UNA NUEVA ESPERANZA SE ASOMA EN LATINOAMÉRICA: OLLANTA HUMALA FUE ELECTO PRESIDENTE DE PERÚ
La campaña en segunda vuelta ha sido ajustada, dando cuenta de la actual situación política peruana tensionada por un modelo económico que exhibe cifras tan altas de crecimiento como de desigualdad social. Así, entonces, el candidato electo Ollanta Humala ha señalado que el principal problema de Perú a atender será perfeccionar la democracia, en lugar de reformular el modelo económico vigente. Un discurso que ha sido apoyado por la mayoría del pueblo peruano.
Por Marcelo J. Levy
Ollanta Humala se ha impuesto sobre Keiko Fujimori como el próximo presidente del Perú. Su triunfo es un revés para los sectores más reaccionarios de este país que veían en el apellido Fujimori una garantía del modelo económico neoliberal. No olvidemos que Alberto Fujimori, el ex presidente peruano y padre de la señora Keiko ha sido acusado y condenado por graves crímenes de lesa humanidad y escándalos de corrupción. Fue extraditado por Chile en 2007 y desde entonces sometido a juicio en su país por delitos graves de corrupción y contra los Derechos Humanos.
La lucha de la derecha peruana por desacreditar la figura de Ollanta Humala ha sido encarnizada. En una verdadera campaña de terror. Se le ha acusado de tener estrechos vínculos con el gobierno de Hugo Chávez en Caracas y de pretender socavar la democracia y el modelo económico en el país. De hecho, su candidatura se ha mostrado más próxima al Partido de los Trabajadores de Brasil que a otras tendencias de izquierda en la región. Es claro que el presidente Humala traerá aires nuevos al gobierno. Nuevos énfasis en políticas sociales y una nueva sensibilidad de su gobierno hacia las cuestiones regionales.
Ahora bien, como los grupos de poder económico no ganaron, ahora le están exigiendo al nuevo Presidente que respete las “reglas básicas de la economía” para sentirse tranquilos. La reacción de los especuladores ha sido un retiro de capitales de la bolsa de Lima que hizo que se desplomara 12% a la mañana siguiente a las elecciones. Toda una campaña mediática y de los sectores de derecha articulados para crear un potencial clima de caos y desestabilización con el triunfo de Humala. Los medios, por ejemplo, anunciaban con temor la escasez de las latas de leche del supermercado. Se han encargado de hacer un trabajo minucioso y de hormiga, una campaña sucia, incluyendo llamadas telefónicas a casas de votantes hasta el día de las elecciones para denunciar el “peligro Humala”.
Lo que se espera del flamante presidente electo, por sobre todo, es una actitud ética en la política que tanto Fujimori como García han hecho lo posible por desacreditar. García ha llegado a demoler su propio partido político con el objetivo de perpetuarse en el poder, siendo o no presidente. Ya demolida el APRA con su larga historia, el Perú puede emprender un nuevo rumbo político en general sin el temor de los retrocesos que tanto daño le han hecho.
Hemos visto que la libertad de expresión sirve para decir lo que los dueños de los medios y sus socios quieren decir. El titular del diario “El Comercio” del lunes 6 de junio fue “Un resultado que llama a concertar, Humala 50.9%, Keiko 49.1%”. El resultado fue 51.5% versus 48.5% y eso era lo que había salido del conteo rápido y de las proyecciones del conteo inicial pero mejor era una noticia falsa para forzar el argumento de que el poder no lo van a perder.
Para concertar hay que tener ánimo de concertación y eso la derecha no lo tiene. Es una derecha falangista, racista, fóbica, oscurantista e ignorante, pegada al Opus Dei, que carece de valores éticos y que ha permitido que el Perú se coloque cercana a los regímenes más retardatarios en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que se reeligiera a Alan García.
El regreso del Perú a Sudamérica es lo más significativo, uno de los mayores desafíos. Eso es positivo para el país y para la región como un todo porque consolida el bloque regional progresista. Esto podrá facilitar el proceso de UNASUR que la derecha peruana detesta por razones ideológicas. Y pondrá al país a la par con sus vecinos en la Comisión de coordinación macroeconómica de UNASUR, en el Banco del Sur, en el uso de la moneda nacional para el comercio exterior y nivelará los aspectos políticos y migratorios del espacio; así como consolidará el Consejo de Defensa Suramericano. La batalla contra la derecha peruana en estos campos será tenaz.
Para todos Humala es un interrogante y Fujimori una certidumbre. El horizonte peruano ha cambiado para mejor, para el regreso de la ética en la política y para la recuperación de la dignidad nacional. Ollanta Humala, fundador y dirigente del Partido Nacionalista de Perú, reivindica la lucha por recuperar la democracia tras las décadas perdidas de los noventas y la primera de este Siglo XXI. Un nuevo voto de confianza; esperemos que no sea otra decepción latinoamericana.
ESPAÑA: EL MOVIMIENTO DE LOS INDIGNADOS DESAFÍA A LA POLÍTICA PARTIDARIA
Como Argentina en diciembre de 2001, España está indignada. Coordinados desde Internet mediante las redes sociales, el 15 de mayo cientos de miles de españoles tomaron las calles reclamando una democracia real, participativa, y un cambio en el modelo político y social. Mediante acampes en las plazas, asambleas y discusiones on line, los indignados de España se convirtieron en un movimiento político que desafía a la política partidaria y empieza a expandirse a otros países de Europa.
Por Hernán L. Giardini
“Estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros… Por la indefensión del ciudadano de a pie. Esta situación nos hace daño a todos diariamente.
Pero si todos nos unimos, podemos cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento, hora de construir entre todos una sociedad mejor. Por ello sostenemos firmemente lo siguiente:
• Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas. • Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades: derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal, y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz. • El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no atiende a estas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad. • La democracia parte del pueblo (demos=pueblo; cracia=gobierno) así que el gobierno debe ser del pueblo. Sin embargo, en este país la mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha. Sus funciones deberían ser la de llevar nuestra voz a las instituciones, facilitando la participación política ciudadana mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad, no la de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan sólo a los dictados de los grandes poderes económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura partitocrática encabezada por las inamovibles siglas del PPSOE. • El ansia y acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, crispación e injusticia, lo cual conduce a la violencia, que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto. Hasta el colapso. • La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima de la eficacia y el bienestar de la sociedad. Despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando desempleo y consumidores infelices. • Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo. • Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad económica que nunca redunda en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los abusos y carencias que todos sufrimos. • Es necesaria una Revolución Ética. Hemos puesto el dinero por encima del Ser Humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas, no productos del mercado. No soy sólo lo que compro, por qué lo compro y a quién se lo compro.Por todo lo anterior, estoy indignado. Creo que puedo cambiarlo. Creo que puedo ayudar. Sé que unidos podemos. Sal con nosotros. Es tu derecho”.
Este manifiesto, publicado enwww.democraciarealya.esexpresa claramente los reclamos del “Movimiento de los Indignados” o 15-M, y ya empieza expandirse a otros países de Europa.
Con una economía en crisis y un desempleo que alcanza el 40% en los jóvenes, las últimas medidas de gobierno prendieron la mecha:
• El 12 de mayo de 2010, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció un recorte de 5 por ciento en los salarios públicos y su congelamiento durante 2011. Esto incluyó a todas las jubilaciones, salvo la mínima, cortando con 25 años de subas garantizadas por ley. Además, anunció la eliminación del “cheque-bebé” a partir de enero de este año. • El 16 de junio de 2010, Zapatero dictó un decreto – ley de flexibilización laboral, que luego fue ratificado por el Parlamento. El mismo fija la indemnización por despido injustificado en 33 días por año trabajado, en detrimento de los 45 días establecidos en el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Además, justifica el despido en las empresas con pérdidas y autoriza a que empresarios y trabajadores pacten a nivel de empresa la suspensión del convenio laboral de su respectiva actividad en situaciones de crisis. • En julio de 2010, Zapatero anunció la supresión de 10.600 puestos de trabajo en el plazo de tres años para ahorrar dinero. Quedaron exceptuados del recorte el personal de las fuerzas armadas y el resto de los cuerpos de seguridad. • En diciembre del año pasado, se vendió el 49% de la empresa estatal “Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea” y el 30% de “Loterías y Apuestas del Estado”. Además, está evaluando la privatización de ferrocarriles, estaciones de trenes y televisoras públicas, tal como se desprende de los informes solicitados al Consejo Consultivo de Privatizaciones. El gobierno adelantó que el dinero recaudado será destinado a cancelar deuda. • En enero de este año, el gobierno acordó con los sindicatos y las empresas elevar la edad jubilatoria de 65 a 67 años de manera progresiva a partir de 2013. Además, en febrero se dejó de pagar el Prodi, un subsidio de 426 euros destinado a los desocupados que, luego de cobrar el seguro de desempleo, siguieran sin trabajo.
Estas patéticas medidas, y la cercanía de un proceso electoral, fueron tierra fértil para que los “indignados” aprovecharan las redes sociales, se organizaran y salieran a las calles, donde pintaron hermosas frases de rebelión: “La revolución estaba en nuestros corazones y ahora vuela libre por las calles” “Un gobierno que no escucha a su pueblo no merece gobernar” “Me gustas democracia, pero estás como ausente” “¿Por qué tengo que votar al menos malo?” “La barricada cierra la calle, pero abre el camino” “Ni guerra que nos mate, ni paz que nos maltrate” “Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones” “No somos antisistema, el sistema está contra nosotros” “Esto no es campaña electoral. Es toma de conciencia, debate social” “Nuestros sueños no caben en vuestras urnas”
Las imágenes de las asambleas en las plazas llenas de ciudadanos desencantados con los políticos, se asemejaron mucho a la Argentina de fines de 2001 y principios de 2002, y sólo faltó el "¡Que se vayan todos!", o mejor dicho "¡Que os vayáis todos!”. También, claro, fueron duramente reprimidos por la policía.
Lo cierto es que la indignación de tantos españoles a la dirigencia política significó un duro golpe para el “socialismo” en las elecciones, lo que fue “aprovechado” por el derechista Partido Popular.
Los alcances del movimiento son inciertos.
Dependerán, y mucho, de la respuesta gubernamental a los reclamos. O de que se encuentre alguna forma de canalizar mediante las urnas la indignación.
Si esto no sucede, y la indignación no es lo suficientemente profunda, el movimiento se irá diluyendo. Pero si la indignación no sólo persiste, sino que se acrecienta, podría surgir un nuevo modelo político que sienta las bases de una nueva España.
CASI DOS AÑOS DESPUÉS DEL GOLPE DE ESTADO QUE LO DERROCÓ, ZELAYA REGRESÓ A HONDURAS
El pueblo hondureño vivó un acontecimiento histórico: el regreso del Presidente Manuel Zelaya, 23 meses después de su exilio forzado a punta de pistola en el primer golpe de Estado en Centro América en 25 años. Si bien Zelaya ya no es presidente, su regreso pacífico es una gran victoria para el movimiento de resistencia al golpe. A pesar de esto, el gobierno instaurado tras el golpe de Estado, bajo el mando del Presidente Porfirio “Pepe” Lobo, es cada vez más represivo, lo que suscitó que esta semana 87 miembros del Congreso estadounidense enviaran una carta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, para exigir la suspensión de la ayuda a las fuerzas armadas y a la policía hondureñas.
Por Amy Goodman (desde Honduras)
Fui la única periodista estadounidense en el vuelo que llevó a Zelaya de regreso a Honduras. Allí le pregunté cómo se sentía acerca de su inminente regreso. “Lleno de optimismo, de fe, de esperanza. Todavía el diálogo y la acción política son posibles ante las armas. No a la violencia. No a golpes militares. Golpes de Estado nunca jamás”.
Cuando el Presidente Zelaya aterrizó en Honduras, se arrodilló y besó el suelo. Fue recibido por decenas de miles de personas que lo ovacionaron mientras flameaban la bandera negra y roja del movimiento surgido tras el golpe, el Frente Nacional de Resistencia Popular, “la resistencia”, que ahora lidera Zelaya. Su primera parada: una concentración multitudinaria frente al monumento en memoria del joven Isis Obed Murillo, de 19 años de edad, que fue asesinado una semana después del golpe de 2009 cuando Zelaya intentó por primera vez regresar al país. Murillo se encontraba entre las decenas de miles de personas que esperaban el regreso de Zelaya en el aeropuerto. Los militares bloquearon la pista de aterrizaje y dispersaron a la multitud disparando balas de plomo, que mataron al adolescente.
Desde entonces, la violencia y la impunidad han sido moneda corriente. Campesinos, periodistas, estudiantes, maestros y cualquier otra persona en Honduras que se atreva a disentir se expone a intimidación, arresto y asesinato. Al menos 12 periodistas fueron asesinados allí desde el golpe, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Muchos campesinos fueron asesinados. Esta semana, estudiantes de secundaria que protestaban contra el despido de maestros y la privatización de la educación fueron atacados violentamente por la policía a balazos y con gases lacrimógenos.
En el discurso que pronunció en el acto de bienvenida, el Presidente Zelaya dijo: “La presencia de ustedes esta tarde demuestra el apoyo de la comunidad internacional, que no se derramó la sangre en vano porque estamos en pie de lucha, manteniendo nuestras posiciones. Resistencia pacífica, compañeros, resistencia es hoy el grito de victoria del retorno a Honduras de todos los derechos y las garantías de la democracia hondureña”.
El actual gobierno de Honduras aceptó permitir el regreso de Zelaya para lograr la readmisión del país en la Organización de Estados Americanos en un intento de despojarse de la condición de paria que se ganó en América Latina debido al golpe.
Paria en América Latina, pero no en Estados Unidos. A pesar de que el Presidente Barack Obama inicialmente calificó el derrocamiento de Zelaya como un “golpe”, el gobierno estadounidense pronto abandonó el uso del término. Pero no hay otra palabra que describa lo ocurrido. El domingo hablé con Zelaya en su casa, donde me contó lo sucedido.
Eran alrededor de las 5 de la madrugada del 28 de junio de 2009, cuando soldados hondureños encapuchados irrumpieron en su casa luego de haberle disparado a la puerta trasera.
“Me amenazaron que iban a disparar. Y yo les dije: 'Si tiene orden de disparar, dispare. Pero sepa que le está disparando al Presidente de la República y usted es un subalterno'. Y ellos no dispararon sino que solo me sometieron a que los acompañara al vehículo, así, en ropa de cama. Aterrizamos en la base militar norteamericana de Palmerola. Ahí se reabasteció de combustible. Hubieron movimientos afuera, yo no sé con quién hablaron. Como quince o veinte minutos estuvimos ahí. Y después a Costa Rica. Lo demás es público”.
En última instancia, lo más importante para Honduras no es el regreso de Zelaya, sino el regreso de la democracia. Zelaya estaba logrando apoyo popular para políticas como un aumento del 60% del salario mínimo, un plan para asumir el control de la base aérea estadounidense Palmerola con el objetivo de utilizarla como aeropuerto civil en lugar del peligroso Aeropuerto Internacional Toncontin, planes de distribuir tierra a campesinos y unirse al ALBA, el bloque cooperativo regional creado para disminuir el dominio económico de Estados Unidos. El día en que fue derrocado, Zelaya iba a realizar una consulta popular no vinculante para preguntarle a la población si quería llevar a cabo una asamblea nacional constituyente para evaluar posibles reformas a la Constitución. Ese, explica Zelaya, fue el motivo por el cual fue derrocado.
La Secretaria de Estado Clinton y su íntimo amigo Lanny Davis, que lleva adelante un poderoso lobby a favor del régimen golpista, ejercieron una fuerte presión a favor de la legitimación del actual gobierno de Lobo, a pesar de un cable interno del propio Departamento de Estado que comanda Clinton titulado “Asunto ineludible: El caso del golpe en Honduras”. El cable fue recientemente publicado por WikiLeaks y en él se afirma que el golpe fue claramente ilegal.
Cuando me dirigía al aeropuerto para tomar mi vuelo de regreso luego de este fin de semana histórico en Honduras, me topé con un grupo de maestros que llevaban un mes haciendo huelga de hambre frente al Congreso hondureño. Ellos, al igual que una amplia red de grupos de la sociedad civil hondureña, al tiempo que celebran el regreso de su presidente derrocado, tienen claras sus exigencias, que cuentan ahora además con el apoyo de 87 miembros del Congreso estadounidense: que se ponga fin a la violencia y a la represión en Honduras.
CRISIS POLÍTICA Y AUSENCIA DE UN LÍDER QUE CONDUZCA AL CAMBIO
Empieza ese ensayo de elección presidencial que, dicen, es la del Estado de México. Eso dicen de ella, que el partido que triunfa en esos comicios tiene abierto el camino para la presidencial. ¡Pues no es cierto! Ganó Montiel y ganó Fox. Ganó Peña Nieto y ganó Calderón. Así que esos anticipos propios de la señora Macbeth y sus brujas no son ciertos. Lo que sí es cierto es que habría que consultar a las brujas shakesperianas para inquirirlas sobre cómo encontrar un gigante. Sí, porque se necesita un gigante verdadero para conducir el país en el futuro, dada la enormidad de sus desgracias que no hay para qué recordarlas. Duele, pero se acepta que son enormes, dignas de un gigante.
Por Jorge Carrillo Olea (desde México)
Se da por descontado que dicho gigante hoy no está a la vista, porque abandonando las parábolas bíblicas sobre ellos (Génesis 6.4) y repasando el santoral electoral, no se le encuentra. Bien vale preguntarnos si se está pidiendo una quimera o este país es capaz de darlos. ¿Usted vería uno en Beltrones, Creel, Ebrard, López Obrador, Peña Nieto o Vázquez Mota? (orden alfabético).
Y sí, sí hay ese tipo de personajes, pero no están en esa lista. La lista de los que en el pasado han sido calificados como verdaderos paladines no sería corta sino extenuante en su investigación, por ello sólo se hará referencia a los más conspicuos de la memoria reciente, dejando en su propio siglo a Juárez y su generación maravillosa, irrepetible de enormes mexicanos.
Mexicanos que han enfrentado problemas formidables con acierto visionario como el deducir del patrimonio histórico, de nuestra idiosincrasia, de la herencia de aspiraciones del siglo XIX, de nuestras instituciones, de nuestros recursos, población territorio y mares un proyecto de Estado-nación, lo han hecho cada uno desde sus circunstancias y convicciones, pero siempre con proyectos grandes, vigorosos y viables. Han sido desde el poder ejecutivo Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, y desde la política llana, Francisco Múgica, José Vasconcelos y Jesús Reyes Heroles.
Durante el mandato de los primeros se avanzó en el proceso de pacificación nacional y comenzó la repartición de tierras a los campesinos. Se restituyó el antiguo Ministerio de Instrucción Pública, que fue suprimido por Carranza en 1918. Se mantuvo el control y equilibrio de las fuerzas políticas imperantes en el país, principalmente del ejército y se dispensó amnistía a Franco Villa y Saturnino Cedillo. Fue una incansable creación de instituciones fundamentales para la vida del país. Nacieron el Banco de México, la Comisión Nacional de Irrigación, los Talleres Gráficos de la Nación, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Dirección General de Educación Secundaria y la Orquesta Sinfónica Nacional. Se crearon el partido oficial, PNR, hoy PRI, la Nacional Financiera, la paradigmática Doctrina Estrada y la autonomía universitaria.
Se hizo desaparecer el sistema feudal de producción de la tierra, cancelando las propiedades de tierra de las haciendas y concediendo los terrenos a los campesinos que trabajaban en ellas. La Revolución Mexicana había otorgado al país una Constitución política notoriamente humanista para la época, además de reafirmar la abolición de la esclavitud, en México sería libre y protegida cualquier persona que fuera perseguida por motivos de su raza, religión o preferencia política.
Además de expropiar el petróleo a favor de la nación, se fundó el Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de México y el Instituto de Antropología e Historia. Recibimos a casi 500 niños españoles que habían quedado huérfanos por consecuencia de la Guerra Civil española que había llevado al poder a Francisco Franco.
Por iniciativa y empuje de los segundos, Francisco Múgica fue el ideólogo de la Constitución del 17. A él se debió su inspiración social, fue el puntal de una nueva patria. Fue fuerza iluminante en los debates sobre soberanía popular, formas de Estado y gobierno, educación laica y exclusión de las órdenes religiosas de la docencia, el régimen de propiedad nacional y social de la tierra, los derechos del trabajador y las relaciones Estado-Iglesia.
Vasconcelos fue el ideólogo del México a desarrollar en lo filosófico, lo cultural y lo orgánico. Fue el gran hacedor de la UNAM. En su filosofía como educador propuso: sentir la cultura mestiza como base del concepto de mexicanidad. Mexicanizar el saber, es decir, hacer objeto de estudio la antropología y el medio natural del país. Hacer de Latinoamérica el centro de una gran síntesis humana. Emplear el sentido del servicio y amor fraterno del ser humano como medio de ayuda a los más desprotegidos y valerse del industrialismo —como simple medio, nunca como un fin— para promover el progreso de la nación.
Reyes Heroles. Fue secretario de Gobernación y Educación; en cuanto a su obra escrita, fue autor de varios ensayos, entre los que destacan: El liberalismo mexicano, En busca de la razón de Estado, Mirabeau o la política, Discursos políticos, Educar para construir una sociedad mejor y Política macroeconómica y bienestar de México.
El maestro Reyes Heroles fue impulsor de la reforma política de 1977 que abrió el escenario político al pluralismo en el país incluyendo la legalización del Partido Comunista. Creó un proyecto normativo para respetar e institucionalizar la pluralidad política de la sociedad, para apuntalar la tolerancia y para liberalizar la política en México.
Este conjunto de ilustres, en lo individual, tenían una talla humana, política, creatividad trascendental, de auténticos estadistas que hoy no se ve. No nos engañemos. Gente de esa talla es lo que se requiere para reconstruir el México arruinado. Un hombre así, que sepa despertar el atrevimiento social, es lo que urge y no se ve.
Al cierre de esta edición nos enteramos del lamentable fallecimiento de Alberto Lapolla, uno de nuestros más brillantes colaboradores.
Ingeniero agrónomo, genetista e historiador revisionista, Alberto fue un militante de larga trayectoria junto a los sectores populares.
Lapolla fue un importante militante en los 70, fue uno de los fundadores del Grupo de Reflexión Rural, participó en la conformación de Proyecto Sur, y escribió numerosos libros y artículos sobre política e historia argentina y sobre los problemas de la sojización.
Actualmente escribía artículos en varias revistas, como “Contracultural”, y era columnista de varios programas radiales, como “América Profunda”. Además era director del Instituto de Formación de la Central de Movimientos Populares y participaba en el partido MILES.
HUGO MOYANO, LOS QOM Y LOS PASAJEROS DEL SARMIENTO
De pronto, sin aviso previo, los brutales contrastes sociales se visibilizan: sindicalistas ricos y obreros pobres; sufridos usuarios de trenes vergonzosos y ministros que declaran estupideces; el “proyecto”, o el “modelo”, que se llama a defender pese a su inocultable carga de injusticia; los pueblos originarios despojados de sus tierras por gobernadores asesinos y extranjeros que se las apropian. “Moyano, corazón; Cristina, conducción” y el país que no quieren ver.
Por Marcelo R. Pereyra
HUGO, QUÉ GRANDE SOS
El pasado 29 de abril el líder de la CGT, Hugo Moyano, organizó un multitudinario acto para celebrar el día del trabajador. La masiva concurrencia es un dato que ratifica que la estrella del camionero brilla más potente que nunca en el firmamento político. Dirige la CGT y controla directamente por lo menos dos sindicatos y sus obras sociales por intermedio de sus familiares. Además es vicepresidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Cuál es el límite de su creciente acumulación de poder es algo que todavía está por verse. Lo que sí ya es evidente es que Moyano tiene una capacidad de presión e influencia que muchos políticos, incluida Cristina Fernández, quisieran tener: él puede bloquear el acceso a una empresa para conseguir algún beneficio laboral/económico para su sindicato, o, con el mismo método, puede impedir que se distribuya un diario que publica noticias que no son de su agrado. Incluso puede amenazar con declarar una huelga general como gesto de protesta por lo que entiende son ataques hacia su persona por parte de la justicia.
Tanto es el poder que ha acumulado Moyano que ya provoca recelos en altos funcionarios del gobierno y en algunos de sus colegas sindicalistas. A los primeros les desagrada que el cacique les marque la agenda con sus reclamos por la ley de medicina prepaga o con la discusión por la participación de los obreros en las ganancias de las empresas. El gobierno tenía preparadas iniciativas en ambas cuestiones, pero las demoró porque no quería aparecer cediendo ante las presiones públicas de don Hugo. Hay funcionarios que sospechan que en realidad Moyano presiona por aquí para conseguir “protección judicial” por allá. Y eso de la protección judicial lo dicen con rostro pétreo, dando por entendido y sabido que los jueces pueden ser permeables a los llamados desde la Casa Rosada. En realidad no es nada nuevo, hubo un funcionario del gobierno de Carlos Menem que se ufanaba de controlar a los jueces del fuero federal, y escribió sus nombres en una servilleta, momento a partir del cual Sus Señorías quedaron inmortalizados como los “jueces de la servilleta”.Tampoco ha caído simpático en el gobierno el deseo de Moyano de que “un trabajador” (es decir, él mismo) sea compañero de fórmula de CFK en las próximas presidenciales.
En cuanto a los segundos, sus compañeros de ruta, a algunos de ellos les molesta su rutilante figuración: “los actos de Moyano tienen un tufillo a culto de la personalidad”, ha dicho el titular del sindicato de los Organismos de Control; a otros –más pragmáticos- esta cuestión les resbala, pero critican por lo bajo que el camionero consiga para su obra social con sorprendente rapidez y facilidad los reintegros por tratamientos costosos (varios millones al mes) que otorga la Administración de Programas Especiales.
Este asunto de las obras sociales en relación con los delitos de falsificación de medicamentos y troqueles que están bajo investigación judicial, y por los que ya está detrás de las rejas el bancario Juan José Zanola, es al propio Moyano al que no le cae simpático, porque no está lejano el día que un fiscal solicite que sea llamado para una declaración indagatoria. Esta medida judicial implica un grado importante de sospecha sobre la culpabilidad del que es llamado a declarar. El otro frente de batalla en los estrados don Hugo lo tiene con el affaire Covelia, una empresa con la que se lo vincula, que es investigada por la justicia Suiza por lavado de dinero. Covelia, dedicada a la recolección de basura, viene cerrando abultadísimos contratos con varios intendentes del conurbano bonaerense. Se dice en los mentideros políticos que cuando un intendente se muestra remiso para firmar uno de esos contratos recibe una amable llamada del capo de la CGT. Como si esto no fuera poco, damas y caballeros, el presidente de Covelia acaba de admitir que su empresa recibe un subsidio mensual de dos millones de pesos por parte del gobierno nacional.
Quizá consciente de que este costado negro del camionero le hace un flaco favor a la hora de conquistar al electorado clasemediero, la presidenta mantiene con él una prudente distancia. Por ejemplo, no fue al acto del 29 de abril, aunque mandó a sus ministros y envió una carta. Como respuesta, en escenario del acto no hubo ni una miserable banderita con el nombre de Cristina Fernández. En cambio fue posible ver desde muy lejos una gigantografía de Néstor Kirchner, a la sazón reciclado a partir de su muerte como el nuevo mártir del peronismo, en un proceso similar al de Eva Perón. Esta mitificación de los líderes desparecidos siempre es útil para cohesionar políticamente a la propia tropa detrás de una figura que, estando muerta, adquiere dimensiones imaginarias gigantescas.
La presidenta también ha reconvenido públicamente a Moyano por sus aparentemente desmedidos reclamos de aumentos salariales. Cristina Fernández no quiere líos en los sindicatos y que “la conflictividad arruine el modelo”, por eso les pidió a los líderes gremiales su colaboración para seguir “sosteniendo el proyecto” (léase seguir sosteniéndola a ella). En suma, Fernández busca un equilibrio entre precios y salarios que siempre fue precario e inestable y que siempre, siempre, pero siempre, se inclinó a favor de los primeros.
MI SECRETARIO GENERAL, CUÁNTO VALÉS
El fenómeno Moyano incluye, entre otros asuntos, su capacidad para inflar su sindicato camionero robándoles afiliados a otros sindicatos, su obra social pletórica de recursos, camioneros chochos por sus sueldos elevados como nunca -conseguidos por don Hugo a fuerza de presionar y presionar a los empresarios del transporte de cargas-, turismo y vacaciones de primera para la familia camionera y un programa de televisión propio. Ahora pretende incorporar a su colección de joyas el club Comunicaciones, para completar el amplio espectro de beneficios de los que gozan los muchachos del camión. Esta felicidad ilimitada no se reproduce en los otros sindicatos y en general en las capas inferiores de la pirámide social: los frecuentes episodios de violencia relacionados con el servicio ferroviario, particularmente la ex línea Sarmiento, son una muestra de ello. Porque más allá de las estúpidas y consabidas excusas oficiales basadas en supuestas conspiraciones de “activistas” nunca identificados, lo cierto es que miles de argentinos viajan a diario en pésimas condiciones hacia trabajos mal pagos y/o en negro, provenientes de los barrios más paupérrimos del Gran Buenos Aires en los que viven tan mal como viajan. Es el famoso país que muchos, dentro y fuera de los gobiernos nacional y municipales, no quieren ver, pero existe. Y los habitantes de ese país a veces reaccionan con violencia contra esa otra violencia que es “el modelo” o “el proyecto”.
El 29 de abril, muy cerca del acto en la avenida la 9 de julio, mientras Moyano discurseaba exultante, otro grupo de argentinos de ese otro país reclamaban por sus derechos. La comunidad La Primavera, de la etnia Qom, venía requiriendo una audiencia con las autoridades nacionales desde noviembre de 2010. Habían armado un campamento en una plazoleta, y luego, hastiados, decidieron cortar la avenida. Es que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, les arrebató 1.500 hectáreas de su tierra y durante el drástico desalojo la policía formoseña mató a un integrante de la comunidad. Dijo la CORREPI: “La negativa a escucharlos -ni siquiera a resolver sus demandas- es la prueba más evidente de la verdadera concepción que el gobierno posee de los derechos humanos: autoproclamarse su reivindicador, al tiempo que los niega; mentir proclamando la ‘no represión de la protesta’ mientras manda policías y gendarmes armados allí dónde se instala”. Finalmente, luego de casi seis meses de protesta, fueron recibidos por el ministro del Interior. La solución ofrecida fue, según la agencia oficial TELAM, la conformación de una comisión “que trabajará en la problemática de las tierras de los pueblos originarios”. Si las tierras son de los pueblos originarios, ¿por qué hay que crear una comisión? El general Perón decía que cuando no se quiere avanzar con algo –una medida, un proyecto- lo mejor es crear una comisión.
Aclaración: en su discurso en el acto Moyano no mencionó a los Qom, pese a que podía ver su campamento desde el palco.
VARIOS PAÍSES LATINOAMERICANOS DISCUTEN LA SANCIÓN DE NUEVAS LEYES PARA REGULAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La sanción en Argentina de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es un fenómeno aislado: varios países de Latinoamérica están elaborando leyes para regular a los medios de comunicación. Es saludable que, por fin, en Latinoamérica se discuta el rol de los medios y se avance en su desmonopolización. Aunque más interesante aún sería que además se promueva una verdadera comunicación alternativa, que como tal tenga la libertad de criticar a los gobiernos.
Por Hernán L. Giardini
En Argentina, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue sancionada en octubre de 2009 y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la última dictadura militar.
El proyecto de ley fue debatido por un año en 24 foros que se desarrollaron en distintos puntos del país, y se basó en 21 puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004.
La Ley establece que el otorgamiento de las licencias será de un tercio para las empresas comerciales-privadas, otro tercio para medios estatales, y el último para estamentos sociales sin fines de lucro (universidades, ONG, iglesias, mutuales, organizaciones sociales). Además, una persona física o jurídica sólo podrá tener 10 licencias de servicios de radios y TV (se permitían 24) y no se podrá ser titular de una licencia de TV abierta y por cable al mismo tiempo. En ese sentido, los grupos que tengan más medios que los permitidos tendrán un año para optar con cuáles señales se quedarán.
Pero, afortunadamente, la necesidad de contar con nuevas reglas para el funcionamiento de los medios de comunicación no es patrimonio exclusivo de Argentina.
Bolivia sancionó a fines de 2009 una nueva Ley de Medios que establece que "el medio de comunicación que autorice y publique ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación” y que "cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno".
En Venezuela se está elaborando la Ley de Medios Alternativos y Comunitarios. La norma, que apunta hacia la democratización de la comunicación, consta de 27 artículos entre el que destaca otorgamiento del 33,3 % del espectro radioeléctrico a los medios comunitarios y alternativos.
En Ecuador, el Poder Ejecutivo pretende reformar la Constitución para prohibir que exista vinculación entre las empresas del sistema financiero y las empresas de comunicación y se está elaborando una nueva Ley de Medios que incluiría un Consejo de Regulación de los Contenidos en los medios que contengan mensajes violentos y discriminatorios.
En Brasil, donde tan sólo 10 familias controlan a los medios masivos de comunicación, Dilma Roussef prometió durante la campaña presidencial que de ganar iba a fijar un nuevo marco regulatorio de las comunicaciones. En ese sentido, el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo, aseguró que la presidenta planea enviar este año al Congreso una nueva ley para regular los medios audiovisuales. El proyecto de ley, todavía está en discusión y en un periodo de consultas, buscará evitar la concentración en la propiedad de las radios y televisoras, prohibiendo la “propiedad cruzada” de los medios: que un grupo mediático tenga licencias de radio, televisión y prensa escrita.
En Uruguay, desde el año pasado la Dirección Nacional de Telecomunicaciones abrió los espacios para recibir aportes para la futura Ley de Medios, que busca "elaborar una nueva Ley de Radiodifusión con los objetivos de garantizar la libertad de expresión y la diversidad de medios, promover la competencia y fortalecer la industria audiovisual nacional". El texto será presentado en un foro público y luego enviado al Parlamento.
Es saludable que, por fin, en Latinoamérica se discuta el rol de los medios y avance en su desmonopolización. Aunque más interesante aún sería que además se promueva una verdadera comunicación alternativa, que como tal tenga la libertad de criticar a los gobiernos.
La autora de esta nota denuncia el intempestivo levantamiento del programa en el que participaba en Radio Cooperativa. Al parecer, la dirección de la radio no estaba conforme con la línea crítica hacia el gobierno que sostenía el programa. Por tal razón habría decidido no renovarle el contrato. El caso llegó hasta la Cámara de Diputados, donde los legisladores kirchneristas consideraron que no existió censura. El espacio que quedó vacante le fue cedido a un programa producido por la agrupación oficialista “La Cámpora”.
Por Belén Urquiza
El martes 23 de marzo de 2011, el programa Ahora es nuestra la ciudad, emitido por AM 770 Radio Cooperativa, fue levantado una hora antes de salir al aire. El dueño de la radio, Adrián Amodio, impidió el ingreso de quien escribe y del resto del equipo al estudio, sin aviso previo. Minutos después, cuando exigíamos una explicación nos “invito” a retirarnos a la calle.
¿Cuál fue el problema para que nos sacaran del aire de un día para el otro? El contenido del programa. El día anterior Luís Gasulla, conductor del programa, había realizado una editorial sobre el manejo de los medios por parte del gobierno. Amodio en varias oportunidades ya había intentado digitar el contenido y sobre todo el enfoque de las notas. En realidad de lo que se trataba era que las notas críticas sobre el kirchnerismo se dejaran de lado.
Radio Cooperativa comenzó su “escalera a la fama” a través de los programas adictos al gobierno financiados por la pauta oficial discrecional y hoy es un ejemplo más de un medio de comunicación paraestatal.
El argumento de Amodio para no renovar contrato en abril fue aumentar un 800% el espacio de la radio. Una suma dineraria que, para un programa con escasa publicidad comercial y sin pauta oficial se hace imposible de pagar, pero que sirvió de excusa para levantar un programa del aire que incomodaba. Ahora el problema surge cuando Amodio decide levantarlo de un día para el otro, sin hacerlo saber a nadie.
Este episodio lleva a reflexionar sobre un discurso gubernamental que procura libertad de expresión, pluralidad de voces y democratización de medios mediante la ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero el manejo que de la pauta oficial y del canal estatal realiza el gobierno da cuenta de lo contrario. Al parecer, lo que se quiere es contar con un ejército de medios oficialistas que salgan a batallar contra aquellos medios que no los son. Pero a cambio de que esos medios se vuelvan pura propaganda política o militantes, como se dice por estos días. El programa Ahora es nuestra la ciudad fue reemplazado por el que venía a continuación a cargo de la agrupación La Cámpora sumando dos horas y media de aire. Y en el medio los oyentes.
Frente a estos hechos y pese a la poca repercusión en los medios, el caso fue tratado en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Los diputados del Frente Para la Victoria, a excepción de Diana Conti, no aceptaron firmar el repudio porque para ellos no constituyó un caso de censura. El hecho de que ese último mes, Marzo, no se había firmado el contrato, pero si se había acordado de palabra, alcanzó para que alegaran que el dueño estaba en todo su derecho de echarnos a la calle cuando quisiera. Una argucia legalista que no quita las maniobras realizadas para intentar acallar a periodistas que lo que intentan es, justamente, hacer periodismo y no propaganda política disfrazada de periodismo. Ni las intimidaciones y aprietes por el contenido desde hacía meses, ni el hecho de que ni pudiéramos siquiera despedirnos de los oyentes alcanzaron para demostrar que fuimos victimas de la censura. O ¿acaso es parte de libertad de expresión que un programa que debía terminar el 31 de marzo despareciera del aire de Radio Cooperativa, una semana antes y de un día para otro, sin aviso siquiera a sus propios conductores? Sin duda que no. Ese mismo día se trataba el caso de Marcelo Almada, el periodista misionero censurado por Cablevisión. A Almada también intentaron controlarle el contenido del programa, se negó y le cancelaron el contrato. Mientras que su caso fue considerado unánimemente como un hecho de censura, el de Ahora es nuestra la ciudad no lo fue.
Pero el problema de fondo no es, solamente, dar muestras del doble discurso del kirchnerismo, en este caso, en materia de medios de comunicación. El gobierno no hace lo que dice. Amodio y su radio financiada por la pauta oficial dan cuenta de ello y solo hace falta sintonizar el dial para comprobarlo. Lo que se pasa por alto es que corresponde al Estado garantizar esa pluralidad de voces, la libertad de expresión y finalmente una verdadera democratización de los medios, porque es él quien posee las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, la responsabilidad de que se cumpla o no una verdadera política de comunicación democrática, es enteramente de quienes se encuentran al mando del Estado. Son los gobiernos quienes pueden cambiar las reglas del juego, pero lo que falta es la convicción de querer cambiar en beneficio de toda la sociedad y no de unos pocos.
ESTADOS UNIDOS: OBAMA ANUNCIÓ EL ASESINATO DE OSAMA BIN LADEN
Un 1º de mayo, el presidente de Estados Unidos se dirigió al país y anunció una victoria militar. El 1º de mayo del año 2003, el Presidente George W. Bush vestido con un ajustado traje de piloto de guerra ingresó con aire resuelto a la cubierta del portaaviones USS Lincoln. Bajo una pancarta que decía “Misión Cumplida” Bush declaró: “Compatriotas estadounidenses, las principales operaciones de combate en Irak han finalizado. En la guerra de Irak, Estados Unidos y nuestros aliados hemos triunfado”. Eso sucedió ocho años antes del día en que el Presidente Barak Obama, sin traje de piloto y sin paso decidido y arrogante, diera el sorpresivo anuncio de que Osama Bin Laden había sido asesinado durante una misión militar estadounidense (en un barrio residencial de una ciudad de Pakistán, no de Afganistán, cabe remarcar).
Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)
“Esta noche puedo informar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos llevó a cabo una operación que dio muerte a Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda y terrorista responsable del asesinato de miles de hombres, mujeres y niños inocentes”, afirmó Obama.
La guerra de Estados Unidos en Afganistán se ha transformado en la más larga en la historia de Estados Unidos. Los noticieros informan sumariamente que “El Talibán dio inicio a su ofensiva de primavera” como si fuera el lanzamiento de la línea de primavera de una marca de ropa. El hecho es que esta primavera viene dando señales de que va a ser la más violenta de la guerra, o como me dijo el valiente periodista Anand Gopal desde Kabul el martes: “Cada año fue más violento que el año anterior, por lo que sólo se trata de la continuación de esa tendencia. Sospecho que lo mismo se podrá decir del próximo verano. Muy probablemente sea el verano más violento desde 2001.”
Regresemos a aquel fatídico año. Poco después de los ataques del 11 de septiembre, el Congreso aprobó dar autorización al Presidente Bush para iniciar la guerra. La resolución fue aprobada en el Senado con 98 votos a favor y ninguno en contra, luego fue aprobada en la cámara baja con 420 votos a favor y 1 en contra. Ese único voto contra la invasión a Afganistán fue emitido por la congresista de California, Bárbara Lee. El discurso de oposición a la Resolución Conjunta del Congreso N° 64 que dio en la cámara aquel 14 de septiembre debería ser de lectura obligatoria:
“Me pongo de pie hoy con el corazón apesadumbrado, lleno de tristeza por las familias y los seres queridos que fueron asesinados y heridos en Nueva York, Virginia y Pennsylvania. Solo los más tontos o los más despiadados no comprenderían el dolor que ha paralizado al pueblo estadounidense y a millones de personas en todo el mundo. El 11 de septiembre cambió al mundo. Ahora nos acechan nuestros miedos más profundos. Sin embargo, estoy convencida de que la acción militar no evitará otros actos de terrorismo internacional contra Estados Unidos. Esta resolución será aprobada aunque sabemos que el presidente puede declarar una guerra incluso sin ella. Sin embargo, por más difícil que sea esta votación, algunos de nosotros debemos exhortar a la moderación. Nuestro país está de luto. Algunos de nosotros debemos decir: retrocedamos un momento, hagamos una pausa, tan sólo por un minuto, y pensemos bien en las repercusiones de nuestras acciones de hoy, para que esto no se salga de control. Dudé muchísimo acerca de esta votación, pero hoy logré hacerle frente con sensatez. Durante el profundamente doloroso y aún así muy bello servicio en memoria de las víctimas comprendí que debía oponerme a esta resolución. Como dijo muy elocuentemente un miembro del clero: ‘En nuestras acciones, no permitas que nos convirtamos en el mal que deploramos.’”
Diez años después de su valiente discurso, la Congresista Lee, cuya postura contraria a la guerra se está convirtiendo cada vez más en la norma, pretende la revocación de esa resolución de guerra.
“Esa resolución fue un cheque en blanco, Amy. Al leer la resolución se observa que no estaba orientada a Al Qaeda ni a país alguno. Decía que el presidente está autorizado a usar la fuerza contra cualquier país, organización o individuo que considere responsable o vinculado a los ataques del 11/9. Era un cheque en blanco que autorizaba a usar la fuerza. No era una declaración de guerra, y sin embargo desde ese momento hemos llevado adelante la guerra más larga de la historia estadounidense hasta el momento, diez años, y aún no hay definido un plazo para su finalización.”
La Congresista Lee reconoce que Obama “se comprometió a comenzar una retirada significativa de tropas en julio”. Pero, ¿qué significado tiene la retirada de soldados en una guerra cuando permanecen en el terreno una gran cantidad de contratistas militares? En este preciso momento, los cien mil contratistas (a quienes muchos llaman “mercenarios”) superan en número a los soldados estadounidenses desplegados en Afganistán.
Gopal afirma que: “Estados Unidos es en realidad una fuerza fundamental de inestabilidad en Afganistán. Esto se da en dos sentidos. Estados Unidos y sus aliados se alían con actores locales como caudillos, comandantes y funcionarios del gobierno que se han convertido en una verdadera pesadilla para los afganos, en especial en el campo. Por otra parte están las acciones militares, redadas nocturnas, irrupciones en los hogares de la población, ataques aéreos, de eso se trata la vida cotidiana bajo la ocupación.”
El realizador de cine Robert Greenwald se asoció a veteranos del Ejército contrarios a la guerra para producir el documental “Repensar Afganistán”, una serie de varias películas sobre la guerra que se encuentra disponible en rethinkafghanistan.com. En respuesta a la muerte de Bin Laden, lanzaron una nueva petición para presionar al gobierno a que traiga de regreso a los soldados. Lee apoya esta petición: “No exagero al afirmar lo importante que es para nuestra democracia. Todas las encuestas demuestran que actualmente más de un 65 o 70 por ciento de la población está cansada de la guerra y entiende que es necesario poner a nuestros jóvenes hombres y mujeres, fuera de peligro. Se han comportado valientemente y bien. Han hecho todo lo que les hemos pedido. Ya es tiempo de traerlos de regreso a casa.”
El aspérrimo ambiente político que se vive en México descubre dos cosas: una, que las protestas callejeras demandando justicia son el reflejo de la impotencia ciudadana frente a la abrumadora ineptitud de los tres órdenes de gobierno para actuar con legalidad y legitimidad; y, dos, que la élite que detenta el poder acumula errores constantes en medio de convulsiones epilépticas partidistas que infunden espanto al capital productivo, en tanto que alientan, de diversas maneras, la elusión y la evasión fiscal; el lavado de dinero proveniente de la criminalidad lucrativa y de los “capitales golondrinos”; la totalidad de los enriquecimientos ilícitos desde los cargos públicos, así como la eversión constante de las instituciones republicanas a causa de las contradicciones entre el estilo personal de gobernar, la falta de poder de compra de nuestra moneda y el bajísimo ingreso per cápita de los trabajadores.
Por Manuel Leví Peza (desde México)
Por supuesto, la mayor amenaza fundamental que se reconoce, es el carácter supranacional del narcotráfico que extiende su poder económico corruptor a todos los mercados y que puede involucrarse en la “Balkanización electorera” que se puso de moda desde el 2006 con la triada de habladores insustanciales: Fox-Calderón-López Obrador y que posiblemente continuará en 2012, aunque esperemos que no avance, para que no modifique las energías de los electores que, candorosamente, todavía creen en el desarrollo de la democracia sustentable en nuestro país, por encima, o a pesar, de la barbarie que viene de los partidos; de la confusión, venalidad y corrupción de los mercenarios que compran candidaturas y de los que manejan pequeñas huestes de pedigüeños para intercambiar sus votos por “espejitos” a favor de quienes se les indique. Todo esto, gracias a la miniaturización del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La tremenda violencia criminal ha traído grandes beneficios y utilidades a los capos de la droga. En cambio, el gobierno de Calderón, en su guerra contra ellos, ha tenido enormes costos políticos e incalculables desastres sociales, de los cuales se derivan otros balances negativos que no pueden ser revertidos con la inteligencia y prontitud deseables ni tampoco medir en sus efectos colaterales, pero que están allí en espera de que pase el período de tutelaje de la actual administración para que en el nuevo gobierno se hagan las ponderaciones de las deficiencias y fracasos, en términos creativos, con el objeto de ordenar las políticas de Estado que hacen falta para que las regiones más atrasadas del país, reciban la ayuda política, social y económica que demandan con desesperada urgencia a fin de reactivar sus talentos en el mejor uso de sus recursos naturales.
Desgraciadamente, en este juego de beneficios remotos a regiones olvidadas, es inevitable reconocer que los discursos de los políticos parecen proclamaciones funerarias y que las alianzas entre partidos, al igual que las fusiones de monopolios, son una gelatinosa mezcla de intereses personales incompatibles con el futuro de México.
De esa sensación de levedad; de ausencia de proyecto de nación; de crisis republicana; de injusticia social; de dependencia económica; de precariedad alimentaria y, de descomposición moral y política, nace el desencanto ciudadano por los escamoteos democráticos y el hartazgo de la población debido a la desarticulada guerra contra el crimen organizado.
Por eso, es obvio, que al mirar la escena de nuestro tiempo digamos que la política va de mal en peor y que para crear el país que queremos, sobran los apóstoles del pasado que pretenden ser los profetas del futuro.
Casa de Gobierno. Mediodía del 27 de abril. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros. A 700 metros de allí, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. No solicitan dádivas. Exigen que se cumpla la ley (artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal). Y piden justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde la policía provincial (en complicidad con Gendarmería Nacional) hirió a ancianos, mujeres y hombres. Y asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.
Por Darío Aranda
Extranjerización
Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un millón de hectáreas. ¿Será mejor que las adquiera el bonaerense Gustavo Grobocopatel? El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hectáreas. ¿Será preferible que queden en manos del salteño Alfredo Olmedo?
No existen datos siquiera aproximados sobre extranjerización de tierras en el país. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales (otorgaría 180 días). Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.
Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público. Igual los diarios lo citan como verdad revelada.
La extranjerización sólo tiene, por ahora, casos emblemáticos: Benetton, Tompkins, Joseph Lewis y Ted Turner.
Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos (campesinos e indígenas) tienen muy poco.
Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra. Es una reforma agraria, pero al revés.
Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 había en el país 422.000 chacras. Que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).
Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (INDEC mediante) no hay datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del INDEC. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
“Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay modelos a mirar, como Brasil”, había anticipado la Presidenta el 1 de marzo al inaugurar la sesiones del Congreso.
El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.
Sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, el 27 de abril hubo cadena nacional para presentar el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los “agricultores familiares”.
Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.
El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el “fondo inversor” Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. “Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se le impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos”, denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.
En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).
Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por un organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del Norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).
“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe.
El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.
A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.
125
La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.“Se trata de un modelo basado en la extrema ‘sojización’, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado “Del paro agrario a las elecciones de 2009”.
En el apartado “El conflicto agrario, características y proyecciones”, los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.
Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge,, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).
Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.
“Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo’ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos parte en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.
No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy claro con su rechazo a la megaminería, pero (como el resto de la oposición) asistió y sonrió a gusto en la última Expoagro, el gran evento del sector.
Estado cómplice
La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones”.
Denuncia que todos los conflictos son “disimétricos”. Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, “donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder”. Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.
“Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal
El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra “Eli” Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familiar. El 23 de noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.
La criminalización también aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia que, sólo en Neuquén, existen 40 causas penales contra el Pueblo Mapuche, 200 imputados acusados del crimen de defender el territorio donde viven desde hace generaciones.
La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por “compatriotas”, y con total colaboración de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, también todos argentinos.
País serio
“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.
Pueblos originarios y campesinos cuenta con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. La Redaf precisa en su relevamiento que en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra.
Aviso
Cientos de indígenas de todo el país marcharon en mayo de 2010 durante diez días. Por primera vez en 200 años un masiva marcha indígena llegó hasta Plaza de Mayo y se entrevistó con el Ejecutivo Nacional.
Una veintena de dirigentes indígenas se vio con la Presidenta. Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero), la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático posible.
Los dirigentes indígenas, muchos con gran afinidad al Gobierno Nacional, experimentaron una mezcla de sorpresa y decepción. Se preguntaban si la Presidenta no había entendido el reclamo indígena o tenía una decisión tomada.
Respetados compañeros que apoyan al actual gobierno no se cansan de buscar explicación, y suelen terminar la discusión con un argumento: “Son las contradicciones del modelo”.
Lo sucedido con la comunidad La Primavera señala que no se trata de contradicciones. Son decisiones con costos humanos reales. El geométrico avance de la minería a gran escala es un ejemplo. Aunque quizá el más evidente es el “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016”, proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas, ampliará aún más la frontera agropecuaria y multiplicar las consecuencias ambientales y sociales.
La decisión del Gobierno Nacional es avanzar sobre tierras campesinas e indígenas.
Decisiones
A cinco meses de la represión del Pueblo Qom de Formosa ya no hay espacio para negar la complicidad del Gobierno Nacional con el gobernador Gildo Insfrán.
A pesar de la sistemática violación de derechos humanos, Cristina Fernández de Kirchner mantiene una alianza inquebrantable con Insfrán. Se evidencia en la acción del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el único espacio estatal que brindaba asistencia a la comunidad La Primavera. Fernández limitó la acción del presidente del INADI, Claudio Morgado (el trabajo sucio quedó a cargo de la vicepresidenta a María Rachid).
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente de Alicia Kirchner, actúa en consonancia con Insfrán. A pesar de contar con valiosos cuadros técnicos, nada pueden esperar las comunidades en lucha de un organismo que sólo funciona como valla de contención de los reclamos originarios.
Pero la más clara, y triste, evidencia es el silencio de la Presidenta. Nunca se refirió al tema en público, nunca recibió a la familia de Roberto López. Ni siquiera el prolongado acampe en avenida 9 de Julio ni la huelga de hambre han provocado un gesto presidencial.
“El genocidio actual de los pueblos indígenas ya no es más con armas. Se produce invisibilizado, omitiendo, dejando que se mueran, es un genocidio por omisión”, afirmó en 2008 el ministro de Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni.
Unidos contra los Qom
Lluvioso. Sábado 30 de abril. La muerte de Ernesto Sábato marca la agenda mediática. El 1 de mayo no hay diarios. Las guardias periodísticas están al mínimo.
La Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires expidió a primera hora una orden para liberar el corte en la avenida 9 de Julio. En un hecho con pocos antecedentes, el Ministerio de Seguridad de la Nación de inmediato dio luz verde para que la Policía Federal se haga presente en el lugar. Más de cien efectivos se apostaron para liberar el tránsito, frente a indígenas que comenzaban su sexto día de huelga de hambre.
No hubo acuerdo ni se levantó el reclamo ni la huelga de hambre. Sólo primó el sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisión instó al Gobierno a que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los qom “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.
Cuatro días después, el Gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio.
La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores más cercanos que “no hay orden (de Presidencia) para negociar” con los Qom. “Si no liberan la 9 de Julio, serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones”, afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra y ex fiscal, de destaca labor para investigar el asesinato de Mariano Ferreyra.
“Distinta vara” suelen llamar algunos periodistas. El gobierno nacional recibió a la familia de Mariano Ferreyra y utilizó toda su estructura para buscar justicia. Ya están presos los presuntos actores materiales e intelectuales del asesinato.
A la familia del qom Roberto López nunca la recibió. En la escandalosa causa judicial por la represión de Formosa hay una veintena de procesados: todos de la comunidad qom La Primavera. Ningún policía, ningún gendarme, ningún funcionario del gobierno de Formosa.
Gildo Insfrán es gobernador desde 1995. Y ya se postula para un quinto mandato. Fue menemista, duhaldista y, desde 2003, férreo defensor del modelo kirchnerista.
El cómodo oficio de ocultar
“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa: el resto es propaganda”. Es una de las tantas definiciones que circulan entre estudiantes de periodismo. Se la adjudican a media decena de periodistas, pero la mayoría de las veces citan como autor a Horacio Verbitsky.
La represión al Pueblo Qom dejó en evidencia al periodismo de los grandes medios de comunicación.
Los canales de televisión, radios y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno enfocaron la represión como un enfrentamiento, adaptación moderna de la teoría de los dos demonios. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese era el límite. En estos cinco meses, rara vez (muy pocas) estos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.
En contraposición, los medios que claramente actúan como partidos de oposición (sobre todo luego de la 125 y Ley de Medios) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Pero nunca citaron el fondo de la represión: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, desalojos y obliga también al corrimiento de la frontera ganadera. No apuntan este motivo porque esos medios de comunicación son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.
El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.
El “periodismo militante” de la agencia de noticias Télam es un caso testigo del periodismo actual. Télam censuró el domingo 17 un artículo sobre desalojos campesinos de un experimentado colega. Sólo fue publicado, el lunes 18, luego de que el colega pateara puertas, discutiera y exigiera se le respetara su trabajo y trayectoria.
El miércoles 27 de abril, luego de innumerables trabas para ejercer su trabajo cotidiano, la periodista especializada en pueblos originarios anunció que dejaba de escribir sobre la temática hasta nuevo aviso. Desde 2001 se dedicó a conocer, visitar y escuchar a comunidades indígenas. Una década de visitar el territorio y dar testimonio sobre la realidad indígena de Argentina. No explicó por qué tomó esa decisión dolorosa (para ella y las comunidades), pero todo aquel que recibe los despachos de Télam puede imaginar por qué.
El 19 de abril a las 20.48 la agencia Télam despachó el cable titulado “Insfrán participó de encuentro multiétnico e inauguró obras”. Dio cuenta de que 6.000 aborígenes lo aclamaron y, como muestra de ese afecto, aportó supuestos dichos de indígenas: “Hemos mejorado mucho en todos estos años, y eso se debe a la sensibilidad de un gobierno popular que supo interpretar las necesidades de los pueblos originarios”.
El último párrafo no deja dudas. “(Los indígenas consideraron que) Ha sido precisamente el gobierno justicialista de la nación y de la provincia quienes nos han reivindicado plenamente en nuestros derechos”.
Los periodistas tenemos el derecho de no firmar los artículos que nos solicitan escribir pero con los que no estamos de acuerdo, ya sea por línea editorial, edición o, también, porque la información no es verdad.
El cable de Télam no fue firmado por el redactor.
“Una cosa es resolver de dónde sacamos el dinero para pagar las expensas y otra es hacer periodismo. Creo que no debemos confundir una con otra. En esta profesión dar la espalda a la realidad tienen un precio. No darla, también”, dice un viejo texto de la cooperativa periodística La Vaca, donde también se arriesga una definición. “Decir lo que hay que decir y contar lo que hay que contar: eso es lo que tienen que hacer un periodista donde pueda”.
Y deja, por un momento, en segundo plano el rol de las empresas periodísticas. “¿Vamos a seguir alegando obediencia debida para seguir contando lo que no pasa y ocultando lo que pasa? (…) Dejemos de sostener, a precios cada vez más bajos, esos trabajos basura, porque corremos el riesgo de convertirnos en basura también nosotros.”
El juego a la derecha
Muchas críticas al Gobierno Nacional se retrucan con, palabras más o menos, “le hacés el juego a la derecha”.
La represión al Pueblo Qom fue un quiebre personal. La impotencia de no poder escribir donde siempre se descargó en un texto de opinión que circuló entre amigos y compañeros. Como nunca antes hubo respuestas que acusaban de ser “funcional a la derecha”. (1)
A cinco meses de aquel texto, y visto el accionar del Gobierno, quienes le hace el juego a la derecha son quienes silencian represiones y son cómplices, por acción u omisión, de asesinatos.
No hay acción de Gobierno (por justa y revolucionaria que sea –y este Gobierno ha tomada varias) que pueda compensar la complicidad ante el derramamiento de sangre del campo popular.
“No se puede hablar de derechos humanos y apoyar a un gobernador que reprime y mata hermanos indígenas”, advirtió Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en marzo último en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
Eduardo Galeano visitó el acampe Qom. Y fue menos diplomático: “(Los indígenas) tienen voz, pero son los no-escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder”.
Derechos Humanos
Secuestro de personas. Robo de bebés. Torturas. Campos de concentración. Desaparecidos.
Los pueblos indígenas de Argentina sufrieron exactamente lo mismo que las víctimas de nazismo y que los víctimas de la última dictadura militar.
Pero su genocidio aún es negado.
“Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares a fines del siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador e investigador Walter Delrío, co-director de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina.
La Red de Estudios afirma que aún hoy peso sobre los pueblos originarios de Argentina un proceso con prácticas genocidas. Ayer fueron las balas, esclavitud y asesinatos. Hoy es la avanzada territorial sobre las comunidades, desalojos, represión, privación de formas de subsistencia, hambre, discriminación y olvido.
A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, pasará a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria del nunca más.
A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre, y se mantienen monumentos que se asemejan al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.
En 1994 se sancionó la Ley 24.411, que establece que el Estado deberá pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por el terrorismo de Estado padecido. Ningún tipo de indemnización o reparación se planteó jamás para las víctimas del genocidio indígena.
En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negado por un sector de intelectuales, políticos, comunicadores y referentes de opinión.
Las víctimas del genocidio indígena no fueron (ni son) sectores urbanos, ni clase media.
La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas. Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.
Para los pueblos originarios no hubo un “nunca más”.
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