7 de junio de 2012

Loncopué hizo historia con un referéndum que rechazó a la minería


COMO EN ESQUEL EN 2003, MÁS DEL 80% RECHAZÓ A LA MEGAMINERÍA

Loncopué, pueblo neuquino de siete mil habitantes, entró en la historia grande de las luchas socioambientales y también marcó un hito en la historia democrática del país: fue escenario del primer referéndum obligatorio y vinculante de la Argentina respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería, donde 8 de cada diez habitantes rechazó la actividad extractiva. 
Por Darío Aranda (desde Loncopué, Neuquén)

Se realizó en Loncopué, Neuquén, el primer referéndum de la Argentina, de cumplimiento obligatorio, por el cual se votó Sí a una norma que prohíbe la minería a cielo abierto en las 8.000 hectáreas del ejido municipal. Sobre 3.601 empadronados, debía votar el 50% para que el referéndum fuera válido, pero votó el 72% del padrón y una arrasadora mayoría de 82,08% aprobó la ordenanza que prohíbe la minería. En votos: 2.125 a 388.

Loncopué, pueblo neuquino de siete mil habitantes, entró en la historia grande de las luchas socioambientales y también marcó un hito en la historia democrática del país. Este domingo 3 de junio de 2012 fue el escenario del primer referéndum de la Argentina respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería: 8 de cada diez habitantes rechazó la actividad extractiva. El Movimiento Popular Neuquino, que gobierna la provincia desde hace cincuenta años, intentó frenar la votación y, durante toda la jornada, puso trabas para el desarrollo del acto eleccionario. “Ganó el pueblo, que decidió elegir su futuro. Y ese futuro dice no a la megaminería, dice no a las patotas del Gobierno, dice sí a la vida”, celebró una emocionada Viviana Vaca, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL).

Doce mesas para votar en una escuela. Urnas, sobre y sellos. Presidentes de mesa y fiscales (mayoría de mujeres). Nervios, pero también alegría, mates y galletitas de mano en mano. A las 8.06 fue el primer voto. Previsor, el hombre pidió no dar el nombre y explicó por qué: “Soy empleado municipal, bautizame don Jorge”. Padre de cinco hijos, 56 años, nacido y criado en Loncopué, definió su sentimiento madrugador: “Me desperté a las 5, con ganas ya de votar. Esto es hermoso. Por fin se nos consulta sobre el presente y futuro que queremos en el pueblo. No tenemos que dejar que nos impongan cosas que arruinan la vida y el ambiente”.

Tres minutos después, votó Oscar Muñoz, 32 años, nacido y criado en el pueblo. “Esto es algo que hacía falta, algo que es simple: que decidamos nosotros por nosotros, no que decidan otros. Creo que no digo ninguna locura ¿no?”, sonrió y, antes de irse, anunció lo que luego sucedería: “Aquellos son punteros, acá nos conocemos todos, quieren meter miedo, sacar planes, pero ganará el pueblo”.

A las 11 llegaron las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle de Río Negro, Inés de Ragni y Lolín Rigoni.

Asambleas + comunidad indígena

Loncopué está ubicada en el noroeste neuquino, a 300 kilómetros de la capital provincial. Desde 2008 rechazan la instalación de un proyecto minero para extraer cobre en manos de una empresa china (Emprendimientos Mineros SA) y la estatal Cormine (Corporación Minera de Neuquén).

De ese rechazo nacieron la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam). Y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (vive hace cien años en la zona de interés minero) que está directamente afectada por el proyecto.

Lucharon desde la calle (volanteadas, charlas debate, cortes de ruta informativos) y también presentaron en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. Implicó el freno la actividad minera. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario. Y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.

La semana pasada, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine -del Estado provincial-) volvió a acudir al Superior Tribunal para que suspenda la votación. El viernes a la mañana el máximo tribunal neuquino rechazó la presentación minera y confirmó que el referéndum era legítimo y sujeto a derecho. El mismo viernes, Cormine apeló. Y el mismo día, a la tarde, el máximo tribunal volvió a rechazar la presentación de Cormine. En un solo día, dos veces el Superior Tribunal le dijo no al gobierno provincial.

La “democracia” del MPN

A las 8, hora de inicio del referéndum, aún era de noche. El viento frío golpeaba y, en plena veda, el pueblo amaneció con sus calles alfombradas con un panfleto: “No te dejes engañar. No vayas a votar”. No llevaba firma, pero todos apuntaron al partido gobernante, que la última semana había realizado dos presentaciones judiciales para evitar la votación. Y las dos veces le contestó el Tribunal Superior de Justicia (máxima instancia provincial), que rechazó el pedido del Gobierno y dio luz verde al referéndum.

El sábado, un escribano se presentó ante la Junta Comicial Municipal (Jucom) para exigir padrones y anular la votación. El escribano afirmó representar al vecino Omar Cea, chapista, y que vive en la casa que Carlos “Nuno” Sapag (hermano del Gobernador) posee en Loncopué. La Jucom exhibió toda la documentación en regla, pero sobre todo le explicó que debía seguir el procedimiento electoral, que estaban vencidos los plazos para presentarse como parte fiscalizadora.

Desde las 8.15 del domingo, grupos de personas se apostaron en la esquina de la escuela 168 Manuel Belgrano, pleno centro del pueblo, y comenzaron a anotar qué vecinos llegaban. También les sacaban fotos. “Están intimidando. Le meten miedo a los vecinos, pero no van a poder”, explicó Viviana Vaca.

A las 8.30 llegó el mismo escribano. Exigió padrones e intento fiscalizar la votación. Código electoral y Constitución Provincial en mano, el abogado Cristian Hendrickse y toda la Junta Electoral presente le explicó que no tenía autoridad para eso. La Junta redactó un acta dando cuenta de la situación.

El ministro viajero

A las 8.55 ingresó con dos policías el ministro de Seguridad de Neuquén, Gabriel Gastaminza. “Vengo preocupado porque un ciudadano (por Omar Cea) pidió a escribanos que fiscalicen y aquí no se lo permiten”, acusó y pidió que la prensa se retire del lugar donde se daba la charla.

La Jucom pidió que la prensa se quede y le explicó cuál era todo el procedimiento vigente en la ley y también le expresó su sorpresa: “Qué curioso que por una persona que se queja por una elección, por una sola persona, un ministro de gobierno haga 350 kilómetros un domingo a la mañana y se muestre tan preocupado. Ya que está aquí, por favor ordene a la policía que retire a las patotas de su partido (MPN) de la esquina, donde están apretando a la gente”, le reprochó la maestra jubilada y miembro de la Jucom, Vilma Guillén.

A las 11, llegó otra escribana anti-referéndum. Presentó una denuncia en la policía porque no le dejaban permanecer como veedora de la votación. Se le volvieron a explicar los plazos y procedimientos, y también el sentido común: “Si cada vecino manda un escribano, y todos quieren fiscalizar, esto sería imposible”, le reprochó la Junta.

La familia Sapag gobierna la provincia desde hace medio siglo, casi sin intervalos. Están presentes en todos los negocios. Carlos “Nuno” Sapag, hermano del gobernador, en titular de dos proyectos mineros que están, justamente, en cercanías de Loncopué. El referéndum también afectó ese negocio.

Patota click

Toda la mañana estuvo la patota del Movimiento Popular Neuquino (MPN) sacando fotos a los votantes y anotando en una lista quiénes votaban. A las 11.30, cuando ya era evidente que la población no había acatado la propuesta del MPN de no concurrir, el partido comenzó a llevar a sus militantes. Las camionetas doble tracción y los remises comenzaron a llevar votantes, pero ya era tarde.

A la siesta, cuando se retiraban las Madres de Plaza de Mayo, desde la patota del MPN hubo un grito hiriente: “¡Viva Galtieri! ¡Viva la dictadura!”.
La última perla de la democracia del MPN fue ya al cierre de la votación. La policía local se negó a resguardar las urnas. Los efectivos son vecinos, y pidieron disculpas, pero reconocieron “órdenes de arriba”. El máximo jefe es el ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, el que horas antes se había “preocupado” por un ciudadano de Loncopué.

Un grito y muchos datos

Desde la media mañana hasta el mediodía los pasillos de la escuela estuvieron con un continuo ir y venir de votantes. Al mediodía menguó, y retomó a las 16.
A las 18.00 en punto, se cerró la votación. La escuela estalló en un aplauso cerrado, cinco minutos. Y el grito celebratorio: ¡Lon-co-pué! ¡Lon-co-pué! Entendían que, con el votar, ya se había ganado. A los pocos minutos, comenzaron a conocerse los resultados.

Se necesitaba que vote al menos el 50 por ciento del padrón más uno. La votación pasó con creces. Al cierre de esta nota, aún sin números finales, había votado el 72 por del padrón (la ley pedía un mínimo de 50 por ciento más uno).

Y se necesitaba que la mitad más uno de los votantes diga “sí” a la ordenanza que rechaza la actividad minera. El conteo determinó que el 82 por ciento votó por el sí y el 14,9 por el no a la ordenanza. A modo de ejemplo, en la mesa 1: 195 dijeron sí a la ordenanza (que rechaza la megaminería) y 41 votaron por el no. En la mesa 2: 203 por el sí, 38 por el no. En la mesa 3, 199 votos contra 30. Datos similares, en cuanto a la diferencia, se repitieron en las nueve mesas restantes.

Como en Esquel


Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué, no paraba de sonreír. Atrás habían quedado las presentaciones judiciales del Gobierno (que intentó evitar la votación, pero que fueron desestimadas por el Superior Tribunal de Justicia), los aprietes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y cuatro años de lucha en rechaza a un proyecto minero de cobre, que pretende explotar el gobierno provincial y una empresa china.

“Un Gobierno que responde a los intereses de las petroleras y mineras, un  Gobierno que no escucha al pueblo, hoy tuvo una lección de democracia. Como hace nueve años en Esquel, el pueblo le dice sí a la vida, le dice no a la contaminación, sí a la defensa del ambiente y de las futuras generaciones”, explicó aún en los pasillos de la escuela 168.

Pidió que “estos mecanismos democráticos” (de referéndum) sean implementados en Andalgalá, Calingasta, Famatina y Tinogasta, entre otros. “Muchos gobernantes tienen miedo de consultar al pueblo, curiosa forma de entender la democracia”, ironizó Hendrickse, apoderado por la Mesa del Sí.

Afuera de la escuela comenzaban a sonar los bocinazos. La marcha se armó a las 19, cuando los datos provisorios ya marcaban que el resultado era arrasador e irreversible. La marcha salió de la escuela y dio vueltas por el pueblo. En la avenida San Martín, la más importante, la columna mostraba a ancianas, hombres, mujeres y niños. Familias enteras desafiando al frío, y celebrando. Dos banderas, en el frente de la marcha, resumieron los años de lucha y la histórica jornada del 3 de junio de 2012: “Tenemos derechos a votar” y “No a la megaminería”.

Loncopué ya ingresó en la historia de las luchas populares de Argentina.


 

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A pesar del drama electoral, México exige una profunda transformación institucional


LAS ELECCIONES PRESIDENTALES Y EL MOVIMIENTO “YO SOY EL 132”
El pujante movimiento pacifista – estudiantil que se inició en la Universidad Iberoamericana con el rechazo a lo que representa la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto y al margen del estruendo mediático del fatal drama electoral que estamos padeciendo, puede llegar a significar una profunda transformación institucional en México, como lo fueron los movimientos identificados con el signo de la primavera árabe ocurridos en Túnez, Egipto, Jordania, Libia y Siria, aunque guardando las diferencias de manifestaciones colectivas del caso.
Por Manuel Leví Peza (desde México)


En México tenemos la percepción de que en la guerra contra el narcotráfico y otras formas del crimen lucrativo u organizado, no sólo faltó la estrategia que empujara al gobierno de Felipe Calderón a una acción marcial ponderada, atingentemente dirigida hacia objetivos prioritarios calendarizados ubicados más allá de la actualidad pasajera y del voluntarismo presidencial inconmovible, con el objeto de que fuera una especie de “guerra relámpago” que evitara la escalada de inseguridad; el llanto de los inocentes; el desamparo de las víctimas del delito; el rumor envenenado de las autoridades que mienten; el luto de 60 mil familias mexicanas y de no pocas de migrantes extranjeros y el resentimiento que hierve en el ambiente político nacional detrás de los que luchan en la actual contienda electoral.

El dolor que hoy sentimos parece que no se acaba nunca y que lo único que queda es una transición democrática fallida; millones de pobres sobreviviendo a sus adversidades; legiones de maestros desprestigiados por su propio sindicato; cúpulas gremiales opulentas y cancerígenas; partidos políticos parasitarios; enferma la justicia,  mortalmente herida la política fiscal y hecho pedazos el poder de compra de nuestra moneda.

Por fortuna, todavía existen personas y organizaciones que se ocupan de los desatendidos históricos: de los que viven del abastecimiento generoso ajeno; de los niños privados de un hogar digno o que están confinados a una trágica orfandad; de las madres solteras que con gran esfuerzo personal tratan de convertir su situación en una dichosa realidad; de los cientos de miles de encarcelados injustamente; de los preocupados que ven disminuidos sus legítimos ingresos o arruinados sus negocios o menguados sus niveles de vida familiar por desempleo o por incapacidad física o mental o por la descomposición socioeconómica y política reinante.

Ciertamente México atraviesa momentos de intranquilidad total en las calles y en las conciencias. Y produce asombro en el extranjero que seamos capaces de aguantar tantas tristezas y tantas reacciones egoístas en lo material y en lo espiritual y que, además, no sabiendo perdonar ni olvidar a los malos gobernantes, sigamos votando por los mismos traidores de siempre de todos los partidos sin dar muestras de tener un ímpetu renovador que genere energías nuevas con que enfrentar la onda expansiva de mediocridad e impunidad que nos flagela.

Pese a todo ello, estos jóvenes universitarios del movimiento “Soy el 132” con robusta creencia piensan que el sufrir de hoy traerá un mañana fuerte gobernado por instituciones democráticas respetadas por su insigne eficacia y su noble austeridad.

Frente a semejante compromiso transformador, les confieso mi sincera adhesión y estoy seguro que como yo, todos los mexicanos sabremos  respetar y apoyar su honradez intelectual y su conducta universitaria, que es ejemplo de dignidad ciudadana.



 

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Teléfono para Cristina


EL DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER Y EL DERECHO A UN ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO
Al celebrarse el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, la agenda feminista ubicó como tema central la reivindicación por el derecho  a un aborto legal, seguro y gratuito. Anualmente miles de mujeres mueren por prácticas abortivas clandestinas. Se trata de un serio problema de salud pública que, como tal, requiere la urgente atención del gobierno. Sin embargo, influencias políticas y religiosas han trabado las iniciativas parlamentarias destinadas a remediar esta dramática situación. Ni siquiera el proyecto para despenalizar el consumo particular de marihuana tiene asegurado un final feliz.


Por Noor Jiménez Abraham

El 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, diversos actos fueron organizados en todo el país para reclamar el derecho a la posibilidad de abortar en forma legal, segura y gratuita. Luego de la promulgación de las leyes Contra la Trata de Personas -2008-, de Protección Integral a las Mujeres -2009-, de Matrimonio Igualitario -2010-  y de Identidad de Género -2012-, la mirada apunta a un debate siempre pospuesto: desde diferentes sectores la exigencia es el tratamiento en los recintos parlamentarios de una discusión sobre el aborto que hace tiempo se está dando en el seno de la sociedad.

El 13 de marzo de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ratificó lo dispuesto en el Código Penal en cuanto a que las mujeres víctimas de una violación pueden practicarse un aborto sin necesidad de ser autorizadas judicialmente y que, en tales circunstancias, tanto ellas como el personal médico intervinientes, serán eximidos de pena alguna. Además, el Tribunal exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar protocolos hospitalarios para la asistencia integral de toda víctima de un delito sexual

Los abortos no punibles están contemplados en el artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal de la Nación. El fallo de la CSJ es “in abstracto” por lo que se aplica a todos los casos en los que una mujer o niña sean violadas. Sin embargo, el aborto será excluido de las discusiones por las próximas reformas del Código Penal. Según el ministro Eugenio Raúl Zaffaroni, él mismo aconsejó a la Presidenta de la Nación un tratamiento del tema en forma separada

Tanto en los Encuentros Nacionales de Mujeres que se realizan anualmente en una ciudad distinta del país, a los que acuden no solo argentinas sino visitantes de Latinoamérica, o en distintas actividades celebradas durante todo el año, grupos femeninos a los que también los hombres van sumando su voz  (Colectivo de Varones Antipatriarcales, Médicos por el Derecho a Decidir) pugnan por la libre decisión de las mujeres sobre sus cuerpos. Bajo consignas como: “Si el Papa fuera mujer, el aborto ya sería ley” u “Obispos, saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, las mujeres denuncian acciones de la Iglesia Católica para frenar el tratamiento legislativo de proyectos de ley que contemplen la despenalización del aborto.

Desde 1987 todos los 28 de Mayo se reafirma la proclama de que es un derecho humano el que las mujeres puedan acceder a la salud sin restricciones de ningún tipo durante todo su ciclo de vida.

Lo cierto es que, más allá de cualquier discusión, una mujer decidida a abortar lo hará con o sin una ley que la ampare o proteja. Lo que se pide entonces es que, en esos casos, tenga la posibilidad de una atención segura y gratuita para que, bajo una situación innegablemente traumática, su salud y su psiquis estén contenidas por profesionales de idoneidad y no libradas a manos del curanderismo o a decisiones del azar.


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¿Hasta cuándo?


A 21 AÑOS DEL ASESINATO DE SERGIO SCHIAVINI POR LA “MEJOR POLICÍA DEL MUNDO” TODAVÍA NO SE HA HECHO JUSTICIA



Sergio Schiavini fue asesinado el 29 de mayo de 1991 por la policía bonaerense en medio de una toma de rehenes. Llevados a juicio los policías intervinientes fueron sobreseídos gracias a la complicidad de médicos forenses, peritos, jueces y políticos. En 2005, un decreto de Néstor Kirchner reconoció, parcialmente, la culpabilidad policial y se comprometió a crear una “comisión de la verdad” para que investigara los hechos con libertad e independencia. Siete años después, el gobierno no dio un solo paso en ese sentido, por eso la madre de Sergio envió a la presidenta Cristina Fernández la carta abierta que publicamos a continuación.



CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTE DE LA NACION  DRA. CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER


Sra. Cristina Fernández de Kirchner
Presidente de la Nación Argentina
                                                                  
Ref. Caso Sergio Schiavini y María Teresa Schnack. Nº 12.080 del registro de la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos de la OEA.


De mi consideración:


Me dirijo a Ud. en relación al caso arriba mencionado, para informarle que tanto la que suscribe, como la organización que represento COFAVI, nos retiramos de la solución amistosa con el estado argentino, por considerar que el mismo a incumplido el decreto 574/05, firmado en su momento por el entonces presidente Sr. Néstor Kirchner, quien se comprometió personalmente a terminar con esta injusticia.


A veintiún años del asesinato de mi querido hijo Sergio Andrés Schiavini, a manos de la  policía bonaerense  en la confitería Dalí de Lomas de Zamora, en una toma de rehenes , a 14 años de la denuncia ante la OEA, a diez años de la admisibilidad del mismo por parte de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( en adelante la CIDH ) y a 10 años de haber iniciado la solución amistosa con el estado argentino y después de haber intentado todo lo humanamente posible para que el mismo trate las medidas no pecuniarias, medidas muy importantes para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan, para mejorar el sistema regional de justicia, para crear La Comisión de la Verdad y que ésta revise las causas y elabore un informe para ser publicado en todos los medios del país para que el pueblo se entere de la verdad que durante tantos años estuvo oculta detrás de las causas que los jueces actuantes no investigaron, esta medida llevaría un poco de tranquilidad a esta madre que viene luchando durante tantos años, como así también al resto de su familia. 

Sra. Presidente, hay ocho puntos que deben ser cumplidos, algunos deberán ser convertidos en proyectos de ley , proyectos que fueron presentados por nosotros , para que el ejecutivo los convierta en ley, pero han caído en  manos de la Secretaría de Derechos Humanos, que como siempre dilata las cosas de una forma increíble, haciendo dificultosa  la resolución de los casos en  camino a la  solución amistosa, de salir estos proyectos ayudarían a todas las otras causas en proceso ante  la CIDH y el estado argentino.


Después de haber tratado de que Ud. se enterara de esta situación, debo decirle Sra. Presidente que estoy cansada de que, los DERECHOS HUMANOS de mi hijo y de tantas otras víctimas inocentes asesinadas en democracia, no sean valorados como corresponde por un gobierno  que ha hecho de los DERECHOS HUMANOS, su bandera.


Le puedo asegurar Sra. Presidente que los miles y miles de muertos  en democracia enlutan el país de norte a sur y  de este a oeste y que la falta de  administración de justicia es tan grande que me avergüenza y entristece.  “En un país donde no hay justicia, es peligroso tener la razón”, dijo Quevedo. Y es cierto, me han amenazado de muerte, me han perseguido judicialmente, han tratado de asustarme para que no siga hablando y un juez me inició una causa a mí, la madre de la víctima por decir la verdad, embargándome los bienes durante 10 años.

Yo me pregunto y le pregunto Sra. Presidente,  ¿21 años no son suficientes para que el estado nacional cumpla con su palabra y haga todo lo que tiene que hacer para cumplir el decreto 574/05, estas medidas van a beneficiar a toda la gente que viene detrás mío, yo lo único que obtendré es el informe de la Comisión de la Verdad.


Creo Sra. Presidente, que mi hijo y yo nos merecemos más que un poco de dinero, por lo menos para mí la vida de mi hijo no tiene precio,  el dinero puede callar a algunas personas, a mi seguramente que no y seguiré exigiendo se cumplan uno a uno todos los puntos que se encuentran en el decreto presidencial 574/05.


Sra. Presidente: ¿cuántos años más deberé vivir para llegar al final  y poder decirle a mis hijos que la misión está cumplida , si ya pasaron 21 años y solo tengo un pequeño pedazo de nada?. No quiero seguir mendigando lo que por derecho propio me pertenece,  nos retiramos de la solución amistosa por  segunda vez, ya lo hicimos el año pasado, pero la CIDH  le dio un plazo al estado argentino para cumplir con lo pactado, plazo que ya se cumplió y nada vimos, hemos sido muy pacientes, pero todo tiene un límite y hasta acá llegamos, queda en sus manos revertir esta situación.


Sra. Presidente, debo poner en su conocimiento que solicitaremos a la CIDH, que denuncie nuevamente el  incumplimiento del Estado Argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la misma tome las medidas necesarias para seguir adelante, como así también informar otra vez a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto, la decisión que hemos tomado.

Antes de despedirme quisiera  decirle Sra.- Presidente, que desde que el Dr. Jorge Taiana dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, no hemos visto nunca al nuevo Ministro, jamás se interesó por ninguno de nuestros casos, jamás se hizo presente en alguna de nuestras reuniones  y lo conozco solo por foto o de verlo en la TV. ¿Qué será de nosotros Sra. Presidente con un Ministro así? Por suerte, la gente del área de Derechos Humanos sigue haciendo lo imposible para cumplir con nosotros, pero sin agua, sin café, sin papel y sin tinta para fotocopiar las causas que La Comisión de la Verdad necesita para empezar a trabajar, es muy difícil hacerlo, no pueden hacer milagros. 


Quiero dejar bien en claro Sra. Presidente, que no pertenezco a ningún partido político, no tengo creencias religiosas, solo creo en las buenas personas, no tengo jefes ni dueños, y que todo lo aquí expresado es la pura verdad y sale del corazón de una madre dolida, pero entera todavía. Y por último Sra. Presidente, espero una pronta respuesta, ahora si tengo que esperar otros 21 años, entonces no se preocupe, seguramente habrá otro presidente y yo no estaré en condiciones de exigir nada,  o posiblemente ya no esté aquí.


Respetuosamente, me despido con mi más sincera consideración.


María Teresa Schnack
           DNI 3.716.757
           Mis teléfonos: part.  03471-421023  cel. 011-1565317574
           schnackmteresa@arnet.com.ar




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6 de mayo de 2012

Cómo perder amigos


REPSOL, ESTEBAN RIGHI y DANIEL HADAD EXPULSADOS DEL PARAÍSO 

¿Qué tienen en común una empresa petrolera multinacional, un alto funcionario judicial y un magnate de los medios de comunicación? Que en los últimos años los tres fueron bendecidos por el máximo poder político de la Argentina hasta que, por distintas razones, pasaron a ser considerados por ese poder como traidores o como tibios, según el caso. En la nacionalización parcial de YPF cayó Repsol; el affaire que involucra al vicepresidente Boudou se llevó puesto al Procurador Esteban Righi y la necesidad de engrosar la cadena paraestatal de medios de comunicación dio fin al noviazgo entre el gobierno y Daniel Hadad. Es decir: los que eran una empresa amiga, un funcionario “permeable” y un empresario “del palo” fueron expulsados del paraíso sin aviso y sin piedad.

Por Marcelo R. Pereyra 
 
TRES TRISTES TIGRES I

“Los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienables e imprescriptibles del Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable” (Decreto 28701, emitido en Bolivia el 1º de mayo de 2006 por el presidente Hugo Morales).

El modelo de desarrollo de los países más industrializados del planeta se basa desde fines del siglo XIX en el gas y en el petróleo, y es menester que esos insumos se mantengan a bajo precio para poder reproducir tal modelo de desarrollo. Por eso los países centrales, a través de sus empresas petroleras, siempre han procurado apropiarse de los hidrocarburos de los países periféricos -en Oriente Medio, en América Latina, y en África- para poder controlar su explotación y comercialización. El caso de España y Repsol es paradigmático: un país que no posee una gota de petróleo tiene una de las más grandes petroleras. Según la página web de  Repsol, la empresa desarrolla “actividades” en treinta países, está ubicada dentro de las diez mayores petroleras privadas del mundo y es la mayor compañía privada energética de América Latina “en términos de activos”.

A esta petrolera se le cedió el control de YPF, cuando en 1992 el ex presidente Carlos Menem decidió privatizar la empresa que simbolizó como ninguna otra lo “nacional”. Así se difuminó la extensa presencia de YPF en todo el país; así quedaron sin trabajo cerca de cincuenta mil  de sus empleados; así se hambreó a pueblos como Cutral Có y General Moscón y se reprimió y criminalizó a quienes en las calles y en las rutas protestaron contra el saqueo privado de nuestras reservas. Así murieron, entre otros, Aníbal Verón, Carlos Santillán y Oscar Barrios. Aquella decisión privatizadora de Menem fue saludada y apoyada por el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner y por la entonces diputada Cristina Fernández. El proyecto de estatización parcial enviado por la Presidenta Fernández fue votado favorablemente por el hoy senador Menem. Cosas de la política.

Hábilmente, Cristina Fernández supo recuperar la iniciativa en el medio del tembladeral político desatado por el affaire en el que quedó involucrado su simpático y exultante vicepresidente. Ante el desbalance  en el intercambio comercial, pese al cierre casi total de las importaciones, provocado en buena parte por la importación de petróleo por valor de quince mil millones de dólares y frente a todos los informes que desde hace mucho tiempo alertaban sobre la falta de inversión de Repsol y sobre las generosas ganancias que esta empresa le giraba a su casa matriz, Fernández eligió a la petrolera española, con la que estaba todo bien hasta hace un mes, como el nuevo enemigo a batir y simultáneamente como el chivo expiatorio del notorio desabastecimiento de combustibles que se viene padeciendo en la Argentina desde hace años, tanto en las ciudades como en el campo. En ningún momento el gobierno admitió que estos informes negativos sobre Repsol no son de hace tres meses, sino que se conocen por lo menos desde hace tres años atrás. Sin embargo, nunca se hizo nada hasta ahora.

La jugada de poner en discusión la propiedad de YPF tuvo, por lo menos, tres efectos benéficos para el gobierno: distrajo la atención, temporalmente, de la investigación por los desaguisados de Amado Boudou; renovó los aires patrioteros, que siempre vienen bien para cohesionar a la tropa, que ya habían sido estimulados durante el recordatorio de la Guerra de Malvinas y con la aprobación mayoritaria de su proyecto en el Congreso logró otro triunfo político estruendoso.

Ahora la Presidenta deberá demostrar que esta vez no usará una causa justa para su beneficio político personal, como lo hizo con la reestatización de las jubilaciones y con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fernández deberá garantizar que la toma del control de la petrolera, que creó el general Mosconi durante el gobierno de Hipólito Hirigoyen, será para el bien común. Para ello deberá determinar con cuidado las condiciones con las que se asociará con petroleras privadas interesadas en invertir en la Argentina. El punto crucial será el precio que se les pagará a estas empresas por el petróleo que extraigan. El precio actual es muy bajo en relación con casi todo el planeta y las petroleras no lo aceptarán, pero su aumento repercutiría en los precios internos del país por el consiguiente aumento de la nafta. Es decir que en ese supuesto caso la nacionalización del 51% de YPF sería un tiro por la culata.

TRES TRISTES TIGRES II

El 11 de marzo de 1973 el candidato nombrado por Juan Perón, Héctor Cámpora, ganó las elecciones presidenciales en Argentina. Cámpora designó como ministro del Interior al joven abogado Esteban Righi. Nada más asumir, Righi organizó un acto en el Departamento Central de la Policía Federal en el que pronunció un discurso inolvidable: por primera vez un funcionario civil se animó a reprocharles en la cara a los jefes policiales su participación en las acciones represivas de la autodenominada “Revolución Argentina”, nombre de fantasía de la dictadura militar que asoló el país entre 1966 y 1973. Righi les dijo también a los federales que de allí en más debían poner sus armas al servicio del pueblo y no contra él. Con el paso de los años se haría evidente esta ingenua interpelación de Righi, pero en ese momento su discurso armó un tremendo revuelo: sus propios colegas de gabinete le pidieron a Cámpora que lo echara; por otra parte, la Juventud Peronista, controlada por Montoneros, organizó una marcha para defenderlo. Al final lo echaron. Poco después vino la vuelta de Perón, los sucesos de Ezeiza, López Rega, la Triple A y una nueva dictadura militar, la más terrible de todas. El resto es historia conocida.

Durante esos años Righi se dedicó a su estudio de abogacía sin abandonar su fe peronista. En 2004, cuando ya era conocido como un prestigioso penalista, Néstor Kirchner lo nombró Procurador General de la Nación. En ese cargo -que implica la jefatura de todos los fiscales de los fueros penales, es decir, de los funcionarios encargados de impulsar acciones contra sospechosos de delitos, dentro de los que están incluidos los miembros del gobierno- Righi fue leal y funcional a los K. Pero también fue eficiente: sus fiscales lograron desmontar algunas redes de trata de personas y un dispositivo de procedimientos policiales ilegales y fraudulentos. Esta última investigación, que logró que varios de los policías federales implicados fueran procesados, estuvo a cargo de una de los más cercanos colaboradores de Righi, el entonces fiscal Daniel Rafecas. Un poco como premio y otro poco por compartir ideas políticas con su subordinado, Righi intercedió para que Rafecas fuera nombrado juez federal. Néstor Kirchner aceptó.

Pasaron los años. Rafecas comenzó a tomar acertadas decisiones procesales. Pronto se hizo fama de juez probo y capaz. Todo iba muy bien, hasta tuvo tiempo de escribir un libro sobre el Holocausto judío, hasta que ¡ay! le cayó en el sorteo una causa en la que el vicepresidente Amado Boudou está denunciado por tráfico de influencias y defraudación. Rafecas fue políticamente prudente en el manejo de la causa, pero cuando autorizó el allanamiento de un departamentito que don Amado posee en el edifico más lujoso del lujoso barrio Puerto Madero, el juez firmó su expulsión del paraíso: un abogado “amigo” lo denunció al Consejo de la Magistratura presentando copias de conversaciones privadas que había mantenido con Rafecas sobre la causa Boudou. Con la rapidez de un rayo, el Consejo le dio luz verde a la denuncia y unos días después la Cámara Federal de Apelaciones decidió apartar a Rafecas y nombrar al juez Lijo para proseguir con la causa. Hasta ahora, habiendo pasado casi un mes, su señoría no tomó ninguna decisión. Mientras tanto, don Amado también se había dedicado a atacar a Rafecas y además, para sorpresa de muchos, dirigió munición gruesa contra el procurador Righi, acusándolo de lo mismo que lo acusan a él: tráfico de influencias. Lo cierto fue que Righi presentó inmediatamente su renuncia; la Presidenta no dudo un instante en aceptársela y con notable presteza se apresuró a proponer como su reemplazante a un señor Daniel Reposo, que exhibe como mejor antecedente para el cargo de Procurador General de la Nación tener una fidelidad canina para con el vicepresidente Boudou.

TRES TRISTES TIGRES III

Gerardo Daniel Hadad accedió al periodismo de la mano del inolvidable e inefable Bernardo Neustadt. Luego se apartó de su protector y comenzó su camino como propietario de medios relacionándose siempre con lo “peor de cada casa”. Hombre de férreas convicciones derechistas y militaristas, fue relacionado con el Batallón 601 del Ejército, con oscuros banqueros como Raúl Moneta, con la embajada de Estados Unidos y con lo más reaccionario de la jerarquía católica. La primera joya de su corona mediática, Radio 10, la adquirió en 1999 gracias a Carlos Menem. En 2002 se asoció con Fernando Sokolowicz, el director de Página/12, para comprar el diario BAE. Al año siguiente esta insólita alianza compró canal 9. Luego se fue Sokolowicz y entró el mafioso Moneta, pero en 2006 don Daniel puso treinta palitos verdes y se quedó él solo con el canal de la palomita. Para ese entonces también era propietario de diario Infobae, de Infobae.com, y de las radios FM Pop, Amadeus y la Mega, y junto al actual diputado del peronismo federal, Francisco de Narváez, y a uno de los capos del Grupo Uno, Daniel Vila, compró ese mismo año la proveedora de Internet Uol Sinectis. Al año siguiente la corona se engalanó con la señal de noticias C5N, que obtuvo un lugar de privilegio –el 5- en la grilla de canales –que estaba destinado a la televisión pública que fue a parar al 15- gracias a Néstor Kirchner. Tal era entonces la afinidad de don Daniel con don Néstor y doña Cristina que estos se lo llevaban de viaje. Así, en la foto que ilustra esta nota puede vérselos a los tres departiendo amablemente con funcionarios del gobierno de George Bush durante una visita a New York en 2006. Pasó algo curioso con esa foto: fue sacada por el fotógrafo de la presidencia argentina y así publicada por el diario La Nación. Pero también la publicó Página/12, sólo que tuvo la precaución de eliminar a Hadad del cuadro. Es que resultaba contradictorio que el ex socio del dueño del diario, y personaje muy criticado en sus páginas debido a sus posturas extremistas y prejuiciosas, apareciera muy sonriente al lado de los K, a los que Página ya apoyaba incondicionalmente.

Ajeno a estos dilemas, Hadad puso a C5N al completo servicio de sus favorecedores y mecenas, que ya venían rumiando el proyecto de salir a cortarle el aire a la señal TN del Grupo Clarín. Por esa actitud genuflexa de la señal de Hadad, esos mete púas que nunca faltan la bautizaron como Cristina5Néstor. No obstante, don Daniel se permitía sus licencias: cada vez que podían, sus periodistas les pegaban tremendos palos a aliados del matrimonio presidencial, como Luís D’Elía o Hugo Chávez, y le daban mucho aire a políticos detestados por el poder K, como el gobernador Daniel Scioli y el intendente Sergio Massa. Mientras don Néstor estuvo entre los vivos, a don Daniel se le perdonaron estos pecadillos, pero con doña Cristina en el poder los tiempos son otros y “a los tibios los vomita Dios”. Así que desde el gobierno le avisaron a Hadad que tenía que ir desprendiéndose de algunos de sus medios audiovisuales, y como para demostrarle que la cosa iba en serio le empezaron a quitar publicidad oficial. La señal definitiva llegó el día que lo obligaron a sacar abruptamente del aire un programa de Marcelo Longobardi en el que otro eyectado del paraíso K, el ex jefe de campaña presidencial y ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, se despachaba a fondo contra Cristina Fernández. Hadad terminó vendiéndole cinco radios y una señal de noticias al empresario recontra K Cristóbal López por tan solo 49 millones de dólares. Dicen que López dice que compró los medios para poder defenderse el día en  que él también caiga en desgracia y se convierta en otro triste tigre más.

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El Impenetrable: Un valiosísimo ecosistema en peligro


LA AMENAZA DEL AVANCE DE LA GANADERÍA INTENSIVA

El Impenetrable es una amplia región forestal chaqueña, donde viven cerca de 60.000 indígenas y campesinos. Sin embargo, el avance de la ganadería intensiva puede implicar, en el mediano plazo, la fragmentación y desaparición de gran parte de este valiosísimo ecosistema. Además, el gobierno del Chaco firmó un convenio con un grupo saudí para “desarrollar” la región.

Por Hernán Giardini


El Impenetrable abarca cerca de 4 millones de hectáreas de bosques nativos de la región chaqueña semiárida, ubicadas principalmente en el noroeste de la provincia del Chaco. Comprende también una porción del este de Salta, el oeste de Formosa y el noreste de Santiago del Estero.

Su nombre se debe a la dificultad de atravesarlo por lo agreste y tupida de su vegetación, representada por árboles como quebracho colorado y blanco, algarrobo, palo borracho, guayacán, mistol, palo santo, urunday, itín; y abundancia de cactus, arbustos, fachinales, enredaderas, claveles del aire y varias orquídeas.

La región alberga especies seriamente amenazadas como el yaguareté, el tatú carreta, y el oso hormiguero. También se encuentran el puma, la corzuela, el pecarí, el tapir, el loro hablador, el carpintero negro, la charata, el águila coronada, el halcón blanco, el carancho, el yacaré negro, la tortuga de tierra y el caimán overo.

Sus principales ríos son el Bermejo, el Teuco y el Bermejito. El espacio entre el Teuco y el Bermejito es conocido como “interfluvio”.

Su clima es subtropical con veranos muy calurosos e inviernos templados. Las temperaturas máximas extremas son de las más altas registradas en Sudamérica, alcanzando los 46° C.

Actualmente en El Impenetrable viven cerca de 60.000 personas; la mayoría indígenas (wichís, tobas), campesinos y pequeños productores rurales.

Muchos de los indígenas continúan con las prácticas tradicionales de caza, recolección, pesca y agricultura. Por su parte, miles de familias campesinas que viven en El Impenetrable basan su sustento en la producción vacuna y caprina.

Pero desde mediados de la década de 1990, en Argentina se produjo un fuerte incremento en la superficie cultivada para soja transgénica; y la ganadería intensiva, que históricamente se producía en la región pampeana, empezó a ser “corrida” hacia el norte del país propiciada por el bajo precio de la tierra.

Chaco cuenta actualmente con cerca de 2.600.000 cabezas de ganado. Pero la provincia tiene grandes perspectivas de expandir fuertemente la ganadería en el corto plazo: el Plan Ganadero Chaco se fijó para el año 2015 duplicar el stock y llegar a las 5 millones de cabezas bovinas.

Lamentablemente El Impenetrable ya está sufriendo el avance de la ganadería intensiva mediante la aplicación de sistemas silvopastoriles que, al ser desmontes, claramente violan la Ley de Bosques (26.331).

El avance de la ganadería intensiva puede implicar, en el mediano plazo, la fragmentación y desaparición de gran parte de este valiosísimo ecosistema.

Como si esto fuera poco, en febrero de 2011 la provincia del Chaco firmó un convenio con el Grupo Al-Khorayef para el desarrollo de un proyecto agrícola, ganadero y forestal en tierras fiscales del Impenetrable para abastecer al reino de Arabia Saudita. Con una inversión de 400 millones de dólares, el proyecto (13 años) se realizará primero en 60.000 hectáreas, pudiendo alcanzar las 200.000 hectáreas, e incluye el desarrollo de infraestructura vial, energía eléctrica y riego.

El Grupo Al-Khorayef es petrolero; produce aceite, lubricantes, sistemas de maquinaria, y servicios de impresión y de papel. Además es una de las empresas más grandes del mundo que realiza riego a gran escala.

Recientemente el gobierno provincial reformuló el proyecto y anunció que el mismo se realizará mediante la Corporación Forestal (CorFor), una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria.

Cabe señalar que dicho proyecto, además de ser ambientalmente insostenible, resulta una clara violación a la Ley de Bosques, puesto que las actividades agrícolas y de ganadería intensiva que el mismo pretende desarrollar implicarán desmontar miles de hectáreas del Impenetrable.


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Bolivia para los bolivianos


NUEVO REVÉS PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS EN LATINOAMÉRICA 

El presidente Evo Morales anunció la nacionalización de las acciones que Red Eléctrica Internacional, filial de Red Eléctrica Española, posee en la empresa Transportadora de Electricidad (TDE). Lo hizo al recordar la nacionalización en la misma fecha, de los hidrocarburos, de las telecomunicaciones y de las plantas de generación de energía eléctrica.

Por Marcelo J. Levy

El coletazo de la estatización del 51 % de las acciones de YPF en Argentina llegó a tierras bolivianas. El gobierno de Evo Morales decidió de nacionalizar la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), subsidiaria de la Red Eléctrica Española, permitiendo así recuperar la soberanía energética del país.La medida busca garantizar que ahora las inversiones se realicen desde el Estado a través de la empresa nacional de electricidad.
 Bolivia toma la medida desde el momento en que está lista para asumir la infraestructura energética que durante el neoliberalismo fue privatizada y transnacionalizada.
La Transportadora de Electricidad SA fue adquirida en 2002 por la sociedad española Red Eléctrica Internacional SAU, participada al 20% por el Estado español. La empresa controla el 73% de las líneas que transportan la energía eléctrica de las centrales hasta las sociedades de distribución y atiende el 85% de la demanda. Tras la nacionalización de las centrales Guarachi, Valle Hermoso y Corani en 2010 y la nacionalización de la Transportadora de Electricidad SA, el Estado boliviano se convierte en el principal productor y transportador de energía eléctrica en el país.

La prensa y los gremios empresariales del Estado español han reaccionado a la nacionalización de TDE de manera histérica y arrogante, como no podía ser de otra manera. Un artículo de El País consideraba que la falta de inversiones con que Evo Morales ha justificado la nacionalización sería una “coletilla retórica” a una “expoliación”. Desde las columnas del periódico español El Mundo, el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, tachaba de “impresentable” la nacionalización y animaba el gobierno español a tomar medidas drásticas para defender inversiones españolas que habrían “arreglado problemas económicos” de Bolivia.

TDE fue privatizada, como todas las empresas y recursos bolivianos, a precio vil (39 millones de dólares) y con la falsa promesa que la inyección de capitales extranjeros hubiera mejorado las capacidades productivas y ampliado la cobertura de servicios básicos. Para entender lo que representó realmente la privatización del sector energético y como las inversiones, en este caso de empresarios españoles, habrían “mejorado” la vida de los boñivianos, es necesario citar algunos datos.

Cuando en 2002 la Red Eléctrica Internacional SAU adquirió la Transportadora de Electricidad SA, esta empresa tenía 620,5 kilómetros de línea a baja tensión, apta para el consumo final, y 1.572 kilómetros de línea a altísima tensión. En 2010 en cambio las líneas de altísima tensión controladas por TDE había crecido hasta 2.023,35 kilómetros y la línea de baja tensión para el consumo final se habían reducido a 241,60 kilómetros. La longitud total de las líneas eléctricas controladas por la empresa ha crecido en 10 años el número irrisorio de 72 kilómetros.

La estrategia de la empresa ha sido la de concentrarse exclusivamente en la transmisión potenciando las líneas de alta tensión hacia los departamentos de mayor consumo, donde la electricidad es comprada por cooperativas o sociedades distribuidoras. Así, para llevar energía eléctrica a 25mil familias bolivianas en el Beni, el gobierno ha tenido que construir una línea de transmisión de 370 kilómetros entre Caranavi y Trinidad. Mientras el 13% de los hogares bolivianos, particularmente en el área rural, siguen sin energía eléctrica, la empresa maximizaba sus ganancias, llevándose fuera del país utilidades por 38 millones de dólares y con mínimas o nulas inversiones. (Cualquier similitud con inversiones en países vecinos no es mera coincidencia)

El ministro de economía del gobierno español, Luis de Guindos, se ha declarado seguro que el gobierno boliviano indemnizará con un precio justo a la Red Eléctrica Internacional SAU. De más estaría decir, que a imagen y semejanza de lo ocurrido con la empresa petrolera argentina, no debe existir ningún tipo de indemnización a aquellos que durante años creyeron que todavía formábamos parte de sus colonias extraterritoriales.

Los tribunales internacionales, como el de La Haya, donde Bolivia ha sido citada en juicio por indemnizaciones, han fallado siempre a favor de las multinacionales. Es el caso escandaloso de ENTEL, TRANSREDES y de la Empresa Guarachi SA, la principal generadora de energía eléctrica en Bolivia. La multinacional británica RURELEC, que era propietaria del 50% de Guarachi, exige ahora una indemnización de 142 millones de dólares, tras haber dejado a Guarachi con deudas por 240 millones de dólares, un monto que equivale al 71% de todo el patrimonio de la empresa. Los tribunales internacionales siempre fallarán a favor del “sagrado derecho a la ganancia”. El solo hecho de nacionalizar, comprando o expropiando, aleja a los inversionistas extranjeros. La plata de las indemnizaciones debe asignarse a los salarios, viviendas, salud y educación, además del fortalecimiento de las empresas nacionalizadas.

En 2011 la empresa Guarachi sufrió un daño a una turbina generadora de electricidad, que causó una serie de apagones en Bolivia. La causa de este accidente no fue sólo porque las multinacionales antes propietarias no habían invertido en renovar la maquinaria, sino porque un pico no planificado en la demanda de energía cayó sobre la empresa – la principal generadora de electricidad estatal – sin que las empresas privadas que todavía generan un 30% de la energía del país pudiesen atenderlo. Y porque los trabajadores de Guarachi, que son los directamente involucrados en el conocimiento de la empresa, no tienen ningún poder de control y participación en la dirección de la misma.

La clase trabajadora boliviana han saludado y apoyado públicamente la nacionalización de Transportadora de Electricidad SA. Así lo expresaron el ejecutivo de la COB Trujillo y el representante de los trabajadores de YPFB Mario Loza. Sin embargo la nacionalización no ha aplacado la ola de protestas de los trabajadores bolivianos, movilizados en rechazo al aumento salarial ofrecido por el gobierno y el decreto que repone las 8 horas en el sector salud.

Se ha dado un paso más y de radical importancia en el empoderamiento de los estados latinoamericanos. El caso de la empresa Transportadora de Electricidad y de YPF en Argentina demuestra que los estados se presentan fuertes frente a los capitales transnacionales.

Ahora bien: la historia ha demostrado de manera cíclica cómo se han privatizado empresas estatales vaciadas, endeudadas y muchas veces inutilizables para que, luego de una puesta en marcha y grandes inversiones desde el Estado, se reprivaticen. Esperemos que estos no sean uno de esos casos.



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La Agencia de Seguridad Nacional te está vigilando

PERSECUSIONES POLÍTICAS EN ESTADOS UNIDOS

Tres ciudadanos estadounidenses fueron objeto de vigilancia a nivel nacional: un funcionario de inteligencia del gobierno, una cineasta y un hacker. Ninguno de ellos fue acusado de haber cometido algún delito, sin embargo, fueron rastreados, vigilados, detenidos (en algunos casos a punta de pistola) e interrogados sin tener acceso a un abogado. Todos ellos están decididos a enfrentarse a los crecientes ataques del gobierno contra quienes se oponen a sus políticas.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)

El funcionario de inteligencia, William Binney, trabajó durante más de 40 años en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), el organismo de espionaje estadounidense que hace parecer pequeña a la CIA. Como director técnico del Grupo de Información de Análisis Geopolítico y Militar Mundial, Binney tenía la tarea de “determinar cómo podíamos resolver la recopilación y el análisis de información sobre asuntos militares y de geopolítica en todo el mundo, en cada país del mundo”. En la década de los 90, la NSA desarrolló un amplio sistema de escuchas telefónicas cuyo nombre en clave era ThinThread y que, según afirma Binney, respetaba la protección de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses consagrada en la Constitución. Recordó que “después del 11 de septiembre, la NSA abandonó el respeto por la privacidad de los ciudadanos y la Casa Blanca, la NSA y la CIA decidieron eliminar las protecciones a los ciudadanos estadounidenses y vigilar las comunicaciones a nivel nacional. De modo que comenzaron a recopilar información a través de una empresa comercial. La empresa que sé que participó proporcionó probablemente en promedio 320 millones de registros de comunicaciones entre ciudadanos estadounidenses dentro del país”. Debido a que el espionaje generalizado a nivel nacional se convirtió en la norma, Binney renunció el 31 de octubre de 2001.

Binney, al igual que otros funcionarios de la NSA, expresó sus preocupaciones al Congreso y al Departamento de Defensa. Poco después, en el año 2007, cuando el entonces Fiscal General Alberto Gonzales estaba siendo interrogado en Capitol Hill acerca del espionaje a nivel nacional al que Binney se oponía, una docena de agentes del FBI irrumpieron en su casa con sus armas desenfundadas, apartaron del camino a su hijo y encontraron a Binney en la ducha. A pesar de que había sido amputado a causa de la diabetes, le apuntaron a la cabeza y lo obligaron a dirigirse al porche trasero para interrogarlo.

Esa mañana el FBI irrumpió en las casas de otros tres ex funcionarios de inteligencia. William Binney dijo sobre la redada del FBI: “Lo que realmente estaban haciendo era utilizar el castigo y la intimidación para evitar que fuéramos al Comité Judicial del Senado a decirles 'Esto es lo que Gonzales omitió contarles'.” Binney nunca fue acusado de ningún delito.

La cineasta, Laura Poitras, es una documentalista nominada a los premios Oscar. Sus más recientes documentales son “My country, my country”, que trata de la ocupación de Estados Unidos en Irak, y “The Oath”, documental que filmó en Yemen. Desde 2006 Poitras ha sido detenida e interrogada en aeropuertos al menos 40 veces, le han confiscado su computadora y sus cuadernos de notas y presuntamente los copiaron, sin autorización judicial. La última vez, el 5 de abril, intentó tomar notas durante su detención pero los agentes le dijeron que dejara de hacerlo por considerar que el bolígrafo podía ser utilizado como arma.

Poitras me dijo: “Dijeron que la lapicera podía ser un arma peligrosa, que la lapicera representaba una amenaza para ellos. Yo estaba rodeada de agentes de frontera que llevaban armas, y al sacar una lapicera, la encuentran amenazante...Siento que no puedo hablar del trabajo que hago ni en mi propia casa. Tampoco en mi lugar de trabajo, ni por teléfono y a veces ni siquiera en mi propio país. De modo que el efecto intimidante es muy grande”.

El hacker, Jacob Appelbaum, trabaja como investigador de seguridad informática para una organización sin fines de lucro llamada Tor Project (torproject.org), que desarrolló un programa de software libre que permite realizar búsquedas en Internet en forma anónima y de ese modo evadir la vigilancia del gobierno. Tor fue en realidad creado por la Armada de Estados Unidos y ahora lo desarrollan y mantienen Appelbaum y sus colegas. El programa es utilizado por activistas de todo el mundo para comunicarse a través de Internet y es utilizado además por el controvertido sitio WikiLeaks para proteger a quienes les envían los documentos filtrados que publican. Appelbaum trabajó como voluntario para WikiLeaks, lo que provocó una fuerte vigilancia del gobierno de Estados Unidos sobre él.

Appelbaum habló en lugar de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, en una conferencia denominada Hackers en el Planeta Tierra (HOPE), ya que se temía que Assange fuera arrestado. Comenzó su charla diciendo: “Hola a todos mis amigos y admiradores que me siguen a través de las operaciones de vigilancia nacional e internacional. Estoy aquí hoy porque creo que podemos hacer un mundo mejor. Lamentablemente Julian no puede venir porque no vivimos en ese mundo mejor”. Appelbaum también fue detenido al menos una docena de veces en aeropuertos. Describió así lo que sucedió en una de las ocasiones: “Me pusieron en una habitación especial donde me cachearon, me pusieron contra una pared. ...Otro me tomó de las muñecas. ...El mensaje era que si no hacía un acuerdo con ellos, sería abusado sexualmente en prisión. ...Se llevaron mis teléfonos celulares y mi computadora portátil, pero luego me los devolvieron. Básicamente querían hacerme preguntas sobre la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, saber cuál era mi opinión política”.

Le pregunté a William Binney si creía que la Agencia de Seguridad Nacional tenía copias de todos los correos electrónicos que envío dentro de Estados Unidos, a lo que respondió: “Sí, creo que tienen la mayoría”.

Binney contó que dos senadores de Estados Unidos, Ron Wyden de Oregon y Mark Udall de Colorado, expresaron preocupación acerca de la vigilancia, pero que no han hablado públicamente ya que, según él, perderían sus bancas en el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia. Mientras tanto, el Congreso se encamina a votar la Ley de Intercambio y Protección de Información de Inteligencia Cibernética, conocida como CISPA (por sus siglas en inglés). Quienes defienden la libertad en Internet se oponen a este proyecto de ley porque sostienen que legalizará lo que, de hecho, la NSA ya está haciendo de manera ilegal.
Antes de votar la ley CISPA, los congresistas, a quienes les gusta citar a los fundadores del país, deberían recordar estas palabras de Benjamin Franklin: “Quienes estén dispuestos a renunciar a la libertad fundamental a cambio de seguridad temporal no merecen ni la libertad ni la seguridad”.


Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

 
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Crece la desigualdad en los ingresos y en la riqueza


MÉXICO: TRISTE FINAL DEL GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN

La desigualdad evidente en la sociedad mexicana se ha acentuado en los últimos doce años, alcanzando su nivel más alto en la etapa final del turbulento gobierno de Felipe Calderón. Esta desigualdad prueba claramente que tanto en términos reales como relativos, la población no ha podido beneficiarse del mediocre crecimiento económico del país y que la riqueza sigue concentrándose de una manera mucho más desigual que en cualquier otra etapa de nuestra historia y que en cualquier otro país.

Por Manuel Leví Peza (desde México)

Las brechas crecientes pueden ser atribuidas a múltiples causas. Sin embargo, la mayor culpa recae sobre el gobierno conservador panista, que ha ampliado el mapa de la injusticia al no poder extender las oportunidades de empleos permanentes bien remunerados, atajar la pobreza, dar eficacia al mercado interno e introducir la moderación en el gasto corriente. Además, tampoco fue eficaz en cuanto a la desregulación y privatización de actividades consideradas como responsabilidad del Estado. Al contrario, con Calderón el gobierno se hizo más centralizado, con autoridades locales más corruptas,  con sindicatos corporativos de enorme liquidez financiera, con duopolios televisivos irreductibles en su influencia política y con un “thatcherismo” militar obsesivo y fracasado en el combate al  narcotráfico y al crimen organizado.

No creo que haya alguien que en su sano juicio pueda aprobar los resultados de la alternancia política, cuando la justicia social dejó de ser la parte fundamental de la agenda del gobierno y cuando el Partido de Acción Nacional, llegado al poder, abandonó su compromiso moral original y su fidelidad hacia los autores de su filosofía fundacional. Por eso hoy, la proclamación panista de justicia y  equidad se traduce en incompatibilidades inconmensurables contemporáneas y en el consecuente retiro de la lucha por la defensa de los derechos humanos. Esto explica el por qué los recursos naturales y las instituciones económicas, políticas y sociales, creadas para regular la producción, el intercambio y el consumo, han producido, bajo su autoridad, vastas desigualdades en los niveles de vida de los mexicanos y una involución letal de las instituciones que exacerba la pobreza en las barriadas paupérrimas de las metrópolis y en las comunidades indígenas, mientras que los enclaves de las élites prevalecen en la opulencia, manteniendo privilegios inmerecidos, de acuerdo con el lugar de nacimiento, la clase, el género, grupo étnico, grado de escolaridad, credo religioso, color de piel, tasa de ingreso y de riqueza.

La supuesta “inevitabilidad de la pobreza” suele invocarse como una defensa del fracaso de las políticas gubernamentales y como respuesta al aumento inaceptable de la corrupción y la impunidad. Por eso, en México, la gente que se vuelve rica, por herencia o  gracias a su propio esfuerzo, son moralmente “sospechosos” de tráfico de influencias, peculado, ejercicio indebido de la función pública, lavado de dinero, tráfico de personas o por actividades ilícitas muy rentables. Estas familias que están en mejor situación, en el contexto de la polarización social, deben reconocer que la peligrosa desigualdad económica y la fragmentación política pueden rebotar en su contra.

Así pues, la prudencia les aconseja orientar sus influencias hacia la disminución de las diferencias entre ricos y pobres, en lugar de entronizar a gobiernos afines a los intereses que defienden.


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