El verdadero trabajo de los movimientos sociales comienza ahora

DESAFÍOS DE LA SEGUNDA PRESIDENCIA DE OBAMA EN ESTADOS UNIDOS

Ya pasaron las elecciones y Barack Obama continuará en el gobierno como el presidente número 44 de Estados Unidos. Los analistas políticos le prestarán mucha atención a la mecánica de las campañas, a las técnicas para captar a los potenciales votantes, a la eficacia de los esfuerzos para lograr que más gente vote. Los analistas de los medios llenarán los espacios de las cadenas de noticias del cable con comentarios post electorales acerca de la precisión de las encuestas o acerca del apoyo que tuvieron los candidatos en un determinado grupo demográfico u otro. Mientras tanto, en el corazón de nuestra democracia están los movimientos sociales, que son sistemáticamente dejados de lado por los medios masivos, pero sin los cuales el Presidente Obama no hubiera sido reelecto.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)

El Presidente Obama es un ex dirigente social. Cuando alguien que desempeñaba ese papel se convierte en presidente, ¿quién se encarga de organizar a la comunidad? Resulta interesante que Obama sugirió una respuesta a este interrogante durante un pequeño evento de campaña en Nueva Jersey cuando era candidato a la presidencia por primera vez. Cuando le preguntaron qué haría con respecto a Medio Oriente, Obama respondió con una anécdota sobre el legendario líder social del siglo XX A. Philip Randoplh. En una ocasión, Randolph se reunión con el Presidente Roosvelt y le explicó la situación en la que vivía la población negra en Estados Unidos y la situación de la clase trabajadora en general. Roosevelt escuchó atentamente y luego respondió: “Estoy de acuerdo con todo lo que dice. Ahora, oblígueme a hacerlo”. Obama reiteró ese mensaje. Ahí está la respuesta, oblíguenlo a hacerlo. Es una invitación del propio presidente.

Durante los años que duró el gobierno de Bush la gente sentía que se daba la cabeza contra la pared. Tras la primera elección del Presidente Obama, esa pared se transformó en una puerta, pero la puerta estaba apenas entreabierta. Entonces surgió la pregunta: ¿se abrirá de una patada o se cerrará de un portazo? La respuesta no debe darla el presidente, independientemente de su poder, sino que es un trabajo que corresponde a los movimientos.

Ben Jealous es un dirigente social que se toma en serio su trabajo. Tiene una larga lista de logros y una lista aún más larga de objetivos por lograr como presidente y Director Ejecutivo de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color. Advierte que 2013 será un año de importantes aniversarios, entre ellos el 150 aniversario de la Proclamación de Emancipación del Presidente Abraham Lincoln, el 50 aniversario de la Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, encabezada por Martin Luther King en 1963, y el 50 aniversario del asesinato de Medgar Evers y del bombardeo de una iglesia en Birmingham, Alabama en el que murieron cuatro jóvenes afroestadounidenses.

Obama asumirá su segundo mandato presidencial en 2013 en el Día de Martin Luther King. Jealous me dijo en la noche de las elecciones, poco antes de que Mitt Romney diera su discurso de aceptación de la derrota: “Hace cuatro años la gente permaneció en estado de euforia durante varios meses. Esta vez no vamos a hacer eso. Aprendimos la lección, tenemos que seguir pensando como un movimiento. No permitiremos que nos vuelvan a pasar por alto”.

Eso es justamente lo que están haciendo los jóvenes inmigrantes. Los estudiantes indocumentados que fueron arrestados por ocupar oficinas de campaña en una serie de protestas contra las deportaciones constituyen el movimiento de derechos civiles de nuestra época. Hay otros movimientos dinámicos, como Occupy Wall Street, o la lucha por el matrimonio igualitario, cuyas iniciativas sometidas a referéndum en cuatro estados fueron aprobadas en las elecciones de este martes. Tras el desastre provocado por la gran tormenta Sandy y a pesar de la gran cantidad de recursos gastados por la industria de combustibles fósiles para ocultar lo que sucede, el cambio climático y lo que hagamos al respecto es ahora un asunto que el Presidente Obama sugiere que enfrentará. En su discurso de victoria, afirmó: “Queremos que nuestros hijos vivan en un país que no esté abrumado por la deuda, que no esté debilitado por la desigualdad, que no esté amenazado por el poder destructivo del calentamiento global”.

Fue gracias a la presión de los activistas de base que se manifestaron frente a la Casa Blanca que Obama postergó su decisión acerca del controvertido oleoducto Keystone XL, que se extendería desde Canadá al Golfo de México. Más de 1.200 personas fueron arrestadas hace un año en una serie de protestas frente a la Casa Blanca. En este preciso momento, un grupo de activistas se encuentra en Winsboro, Texas (a dos horas al este de Dallas) bloqueando la construcción del tramo sur del oleoducto y corren el riesgo de ser arrestados e incluso de resultar heridos. Están realizando acciones directas para impedir la construcción, como treparse a los árboles para evitar que sean derribados.

Quienes tienen acceso privilegiado al presidente, le susurran sus demandas al oído en la Oficina Oval. Si el presidente no puede señalar afuera y decir “si hago lo que ustedes me piden ellos se alzarán en rebeldía”, si no hay nadie ahí afuera, el presidente está en graves problemas. Eso en el caso de que esté de acuerdo con ustedes, pero ¿qué sucede cuando no lo está?

El Presidente de Estados Unidos es la persona más poderosa del planeta, pero hay una fuerza más poderosa: el pueblo organizado a lo largo y ancho del país, que lucha por un mundo más justo y sustentable. El verdadero trabajo comienza ahora.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

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Se viene el casamiento con Monsanto

EL GOBIERNO PREPARA UNA NUEVA LEY DE SEMILLAS QUE BENEFICIA A LAS MULTINACIONALES DEL AGRONEGOCIO 

Tras varios años de “concubinato”, en una relación que comenzó en 1996 cuando se aprobó la primer soja transgénica, el gobierno prepara una nueva Ley de semillas hecha a la medida de Monsanto y las multinacionales del agronegocio, que permitirá cobrar regalías a quienes desarrollan semillas modificadas genéticamente. 

Por Hernán L. Giardini

Año 1996. Argentina, que contaba tan sólo con 1 millón de hectáreas de soja, comenzaba su “noviazgo” con Monsanto y las multinacionales del agronegocio: de la mano de Felipe Solá (a cargo del Ministerio de Agricultura de la Nación) lograban la aprobación de la semilla de soja RR (genéticamente modificada para soportar al glifosato “Roundup”).

Año 2012. La relación de Argentina con las multinacionales del agronegocio avanzó muchísimo: ya hay aprobadas 26 variedades de transgénicos, con más de 23 millones de hectáreas sembradas (sobre un total de 33 millones); y el 100% del algodón, el 99% de la soja y el 92% del maíz que se produce en nuestro país es modificado genéticamente.

Tras varios años de “concubinato”, el 21 de agosto pasado, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja transgénica RR2 junto a los directivos de Monsanto y disparó: “Hay que respetar la propiedad intelectual”; y adelantó que el Gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas que contemple el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.

Un claro anuncio de “casamiento” con la multinacional, que desde hace años le reclama al país por este tema. Movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales ya bautizaron al proyecto de Ley de semillas como la “Ley Monsanto”.

“El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate. El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de la soja RR2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este Proyecto. La anunciada “Alianza Estratégica” con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 20 exigiendo que Argentina le garantice la “seguridad jurídica” para introducir nuevos transgénicos”, advierten desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena.

Las organizaciones afirman que “la ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida. La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistemas de investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación”.

A pesar de que las patentes fueron creadas para proteger los inventos mecánicos, actualmente muchos países otorgan patentes sobre genes, procesos de modificación genética, semillas y plantas.

Tradicionalmente las semillas y plantas son patrimonio de la humanidad. Sin embargo, mediante estas nuevas patentes, las corporaciones “se adueñan” de organismos vivos por décadas, sin impor­tar quién las compre, venda, siembre o coseche.

El sistema de patentes permite la apropiación exclusiva sobre ciertas formas de vida, dando a las empresas el control, casi total, sobre quienes compran semillas. Así, las corporaciones obligan a los productores a comprar nuevas semillas cada año, prohibiéndoles separar parte de su cosecha para la siguiente siembra como lo han hecho desde hace siglos.

“El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior”, señalan las organizaciones campesinas e indígenas.

Lo cierto es que el patentamiento de semillas y plantas contribuye a la consolidación de un mercado global que en un 70% es controla­do por tan sólo 10 empresas, como Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow AgroSciences y Pioneer.

Estas corporaciones intentan controlar gran parte de la producción de la industria agrícola alrede­dor del mundo, desde las semillas hasta la venta de las co­sechas. Para alcanzar estos objetivos, las empresas buscan patentar todas las variedades posibles de plantas, especies y genes.

Las nuevas regulaciones otorgan derechos a las corporaciones propietarias de paten­tes para demandar judicialmente a cualquier produc­tor que use esa tecnología sin permiso; como guardar semillas después de la cosecha y plantarlas o venderlas en el siguiente ciclo agrícola, aún después de pagar la cuota para la licencia y las regalías.

Cuando esto ocurre, basadas en sus patentes, las empresas tienen el derecho de “exprimir” económicamente a los productores por medio de demandas judiciales. Así, insólitamente las leyes de patentes otorgan más derechos a las corporaciones que a los agricultores que usan semillas con esa tecnología.

Estas multinacionales han decidido ponerle precio a la vida, cuando la riqueza de la biodiversidad siempre ha sido un patrimonio de la humanidad y nunca ha tenido dueño. Las semillas, además de ser un insumo clave para los agricultores, son la base de la soberanía alimentaria: no pueden pertenecer a unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría.

Más del 70% de la producción de cultivos transgénicos está concentrada en tres países del continente americano: Estados Unidos, Brasil y Argentina.

Sin embargo, éstos son claros ejemplos de una agricultura no sostenible, cuyos resultados están a la vista: la frontera agrícola avanzó sobre los bosques nativos, se produjo una importante pérdida de biodiversidad, aumentó considerablemente el uso de agroquímicos, varias poblaciones fueron fumigadas y sufrieron graves impactos en la salud, se contaminaron suelos y cursos de agua, se concentró la tenencia de la tierra, se desalojaron a miles de campesinos e indígenas, y se perdió soberanía alimentaria.

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Obama: malo, pero no el peor

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESTADOS UNIDOS

Escasamente la mitad de la población mayor de 18 años (lejos del record de la elección de John F. Kennedy, en 1960: 62.8 por ciento) se acercó el martes a las máquinas de votar para enfrentar un cruel dilema: ¿a quién elegir? Haciendo a un lado la retórica de ambos candidatos y las inverosímiles promesas reiteradas por sus comandos de campaña la elección era entre el malo y el peor.

Por Atilio A. Boron

El malo porque, como lo demuestran fehacientemente las estadísticas oficiales, la situación de los asalariados que constituyen la vasta mayoría de la población de Estados Unidos no sólo no mejoró sino que, por comparación con sus conciudadanos más ricos, se empeoró sensiblemente.

Un ejemplo basta y sobra: según la Oficina del Censo en el 2010 el ingreso de una familia promedio fue de 49.445 dólares, o sea,  un 7.1 por ciento debajo de la cifra de 1999. Y, debido a la profundización de la crisis económica general, en los dos años posteriores esta tendencia lejos de revertirse se acentuó.  

Si tal como lo hicieran en generaciones anteriores esa familia quisiera enviar a uno de sus dos hijos a cursar una maestría, por ejemplo, en la Harvard Kennedy School, debería afrontar un costo total (matrícula más seguro médico, más alojamiento y alimentación) de 70.802 dólares anuales, lo que explica el fenomenal endeudamiento de la familia tipo en los Estados Unidos y el hecho de que cada vez queden menos estudiantes norteamericanos en las universidades de élite de ese país. Pero aquel promedio es engañoso, porque la familia tipo afroamericana tiene, según el mismo organismo oficial, un ingreso medio de 32.068 dólares, y los latinos de 37.595. Si unos y otros esperaban más de un presidente afroamericano sus esperanzas se desvanecieron durante el primer turno de Obama.

Por eso decimos que eligieron al malo que rescató bancos, fondos de inversión y grandes oligopolios -cuyos CEOs siguieron cobrando decenas de millones de dólares al año por sueldos, premios, compensaciones, bonos y otras triquiñuelas por el estilo- mientras que el salario por hora de los trabajadores permanecía, ajustado por inflación, en los niveles de finales de la década de los setentas. En términos prácticos: ¡más de treinta años sin un aumento efectivo de la remuneración horaria! Ni hablemos de otras acciones del insólito Premio Nobel de la Paz, tales como escalar hasta lo inimaginable la política pergeñada por George W. Bush de asesinatos selectivos mediante la utilización de drones (en países con los cuales Estados Unidos ni siquiera está en guerra, como Paquistán, Palestina y Yemen); el vil linchamiento de Khadafi;  el mafioso asesinato de Osama bin Laden frente a su familia, al estilo de la masacre perpetrada por Al Capone y sus muchachos la noche de Saint Valentine de 1929 en Chicago; el desenfreno del espionaje interno y externo y la intercepción de correos, mensajes de texto y telefonemas sin ninguna orden judicial denunciada por la American Civil Liberties Union entre otras bellezas por el estilo.

Pero si Obama era la opción mala, Romney era mucho peor. El primero es un representante del capital, pero el segundo es el capital, y en sus versiones más degradadas y fascinerosas. Sus vinculaciones con los fondos buitres, entre ellos uno que acosa a la Argentina, son bien conocidas; su absoluto desprecio por la suerte de los trabajadores de su país fueron inocultables. Fulminó con una crítica racista y clasista al 47 por ciento de la población que “no paga impuestos”  y cree que el gobierno debe ofrecerle gratis salud, educación, vivienda y comida. Este comentario, tan absurdo como incorrecto, empíricamente hablando, fue agravado  por Paul Ryan, su candidato a vicepresidente impuesto por el Tea Party. En su delirio reaccionario Ryan llegó a decir que la “red de seguridad social” que hay en Estados Unidos se había convertido en una cómoda hamaca en donde los pobres dormían una plácida siesta confiados en que el Big Government vendría a satisfacer sus necesidades. 

Como si lo anterior no fuera suficiente Romney se encargó de decir que reduciría aún más el impuesto a los ricos (pese a que varios de ellos, como el multimillonario Warren Buffet, confesaron que era ridículo e inmoral pagar, en proporción, menos impuestos que sus empleados) y que apoyaría sin titubeos a las fuerzas del mercado, al paso que hizo reiteradas declaraciones que evidenciaban un desbordante belicismo en el plano internacional. Rusia fue caracterizada como “enemigo número 1” de Estados Unidos, insinuó que lanzaría una guerra comercial con China (lo que hubiera provocado una verdadera debacle en su país) y amenazaba con promover acciones militares más enérgicas contra Irán, Siria, Cuba y Venezuela. 

En fin, lo que se dice un verdadero monstruo político ante lo cual el reticente electorado norteamericano optó, si bien a regañadientes, por el malo, convencido de que el otro representaba lo peor en su forma químicamente pura.

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Comunicación y televisión popular. Escenarios actuales, problemas y potencialidades

LIBROS (I)

Natalia Vinelli, docente e investigadora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (Facultad de Ciencias Sociales-UBA), ha compilado un conjunto de trabajos destinados a analizar y discutir el desarrollo y  las problemáticas de la televisión alternativa, popular y comunitaria en Argentina, Chile, Cuba y Venezuela: la vieja y siempre vigente discusión sobre el sentido de lo alternativo, la tensión masividad/alternatividad, la apropiación de la tecnología digital y los conflictos que plantea la legislación sobre medios audiovisuales, son los tópicos centrales de este valioso libro, un soplo de aire fresco que nos recuerda que hay vida más  allá del 7D

Por Marcelo R. Pereyra

No podía ser más oportuna la publicación de Comunicación y televisión popular. Escenarios actuales, problemas y potencialidades (Cooperativa Gráfica el río suena). Ocurre justo cuando los debates en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual crecen en cantidad e intensidad en el mundillo de los medios y de la política. El libro nos viene a recordar que, por fuera de Clarín sí o Clarín no, hay otras realidades comunicacionales –alternativas, populares y comunitarias- a las que también hay que prestarles atención porque son los protagonistas de esas realidades los únicos capaces de aportar voces realmente críticas dentro del espectro radioeléctrico tradicional. Es que de prosperar la aplicación del famoso articulito 161 de la meneada ley, no tendremos otra cosa que el mismo perro pero con distinto collar. Por eso que no es casual que la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) haya ignorado a la alternatividad audiovisual en los concursos por las nuevas licencias de radioteledifusión. “El miedo no es sonso”, dicen en el campo.

El conjunto de artículos que componen este libro han sido compilados por Natalia Vinelli, una investigadora de experiencia y prestigio dentro del campo de la comunicación alternativa. Sus preocupaciones se plasmaron tempranamente en su tesina de licenciatura, en la que estudió el proyecto contrainformativo de la agencia de noticias ANCLA (ANCLA. Una experiencia de comunicación clandestina orientada por Rodolfo Walsh, La Rosa blindada, 2002), y se desarrollaron junto a Carlos Rodríguez Esperón en Contrainformación. Medios Alternativos para la acción política (Peña Lillo/Ediciones Continente, 2004), entre otros textos. En este caso, se trata de un grupo de trabajos que describen y discuten el desarrollo y  las problemáticas de la televisión alternativa, popular y comunitaria a partir de prácticas concretas que tienen lugar en Argentina, Chile, Cuba y Venezuela. Algunos de los tópicos centrales que atraviesan los artículos se refieren a la vieja y siempre vigente discusión sobre el sentido de lo alternativo, a la tensión masividad/alternatividad, a la apropiación de la tecnología digital y a los conflictos que plantea la legislación sobre medios audiovisuales.

En suma, se trata de un libro valioso por el material teórico-práctico que aporta, no sólo para los del palo de la alternatividad, sino también para todos los que están convencidos de que otra comunicación es posible.  

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Comunicación pública del crimen y gestión del control social

LIBROS (II)

El equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), que encabeza Stella Martini, acaba de publicar una segunda compilación de trabajos referidos a la problemática del delito y su control social. Profundizando un camino iniciado con La irrupción del delito en la vida cotidiana. Relatos de la comunicación política (Biblos, 2009), los investigadores han apelado a diversos recursos metodológicos articulando métodos cuali y cuantitativos,  recurriendo al trabajo etnográfico, usando técnicas de observación no participante y entrevistas para la obtención de datos en diversos barrios y en instituciones de seguridad; al relevamiento de un sector de opinión pública en una encuesta de 628 casos en la ciudad de Buenos Aires y a la construcción de varios corpus discursivos, legales, institucionales, periodísticos que les permitieron el análisis del discurso sobre textualidades y soportes diversos y el procesamiento de toda la información seleccionada. Seguidamente se reproduce la “Introducción” de Comunicación pública del crimen y gestión del control social (La Crujía, 2012) redactada por sus compiladoras, Stella Martini y María Eugenia Contursi.

Por Ricardo Lazo

La gestión del control social en Argentina, y en tantos otros lugares, se asienta sobre el relato común y único –que da sentido a la vida cotidiana– de la necesidad de fortalecer las tramas represivas, lo que se aseguraría mediante la vigilancia, la legislación adecuada y la exclusión de los sectores indeseables. Prácticas y representaciones estigmatizantes y violentas se unen, desde diversos lugares enunciativos, para lograr el efecto de una realidad y un territorio que sería preciso sanear para el retorno de un pasado mítico, entre el locus amoenus del espacio público como paraíso y la aurea aetate de la seguridad total.

El control social se exige cuando las instituciones no lo garantizan o la falta de seguridad se hace una sensación cuasi objetiva, y la noticia policial reiterada y enfatizada se ofrece como el formato discursivo más idóneo para hacer natural el reclamo y por tanto hacerlo de todos. Es el sentido común el que se expresa, atravesando los relatos de situaciones en las que el azar es muchas veces la invariante. La noticia sobre el delito, tradicionalmente moralista, suma en la actualidad la apelación a la indignación ciudadana, y es así como, articulando las dimensiones de lo religioso y lo profano, cobra una legitimación que se extiende, metonímicamente, a las denuncias y exigencias por mayor control y políticas de mano dura. De tal forma, asentada sobre la metáfora de la ventana abierta al mundo, la mediación se vende y se entiende en singular, el único ojo posible, y se sustenta en la marca fundacional de la prensa moderna, la testimonialidad.

Fiel a la imagen de “custodio de la democracia”, el periodismo habla con un lenguaje similar al que usa esa sociedad a la que atiende y logra consolidar el lazo fiduciario. La comunicación pública suma, pues, la producción mediática a los discursos sociales autorizados y a aquellos del ciudadano común cuya voz suele registrarse a través de los números de las encuestas y los reclamos en la calle. Los discursos sobre infracciones y delitos, sobre las penas, las leyes y las relaciones consecuentemente implicadas en las prácticas institucionales y sociales tienen en los medios por su mismo alcance y masividad el soporte y canal con mayor posibilidad de eficacia comunicacional.

Difícil abordar los planos discursivos del individuo y de la opinión pública separándolos de los de los medios informativos. La eficacia está definida en este caso por la posibilidad de establecer una coherencia discursiva y la justificación de técnicas de control sobre los sujetos, construyendo el marco del sentido publicitado y definiendo los espacios entre uno y otro lado de la ley. Las agendas de la prensa informativa gozan de una fuerte legitimidad que opera de modo reflexivo, toda vez que el mismo sentido común elaborado por la noticia policial coincide y reactualiza las voces cotidianas de vastos sectores de la población. Es poco probable que, en el circuito de circulación de los discursos sociales, no tengan prioridad los que dicen sobre la necesidad y la búsqueda de seguridad (entendida como la ausencia del delito o al menos su total control) porque se trata de la vida y la muerte, los afectos y los bienes. Es el punto nodal en el que privacidad y publicidad se intersecan con absoluta claridad.

El análisis comunicacional y cultural es la herramienta metodológica fundamental para un (a)cercamiento a esta problemática, porque permite dar cuenta de la densidad de las formas de construcción del sentido que agentes y agencias realizan y difunden sobre delitos, infracciones, leyes, penas, usos y apropiaciones del espacio público, la privacidad y las actuaciones, el control y el orden sociales. Es en el estudio de las mediaciones donde encontramos los cruces y los accesos, miradas oblicuas e interpretaciones posibles de este conjunto problemático en el que el control social es tópico consecuente del sentido común.

Focalizando en la búsqueda de los modos en que directa o indirectamente se construye y refuerza una forma determinada de control social, se identificaron escenificaciones, actuaciones y argumentos que ordenan la demanda o la justificación de acciones represivas y de exclusión, reiteradas denuncias de falta de gobernabilidad a partir del tópico de la violencia urbana que sintetizan en la figura del denominado delito común todos los males de la sociedad. En este sentido, las lógicas productivas de los representantes de políticas de derecha y de los medios masivos de comunicación, particularmente, apelan a la caracterización del desorden en el espacio público a partir de acciones y escenarios que tienen la marca común de la estigmatización: ocupación de “indeseables” (sujetos/sectores sociales estigmatizados) en forma permanente o circunstancial; escasez de espacios verdes, índices de “vida sana y responsable”; ausencia de elementos probatorios de alta calidad de vida (plazas, iluminación, vigilancia policial, cercanía con enclaves habitacionales de la pobreza, entre otros); accionar de la delincuencia; presencia de sospechosos; ausencia de legislación con mayor carga punitiva y de planes de prevención y vigilancia; carencia o debilitamiento de un “orden moral”, entre otros.

La creencia en la “veracidad” del discurso informativo, al que nos dedicamos especialmente a través de distintos casos, se hace efectiva por su coincidencia con el verosímil de otros discursos que el público estableció como naturales, y que posibilitan la legitimación de la universalidad del delito, su expansión en el espacio público (real e imaginado) y la consecuente exigencia de vigilancia en la sociedad. En el relevamiento de los medios se enfatiza la centralidad de tales agendas y se suma una persistencia que es omnipresencia, un presente continuo del crimen en el espacio público y en la impotencia del espacio privado que deja de serlo por el accionar delictivo. La herramienta estratégica es la reiteración ad infinitum de las crónicas del miedo y del padecimiento en la publicación diaria/secuencial, marca del relato unificado sobre la inseguridad.

Se verifica por la reiteración y por las atribuciones pertinentes que el crimen, que expresa una situación de conflicto permanente, ha adquirido en los últimos 20 años la relevancia que hace de la noticia policial una noticia política, esto es, la inscribe de modo rotundo en el campo de la comunicación política. La agenda del delito es tema y práctica constituyente del campo de la comunicación política, pero, además, del modo en que también habla el sentido común. De hecho, la reiteración espectacularizada de los casos más violentos apela a una conciencia “vecinal” (por lo grupal y compartido) e individual (por lo pietista y atemorizante de la soledad ante la amenaza) que produce efectos certeros sobre formas de la conciencia histórica y ciudadana. Tópica y predicados del delito se han analizado en el contexto del estudio mayor del conflicto, que puede definirse brevemente como espacio de la disputa por el poder, y que es en los medios tema privilegiado a partir del reclamo, la denuncia y proclamas de diferentes formas de la fe liberal. El conflicto, parte del negocio periodístico y tema permanente en cualquier sumario noticioso, exige un escenario, como también el crimen y sus representaciones (horas, momentos, lugares propicios) que permite moralizar didácticamente sobre las opciones entre las cuales se mueve y/o debería moverse el conjunto de la sociedad, entre el control y el descontrol.

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