institucional” excluye de todos los festivales folclóricos a Raly Barrionuevo, Claudio Acosta, Juan Savedra, músicos populares comprometidos con los sueños y luchas del campesinado. El gobierno de Zamora le rescindió el contrato a dos médicos que son militantes del MOCASE.VC . El gobierno de Zamora responde al Agronegocio.

Es que nada tiene que ver la declaración de la CELAC con esto. Es su otra cara. CELAC, será soberanía de los pueblos , será justicia social, será libertad, solo cuando nos liberemos de las transnacionales. No hay posibilidad de soberanía con ellas definiendo nuestro desarrollo.

El G20 intenta legitimar las decisiones del G8, en un momento de crisis, pero su existencia misma atenta contra la legitimidad de Naciones Unidas, en la cual participan la mayoría de los países del mundo, todos con un voto, sin condicionamientos. No hay ventajas para el pueblo argentino obtenidas en las reuniones del G20. El G20 conspira contra la CELAC.

En este proceso también debemos afinar nuestra definición de lo nacional, desde lo popular. No podemos pensar que los Blaquier, Grobocopatel, los Rocca, o la mesa de enlace tienen intereses en el desarrollo nacional con “ inclusión y justicia social”, seria volver a cometer viejos errores. Son y serán traidores a la patria, y no hay modelo nacional y popular que pueda contenerlos.

Por eso no podemos sostener un modelo que para desarrollar políticas sociales deba hipotecar los bienes naturales y amontonar al pueblo en villas, para que la tierra y los bienes naturales sean explotados por esa “siempre ficticia burguesía nacional” junto con las transnacionales que generan “progreso” .

Es necesario sostener el valor de los salarios por encima de la canasta básica, pero además hay una enorme masa de trabajadoras y trabajadores que están fuera de la economía formal y la discusión paritaria. Trabajadores precarizados, desocupados, de fabricas recuperadas, cooperativas, campesinos y agricultores familiares. Todos estos sectores somos sujetos económicos y las políticas deben ir enfocadas a fortalecer y desarrollar la economía social y popular.

Es hora de que los recursos para las políticas sociales salgan de las enormes ganancias de empresas de la “burguesía nacional”. Es hora de que la tierra cumpla su función social: para brindarnos un hábitat digno, para brindarnos la posibilidad de trabajar y producir alimentos y materias primas para cubrir las necesidades populares, y abastecer nuestra industria.

El estado debe apuntalar y fortalecer la economía popular, las cooperativas, las pymes, las empresas estatales.

Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente, abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular.

La ley contra la extranjerización de la Tierra y el nuevo estatuto del peón de campo son herramientas que mitigaran algunos de los embates del agronegocio contra los pueblos rurales. Pero no detendrán su proceso de concentración y acumulación.

La ley contra los desalojos campesinos espera por ser tratada, y nos movilizaremos para que sea aprobada

La ley de radio difusión y la ley de democratización del Papel prensa son avances históricos en la construcción de la libertad de prensa y la democracia, esperamos que la lucha campesina tenga su voz legitima en todos los medios sin censuras ni recortes. También es urgente otorgar las licencias a las radios comunitarias y fortalecerlas con financiamiento y publicidad oficial.

Nosotras y nosotros vamos a profundizar nuestra lucha en los territorios, vamos a intensificar la movilización en las ciudades y pueblos, vamos a ampliar nuestros lazos con todos los sectores que estén dispuestos a debatir y a luchar por la liberación de nuestro pueblo argentino y latinoamericano, por la soberanía alimentaria por la justicia social.

Somos Tierra para alimentar a los pueblos
Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC – Vía Campesina

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Los republicanos divididos, los ciudadanos unidos

ELECCIONES PRIMARIAS EN ESTADOS UNIDOS

El resultado de las elecciones primarias del Partido Republicano en Iowa, que mantuvieron la intriga sobre el vencedor hasta el final, confirmó dos hechos políticos fundamentales y prácticamente pasó por alto a un tercero. En primer lugar, los republicanos no están muy entusiasmados con ninguno de sus candidatos. En segundo lugar, hemos ingresado en una nueva era de las campañas políticas en Estados Unidos luego del fallo de la Corte Suprema que permitió que un flujo ilimitado y no declarado de dinero de las empresas se invierta en el proceso electoral. Y en tercer lugar, debido a que el Presidente Barack Obama atraviesa las elecciones primarias sin tener contrincantes, se le ha prestado muy poca atención al creciente descontento de quienes lo llevaron a la presidencia en 2008. Como consecuencia de esto, el proceso de elección presidencial de 2012 promete ser largo, reñido, extremadamente caro y quizá el más negativo de la historia.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)


Mitt Romney técnicamente venció en las primarias de Iowa por un margen de apenas ocho votos al candidato Rick Santorum, quien experimentó un reciente aumento de popularidad. Mientras tanto, el candidato ultra-liberal Ron Paul sorprendió al obtener el 21 por ciento de los votos, y se ubicó en el tercer lugar de una contienda que involucra a varios candidatos. Hay que tener en cuenta que el Partido Republicano no permite realizar un recuento de los votos manuscritos que hayan sido contados manualmente y que la victoria final de Romney fue anunciada antes que en ningún otro sitio en la cadena de noticias de derecha Fox News por nada más y nada menos que el comentarista Karl Rove, el artífice de las dos controvertidas victorias presidenciales de George W. Bush.

De modo que la enseñanza que puede concluirse de todo esto es que si bien Willard Mitt Romney se queda con la fachada de la “eligibilidad”, no puede persuadir a más del 25 por ciento de los republicanos para que voten por él. El aumento del apoyo a Santorum fue consecuencia de la combinación de los votos en contra de Romney y el retiro masivo del apoyo a Newt Gingrich, inspirado por una campaña fulminante de avisos en contra de Gingrich que se atribuye a Romney.

A pesar de que el equipo de Romney en Iowa tuvo una estrategia de campaña positiva, un súper Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) que lo apoyó adoptó una estrategia ofensiva. Según Michael Isikoff de NBC, el comité Restore Our Future (Restablecer Nuestro Futuro) gastó 2,8 millones de dólares en publicidad en Iowa, más del doble del dinero gastado por la campaña de Romney, todo para atacar a Gingrich. Los comités de apoyo pueden recibir donaciones ilimitadas de parte de empresas o individuos y no tienen la obligación de revelar la identidad de sus donantes. A pesar de que la ley impide que los súper PAC se coordinen con las campañas, tres de los fundadores del comité Restore Our Future, de Romney, trabajaron en su fallida campaña presidencial en 2008. Ellos son: Carl Forti, Charlie Spies y Larry McCarthy.

La elección primaria de Iowa puede interpretarse como la primera instancia de una campaña electoral realizada luego del fallo sin precedentes de la Corte Suprema de enero de 2010 en el caso Citizens United contra la Comisión Federal Electoral. El blog SCOTUSblog lo resume de la siguiente manera: la Corte, en fallo dividido, dictaminó que “el gasto político es una forma de protección de la libertad de expresión en virtud de la Primera Enmienda, y que el gobierno no debe impedir que las empresas o sindicatos gasten dinero para apoyar o denunciar a candidatos individuales en las elecciones”.

Los períodos electorales generalmente son muy beneficiosos para los canales locales de televisión, que venden tiempo en el aire a través de los medios de difusión públicos. Sin embargo, las radiodifusoras de Iowa informaron que habría ganancias menores de las esperadas debido al número sin precedentes de debates entre candidatos, a través de los cuales los candidatos tuvieron la oportunidad de presentarse al público básicamente en forma “gratuita”. La avalancha de publicidades negativas que sobrevino en las últimas semanas de campaña provocó un aumento de las ganancias de los canales. Dale Woods, gerente general de un canal de televisión local de Des Moines, le dijo a la revista Broadcasting & Cable: “Generalmente no transmitimos campañas negativas aquí, pero he visto cómo ha cambiado esa dinámica con el dinero de los Comités de Acción Política. Las compras de espacio publicitario de los candidatos son para publicidades positivas, pero el dinero de los Comités se usa en campañas negativas. Creo que veremos esa dinámica en todo el país”.

La industria de la publicidad está siguiendo de cerca los gastos de campaña. Prevén que el gasto de todas las campañas juntas alcanzará los 4.000 millones de dólares, si se incluye la campaña presidencial, al Senado, de Diputados y gobernadores.

Pero aún hay esperanza. Cada vez más gente reacciona en contra de esta inundación de dinero secreto que está infectando las elecciones en Estados Unidos. Los legisladores del estado de California están reclamando una reforma constitucional para revocar el fallo sobre Citizens United. El Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York aprobó una resolución similar, haciéndose eco de las medidas aprobadas en Los Angeles, Oakland, Albany y Boulder, Colorado. La semana pasada, la Corte Suprema de Montana restableció una prohibición de hace más de 100 años al gasto empresarial en campañas y candidatos políticos.

El catedrático de derecho de la Universidad de Harvard, Lawrence Lessig, exige que se realice una convención constituyente. Según lo define la Constitución de Estados Unidos, 34 legislaturas estatales tendrían que convocar la convención, que podría permitir una reforma para prohibir que las empresas financien campañas electorales. Lessig, muy popular entre los progresistas, ha acudido al apoyo del movimiento conservador de derecha Tea Party. Me dijo “El aspecto interesante desde el punto de vista político de todo esto es que la gente puede convocar una convención por cualquier motivo. Ya hay un fuerte movimiento conservador que presionará para que haya una convención que procure objetivos de presupuesto equilibrado o para que se limite la deuda nacional. Creo que todas estas propuestas deben ser consideradas en el marco de una convención. Sin embargo, creo que, lamentablemente, la única opción que tenemos para intervenir y arreglar este sistema corrupto es la opción que nos dieron los padres fundadores del país, que es que quienes no forman parte de la clase política se organicen para resolver el problema que hay en Washington”.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna
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Escoger al malo para que no gobierne el peor

MÉXICO Y LA PARTIDOCRACIA

La kafkiana partidocracia que monopoliza las candidaturas, trafica con las prerrogativas, engaña con encuestas, contamina el ambiente con basura propagandística y permite que los bribones ocupen cargos de elección o de nombramiento, nos está dejando como única opción “elegir al malo para que no gobierne el peor” y con semejante disyuntiva se posponen programas, se desvanecen proyectos, se sigue concentrando el poder y el dinero, las calles se transforman en morgues, el espejismo de la alternancia coincide con el drama de la sequía y la amenaza de hambrunas; la criminalidad se vuelve la madre de todas las crisis y los mexicanos abdican de la condición de ciudadanos para asumirse como espectros.

Por Manuel Leví Peza (desde México)


¿Cómo es posible que en más de 100 millones de habitantes no encontremos un estadista que pueda resolver los severos problemas nacionales que nos agobian?

A estas alturas es imperdonable que no tengamos un proyecto de nación que meta en cintura los mercados financieros no regulados; la mexicanización del sistema bancario; los mercados bursátiles; la restauración del poder adquisitivo de nuestra moneda; la restricción de los endeudamientos públicos; racionalización del déficit y la superación del desempleo. Tampoco es comprensible la improductividad del Congreso de la Unión en las reformas pendientes, ni las monacales votaciones de los ministros de la SCJN en cuanto a la administración de justicia.

México ya no puede marchar a dos velocidades: la de los poderes fácticos poseedores de la riqueza pública y privada y, la de los mexicanos de a pié, que ya empiezan a ser peyorativamente apodados “mamíferos hablantes” negados para la democracia.

Son pocas las razones que favorecen una calificación aceptable, en términos de decencia, a partidos políticos, mandatarios, legisladores, ministerios públicos, sindicatos corporativos y jueces. Tampoco son creíbles las argumentaciones del gobierno en lo que se refiere a pobreza, ignorancia, insalubridad, dependencia alimentaria, crimen organizado y violación de derechos humanos. Asimismo, no se puede seguir tolerando que el gobierno nos diga cínicamente que hay responsables, pero no culpables, en todos y cada uno de los escandalosos ejemplos de corrupción e impunidad en que incurren los servidores públicos.

La deuda pública no se habría disparado tanto, sí se hubieran fijado severas responsabilidades limitadas a las legislaturas, a los prestamistas y a las autoridades deudoras por los malos manejos del erario públicos y por rebasar los topes de endeudamientos.

La historia de nuestro subdesarrollo explica el por qué estamos como estamos y el por qué somos como somos. Y al detenernos en éste punto, corroboramos que efectivamente, elegimos a los malos para que no sean los peores los que nos gobiernen.


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9 de diciembre de 2011

Otra víctima del “modelo” agroexportador

ASESINAN EN SANTIAGO DEL ESTERO A UN CAMPESINO INTEGRANTE DEL MOCASE-VC

El asesinato del dirigente campesino Cristian Ferreyra tiene directa relación con el avance sobre los territorios comunitarios del “modelo” agroexportador de soja transgénica y ganadería intensiva que promueven tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales. En los últimos quince años el país sufrió una especie de reforma agraria al revés: se concentró la tierra en pocas manos y se desalojó a miles de campesinos e indígenas.

Por Hernán L. Giardini (desde Santiago del Estero)


Cristian Ferreyra, un joven integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC), fue baleado por dos hombres cuando intentó resistirse al desalojo del campo donde vivió toda su vida. Los asesinos trabajaban para un empresario agropecuario que tenía permiso para desmontar esas tierras.

Pero lamentablemente el de Ferreyra no es un caso aislado: en sólo dos años fueron asesinados al menos cuatro campesinos e indígenas por la defensa de sus tierras. El 12 de octubre de 2009 un empresario ejecutó en Tucumán al indígena diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña “Eli” Juárez. El 23 de noviembre de 2010 la policía de Formosa asesinó al indígena qom Roberto López en un corte de ruta en reclamo por sus tierras. El pasado 16 de noviembre la triste lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún caso fueron condenados los autores materiales ni intelectuales de los crímenes.

Resulta evidente que estas muertes tienen directa relación con el avance sobre los territorios comunitarios del “modelo” agroexportador de soja transgénica y ganadería intensiva que promueven tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales.

Desde mediados de los ´90 la búsqueda de nuevas tierras para ampliar la frontera agropecuaria, principalmente para la producción de soja transgénica, generó un aumento dramático de la deforestación y los desalojos de los históricos habitantes de los bosques.

La soja transgénica con uso intensivo de agrotóxicos fue autorizada en 1996, cuando abarcaba una superficie de 6,6 millones de hectáreas en todo el país. En 2000 ya había trepado hasta las 10,5 millones. Y en la actualidad cubre 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de la Argentina, 50 millones de toneladas de soja.

Por su parte, la ganadería intensiva, que históricamente se producía en la región pampeana, empezó a ser “corrida” hacia el norte del país propiciada por el bajo precio de la tierra.

Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 280.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.

Salta, Santiago del Estero y Chaco presentan la mayor superficie deforestada en los últimos quince años. Los últimos datos oficiales revelan que en el período diciembre 2007 - octubre 2008 (posterior a la sanción de la Ley de Bosques) la deforestación en estas provincias alcanzó las 136.081 hectáreas.

La deforestación impacta directamente sobre las comunidades indígenas y campesinas, que históricamente habitan y utilizan esos bosques; y que lamentablemente tras el paso implacable de las topadoras pierden su forma de vida y sustento, cayendo en la pobreza extrema.

Son numerosos los ejemplos del avance del desmonte en zonas habitadas favorecidos por la poco clara y efectiva protección que tienen los pobladores tradicionales, ya que la gran mayoría no ha podido obtener la titularización de las tierras que habitan desde hace muchos años.

Debido a esto, son cada vez más los casos donde el conflicto en torno a la tierra termina dirimiéndose por la fuerza, en donde es frecuente el accionar de guardias “parapoliciales” bajo la orden de los empresarios.

Así, en la mayoría de las provincias del norte de nuestro país los desmontes y desalojos se han venido realizando amparados en un escaso control, muy débiles exigencias en el otorgamiento de permisos y desidia para actuar frente a las denuncias realizadas por pobladores y organizaciones sociales.

Lo cierto es que en los últimos quince años el país sufrió una especie de reforma agraria al revés: se concentró la tierra en pocas manos y se desalojó a miles de campesinos e indígenas.


La profundización del “modelo”

Como si esto fuera poco, el recientemente anunciado Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 prevé, para los próximos 9 años, el aumento de la producción de granos en un 60% y el de ganadería en un 46%.

O sea, más desmontes, más desalojos, más muertes.

Para entender hasta dónde llega este ambicioso plan agroexportador basta como ejemplo Santiago del Estero, la provincia con más porcentaje de población rural del país: actualmente tiene cerca de 1.500.000 cabezas de ganado bovino, pero según el gobierno cuenta “con un potencial de crecimiento sostenido para poder llegar a 4 o 5 millones de cabezas a corto plazo, marcando a esta provincia como netamente ganadera".

La gran mayoría de los desmontes y desalojos de campesinos e indígenas son provocados por empresarios argentinos llegados de otras provincias. Mientras tanto, el gobierno nacional promueve la sanción de una ley que limita la compra de tierras por parte de extranjeros.



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Fragmentos de una década

2001 - 19/20 DE DICIEMBRE - 2011

Las jornadas de diciembre de 2001 tuvieron, tienen y tendrán un importante peso simbólico. Nunca se las podrá olvidar: marcan un antes y un después para la sociedad civil. No sólo por su trágico saldo de 33 muertos, también porque, a diferencia del 17 de octubre de 1945, las masas no salieron a rescatar a un líder preso sino a rescatarse a sí mismas como sujeto político activo. Los fragmentos que siguen rememoran aquel proceso que quedó a medio camino y dan cuenta de problemas y debates de absoluta actualidad.

Por Marcelo R. Pereyra


EL CONTEXTO HISTÓRICO (Pablo Lamberto) (*)

“Un mes antes de la renuncia de Fernando de la Rúa, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) elaboró el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Según los datos relevados, al 17 y 18 de noviembre de 2001, de las 35.927.409 personas que vivían en Argentina, el 17,7% lo hacía con necesidades básicas insatisfechas (NBI) La situación económica no era la misma que antes de la Convertibilidad. En mayo de 1991, la desocupación era del 6,9%; diez años después, en octubre de 2001, alcanzaba 18,3 puntos porcentuales y el 35,4% de los habitantes del Gran Buenos Aires se encontraba bajo la línea de pobreza. En ese marco, Fernando de la Rúa (…) dictó un decreto de necesidad y urgencia por el que a partir del lunes 3 de diciembre y por 90 días cada ciudadano tendría un límite de extracción de dinero en efectivo de cuentas bancarias de 250 pesos o dólares por semana.

Los saqueos a supermercados en Rosario y Mendoza fueron la noticia de tapa de los diarios del 15 de diciembre de 2001. (…)Los ataques a comercios bajo la modalidad del saqueo fueron aumentando hasta el mismo 19 de diciembre, registrándose hechos de represión policial y violencia en distintas provincias y en localidades de los alrededores de Buenos Aires, como San Martín, Moreno o San Miguel. Ante ese panorama, el Ejecutivo recurrió al envío de comida y la regularización del pago de planes Trabajar que pudiesen aliviar la situación. La noche del 19 de diciembre Fernando de la Rúa anunció, por cadena nacional, la firma de un decreto de necesidad y urgencia que instauraba el Estado de sitio por 30 días. "Sé distinguir entre los necesitados y los violentos”, dijo el por entonces presidente en su mensaje a la Nación. El cacerolazo y las movilizaciones hacia la Plaza de Mayo fueron las reacciones inmediatas de miles de porteños al discurso de De la Rúa. Horas después, mientras la Policía Federal empezaba a reprimir manifestantes, Domingo Cavallo renunciaría a su cargo en una decisión que después sería imitada por el resto del gabinete. A las 19:52 del 20 de diciembre, un helicóptero despegaba de la terraza de la casa de gobierno con Fernando de la Rúa a bordo. Según La Nación, las jornadas del 19 y 20 de diciembre finalizarían con un trágico saldo de 27 personas muertas en todo el país, durante enfrentamientos entre policías, vecinos y comerciantes que protegían sus propiedades.

Según la ley de acefalía, ante la “falta de Presidente y Vicepresidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será desempeñado transitoriamente en primer lugar por el Presidente Provisorio del Senado”. El misionero Ramón Puerta asumió el cargo. Hay que recordar que Carlos “Chacho” Álvarez había renunciado a la vicepresidencia en 2000. La Asamblea Legislativa, después de 48 horas, designó a Adolfo Rodríguez Saá como presidente de la Nación hasta marzo de 2001, cuando se llamaría a una elección general por medio del sistema de ley de lemas, un método electoral que permite a los partidos dirimir sus internas en la misma elección general y presentar una cantidad ilimitada de candidatos. El dirigente sanluiseño renunciaría el 30 de diciembre, luego de que ese día solo 5 de 14 gobernadores justicialistas acudieran a su convocatoria en la residencia presidencial de Chapadmalal, hecho que él sintió como una falta de apoyo de su propio partido. Luego de una breve transición a cargo de Eduardo Camaño, Eduardo Duhalde asumió el poder ejecutivo el 1 de enero de 2002”.


(*) “Salir de la crisis. Diagnósticos de Clarín, La Nación y Página 12 para la Argentina de fines de 2001”. Tesina de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2011.


UN AÑO DE LUCHA POPULAR (Contracultural, enero de 2003)

“Los sucesos del 19/20 de diciembre de 2001 fueron la consecuencia de años de hastío, de miseria, de humillación, de hambre y desesperanza. Las cautas expectativas que las capas medias habían depositado en el gobierno de la alianza UCR-FREPASO se vieron rápidamente defraudadas. A poco de andar el gobierno aliancista, el pueblo entendió que estaba frente a la continuación por otros medios de la política neoliberal consagrada el 24 de marzo de 1976 y proseguida con matices por los gobiernos de Menem y Alfonsín. Así las cosas la instalación del corralito financiero desató la furia de la conservadora clase media, que al menos por una vez comprendió que no puede vivir tratando de imitar las modas, los gestos y los gustos de los de arriba, y que los de abajo -los negros, los villeros, los piqueteros- también son seres humanos.

Nació de esta manera una fugaz alianza de clases que terminó de tumbar un gobierno que se estaba cayendo solo, por la propia inercia de su traición a la plataforma electoral que había propuesto y por la ineficacia demostrada como ente recaudador del Fondo Usurario Internacional. Aparecieron entonces en el pueblo sentimientos de autorreivindicación olvidados en la noche del tiempo, sentimientos que tenían que ver con la dignidad, con el coraje civil y con la ayuda mutua. Fueron los tiempos de la consigna "Piquete y cacerola, la lucha es una sola", que inconfundiblemente remitía a esa otra de los 70: "Obreros y estudiantes, unidos y adelante"; ambas expresando la necesidad de unión entre todos los sectores populares”.


SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO (Contracultural, enero de 2005)

“El 20 de diciembre último se recordaron en la Plaza de Mayo las convulsionadas jornadas que terminaron con la caída de Fernando De la Rúa en 2001. Tres años después de aquel acontecimiento histórico la multitud reunida no fue la de entonces, pero alcanzó para que los noticieros de la tele despotricaran contra ella porque estaba provocando "un caos en el tránsito". ¿Qué mágica alquimia se ha operado para que semejante acontecimiento político haya quedado reducido, para muchos, a un desorden de la circulación vehicular? ¿Qué genio frotó la lámpara del olvido en el inconsciente colectivo? ¿Es que acaso todo aquello fue solamente el sueño de una noche de verano?”.


A CUATRO AÑOS DE DICIEMBRE DE 2001: TRÁNSFUGAS Y ASESINOS LEGITIMADOS POR EL VOTO POPULAR (Contracultural, enero de 2006)

“El 19 y el 20 diciembre de 2005 pocos se acordaron de los históricos hechos que tumbaron al gobierno de De la Rúa. Por primera vez en la historia argentina ciudadanos que salieron a las calles en las principales ciudades del país, para manifestar su bronca y repudio generalizado a toda la clase política, lograron defenestrar a un gobernante constitucional. Ni el 17 de octubre del 45, ni el Cordobazo de mayo del 69 lograron algo tan significativo. En el primer caso los obreros protoperonistas no derrumbaron al presidente Farrel sino que repusieron a su líder, el coronel Perón. En el segundo, es cierto que el dictador Juan Carlos Onganía debió abandonar el cargo por la gravedad de los disturbios y la represión, pero ya figuraba en los planes de sus adversarios en la interna militar su reemplazo por otro general.

Pero en realidad diciembre de 2001 fue más importante por el movimiento social que gestó, que por la debacle del gobierno de la Alianza UCR-FREPASO. Las asambleas vecinales brotaron como hongos por todas partes y se transformaron, para terror de la derecha, en activos foros de discusión y acción. Por un breve instante la clase media entendió el sufrimiento y la humillación de los que debieron salir a saquear comida. No entendió, en cambio, que los saqueadores se llevaban también electrodomésticos y otros artículos de confort porque querían ser tan consumidores como ellos, tal como la tele les muestra todos los días.

Desde un principio quedó claro que las turbulencias sociales de esos días no tenían una clara y fuerte definición ideológica. Nada de eso, sino que, fugazmente, todas las clases sociales compartieron cuitas, distintas cuitas, quizás por primera vez en la historia del país. Todos tenían algo que reclamar: los de abajo por el hambre, los de arriba por sus fondos encarcelados; los más politizados estaban en la clase media, si bien es cierto que a algunos de sus integrantes también los perjudicó el corralito, su reclamo era el más moral, el más ético de todos. No es casual que de los clasemedieros porteños haya salido el “que se vayan todos”. Se habían hartado de un gobierno que habían votado para que se llevara muy lejos los males del menemismo que ellos mismos habían votado en los 90. Advertidos de este grueso error pusieron a la Alianza UCR-FREPASO para que limpiara los establos de Augias. Pero con el soborno a los senadores por la ley laboral, los que vinieron a limpiar demostraron ser tan sucios como los anteriores.

He aquí la debilidad original de aquel maravilloso movimiento de protesta que permite comprender mejor su ulterior fracaso: faltó saber qué era lo que se quería más allá del rechazo unánime a los políticos, es decir faltó un proyecto unificador. (…)Diciembre de 2001 es histórico, pero difícilmente sea mítico y fundacional. Sus efectos o resultados están a la vista, pues no solamente no se fue nadie sino que volvieron todos gracias al voto de los mismos que unos meses atrás los habían repudiado: Luis Patti, un policía torturador confeso y asesino probable, es diputado; Carlos Menem, el gran delincuente responsable del vaciamiento del país, es senador; el ex senador Gioja, uno de los “beneficiados” con los sobornos de De la Rúa, es el gobernador de San Juan; y Néstor Kirchner, el niño bueno que más plata destinó al pago de la fraudulenta deuda externa, fue santificado en octubre pasado con el 40% de los votos.


LEDESMA SE ESCRIBE CON SANGRE (lavaca.org, 29/07/2011)

“Cuatro muertos, un hombre en coma profundo, más de 30 heridos, 10 mujeres y 12 hombres detenidos es el saldo de una violenta represión que trató de desocupar 15 de las 135 mil hectáreas que la familia Ledesma posee en Jujuy. (…) El conflicto se desató hace tres años y, por entonces, se abrió una negociación (…). Hubo, incluso, una oferta para comprar esas tierras, a la que Ledesma se negó. En tanto, avanzó la causa judicial. El juez Sammar firmó la orden de desalojo el pasado 22 de julio, cuando 700 familias decidieron re-ocupar, a la vista de que Ledesma no cumplía con las promesas de transferir esas tierras. Aún con la orden firmada, se había abierto un espacio de diálogo que fue roto sin aviso previo cuando a las 6 de la mañana de hoy, jueves 28, irrumpió la policía con gases lacrimógenos y disparos”.


CENSURA I (Darío Aranda, 19/11/11) (*)

“La nota que hoy (Sábado 19) aparece en Página12 con mi firma no se corresponde con la que escribí. Específicamente el primer párrafo (lo más importante de una nota periodística). Un derecho básico de los periodistas es tener la posibilidad de retirar la firma. No me han respetado ese derecho. (…) Copio la cabeza original. Había sido acordada así con el editor: "Asesinado por el agronegocio. Cristian vive, la lucha sigue", resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, ocurrida por una disputa territorial. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), donde militaba Ferreyra, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires el vocero del MNCI, Adolfo Farías, fue explícito: "Hacemos público que vamos por el Gobernador, es el responsable de las represiones. No habrá más asesinatos en el monte santiagueño". También hubo marchas en Santiago y Córdoba.

La cabeza publicada por el diario: "Asesinado por el agronegocio. Cristian vive, la lucha sigue", resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, ocurrida por una disputa territorial. La marcha partió del Obelisco, se dirigió por avenida Corrientes y terminó en Florida 274. Dos cuadras de personas y dos consignas que se repitieron: "¿Quiénes somos? Campesinos. ¿Qué queremos? Tierra, trabajo y justicia" y "Alerta que camina la lucha campesina por América latina"”.

(*) Periodista de Página/12.


LEY ANTITERRORISTA “PARA TODOS” (Red Eco, 1/12/2011)

“El pasado 14 de octubre, el Poder Ejecutivo Nacional presentó al Congreso un nuevo proyecto de “ley antiterrorista” que propone modificar el Código Penal para que el delito de terrorismo se asocie a todos y cada uno de los tipificados en este código, tanto sean cometidos por organizaciones como por individuos. (…) Se considerará como terrorista el delito que tipificado en el Código Penal sea cometido “con finalidad terrorista”. Además ya no sería necesario (tal como lo establece la ley actual) ser parte de una “organización” o “grupo organizado”, por lo que un acto individual también puede ser considerado terrorista. (…) En el tema de la financiación, el artículo detallado como 306 establece penas de 5 a 15 años y multas de 2 a 10 veces el monto de la operación al que “directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito que tuviera la finalidad prevista en el artículo 41 quinquies, independientemente de su acaecimiento (…) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito sea cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento”. Por lo cual podría configurarse este delito en el marco de una campaña de solidaridad financiera a los presos políticos mapuches chilenos que están acusados en su país de terroristas.

(…) Este proyecto aparece en un contexto de: miles de luchadores sociales procesados por delitos tipificados en el Código Penal (entre los que se destacan la usurpación y el corte de calles/rutas, entre otros), aumento en el nivel de movilizaciones por trabajo y salario, contra la precarización laboral, para frenar el avance de las industrias extractivas contaminantes y el desalojo de campesinos para plantar soja. Se agregan ocupaciones de tierras para vivienda y de espacios públicos con acampes, cortes de calles y rutas. Sumado a esto han venido las advertencias de la presidenta en cuanto a los límites que deben tener los reclamos de los trabajadores para no “boicotear” a la Argentina y su sugerencia de no cortar calles sino de que el “marchódromo” sea solo la Plaza de Mayo”.


CENSURA II (Comisión Interna de la agencia oficial TELAM, 6 de diciembre de 2011)

“La asamblea general de trabajadores de Télam repudia la operación de prensa montada en la agencia y la censura sufrida en los despachos informativos redactados por nuestros compañeros de la sección Política sobre el asesinato del dirigente campesino Cristian Ferreyra, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC).

(…) Cubrimos con redactor y fotógrafo una marcha convocada por el Mocase con el apoyo de movimientos político sociales, entre ellos el Movimiento Evita, uno de cuyos dirigentes, el “Chino” Navarro, aportó como otros sus declaraciones señalando la responsabilidad de “gobiernos provinciales” en la violencia de los terratenientes contra campesinos, en alusión en este caso al gobernador santiagueño, Gerardo Zamora. La nota fue demorada y se presionó finalmente para eliminar la presencia del Movimiento Evita en la marcha y las declaraciones de Navarro. Por último, fue eliminado el párrafo en que éste responsabilizaba a gobiernos provinciales y funcionarios judiciales por la violencia rural, sin consultar al redactor y dejando su sigla. Tampoco se incluyeron fotos, según se indicó a compañeros de fotografía, “por orden del jefe de prensa del gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora”. (…) Pero además, y quizás lo más grave, con el concurso de la agencia se montó una operación. El mismo día de la marcha del 18, por la mañana, se emitió un despacho de unas 90 líneas que afirmada en el título y la cabeza que Ferreira había sido asesinado en un enfrentamiento entre vecinos, adoptando sin distancia alguna la afirmación de un supuesto informe o “parte oficial” de la policía santiagueña, sobre el crimen cometido en realidad por sicarios de un terrateniente. Ante la protesta de periodistas, se dijo que ese “parte” había sido remitido por Zamora con pedido de publicación”.

Los trabajadores de Télam no queremos más censura ni mendacidad. El caso de censura en noticias sobre el asesinato de Ferreira, que es muy grave, no es una excepción. La censura y la selección de hechos que deben ser ignorados son moneda corriente”.


SISTEMA DE LA CRUELDAD (Comisión Provincial por la memoria - Comité contra la tortura, Informe 2011)

“El modelo neoliberal de los 90 ha dejado profundas huellas políticas, culturales, económicas y sociales en el estado y la sociedad. Desmontar su andamiaje es tarea de la etapa histórica que estamos transitando. Sin embargo, cuando se analizan las situaciones de justicia, seguridad y las prácticas hacia las personas privadas de libertad, el núcleo duro de las ideas que dieron sustento a la institucionalidad que se modeló en aquellos años, parece tener todavía un rol hegemónico.

La utilización de la prisión preventiva masiva sobre los sectores empobrecidos de nuestra población, la desigualdad de armas entre los defensores oficiales y las fiscalías, las tasas de prisionización altísimas sobre estos sectores, las prácticas policiales violentas y arbitrarias sobre los más vulnerables, los malos tratos y torturas en cárceles y comisarías, la ineficaz investigación judicial de la violencia institucional sobre las personas sin recursos, la persecución a los jueces que no adaptan a los criterios hegemónicos y dictan sentencia a derecho, son parte de un modelo que impugnamos y al que llamamos sistema de la crueldad”.

La lucha continúa…

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