7 de octubre de 2010

¿Revuelta policial o Golpe de Estado premeditado?

EL IMPERIALISMO VUELVE A METER LA COLA

Venezuela, Bolivia, Honduras, Ecuador, ¿Paraguay? fueron ejemplos de cómo las elites locales en connivencia con el imperialismo norteamericano intentan desestabilizar una región que cada vez se presenta como más sólida. El último movimiento fue al presidente Rafael Correa la mañana del 30 de septiembre. Pormenores de un plan espontáneamente estructurado.

Por Marcelo J. Levy

El pueblo de Ecuador decidió tomar un nuevo rumbo a partir del 15 de enero de 2007. Esa fecha lo vio asumir como presidente a Rafael Correa por primera vez en medio de un apoyo popular generalizado. Pero lo cambios no siempre conforman a todos. Si bien el flamante mandatario era un joven economista educado en Estados Unidos, tenía una visión política totalmente contraria al modelo neo-liberal capitalista. Aunque los norteamericanos no estaban preocupados en un principio por la posibilidad de una victoria de Correa, de igual manera, el Departamento de Estado invirtió millones de dólares en la campaña electoral a través de varios grupos políticos y sociales. Aún así, Washington apostaba a que frente una victoria de Correa, su gobierno podría ser subordinado. Contrafácticos.

Lejos de acercarse al imperio como otrora lo habían hecho sus antecesores, el Presidente Correa comenzó a estrechar vínculos con Venezuela. Se unió a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) como miembro observador hasta el 2009. Ese año se incorpora como miembro pleno del grupo junto a Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela y las islas caribeñas de Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Grenadinas.

A su vez, una de las decisiones políticas que dividen aguas en los proyectos políticos en Latinoamérica es la convocatoria a una constituyente. Exactamente tres meses después de asumir, Correa convocó una constituyente nacional para redactar una nueva Constitución, como hizo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. La democracia, "en grave riesgo", rezaban los medios masivos acérrimos opositores desde el inicio del gobierno. Esa misma fecha liquida una deuda de más de 22 millones de dólares con el FMI y expulsa a representante del BM. Posteriormente convoca a una comisión auditora para analizar la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda externa. Una exhaustiva investigación determinó un sinnúmero de irregularidades lo que obligó a los abogados del Chase Morgan a comunicarse con Alejandro Olmos Gaona, uno de los auditores, para ver “cómo se podía arreglar todo esto”, ya que existía la decisión del Presidente Correa de no pagar la deuda.

El 28 de septiembre de 2008, a través de un referéndum nacional queda aprobada la nueva Carta Magna. Basada en la nueva Constitución, hubo elecciones presidenciales de nuevo en abril 2009, y Correa ganó con más de 55% del voto, seguido por Lucio Gutiérrez con 28%.
Continuemos enmarcando esta “rebelión policial”.

El primero de marzo de 2008, el gobierno de Colombia ejecutó una invasión ilegal en territorio ecuatoriano para bombardear un supuesto campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC). Fue conocida como la Masacre de Sucumbíos. La acción causó una ruptura en relaciones entre Ecuador y Colombia, y luego Venezuela también rompió relaciones con Colombia como muestra de solidaridad y rechazo a sus agresiones. Como era de esperarse, Estados Unidos respaldó a Colombia en medio de la crisis regional. Basado en supuestas evidencias conseguidas durante la operación militar en Ecuador, el gobierno de Colombia acusó al Presidente Correa de sostener vínculos con las FARC, grupo considerado “terrorista” por Washington y Colombia.

En diciembre 2008, el Presidente Correa realizó una visita oficial a Irán, reuniéndose con el Presidente Mahmoud Ahmadinejad para estrechar la relación Ecuador-Iraní. Firmaron varios acuerdos y anunciaron la apertura de embajadas en sus distintos países.

Del 2007 al 2008, el comercio entre Ecuador e Irán creció de 8 millones de dólares a 168 millones de dólares. En 2009, Irán otorgó un crédito de 40 millones de dólares a Ecuador para financiar la construcción de dos plantas eléctricas. Este año el Gobierno firmó un acuerdo para la construcción de tres centros hidroeléctricos con tecnología iraní.

Otro elemento fundamental. Jamil Mahuad, presidente de Ecuador hasta el año 2000, firmó un acuerdo permitiendo a Estados Unidos establecer una base militar en su territorio. La base en Manta se convirtió rápidamente en centro de operaciones militares de Estados Unidos en la región andina-sur. De allí, el Pentágono realizaba misiones de espionaje, inteligencia y reconocimiento por toda la región. Manta garantizaba un espectro amplio desde el Comando Sur en el estado Florida en Estados Unidos hacia sus bases operativas en Comalapa, El Salvador, Aruba y Curazao, y hasta su presencia militar en Colombia y Ecuador. Unos 500 militares estadounidenses ocupaban a Manta, junto a una cantidad de contratistas privados. Aunque el acuerdo inicial era para combatir al “narcotráfico”, Manta fue utilizada como un centro de operaciones contra la guerrilla colombiana. El acuerdo que permitía a Estados Unidos la ocupación y uso de Manta (sin pagar nada a Ecuador) venció en 2009. El Presidente Correa había dicho anteriormente que no firmaría la renovación del convenio y de esa manera, los militares estadounidenses tendrían que salir de Ecuador. “Podemos negociar con Estados Unidos sobre una base en Manta si ellos nos permiten poner una base militar en Miami”, declaró Correa durante su campaña. Y aunque Washington intentó presionar a Correa para permitir la permanencia de la base, Correa mantuvo su posición con firmeza. Luego fue descubierto que las fuerzas estadounidenses habían utilizado a Manta para ejecutar la operación militar conjunta con Colombia aquel 1 de marzo 2008 en territorio ecuatoriano, sin la autorización del gobierno de Ecuador.

El golpe de Estado en Honduras que ocurrido el 28 de junio de 2009 contra el gobierno de Manuel Zelaya no fue solamente por la famosa “cuarta urna”, es decir, por un referéndum para una constituyente (otra vez la constituyente), sino que también tuvo como causa central una base militar de Estados Unidos, en Soto Cano. Zelaya quería terminar el uso estadounidense de la base que es una de las más importantes para las operaciones militares de Estados Unidos en la región. Hoy, con Porfirio Lobo como pseudopresidente, la base continúa en funciones.

Días después del fatídico jueves 30 de septiembre, el ex Presidente Lucio Gutiérrez se desligó de los acontecimientos. Lo cierto es que durante el intento de golpe a Rafael Correa, el militar (que participó en un golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Jamil Mahuad) declaró en una entrevista televisada que “El fin de la tiranía de Correa está cerca”, pidiendo además “disolver el Parlamento y llamar a elecciones presidenciales anticipadas”.

El Presidente Correa denunció luego que personas vinculadas a Gutiérrez estaban infiltradas en los grupos de policías que provocaron el caos. Gutiérrez, quien se encontraba en Brasil, es un conocido aliado del ex Presidente George W. Bush. Días después de asumir la presidencia en Ecuador en 2003, Gutiérrez fue recibido por Bush en la Casa Blanca. El presidente estadounidense declaró en aquel momento que Gutiérrez era “El mejor aliado y amigo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.

Poco después, Gutiérrez autorizó a las fuerzas armadas estadounidenses el uso pleno del territorio ecuatoriano para sus operaciones militares. También se subordinó a los intereses de multinacionales y petroleras estadounidenses buscando explotar las reservas ecuatorianas.
Cuando Gutiérrez fue derrocado en una rebelión popular en 2005, y brevemente encarcelado por corrupción, Washington no le quitó su apoyo. Desde entonces, Gutiérrez ha mantenido sus vínculos con la derecha estadounidense, y lo siguen apoyando para que regrese al poder.

A su vez, por lo menos uno de los tres coroneles arrestados en Ecuador, entre otras cosas por intento de asesinato del Presidente Correa, hizo sus estudios en la siniestra academia militar norteamericana llamada “Escuela de las Américas” para un entrenamiento activo. Las fuerzas de seguridad en Ecuador que participaron en el golpe también han sido penetradas por las agencias estadounidenses. Su embajadora Heather Hodges fue enviada a Ecuador en 2008 por el entonces Presidente George W. Bush. Anteriormente, estuvo frente a la Oficina de Asuntos Cubanos, como Subdirectora en 1991, división del Departamento de Estado que se dedica a promover la desestabilización en Cuba. Dos años después, fue enviada a Nicaragua, para consolidar la gestión de Violeta Chamorro, presidenta seleccionada por Estados Unidos luego de la guerra sucia contra el gobierno Sandinista que logró su salida del poder en 1989.

Cuando Bush la envió a Ecuador, era con la intención de sembrar la desestabilización contra Correa. La embajada logró incrementar el presupuesto para organizaciones sociales y grupos políticos que promueven los intereses de Estados Unidos, incluso en el sector indígena. La semana antes del golpe en Ecuador, los encargados de seguridad de las embajadas de Estados Unidos en Centroamérica, que el año pasado realizaron el golpe en Honduras, se movilizaron hacia Ecuador.

No caben dudas que una vez más el imperialismo metió la cola. No cabe duda que frente a la negación de subordinarse, Estados Unidos ataca. Sin embargo, gracias a la movilización popular y a que las condiciones no estaban dispuestas, el golpe de estado fracasó. La primera declaración del Departamento de Estado cuando apenas estaba comenzando el golpe, fue un simple “estamos vigilando la situación de cerca en Ecuador”. Cuando la situación estaba ya controlada, el presidente hablando a la multitud, la mayoría de gobiernos regionales nucleados en la UNASUR habían condenando al golpe y expresaron su apoyo contundente al Presidente Correa, la Secretaria de Estado Hillary Clinton emitió una declaración de tres líneas “repudiando la violencia y la violación del estado de derecho y expresando nuestro apoyo al Presidente Rafael Correa y las instituciones democráticas del país”.

La derrota del golpe en Ecuador no significa que el objetivo de acabar con el gobierno de Rafael Correa no siga en marcha. Ecuador es una pieza clave en la conspiración permanente que mantiene Washington contra los movimientos revolucionarios en América Latina. No es casual que tres años luego de su primera elección, aparezca este conato de golpe de estado contra el Presidente Correa. Seis golpes de Estado, o intentos de golpe de Estado, promovidos por Washington en América Latina han ocurrido luego del tercer año del gobierno: Chile (1970-1973); Venezuela (1999-2002); Haití (2001-2004); Bolivia (2005-2008); Honduras (2006-2009) y Ecuador (2007-2010).

Para pensar ¿no?



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Ley de Glaciares: Una victoria sobre la corporación minera

EL CONGRESO DE LA NACIÓN VOLVIÓ A VOTAR UNA LEY SIMILAR A LA VETADA POR LA PRESIDENTA EN 2008

Finalmente el Senado aprobó la “Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar”, pese a la férrea resistencia de las cámaras mineras y de algunas provincias cordilleranas donde la actividad tiene un desarrollo creciente. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había vetado en 2008 una ley similar a pedido de estas provincias, pero frente a la intensa campaña que realizaron más de 300 asambleas, organizaciones sociales, ecologistas y pequeños productores de todo el país, aseguró que esta vez no la vetará y dio libertad de decisión a sus legisladores, lo que facilitó su sanción.

Por Hernán L. Giardini


Chile y Argentina albergan los más grandes glaciares de América del Sur, amenazados por el cambio climático y por las explotaciones mineras, que se multiplicaron en los últimos 20 años.

Según datos de la Secretaría de Minería de Argentina desde 2003 se registraron 900 nuevos proyectos mineros y la inversión en esta actividad creció desde entonces 1.100 % gracias a las leyes de promoción minera que se aprobaron en los ´90 y atrajeron muchas inversiones.

Sólo en la provincia de San Juan la producción minera creció un 950 % desde 2003 y las exportaciones se incrementaron en un 4.400 % desde entonces. De los 20 mayores proyectos que se llevan a cabo en el país, cinco se ubican en esa provincia. Uno está en marcha desde 2006, Veladero, y el otro es el proyectado Pascua Lama, los dos controlados por la corporación canadiense Barrick Gold.

Es por ello que algunas provincias cordilleranas, con San Juan a la cabeza, y las cámaras mineras dejaron bien en claro que no querían ninguna Ley de Glaciares. Para eso las empresas gastaron millones de pesos en solicitadas a página entera que publicaron casi todos los días durante tres semanas en todos los diarios nacionales, y recorrieron los despachos de los senadores con su equipo de lobbistas. Pero al ver que sí o sí se votaría una Ley de Glaciares, optaron por el mal menor: apoyar el proyecto del Senado, que era un poco menos restrictivo que el de Diputados y que no contaba con la venia de las organizaciones sociales.

Así, la noche del 29 de septiembre, el Senado se preparaba para votar por una Ley de Glaciares, con dos proyectos posibles: el del Senado, apoyado por las cámaras mineras y algunas provincias cordilleranas, y el de Diputados, fruto del consenso entre el senador Filmus y el diputado Bonasso y apoyado por más de 300 asambleas, organizaciones sociales, ecologistas y pequeños productores de todo el país.

Hasta último momento nadie podía pronosticar lo que iba a pasar. Varios auguraban un empate técnico o una victoria ajustada del proyecto del Senado. Sin embargo, tras una maratónica sesión de casi nueve horas, cerca de las 4:30 de la madrugada el proyecto que venía de Diputados fue sancionado por apenas dos votos de diferencia: 35 a favor, 33 en contra y una abstención.

Sorprendió el voto negativo de algunos senadores de provincias sin compromisos con las actividades mineras, como los de Misiones o Entre Ríos. Quizás el voto negativo que menos se esperaba era el de Eric Calcagno, quien desde el Le Monde Diplomatique ha escrito varios artículos denunciando el impacto de la minería a cielo abierto, pero que a la hora de votar lo hizo a favor de las mineras.

Del otro lado también hubieron sorpresas. Varios senadores, que se suponía podían votar en contra, lo hicieron a favor. Un claro ejemplo de esto fue el voto positivo del Jefe de Bloque del oficialismo, Miguel Pichetto.

“En todos estos años he tenido una conducta de fuerte disciplinamiento al Poder Ejecutivo porque entiendo que el bloque del oficialismo debe acompañar las políticas del Poder Ejecutivo. No hay ninguna duda acerca de cuál ha sido mi comportamiento político en este Senado. (…) Lo que quiero decir es que durante todo este largo debate la presidenta en ningún momento me impuso que votáramos sobre algunas de las versiones que están en pugna en este Senado. La presidenta ha dejado que se lleve adelante este debate, con un ejercicio pleno de la libertad y en función de visiones que son personales y que tienen que ver también con los intereses de las provincias. (…) Ahora bien, como la presidenta ha sostenido claramente que cualquiera sea la ley que se vote, va a ser promulgada, en este caso, y a título personal, yo entiendo que el mejor proyecto, el que mejor expresa la limitación de llevar adelante actividad minera en el glaciar y en el periglacial es el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Creo que es más preciso, que tiene un mayor trabajo y desarrollo”, afirmó Pichetto antes de emitir su voto, sorprendiendo a todos los presentes.

Sin dudas, otro de los logros de la Ley de Glaciares fue el de instalar en gran parte de la sociedad el debate sobre los impactos de la minería a cielo abierto.

En ese sentido, el senador Pichetto afirmó: “Comparto algunas de las visiones que se han dado en cuanto a que este Senado en algún momento va a tener que abordar el debate de fondo, el debate de la minería, el debate de la gran mega minería, el debate sobre los recursos que le quedan al país, además de la inversiones que realizan, que son importantes, o la generación de empleo por determinado período de tiempo. Si analizamos en términos de ingresos y tributarios, indudablemente este modelo minero tiene más consubstanciación con la etapa del 90, en la que no había ninguna inversión en minería, donde no venía nadie a invertir en minería. Era una política de aliento a la minería. En algún momento el Congreso va a tener que abordar esta discusión, fundamentalmente el tema de la mega explotación, el tema de la explotación con cianuro, con elementos contaminantes. Habrá que abordarlo con responsabilidad e inteligencia. Esta iniciativa no es una ley antiminera. No prohíbe la minería. Es totalmente falso ese concepto. Lo que hace es limitar la actividad minera en un punto central, que es el lugar del glaciar y el lugar del periglacial, allí donde está el agua, donde está este elemento trascendente que configura un derecho humano en términos del derecho del acceso al agua y el derecho a la vida. De estas cosas estamos hablando esta noche”.

La importancia de esta norma reside fundamentalmente en que la misma preserva los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, de biodiversidad, y para las actividades productivas, a la vez que los clasifica como "bienes de carácter público". Define además como ambiente periglacial al área con suelos congelados que actúa como regulador de recursos hídricos.

Lo cierto es que la flamante Ley de Glaciares obliga a realizar un inventario nacional de glaciares y el ambiente periglacial para su adecuada protección, control y monitoreo, a la vez que establece que las empresas mineras y petroleras deberán someterse a un estudio para evaluar su actual impacto ambiental sobre estas reservas de agua dulce. Para esa tarea se designa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), ubicado en Mendoza.

En ese sentido, la norma establece en su artículo 15 que en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial (por actividades mineras, petroleras, por ejemplo), se podrá “ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan".

Lo cierto es que esta ley es mejor que la que fuera sancionada y luego vetada en 2008, que sólo restringía la actividad minera en los glaciares, ya que esta alcanza también a los hidrocarburos y a toda industria que utilice sustancias tóxicas.

Una vez realizado el inventario, quedarán prohibidas sobre los glaciares las actividades que puedan afectar su condición natural, entre ellas la exploración y explotación minera e hidrocarburíferas. También se prohíbe en los glaciares la instalación de actividades industriales, la construcción de obras de arquitectura e infraestructura, como así también la liberación, la dispersión la disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos.

Sin dudas, la aprobación de esta ley ha sido un gran paso dado por el Congreso Nacional a pesar de la insistente y desproporcionada presión ejercida desde la corporación minera en contra de una norma que proteja los glaciares y el ambiente periglacial. En definitiva se logró establecer la preservación de recursos naturales con un valor estratégico trascendental como grandes reservas de agua.

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Supremos entuertos

LA CORTE SUPREMA Y EL GOBERNADOR DE SANTA CRUZ, LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO Y LA LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES

En las últimas semanas, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vienen siendo protagonistas de la política y de la información, ya sea como cuerpo, o de manera individual: el 14 de septiembre denunciaron penalmente al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, por incumplir con dos pedidos del tribunal para reincorporar al Eduardo Sosa en su cargo de procurador. Tres días más tarde la jueza Argibay hizo provocativas declaraciones acerca de eliminar los crucifijos de las salas de audiencias tribunalicias y sobre la despenalización del aborto; el martes 28 los supremos tuvieron que escuchar que Hebe de Bonafini los llamara turros en un acto organizado por el kirchnerismo para presionar por el fallo sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; al día siguiente, Bonafini redobló la apuesta y acusó de coimero al presiente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y, finalmente, el 5 de octubre se conoció la decisión unánime de los ministros avalando parcialmente la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín con respecto al artículo 161 de la mencionada ley.

Por Marcelo R. Pereyra


UN GOBERNADOR DESOBEDIENTE

Corría 1995. En el país gobernaba la banda de forajidos capitaneada por Carlos Menem y en Santa Cruz el amo y señor era un tal Néstor Kirchner. La provincia sureña estaba de parabienes, pues el gobierno nacional había decidido transferirle quinientos millones de dólares en concepto de regalías petroleras. Pero el cobro de las regalías parece que era muy complicado, entonces don Néstor contrató a un estudio de abogados, que parece que tuvieron una atención con él. El Procurador de la provincia, Eduardo Sosa, parece que olió algo podrido en el asunto y decidió investigar. Pero a don Néstor no le gustó y armó una intrincada maniobra legislativa que puso a Sosa camino a su jubilación. El ahora ex procurador empezó a fatigar tribunales tratando de ser repuesto en su cargo, y quince años más tarde, el 14 de septiembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó al actual gobernador santacruceño, Daniel Peralta, reponer a Sosa en su sillón procuradorial. Pero don Peralta se negó, y como no era la primera vez que lo hacía la Corte lo denunció por desobediente en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Seis de los siete supremos estuvieron de acuerdo en que “la omisión en que han incurrido las autoridades provinciales configura un desconocimiento inadmisible de sentencias de esta Corte".

La reacción de don Néstor y de la presidenta Cristina Fernández fue respaldar a Peralta y criticar a la Corte que ellos contribuyeron a conformar. Doña Cristina llegó a decir, con el particular humor que la caracteriza, que Peralta debía resistir la posibilidad de una intervención que podría dictar el Congreso, y que en caso de ser necesario le daría asilo político en la residencia presidencial de Olivos. Defraudado con los supremos, Carlos Zanini, secretario de Legal y Técnico de la Presidencia, se sinceró en una reunión con conmilitones: “Nosotros (por el Gobierno) no los elegimos para hacer lo que hacen”.


UNA JUEZA DIFERENTE

La red PAR, un colectivo integrado por 140 periodistas –mujeres y varones- de 14 provincias, que lucha por una comunicación no sexista, celebró su quinto encuentro en la ciudad de La Plata. En ese marco, organizó un reportaje público a Carmen Argibay. La jueza suprema, al referirse a una disposición del gobernador de Salta de imponer la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas, opinó que “el Estado es laico. Quien quiera dar educación religiosa a sus hijos, de cualquier religión, puede mandarlo a una escuela confesional o enseñarle en su casa, pero la escuela pública no puede ser confesional”. Como lo mismo ocurre con la Justicia, afirmó que deberían sacarse todos los crucifijos de las salas de audiencias de los tribunales. “Tener un símbolo religioso condiciona –dijo Argibay-. En un tribunal oral los testigos juran por sus creencias, no le preguntamos cuáles, pero atrás hay un crucifijo que puede influir mal, el testigo puede considerarlo una discriminación”.

Argibay también se metió en el áspero asunto de la despenalización del aborto. Consideró que es un momento propicio para debatir la cuestión en el Congreso: “Las encuestas muestran que la mayoría de la sociedad quiere que se debata y cree que el aborto clandestino y sin asepsia es la causa de la muerte de muchas mujeres jóvenes, pobres e ignorantes”. Aunque admitió que en el otro rincón está la poderosa e influyente iglesia católica: “La ‘santa madre’ todavía tiene mucha fuerza y ha llegado a amenazar con la excomunión a legisladores, por ejemplo para no votar mi nombramiento”, sostuvo. Para la jueza, la sociedad ha tomado conciencia de lo que significa no tener una ley de aborto razonable “y también de que es posible dictar leyes que signifiquen no una obligación sino un permiso, como el matrimonio igualitario. Nadie obliga a casarse, es un permiso, lo usa quien quiera. Si la Iglesia se opone al aborto, que se oponga para sus fieles, ¿pero por qué va a obligar a los demás?”.

Por supuesto que estas afirmaciones no cayeron bien en sectores católicos. Por ejemplo, el arzobispo de Luján de Cuyo, monseñor Alfonso Delgado, le sugirió a Argibay que también habría que “legalizar las coimas”. Por su parte, el mediático cura Luís Farinello opinó que el crucifijo “no es algo que identifica sólo a los cristianos, sino que es un símbolo de amor que va más allá de la Iglesia”. Desde la otra vereda, el rabino Daniel Goldman consideró que hay que abogar “por un Estado laico, por lo cual habría que retirar todos los símbolos religiosos de los lugares públicos”.

Al abordarse el tema de prostitución, la ministra dijo ser partidaria de penalizar a los clientes, es decir a los prostituyentes, tal como ocurre en algunos países de Europa. Y con respecto al delito de la trata de personas afirmó: “Las organizaciones de trata son muy poderosas. Muchas veces los políticos y la policía están metidos en el tema. Es imprescindible instalar el tema, no lo veo instalado. Y es importante dejar de repetir que tenemos programas magníficos para la trata si los programas no tienen presupuesto ni personal especializado”.


LA POLÍTICA CRISPADA

El Grupo Clarín había presentado a fines de 2009 un recurso de amparo contra el artículo 161 de la meneada ley de servicios de Comunicación Audiovisual. Ese artículo es la razón de ser de la norma. Todos los demás están de adorno. ¿Por qué? Porque como ya se ha dicho en esta columna, la motivación principal de la ley no fue ni la “democratización del espectro radioeléctrico” ni el “fomento de la pluralidad de voces”, u otras frases tan falsas y rimbombantes como éstas. La ley fue pensada exclusivamente para castigar al Grupo Clarín por su postura contraria a la resolución 125 –sobre retenciones a la exportación de granos-, y su consecuente apoyo a la protesta que la medida provocó en los medianos y pequeños productores agropecuarios.

Como quiera que sea, el mencionado articulejo disponía que los multimedios tendrían un año de plazo para desprenderse de las licencias que ya no podrían titularizar de acuerdo con la nueva ley. El Grupo Clarín adujo en su presentación judicial que el artículo 161 es inconstitucional porque las licencias de sus radios y señales de TV tienen vigencia hasta 2015. Un juez de primera instancia concedió el recurso; los abogados del gobierno apelaron, pero volvieron a perder en segunda instancia.

Así, a principios de 2010, la causa fue elevada a la Corte. Y apenas llegó comenzaron las presiones sobre sus integrantes: primero fueron reservadas, pero a medida que el tiempo pasaba y no había fallo en el gobierno se empezaron a poner nerviosos sospechando una decisión adversa. En consecuencia renovaron las presiones, pero ahora fueron públicas y culminaron con el acto que la militancia K y el gobierno organizaron en la plaza Lavalle. Y allí apareció en escena Hebe de Bonafini repartiendo insultos y acusaciones contra una Corte que se había transformado en el “enemigo principal”. Bonafini trató de turros a los ministros, acusó de coimero al presidente de la Corte y llamó a tomar el Palacio de Tribunales “si no nos dan lo que queremos”. Al día siguiente, nadie del gobierno repudió sus dichos: los apoyaron con un estruendoso silencio. Hasta Eugenio Zaffaroni, el ministro más cercano al oficialismo, disculpó a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo diciendo: “Es Hebe…”.

(Turro,a: Adj. y s., Argentina y Uruguay. Se dice de la persona desvergonzada y de malas intenciones. Diccionario Larousse).


JUSTICIA PARA TODOS

Unos días después –“la vida te da sorpresas”- el mismo Zaffaroni firmó, junto al resto de los ministros, el fallo por el cual la Corte ratificó la suspensión del 161. De esta forma, al no haber todavía un pronunciamiento de fondo sobre la inconstitucionalidad de la ley, el Grupo Clarín no tiene la obligación de desprenderse de sus activos-medios por lo menos hasta dentro de un año, plazo que se estima “razonable” para que tal pronunciamiento tenga lugar. En el texto del fallo, los ministros fueron particularmente insidiosos al recordar que las licencias que el Grupo quiere conservar fueron graciosamente prorrogadas por diez años por un decreto de Néstor K de 2005.

De acuerdo con demoníacas especulaciones de políticos opositores, el plan gubernamental era despojar al Grupo de algunas de sus joyas para entregárselas a empresarios amigos, como por ejemplo Sergio Szpolski o Diego Gvirtz, que harían una militante y fervorosa campaña a favor del candidato oficialista en las próximas elecciones presidenciales que, si la salud se lo permite, sería don Néstor. Como sea, el fallo no cayó bien en las filas kirchneristas. Varias de sus figuras hicieron oír su desagrado: el jefe de la bancada de senadores, Miguel Ángel Pichetto, lo lamentó “profundamente”, y un aliado del gobierno, el banquero Carlos Heller, se quejó de que “los grupos privados impongan su voluntad corporativa”. No obstante, llamativamente el matrimonio presidencial negó la derrota. Kirchner, que hacía una semana había calificado a la Corte como “vergonzosa”, recomendó analizar el fallo “objetivamente”, y doña Cristina, siempre con su fina ironía, celebró en un tweet: “Buena Noticia, los fallos de la CSJN no los redacta Magnetto. Tampoco los firma Morales Solá ni Van der Kooy”.

(Negación: mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto. El individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo negándose a reconocer algunos aspectos dolorosos de la realidad externa o de las experiencias subjetivas que son manifiestos para los demás. Wikipedia).

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Brasil: Balance inicial de la primera vuelta

ELECCIONES PRESIDENCIALES: HABRÁ SEGUNDA VUELTA ENTRE DILMA ROUSSEF (47% DE LOS VOTOS) Y SERRA (33%)

La frustración vino de la expectativa creada por las encuestas de una eventual victoria en la primera vuelta para presidente. La votación de Marina ciertamente influenció. Pero también de los efectos de las campañas de difamación -sobre el aborto, lucha contra la dictadura, etc.- así como el efecto que el caso de Erenice tuvo efectivamente para disminuir el resultado final de Dilma.

Por Emir Sader (desde Brasil)


La izquierda registró el mejor resultado electoral de su historia: Dilma en primer lugar, gobernadores en Río Grande do Sul, Bahía, Pernambuco, Ceará, Espíritu Santo, Sergipe, Acre, y tiene buenas posibilidades tanto en el Distrito Federal como también en Pará, limpia impresionante y renovación con una gran bancada en el Senado, incremento de escaños en la Cámara.

La frustración vino de la expectativa creada por las encuestas de una eventual victoria en la primera vuelta para presidente. Un análisis más preciso es necesario, empezando por el altísimo número de abstenciones y también de los votos nulos y blancos que, sumados, superan un cuarto del electorado. Pero también de los efectos de las campañas de difamación – sobre el aborto, lucha contra la dictadura, etc.- así como el efecto que el caso de Erenice tuvo efectivamente para disminuir el resultado final de Dilma.

La votación de Marina ciertamente influenció. La lectura de ese electorado es compleja, ni de lejos se trata de una ola ecológica en Brasil –las otras votaciones de los verdes fueron insignificantes. Se habrían juntado varías cosas: desde votos verdes, izquierda light, hasta los votos anti-Dilma, votos desencantados con Serra, entre otros. Pero la alta votación de Marina requiere un análisis más preciso.

Para la segunda vuelta cuentan esos votos: más de la mitad concentrados en São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais, además del DF, donde ella quedó en primer lugar. Cualquiera que sea la decisión de apoyo en la segunda vuelta – la convocatoria de asambleas para definir debe confirmar la tendencia a la abstención, volviendo más difícil la operación política en la dirección de apoyar a Serra-, ese electorado se orientará, en gran medida, no por la decisión partidaria, quedando disponible para los otros candidatos. En 2006, ni el PSOL pudo conseguir que sus votos fueran a otros candidatos, desobedeciendo la orientación del voto en blanco.

Es una ilusión considerar que la segunda vuelta es otra elección. Es la continuación de la primera, en nuevas condiciones de bipolarización. La campaña debe ser dirigida directamente por Lula, debe estar centrada en la comparación de los gobiernos de Fernando Enrique Cardoso y de Lula, debe tener una estrategia específica para el electorado de Marina y debe multiplicar los comicios y otros actos de masa, una diferencia importante entre las dos candidaturas.

En 2006 la segunda vuelta fue muy importante para dar un carácter más definido a la polarización con respecto a los tucanos, lo mismo debe darse ahora. Que se multiplique la votación y la movilización, para volver aún más fuerte la victoria de Dilma. Ella es favorita, pero debemos estar precavidos de las maniobras de los adversarios, del uso de la prensa, de las campañas difamatorias.

Puede ser una segunda vuelta de polarización aún más clara, porque los debates diluían los temas, en la medida en que había un coro de 3 candidatos poniendo énfasis en las denuncias. No supimos colocar como agenda central el hecho de que Brasil, con Lula, se volvió menos injusto, menos desigual, y que ese es el camino central a seguir.

http://alainet.org/active/41368



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El FBI y la criminalización de la disidencia

PERSECUSIÓN POLÍTICA EN ESTADOS UNIDOS

La madrugada del viernes 24 de septiembre, en las ciudades de Chicago, Minneapolis y St. Paul, agentes del FBI irrumpieron violentamente a punta de pistola en varios hogares de activistas contra la guerra, y pasaron horas requisándolos. El FBI confiscó computadoras personales y portátiles, fotografías y otros efectos personales. Los activistas recibieron citaciones para comparecer ante un gran jurado en Chicago. Se trata del más reciente incidente en la actual ofensiva contra la disidencia en Estados Unidos, que persigue a activistas por la paz acusándolos de apoyar a “organizaciones terroristas extranjeras”.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)


Coleen Rowley conoce bien al FBI. Fue la agente especial de carrera del FBI que reveló las fallas de la Oficina en la etapa previa a los atentados del 11 de septiembre. La revista Time la nombró “Persona del Año 2002”. Días después de los allanamientos en su ciudad natal, Minneápolis, me dijo: “No es la primera vez que se ve esta escena orwelliana de orientar la guerra contra el terrorismo hacia grupos pacifistas y de justicia social de Estados Unidos. De hecho esto comenzó inmediatamente después del 11 de septiembre y hubo dictámenes jurídicos y de la Oficina del Consejero Jurídico que decían que la Primera Enmienda ya no controla la guerra contra el terrorismo. Pero aún así, es alarmante que, en este momento, nuestros grupos humanitarios estén siendo tratados como de algún modo defensores de terroristas”.

La casa de Jess Sundin fue una de las allanadas. Jess fue la principal organizadora de la marcha contra la guerra en St. Paul, Minnesota el Día del Trabajador de 2008, que tuvo lugar cuando comenzaba la Convención Nacional Republicana. Describió el allanamiento: “El viernes por la mañana me desperté al escuchar que golpeaban fuertemente mi puerta. Cuando bajé las escaleras, había seis o siete agentes federales dentro de mi casa, donde mi pareja y mi hija de seis años ya estaban despiertos. Nos dieron la orden de allanamiento y revisaron toda la casa. Pasaron probablemente cuatro horas revisando todos nuestros efectos personales, cada libro, papel, nuestra ropa. Llenaron varias cajas y cajones con nuestras computadoras, teléfonos, nuestros pasaportes. Y cuando terminaron, como dije, tenían muchas cajas llenas con mis objetos personales y se los llevaron”.

Cuando ingresaron por la fuerza en el hogar del activista Mick Kelly el fin de semana pasado, los agentes del FBI destrozaron la pecera que tenía en la entrada. El blanco del FBI esa mañana incluyó no solo a activistas contra la guerra, sino también a quienes apoyan activamente una política exterior diferente hacia Israel-Palestina y Colombia. En el allanamiento de Kelly, el FBI buscó todos los registros de sus viajes, no solo a esos países, sino también de todos sus viajes dentro de Estados Unidos desde 2000, y todos sus contactos personales.

Nadie fue arrestado luego de estos allanamientos. Nadie fue acusado de ningún delito. Días más tarde, cientos de manifestantes protestaron frente a las oficinas del FBI en todo el país.

Los allanamientos sucedieron apenas días después de que el inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara un informe titulado “Revisión de las investigaciones del FBI sobre grupos nacionales de apoyo a diversas causas”. El inspector general investigó la vigilancia e investigación del FBI de, entre otros, el grupo ambientalista Greenpeace, People for the Ethical Treatment of Animals (Gente por un Trato Ético a los Animales), y el Centro Thomas Merton de Pittsburgh.

El Centro Merton fue fundado en 1972 con el objetivo de apoyar la oposición a la guerra de Vietnam, y continúa siendo un centro focal del activismo contra la guerra en Pittsburgh. En 2002, el FBI espió una manifestación organizada por el Centro, afirmando que “personas vinculadas al terrorismo internacional estarían presentes”. Como informa el inspector general, esta afirmación fue un invento, que luego fue transmitida al Director del FBI Robert Mueller, quien la repitió bajo juramento ante el Comité Judicial del Senado.

La vigilancia ilegal habitualmente está a cargo de los llamados “centros de fusión”, los misteriosos centros de inteligencia transjurisdiccional de las “Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo”, que reúne a los cuerpos de policía federal, estatal y local, los organismos de seguridad nacional y agencias militares. Allí parece que es común colocar la etiqueta de “terrorismo interno” a los activistas.

Recientemente, el gobernador de Pennsylvania, Ed Rendell, tuvo que disculparse públicamente cuando se reveló que su Director Estatal de Seguridad Nacional, James Powers, había contratado a una empresa privada para investigar y distribuir información sobre grupos de ciudadanos involucrados en actividades lícitas. Los grupos, que se oponían a la extracción de gas natural mediante el método conocido como “fracturación hidráulica”, ambientalmente muy destructivo, fueron descritos como “extremistas ambientales”.

Su delito: proyectar el documental “Gasland”, ganador de un premio en el festival de Sundance.

El gobernador Rendell dijo: “Pido disculpas a los manifestantes contra la planta Marcellus Shale, pido disculpas a los contribuyentes que participaron en las protestas, pido disculpas al Festival del Orgullo Gay. Pido disculpas a todos los nombres que figuraban en esta lista”.

Volviendo a la situación en Minnesota, el estado ha sido obligado a liberar a otros ocho activistas, denominados los “8 de la Convención Nacional Republicana”, que participaron en la organización de las protestas durante la Convención. Todos fueron arrestados en forma preventiva, antes de que comenzara la convención, y acusados de terroristas en virtud de la ley estatal de Minnesota. Desde entonces se retiraron todas las acusaciones de terrorismo en su contra (cuatro de ellos irán a juicio por otros cargos).

Todo esto sucede mientras el gobierno de Obama utiliza el miedo al terrorismo para procurar tener mayor autoridad para espiar a los usuarios de Internet y al mismo tiempo que sucede otro escándalo: El Departamento de Justicia también reveló esta semana que agentes del FBI hicieron trampa sistemáticamente en un examen que evaluaba el conocimiento de las reglas y procedimientos adecuados que rigen la vigilancia interna. Esto es más que tan solo un escándalo por hacer trampa. Se trata de las libertades fundamentales que son la base de nuestra democracia, el abuso de poder y la erosión de las libertades civiles.


Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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