PROSTITUCIÓN: EXPLOTACIÓN DE CLASE Y DE GÉNERO, NEGOCIOS TURBIOS Y CONTROL SOCIAL (SEGUNDA PARTE)
Cada tanto los medios de la ciudad de Buenos Aires agitan el tema de la prostitución a través de notas sensacionalistas que procuran escandalizar a sus públicos y llamar la atención de las autoridades civiles y policiales. Eso sí: lo que preocupa a periodistas políticamente correctos, a probos funcionarios, a honestos policías y a numerosos vecinos de moral insospechada, no es la mera existencia de prostituyentes y prostitutas sino que éstas oferten su cuerpo en espacios públicos. En otras palabras, no les interesa que haya tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas; lo que horroriza a estos nobles ciudadanos es que la prostitución esté a la vista. Por lo tanto entienden que se la puede ejercer, pero en ámbitos ocultos. Esta doble moral hipócrita y burguesa es la responsable de que la prostitución haya servido, desde siempre, para engrosar la caja negra policial.
Por Marcelo R. Pereyra
MALDITOS EDICTOS
La Ordenanza 5.953 dispuso en 1934 la clausura de los prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia de ello muchas prostitutas pasaron a trabajar en lupanares ubicados en los extramuros de la ciudad, por ejemplo en la isla Maciel y en Avellaneda. Otras prefirieron ofrecerse en las calles porteñas. Esta últimas cayeron bajo el control de la Federal, la que en razón de los draconianos Edictos Policiales había tomado el control del espacio público. Las prostitutas podían ejercer tranquilamente si en forma previa habían pagado el correspondiente diezmo policial.
No fue casual que el autoritarismo nacionalista, responsable del golpe del 6 de septiembre de 1930, haya sido el que legitimó los Edictos Policiales, pues el uriburismo –la oligarquía ganadera y financiera- entendía que había que poner “orden” en el país y en su ciudad capital. Se veía con espanto el ascenso de una poderosa clase media, hija del proceso migratorio, que había encontrado una porción de poder político con Hipólito Hirigoyen y amenazaba con minar la histórica hegemonía oligárquica. Para las clases altas los de abajo eran también una molestia cultural y social. Buenos Aires se había llenado de tanos, gallegos y “rusos” (judíos); gente “sin educación ni modales”, multitudes de laburantes que vociferaban en las ferias y mercados, que se apiñaban en los conventillos y que pululaban por sus calles día y noche mezcladas con crotos, marineros, escruchantes, rufianes, pungas y prostitutas. En suma, una desangelada chusma a la cual era necesario controlar sin miramientos ni demasiados requisitos legales.
Con los Edictos la Policía Federal podía detener por vagancia, averiguación de antecedentes, actitud sospechosa, falta de documentos, ebriedad, escándalo, y otros ilegalismos. En la práctica los Edictos no eran un mecanismo para sancionar faltas, sino un sistema de control social porque la policía podía encarcelar a un gran número de personas sin supervisión judicial. Por otra parte, las cifras de personas detenidas le servían a la agencia policial para “hacer estadística”, es decir, para generar la impresión de eficacia prevencional y, de paso, como fundamento para reclamar más presupuesto.
Los Edictos Policiales, y otros reglamentos de contravenciones, tuvieron su fundamento ideológico en el anteproyecto de código pergeñado en 1898. Aquel digesto coercitivo contenía distintas figuras –que incluían tanto conductas como tipos de personas– cuya existencia en la ciudad debía ser reprimida y/o corregida. Los reglamentos y códigos contravencionales posteriores poco variaron las características de estas figuras –que custodiaban las “buenas costumbres”, el “orden público” y la “seguridad personal”. Más bien las ampliaron, las desagregaron y sin derogar las decimonónicas, adaptaron otras a tiempos más actuales.
MALDITO CÓDIGO
Para mediados de la década de los ‘90 en las calles de Buenos Aires se hicieron cada vez más visibles de las consecuencias de las políticas neoliberales: niños mendigos, cartoneros, limpiavidrios, cuidacoches, vendedores ambulantes, personas sin techo y marchas piqueteras. En forma paralela aumentaron significativamente los delitos contra la propiedad. Rápidamente los sectores medios y altos, las autoridades políticas y los medios de comunicación establecieron una estrecha correspondencia entre ambos fenómenos. Reaparecieron entonces los reclamos por más orden, seguridad y control para con los sectores populares marginados. La prostitución callejera, mientras tanto, era una preocupación menor, restringida a los vecinos de los barrios donde era más visible.
La Federal exhibía con orgullo una imagen de eficacia preventiva mayúscula en el aspecto contravencional, pero ocultaba su escasa capacidad en la lucha contra el crimen, porque había un desorbitado número de detenciones por los Edictos, pero muchísimas menos por delitos comprendidos dentro del Código Penal. En 1995 las detenciones policiales por contravenciones se elevaron a 150.880, a las que habría que agregar muchas otras por averiguación de antecedentes y/o identidad. Por la arbitrariedad que caracterizó a la mayoría de ellas, puede decirse que estas detenciones llegaron a conformar un sistema penal paralelo e ilegal que fue avalado por todas las instancias del Poder Judicial. Incluso la Corte Suprema de la Nación declaró la constitucionalidad de los Edictos. Por otro lado, la capacidad recaudatoria de la Policía Federal también había aumentado: en tanto que más personas obtenían recursos de su actividad informal en la vía pública, mayor era la posibilidad de exigirles un “permiso” para desarrollarla.
Operando libremente, sin tener que rendir cuentas ni ser cuestionada por ninguno de los tres poderes republicanos, la Policía Federal parecía haber obtenido para siempre el control del espacio público porteño. Se la había facultado para regular las conductas y las actividades, tanto las legales como las informales -o las de status equívoco-, y utilizaba las detenciones por edictos como mecanismo de recaudación, control e intimidación.
Pero cuando se comenzó a debatir la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires muchos diputados se propusieron poner fin a este abuso funcional. En efecto, la Constitución sancionada en 1996 dispuso la sanción de un código de contravenciones que reemplazaría a los Edictos Policiales y en el que expresamente deberían estar prohibidas las detenciones preventivas en materia contravencional. Distintos proyectos del código comenzaron a debatirse y fueron agrupados por la información periodística en "duros" y "garantistas". Los referentes del segundo grupo creían conveniente sustraerle a la Policía Federal la posibilidad de efectuar detenciones arbitrarias. La institución policial presionó fuertemente sobre la Legislatura cuando advirtió que si triunfaba el "garantismo" mermaría su recaudación ilegal. Los funcionarios policiales advirtieron a través de la prensa que sin los Edictos no tendrían forma de combatir el delito.
Al sancionarse el Código de Convivencia Urbana, en marzo de 1998, se desactivaron los Edictos Policiales, pero a pesar de que en su artículo 13 estaba expresamente prohibido el arresto preventivo por incurrir en una contravención, la Policía Federal continuó con su política de detenciones arbitrarias e ilegales. De todas maneras el Código fue muy criticado a través de los medios de comunicación por funcionarios de los poderes ejecutivos nacional y local. Argumentaban que se había creado un vacío legal que le impediría a la policía desempeñar "normalmente" sus tareas preventivas de "lucha contra el delito", con lo cual confundían -¿a propósito?- la misión de un código de contravenciones –la gestión del conflicto urbano- con la problemática delictiva.
En lo que se refiere a la prostitución, el Código de Convivencia no incluyó la figura de la “oferta sexual”, que supuestamente sancionaría su ejercicio. Diversos grupos de vecinos comenzaron a protestar contra el Código más preocupados, en un principio, por la moralidad pública que por el delito. Finalmente el cúmulo de presiones dio sus frutos y sólo tres meses después de haber sido sancionado se reformó el Código. La Legislatura incorporó, entre otras figuras, la de “alteración de la tranquilidad pública”. Esta norma no penalizó en forma directa la oferta sexual ni reglamentó el ejercicio de la prostitución. En todo caso sancionaba la prostitución “escandalosa”, es decir aquella que podría perturbar la “tranquilidad pública”, en tanto que en su ejercicio se produjeran disturbios en la cercanía de viviendas, colegios o templos. Si fuese necesario detener a los contraventores/as sólo lo podría hacer el Ministerio Público.
Esta modificación no conformó a los que pretendían sanciones más vehementes contra la prostitución, pero la problemática del delito estaba cobrando nuevos bríos cuando, hacia fines de septiembre de 1998, un grupo de vecinos llamó a una concentración para exigir una política de seguridad a partir de la derogación de "las leyes que amparan a la delincuencia", es decir el Código de Convivencia Urbana. A pesar de que la concurrencia al acto no fue muy numerosa los noticieros televisivos realizaron una amplia cobertura. Otros medios también la emprendieron contra la reforma del Código. Por ejemplo, dos meses más tarde, el 23 de noviembre, La Nación publicó la siguiente nota:
"SE INSTALO EN RECOLETA UNA ZONA ROJA/Hay estado de alerta por el auge del comercio sexual en el barrio (…) El paredón del cementerio en el que descansan los restos de los más distinguidos próceres argentinos es testigo de encuentros fugaces entre las jóvenes que ofrecen su cuerpo a cambio de dinero y sus ocasionales clientes. (...) De la mano de la permisividad del nuevo código, decenas de muchachas oriundas de los países limítrofes, del Caribe y del interior coparon virtualmente dos manzanas del elegante barrio porteño" (el subrayado es nuestro).
Entre otros testimonios de vecinos de la zona, la nota transcribía el del presidente de la Asociación Vecinal Recoleta: "Estamos invadidos por los artesanos, los payasos y los tarotistas. Sólo nos faltaban las prostitutas y los homosexuales".Apenas cuatro días después La Nación publicó:
"EL NARCOTRÁFICO Y LA PROSTITUCIÓN NO QUIEREN IRSE DE LA RECOLETA/ Detuvieron a dos jóvenes dominicanas con cocaína; el distribuidor logró huir".
Según el relato periodístico, la División Seguridad Personal de la Policía Federal, alertada por la nota del día 23, había “redoblado” la “vigilancia” para “aplicar la ley de profilaxis”. Como resultado de esa “vigilancia” se había perseguido un auto en las inmediaciones del cementerio de la Recoleta, persecución que finalizó cuando el conductor estrelló el vehículo y escapó a pié. Los policías detuvieron a dos chicas que estaban en el interior del auto y prontamente encontraron en la guantera "61 papeles glacé con 3 gramos de cocaína cada uno escondidos en la caja de un casete". Las detenidas explicaron que acababan de conocer al conductor fugado quien las había contratado en la zona de Constitución. No obstante, La Nación avaló la versión policial según la cual “el prófugo era un ‘dealer’ que distribuía drogas en la zona y que las dos jóvenes podrían ser sus punteras encargadas de venderla a los habitués de los pubs de la zona". Sin embargo, la realidad resultó ser muy otra. Se trató de un operativo ilegal de la Federal, aprovechándose de las quejas de la primera de las notas de La Nación, que tuvo tres objetivos: demostrar que con el Código de Convivencia no se podía controlar adecuadamente la prostitución, relacionar a ésta con un delito –el del narcotráfico- e implantar la idea de que era imprescindible volver a reformar el Código para devolverle a la fuerza policial las facultades perdidas. A pesar de que las dos prostitutas detenidas fueron procesadas en primera instancia por tenencia de droga y robo de automotor, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional las sobreseyó y procesó por privación ilegítima de la libertad, falso testimonio agravado, falsedad ideológica, encubrimiento y violación de los deberes de funcionario publico a dos de los policías que participaron de la farsa.
Como con la reforma del Código la agencia policial tampoco pudo recuperar totalmente el poder que le habían proporcionado los Edictos, implementó nuevos operativos ilegales, como el de Recoleta, en los que detuvo a prostitutas y a ciudadanos inocentes a los que les plantó armas, drogas y explosivos (Años más tarde, una comisión investigadora de la Procuración General de la Nación, que encabezó el actual juez federal Daniel Rafecas, detectaría cerca de cien “Procedimientos Policiales Fraguados” montados entre 1993 y 2003).
Algunas voces criticaron el accionar de la Federal en relación con la prostitución. Aníbal Ibarra –que era vicepresidente de la Legislatura- la acusó de tolerar y consentir el funcionamiento de cientos de prostíbulos en la Capital, “a pesar de que están prohibidos por la ley” (Clarín, 26/9/98). Por su parte, el hoy juez supremo Eugenio Zaffaroni y por aquel entonces jefe del bloque de legisladores del FREPASO, en declaraciones a La Nación (27/11/98), se manifestó reacio a endurecer más el Código: "No les vamos a dar nuestro apoyo a las modificaciones del código porque el que rige actualmente ya está regulando la actividad de las prostitutas. (...) La culpa de lo que está pasando es pura y exclusivamente de la policía". El matutino agregaba luego que Zaffaroni "a la hora de justificar la presunta actitud policial, dijo: '¿Sabe lo que pasó?: que los policías dejaron de recaudar los 50 pesos que le cobraban a cada prostituta por noche para que pudiera trabajar" (el subrayado es nuestro). En este sentido también las organizaciones de derechos humanos rechazaron nuevas reformas al código contravencional al considerar que “la sanción de la prostitución significaría un serio retroceso para las libertades individuales reconocidas y que su penalización daría lugar, nuevamente, al ejercicio discrecional de la fuerza policial”.
Con el paso del tiempo la polémica por la prostitución se enfrió y pasó a un segundo plano opacada por las llamadas “olas de inseguridad”. El Código finalmente no fue modificado, pero entre julio y agosto de 2004 en la Legislatura porteña se debatieron nuevos proyectos de reforma orientados básicamente a incrementar el control del espacio público: si bien se insistió con penalizar la prostitución, la acción punitiva se amplió hacia la venta ambulante y otras actividades que, por cierto, siempre estuvieron ilegalmente reguladas de facto por la Policía Federal.
FINAL PROVISORIO
La prostitución ha tenido históricamente un costado sumamente redituable, no sólo para los rufianes, proxenetas y tratantes, sino también para funcionarios y policías corruptos. Es que, como todo otro ilegalismo, la prostitución propicia el ilegalismo del poder político y policial, puesto que cualquier prohibición, y aún cualquier regulación –como el Reglamento de 1875 y los Edictos Policiales- crea en torno suyo un campo de prácticas ilegalistas sobre el cual se llega a ejercer un control y a obtener un provecho ilícito. Aquí reside la explicación de por qué nunca se sancionó una prohibición total de la prostitución. Para el Código Penal argentino no constituye delito, pese a que socialmente se la considera como el prototipo de la desviación femenina. El objetivo de las reglamentaciones y leyes sobre la prostitución no ha sido en ningún caso, erradicarla, prohibirla, o censurarla, sino administrarla. Mantenerla dentro del límite de una sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora, y convertirla en un excelente curro para muchos turros que lucran con el sometimiento y la explotación de un ser humano.
Cada tanto los medios de la ciudad de Buenos Aires agitan el tema de la prostitución a través de notas sensacionalistas que procuran escandalizar a sus públicos y llamar la atención de las autoridades civiles y policiales. Eso sí: lo que preocupa a periodistas políticamente correctos, a probos funcionarios, a honestos policías y a numerosos vecinos de moral insospechada, no es la mera existencia de prostituyentes y prostitutas sino que éstas oferten su cuerpo en espacios públicos. En otras palabras, no les interesa que haya tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas; lo que horroriza a estos nobles ciudadanos es que la prostitución esté a la vista. Por lo tanto entienden que se la puede ejercer, pero en ámbitos ocultos. Esta doble moral hipócrita y burguesa es la responsable de que la prostitución haya servido, desde siempre, para engrosar la caja negra policial.
Por Marcelo R. Pereyra
MALDITOS EDICTOS
La Ordenanza 5.953 dispuso en 1934 la clausura de los prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia de ello muchas prostitutas pasaron a trabajar en lupanares ubicados en los extramuros de la ciudad, por ejemplo en la isla Maciel y en Avellaneda. Otras prefirieron ofrecerse en las calles porteñas. Esta últimas cayeron bajo el control de la Federal, la que en razón de los draconianos Edictos Policiales había tomado el control del espacio público. Las prostitutas podían ejercer tranquilamente si en forma previa habían pagado el correspondiente diezmo policial.
No fue casual que el autoritarismo nacionalista, responsable del golpe del 6 de septiembre de 1930, haya sido el que legitimó los Edictos Policiales, pues el uriburismo –la oligarquía ganadera y financiera- entendía que había que poner “orden” en el país y en su ciudad capital. Se veía con espanto el ascenso de una poderosa clase media, hija del proceso migratorio, que había encontrado una porción de poder político con Hipólito Hirigoyen y amenazaba con minar la histórica hegemonía oligárquica. Para las clases altas los de abajo eran también una molestia cultural y social. Buenos Aires se había llenado de tanos, gallegos y “rusos” (judíos); gente “sin educación ni modales”, multitudes de laburantes que vociferaban en las ferias y mercados, que se apiñaban en los conventillos y que pululaban por sus calles día y noche mezcladas con crotos, marineros, escruchantes, rufianes, pungas y prostitutas. En suma, una desangelada chusma a la cual era necesario controlar sin miramientos ni demasiados requisitos legales.
Con los Edictos la Policía Federal podía detener por vagancia, averiguación de antecedentes, actitud sospechosa, falta de documentos, ebriedad, escándalo, y otros ilegalismos. En la práctica los Edictos no eran un mecanismo para sancionar faltas, sino un sistema de control social porque la policía podía encarcelar a un gran número de personas sin supervisión judicial. Por otra parte, las cifras de personas detenidas le servían a la agencia policial para “hacer estadística”, es decir, para generar la impresión de eficacia prevencional y, de paso, como fundamento para reclamar más presupuesto.
Los Edictos Policiales, y otros reglamentos de contravenciones, tuvieron su fundamento ideológico en el anteproyecto de código pergeñado en 1898. Aquel digesto coercitivo contenía distintas figuras –que incluían tanto conductas como tipos de personas– cuya existencia en la ciudad debía ser reprimida y/o corregida. Los reglamentos y códigos contravencionales posteriores poco variaron las características de estas figuras –que custodiaban las “buenas costumbres”, el “orden público” y la “seguridad personal”. Más bien las ampliaron, las desagregaron y sin derogar las decimonónicas, adaptaron otras a tiempos más actuales.
MALDITO CÓDIGO
Para mediados de la década de los ‘90 en las calles de Buenos Aires se hicieron cada vez más visibles de las consecuencias de las políticas neoliberales: niños mendigos, cartoneros, limpiavidrios, cuidacoches, vendedores ambulantes, personas sin techo y marchas piqueteras. En forma paralela aumentaron significativamente los delitos contra la propiedad. Rápidamente los sectores medios y altos, las autoridades políticas y los medios de comunicación establecieron una estrecha correspondencia entre ambos fenómenos. Reaparecieron entonces los reclamos por más orden, seguridad y control para con los sectores populares marginados. La prostitución callejera, mientras tanto, era una preocupación menor, restringida a los vecinos de los barrios donde era más visible.
La Federal exhibía con orgullo una imagen de eficacia preventiva mayúscula en el aspecto contravencional, pero ocultaba su escasa capacidad en la lucha contra el crimen, porque había un desorbitado número de detenciones por los Edictos, pero muchísimas menos por delitos comprendidos dentro del Código Penal. En 1995 las detenciones policiales por contravenciones se elevaron a 150.880, a las que habría que agregar muchas otras por averiguación de antecedentes y/o identidad. Por la arbitrariedad que caracterizó a la mayoría de ellas, puede decirse que estas detenciones llegaron a conformar un sistema penal paralelo e ilegal que fue avalado por todas las instancias del Poder Judicial. Incluso la Corte Suprema de la Nación declaró la constitucionalidad de los Edictos. Por otro lado, la capacidad recaudatoria de la Policía Federal también había aumentado: en tanto que más personas obtenían recursos de su actividad informal en la vía pública, mayor era la posibilidad de exigirles un “permiso” para desarrollarla.
Operando libremente, sin tener que rendir cuentas ni ser cuestionada por ninguno de los tres poderes republicanos, la Policía Federal parecía haber obtenido para siempre el control del espacio público porteño. Se la había facultado para regular las conductas y las actividades, tanto las legales como las informales -o las de status equívoco-, y utilizaba las detenciones por edictos como mecanismo de recaudación, control e intimidación.
Pero cuando se comenzó a debatir la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires muchos diputados se propusieron poner fin a este abuso funcional. En efecto, la Constitución sancionada en 1996 dispuso la sanción de un código de contravenciones que reemplazaría a los Edictos Policiales y en el que expresamente deberían estar prohibidas las detenciones preventivas en materia contravencional. Distintos proyectos del código comenzaron a debatirse y fueron agrupados por la información periodística en "duros" y "garantistas". Los referentes del segundo grupo creían conveniente sustraerle a la Policía Federal la posibilidad de efectuar detenciones arbitrarias. La institución policial presionó fuertemente sobre la Legislatura cuando advirtió que si triunfaba el "garantismo" mermaría su recaudación ilegal. Los funcionarios policiales advirtieron a través de la prensa que sin los Edictos no tendrían forma de combatir el delito.
Al sancionarse el Código de Convivencia Urbana, en marzo de 1998, se desactivaron los Edictos Policiales, pero a pesar de que en su artículo 13 estaba expresamente prohibido el arresto preventivo por incurrir en una contravención, la Policía Federal continuó con su política de detenciones arbitrarias e ilegales. De todas maneras el Código fue muy criticado a través de los medios de comunicación por funcionarios de los poderes ejecutivos nacional y local. Argumentaban que se había creado un vacío legal que le impediría a la policía desempeñar "normalmente" sus tareas preventivas de "lucha contra el delito", con lo cual confundían -¿a propósito?- la misión de un código de contravenciones –la gestión del conflicto urbano- con la problemática delictiva.
En lo que se refiere a la prostitución, el Código de Convivencia no incluyó la figura de la “oferta sexual”, que supuestamente sancionaría su ejercicio. Diversos grupos de vecinos comenzaron a protestar contra el Código más preocupados, en un principio, por la moralidad pública que por el delito. Finalmente el cúmulo de presiones dio sus frutos y sólo tres meses después de haber sido sancionado se reformó el Código. La Legislatura incorporó, entre otras figuras, la de “alteración de la tranquilidad pública”. Esta norma no penalizó en forma directa la oferta sexual ni reglamentó el ejercicio de la prostitución. En todo caso sancionaba la prostitución “escandalosa”, es decir aquella que podría perturbar la “tranquilidad pública”, en tanto que en su ejercicio se produjeran disturbios en la cercanía de viviendas, colegios o templos. Si fuese necesario detener a los contraventores/as sólo lo podría hacer el Ministerio Público.
Esta modificación no conformó a los que pretendían sanciones más vehementes contra la prostitución, pero la problemática del delito estaba cobrando nuevos bríos cuando, hacia fines de septiembre de 1998, un grupo de vecinos llamó a una concentración para exigir una política de seguridad a partir de la derogación de "las leyes que amparan a la delincuencia", es decir el Código de Convivencia Urbana. A pesar de que la concurrencia al acto no fue muy numerosa los noticieros televisivos realizaron una amplia cobertura. Otros medios también la emprendieron contra la reforma del Código. Por ejemplo, dos meses más tarde, el 23 de noviembre, La Nación publicó la siguiente nota:
"SE INSTALO EN RECOLETA UNA ZONA ROJA/Hay estado de alerta por el auge del comercio sexual en el barrio (…) El paredón del cementerio en el que descansan los restos de los más distinguidos próceres argentinos es testigo de encuentros fugaces entre las jóvenes que ofrecen su cuerpo a cambio de dinero y sus ocasionales clientes. (...) De la mano de la permisividad del nuevo código, decenas de muchachas oriundas de los países limítrofes, del Caribe y del interior coparon virtualmente dos manzanas del elegante barrio porteño" (el subrayado es nuestro).
Entre otros testimonios de vecinos de la zona, la nota transcribía el del presidente de la Asociación Vecinal Recoleta: "Estamos invadidos por los artesanos, los payasos y los tarotistas. Sólo nos faltaban las prostitutas y los homosexuales".Apenas cuatro días después La Nación publicó:
"EL NARCOTRÁFICO Y LA PROSTITUCIÓN NO QUIEREN IRSE DE LA RECOLETA/ Detuvieron a dos jóvenes dominicanas con cocaína; el distribuidor logró huir".
Según el relato periodístico, la División Seguridad Personal de la Policía Federal, alertada por la nota del día 23, había “redoblado” la “vigilancia” para “aplicar la ley de profilaxis”. Como resultado de esa “vigilancia” se había perseguido un auto en las inmediaciones del cementerio de la Recoleta, persecución que finalizó cuando el conductor estrelló el vehículo y escapó a pié. Los policías detuvieron a dos chicas que estaban en el interior del auto y prontamente encontraron en la guantera "61 papeles glacé con 3 gramos de cocaína cada uno escondidos en la caja de un casete". Las detenidas explicaron que acababan de conocer al conductor fugado quien las había contratado en la zona de Constitución. No obstante, La Nación avaló la versión policial según la cual “el prófugo era un ‘dealer’ que distribuía drogas en la zona y que las dos jóvenes podrían ser sus punteras encargadas de venderla a los habitués de los pubs de la zona". Sin embargo, la realidad resultó ser muy otra. Se trató de un operativo ilegal de la Federal, aprovechándose de las quejas de la primera de las notas de La Nación, que tuvo tres objetivos: demostrar que con el Código de Convivencia no se podía controlar adecuadamente la prostitución, relacionar a ésta con un delito –el del narcotráfico- e implantar la idea de que era imprescindible volver a reformar el Código para devolverle a la fuerza policial las facultades perdidas. A pesar de que las dos prostitutas detenidas fueron procesadas en primera instancia por tenencia de droga y robo de automotor, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional las sobreseyó y procesó por privación ilegítima de la libertad, falso testimonio agravado, falsedad ideológica, encubrimiento y violación de los deberes de funcionario publico a dos de los policías que participaron de la farsa.
Como con la reforma del Código la agencia policial tampoco pudo recuperar totalmente el poder que le habían proporcionado los Edictos, implementó nuevos operativos ilegales, como el de Recoleta, en los que detuvo a prostitutas y a ciudadanos inocentes a los que les plantó armas, drogas y explosivos (Años más tarde, una comisión investigadora de la Procuración General de la Nación, que encabezó el actual juez federal Daniel Rafecas, detectaría cerca de cien “Procedimientos Policiales Fraguados” montados entre 1993 y 2003).
Algunas voces criticaron el accionar de la Federal en relación con la prostitución. Aníbal Ibarra –que era vicepresidente de la Legislatura- la acusó de tolerar y consentir el funcionamiento de cientos de prostíbulos en la Capital, “a pesar de que están prohibidos por la ley” (Clarín, 26/9/98). Por su parte, el hoy juez supremo Eugenio Zaffaroni y por aquel entonces jefe del bloque de legisladores del FREPASO, en declaraciones a La Nación (27/11/98), se manifestó reacio a endurecer más el Código: "No les vamos a dar nuestro apoyo a las modificaciones del código porque el que rige actualmente ya está regulando la actividad de las prostitutas. (...) La culpa de lo que está pasando es pura y exclusivamente de la policía". El matutino agregaba luego que Zaffaroni "a la hora de justificar la presunta actitud policial, dijo: '¿Sabe lo que pasó?: que los policías dejaron de recaudar los 50 pesos que le cobraban a cada prostituta por noche para que pudiera trabajar" (el subrayado es nuestro). En este sentido también las organizaciones de derechos humanos rechazaron nuevas reformas al código contravencional al considerar que “la sanción de la prostitución significaría un serio retroceso para las libertades individuales reconocidas y que su penalización daría lugar, nuevamente, al ejercicio discrecional de la fuerza policial”.
Con el paso del tiempo la polémica por la prostitución se enfrió y pasó a un segundo plano opacada por las llamadas “olas de inseguridad”. El Código finalmente no fue modificado, pero entre julio y agosto de 2004 en la Legislatura porteña se debatieron nuevos proyectos de reforma orientados básicamente a incrementar el control del espacio público: si bien se insistió con penalizar la prostitución, la acción punitiva se amplió hacia la venta ambulante y otras actividades que, por cierto, siempre estuvieron ilegalmente reguladas de facto por la Policía Federal.
FINAL PROVISORIO
La prostitución ha tenido históricamente un costado sumamente redituable, no sólo para los rufianes, proxenetas y tratantes, sino también para funcionarios y policías corruptos. Es que, como todo otro ilegalismo, la prostitución propicia el ilegalismo del poder político y policial, puesto que cualquier prohibición, y aún cualquier regulación –como el Reglamento de 1875 y los Edictos Policiales- crea en torno suyo un campo de prácticas ilegalistas sobre el cual se llega a ejercer un control y a obtener un provecho ilícito. Aquí reside la explicación de por qué nunca se sancionó una prohibición total de la prostitución. Para el Código Penal argentino no constituye delito, pese a que socialmente se la considera como el prototipo de la desviación femenina. El objetivo de las reglamentaciones y leyes sobre la prostitución no ha sido en ningún caso, erradicarla, prohibirla, o censurarla, sino administrarla. Mantenerla dentro del límite de una sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora, y convertirla en un excelente curro para muchos turros que lucran con el sometimiento y la explotación de un ser humano.
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