9 de julio de 2012

Crónica de un Golpe anunciado

LA OLIGARQUÍA TERRATENIENTE, ESTADOS UNIDOS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARAGUAYOS, EJECUTARON EL GOLPE DE ESTADO A FERNANDO LUGO

Con la complicidad del imperialismo norteamericano, que posee serios intereses en la región, sumado a los agronegocios, que no entienden más que de rentabilidad, y la precariedad de la democracia paraguaya, el destino de Fernando Lugo estaba sellado.

Por Marcelo J. Levy

El golpe de Estado consumado por la derecha oligárquica del Paraguay contra el presidente Fernando Lugo dejó las mismas huellas que el derrocamiento en 2009 del presidente Manuel Zelaya en Honduras. Por un lado, los sectores terratenientes que gobernaron a través de dictaduras militares por gran parte del siglo XX. Por el otro, la injerencia de Estados Unidos que, de la mano de una insulsa (¿o era Insulza?) OEA, dio el visto bueno para que los militares de cabotaje respaldaran las acciones golpistas. Incluso, la trama norteamericana fue realizada en alianza con los partidos liberales tradicionales de ambos países. Una coincidencia que refleja la frágil constitución política de ambas repúblicas.
 
Hoy en Paraguay la oligarquía terrateniente trabaja codo a codo con el gran capital agrario brasileño, que experimenta uno de sus momentos de mayor apogeo de su historia. Así, una de las causas por las cuales fue procesado en forma sumaria el presidente Lugo, fueron las protestas de los campesinos que están siendo despojados de sus tierras por capitalistas agrarios brasileños que operan en Paraguay. En Honduras pasó algo similar.

Estados Unidos no dudó nunca en apoyar las maniobras diplomáticas posteriores al golpes apostando a la ruptura de los órdenes constitucionales, legítimos y con el franco destino de fracturar el bloque del Sur. De manera aún más rápida que en Honduras, en el caso de Paraguay los gobiernos latinoamericanos rechazaron la arremetida de EE.UU. De una vez, los latinoamericanos convocaron las instancias políticas de la región como UNASUR, CELAC y el MERCOSUR. Gobiernos de derecha como México, Chile y Panamá condenaron el golpe. Se dio la hipócrita situación de que hasta Honduras rechazó al nuevo gobierno. La mayoría retiró sus embajadores de Asunción, encabezados por los países del ALBA.

Paraguay y Honduras se diferencian radicalmente de los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que también fueron objeto de golpes planeados en EE.UU. Los cinco países tenían en común que sus gobiernos progresistas no tenían raíces en organizaciones con largas trayectorias. Sin embargo, los tres últimos movilizaron con rapidez el apoyo popular que les permitió dar el contra-golpe en el momento necesario.

En 2010 Wikileaks ya señalaba como EE.UU. y el vicepresidente Franco conspiraban para derrocar a Lugo. Según un informe de la Embajada de EE.UU. en Asunción había interés de algunos políticos en acortar el gobierno de Lugo. "Persisten los rumores de que el ex general golpista Lino Oviedo, el ex presidente Nicanor Duarte Frutos, y /o el vicepresidente Federico Franco, continúan buscando formas de reducir el plazo de Lugo", informaba el cable filtrado por WikiLeaks. Apuntaban a un plan para “aprovechar cualquier error cometido por Lugo” (palabras textuales), someterlo a “un juicio político en el Congreso” y sustituirlo por su vicepresidente, el liberal Federico Franco. Es decir, exactamente lo que ha ocurrido.
 
Por su parte, los medios de comunicación del país, encabezados por el poderoso diario ABC Color, criminalizaron a los campesinos y responsabilizaron de los hechos al presidente Fernando Lugo por su respuesta tibia y una supuesta connivencia con los ocupantes de tierras. Se realizó contra él un juicio político en el parlamento, con cargos tales como “haber permitido la violación del derecho de propiedad y el odio entre clases sociales por la invasión de tierras”. Luego fue destituido.

En Paraguay el 80% de las tierras están en manos de un 2% de propietarios, y el 98% de los medios de comunicación son privados comerciales.
 
El diario de más tirada e influencia del país, ABC Color, fue fundado durante la dictadura de Stroessner por Aldo Zucolillo –su director, principal accionista y actual dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)-. El diario es parte del Grupo Zucolillo, socio a su vez de Cargill, una de las transnacionales agroindustriales más importantes. Este dato es muy importante para entender los acontecimientos. (Ver nota “Monsanto golpea en Paraguay” en esta edición de Contracultural).

La televisión pública paraguaya, inaugurada en mayo del 2011, ha sido, junto a los medios comunitarios, protagonista de la resistencia al golpe de estado parlamentario. El gobierno de facto llegó a cortar incluso la señal de la televisión pública el día 24 de junio, mientras ésta transmitía las protestas en la calle. Posteriormente, ha realizado cambios en la dirección del canal para ejercer un control gubernamental directo sobre el medio.
 
Por otro lado, mientras se realizaba el juicio político contra Lugo, diputados paraguayos se reunían con militares de Estados Unidos, para negociar la instalación de una base militar norteamericana en el país. Paraguay tiene una enorme importancia geoestratégica para EE.UU., al ser limítrofe con Bolivia, Brasil y Argentina.

El control estadounidense sobre Paraguay conforma un factor clave para la hegemonía regional que tiene como meta clave frenar el creciente peso en los asuntos mundiales de Brasil, país integrante del así llamado grupo BRIC junto a Rusia, China y la India.

Brasil recientemente descubrió enormes reservas petrolíferas cerca de sus costas atlánticas, lo que la llevó a mejorar y reforzar sus fuerzas navales y aéreas, especialmente desde que EE.UU. reactivara la Cuarta Flota del Atlántico Sur, originalmente creada durante la Segunda Guerra Mundial, desactivada en 1953, y reflotada bajo el gobierno de George W. Bush.

Ello significa que la creciente alianza de Brasil con Rusia, China y la India necesita despejar buenas rutas a través del Pacífico, alejadas del Océano Atlántico bajo el dominio de la OTAN. El control político y militar norteamericano sobre Paraguay decididamente actuará como una barrera contra esa necesidad brasileña, y conforma un paso preliminar en los planes estadounidenses de erigir un bloque comercial con países aliados en Latinoamérica, notablemente México, Panamá con su Canal, Colombia, Perú, Chile y, ahora, Paraguay.

En 1973 los golpistas chilenos montaron un espectáculo en el Congreso previo al bombardeo del Palacio presidencial y asesinato del presidente Allende. En 2009 los militares sacaron de Honduras en piyamas a Zelaya y después lo destituyeron en el Congreso. En Paraguay, EE.UU. y la oligarquía amarraron todos los cabos y fueron directamente al Congreso.
 
Según los diputados, los delitos de Lugo eran que le “permitió” a los partidos de izquierda reunirse en una base militar. Además, “permitió” a 3.000 campesinos sin tierra invadir un campo de soja, propiedad de una empresa brasileña. Los diputados también lo acusaron de no capturar a varios miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo. Por último, fue condenado en un juicio sumario por firmar un protocolo internacional sin la aprobación del Congreso.

La suerte de Lugo ya estaba echada desde su asunción. Quizás lo reprochable al presidente destituido haya sido no poner el cuerpo, el coraje suficiente para que el golpe no sea tan sencillo. Zelaya mostró agallas y el pueblo, a tres años del golpe, lo sigue apoyando. Incluso su esposa, Xiomara Castro de Zelaya se presentará como candidata presidencial demostrando que pueden hacer golpes de estado, desestabilizar, matar a opositores, pero cuando el pueblo se organiza no se lo quiebra. Veremos ahora cómo reaccionan los países de la región, que si bien suspendieron a Paraguay de los foros internacionales, casualmente no cortaron lazos comerciales. A menos de un mes del fatídico golpe de estado en Paraguay, ya casi nadie lo recuerda.

Esta en nosotros no olvidar.
  

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Monsanto golpea en Paraguay

LOS MUERTOS DE CURUGUATY Y EL JUICIO POLÍTICO A LUGO
¿Quienes están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una ideología que promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora y en el futuro.

Por Idilio Méndez Grimaldi (desde Paraguay)

El viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscala para proteger a un latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos graves. Las consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio político por un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para la los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.

El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil.

El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación.

Campaña mediática

Durante los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para su uso comercial en todo el país.

La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP.

Al día siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: “Los 12 argumentos para destituir a Lovera” (1). Estos presuntos argumentos fueron presentados al vicepresidente de la República, correligionario del ministro de Agricultura, el liberal Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia.

El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición anual organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo escapar un comentario ante la prensa que un supuesto grupo de inversores de la India, del sector de los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty.

En el marco de esta exposición preparada por el citado ministerio, la transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países del mundo.

Previamente a estos hechos, el diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto.

Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010.

Por otro lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de funcionarios técnicos del Estado paraguayo.

En tanto transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene preparando un acto de protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio próximo. Se trata de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando medias calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las reivindicaciones del denominado “tractorazo” es la destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas transgénicas para su cultivo comercial.

Las conexiones

La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez - quien tiene negocios con el sector de los agroquímicos - entre otros agentes de las transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias empresas del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.

El Grupo Zuccolillo es socio principal en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto Unión, a 500 metros de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin ninguna restricción.

Las transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos, mediante la férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la derecha. La presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de dólares, según un estudio del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al 30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales.

Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos del 2 por ciento de propietarios (3) que se dedican a la producción meramente extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la tierra.

La mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen estrechas relaciones con las transnacionales del sector financiero, que guardan sus bienes mal habidos en los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están ligados al agronegocio y dominan el espectro político nacional, con amplias influencias en los tres poderes del Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del sector financiero y del agronegocio.

Los hechos de Curuguaty

Curuguaty es una ciudad ubicada al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de Asunción, capital del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar. Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner (1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la República, dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que pertenecen al Estado paraguayo.

Esta parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos miembros de élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente.

Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad de la Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6 policías. No se comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus camaradas reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo.

El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de descampesinización del campo paraguayo, que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní.

Tanto la Fiscalía o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos.

El asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente de la República obviamente es un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo, probablemente a través de un juicio político, quien derechizó más su gobierno tratando de calmar a los oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola del Ministerio del Interior y fue nombrado en su reemplazo a Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60 años de dictadura colorada, incluyendo la tiranía de Alfredo Stroessner.

Candia fue ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se desempeñó como fiscal general del Estado por un periodo, hasta el año pasado, cuando fue reemplazado por otro colorado, Javier Díaz Verón, a instancia del propio Lugo. Candia es acusado de haber promovido la represión a dirigentes de organizaciones campesinas y de movimientos populares. Su nominación a Fiscal General del Estado en el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los Estados Unidos, Jhon F. Keen. Candia fue responsable de un mayor control por parte de USAID del Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su gobierno por Fernando Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del gobierno.

Tras asumir como el ministro político de Lugo, lo primero que anunció Candia fue la eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos que invaden propiedades. El mensaje es que no habrá conversación, sino simplemente la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza policial represiva sin contemplación.

Dos días después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por Héctor Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron garantías para la realización del denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo dijo que la medida de fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales favorables para la UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el gobierno.

Cristaldo es precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado en el pasado reciente por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, según el propio diario ABC Color, que se hizo eco de varios cables del Departamento de Estado de USA, publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que aludía directamente a Cartes, el 15 de noviembre de 2011.

Juicio político a Lugo

En las últimas horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP, (4) algunos integrantes del Partido Colorado y los propios integrantes del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas Llano y aliado del gobierno, amenazan con un juicio político Fernando Lugo para destituirlo como presidente de la República del Paraguay.

Lugo depende del humor de los colorados para seguir como presidente de la República, así como de sus aliados liberales, que ahora lo amenazan con juicio político, con seguridad buscando más espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El Partido Colorado, aliado a otros partidos minoritarios de la oposición, tiene la mayoría necesaria como para destituir al presidente de sus funciones.

Quizás se esperan “las señales favorables” de Lugo que la UGP - en nombre de la Monsanto, la patria financiera y los oligarcas - está exigiendo al gobierno. Caso contrario, se estaría pasando a una siguiente fase de los planes de copamiento de este gobierno que nació como progresista y lentamente va terminando como conservador, controlado por los poderes fácticos.

Entre algunos de sus haberes, Lugo es responsable de la aprobación de la Ley Antiterrorista, propiciada por Estados Unidos en todo el mundo después del 11 S. Autorizó en 2010 la implementación de la Iniciativa Zona Norte, consistente en la instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos en el norte de la Región Oriental - en las narices del Brasil - supuestamente para desarrollar actividades a favor de las comunidades campesinas.

El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra unificar su discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis del poder real, cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas. Infiltrados por USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que participan en la administración del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del consumismo galopante del neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten en émulos vanidosos de engreídos ricos que integraban los recientes gobiernos del derechista Partido Colorado.

Curuguaty también engloba un mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya frontera se producen estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la guerra, cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora Siria. Brasil está construyendo hegemonía mundial junto a Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje comercial integrado por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un muro de contención a los deseos expansionistas del Brasil hacia el Pacífico.

Mientras, Washington sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer al gobierno de Dilma Rousseff a estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y militares. Entre tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos años después de estar fuera de servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por si no comprendiese la persuasión diplomática.

Y Paraguay es un país en disputa entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente por USA. Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará el desarrollo del suroeste del Brasil.

Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital, del gran capital, del extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en todos los rincones de la Tierra en nombre de la civilización y el desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también van dando respuestas a estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con señales de dignidad y de respeto a todas formas de vida en el Planeta.


(*) Periodista, investigador y analista. Miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, SEPPY. Autor del libro Los Herederos de Stroessner.

2- Documento del Banco Mundial. Paraguay. Impuesto Inmobiliario: Herramienta clave para la descentralización fiscal y el mejor uso de la tierra. Volumen I: Informe principal. 2007.
3- Censo Agropecuario Nacional 2008.
 

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Ollanta está enceguecido por la fiebre del oro

PERÚ: SIETE MUERTOS POR REPRESIÓN A PROTESTAS ANTIMINERAS
A pesar de la férrea resistencia de cada vez más pueblos a la megaminería, el presidente del Perú, Ollanta Huamala, avanza con los proyectos mineros aunque su imposición implique cada vez más muertos. La represión contra las protestas antimineras están generando malestar en cada vez más sectores de la sociedad peruana, quienes empiezan a sentirse defraudados por Ollanta Humala, en quien veían la posibilidad de un cambio a las políticas neoliberales que viene sufriendo el país.

Por Hernán L. Giardini 


Crecen las protestas antimineras en Perú. Y lamentablemente también la represión, que ya provocó, al menos, siete muertos.
A mediados de este año, estalló otra protesta antiminera en la región de Espinar, departamento Cuzco, en contra de la actividad de la minera anglo-suiza Xstrata Tintaya.
Los pobladores de la región denuncian la contaminación de dos ríos por parte de ese emprendimiento, y exigen a la compañía el pago de mayores utilidades a la provincia.

Tras una fuerte represión, murieron dos manifestantes. El Gobierno decretó el Estado de Emergencia (que suspende el derecho de reunión, la inviolabilidad de domicilio y el libre tránsito) y detuvo al alcalde provincial y a varios líderes sociales.
Por otra parte, el proyecto minero Conga es impulsado por la empresa Yanacocha (minas Buenaventura) en asociación con la estadounidense Newmont Mining Company. Dicho proyecto prevé secar cuatro lagunas para extraer oro y cobre en las zonas altas de Cajamarca.

Ollanta Humala anunció que dicho emprendimiento debía crear 10.000 puestos de trabajo, un fondo para obras públicas y no afectar a dos de las cuatro lagunas que utilizarán para extraer oro y cobre. Sin embargo, la empresa sólo se pronunció en favor de evaluar el punto que solicita el cuidado de las dos lagunas.

A pesar del evidente impacto ambiental que implicará dicho emprendimiento, su continuidad fue confirmada por el Gobierno tras la finalización, en abril de este año, de un Estudio de Impacto Ambiental.

Las protestas contra Conga comenzaron en noviembre de 2011. Y en mayo de este año los habitantes de la región de Cajamarca iniciaron una huelga indefinida contra su instalación.
En una de las varias protestas contra el emprendimiento minero, la policía reprimió en forma brutal a los manifestantes que intentaban tomar las instalaciones de la municipalidad provincial. Cinco personas murieron y varias resultaron heridas. Además fueron detenidos varios dirigentes.
Lejos de suspender el proyecto, el gobierno de Ollanta Huamala declaró por 30 días el Estado de Emergencia en las provincias de Celendín, Haulgayoc y Cajamarca.
La represión contra las protestas antimineras están generando malestar en cada vez más sectores de la sociedad peruana, quienes empiezan a sentirse defraudados por Ollanta Humala, en quien veían la posibilidad de un cambio a las políticas neoliberales que viene sufriendo el país.

Como ejemplo de esto, vale señalar que cuatro legisladores de la bancada oficialista presentaron la renuncia a sus cargos por considerar que el presidente peruano no está cumpliendo con los principios de su partido.

A pesar de que Ollanta Humala continúa respaldando los proyectos, todo indica que las protestas contra la megaminería, no sólo no se detendrán, sino que aumentarán.

¿Qué hará Ollanta? ¿Escuchará a los pueblos o seguirá enceguecido por la fiebre del oro?

 

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La cosecha de enemigos nunca se acaba

CONTRADICCIONES DEL DISCURSO PRESIDENCIAL

Amenguado el fugaz estrellato de Hugo Moyano después de su anémico acto en la Plaza de Mayo, Daniel Scioli se convirtió en el enemigo estrella de este mes. El Gobernador se hizo merecedor de la furia presidencial por tener el tupé de confesar aspiraciones presidenciales. Cosechando este nuevo enemigo, Cristina Fernández continúa con el productivo estilo de enfrentamiento permanente que inauguró su fallecido esposo en 2003. Sólo ha ido cambiando el destinatario de sus discursos confrontativos: la iglesia católica, el FMI, las entidades agropecuarias, el Grupo Clarín, Mauricio Macri, Hugo Moyano, Daniel Scioli. No obstante, un análisis menos superficial  revela que el modo agresivo en la alocución política obedece a la necesidad de tener que justificar ciertas decisiones que no se corresponden necesariamente con lo que se dice.

Por Marcelo R. Pereyra


LA PLATA’S BLUES

Señoras y señores, el enemigo del mes es…Daniel Scioli. El gobernador de la provincia de Buenos Aires ha sido castigado con una menor remesa de dinero por parte del Poder Ejecutivo nacional. No se ha explicado oficialmente la razón de tal medida, pero de lo que se infiere de un discurso de la Presidenta parece ser que es un mal administrador. Lo curioso es que recién ahora, después cuatro años y medio de gestión, Cristina Fernández se haya dado cuenta de ello. La verdadera explicación pasa por otro lado: en 2015 hay elecciones presidenciales. Si la Presidenta se propone aspirar a una nueva reelección necesita un alto número de diputados y senadores que levanten la mano cuando se deba discutir una reforma de la Constitución que la autorice a ser candidata. Pero hay quienes, como Hugo Moyano y Scioli que especulan con reemplazarla. Don Hugo dijo en un discurso hace dos años que era hora de que un trabajador –supuestamente él- ocupara el sillón de Rivadavia. Fernández tomó la palabra y le retrucó que tal cosa ya era una realidad porque ella misma era una trabajadora y había alcanzado la presidencia. Desde entonces todo está mal entre los dos. Scioli reconoció en un reportaje sus aspiraciones presidenciales y ahora está siendo duramente disciplinado por semejante irreverencia.

En un país con una democracia normal, las pretensiones presidenciales de Moyano, de Scioli y de cualquier otra persona del partido gobernante serían  algo de lo más común. Pero el sistema político pergeñado por el kirchnerismo es sui generis, manera eufemística de decir que nada se hace sino es con la aprobación del/a jefe/a máximo/a. A esta realidad estamos bastante acostumbrados. Nuestra democracia burguesa es muy poco democrática: las listas sábana, las listas “colectoras” y la falta de democracia partidaria así lo demuestran, junto con las designaciones a dedo, el amiguismo y el nepotismo. Es cierto que nada de todo esto es nuevo, pero lo que los Kirchner hicieron fue acentuarlo y reforzarlo hasta extremos que a veces se acercan peligrosamente al “fraude patriótico” de la Década Infame.

Como sea, los más perjudicados en la disputa entra la Presidenta y el Gobernador, como siempre, son los de abajo: convidados de piedra, los empleados provinciales cobrarán la mitad de su aguinaldo anual fragmentado en cuatro partes. Scioli, en cambio, no tendrá mayores problemas ni económicos ni políticos. La plata le sobra y en política es un gato que siempre cae parado. Mal que mal, don Daniel se las viene ingeniando desde hace muchos años para estar cerca del poder político: secretario de Turismo de Carlos Menem, después diputado, luego vicepresidente de Néstor Kirchner y ahora gobernador de la provincia más grande, más rica y de mayor peso político del país, ya que representa el cuarenta por ciento del electorado nacional. Otro que recorrió diversos cargos ejecutivos y legislativos desde el menemismo para acá es Felipe Solá. Una vez le preguntaron cuál era la fórmula de su persistencia a través de los años y los gobiernos y respondió sin ponerse colorado: “Hacerse el boludo”. Pues bien, la fórmula de Scioli es la misma. Hábil para hacer declaraciones de poca sustancia, tiene puesto un casete desde hace mucho tiempo y no se cansa de repetirlo.  Astuto para construir un perfil de buen tipo, que no se enloda en los charcos de la política, ha conseguido una imagen positiva más alta que la que registra la propia Cristina Fernández.

El ORDEN DEL DISCURSO Y EL ORDEN DE LAS COSAS

En abril de este año esta columna se tituló “El enemigo interno”; en mayo, “Cómo perder amigos” y con el título que lleva la de este mes se cierra una “trilogía” que ha procurado analizar las estrategias de enfrentamiento de la presidenta Cristina Fernández con sus principales u ocasionales oponentes políticos. Fernández en este aspecto, como en otros, no ha hecho más que remedar el estilo de enfrentamiento permanente que inauguró su fallecido esposo en 2003. Sólo ha ido cambiando el destinatario de sus discursos confrontativos: la iglesia católica, el FMI, las entidades agropecuarias, el Grupo Clarín, Mauricio Macri, Hugo Moyano, Daniel Scioli. Contra todos ellos embistió sin miramientos y con singular éxito el matrimonio político más triunfante de la historia argentina.

Esta agresividad puede tener que ver con las condiciones personales de don Néstor y doña Cristina. De hecho les ha resultado muy práctica a la hora de sumar adeptos, pues esa tarea requiere definir nítidamente quiénes son los amigos y quiénes los enemigos. Y, por último, el modo agresivo en la alocución política responde a la necesidad de tener que justificar ciertas decisiones que no se corresponden necesariamente con lo que se dice. En otras palabras, no siempre los enemigos “discursivos” de los Kirchner lo han sido en la práctica; o también, no siempre esos enemigos han tenido realmente esa condición. Algunos ejemplos: a) a pesar del enfrentamiento verbal contra la jerarquía católica, el kirchnerismo ha frenado toda iniciativa parlamentaria para discutir la despenalización del aborto; b) a pesar de toda la perorata dirigida contra el FMI, la deuda externa ilegal y fraudulenta se sigue pagando; c) a pesar de que en la actualidad el Grupo Clarín es lo peor de lo peor, en el pasado era un aliado valioso, y lo mismo podría decirse de Moyano y de Scioli; d) a pesar de haber hablado pestes del neoliberalismo, los lineamientos generales de la política económica, salvo por una mayor dosis de asistencialismo,  no difieren en mucho de los que imperaban en los años noventa. Por ejemplo, todavía está vigente la nefasta ley de Entidades Financieras de la última dictadura, estructurada para favorecer la concentración del sistema bancario. Es decir, para aniquilar a las pequeñas entidades de ahorro y préstamo que daban créditos accesibles a los sectores más populares. Pero hay algo aún más grave: la brecha que hoy separa a los ricos de los pobres es más amplia que la de aquella época aciaga. Quiere decir entonces que muy poco se ha hecho para revertir la injusticia socioeconómica, pese a que todos los discursos presidenciales baten el parche sobre la “inclusión”.

Si todo lo argumentado hasta aquí es correcto, podría concluirse que en el orden de las cosas hay un enemigo histórico de los Kirchner que ha permanecido invisible en el orden del discurso: las clases populares. Jamás por supuesto serían mencionadas como adversarios, pero en los hechos lo son. Lo son en la medida en que reclaman por lo que les pertenece. El problema es que en la medida en que lo obtengan los de arriba acumulan menos (la palabra mágica es plusvalía, y la dijo por primera vez un señor alemán de larga barba en el siglo XIX). Por eso la respuesta inicial a los reclamos de los trabajadores nunca ha sido un intento de acuerdo. Todo lo contrario. Lo primero que se piensa es en reprimir a los que no aceptan el orden de las cosas establecido. Y allí están para atestiguarlo los petroleros de Las Heras, los constructores de Chubut, los pueblos originarios de Chaco y de Salta, y tantos otros que han padecido en sus cuerpos la violencia de un discurso que no los nombra como adversarios pero que los aborrece profundamente.

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Atropellando raíces

EL LADO OCULTO DEL “MODELO”

Desalojos, represión, detenidos y asesinatos. Campesinos y pueblos originarios son las víctimas de un modelo extractivo que, con apoyo del Gobierno nacional y los provinciales, avanza sobre el campo.

Por Darío Aranda


Sandra Juárez, Javier Chocobar, Roberto López y Cristian Ferreyra. Cuatro asesinatos de campesinos e indígenas, entre marzo de 2010 y noviembre de 2011. No hubo más porque falló la puntería: se repiten las represiones sobre territorios rurales y tienen como trasfondo el modelo extractivo (agronegocios, megaminería, forestales, petróleo). Datos oficiales, tan cuestionados como el Indec, señalan un piso de 9,4 millones de hectáreas en conflicto en todo el país. La Red Agroforestal (Redaf), colectivo de organizaciones y profesionales, precisa que (sólo en la región del Chaco argentino) se contabilizan 11,4 millones de hectáreas en disputa. Sólo las últimas dos semanas: hubo represiones en cinco provincias. El lado oculto del “modelo”.

Organizaciones campesinas exigen una ley que frene los desalojos, pero duerme cajoneada en el Congreso. Mientras: la Presidenta celebra acuerdos con Monsanto y propone correr la frontera transgénica.

Asesinatos

Sandra Juárez murió frente a una topadora de un paro cardíaco el 13 de marzo de 2010, paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero). 33 años, dos hijos.

Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán). Asesinado por ex policías y un empresario que pretendían hacer uso de una cantera dentro del territorio comunitario. Lo asesinaron el 12 de octubre de 2009.

Roberto López, abuelo qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa). Asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2010. La comunidad apuntó al gobernador Gildo Insfrán, que gobierna la provincia desde 1995, diecisiete años en el poder.

Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia.

Botones de muestra

El empresario rural Osvaldo Anzorena, de Tunuyán (Mendoza), atacó con gas pimienta a una familia campesina que se resiste a ser desalojada del lugar donde siempre vivió. La agresión sucedió el 20 de junio pasado, cuando el empresario llegó el paraje Arroyo Guiazú –donde vive la familia campesina Tejada– y le exigió que abandone el predio. En la finca habitan 20 personas, la mitad de ellos niños. “Anzorena se atribuye la propiedad de estas fincas, sin presentar, ni ante las familias, ni ante la justicia, prueba alguna de dicha afirmación. Desde hace varios meses está molestando a la familia Sena, diciendo que las propiedades son de él, que se tienen que ir. Ante la negativa de las familias, que bien conocen sus derechos, contrató a matones para amedrentarlas de manera violenta”, denunció la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza.

El 28 de junio a la noche, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz, referente de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. Los agresores tenían armas blancas. Amenazaron con degollar a Díaz, que terminó en el hospital local con lesiones varias. En el último año, luego de poner en la agenda nacional la vulneración de derechos en la provincia, la comunidad sufrió una decena de represiones. “Sabemos que los ataques a la familia Díaz son organizados por el gobierno de Formosa, es la nueva modalidad que han puesto en práctica desde hace meses. Es terrible hasta dónde pueden llegar. Hacemos publica la denuncia pero también le decimos a Formosa que no nos van a amedrentar con sus agresiones. Nosotros sólo reclamamos lo que es nuestro y pedimos justicia. No nos vamos a correr de esta postura por miedo a las agresiones que recibimos”, advirtió la comunidad en un comunicado el 30 de junio pasado.

El 15 de junio, a la mañana, la policía de Neuquén reprimió a la comunidad mapuche Gelay Ko, que había cerrado el paso a la petrolera estadounidense Apache, compañía que opera en territorio de la comunidad el primer pozo de gas no convencional de la Argentina (a 30 kilómetros de Zapala, centro de Neuquén). Detuvieron a dos dirigentes mapuche.

“Durante dos años quisimos dialogar con la empresa, pero no nos escucha. Somos 40 familias y 12 son las más cercanas y más afectadas. Hicieron veinte perforaciones en 60 hectáreas de la comunidad, no se hacen cargo de la contaminación y nos quieren callar con 500 pesos por mes para cada familia”, denunció Cristina Linkopan, lonko (autoridad política) de la comunidad.

El viernes pasado, 6 de julio, la comunidad Gelay Ko marchó por la capital provincial junto a otras comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén y la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, entre otras organizaciones. Rechazan la avanzada hidrocarburífera del llamado “gas no convencional”, que requiere técnicas cuestionadas por los pasivos ambientales. En Neuquén se encuentra el yacimiento “Vaca muerta”, que sería –según el Gobierno– uno de los yacimientos más importante del mundo. Y, dentro de las prioridades de la nueva YPF, se encuentra la explotación de hidrocarburos “no convencionales”.

La Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná (Salta) instaló el 4 de julio una carpa a la vera de la ruta nacional 40 (en el kilómetro 4350) para frenar una topadora que pretendía desmontar un territorio comunitario. Lograron que la topadora se retire. Dos días después (viernes 6 de julio), cuando integrantes de la comunidad viajaban a la capital salteña para una reunión en la Secretaría de Derechos Humanos de Salta, personal de la empresas y efectivos policiales ingresaron por la fuerza al predio indígena, amenazaron a la comunidad y escoltaron a la topadora para que comience el desmonte. “Fue desproporcionado el número de efectivos policiales, más de 30 cuando en el lugar había sólo cinco miembros de la comunidad”, precisó la comunidad, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).

Fueron detenidos dos referentes de la comunidad. “A pesar de la existencia de la comunidad indígena, la empresa  sigue usurpando territorios y destrozando nuestra biodiversidad con desmontes, plantaciones de viñedos y perforaciones, amparados por la Justicia que archiva las denuncias y recursos de amparo presentados por miembros de la comunidad”, denunció la organización y apuntaron al problema de fondo: “Es un caso más de intento de usurpación y avance sobre territorios campesinos e indígenas por parte de empresarios que buscan aumentar sus negocios con la destrucción de nuestros bienes naturales. Todo favorecido por políticas públicas que promueven los agronegocios, destruyen la naturaleza y persiguen nuestra cultura y forma de producción”.

Tres colectivos, una decena de motos y veinte camionetas transportaron el 4 de julio más de 250 policías hasta la localidad tucumana Base de Riarte (al norte provincial, límite con salta) para desalojar a la Comunidad Indio Colalao. Se trata de 19.000 hectáreas donde siempre vivieron las comunidades indígenas y en la actualidad es reclamada por dos empresarios. La represión fue ordenada por la jueza Ema de Nucci, a pedido del fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera. El Poder Judicial tucumano omitió la legislación vigente respecto al derecho indígena. Entre otras, la Ley Nacional 26.160 frena los desalojos hasta tanto no se realice un relevamiento de territorios comunitarios. La Ley 26160 fue sancionada en 2006, y estipulaba que en tres años debía estar relevado todo el país. Tucumán, a seis años de la sanción de la norma, aún no relevó a las comunidades.

La comunidad indígena denuncia desde 2010 a los empresarios y también al poder político local. Habían alertado de un plan de expulsión, con complicidad judicial, que implicó la matanza de animales, el cierre de caminos comunitarios, el cierre de la única escuela primaria de la zona y las continuas intimidaciones. El 9 de julio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estuvo en Tucumán, en la histórica Casa de la Independencia. “No a la represión y desalojo en Base Riarte”, reclamaba un cartel hecho a mano de indígenas que esperaban el ingreso de la Presidenta. Lograron un breve diálogo con el vicepresidente, Amado Boudou (llegó antes que la Presidenta). Pero luego fueron rodeados por militantes kirchneristas que imposibilitaron que el reclamo llegue a la Presidenta. “Trajeron al Movimiento Evita, a la Cámpora y a la seguridad, que con empujones armaron un cordón que no solo tape los carteles con sus banderas sino que fueron preparando un cercado para ir corriendo a los que se encontraban allí”, denunciaron en un comunicado dirigentes indígenas y la organización social La Fragua (del Frente Popular Darío Santillán) y apuntaron a dos poderes: “A casi 200 años de la independencia, decimos basta de la represión, persecución y desalojo de la Comunidad Indio Colalao y a todas las comunidades que están bajo los distintos mecanismos de terratenientes y testaferros que se apropian de los territorios ancestrales con la anuencia del Gobierno y de la Justicia”.

Conflictividad nacional

La Subsecretaría de Agricultura Familiar (del Ministerio de Agricultura de Nación) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) presentaron el abril pasado el primer “estudio” oficial de conflictos rurales. Realizado durante sólo tres meses en territorio, con sólo una persona por provincia, es más un muestreo o piso de casos que un “estudio” acabado. Fue presentado en el marco del “Encuentro Nacional por la Tierra”, realizado por el gobierno nacional, del 24 al 26 de abril en Salta.

Los datos oficiales: 857 conflictos de tierra en todo el país, afectan a 63.843 familias e involucran 9,3 millones de hectáreas. Lo insólito: ni el Gobierno ni la Unsam entregaron el “estudio”.

Las organizaciones y periodistas solicitaron, además de la gacetilla oficial con el resumen de datos, el trabajo completo. Pero, a casi tres meses de aquella presentación, aún no se hizo público. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo que reúne a ONG, organizaciones sociales y técnicos que trabajan en territorio, en el Norte argentino. Desde 2008 realizan relevamiento de conflictos en las zonas donde trabajan. En el último procesamiento de datos, agosto de 2011, habían contabilizado (para la zona del Chaco argentino) 244 casos: 209 exclusivamente de disputas por tierras, 25 ambientales y diez casos mixtos. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria. La superficie en disputa alcanza las 11,4 millones de hectáreas y son afectadas 1,6 millón de personas. Tienen gran peso los conflictos socioambientales, en parte ligados al modelo extractivo (desmontes y fumigaciones con agrotóxicos), multiplicados en la última década, a medida que avanzó la frontera agropecuaria sobre el Norte del país.

En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de ocho años de kirchnerismo se llegó al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultivada del país. Nunca antes la soja había crecido tanto. “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe 2010. No es casualidad que el grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000: “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”.

Proyectos cajoneados

El 19 de abril de 2011, en Buenos Aires, una decena de organizaciones campesinas hicieron público un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Trabajado durante un año y producto del consenso, el proyecto solicitaba detener los desalojos durante cinco años e instaba a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.

La fundamentación del proyecto cuestionaba al modelo extractivo, denunciaba el avance minero y los agronegocios. Los sindicaba como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innovó al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Proponía una mirada integral de la problemática de tierra, instalaba una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.

Fue consensuada y presentada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL), el Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Nacional Campesino (FNC) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares.

Había pasado casi todo 2011 y ningún legislador había presentado el proyecto en el Congreso Nacional. El 16 de noviembre asesinaron en Santiago del Estero a Cristian Ferreyra del Mocase-VC. Al igual de los que había sucedido con la represión en Formosa y asesinato del qom Roberto López, ningún funcionario de primera línea condenó el asesinato del campesinos santiagueño Cristian Ferreyra. Ambos gobernadores, Gildo Insfrán y Gerardo Zamora, adhieren al kirchnerismo.

El 18 de noviembre hubo una masiva marcha en Capital Federal. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI –donde el Mocase-VC es una de las organizaciones de base) enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional.

Una semana después, el 25 de noviembre, el MNCI se movilizó hasta el Congreso Nacional junto al Frente Transversal, la Cámpora, el Movimiento Evita, la CTA oficialista y Nuevo Encuentro, entre otras organizaciones kirchneristas. El proyecto de ley de freno a los desalojos fue ingresado con la firma de los legisladores kirchneristas Diana Conti, Carlos Heller, Edgardo Depetri, Martín Sabbatela e Inés Pilatti. A siete meses de su ingreso al Congreso, y con el kirchnerismo con mayoría en ambas cámaras, aún no fue tratado el proyecto del ley que busca frenar los desalojos campesinos.

Un modelo que avanza 

El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), presentado en septiembre pasado por la Presidenta, es un programa de metas a mediano plazo. Entre otros objetivos, planifica aumentar la producción granaria un 60 por ciento. Pasar de las 100 millones de toneladas actuales (el 50 por ciento es soja) a 160 millones, para 2020. Reconoce la necesidad de avanzar sobre nuevos territorios: desmontes, mayor uso de agrotóxicos, más conflictos territoriales y desalojos son la consecuencia más predecible.

En sus 180 carillas, no menciona en ningún momento a campesinos e indígenas. Apenas tres carillas hablan de “agricultura familiar”. El sujeto agrario del modelo es el empresariado rural y las grandes empresas proveedoras de insumos.

El 28 de febrero pasado, la Presidenta anunció que investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Conicet y la empresa Bioceres habían logrado una semilla de soja resistente a la sequía y que lograba “altos rendimientos”, lo que posibilitaría el avance sobre regiones en la actualidad hostiles al monocultivo. En Bioceres tiene participación accionaria Gustavo Grobocopatel, titular de Los Grobo, uno de los mayores pool de siembra del continente.

El 15 de junio, en Estados Unidos, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, almorzó con empresarios de ese país. Ante las cámaras, y transmitido en directo por Canal 7, contó que se reunió con la empresa Monsanto, preciso que le habían anunciado la instalación de una nueva planta en Córdoba. La Presidenta se autodescribió como “muy orgullosa” por el anuncio de Monsanto, precisó que Monsanto “ayudará” a la concreción del Plan Agroalimentario (PEA) y fue por más: le informó a Monsanto la posibilidad de “extender la frontera agropecuaria” sobre la Patagonia.

 

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Peña Nieto: El gen de la trampa

ELECCIONES EN MÉXICO: EL PRI VUELVE AL PODER CON EL APOYO DE LOS GRANDES MEDIOS Y DENUNCIAS DE FRAUDE

Se aproximan peores tiempos para México: así como es falaz que el proceso y la elección fueron impecables, y se omiten los tres asesinatos políticos de la víspera, el insolente despilfarro, los operativos de defraudación y la manipulación de cifras, llegó la hora también del cobro de facturas a Enrique Peña Nieto, porque su imposición no fue de gratis.

Por Álvaro Delgado (desde México)


Aun antes de asumir el cargo que le transmitirá Felipe Calderón –que la noche del 1 de julio parecía feliz con el derrumbe del PAN y su candidata, Josefina Vázquez Mota–, Peña ha comenzado a hacer nítida la coalición de intereses que lo patrocinó y el tono que imprimirá a un gobierno sometido a Televisa, su verdadera alma mater.

Lo anunció él mismo y el PAN le tomó la palabra: aprobar entre otras las reformas laboral, energética y fiscal. Esta última, aunque no lo ha dicho, prevé el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su aplicación a alimentos y medicinas, un símil del “reformón” que no pudieron aprobar Vicente Fox ni Calderón.

Para eso fue construido e impuesto Peña, que legalmente no ha ganado aún porque el proceso ni siquiera ha agotado su etapa básica: el cómputo de votos en los 300 distritos electorales del país, que inicia el miércoles, y cuyos resultados sí serán los oficiales, no los del PREP ni los del conteo rápido.

Y aún sin eso, sin siquiera llegar a la etapa jurisdiccional, han emergido numerosas irregularidades que, si no revierten el triunfo preliminar de Peña –algo improbable–, por lo menos lo han manchado.

Si los miembros del PRI, el PRI de siempre, están tan seguros de ganar, ¿por qué presionan, coaccionan y compran votos? ¿Por qué persuaden a los ciudadanos con dinero, enseres y utilitarios? ¿Por qué hacen fraude? ¿Por qué pagan para que las encuestas sean propaganda?

La respuesta es muy sencilla: porque sin fraude no son capaces de ganar y Peña Nieto no ganó con honradez.

Lo vimos y lo vivimos en todo el proceso electoral: en México coexisten valores cívicos con prácticas fraudulentas, honestidad con rapiña, concordia con resentimiento, esperanza con frustración, virtud con infamia, franqueza con hipocresía.

Al mismo tiempo que millones de ciudadanos cumplen con su deber y derecho –organizando el proceso, siendo funcionarios de casilla, yendo a votar, vigilando la correcta emisión del voto–, hay otros que traman estafas, que urden trampas, que adulteran la voluntad popular, que simulan la democracia.

El fraude electoral no es sólo el cínico relleno de ánforas, la amañada aritmética que se asienta en las actas y el robo de paquetes electorales, origen de la arraigada desconfianza en las elecciones, sino métodos más sofisticados, por lo visto ya plenamente admitidos.

Doy un ejemplo de esto: la campaña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a través de llamadas domiciliarias y de SMS a teléfonos móviles, el mismo día de la jornada electoral, cuando la ley ordena el cese de la difusión de todo tipo de propaganda.

Otro ejemplo: la difusión de estudios de opinión manipulados para ser usados como propaganda con el consentimiento pleno de los propietarios y directivos como Consulta Mitofsky, Parametría, GE-Isa, Beltrán y Asociados, Indermec-Harris, Buendía y Loredo.

Aunque una es una conducta claramente ilegal, la difusión de propaganda, y la otra es un fabuloso negocio parecido aunque menos peligroso a ser mercenario, son vicios tan dañinos para la democracia como la tolerancia a la compra del voto de ciudadanos aprovechando su hambre y la impunidad con la que se practica.

A esto y a más recurrió Peña Nieto, candidato del PRI-PVEM, para imponerse a sus adversarios por una ventaja preliminar de apenas seis puntos, no los 20.1 que le llegó a asignar Indemerc-Harris, encuestadora del diario El Financiero.

El ridículo lo hizo también el Grupo Milenio que patrocinó a la empresa GEA/ISA, que en la última encuesta ubicó a Peña Nieto con una ventaja de 18 puntos sobre Andrés Manuel López Obrador.

GEA/ISA, que en el 2006 manipuló los sondeos para favorecer a Felipe Calderón, realizó encuestas diarias durante los tres meses de campaña electoral y el conductor Ciro Gómez incluso retó a otras encuestadoras para cotejar cifras. “Nos vemos la noche del 1 de julio”.

Buendía y Loredo, de El Universal, le dieron al priista 17.1 puntos de ventaja; Ulises Beltrán y Excélsior le otorgaron 16; Parametría y El Sol de México concedieron 15.2, y Roy Campos, de Televisa, 15.1. El diario Reforma, Covarrubias y Demotecnia le otorgaron 10.

Sólo dos casas encuestadoras acertaron: Berumen, cuyo estudio fue financiado por las aportaciones personajes de académicos e investigadores, ubicó a Peña Nieto con una ventaja de 6.1 puntos, y Ipsos-Bimsa casi igual: 6 puntos. Sólo Ciro Gómez ofreció una disculpa por el ridículo: “Fallamos en lo más valioso: la precisión informativa”.

Apuntes

A nadie debe espantar que López Obrador proceda por la vía legal para que las instancias resuelvan lo que promuevan él como candidato presidencial y la coalición que lo postula. Si una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva en definitiva los recursos presentados, y toma acciones contrarias a la ley y al compromiso que firmó, entonces que cada quien decida si lo avala…

 
 
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