12 de diciembre de 2017

Una asociación ilícita de empresarios y funcionarios para arrasar con los bosques y su gente



PRIMO DE MARCOS PEÑA Y DIRECTOR DE EMPRESAS DE LA FAMILIA MACRI DESMONTA EN SALTA CON UN PERMISO ILEGAL DE URTUBEY   

Mientras el gobierno nacional anunció posibles cambios en la Ley de Bosques, avanza el desmonte de casi 9 mil hectáreas autorizado ilegalmente por el gobierno de Salta a Alejandro Braun Peña, primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante de varias empresas de la familia Macri. Los pocos montes que quedan son fundamentales para la subsistencia de cuatro comunidades wichi.  

Por Hernán L. Giardini (desde Salta) 

Cuatro topadoras están arrasando las últimas 2.500 hectáreas de bosques que quedan en la estancia Cuchuy (norte de Salta) a tan sólo 10 kilómetros de la comunidad wichi Corralito, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron deforestadas en los últimos años. 

La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña; quien es primo de Marcos Peña Braun (Jefe de Gabinete de la Nación) e integrante del directorio de Finca Cuchuy S.A., Salta Cotton S.A., Latin Bio S.A., Cremer y Asociados S.A., Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas del Grupo Socma, de la familia Macri. El mismo empresario fue quien compró en 1997 la finca El Yuto (cercana a Cuchuy) para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri. 

La estancia Cuchuy está ubicada en el departamento San Martín y abarca cerca de 10.000 hectáreas. Fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II – amarillo, que no permiten desmontes. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la misma a la Categoría III – verde para poder realizar el desmonte de 8.962 hectáreas. Su deforestación afectará seriamente a las comunidades wichi Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral, que dependen de sus bosques para su alimento y medicinas. 

El 8 de junio de 2012 el  Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta dictó una resolución donde advierte que “los remanentes de bosques que quedan en la zona son la principal fuente de recursos para la vida de estas comunidades y el desarrollo de su cultura. Estas personas tienen cada vez más dificultades para obtener agua y alimento como consecuencia de las actividades que las empresas agrícolas llevan a cabo en la zona”, por lo que solicitan al gobierno provincial que “se tomen medidas urgentes dado que la irreversibilidad de los desmontes y la celeridad con la que los mismos se están realizando violan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas”. 

El 17 de noviembre de ese año las comunidades wichi denunciaron al gobierno de Salta que “representantes de las empresas de agronegocios nos insisten para que firmemos acuerdos para que puedan desmontar nuestros territorios. Ofrecen casas y unas hectáreas que “donarán” cuando el gobierno de la provincia los autorice a desmontar”. 

Un año después, desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires enviaron una carta al gobierno de Salta para “manifestar la preocupación de un grupo de investigadores de la FAUBA por el avance de los desmontes en el territorio ocupado por un conjunto de comunidades Wichí del Este de General Ballivian, Departamento de San Martín, Provincia de Salta. (...) El desmonte de estas áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental al ocurrir en áreas catalogadas por la Prov. de Salta como importantes en base a su valor de conservación”. 

El 27 de septiembre de 2014 las comunidades Cuchuy, Corralito y San José enviaron una carta al gobernador de Salta manifestando que “en ejercicio de nuestros derechos constitucionales – artículos 75 inciso 17 y 41 – nos oponemos a los desmontes que se realizan en nuestro territorio, del cual somos poseedores originarios. El bosque es nuestra vida, sin él no somos nadie. Nos da comida – por ejemplo miel de abejas, animales del monte y frutas de los árboles -, es nuestra farmacia a cielo abierto, de allí sacamos nuestros remedios naturales. También es nuestra fuente de trabajo, nos provee de chaguar con el que elaboramos artesanías para vender. Para nosotros el desmonte no es provechoso. No da fuentes de trabajo, sino que nos las quita (…) Nuestro reclamo continuará hasta que retiren definitivamente las topadoras".

A pesar de esto, el gobierno de Juan Manuel Urtubey autorizó el desmonte, valiéndose de dos decretos inconstitucionales (2211/10 y 3136/11) mediante los cuales durante tres años realizó cambios de categorías a nivel predial en 32 fincas para habilitar el avance de las topadoras donde la Ley Nacional de Bosques no lo permite, abarcando una superficie de 144.984 hectáreas. Esta violación de la normativa forestal fue cuestionada por la Secretaría de Ambiente de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y por más de cien organizaciones sociales y expertos.

A fines de 2014 Urtubey derogó dichos decretos, tras una intensa campaña de la que participaron 350.000 personas y cuyas firmas fueron entregadas al gobernador por la coalición Salta con Bosques. Sin embargo, los desmontes ilegalmente aprobados no fueron cancelados. Es por eso que volvieron las topadoras de Braun Peña. Es por eso que necesitamos que destruir bosques sea considerado como lo que es, un crimen.

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Conejillo de indias



MULTITUDINARIAS MARCHAS  DEL PUEBLO HONDUREÑO EN REPUDIO AL FRAUDE ELECTORAL 

Honduras se ha caracterizado en los últimos años por oficiar de vanguardia en el disciplinamiento de los pueblos a través de diversas estrategias injerencistas. Luego del golpe de 2009 a Manuel Zelaya se inaugura una serie de episodios desestabilizadores en la región: Ecuador, Bolivia, Paraguay y otros. Las elecciones recientes que con un insólito fraude da el triunfo al Presidente - Candidato Juan Orlando Hernández, muestran no sólo el nivel de impunidad que se vive, sino también los colmillos de un imperio que no quiere ceder más. La fragilidad democrática y la estructura de poder en la mira. 

Por Marcelo J. Levy 

Las multitudinarias marchas que invaden las calles de las principales ciudades de Honduras reclaman, además de un escrutinio limpio, terminar con las pruebas de laboratorio que impone Estados Unidos en el país, para la región. El golpe blando que se está perpetrando da cuenta de la continuidad de las políticas de ensayo y error.

Las elecciones han sido una verdadera muestra de ello. Estuvieron y están todavía viciadas de nulidad absoluta. La transparencia no es algo que entusiasme al gobierno del todavía presidente Juan Orlando Hernández, más bien la repudia. Esa tendencia a ocultar sus acciones lo llevó a aprobar, por ejemplo, La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, que evita que se puedan conocer ciertas gestiones públicas, no sólo del Ejecutivo, sino de los demás Poderes, incluidos expedientes judiciales.

Las sentencias que dictan sus tribunales, carecen de credibilidad, como es el caso de las que permiten al Presidente reelegirse, porque contrarían la prohibición de la reelección que expresamente consigna la Constitución. Un gobierno de esta naturaleza solo puede mantenerse en el poder a base de coerción y corrupción; y las acciones contra la corrupción que han sido tan publicitadas responden a una estrategia disuasiva frente a las denuncias que se le han realizado a una gran cantidad de funcionarios del actual gobierno que ocupan altos cargos.

En este contexto, el proceso electoral no podía escapar de este ambiente de sospechas. Más aún, después de informar que la tendencia irreversible favorecía al candidato opositor Salvador Nasralla. En ese momento del conteo de los votos, se produjo un prolongado silencio que utilizaron para generar confusión por medio de una presentación que hiciera en un programa de tv, un empresario - político afín al gobierno. Sostuvo que, no obstante lo informado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ganaba el Presidente Hernández. Como si estuviera esperando ese programa, el TSE comenzó a difundir datos oficiales en la línea que indicó el empresario.  Una vez subsanados los “apagones” los guarismos muestran, extrañamente, una pequeña ventaja oficialista. El Ministerio Público allanó una oficina del partido gobernante sorprendiendo a sus ocupantes en la preparación de actas falsas. Lo insólito es que después de los desperfectos y los apagones subían los votos de Hernández en la candidatura presidencial, pero no así los de los alcaldes y diputados del oficialismo que se mantenían en sus porcentajes anteriores, lo  que evidencia aún más el robo y el nivel de impunidad e improvisación. Se suma a esto que los miembros del Tribunal son en su mayoría del partido gobernante.

Ahora bien, ¿por qué habría que tener expectativas de un escrutinio limpio en un país con el prontuario de Honduras? Es recurrente oír ahora que resuena la idea de fraude, las voces que nos remiten al 2009, cuando perpetraron el golpe de Estado contra Manuel Zelaya los mismos que hoy defienden el triunfo de Hernández, fiel heredero del golpe. Y es cierto, hay que remontarse al 2009 para comprender lo que está pasando ahora en Honduras; recordar la aclamación del golpista Roberto Micheletti en el Congreso de la República, que lo proclamaba héroe nacional. En realidad comenzaría en ese momento un nuevo cóctel golpista: oligarquía mediática, poder judicial y los legisladores. Esta trilogía supera en este siglo XXI a cualquier ejército de la región y José Manuel “Mel” Zelaya fue su primera víctima.

A partir de allí se recrudece la represión y la violencia hasta nuestros días: los campesinos del Bajo Aguán siendo masacrados para que se expandan los cultivos de la palma africana; los periodistas asesinados sin miramientos; los ambientalistas perseguidos y también asesinados para mantener el negocio de los sectores concentrados de poder tanto vernáculos y extranjeros. Decenas de miles de niños intentando huir de la violencia, del hambre, del desamparo. Berta Cáceres, cazada furtivamente en medio de la noche en su casa solitaria. Y su hija, asediada de la misma forma, amenazada de muerte hace tan solo dos o tres meses. Esto  también es ineludible si pensamos en el porqué del fraude. Mantener  privilegios, esa es la cuestión.

¿Cómo podría haber alguna expectativa, alguna esperanza en esas condiciones? Porque, además, ya lo hemos visto en toda la región: la democracia comienza a funcionar como significante vacío, como concepto que es útil para mantener el status quo. Latinoamérica toda está dando cuenta de ello en lo visto en Brasil y Argentina. Honduras tiene una importancia geoestratégica para el imperio. No son casuales las políticas tan fuertemente injerencistas. Posee en su territorio quizás la base militar, más grande y tecnológicamente mejor equipada. Palmerola, está a 86 km de Tegucigalpa y con sus más de 500 marines permanentes, fue central para perpetrar el golpe de estado a Zelaya de 2009. Además es vital para los intereses imperiales norteamericanos por su cercanía con el territorio venezolano, nicaragüense y cubano.

La oposición encarnada en las figuras de Nasralla y Zelaya  jamás reconocerá la legalidad y la legitimidad de este proceso electoral, viciado desde sus raíces. Este fraude sólo lo va a derrotar el pueblo hondureño con acciones serias y volcándose a las calles. Legitimar esta elección sentaría un precedente muy peligroso para los próximos procesos electorales en Latinoamérica. Por ello Honduras, una vez más, es un conejillo de indias.

Ser pobre, joven y mapuche



EL ASESINATO DE RAFAEL NAHUEL Y LA REPRESIÓN EN LA PATAGONIA 

Rafael Nahuel fue asesinado en la Lof Lafken Winkul Mapu durante un operativo de la Prefectura el mismo día del velatorio de Santiago Maldonado, quien murió durante la represión de Gendarmería del 1 de agosto en la Pu Lof en Resistencia. La mayor parte de la población que vive en “el alto” de Bariloche –donde vivía Rafael— pertenece a familias mapuche que años atrás dejaron el campo. Frente a este contexto, y durante las últimas tres décadas, las organizaciones mapuche de la Patagonia trabajaron muy duramente para reivindicar sus pertenencias a un pueblo preexistente al Estado y para reemplazar los sentimientos impuestos de vergüenza y sumisión por los de orgullo, conciencia histórica y derecho a luchar por un mundo más justo para ellos.

Por Ana Ramos

En los últimos meses, la cuestión mapuche se volvió opinable y discutible –incluso al punto de desconocer las leyes de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. La irresponsabilidad enunciativa de los comunicadores sociales, las imágenes estereotipadas y estimagtizantes de quienes se construyen como expertos de este tema dominó los escenarios públicos. Ante esta proliferación de palabras, dichos y habladurías, perdimos como sociedad la capacidad de escuchar y, con ella, nuestro derecho a entender, a saber la verdad y a poder actuar como ciudadanos comprometidos. Rafael Nahuel fue asesinado en la Lof Lafken Winkul Mapu durante un operativo de la Prefectura el mismo día del velatorio de Santiago Maldonado, quien murió durante la represión de Gendarmería del 1 de agosto en la Pu Lof en Resistencia. No pasaron tres meses entre estos sucesos y, de nuevo, nos encontramos impactados por los hechos. No fue fácil entonces, y tampoco lo es ahora poner en texto alguna reflexión que, distanciada del dolor, ayude a desmentir las justificaciones de la represión y las estigmatizaciones de la lucha mapuche. Pero para no quedar en silencio ante tanta injusticia, voy a convertir en texto lo que suelen ser mis explicaciones espontáneas cuando amigos, familia y conocidos me preguntan “si es verdad lo que se dice, lo que se escucha por ahí”. Desde mi experiencia como antropóloga que hace más de veinte años trabaja con comunidades y organizaciones mapuche, voy a tratar de reconstruir tres contextos que pueden ayudarnos a escuchar los reclamos mapuche en sus propios términos. Para evitar el riesgo de naturalizar la represión arbitraria y las muertes violentas de quienes luchan por sus derechos debemos reconstruir los principios fundantes con los que recuperamos la democracia y, para esto, resulta imprescindible que escuchemos lo que las organizaciones y comunidades mapuche hace muchos años denuncian, explican, contextualizan e historizan. Sus reclamos pasan de no ser evento atendible a ser noticia nacional, pero en el marco de otras agendas e intereses. Los mapuche pasan de ser un grupo en extinción –en una Argentina pensada como europea—a ser los desestabilizadores de la soberanía nacional o de la democracia. Pasan de ser las raíces ancestrales de nuestra identidad nacional a ser los invasores chilenos que permanentemente traspasan la frontera nacional. Esta doble vara también esquiva la verdad, ya sea por intereses económicos y políticos, o por ignorancia.

Los hechos. María Nahuel de la Lof Lafken Winkul Mapu cuenta que el jueves 23 de noviembre  a las cuatro y media de la mañana empezaron a escuchar tiros en el territorio que habían recuperado hacía unos meses atrás en la zona del lago Mascardi: “Nos fueron a despertar a balazos limpios, nos empezaron a maltratar, nos defendimos todo lo que pudimos, no teníamos arma, no teníamos nada”. A su hija menor de edad y a sus nueras las esposaron en el piso, mientras a los niños –de uno, dos, tres y once años– les tiraban gas pimienta. Otra de las integrantes de la Lof contaba que su hijo lloró varias horas a causa del dolor en los ojos, y que ella, al estar precintada, solo podía tratar de calmarlo acariciándolo con su cabeza. También contaron que a la hija de María, quien se está preparando para ser machi, le arrojaron tierra en la boca cuando empezó a hablar en mapuzungun. A todas ellas les pegaron, y a María la dejaron un rato desmayada por un golpe en la cabeza. Los varones escaparon cerro arriba, y las mujeres fueron llevadas detenidas a la Policía Federal, en Bariloche, donde permanecieron más de diez horas con sus niños, sin agua ni comida. El operativo fue ordenado por el Juez Federal Gustavo Villanueva luego de una denuncia realizada por Parques Nacionales, dado que el territorio recuperado se encuentra bajo su jurisdicción. El tiempo que duró el operativo, la Gendarmería cortó la Ruta 40 para impedir el acceso al lugar y vigiló la zona con helicóptero y drones. Entre policías federales, prefectos y gendarmes, había en el lugar más de 300 uniformados. Los que cortaban la ruta alarmaban a los autos y micros que quedaban a la espera diciéndoles que había una “treintena de mapuches violentos que podían tirarles piedras”. Las fuerzas nunca dejaron el lugar ni el control con retenes a lo largo de la ruta. El sábado 25 de noviembre empieza a circular la noticia de una nueva represión en la Lof, y pronto se supo que tres de las personas que todavía estaban en el cerro habían sido heridas de bala. En una de las llamadas que se logró a las seis de la tarde se informó que había un muerto. La familia se reunió en el hospital de Bariloche a la espera de novedades junto con las personas que se fueron acercando a acompañar y a exigir información. Recién a las 24 horas, un médico del hospital confirmó la muerte de “un masculino” ante todos los presentes. El cuerpo llegó horas después.

Primer contexto: Memorias (trayectorias). Es un hecho irrefutable que el Pueblo Mapuche tuvo control y soberanía de su territorio hasta fines del siglo XIX (apenas unos 100 años atrás). Esto es sumamente importante desde el punto de vista de la memoria, porque son los abuelos y las abuelas quienes les contaron, a quienes hoy militan su identidad, acerca de sus experiencias en los campos de concentración, sobre el despojo territorial, la violencia, la persecución y las injusticias con las que los dejaron en los márgenes de un Estado en formación. Se trata de memorias muy recientes, que todavía encarnan el dolor de quienes las recibieron o las contaron. Pero también estas memorias son la historia “que no se contó en los libros” (como repetía Mauricio Fermín, un anciano de la comunidad Vuelta del Río), y sólo comprendiendo e interactuando con estos relatos del pasado, vamos a poder comprender los reclamos que, hace unas décadas, vienen haciendo quienes crecieron escuchándolas. Estas memorias no solo explican por qué tantas familias mapuche viven hoy en las periferias de las ciudades, sino que también brindan las claves para pensarse como mapuche en la ciudad. Las formas que los antepasados eligieron para contar sus experiencias (llamadas ngtram) le dan su impronta particular a la memoria mapuche, esta es, la transmisión de fuerza para no olvidar, para resistir y para reconstruirse como Pueblo. Por lo tanto, los aspectos más negativos de sus trayectorias urbanas –pobreza, violencia, desprotección, alcoholismo, droga, muertes de gatillo fácil, vidas cortas, bandas, vendettas, redes de narcotráfico, ausencias, etc.— fueron dejando de ser responsabilidad de las decisiones de sus padres o de las suyas para ser el resultado de una historia más amplia de genocidio, racismo, negación y marginación. No es casual, por ejemplo, que la mayor parte de la población que vive en “el alto” de Bariloche –donde vivía Rafael— pertenece a familias mapuche que años atrás dejaron el campo. Frente a este contexto, y durante las últimas tres décadas, las organizaciones mapuche de la Patagonia trabajaron muy duramente para reivindicar sus pertenencias a un pueblo preexistente al Estado y para reemplazar los sentimientos impuestos de vergüenza y sumisión por los de orgullo, conciencia histórica y derecho a luchar por un mundo más justo para ellos. A pesar de la diversidad de estos proyectos políticos, se fue afianzando la idea de un Pueblo, y con ella, se multiplicaron las expresiones y los modos de pertenecer a él: trayectorias rurales, periurbanas y urbanas, trayectorias de militancia en articulación con partidos políticos o iglesias, trayectorias militantes más autonómicas… Esta multiplicación no impidió que se compartieran los mismos objetivos de recuperación de los conocimientos ancestrales, de reestructuración de los vínculos y de valorización de sus memorias. El aumento y diversificación de las expresiones políticas de militancia mapuche urbana no debería verse como un problema sino como un diagnóstico de revitalización y de surgimiento de nuevas demandas. Desde distintas experiencias de marginalidad, discriminación, despojo y desigualdad social, estas comunidades y organizaciones mapuche están exigiendo ser escuchadas. Al expresar en discursos y acciones que nunca se sintieron parte de la inclusión y de la igualdad que proclamamos como ciudadanos, nos ponen en la incómoda situación de tener que repensar nuestras propias configuraciones sociales acerca de la inclusión y la igualdad. Por esta razón, es más fácil ignorar o menospreciar las historias y las experiencias que orientan el ser mapuche en los barrios marginados. Como lo expresó María Nahuel, integrante de la Lof, “hay gente que no va a entender nunca, pero nosotros actuamos como mapuche y luchamos como mapuche”. Gracias a distintas personas que conocieron estrechamente a Rafael y que contaron su historia antes que esta sea distorsionada por los medios de comunicación, sabemos que lo llamaban “Rafita”, que vivía en el barrio Nahuel Hue –en el Alto de Bariloche–, que le gustaba la cumbia, que era de Boca, que había dejado de estudiar para juntar algo de plata, que aprendió el oficio de herrero, que no conseguía trabajo porque tenía apellido mapuche y porque era “un chico del alto”,  que le gustaba ayudar y arreglar cosas, que era inseparable de sus amigos y sus hermanos. También sabemos que “había caminado por las márgenes” –como expresa uno de los responsables del espacio de educación no formal al que solía asistir— y sabemos cuáles son los riesgos y las violencias que sufren desde muy temprana infancia quienes son relegados a esos márgenes. Hacía un tiempo atrás había empezado a acompañar a la familia de su tía en los procesos de lucha y reivindicación como mapuche. La historia de Rafael es la de muchas otras personas que, desde situaciones urbanas signadas por la pobreza y la violencia, deciden enmarcar sus enojos, los sentidos de la desigualdad social y de sus experiencias de injusticia en la historia de su Pueblo. Las organizaciones mapuche urbanas, como las que conocí en Esquel y en Bariloche, tenían como propósito inicial poner en valor las vidas de quienes fueron despojados de la posibilidad de pensarse a sí mismos como personas respetables. Conversando sobre estos inicios, Fernando Huala, uno de los jóvenes de la Lof Mapuche en Resistencia de Cushamen, contaba que un antiguo amigo del barrio le había expresado su pesar por no haber decidido quedarse con ellos “en la lucha mapuche”, porque “ahora ya estaba perdido”. Las comunidades mapuche que fueron más violentamente reprimidas en los últimos meses en Chubut y Río Negro son parte de las mismas familias que históricamente mueren por balas de los policías, de los dealers o de otras bandas barriales en la periferia urbana. Las experiencias de ser “pobre”, “varón” y “mapuche” en estas periferias llevaron a naturalizar entre ellos la posibilidad de ser revisado, maltratado, perseguido, encarcelado, reprimido o muerto por las fuerzas de seguridad. Uno de los miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu explicaba hoy para un medio de comunicación que los varones se tapan la cara para protegerse, no porque sean terroristas sino porque ellos corren “riesgo hasta para ir a comprar a la calle”.

Segundo contexto: Pueblo Mapuche (iniciativas de diálogo). En los conflictos territoriales suele construirse al “usurpador indígena” como un “puñado de personas”. Aun en los casos en que el conflicto por la tierra esté circunscripto a una familia y allegados, como el caso de la Lof  Lafken Winkul Mapu, suele ser el Pueblo mapuche –encarnado en los sujetos concretos que conforman las redes y relaciones más amplias—el que se siente interpelado para actuar en defensa. Esto se vio reflejado en el último trawn (reunión mapuche) realizado el 26 de noviembre en Bariloche, donde se encontraron para tomar decisiones conjuntas tanto la organización local que viene acompañando muy cercanamente a la Lof como muchas otras organizaciones y comunidades de distintas provincias. En los intercambios de la palabra quedó muy claro que la represión no es contra una comunidad o una familia, sino contra un Pueblo, uno que, a pesar de sus diferencias ideológicas, sabe articular unidad ante situaciones como esta. Por la mañana se organizó una comitiva de diálogo para que se dirija hasta la comunidad para intermediar con el juez, de la que participaron las organizaciones mapuche de apoyo junto con organizaciones de Derechos Humanos, el obispo de Bariloche, abogados y un médico para atender a los heridos. Cuando la comitiva regresa del lugar del conflicto, cuentan en el trawn que se logró firmar un acuerdo con el juez a cargo del operativo en el que se establece la creación de una instancia de diálogo “de carácter urgente con intervención de distintos organismos oficiales” para encontrar una solución al conflicto. En este trawn también se resuelve apoyar la decisión de la Lof de permanecer en el lugar y no dejar el territorio recuperado. Estas acciones colectivas de cuidado mutuo y solidaridad son las formas en que el Pueblo Mapuche practica su diplomacia para abrir instancias de diálogo, para repactar los acuerdos con las distintas instituciones estatales y demandar conjuntamente el respeto o la ampliación de sus derechos. Antes, durante y después de la represión, numerosas organizaciones y comunidades mapuche, en nombre del Pueblo al que pertenecen, intentaron habilitar espacios de diálogo y de pacificación del conflicto. Ante esto, las respuestas represivas de las fuerzas armadas son entendidas como la exclusión del Pueblo Mapuche como un interlocutor político válido en el escenario que se fue montando.  Mientras las acciones colectivas de los mapuche tendieron al diálogo y al acuerdo, las distintas instituciones oficiales involucradas tendieron a negar o traicionar esos acuerdos. Parques Nacionales, el INAI, el Juzgado Federal y las Fuerzas de Seguridad propiciaron el desalojo y la represión al mismo tiempo que fueron propiciando un escenario de “no escucha” de los reclamos mapuche. Los miembros de la Lof denunciaron la falta de escucha hasta en los últimos y trágicos acontecimientos: “Esa mañana llegaron muchos grupos armados de diferentes lados, no dieron tiempo a dialogar ni nada… sino que entraron directamente a reprimir”. Incluso, en el cerro, cuando se defendían con piedras de las balas de plomo de la Prefectura, levantaron las manos para pedir “que por favor saquen al peñi herido, nosotros solamente lo que queríamos es que nuestro peñise pudiera salvar, y no pudo”.

Tercer contexto: Recuperación territorial (experiencias de ser y estar). A los dos meses de haber recuperado el territorio, una vocera de la Lof explica que no tenían intenciones de hacer pública su recuperación, pero que debieron hacerlo por circunstancias mayores. Ellos estaban protegiendo un lugar determinado del paso de personas, porque allí estaban preparando el lugar en el que se harían las ceremonias necesarias para “levantar” a la machi de la comunidad. Puesto que por ese lugar se hacían caminatas y subía gente, se vieron obligados a descender del cerro para anunciar que ellos ya tenían el control territorial. Durante estos últimos años, y a medida que se fue recuperando territorio mapuche, también se fue explicando a la sociedad civil y política que para los mapuche el territorio no es meramente una cuestión perimetral, puesto que en el territorio se consolida el pensamiento filosófico e ideológico y la espiritualidad mapuche. La recuperación de un territorio es también la recuperación de las relaciones con las fuerzas que allí se instancian, y junto con ellas, del kimun o conocimiento ancestral. Por eso, en el transcurso de estos años se fueron generando condiciones propicias para que a las hermanas y los hermanos que llegan a la mapu (tierra) se les manifiesten capacidades y roles específicos. Actualmente, uno de los principales fundamentos de la recuperación territorial es la presencia de pu ngen, los pu newen, lo pu lonko (fuerzas de la naturaleza). Y es con esas fuerzas que se establecen los vínculos y los compromisos mutuos de proteger el lugar. Algunas personas, como machi, lonko o pillañ kushe, tienen un rol específico en estas vinculaciones con las fuerzas del lugar. Negarle a estos pu peñi, pu lamien(hermanos o hermanas) el ejercicio pleno de estas capacidades en muchos casos es condenarlos a la enfermedad e, incluso, a la muerte. Los y las machi más experimentados son los que detectan a las y los futuros machilonko o pillañ kushe. Algunos militantes mapuche explican que, en este proceso de recuperación de sabiduría ancestral, en los barrios periféricos se han producido grandes eventos vinculados al mundo espiritual mapuche. Importantes ceremonias están siendo encabezadas por machi experimentados que detectaron que algunos niños y niñas de estos barrios poseían esa capacidad o ese don de ser futuros o futuras machi. Explican también que aceptar ese rol es muy doloroso en muchos aspectos –físicos, emocionales y afectivos–  por eso, para levantarse en el rol y alimentar esa capacidad es necesario contar con un entorno absolutamente propicio, “que no es justamente el entorno urbano”. Una hija de María Nahuel es machil, esto quiere decir que se está levantando en su comunidad para, en el futuro, y cumplido el aprendizaje, tener el rol de machi. En un barrio de Bariloche, un machi había detectado esta capacidad en ella cuando era una niña pequeña, y pese al ambiente urbano y a los pocos recursos económicos, la familia logró cumplir con el compromiso de destinar estos años para su preparación y aprendizaje. Los pu ngen te llaman, dicen los ancianos, “uno no se manda solo”, no es una decisión de uno. La machil tuvo un llamado en ese lugar cercano al lago Mascardi, y por eso están allí como comunidad. Este es el principal fundamento de la recuperación territorial de la Lof Lafken Winkul Mapu y de sus convencimientos para defenderlo: “Nosotros no tenemos que negociar con el winka, negociamos con nuestra fuerza, nosotros pedimos permiso, hacemos rogativa para poder estar en un lugar” (vocero de la comunidad). María Nahuel lo expresaba con estas palabras: “Voy a seguir luchando por el territorio para mi machil. Voy a seguir luchando como familia”.

Claro que estos tres contextos (Memorias, Pueblo y Territorio) son mucho más complejos, pero estas breves paradas en ellos pueden motivarnos a profundizar los procesos en los que estamos insertos y no dejarnos convencer por quienes van a tratar, a partir de hoy mismo, de hacernos creer que los mapuche de la Lof Lafken Winkul son terroristas, violentos, indios truchos, invasores, etc. O, al menos que algunas cosas no las podamos sacar fácilmente de contexto. Entonces, y sin distracciones, exigir respeto y pedir justicia por Rafael Nahuel en nombre de una familia, de un barrio y de un Pueblo que están de luto.