8 de marzo de 2014

Su espíritu se agiganta



A UN AÑO DE LA MUERTE DE CHÁVEZ 

Latinoamérica y el mundo recuerdan y homenajean a Hugo Chávez Frías. La continuidad de la Revolución Bolivariana permitió que su actual hijo dilecto, Nicolás Maduro pueda superar dos elecciones frente a un panorama desestabilizador por parte de la más rancia derecha, sumisa frente a los designios norteamericanos. De presidente a mito. 

Por Marcelo J. Levy   

Un año sin Hugo Chávez. Un año sin uno de los líderes más influyentes de la región del último siglo. Un año sin aquel que supo ver, por fin, a los postergados de una expoliada Venezuela. Un año si el mayor articulador de la nueva Patria Grande. Un año sin el Comandante. Y no fue sencillo. 

El cerrojo económico impuesto por los sectores opositores, la permanente campaña mediática de los medios locales e internacionales que inoculan terror y tergiversan de manera descarada los hechos, los muertos en las calles y otras atrocidades están intentando horadar el gobierno democráticamente elegido augurando un fin de ciclo. 

El 8 de diciembre de 2012 Hugo Chávez anunció que regresaba a La Habana a operarse por cuarta vez del cáncer que padecía en la zona pélvica. Fue su última aparición pública designando, con gran lucidez y anticipación a los hechos, al vicepresidente Nicolás Maduro para que sea su continuador. El  18 de febrero fue trasladado al hospital militar de Caracas, donde, entre desconciertos y llantos de todo el pueblo venezolano, falleció el 5 de marzo. 

La convulsión y el estado de incertidumbre reinaban en toda Venezuela. Tras las elecciones presidenciales del 7 de octubre en las que Chávez obtuvo su triunfo más ajustado  (55,07% a 44,31%) frente al ascendente gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, los venezolanos vuelven a votar en comicios para Gobernadores de cada entidad federal y a los Legisladores Parlamentarios el 16 de diciembre de 2012. El resultado: el chavismo se quedó con las gobernaciones de 20 de los 23 estados, y posterga los comicios municipales.

Lo más complicado en términos electorales se presentó el 14 de abril, cuando Maduro triunfó ajustadamente sobre Capriles (50,61% a 49,12%, con diferencia de 1,49 punto porcentual). En relación con los comicios presidenciales de seis meses antes, con un padrón y una tasa de asistencia muy similares, el oficialismo perdió 604.000 votos y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) opositora ganó 772.000. 

Las causas pueden pensarse desde varios ángulos. La ausencia del Comandante, las denodadas campañas mediáticas, etc., pero lo cierto es que se había llegado a un punto de confrontación política como nunca en los 14 años de chavismo. 

En medio de denuncias de fraude, la impugnación presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia y la no aceptación de los resultados por parte del candidato derechista Henrique Capriles, el nuevo jefe del Estado asumió el 19 de abril, en medio de dificultades económicas crecientes: la inflación minorista acumularía 45,8% entre enero y octubre, contra 13,4% en igual lapso de 2012, y la escasez de productos básicos registraría un mínimo de 19,4% en junio y un máximo de 22,4% en octubre (frente a extremos de 10,8% y 16,3% en 2012), según datos del Banco Central de Venezuela (BCV). 

Corridas cambiarias desestabilizaron aún más el dólar llevando al paralelo a más de nueve veces el tipo de cambio oficial. A esto se sumó el boicot energético  que provocaron cuatro apagones: tres por fallas en líneas de alta tensión y uno por un incendio en una subestación.

La MUD llega a los comicios como la oportunidad de un plebiscito para ver el estado de situación del electorado frente a los vertiginosos sucesos. La estrategia fue designar a Henrique Capriles como jefe de la campaña.  

Maduro estaba en la búsqueda de un voto que le faltaba  en la Asamblea Nacional para sancionar la “ley habilitante” que reclamaba para legislar por decreto contra la “guerra económica” y la corrupción. Al obtenerlo, recuperó la iniciativa al ordenar operativos militares de inspección a comercios y rebajas de precios de hasta 70% frente a la inimaginable especulación del sector empresario. Debieron devolver los márgenes que habían obtenido en rubros como el de electrodomésticos, que llegaron a aumentar un 1.000%.

En una nueva elección, el chavismo volvió a ser la alternativa más votada y se alzó con al menos 250 de las 335 alcaldías en juego. La Revolución Bolivariana con sus altibajos, ganaba la elección número 18 de las 19 que hubo en 14 años. Igualmente hay que poner atención: la MUD conservó la gran mayoría de las ciudades más pobladas e incluso sumó algunas nuevas, pero tomando en cuenta el margen estrechísimo de la última elección, esta vez la diferencia fue de  6,5 puntos porcentuales. 

Estos días estamos asistiendo a una nueva embestida de la derecha. Gran confusión, muertos, deadlines en la CNN… Maduro llama a la paz y hacen oídos sordos. Se esperaba con expectativa el encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el ex candidato a la presidencia Henrique Capriles.

Capriles ha sido muy cuestionado por algunos sectores de la oposición -entre ellos numerosos columnistas de diversos medios de comunicación- por su supuesta “tibieza” frente al gobierno. Los medios no son ajenos a la confrontación política y en los principales diarios opositores existe un debate abierto sobre la continuidad de las protestas y las características que éstas debe tener. Las “trancas” o piquetes, en las zonas de clase media y alta en Caracas tuvieron éxito durante varios días, pero el malestar que provocan incluso para quienes las apoyan ponen en duda su continuidad y su evidente desgaste. 

Como la oposición no tiene mayoría en el Parlamento y no puede concretar un golpe de Estado parlamentario “a la hondureña” o “a la paraguaya” no le queda otra alternativa que seguir en las calles. El dilema es cómo continuar con una protesta que ya ha desaparecido de la agenda internacional y que no tiene sustento político- ideológico. El chavismo encarnado en la figura de Maduro ha podido soportar los embates internos y externos también apoyándose en los espacios regionales como Unasur y CELAC que el propio Chávez forjó. Esta es quizás la más grande victoria que tuvo el Cono Sur. 

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Una década de malos entendidos



EL SUPUESTO GIRO A LA DERECHA DEL GOBIERNO  

A raíz de las últimas medidas económicas, particularmente la devaluación del peso, periodistas y políticos opositores se han apresurado a dictaminar que el gobierno ha dado un giro a la derecha en su gestión. ¿Es coherente que hablen de derechización periodistas de, por ejemplo, el diario La Nación o políticos del estilo de Elisa Carrió? Y en definitiva, ¿se trata de una nueva política, o es una ratificación de lo actuado en estos últimos diez años?    

Por Marcelo R. Pereyra     

UN DÉCADA NI GANADA NI PERDIDA, SINO TODO LO CONTRARIO    

Varios periodistas y analistas económicos sostienen por estos días que ciertas medidas que ha tomado recientemente el gobierno demuestran que éste ha girado  a la derecha, que se ha vuelto más ortodoxo en materia de política económica. Este artículo intenta demostrar lo contrario: que el gobierno nunca giró a la derecha porque simplemente siempre fue, desde 2003, de derecha. En realidad el kirchnerismo mediante una hábil estrategia discursiva y la realización de ciertos actos simbólicos logró convencer a propios y extraños de que era un gobierno de “izquierda” o “progresista”.Apenas iniciado el gobierno de Néstor Kirchner, en nuestra edición de junio de 2003 desde estas páginas señalamos que“esta cuestión del "progresismo" kirchneriano, de su supuesto enfrentamiento con el capital concentrado, ha generado una confusión en muchos argentinos bien intencionados que quieren -necesitan- depositar algo de la confianza que todavía les queda en el nuevo presidente. La sociedad argentina, sin distingo de sectores, está tan atravesada por las ideas neoliberales en lo económico y conservadoras en lo social y lo político, que basta con pronunciar un par de frases rimbombantes con connotaciones setentistas, para que unos se entusiasmen y otros se alarmen”.   

Advertimos  específicamente en la misma nota que ciertas declaraciones del flamante presidente  no tenían como objetivo pelearse con el poder económico nacional e internacional, sino que, por el contario, querían congraciarse con él: “La derecha política más recalcitrante, por ejemplo, se creyó que con Kirchner se venía el resurgimiento del montonerismo, del "zurdaje" y salió a pegar gritos histéricos a través de su house organ, el diario La Nación. En una nota firmada por su subdirector, Claudio Escribano, el matutino le recomendó al nuevo mandatario no rebelarse contra el gobierno de EE. UU. Puede quedarse tranquila la derecha que no se trata de rebeldía sino, apenas, de floreos discursivos oportunistas que apuntan  a generar en la sociedad, que ansía -desesperadamente- creer en un mañana mejor, el consenso que Kirchner no logró en las urnas”.  

Un año más tarde los signos de la genuflexión hacia el capital internacional eran cada vez más evidentes en medio de una situación social y económica en franco empeoramiento, que Kirchner pretendía mitigar repartiendo palas y azadas. Dijimos en junio de 2004: "Mientras el gobierno hocica frente al FMI, la protesta social sigue firme, pero Kirchner mira para otro lado. Los empleados estatales piden un miserable aumento, y nada; los desocupados reclaman más planes o más empleo, y nada tampoco; los pueblos nativos reclaman por sus tierras -como los mapuches enfrentados con la poderosa Benetton- y otra vez nada. Frente al cúmulo de reclamos desde todos los rincones y los grupos sociales del país, Kirchner y su gobierno no se hacen cargo; plata hay, la recaudación fiscal de mayo fue record otra vez (12.000 millones de pesos), pero prefieren destinarla al pago de la deuda eterna y espuria, mientras anuncian con bombos y platillos, como gran ayuda social, un programa que provee herramientas que solo sirven para sembrar una quintita de tomates”. 

Seis meses después comparamos esta ambigua y engañosa estrategia gubernamental con la que emplea el tero para evitarle peligros a su prole: mientras el pajarito macho se instala en un nido y emite sus sonidos característicos para distraer a eventuales depredadores, la hembra pone sus huevos  tranquilamente en otro nido. Por ello en aquella nota de diciembre de 2003 afirmamos que: “El gobierno argentino  hace por estos días lo mismo que el tero: por un lado dice una cosa y por el otro hace lo contrario. He aquí algunos ejemplos: 1) mientras el Presidente pronuncia muy enojado  discursos en contra de los acreedores extranjeros, por otro lado se desespera y quiere echar a su ministro de Economía porque fracasan las negociaciones con los bonistas. Los bonistas son unos señores a los que el Estado argentino les ha dado unos papelitos -que se llaman bonos- que son una especie de pagarés. Los propietarios de los papelitos son los jubilados italianos, los plomeros estadounidenses y los señores de los bancos. 2) mientras el Presidente pronuncia muy enojado discursos en contra el FMI, por otro lado le paga un montón de plata al FMI. El FMI son unos señores malos y feos que siempre les están exigiendo  a los países más pobres la plata de la deuda externa. La deuda externa es un desfalco, el mayor nunca cometido en la historia del mundo. Un desfalco es cuando los señores que están en el gobierno de un país se ponen de acuerdo con los señores de los bancos para pagarles una plata que no les deben. ¿Por qué se la pagan? Porque los señores del gobierno son buenas personas, y además porque los señores de los bancos se lo agradecen como es debido”.  

Aquella estrategia bifronte de hechos y palabras, de la que empezamos a dar cuenta hace diez años, siguió un curso inalterado hasta la actualidad.Efectivamente, aún hoy en día el gobierno defiende proyectos políticamente correctos, que  se transforman en realidades desvirtuadas. Así, por ejemplo:  
1-Luego de una intensa movilización social, el gobierno aceptó sancionar una ley de Bosques, pero no vigila su cumplimiento. Con esta actitud favorece a las grandes empresas cerealeras que desmontan a mansalva para poder aumentar la superficie de siembra de soja, perjudicando al medio ambiente y a los pueblos originarios que viven en ellas. 
2- Era difícil discutir la conveniencia de nacionalizar los aportes jubilatorios. Sin embargo, el dinero que recauda la ANSES, que debería volver a los jubilados, se usa con fines clientelares. 
3- Ciertamente el país necesitaba una nueva ley de medios de comunicación audiovisuales. Pero el gobierno la utilizó para torpedear al Grupo Clarín, su viejo aliado convertido en enemigo principal por cuestiones de negocios que no se pudieron “arreglar”. 
4- ¿Quién podría oponerse a que el fútbol pudiera ser visto libremente por todos y todas? Pues bien, cuando el gobierno se hizo cargo de las transmisiones televisivas las convirtió en su principal herramienta de propaganda electoral y extra electoral, pagando por ellas millones y millones de pesos. 
Y así se podrían enumerar muchas iniciativas de este tipo: loables como intención y perversas como realización. 

¿QUIÉN DEVALUÓ? ¿YO SEÑOR? NO, SEÑOR    

Otra característica de la palabra oficial a los largo de estos años ha sido la de echarle la culpa a otros de los errores propios. La devaluación producida en el mes de enero pasado es un buen ejemplo. Tomada, sintomáticamente, cuando faltaba poco para comenzar la cosecha gruesa – por lo cual benefició ampliamente a los gigantes desmontadores-agroexportadores como Cargill y Grobocopatel-, se trató de una decisión gubernamental voluntaria y autónoma. Sin embargo, periodistas e intelectuales simpatizantes con el oficialismo la presentaron como una medida adoptada bajo presión. Raúl Dellatorre, por ejemplo, explicó en Página/12 del 25 de enero que la devaluación, fue el resultado de una prolongada y sangrienta (medida por el drenaje de reservas) pulseada con poderosas corporaciones económicas y financieras que desarrollaron, de todos los modos posibles, su artillería para acorralar a las autoridades. Pulseada en la que el Gobierno debió finalmente ceder”.     

En línea con este argumento, los cráneos de Carta Abierta acusaron a las “grandes empresas” de “forzar” la devaluación y advirtieron que por ello “la patria está en peligro”. Si esto fuera verdad, estaríamos frente a un gobierno sumamente débil, casi inerme, incapaz de controlar su política económica. La verdad es muy distinta: la devaluación, el viaje del ministro Axel Kicillof para negociar con el Club de París, el nuevo índice de inflación requerido por el FMI, la marcha atrás con el acuerdo con Irán y el acercamiento a Israel y el pago a REPSOL de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, apuntan a consolidar el frente externo. En otras palabras: todas esas medidas son claros indicadores de que se quiere “hacer bien los deberes” frente a los acreedores externos. Pero todas ellas no son cosa nueva –no hay un giro “ortodoxo”- son más de lo mismo que hemos venido sufriendo los últimos diez años.   

Podrán bajar los cuadros del Colegio Militar, podrán bailar con las Madres y las Abuelas, podrán llenarse la boca con discursos neosetentistas, podrán vociferar que son  “los pibes para la liberación”, pero nunca fueron de izquierda, nunca fueron progresistas. Siempre fueron de derecha. Y lo seguirán siendo.     

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En Salta, Urtubey aplica su propia ley



LOS TERRATENIENETES VIOLAN LA LEY DE BOSQUES CON AYUDA DEL GOBIERNO 

En Salta los grandes terratenientes ya no necesitan esconderse para deforestar donde está prohibido. Aunque parezca increíble, el gobierno provincial autoriza desmontes a pedido: modifica la zonificación de las fincas establecida por la Ley de Bosques y todo queda prolijamente “dentro de la ley”.  

Por Hernán L. Giardini (desde Salta)  

En una de las provincias con mayor nivel de deforestación del país, motorizada principalmente por la expansión descontrolada de la soja y la ganadería intensiva, ni siquiera una ley nacional es suficiente para proteger sus últimos bosques nativos.

Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie desmontada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; pero entre 2002 y 2006 se duplicó y alcanzó 414.934 hectáreas. 

A pesar de asumir como gobernador prometiendo “se acabó el festival de desmontes en Salta”, Juan Manuel Urtubey continúa con la política de tierra arrasada de su antecesor Juan Carlos Romero: desde la sanción de la Ley de Bosques (fines de 2007) se deforestaron más 350.000 hectáreas; de las cuales más de 100.000 eran zonas protegidas.    

Cabe advertir que el avance de las topadoras está afectando seriamente a las comunidades campesinas e indígenas que vienen denunciando, sin ser escuchadas, el aumento de los desmontes en sus territorios.  

Lo más grave de esta situación es que es el propio gobierno provincial quien está autorizando deforestar donde no está permitido, cambiando previamente la zonificación establecida por la ley.      

Esto claramente viola la normativa nacional y sus principales objetivos: “a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo”.   

La modificación de leyes ambientales no puede significar un retroceso en los niveles de conservación alcanzados con anterioridad, por el contrario, debe  incrementarlos. Retroceder atenta contra varios principios consagrados en la Ley General del Ambiente, como el “precautorio”, el de “equidad intergeneracional”, el de “progresividad” y el de “sustentabilidad”. 

En febrero del año pasado, la Sociedad Rural Salteña responsabilizó a la Ley de Bosques “por el freno durante 4 años a los permisos de habilitación de tierras ganaderas y escasa o nula inversión en el sector, perdiendo Salta en ese tiempo la oportunidad por precios y costos diferentes a los actuales, de poner en producción y poblar parte de las 3.000.000 de hectáreas estimadas, hoy sub aprovechadas”. 

Coincidiendo con este reclamo, el gobierno salteño acaba de anunciar que planea cuadruplicar su stock ganadero para 2030, lo que implicará el desmonte de más de 3 millones de hectáreas de bosques protegidos por la normativa nacional.    

La sanción de la Ley de Bosques fue un avance sin precedentes en materia ambiental y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil para doblegar intereses económicos. Sin embargo, a seis años de su aprobación, su efectiva implementación enfrenta severas dificultades que deben ser resueltas. Está claro que en Salta, Urtubey aplica su propia ley.   

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Primer balance de los Diálogos de Paz



COLOMBIA: AVANCES EN EL HISTÓRICO CONFLICTO ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC   

La cobertura mediática de las conversaciones hizo posible que el pueblo colombiano pudiera escuchar los planteamientos de las FARC y romper el cerco informativo que las mantenía en el aislamiento y que los medios –abrumadoramente controlados por la derecha– denunciaban como siniestras organizaciones criminales.    

Por Atilio A. Boron (desde Cuba)

Prontos a cumplir los dos años, los Diálogos de Paz que se llevan a cabo en La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano arrojan algunos logros de importancia. 

El primero: la ruptura de la larga invisibilización del conflicto armado en Colombia, negado por una engañosa retórica oficial que satanizaba a los insurgentes como “narcoguerrilleros” o “narcoterroristas” y que concebía a la guerrilla más antigua del planeta como si fuera una actividad meramente delictiva, ocultando sus raíces estructurales y su naturaleza y objetivos sociopolíticos. No es un dato menor que quien propalaba estas mentiras, Uribe y sus corifeos, son gentes que según la DEA y el FBI tienen probadas vinculaciones con el narcotráfico. Con un total de 80 parlamentarios condenados o procesados por sus vinculaciones con los narcos, la derecha colombiana ostenta el Record Guinness en el campeonato mundial de la narcopolítica. Los Diálogos no sólo contribuyeron a acabar con esas calumnias, sino que la cobertura mediática de las conversaciones hizo posible que el pueblo colombiano pudiera escuchar los planteamientos de las FARC y romper el cerco informativo que las mantenía en el aislamiento y que los medios –abrumadoramente controlados por la derecha– denunciaban como siniestras organizaciones criminales. Ya no más: en las periódicas apariciones luego de cada ciclo de conversaciones con los representantes del presidente Santos, los negociadores de la guerrilla aparecen ante la opinión pública colombiana como gentes razonables y siempre portadores de concretas iniciativas patrióticas. 

Lo segundo, es que los representantes de las FARC desbarataron las acusaciones sobre el supuesto vínculo entre la guerrilla y el narcotráfico, haciendo pública una iniciativa que su entonces líder, el comandante Manuel Marulanda Vélez, presentara públicamente el año 2000 para acabar con el cultivo de coca en Colombia. El plan proponía la sustitución de la coca por otros cultivos de corte tradicional. Pero la materialización de este proyecto requiere de la activa participación de un gobierno que lo haga suyo, cosa que Bogotá no hizo. Su política, a propuesta de Washington, ha sido quemar las plantaciones de coca sin ofrecer nada a cambio para los campesinos. El resultado: la diseminación de ese cultivo por casi todo el país. En las consideraciones de Marulanda el costo de esta reconversión agraria, que erradicaría de verdad la coca, debía ser financiado conjuntamente por organismos internacionales de crédito, un programa especial de la ONU y, por supuesto, el gobierno colombiano. Esta iniciativa, que refuta inapelablemente la conjunción de intereses entre los narcos y las FARC, porque efectivamente acaba con el cultivo de la coca, había circulado profusamente en Colombia. Sin embargo, encontró oídos sordos en los despachos oficiales.

Tercero y último: los representantes de las FARC también promovieron diversas iniciativas para mejorar la pobre calidad de la democracia colombiana. Una de ellas serviría para remover las argucias leguleyas que impiden a uno de los personajes más populares de Colombia, la ex senadora Piedad Córdoba, desempeñar cualquier puesto público por un período de dieciocho años. La causa de este disparate: los incansables esfuerzos de Piedad por poner fin al conflicto armado. 

Otra iniciativa política: las FARC proponen la constitución de una suerte de comisión histórica de la memoria y la verdad que debería ser integrada por intachables personalidades internacionales y colombianas. La comisión tendría por misión establecer las responsabilidades que le caben a los diversos actores por el prolongado baño de sangre a que ha sido sometido ese país en el último medio siglo, y que todavía continúa. Como muy bien lo aprendimos en la Argentina, la paz no puede construirse sobre el olvido y la impunidad del terrorismo de Estado. Quienes mataron a mansalva a jóvenes reclutados supuestamente por el ejército para luego ser asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate –los “falsos positivos”– no pueden continuar disfrutando los beneficios de la libertad. Lo mismo vale para quienes dispusieron de fosas comunes para hacer desaparecer a cientos de personas aniquiladas por las fuerzas oficiales y por la jauría que, en los años ’80, asesinó a unos cinco mil militantes de la Unión Patriótica (incluyendo dos candidatos a presidentes de la República e innumerable cantidad de candidatos a las alcaldías y el Congreso) cuando la guerrilla dejó sus armas e ingresó a la competencia política “democrática” a la que había sido invitada por el gobierno de entonces. Sabemos, por experiencia, que la impunidad es un tema tabú para los criminales de ayer y de hoy, y sus protectores en las alturas del Estado. Pero ningún gobierno puede encarar seriamente un Diálogo de Paz condenando este tema al olvido. 

Conclusión: la apertura de las conversaciones habaneras colocó al gobierno de Santos a la defensiva. El solo hecho de concederles la palabra a las FARC y permitir que sus voces resuenen claramente en Colombia destruyó, en pocas semanas, los estereotipos que la habían criminalizado y abrió considerablemente la agenda política. Falta aún mucho camino por recorrer, pero los diálogos de La Habana deberían contar con la solidaridad de los pueblos y los gobiernos democráticos de Nuestra América para poner fin a más de medio siglo de luchas fratricidas en la entrañable tierra colombiana. 



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