7 de octubre de 2016

Otra vez, de nuevo, de vuelta

EL DELITO Y LA POBREZA IRRUMPEN NUEVAMENTE EN LAS AGENDAS POLÍTICAS Y MEDIÁTICAS
En las últimas semanas, el delito y la pobreza han vuelto a ocupar lugares centrales en el debate público. El primero, como es habitual, porque se sucedieron en un corto lapso varios hechos delictivos. La segunda, porque, por primera vez en muchos años, se difundieron dramáticas estadísticas. Son dos problemáticas muy relacionadas porque son la expresión y la consecuencia de un sistema de explotación de los que menos tienen. El delito no es una cuestión de falta de control y castigos débiles, sino la consecuencia de profundas desigualdades. Mientras que la pobreza es inherente al sistema, porque el sistema necesita pobres para funcionar.
Por Marcelo R. Pereyra

LO QUE HAY QUE DECIR
La pobreza y el delito no son problemáticas novedosas ni tienen períodos de agudización. Por el contrario, son históricamente crónicas. Han estado desde siempre ahí, en la estructura de la sociedad. No son un exabrupto, no son un tumor extirpable, son un constituyente regular. Claro que hay sociedades y sociedades. Hay algunas de ellas que son más desarrolladas,  justas e igualitarias. En esas el delito tiene menor magnitud, al punto que han llegado a tener que cerrar cárceles  (Ver por ejemplo “Holanda alquila sus cárceles a otros países ante la escasez de reclusos”, en http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-03-15/holanda-alquila-sus-carceles-a-otros-paises-ante-la-escasez-de-reclusos_1169051/). América Latina es todo lo contrario, pero particularmente desde mediados de los años 70, cuando estalló en toda la región una crisis económica sin precedentes. El ocaso del modelo neo keynesiano, precipitado por la crisis del petróleo, y un crecimiento constante de la deuda externa en todo el subcontinente crearon las condiciones necesarias para la instalación del Nuevo Orden neoliberal. Así, desde que en 1980 los EE.UU. decidieron aumentar las tasas de interés y el valor del dólar, se encareció el crédito y la deuda externa adquirió dimensiones desmesuradas. Para la renegociación de la deuda los organismos financieros internacionales impusieron recetas monetaristas y planes de "ajuste". De esta manera los latinoamericanos terminaron pagando la deuda con más endeudamiento. Como consecuencia de estas políticas se agudizaron  situaciones que ya existían: desigualdad en la distribución del ingreso, desempleo, marginalidad, y, sobre todo, pobreza.
En la Argentina la pobreza adquirió, como no había sucedido en el pasado, una dimensión pública en tanto que fue -y es- objeto de acciones y reacciones, proyectos y discursos, políticas y ocultamientos. En la ciudad de Buenos Aires el aumento dramático de la pobreza comenzó a hacerse más evidente a principios de los 90, cuando cada vez más  pobres comenzaron a recorrer las zonas céntricas en procura de algún sustento. Desde entonces  los recolectores informales de residuos -"cartoneros"-, los "sin techo" que habitan precarias viviendas bajo un árbol frondoso en una plaza céntrica,  los jóvenes que limpian los vidrios de los autos en los semáforos,  los niños que mendigan, y los hambrientos que revuelven los restos de comida de los restaurantes son algo habitual. Frente a esta nueva dimensión de la pobreza  la política y la sociedad solo reaccionan cada vez que se hace público algún informe proveniente del gobierno o de alguna institución privada con alarmantes cifras de pobreza e indigencia, de desnutrición infantil o de mortalidad neonatal. Los medios se suman a la confusión general construyendo una información sobre esas estadísticas que carece de la necesaria contextualización: las cifras parecen salidas de la nada. En los años más recientes el kircherismo solucionó de un plumazo este problema: directamente dejó elaborar estadísticas sobre la pobreza (Ver “Oficial: el INDEC dejó de medir la pobreza”; Clarín, 6-10-2015). Y si las elaboraba no las hacía públicas.
Otras veces  la pobreza es construida en los medios desde formas narrativas y  retóricas sensacionalistas, a partir de dramas individuales en los que lo más importante es mostrar cuánto sufren los pobres, qué desamparados están y qué buenos que son los que aguantan todo esto sin salir a la calle a protestar. Algunos periodistas y economistas los describen  como sujetos anómalos que no han sabido, o querido, aprovechar las “oportunidades” que el modelo pone a su disposición. Es decir que explican la pobreza por la idiosincrasia de los pobres. Así, un problema social se reduce a uno individual.

EL DELITO ES DE NOSOTROS, LA POBREZA ES AJENA
Vastos sectores de  las clases medias y altas consumen vorazmente noticias sobre el delito y sobre las medidas que adoptan los gobiernos al respecto.  Y las comentan todo el tiempo, mitad alarmados, mitad indignados. Ya se ha convertido en un tema de conversación tan popular y cotidiano como el fútbol o los chimentos sobre la farándula. Esta última a veces se cruza con el delito cuando una celebrity es asaltada o cuando formula drásticas expresiones del tipo “el que mata tiene que matar”. Es decir que, pese a su gravedad, el tema, en algún punto, se ha banalizado.
En cambio para estos sectores la pobreza es un problema de otros. Esos otros cuya presencia en las calles mendigando, viviendo o revolviendo contenedores genera la incomodidad de la culpa. En efecto, en nuestra sociedad de “ganadores”, individualista e insolidaria, los pobres parecen producir más disgusto que conmiseración,  más rechazo que vergüenza y más alarma que pena. La alarma proviene de la asociación ilícita del delito con la pobreza,  un fenómeno que ha sido observado en otros países latinoamericanos. En la sensación de amenaza que los que tienen menos les generan a los que tienen más,  la acción de los medios es fundamental, porque en sus secciones policiales los pobres son los victimarios por excelencia. En efecto, el hábitat de la pobreza suele ser presentado como el del delito. Los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense son los escenarios del crimen más jerarquizados en las noticias. Se publican estadísticas, mapas e infografías que señalan cuáles son  las zonas donde se denuncian y/o cometen más delitos (y que por lo tanto resultarían las más peligrosas). En el caso particular de la zona norte del Gran Buenos Aires, los informes publicados  subrayan el riesgo que representa el hecho de que los countries y barrios cerrados tengan en sus cercanías barrios pobres, dándose a entender así que hay riesgo de delito porque hay pobres, y sobre todo porque los pobres viven cerca de los ricos.
Y AHORA, ¿QUÉ HACEMOS?
Argentina, como todos los otros países del sistema capitalista, ha sido y es gobernada por distintas facciones de la clases dominantes. Nunca el país ha sido gobernado realmente por el pueblo. En todo caso fue conducido  por quienes dijeron representarlo, aunque en los hechos gobernaron para conservar y/o profundizar unas relaciones sociales de producción injustas y desiguales. Y esto corre para los dos líderes más populares que ha tenido el país, Irigoyen y Perón, y para sus émulos, como Alfonsín y los Kirchner, por ejemplo.
Los gobiernos burgueses no pueden hacer mucho por el delito y la pobreza, porque, en definitiva, ellos mismos son responsables directos de ambas problemáticas si no hacen nada por superar las desigualdades sociales que están en la base de las dos. Por eso, cuando delito y pobreza irrumpen en la escena pública, solo atinan a emparchar. Es lo máximo que pueden hacer. Entonces, para combatir el delito solo piensan en aumentar los policías y las cámaras de vigilancia, o en elevar las penas, o en trasladar gendarmes de aquí para allá. Innumerables “planes” para “combatir la inseguridad” han sido presentados en los últimos años. Todos fracasaron. Arslanian, Rico, Béliz, Stornelli: no importa el apellido, todos los responsables de la seguridad, también fracasaron, y los que vengan también fracasarán. Sólo tratan de salir del paso, hacer como que hacen algo,  y aguantar hasta donde puedan.
Con la pobreza pasa lo mismo. Cuando las cifras ya son escandalosas se acude al asistencialismo: pueden ser las cajas PAN de Alfonsín o los planes sociales de Duhalde. El asistencialismo además tiene la ventaja de contribuir a los triunfos electorales, como bien lo ha comprobado el kirchnerismo. Luego puede haber algunas ayudas circunstanciales –como el ridículo bono que se está discutiendo ahora-, o subsidios para  los servicios públicos y el transporte. Pero a la larga todo ello se agota y hay que “sincerar” la economía. Y no hay mucho más que eso.
Delito y pobreza no son lo mismo. No todos los que delinquen son pobres, y tampoco todos los pobres delinquen. Pero sí existe una relación directa entre los delitos contra la propiedad –robos y hurtos- y el grado de desigualdad social y económica que existe en una sociedad. Por eso delito y pobreza ponen en cuestión al modelo de dominación vigente. Son la consecuencia y la cara más visible del neoliberalismo. Una cara que se intenta ocultar porque desnuda su esencia; son una imagen otra, no querida, del ideal social.


El tiro del final

DURO REVÉS AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

Más de tres años de diálogos entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un documento minucioso y extensísimo de casi 300 páginas y la esperanza de terminar con un conflicto que lleva más de medio siglo, se esfuma por un acto plebiscitario aparateado por los sectores más rancios de la derecha colombiana y los grupos trasnacionales de poder con base en Estados Unidos que necesitan de la guerra para mantener, a partir del miedo, la continuidad del negocio.                                                                                                                           
Por Marcelo J. Levy

No alcanzaron ni las 260.000 víctimas ni los casi 7 millones de desplazados. No bastó tampoco el apoyo internacional nunca antes visto en un conflicto. Los 15 jefes de Estado y del secretario general de las Naciones Unidas abalando y apoyando la paz. Hasta el Papa se manifestó dolido por el resultado del plebiscito y los suecos le otorgaron el Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel  Santos. El odio, la manipulación mediática y los intereses corporativos fueron los vencedores otra vez en esta Latinoamérica cambiante.
A diferencia de lo que muchos piensan, las preocupaciones Álvaro Uribe, principal impulsor del NO  a la paz no son el punto sobre la tierra (Desarrollo Agrario Integral); ni el punto sobre desmovilización y zonas de concentración (Fin del Conflicto); ni la sustitución de cultivos (Drogas Ilícitas); y menos aún el plebiscito (Verificación y Refrendación). El verdadero problema para Uribe  y sus lacayos, se centra en la participación política (con frases  machacadas por CNN, cadena Caracol y otras como “pronto Timochenko será presidente de Colombia”) y sobre todo en la cuestión de las víctimas. Lo que Uribe llama “impunidad” es decir, la falsa creencia de que los miembros de las FARC no tendrán un proceso de enjuiciamiento, se basa en la posibilidad concreta y real de que también serán procesados los militares condenados por crímenes conexos al conflicto y, a partir de ahí, cabe la posibilidad de que se llame a juicio también a los civiles implicados por los militares. Este es el quid del asunto, y ahí están los verdaderos motivos del NO.
Hoy en día hay en Colombia unos dos mil militares presos. La mayoría de ellos están en la cárcel por condenas que tienen que ver con el conflicto armado, directa o indirectamente: las recompensas gigantescas que provocaron los falsos positivos (asesinato de civiles inocentes por militares, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate) se originaron en el afán de mostrar resultados contra las FARC.
Las alianzas con los grupos paramilitares tienen el mismo origen. Basta que una fracción de estos militares condenados (generales, coroneles, suboficiales, soldados profesionales) quieran contar toda la verdad para que se destape un olla que complicaría mucho a militares en ejercicio o con onerosas jubilaciones. Y no sólo eso: todas las empresas y civiles que los asesoraron y apoyaron económicamente podrian finalmente salir a la luz.

El acuerdo preveía el ingreso de las FARC en la política de forma legal. Sus 5.765 combatientes, iban a concentrarse en 27 sitios para su desarme y posterior reinserción a la vida civil. Pero ahora lo que reina es la incertidumbre absoluta.
Unos 34,9 millones de colombianos fueron convocados a pronunciarse sobre el pacto de cese de hostilidades firmado el 26 de septiembre. Lo que quizás resulta más incomprensible es el enorme ausentismo en las elecciones. Más del 60 por ciento de los colombianos de abstuvo de participar en el acto eleccionario. Es decir, (dejando de lado aquellos de la región Caribe que debieron ausentarse a causa del huracán Matthew) casi dos tercios de los colombianos se manifestaron desinteresados de semejante tema. Esto también puede considerarse como un grosero error estratégico tanto del gobierno como de las FARC: no poner toda la carne al asador para revertir una historia de urnas esquivas.
En el año 2014, últimas elecciones presidenciales, la abstención fue del 60 por ciento; en el  2010, del 56 por ciento; en el año 2006, el dato fue muy parecido. En la convocatoria a la Asamblea Constituyente de 1991, la abstención llegó hasta el 78 por ciento. La baja participación electoral es una constante en Colombia. A más de la mitad de la población no le interesa ir a votar. En Colombia, la exclusión histórica ha sido de tal magnitud que excluyó a las mayorías de la vida política. Dejaron de creer en las urnas como instancia para resolver los problemas.
De los casi 13 millones que se acercaron a las Urnas este 2 de octubre, la diferencia entre el Sí y el No fue de 60.000 votos. ¿Cómo permitir que es margen insignificante decida el pasado, futuro y presente de Colombia? Es inaudito.
En definitiva, el sujeto del plebiscito son las víctimas, que votaron aplastantemente por el Sí. El No, gana en regiones alejadas del conflicto, con peso clave de la oligarquía y de la dictadura mediática. Principalmente las grandes urbes. Son las víctimas las que deben acusar a los responsables de la violencia, son ellas las que deben hablarle a los que no votaron.
El pueblo de Colombia ya ha comenzado a tomar las calles de manera absolutamente pacífica para reclamar el cumplimiento de los acuerdos de La Habana y rechazar las presiones de Uribe fundadas en la venganza y la siembra del miedo. La necesidad del enemigo interno para la justificación de la militarización, la excusa del tráfico de drogas y la inoculación sistemática del miedo al “castrochavismo” en Colombia es la exitosa receta del uribismo y los Estados Unidos.
Centenares de miembros de las FARC que estaban listos para ir a los lugares donde entregarían sus armas a las Naciones Unidas empezaron a retornar a las zonas donde actuaron en los últimos años. Las FARC ya habían aprobado su disolución como grupo armado y la conversión en un movimiento político legal. El líder de las FARC, Timochenko, afirmó que su grupo sigue empeñado en la paz y en seguir usando la palabra como única arma.
El 31 de octubre terminaría el cese unilateral del fuego. Sería una derrota escandalosa que después de todo el proceso, el conflicto vuelva a tomar a Colombia. Está en aquellos que tienen la decisión y el verdadero incentivo para la paz, que puedan agotar todas las instancias posibles para rectificar el curso, apoyados en el inmenso crisol internacional que desea la finalización del conflicto. El plebiscito pírrico fue producto quizás de no dimensionar el poder del enemigo. La paz espera todavía.

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Golpes blandos

DERROCAMIENTOS PRESIDENCIALES EN HONDURAS, PARAGUAY Y BRASIL

El golpe parlamentario que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff es el eslabón más reciente de una serie de golpes blandos que empezó con el derrocamiento del presidente de Honduras, Mel Zelaya, en el 2009, y siguió con el de Paraguay, Fernando Lugo, en 2014. La secuencia, a medida que avanza, va creciendo en su maquillaje y su sofisticación. Empieza en Honduras con un golpe rudimentario, al principio casi de manual, pero con una parodia de legalidad. Sigue con un juicio político express en Paraguay sin pruebas contra el presidente y violando su derecho de defensa y culmina en Brasil con un proceso tan legal como ilegítimo y carente de fundamentos jurídicos. La secuencia, además, arranca en la periferia de la región, donde Estados Unidos continúa siendo la fuerza hegemónica, y llega hasta el corazón mismo de Sudamérica y principal potencia regional, que es Brasil, pasando como escala intermedia por un país sudamericano y socio del Mercosur como Paraguay, parte del grupo de países sudamericanos que formó un bloque relativamente autónomo en la década pasada y empezó a aplicar mecanismos propios para resolver sus conflictos.

Por Santiago O´Donnell

A principios de la década pasada, las nuevas instituciones regionales como Mercosur y especialmente Unasur habían servido para evitar la interrupción de regímenes democráticos en Ecuador y Bolivia, y resolver conflictos bilaterales como Colombia-Venezuela, Colombia-Ecuador o Bolivia-Chile, desacuerdos todos ellos que en tiempos de guerra fría habrían tenido a Estados Unidos como protagonista principal y árbitro eventual. Pero la distracción de Washington con las guerras en Medio Oriente, y la aparición de China como principal socio comercial, junto a la coincidencia de un grupo de gobernantes carismáticos de similar signo político, comprometidos con la integración regional, consiguió romper la hegemonía del Consenso de Washington a nivel sudamericano.

Mientras en México, Centroamérica y el Caribe, a pesar de puentes tendidos a través de organismos que excluyen a Estados Unidos y Canadá como la Celac, por su nivel de integración con la potencia del norte tanto a nivel de tratados de libre comercio como en temas migratorios y de remesas, la dependencia sigue siendo casi absoluta, lo cual impide su participación en otros proyectos de integración. Este límite se vio en el golpe de Honduras. Zelaya fue sacado de su cama en pijamas por una patota del comandante del estado mayor, Romeo Vázquez. Lo llevaron a una base militar estadounidense, lo subieron a otro avión y lo echaron del país. A la mañana siguiente, en una sesión legislativa asumió un títere civil del comandante, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, y los militares decretaron el estado de sitio y una serie de medidas de control social de corte autoritario. Según cables del Departamento de Estado estadounidenses revelados por Wikileaks, Estados Unidos no apoyó el golpe y hasta intentó de disuadir a sus autores, aunque Zelaya no era de su agrado. De hecho, Estados Unidos acompañó al resto de los países de la OEA en su condena al día siguiente de que ocurrió. Pero apenas horas después Estados Unidos, a contramano de Latinoamérica, empezó a apoyar la transición del gobierno golpista hacia unas rápidas elecciones, aprovechando que Zelaya estaba en el final de su mandato. Mientras tanto, envalentonados por sus éxitos en Sudamérica, Brasil y Argentina apostaron fuerte al regreso de Zelaya, con Cristina Kirchner acompañando al presidente legítimo en un fallido intento de regreso y Lula dándole asilo en la embajada brasileña de Tegucigalpa una vez que el regreso no pudo concretarse. Con su apoyo a la transición del gobierno golpista, Estados Unidos marcó un límite a la expansión del bloque sudamericano sin romper sus políticas de Estado de no invadir más después del desembarco los Marines en Panamá en 1989, y de no apoyar más golpes, al menos abiertamente, desde el fallido putch contra Chávez en 2002.

Así llegamos al segundo golpe blando contra un gobierno progresista por parte de una elite financiera y política malacostumbrada a perpetuarse en el poder a como dé lugar. Esta vez le tocó al ex obispo Fernando Lugo, otro personaje que no era del agrado de los Estados Unidos, entre otras cosas, Wikileaks dixit, porque reemplazó una unidad antiterrorista estadounidense dedicada a entrenar tropas de elite paraguayas, por asesores militares de Argentina y Brasil. Lugo no era un político tradicional ni era particularmente hábil a la hora de negociar. Sin apoyos en el Congreso, abandonado por sus socios del Partido Liberal, traicionado por su vice Federico Franco, quedó a la merced de la elite golpista, acostumbrada a décadas ininterrumpidas de gobierno de la mano del general Alfredo Stroessner y su Partido Colorado. La oportunidad llegó tras la conmioción social causada por la llamada masacre de Curuguaty, en la que fallecieron once campesinos y seis policías en una estancia sojera en el este del país. Si bien la violencia venía desde hace tiempo y quizá nadie había hecho más para mediar en el conflicto entre campesinos y terratenientes que el propio Lugo, el Congreso decidió destituirlo por su “responsabilidad política” en el enfrentamiento. El juicio duró menos de 48 horas y Lugo tuvo menos de dos para defenderse. A falta de pruebas reales, fue destituido por el voto de 215 de los 225 congresistas paraguayos después de que la Corte Suprema rechazara un pedido de aplazar el proceso. La destitución fue condenada por la mayoría de los países de la Unasur pero, a diferencia del golpe blando hondureño, una moción de censura en la OEA apenas alcanzó 8 votos a favor y 28 en contra. Unasur mandó a una delegación de cancilleres que al término de su misión emitió un documento crítico, los países bolivarianos del ALBA no reconocieron al gobierno de facto de Franco y el Mercosur suspendió la membresía de Paraguay hasta las elecciones, nueve meses después del golpe, que llevaron al gobierno al colorado Horacio Cartes.

Ahora llegó el golpe en contra de Dilma. Esta vez se respetaron los tiempos y rituales que marca la formalidad, en un proceso parlamentario que fue supervisado in situ por el presidente de la Corte Suprema. Pero nuevamente se trata de una interrupción del régimen democrático para imponer un gobierno de facto de una elite nostálgica de poder, a través de mecanismos constitucionales previstos para sancionar acciones criminales a pesar de que no se acusa a la presidenta de haber cometido crimen alguno, aprovechando el mal humor social por una prolongada recesión y un persistente escándalo de corrupción que involucra a muchos de los pincipales empresarios y dirigentes políticos del país, pero no a Dilma.

Siguiendo con la progresión de condena total en el caso hondureño y condena parcial en el caso paraguayo, esta vez las voces de protesta a nivel regional son más la excepción que la regla, atento al vuelco a la derecha que está dando Sudamérica. A diferencia de lo que pasó en Honduras pero en sintonía con lo que pasó en Paraguay, en el caso brasileño Washington se mantiene cauto, distante y prescindente, como aceptando la nueva realidad geopolítica de su pérdida de hegemonía. Sin embargo, atenta a los múltiples intereses que aún posee en la región, así como a su alianza tradicional con los factores de poder que quedaron del lado de los golpistas o directamente operaron para erosionar las fuerzas democráticas especulando con la posibilidad de recapturar ganancias extraordinarias, la administración de Barack Obama no tardó en reconocer la legalidad de los gobiernos surgidos de estos procesos. No es lo mismo que invadir un país, pero no deja de ser una intervención negativa.

Así quedaron las cosas después del golpe blando en Brasil. A la espera de otros eslabones en esta nueva cadena de intervenciones antidemocráticas, a menos que el joven bloque regional sudamericano genere mecanismos defensivos que le permitan preservar lo que queda en pie y regenerar lo que hace falta en términos de cultura democrática, tanto en los países amenazados por esta nueva tendencia como en aquellos que ya optaron por salidas autoritarias para sus crisis de gobernabilidad.

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La lucha de los pueblos Sioux contra el oleoducto Dakota Access continúa, a pesar de los perros y las excavadoras

ESTADOS UNIDOS: PUEBLOS ORIGINARIOS RESISTEN AVASALLAMIENTOS DE SUS TERRITORIOS 

El Missouri es el río más largo de América del Norte. Durante miles de años ha provisto a los habitantes originarios de la zona del agua necesaria para la vida. Al día de hoy, millones de personas dependen del río Missouri para acceder a agua potable no contaminada. Pero actualmente se está construyendo un oleoducto, el Dakota Access Pipeline, que amenaza la salud del río. A fin de impedir la construcción del oleoducto se ha gestado un movimiento, encabezado por los pueblos originarios que han vivido a orillas del río Missouri desde tiempos inmemoriales.

Por Amy Goodman y Denis Moynihan (desde Estados Unidos) 

Integrantes de los pueblos Dakota y Lakota de la Reserva Sioux de Standing Rock instalaron un campamento en la confluencia de los ríos Missouri y Cannonball, a unos 80 kilómetros al sur de Bismarck, en Dakota del Norte. Han declarado que se consideran “protectores, no manifestantes” y así se llaman a sí mismos. El sábado pasado, cuando intentaban frenar el trabajo de enormes excavadoras en un cementerio ancestral, los guardias de seguridad del oleoducto atacaron a los protectores, en su mayoría nativos americanos, con perros y gas pimienta mientras que estos se resistían a la construcción del oleoducto de 3.800 millones de dólares en su lucha por el agua pura, la protección de sus tierras sagradas y el fin de la economía basada en los combustibles fósiles.

Los Sioux de Standing Rock instalaron el primer campamento de resistencia en el mes de abril y lo llamaron Piedra Sagrada. En este momento, hay cuatro campamentos con más de 1.000 personas acampando, la mayoría de ellas pertenecientes a pueblos originarios de Estados Unidos y Canadá. “El agua es vida” es la consigna de esta lucha pacífica contra el oleoducto que se construye para el transporte de crudo desde los yacimientos petroleros de Bakken, en Dakota del Norte, hasta Illinois.

El sábado fue un hermoso día de sol. Junto a Laura Gottesdiener y John Hamilton, de “Democracy Now!”, pasamos la mañana filmando entrevistas. Por la tarde, varias delegaciones realizaron una marcha desde el campamento hasta el lugar donde se proyecta que pasará el oleoducto, con el objetivo de colocar allí las banderas de sus respectivas tribus. Al llegar, se vieron sorprendidos por las enormes excavadoras, que realizaban movimientos de tierra incluso durante el fin de semana largo del Día del Trabajador.

Cientos de personas, en su mayoría nativos americanos, se congregaron en la entrada del predio, pidiendo a gritos que detuvieran la destrucción. Un grupo de mujeres comenzó a agitar el cerco de la propiedad, que cayó sin mayor esfuerzo. Los protectores de la tierra comenzaron a inundar el lugar. Varios hombres jóvenes llegaron desde el campamento a caballo.

Las excavadoras se retiraron, pero los guardias de seguridad intentaron detener a los protectores soltando al menos media docena de perros feroces que mordieron a la gente y a los caballos. Uno de los perros tenía el hocico cubierto de sangre. Sin dudar, la persona que dirigía al perro continuó incitándolo a avanzar contra la multitud. Los guardias rociaron con gas pimienta a los manifestantes, los golpearon y los empujaron. Perros feroces como los mastines se han utilizado para atacar a los pueblos originarios de América desde los tiempos de Cristóbal Colón y los conquistadores españoles que le siguieron. Finalmente, los violentos guardias del Dakota Access se vieron obligados a retroceder.

Este tramo del oleoducto atraviesa sitios arqueológicos, entre ellos, cementerios Lakota y Dakota. La tribu había proporcionado la ubicación de los sitios en un escrito presentado ante la justicia el día anterior a la manifestación en procura de que se detuviera provisoriamente la construcción hasta que se llevara a cabo una completa investigación de los mismos. Con la ubicación de esos sitios en mano, el personal del oleoducto Dakota Acces arrasó literalmente con ellos. El jefe de la tribu sioux de Standing Rock, David Archambault, afirmó en el programa “Democracy Now!”: “Usaron a los perros como armas mortales. Todo esto fue premeditado. Sabían que algo iba a pasar cuando se abalanzaron sobre 25 kilómetros de tierras intactas para destruir nuestros sitios sagrados. Sabían que algo iba a pasar y por eso estaban preparados. Contrataron a una compañía de seguridad con perros guardianes y luego fueron y esperaron. Y sucedió. Cuando vimos lo que estaba pasando ya era demasiado tarde. Habían destrozado todo. Profanaron nuestras tumbas ancestrales. Simplemente destruyeron nuestros sitios de oración”.

En el campamento, entrevistamos a Winona LaDuke, una líder Ojibwe de la nación White Earth del norte de Minnesota. Recientemente lideró una campaña que tuvo éxito a la hora de impedir la construcción de otro ducto que amenazaba territorio del pueblo White Earth. LaDuke realizó comentarios acerca del apoyo del gobernador de Dakota del Norte, Jack Dalrymple, a la represión de las manifestaciones en Standing Rock: “Usted no es George Wallace y esto no es Alabama. Estamos en el año 2016 y no tratarán a los indígenas como lo han hecho durante los últimos cientos de años. Estamos hartos”.

La batalla contra el oleoducto Dakota Access se libra como una renovada afirmación de los derechos y la soberanía de los pueblos originarios, como una lucha para proteger el agua, pero sobre todo, como parte de la lucha mundial contra el cambio climático y para romper con nuestra dependencia de los combustibles fósiles. En Piedra Sagrada, Guerrero Rojo y otros campamentos instalados en la confluencia de los ríos Missouri y Cannonball, los protectores han llegado para quedarse y son cada día más.