EL KIRCHNERISMO BUSCA SU CONTINUIDAD EN EL PODER EN UN CLIMA DE CRECIENTE CONFLICTO SOCIALEs innegable que en los últimos meses la conflictividad social ha aumentado; que la clase media está soliviantada y busca organizarse por fuera o por dentro de los partidos políticos; que amplios sectores populares se sienten frustrados porque no son los primeros en los que piensa el gobierno cuando se pone a diseñar políticas asistenciales. En este contexto poco favorable, Néstor Kirchner y Cristina Fernández trabajan a destajo para idear estrategias que les permitan -a cualquiera de los dos- seguir siendo gobierno a partir de 2011. Por debajo, los excluidos, los ignorados, se organizan. La pulseada será dura y su resultado es un enigma difícil de resolver.
Por Marcelo R. Pereyra
El fin justifica los medios
La cosa es más o menos así: las elecciones presidenciales de 2011 están ahí nomás. El primer matrimonio de la Nación es conciente de su brutal pérdida de prestigio en las capas medias de la población y en una buena parte de los sectores populares. La derrota del 28 de junio de este año terminó de corroborar lo que distintas encuestas venían presagiando. Entonces los Kirchner se pusieron a elucubrar sobre cuál debía ser la estrategia a adoptar para recuperar su ascendiente sobre el electorado más díscolo. La primera idea fue una que venían rumiando desde el año pasado, cuando se enfrentaron con las patronales agropecuarias por la gigantesca recaudación que dejan las retenciones a las exportaciones de granos: la ley de medios audiovisuales. Cuando esta norma se reglamente y se ponga en funcionamiento, el Grupo Clarín deberá desprenderse de algunas de sus joyas. Con ello el matrimonio presidencial logrará dos objetivos: disminuir el poder de fuego del principal conglomerado mediático del país y repartir sus despojos entre empresarios afines, amigos y/o socios.
Luego, el binomio que mora en Olivos pergeñó un anteproyecto de reforma del sistema político: una saludable intención de modificar normas obsoletas, pero de cuya intención última –limitar la posibilidad de formar listas por afuera de una sigla partidaria- ya se ha comenzado a sospechar. Y por último decidió lanzar planes de ayuda económica (asignación por hijo y constitución de cooperativas de trabajo) para aquellos que habitan en lo más profundo de la pirámide social, quienes conforman, casualmente, la base electoral que todos los políticos ansían seducir. Esta última medida fue catalogada por la oposición de “clientelística”, porque les cede a los intendentes del Gran Buenos Aires la exclusiva autoridad para repartir la torta -es decir, la plata-, algo que los barones del conurbano ya venían haciendo con otros programas de asistencia.
Para financiar los diez mil millones de pesos anuales que requerirá la implementación de la asignación “universal” por hijo, que supuestamente beneficiará a seis millones de chicos cuyos padres son desocupados o trabajadores informales, el gobierno recurrirá a los fondos de la ANSES que provienen de los aportes de los futuros jubilados. Se descartaron así otras posibilidades de financiamiento que hubiesen sido menos regresivas, como impuestos al juego, a las rentas financieras o a la riqueza. Habrá que ver con qué eficacia y transparencia se ejecuta esta política pública, y en qué medida contribuye a paliar la pobreza que afecta hoy en día a casi el treinta por ciento de los argentinos.
Peligro de movilizaciones
Pese a las pretensiones de universalidad que el gobierno le atribuye a su política social, muchos ciudadanos en situación de pobreza se sienten excluidos de los programas asistenciales, a los que se viene a sumar la asignación por hijo. Al igual que la oposición parlamentaria, argumentan que es necesario tener el visto bueno de los punteros del partido oficial para poder rasguñar algún dinerillo. Estos sectores, a los que los medios –tan afectos a las simplificaciones- denominan “piqueteros anti K”, protagonizaron una inédita protesta en las barbas de Mauricio Macri, el Lord Mayor de la ciudad de Buenos Aires: se instalaron en la avenida 9 de julio, frente al ministerio que maneja toda la ayuda social y que está a cargo desde 2003 de la cuñada presidencial, Alicia Kirchner. Después de haber acampado durante treinta horas se llevaron la promesa de que podrán acceder al plan “Argentina trabaja” sin tener que pasar por el filtro de los intendentes. Mientras tanto, otros grupos han comenzado a presionar a grandes supermercados para que les entreguen bolsones con comida: ¿cualquier parecido con diciembre de 2001 es mera casualidad?
Los reclamos de los que menos tienen, sus cortes de calles y sus movilizaciones enervan a nuestra reaccionaria clase media, a la cual le preocupa más la fluidez del tránsito que la miseria en la que viven millones de argentinos. Una clase media que se alarma hasta la paranoia con cada nuevo delito que se conoce, en especial si su víctima es un famoso, y que reclama más mano dura y represión de la protesta.
Pero para angustia y desazón de esos clasemedieros que asolan los programas radiales con sus mensajes retrógrados, prejuiciosos y fascistas, la protesta continuará: para los desocupados los programas asistenciales son apenas un mendrugo. Lo único que los podría sacar de la miseria sería un trabajo estable y bien pago. Para los ocupados la lucha no es menor. El trabajo en negro es la regla, y no la excepción, y en los conflictos gremiales el gobierno tiende a favorecer a las patronales, sobre todo si los trabajadores se organizan en nucleamientos antiburocráticos, como sucede en Kraft-Terrabussi y en el subte.
Los Kirchner tendrán que seguir agudizando el ingenio si quieren perpetuarse en el poder. La clase media les ha dado definitivamente la espalda, y amplias franjas de las clases populares también. Sólo conservan como aliados a empresarios, políticos y sindicalistas que viven de las transfugueadas, las prebendas y los negociados. ¿Les alcanzará?
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