7 de junio de 2016

Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos



UN AÑO Y 275 FEMICIDIOS DESPUÉS DE LA PRIMERA MARCHA “NI UNA MENOS” NO SE PRODUJERON  AVANCES SIGNIFICATIVOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA 

Se ha avanzado, sin embargo falta mucho aún. Las violencias contra las mujeres ingresaron en las agendas políticas y mediáticas, pero se habla mucho –y a veces mal- y se hace poco. El Estado y los poderes republicanos se mueven con velocidad paquidérmica frente a una problemática sociocultural que mantiene una dinámica y dramática vigencia. Por eso hubo una nueva marcha “Ni una menos”, que se desarrolló en cerca de ochenta localidades grandes y pequeñas en todo el país, y que reunió a centenares de miles de mujeres. Muchas de ellas, sin militancia alguna, fueron solas o acompañadas por amigos/as, compañeros/as y parejas, y otras marcharon agrupadas en colectivos sindicales, políticos y universitarios. 

Por Marcelo R. Pereyra 

UN AÑO Y 275 FEMICIDIOS DESPUÉS 

La primera marcha “Ni una menos” fue el 3 de junio de 2015. El acontecimiento logró poner a las violencias contra las mujeres en el tope de las agendas mediáticas.Pero, como suele suceder, al cabo de unos pocos días desapareció casi por completo. El ingreso a las agendas de los medios es el paso necesario para que los organismos del Estado y los poderes de la República tomen nota de un determinado problema. Luego, entre tomar nota y hacer algo al respecto hay un largo recorrido. Por eso, un año y 275 femicidios después, las cosas no cambiaron mucho para las mujeres porque:
-todavía hay demasiados varones que creen que su parejas o ex parejas son de su propiedad; 
-todavía hay demasiados varones que sólo saben resolver los conflictos con sus parejas mujeres con insultos, gritos y golpes;
-todavía hay mucha misoginia;
-todavía hay mucha desigualdad entre varones y mujeres;
-todavía hay sentencias judiciales sexistas que justifican la violencia machista por las actitudes o dichos de las mujeres;
-todavía hay muchos policías que no saben/quieren proteger a las mujeres cuando denuncian violencias contra ellas;
-todavía no se ha orquestado un plan nacional de combate contra las mafias de la prostitución y la trata de mujeres, y
-todavía están faltando programas serios, integrales y permanentes de educación en la igualdad de los géneros humanos en todos los colegios y escuelas del país.

Por todo esto muchas mujeres, y algunos varones, decidieron  salir nuevamente a la calle para cantar contra el patriarcado, para pedir por una vida sin violencias y para soñar y esperar una sociedad más justa e igualitaria. 

CRÓNICA DE UN RECLAMO ANUNCIADO 

En la Plaza de los Dos Congresos la multitud se congregó con puntualidad y diligencia. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, se decidió marchar hacia la Plaza de Mayo. Y allá fueron cientos de miles de mujeres de todas las edades. Algunas muy niñas, otrasveteranas de muchas batallas por la igualdad entre los géneros. Caminaban por la avenida de Mayo junto con amigas, o con algunos varones, la mayoría de ellos jóvenes. Hubo también quienes marcharon con sus agrupaciones, unas a favor de la despenalización del aborto; otras, travestis protestando por los travesticidios; aquellas, de un centro de estudiantes de alguna facultad o de algún sindicato, como las ferroviarias, y las menos bajo las banderas de algún partido político. Pero todas reunidas en cánticos y cartelesrepudiando el patriarcado y el machismo, incluso contra los medios.

La multitud marchó con una rara mezcla de tristeza y alegría: tristeza por las víctimas fatales de la violencia, muchas de ellas perpetuadas en carteles con sus nombres y fotos. Víctimas que sólo recuerdan sus allegados, porque para el Estado y la Justicia son un número más, un expediente  más. Y alegría por saberse acompañadas en el reclamo; por encontrarse a cada paso con compañeras de lucha.

La noche cayó rápido sobre la avenida de Mayo, pero el gentío y la animación crecían a cada minuto. Pelucas violetas, globos negros, un muchacho de pollera y tacos altos, madres empujando los cochecitos de sus bebés, niñas posando para una foto sosteniendo el cartel “Ni una menos”, los vendedores de sándwiches y bebidas, oficinistas en los balcones…Todo transcurrió con fluidez y tranquilidad. Así hasta llegar hasta la Plaza de Mayo, que se llenó rápidamente. No hubo discursos. No eran necesarios. Todas y todos sabían por qué estaban ahí. Y se volvieron a sus casas con esa agradable sensación de haber hecho lo que tenían que hacer.

Todo sigue igual


PERÚ DECIDE PRESIDENTE ENTRE DOS CANDIDATOS DE DERECHA 

Con una diferencia insignificante, siguen los conteos del ballotage en Perú que dará como presidente al neoliberal Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Kambio (PPK) o a Keiko Fujimori, hija y heredera política del ex dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. A pesar de presentarse como dos propuestas distintas, lo único claro es el escenario de continuidad neoliberal para los peruanos y la profundización de la pauperización de las clases populares. 

Por Marcelo J. Levy 

Nada cambia. Todo sigue igual. Desde El mandato de Alejandro Toledo, pasando por Alan García y Ollanta Humala, la Republica de Perú ha sido un país devastado por el neoliberalismo conservador. Las dos opciones que se presentan para este nuevo periodo presidencial continúan en esa línea. Con una diferencia de décimas en los conteos finales (www.onpe.gob.pe) al cierre de esta edición, Kuczynski lleva la delantera. Faltan los votos del extranjero que representan el 4% del padrón electoral total que, según las encuestas, favorecerían a PPK.

Ahora bien, Las diferencias económicas entre los dos candidatos son de detalles. Si bien es cierto que hay una gran inquietud ciudadana por el posible retorno del autoritarismo fujimorista,  el establishment económico está tranquilo con el resultado electoral. Cualquiera sea el ganador, Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski, la continuidad del modelo neoliberal y de los intereses y privilegios empresariales, están garantizados. En eso, ambos candidatos están del mismo lado. Coinciden por ejemplo en su apuesta por los tratados de libre comercio y en privilegiar, a nivel regional, a la Alianza del Pacífico (Perú, Chile, Colombia y México), acuerdo comercial de orientación neoliberal y cercano con Estados Unidos en detrimento de espacios como CELAC y UNASUR. 

El próximo gobierno recibirá un país con una economía que se ha desacelerado, pero que sigue creciendo por encima del promedio regional. En 2015, creció 3,2 por ciento. Años anteriores lo había hecho por encima del 5 por ciento. La pobreza a nivel nacional es de 21,8 por ciento, pero en las zonas rurales se eleva a 45,2 por ciento. El 75 por ciento de la economía es informal, con trabajadores mal pagados y sin derechos laborales.

Para reimpulsar una economía desacelerada, el programa de PPK, como se le conoce a Kuczynski, propone devolver a las empresas el cien por ciento de impuestos a cambio de que reinviertan ese dinero y reducir el impuesto a la renta. También plantea bajar el Impuesto General a las Ventas (IGV), equivalente al IVA, de 18 a 15 por ciento.

El fujimorismo, por su lado, acusa a PPK de estar al lado de las grandes empresas, algo que no está lejos de la realidad, pero cuando ellos fueron gobierno en los años 90 les dieron a las grandes empresas generosos beneficios. Es casi hilarante ese tipo de reproches entre candidatos que representan a los mismos intereses económicos.

La economía peruana es altamente dependiente de la minería, que representa alrededor de la mitad de las exportaciones del país, y la caída de los precios internacionales de los minerales la ha golpeado y ha afectado su crecimiento. Pero ni Kuczynski ni Keiko tienen un plan para diversificar la economía y comenzar a romper esa dependencia.

Ambos candidatos se han comprometido a “defender los derechos laborales”. El fujimorismo, sin embargo, tiene en su historia la liquidación de esos derechos durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori. Y Kuczynski, quien ha sido ministro de Economía, no se ha caracterizado por su apego a los derechos laborales. Sin embargo, en esta campaña PPK se ha reunido con los principales sindicatos del país, con quienes se ha comprometido a respetar esos derechos. 

La candidata del fujimorismo ha basado su campaña en el viejo y extendido clientelismo fujimorista en los sectores populares, donde se basa su mayor apoyo, y en un discurso de mano dura contra la delincuencia, considerada por la mayoría de peruanos como el principal problema del país, ofreciendo pena de muerte, declarar el estado de emergencia en la capital del país y sacar a las fuerzas armadas a las calles. Kuczynski, por su parte, ha pedido el voto, con mayor fuerza en este último tramo de la campaña, apelando a la defensa de la democracia frente al riesgo autoritario que representa el fujimorismo.

El llamado de Verónika Mendoza, ex candidata presidencial del izquierdista Frente Amplio, tercera en las elecciones de abril con 19 por ciento, a votar por PPK por ser la única opción para detener la amenaza del regreso del fujimorismo al poder, y las masivas marcha antifujimoristas, han sido claves para la subida de Kuczynski.

Paradojas de la vida, si el candidato neoliberal gana la elección presidencial, le deberá su triunfo, en buena parte, a la izquierda. Pero la izquierda no le ha dado su apoyo a PPK por sus propuestas o virtudes, sino para defender la democracia frente al posible retorno del autoritarismo fujimorista, y ha sido clara en señalar que en un eventual gobierno de PPK sería oposición a su proyecto neoliberal. Keiko recibió esta semana el respaldo del alcalde de Lima, Luis Castañeda, cuya gestión es identificada con la expresión “roba, pero hace obra”. Es el único respaldo de un dirigente político de relevancia que ha logrado captar la candidata del fujimorismo. Con quienes sí ha cerrado alianzas la hija del ex dictador es con los mineros ilegales, que operan contaminando el medio ambiente y con altos niveles de explotación laboral; con los transportistas informales, que trabajan en la ilegalidad; y con un sector evangélico ultraconservador que pregona que la homosexualidad es “una aberración” y pide que el Estado la condene. 

La primera vuelta de de las elecciones había dado algunos datos significativos para analizar. Por un lado Keiko llevó la delantera con el 39% de los votos seguido por PPK con 21%. De ahí la necesidad de la unidad antifujimorista.

En este escenario aterrador, sin embargo, podemos vislumbrar algo esperanzador: el ascenso fulgurante de la candidata de izquierda Verónika Mendoza, que pasó del 2 al casi 19% de la votación en la primera elección. A su vez el voto de protesta no sólo se ha expresado votando por la izquierda sino también en el alto número de ausentes, blancos y nulos que suman ocho millones de los 23 que tiene actualmente el registro electoral, casi el 35% del mismo (en el ballotage fue de poco más del 18 %).

En definitiva asistimos a un proceso que viene de larga data en Perú y empieza a profundizarse en Latinoamérica. Como siempre,  no debemos desconocer la incidencia de los grandes medios hegemónicos de comunicación que han sido decisivos en el sufragio. Prebendas, concesiones y acuerdos posicionan y quitan candidatos. Todo sigue igual.

Involuciones



REFLEXIÓN SOBRE LA ARGENTINA ACTUAL, LA SEMI-DEMOCRACIA O EL SEMI-AUTORITARISMO Y LA SEMI-COLONIA 

Con el cambio de gobierno la Argentina ha experimentado un doble tránsito involutivo. Por un lado, desde una democracia capitalista -con todas las insalvables limitaciones que el capitalismo impone a la democracia, sobre todo en la periferia del sistema- a un régimen semi-autoritario o, para decirlo con palabras un poco más amables, a una democracia de baja intensidad; por el otro, una transición desde un estado soberano a otro de carácter semi-colonial, presto a obedecer los mandatos emanados de Washington alineándose incondicionalmente con la política exterior de Estados Unidos. 

Por Atilio A. Boron 

En relación a la primera involución los gestos y las decisiones políticas adoptadas por la Casa Rosada han sido de una elocuencia ejemplar y sería ocioso enumerarlos en su totalidad. Baste en cambio señalar apenas los más importantes: la autocrática pretensión de designar por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo a dos jueces de la Corte Suprema; la aplicación de una brutal terapia de shock para “sincerar” la economía argentina, eufemismo acuñado para ocultar el saqueo del “tarifazo”, la caída del salario real, el aumento del desempleo, la disparada inflacionaria y el vertiginoso crecimiento de la pobreza; la escandalosa transferencia de ingresos realizada en los primeros meses del gobierno, calculada en poco más de 20.000 millones de dólares producto de la eliminación de las retenciones (impuesto a las exportaciones) del agronegocio, la minería y los hidrocarburos.

En el terreno político se registra un debilitamiento del impulso democrático cuando se toman decisiones trascendentales sin un previo debate público y en función de criterios supuestamente técnicos. Un gobierno que se impuso en el balotaje con un exiguo 51.4 % de los votos y que actúa como si su legitimidad de origen reposara sobre un mandato popular conferido por el 70 % o más de los electores, sin reparar que se yergue sobre un país partido en dos y que la búsqueda del diálogo y el consenso tantas veces pregonado por los personeros de Cambiemos durante la campaña electoral es un imperativo categórico que fue velozmente archivado una vez que Mauricio Macri llegara a la Casa Rosada. El caso de los desorbitados aumentos en los precios de los servicios esenciales como el agua, la electricidad, el gas y el transporte impuestos sin las necesarias audiencias públicas previas que establece la legislación argentina ilustra con elocuencia lo que venimos diciendo. Es cierto que, en algunos casos, ante el descontento popular y los límites impuestos por fuerzas políticas de la oposición el gobierno se avino a revisar sus propuestas. Pero sus intenciones originales eran otras, y si aceptó la negociación democrática lo hizo a regañadientes y porque no tenía otra alternativa.

Por otra parte, la misma composición del elenco gobernante con una significativa presencia de CEOs de grandes transnacionales echa luz sobre el carácter oligárquico del gobierno, que se ve ratificado no sólo por el origen social de los supuestos representantes de la voluntad popular encumbrados en las alturas del aparato estatal sino fundamentalmente por las políticas que promueven que, al menos hasta el momento, sólo han beneficiado a las clases dominantes y perjudicado a todas las demás. Involución autoritaria que se confirma también cuando se nota la asfixiante uniformidad comunicacional (salvo muy contadas excepciones) que hoy sufre la Argentina debido al DNU 267 de Macri que derogó parcialmente la Ley de Medios –manotazo presidencial lamentablemente convalidado después por la Cámara de Diputados- cuyo objetivo era precisamente la democratización de la esfera pública. Por eso episodios tan graves como los que revelaron los Panamá Papers, y que comprometen la propia figura presidencial, han sido meticulosamente blindados ante los ojos de la población por un sistema de medios cuya misión parece ser manipular o confundir a la opinión pública en lugar de informarla. La voluntad de imponer el “pensamiento único” amparado por el oficialismo se manifestó en la eliminación de la grilla de los canales de cable de la señal noticiosa internacional de TeleSUR, condenando a los argentinos a escuchar tan sólo lo que el imperio considera apropiado, coartando de raíz cualquier posibilidad de contraponer hechos e interpretaciones alternativas. Por comparación al pluralismo de voces y opiniones que hasta hace pocos meses existía en la Argentina, que sin dudas no era el ideal por el aplastante predominio que aún así conservaban los medios hegemónicos, la situación actual no puede sino calificarse como un lamentable retroceso que empobrece la conciencia de la ciudadanía y carcome la vitalidad de la democracia porque ésta adquiere una existencia meramente espectral cuando lo que predomina en el sistema de medios es una sofocante oligarquía comunicacional.

En esta tendencia se inscribe la más reciente decisión del gobierno nacional derogando parcialmente, también por un DNU, un decreto del Presidente Raúl Alfonsín del año 1984 que consagraba el control civil de las fuerzas armadas. Según el mismo era el Ministerio de Defensa quien entendía y resolvía todo lo relativo a los ascensos, traslados, designaciones, premios y otras cuestiones relativas al funcionamiento de las instituciones militares. La supremacía civil sobre las fuerzas armadas es una de las señas distintivas de la democracia y lo que, hasta ahora, distinguía a la Argentina del resto de los países de la región. Lo que hace el DNU de Macri es debilitar esa supremacía y alentar la autonomía corporativa de los uniformados, lo que acercaría la Argentina a la triste situación imperante en países como Brasil y Chile, en donde las iniciativas de verdad, justicia y castigo a los responsables de los crímenes perpetrados por las dictaduras se estrellaron contra el veto del establecimiento militar.

La segunda involución es la que se produjo cuando el gobierno abandonó cualquier pretensión de autonomía en materia de política exterior haciendo suya la agenda, las prioridades (¡y los conflictos!) de los Estados Unidos. La Argentina ya intentó probar las virtudes de la sumisión neocolonial en los nefastos años noventas, durante la presidencia de Carlos S. Menem y así nos fue. Sin recibir nada a cambio, ningún beneficio especial como recompensa a tanta obsecuencia oficial, se pagó un precio atroz por tanta obsecuencia: 106 personas perdieron la vida en los dos atentados en contra de la Embajada de Israel y la AMIA, en represalia por la participación argentina en la Primera Guerra del Golfo. ¿Por qué la historia habría de ser diferente esta vez? La vociferante ofensiva en contra de una política exterior latinoamericanista -la única sensata en un sistema internacional atravesado por amenazantes turbulencias- que se expresa en la deserción del macrismo frente a proyectos como los de la UNASUR y la CELAC nada bueno presagia para el tan cacareado como enigmático “regreso al mundo” de la Argentina. Precisamente, una inserción fecunda en él sólo será posible desde una postura de autonomía -por supuesto que siempre relativa- que preserve los intereses nacionales y no desde una condición de sumiso peón en un peligroso tablero mundial cuyas fichas el emperador mueve a su antojo, y solamente atendiendo a sus propios intereses y no a los de sus serviles vasallos.

En las últimas semanas esta actitud ha sido atemperada, por razones oportunistas, debido a que la postulación de la actual canciller Susana Malcorra a la Secretaría General de la ONU requiere un cierto consenso entre los países del área y otros del Tercer Mundo, algo imposible de lograr si con tono desafiante se exaltan las virtudes del alineamiento automático con Estados Unidos. Pese a la mayor cautela en la retórica primermundista las incorrectas decisiones de fondo del gobierno de Macri siguen en pie. La adhesión a la Alianza del Pacífico sólo puede traer renovadas dificultades para la Argentina, lo mismo que el eventual ingreso al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés), habida cuenta de que ambas iniciativas fueron diseñadas por Washington con un claro propósito geopolítico: contener y, de ser posible, revertir la creciente gravitación de China en la economía y la escena internacionales. Pero el gigante asiático es uno de los dos principales socios comerciales y financieros de la Argentina, por lo cual asociar este país a acuerdos concebidos con tal objetivo difícilmente puede servir para mejorar los vínculos entre Beijing y Buenos Aires. Tampoco servirá para robustecer las relaciones con Rusia, un importante foco de poder en el cambiante sistema internacional. Por otra parte, a nadie se le escapa que el TPP, que es el proyecto más ambicioso, ha despertado crecientes resistencias en buena parte del mundo. Y que la Alianza del Pacífico es una inverosímil creación estadounidense que congrega a cuatro países: México, Colombia, Perú y Chile que mantienen tenues vínculos comerciales entre sí, con lo cual sus motivaciones geopolíticas “anti-chinas” afloran con inusitada transparencia y no han pasado desapercibidas para los gobernantes de la China. Países, además, en donde dos de ellos, México y Colombia, han sido devastados por el narcotráfico que ha infestado todos los estamentos de la vida estatal. No parece una buena opción para la Argentina subirse a un vehículo tripulado por semejantes actores.

Pese a estos antecedentes, subsiste en el gobierno la ilusoria y suicida creencia de que con la sumisión al imperio este país se verá favorecido por una lluvia de inversiones externas. El abandono de una política exterior independiente -que por serlo ha generado la permanente animosidad de los Estados Unidos desde la época del Congreso Anfictiónico de Panamá, en 1826- sólo puede traer nuevos infortunios a la Argentina. Para los muchos y muy diversos enemigos que Washington tiene en los cinco continentes el nuevo e indefenso aliado sudamericano será un blanco fácil de atacar, mientras que la burguesía imperial jamás estará dispuesta a recompensar a su voluntario peón con la magnanimidad que el ocupante de la Casa Rosada imagina. No lo hizo con México ni con los otros integrantes de la Alianza del Pacífico, y menos lo hará con la lejana e impredecible Argentina. Para concluir, este doble tránsito hacia el semi-autoritarismo y la semi-colonia nada bueno augura para el futuro de este país.





TPP y TTIP: vehículos predilectos de las trasnacionales transgénicas



CORPORACIONES Y AGRICULTURA INDUSTRIAL 

El pasado 21 de mayo en 50 ciudades de todos los continentes se realizaron más de 400 marchas contra la transnacional Monsanto, cabeza de las corporaciones promotoras de los cultivos transgénicos, o de la estrategia oligopólica de control de la agricultura y la alimentación mundial. Esta fue una respuesta mundial coordinada de ciudadanos y de organizaciones campesinas y académicas comprometidas socialmente, en oposición a la ofensiva desatada por las transnacionales en los más diversos frentes. En el Congreso de los EEUU, en los informes “científicos”, en las instituciones latinoamericanas, y desde luego en los megaproyectos comerciales como son el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y el Acuerdo de Asociación Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP). 

Por Alejandro Villamar (desde México)

Después que el estado de Vermont, base del Senador demócrata Bernie Sanders, aprobó en 2014, una ley de etiquetado obligatorio para alimentos conteniendo transgénicos, le siguieron los estados de Connecticut y Maine, así que todo el año pasado los esfuerzos de los cabilderos se volcaron tratando de evitar que el ejemplo cundiera en otros estados.

A finales de 2015 la alianza trasnacional y los conservadores en la Cámara de representantes aprobaron una ley de etiquetado voluntario (H.R. 1599), pero sobre todo que limitara las facultades estatales para regularlos a nivel nacional.

La protesta social y científica de más de 600 organizaciones de EE.UU. que apoyan el etiquetado obligatorio se preguntó, en voz de Wenonah Hauter una destacada activista: The United States of Monsanto? Y calificó la maniobra de “otro síntoma de una democracia secuestrada por los intereses corporativos

A principios de 2016 la estrategia transnacional transgénica se acentuó en el Senado, con un cabildeo de cerca de 100 millones de dólares repartidos, pero en plena campaña electoral y con el 88% de la población apoyando el etiquetado obligatorio, la oposición ciudadana y los votos demócratas derrotaron la iniciativa (S. 2609) por escaso margen.

Frenada la maniobra legislativa en EE.UU., la acción se reactivó en dos frentes claves: la del discurso ideológico avalado por instituciones y científicos ricamente subsidiados por las corporaciones transgénicas, y sobre todo en el terreno de imponer las reglas internacionales comerciales, que mediante los mega-tratados les abrieran las puertas a las exportaciones y al control alimentario mundial.

Mediante la controvertida e impugnada opinión pro-OGM del Consejo Nacional de Investigación (NRC): brazo de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. y receptor de millones de dólares en fondos de corporaciones como Monsanto, DuPont y Dow Chemical, denunciado por la prestigiada organización civil Food & Water Watch (FWW), recién se ha vuelto a reactivar la falsa imagen de opinión “científica” favorable al consumo de productos transgénicos.

Sin embargo, la oportuna publicación de FWW sobre los profundos y detallados lazos entre la mayoría de los expertos en OGM de los centros de ingeniería genética, las instituciones y los fondos corporativos, es contundente al afirmar que “se han creado conflictos de interés en todos los niveles de la organización” y que mientras esto no se ventile y se resuelva a favor de la autonomía real de los investigadores, las opiniones “científicas” están manchadas de duda sobre su “objetividad” y credibilidad.

Una opinión similar fue expresada hace tres años, en 2013, por más de 230 científicos de muy diversos países, que afirmaron No hay consenso científico sobre la seguridad de los OGM..

Finalmente, los mega-tratados comerciales y de inversiones, favorables a los intereses corporativos y con la pretensión de sentar las bases trasnacionales del siglo XXI, están siendo una de las fronteras de la contienda política entre los intereses comunes socio-ambientales y los intereses de la industria biotecnológica, nano-tecnológica y de la biología sintética.

En el mega-acuerdo transpacífico, las empresas transnacionales, sus cabilderos y funcionarios cómplices, lograron dejar plasmados sus objetivos en el Capítulo 2 de Trato Nacional y acceso de bienes de mercado, especialmente en el Artículo 2.29 comercio de productos de la biotecnología moderna del texto del TPP; en el se permite la entrada indiscriminada de cultivos transgénicos, de peligrosos productos biológicos y nanotecnológicos.

La trampa jurídica fue construida bajo la larga experiencia de, primero reconocer de manera retórica el derecho de cualquier estado a proceder conforme sus propias leyes, reglamentos y políticas, y poner a disposición del público información sobre el tema y los permisos y procedimientos aduanales, pero al final imponer la tradicional ley neocolonial del más fuerte.

Así, la fracción 5 del artículo citado establece el condicionante metodológico impuesto en la permisiva legislación estadounidense de aceptar niveles bajos de contaminación y atenerse a las Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante. Que traducida a lenguaje llano es aceptar los criterios, normas y procedimientos de la potencia dominante. La maniobra fue denunciada y rechazada por las redes sociales mexicanas inmediatamente después de conocer el texto oficial a finales del 2015.

Esta peligrosa maniobra de imponer la desregulación a los transgénicos y su impacto potencial sobre la soberanía y la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la preservación y desarrollo de las culturas agro-biológicas, es detallada y actualizada en el artículo del Dr. Steve Suppan, del Instituto de Políticas Agrícolas y Comerciales (IATP) que compartimos líneas abajo en su versión al español.

En el otro mega-tratado, el trasatlántico de comercio e inversión (TTIP), las maniobras no ha resultado tan fáciles, a juzgar por los más recientes intercambios de golpes diplomáticos entre los altos negociadores de los EE.UU. y la Unión Europea.

Pese al indudable debilitamiento del marco regulatorio europeo sobre los cultivos transgénicos y su introducción en los alimentos, logro de los cabilderos trasnacionales y de los burócratas de la Comisión Europea, subsisten contradicciones entre las posturas intransigentes de los negociadores de EE.UU. y la resistencia que por denuncia social han tenido que adoptar los funcionarios europeos.

Una guerra de correos electrónicos secretos dados a conocer recientemente exhiben muchas controversias en el tema de la política agrícola y alimentaria, entre ellos la política biotecnológica y los OGM. Los EE.UU. argumentan lentitud que se transforma en barrera comercial a los transgénicos, y la U.E. señala que hay asincronía en la autorización de OGM; los EE.UU. tratan de quitarle la facultad a los Estados miembros de la U.E. de regular su autorización y velar por la seguridad alimentaria e inocuidad. Los negociadores europeos argumentan la importancia de la seguridad del mercado europeo.

Mientras en los EE.UU. los intereses transnacionales transgénicos no han podido superar la creciente resistencia ciudadana y la reciente oposición legislativa, han optado por tratar de imponer su política de desregulación biotecnológica en Europa; sin embargo, en la U.E. subsiste la resistencia para defender una política mínimamente autónoma.

El conocimiento público inusitado de este irritable intercambio entre potencias ha llegado a la advertencia europea de que si EE.UU. no aceptan un verdadero compromiso no hay acuerdo en el 2016.

Así, frente a una política timorata de algunos gobiernos e instituciones latinoamericanas ante las transnacionales transgénicas, es evidente que ni la política de esas corporaciones, ni sus mega-tratados, elegidos como sus vehículos favoritos, pueden ni deben ser considerados como elementos determinísticos, sino sujetos creadores y receptores mismo de la crisis que recorre el mundo.

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