6 de agosto de 2011

Cuatro muertes absurdas en el país de las elecciones de mentirita

LAS INTERNAS ABIERTAS DEL 14 DE AGOSTO Y LA REPRESIÓN EN JUJUY

Mientras se habla de elecciones, candidatos y se infringe la ley electoral. Mientras un juez supremo se mete en líos, cuando todavía resuenan los líos en los que se metieron las Madres; mientras se hacen y deshacen nuevos campeonatos de fútbol y mientras se ponen trabas para que los medios comunitarios y alternativos puedan acceder a licencias de radiodifusión, en Jujuy los que nada tienen son desalojados salvajemente de las tierras que habían tomado por necesidad. La protesta social ha sumado cuatro muertos. Son 16 desde que asumió Néstor Kirchner en 2003.

Por Marcelo R. Pereyra


HECHA LA LEY…

La Argentina está por experimentar un acontecimiento electoral inédito: las internas abiertas y obligatorias, que son –o deberían ser- el escalón previo a las presidenciales de octubre. Cuando se sancionó la ley –promovida por Néstor Kirchner- que creó esta instancia, se argumentó que era necesaria una mayor participación de los ciudadanos en la vida de los partidos políticos. Se decía que debía haber una mayor transparencia en la toma de decisiones referidas a la selección de los candidatos. Sin embargo, la práctica política concreta demostró que si esas eran verdaderamente las intenciones, se está muy lejos de concretarlas. En efecto, el dedo de los capos y las negociaciones cerradas entre las cúpulas partidarias siguieron funcionando, y se ha llegado así a la ridícula situación de ir a votar sin opciones. Es decir que los simpatizantes de cada partido no irán a elegir libremente entre distintos candidatos, sino a ratificar el candidato que los mandamases de su fuerza ya han decidido ungir. De esta forma, las elecciones del 14 de agosto se transformarán en una suerte de oráculo predictor con vistas a las de octubre, pues se supone que la opinión del votante no cambiará en los 45 días que mediarán entre las dos.

Pero hay otro problema que afecta a los partidos de menor envergadura: según la ley el partido que no haya alcanzado el 1,5% de los votos validos totales por categoría no podrá presentar candidatos en la elección general. Para el caso de las elecciones a presidente la cifra requerida rondará los 415.000 votos. Esta circunstancia ha sido muy criticada por el Frente de Izquierda (Altamira-Castillo), que la ha calificado de antidemocrática, y al parecer no le faltaría razón si con ella se llega a impedir o dificultar la presencia en la contienda electoral de otro tipo de expresiones ideológicas que no sean las hegemónicas. Porque si se diera esa circunstancia restrictiva, y no pudiese participar la izquierda, los ciudadanos sólo tendrían para optar entre distintas partidos que defienden un similar ideario de derecha, y eso incluye al kirchnerismo, al proteico Pino Solanas y al “socialismo” de Hermes Binner.

Ahora bien, que la izquierda necesite pedir públicamente, casi mendigando, un voto para poder alcanzar los 415.000, es preocupante, porque si no tiene en todo el padrón por lo menos esa cantidad de votos es un síntoma que corrobora que el pensamiento único es una cruel realidad. Ratifica esta afirmación el rotundo triunfo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el segundo puesto en Santa Fe del PRO, una de las expresiones más recalcitrantes de la derecha.


PRONÓSTICOS RESERVADOS

Pensando en las elecciones de octubre, precandidatos presidenciales como Mauricio Macri y Pino Solanas resignaron su postulación porque pensaron que será imposible derrotar a Cristina Fernández. Otros muchos, incluyendo a políticos, periodistas y ciudadanos, pensaban igual hasta que llegaron las elecciones en la CABA y en Santa Fe, en las que el kirchnerismo hizo un peor papel que el esperado, sobre todo en el segundo distrito. No obstante, todavía no aparece la fuerza política capaz de arrebatarle el poder al oficialismo, pero éste ha puesto las barbas en remojo con el fin de evitar desagradables sorpresas en el cuarto oscuro. En ese intento, Cristina Fernández acaba de infringir la disposición de la ley electoral por la que se le prohíbe -con toda razón- al gobierno de turno hacer publicidad de sus actos desde quince días antes de las elecciones. Lo que hizo la presidenta fue anunciar un aumento de las jubilaciones con fines claramente electoralistas. No es caprichosa esta afirmación si se piensa que, por un lado, Fernández no anunció un aumento extraordinario sino el que correspondía por ley; y, por otro, el aumento corre a partir de septiembre, así que podría haber esperado hasta después del 14 de agosto para darlo a conocer.

Un inoportuno frente tormenta apareció sorpresivamente cuando se hizo público que departamentos que son propiedad del juez Eugenio Zaffaroni funcionan como prostíbulos, algo que está penado desde 1936 por la ley nacional de Profilaxis de Enfermedades Venéreas (12.231). Prestamente, el gobierno, y su periodismo genuflexo y adicto, defendieron con espíritu corporativo al supremo que más simpatiza con el kirchnerismo, invocaron que no se puede manchar su prestigio como jurista, y denunciaron una campaña mediática en su contra, que tendría como objeto condicionar su voto cuando llegue a la Corte el espinoso asunto de la desinversión a la que obliga la ley de Servicios Audiovisuales. Empero, los indicios que surgen de la presentación del 15 de diciembre de 2009 ante el Procuración General de la Nación, y la denuncia que efectuó en la fiscalía anti trata (UFASEX) la ONG “La Alameda”, tienen suficiente entidad como para que la cuestión se aborde con seriedad y sin que se defienda a Zaffaroni cerrada y obtusamente, ni se lo ataque desde lo ideológico.

La nave insignia de la estrategia gubernamental con miras a asegurarse un triunfo relajado en la primera vuelta fue la –fallida- remodelación de la estructura de los campeonatos de fútbol. Los 1.200 millones que pensaba pagar el gobierno por tener la exclusividad de los partidos de las divisiones superiores, son parte de los casi 100.000 millones que destina anualmente para pagar subsidios a particulares y empresas. Semejante gasto sólo es posible por el superávit de la balanza comercial, a su vez producto de las retenciones y derechos a la exportación que se aplican a los productos agropecuarios, en especial los granos. Con toda esa plata el gobierno ha construido el formidable andamiaje que soporta su liderazgo político. Y no hay quien, en ese sentido, pueda contrarrestarlo. Claro que tiene disidencias internas, heridos que van quedando abandonados a su suerte en el campo de batalla y viudas políticas que reclaman su parte de la tajada. Sin embargo, todavía todo está atado y bien atado. Aunque esta semana se encendieron luces de alarma, ya que otra de las recurrentes crisis del capitalismo financiero globalizado está produciendo un marcado descenso del precio internacional de los granos. De no revertirse esta situación, agravada por el cierre de las importaciones que ha dispuesto la presidenta del Brasil, se acabará la etapa de vacas gordas que el país viene disfrutando desde hace siete años.


PREMIAR Y CASTIGAR

Prácticamente todos los gobiernos centrales han utilizado los dineros públicos para implementar sistemas de premio y castigo. Néstor Kirchner y Cristina Fernández no han sido la excepción. Entre los que premiaron pude citarse a organismos de DDHH como las Madres y Abuelas, que se prestaron a darle una pátina progresista al kirchnerismo temprano. Así las Madres, desde el día en que Hebe de Bonafini dijo en una marcha en la Plaza de Mayo, mirando hacia la Casa Rosada, que “el enemigo no está más allí”, fueron premiadas con dineros y permisos que les facilitaron montar una librería, una imprenta, una universidad y una radio. Todo eso no fue suficiente, porque pergeñaron con el gobierno un plan para transformarse en la principal empresa constructora de viviendas del país. Mejor dicho, en algunas partes del país: en aquellas que cuentan con autoridades y dirigentes políticos afines con el gobierno.

En Jujuy, por ejemplo, sólo se construyen viviendas para Milagros Sala, la piquetera kirchnerista que gusta veranear en Punta del Este. Y los resultados están a la vista: cuatro muertos más como resultado de la decisión política de reprimir a los balazos a aquellos que toman tierras y no son amigos. Amigos como la familia Blaquier, principal terrateniente de la región, que es propietaria de más de 150.000 hectáreas. La estructura económica de Jujuy es altamente concentrada, y es el resultado de relaciones de producción latifundistas en las que predomina un poder oligárquico: un puñado de familias es el propietario de grandes extensiones de las mejores tierras para cultivo, de los ingenios tabacaleros y azucareros y de las minas de hierro. Las fuentes de riqueza de la provincia provienen casi exclusivamente de estas explotaciones, ya que las políticas neoliberales de los ‘90 obturaron la posibilidad de un desarrollo industrial. El Estado provincial es el principal empleador, pero eso no alcanza a combatir la desocupación. Esa es la razón por la cual existe la misma cantidad de beneficiarios de planes Trabajar que de empleados públicos. La mortalidad materna -200 cada 100.000- es el doble o el triple de la de las provincias del centro y sur, y está muy cerca de ser la mayor del país. Un índice similar se registra en los países más pobres del continente africano (http://www.msal.gov.ar/htm/site/estadisticas.asp).

Ese contexto, del que dimos cuenta en estas páginas hace siete años (ver "Patriarcado, sexismo, corrupción judicial y poder político en el noroeste argentino" en www.contracultural.com.ar, septiembre, 2004), no se ha modificado sustancialmente durante las gobernaciones de Barrionuevo y de Fellner. Por eso, los que nada tienen, apoyados por la Corriente Clasista y Combativa, tomaron una fracción de tierra de la empresa Ledesma, de los Blaquier. Cuando estaban negociando la desocupación a cambio de una salida para su problema, fueron duramente desalojados por la policía que responde a las órdenes del kirchnerista gobernador Barrionuevo. El resultado: sesenta personas heridas con proyectiles de armas de fuego; intoxicación de adultos y bebés por los gases; y la muerte de Juan Sosa Velásquez, Ariel Farfan (17), Félix Reyes Pérez (21) y Víctor Heredia (37). Hay que agregar la muerte de un policía, probablemente víctima de la descontrolada violencia de sus compañeros. De esta forma, ya son 64 los asesinados en protestas sociales desde 1995, 16 de ellos lo fueron desde que Néstor Kirchner asumió el poder en 2003.

Y después de estas nuevas muertes, con un oportunismo que indigna, el gobierno provincial empezó a hablar de posibles expropiaciones de tierras privadas. Pero era demasiado y entonces al día siguiente propuso un plan de cesión de lotes fiscales. Eso sí, se entregarán solamente a aquellos que estén radicados desde hace tiempo en la provincia, porque los funcionarios jujeños dijeron que en realidad la culpa la tienen los inmigrantes bolivianos. Así que dispusieron que todos los de esa nacionalidad que tomen tierras en Jujuy sean deportados a Bolivia.

Así no joden más, ¿no?



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Se acabó la farsa: El pinochetismo reapareció con represión estudiantil

EL GOBIERNO CHILENO FRENTE A SU PEOR MOMENTO

El presidente chileno, Sebastián Piñera, con sólo 26% de apoyo ciudadano, sacó mil policías a las calles para reprimir las manifestaciones estudiantiles que azotaron el país en demanda de educación gratuita.

Por Marcelo J. Levy


Sebastián Piñera respondió a la nueva manifestación de los "pingüinos", movilizados en defensa de la educación pública, con balas de goma, gases lacrimógenos y más de 900 detenidos, entre ellos muchos menores. Las fuerzas de seguridad impidieron que los estudiantes secundarios y universitarios utilizaran el transporte público y realizó ocupaciones en los colegios tomados.

Actualmente, el gobierno de Sebastián Piñera sigue el mismo modelo privatizador de la educación pública chilena aplicado bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

Horas antes de la represión, la líder universitaria Camila Vallejo justificó la protesta porque “no se vieron avances sustantivos” en las negociaciones que durante los últimos días mantuvieron con funcionarios de la administración de Piñera. El gobierno había hecho una propuesta de 21 puntos, que despertó el inmediato rechazo de los estudiantes. “El escenario de hoy se parece mucho al estado de sitio en dictadura”, denunció Vallejo, en medio de la detención de 552 personas en todo el país.

La represión fustigada por la oposición de centro izquierda y organismos de derechos humanos motivó un cacerolazo en Santiago, Valparaíso y Concepción. Las protestas, que ya duran dos meses, fueron reprimidas a pie, caballos y vehículos por la policía que usó bombas lacrimógenas y carros hidrantes.

La acción policial, que no impidió que los estudiantes ocuparan un canal de televisión, fue justificada por el vocero del gobierno, el ministro Andrés Chadwick, primo de Piñera. “La policía ha actuado conforme a la ley y está cumpliendo con su responsabilidad y cuenta con el respaldo del gobierno”, subrayó al defender que la autoridad proscribiera las marchas.

La medida, basada en un decreto emitido por el dictador Augusto Pinochet para disolver protestas en su contra, fue resistida por la oposición de centro izquierda, mayoría en la Cámara Alta.

El senador socialista Fulvio Rossi, tras denunciar represiones a menores de edad, anticipó que la oposición bloqueará todas las iniciativas legislativas del gobierno. “Se están violando derechos humanos fundamentales de los niños”, reclamó, luego de que justamente el gobierno dijera que pensaba buscar una salida a la crisis en el Congreso.

Piñera, que guardó silencio ante los hechos, llamó los días previos a terminar con las marchas. “Ya basta”, dijo.

No obstante, cientos de estudiantes de incluso 12 años intentaron llegar al palacio presidencial de La Moneda, en medio de peleas con la policía. “¡Piñera aprende a gobernar!”, gritaron.

El escalamiento del conflicto, que pareció distenderse a comienzos de semana con el inicio de negociaciones, indujo a varios líderes del alumnado a llamar a un endurecimiento de las posiciones.

“El diálogo se está cerrando”, sostuvo el vocero de los escolares, Freddy Fuentes, cuyo sector mantiene tomas de liceos hace meses.

Los estudiantes, que terminaron de desechar la última oferta del gobierno, reclaman porque los costos de estudiar en Chile son de los más caros del mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En Chile, la mayoría de la educación escolar requiere pago de mensualidades, además de toda la educación universitaria, considerada una de las más caras del mundo, apunta la OCDE. Una familia con dos hijos en la universidad puede llegar a tener que pagar 2.000 dólares en mensualidades. Como el 95% del país vive con menos de eso como ingreso mensual, los jóvenes deben endeudarse para estudiar, asumiendo créditos por hasta 60.000 dólares que pagan durante años.

La crisis estudiantil, que movilizó a cientos de miles de personas las últimas semanas, coincidió con cientos de protestas sociales, ambientales y regionales este año.

Las manifestaciones, las más masivas desde el fin de la dictadura, tienen como trasfondo la desigualdad social en Chile, país donde las diez familias más ricas del país, incluida la de Piñera, poseen un patrimonio de 75.000 millones de dólares.

En cambio, la mitad de los hogares viven con mil dólares mensuales, lo mismo que puede costar el pago de la carrera de Medicina, por ejemplo.

El estallido social, en medio de una crisis de representación política admitida por todos los sectores, ocurre además en la antesala de las elecciones municipales de 2012 y presidenciales de 2013.

Todas las encuestas hablan además de un progresivo rechazo a las élites políticas. Hoy el patronal Centro de Estudios Públicos alertó que el apoyo a Piñera está en 26% y en la baja.

Es momento de correr el foco de atención hacia el país trasandino, para analizar el proceso que se está dando con una fervorosa acción de rechazo al neoliberalismo. Se acabó la farsa: el pinochetismo continúa en Chile, y los chilenos no están dispuestos a soportarlo una vez más.



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Barrick: La minera de oro más grande del mundo (y la más cuestionada)

EL PODER DE LAS MULTINACIONALES

¿Qué es Barrick Gold? ¿Cuán grande es la empresa? ¿Por qué se la cuestiona tanto en varios países? ¿Cuál es el impacto ambiental de sus operaciones en Argentina? ¿Es cierto que ya afectó glaciares en Chile y Argentina? ¿Por qué se opone a la Ley de Glaciares? ¿Cuáles son sus vínculos con el poder?

Por Hernán L. Giardini


Barrick Gold Corporation es la minera multinacional dedicada a la extracción de oro más grande del mundo. Su sede principal está ubicada en la ciudad de Toronto (Canadá) y posee 25 minas operativas y proyectos en diferentes etapas de exploración y desarrollo en 15 países.

Su accionar es fuertemente resistido en varios países, tanto por las comunidades locales como por grupos ambientalistas.

La organización internacional Corpwatch recopiló varias de las denuncias de violaciones a derechos humanos y ambientales que pesan sobre la empresa en su informe “Los secretos sucios de Barrick. Comunidades responden a los impactos de las minas en todo el mundo”, donde se advierte: “A Barrick se la vinculó con una serie de abusos, incluidas las evacuaciones forzadas de pobladores y de mineros en pequeña escala, los asesinatos denunciados de críticos de la minería en sus minas de Bulyanhulu y Mara del Norte en Tanzania, y el homicidio de mineros artesanales a manos del personal de seguridad en Papúa Nueva Guinea. También ocurrieron muchos enfrentamientos violentos entre la policía y los activistas que se oponían a las explotaciones mineras de Barrick en Perú, Chile y Argentina”.

En Filipinas, el gobierno de la provincia de Marinduque presentó en 2005 una demanda judicial contra la empresa Placer Dome (subsidiaria de Barrick) por dañar gravemente el ambiente, la economía y la salud de los habitantes de la isla de Marinduque. El caso fue documentado por la organización internacional Oxfam.

Por su parte, Amnistía Internacional, en su informe “Derechos minados”, advierte sobre violaciones a los derechos humanos por parte de Barrick en su mina Porgera de Papúa Nueva Guinea. Allí se afirma que “entre abril y julio de 2009, agentes de policía irrumpieron en las aldeas en las tierras de Papúa Nueva Guinea, desalojando a los pobladores por la fuerza, quemando sus casas y destruyendo sus pertenencias, sus jardines y su ganado. Estos incidentes tuvieron lugar en la "concesión minera especial" (SML, por sus siglas en inglés), zona en la que el Porgera Joint Venture (PJV) opera una de las mayores minas del país.” Además, el mismo documento agrega que “entre los damnificados por la pérdida de sus hogares, hubo familias con niños pequeños, mujeres embarazadas, ancianos e incluso empleados de PJV. Otros pueblos dentro del área SML también se enfrentaron a la violencia, incluyendo Kukapi y Mungalep”.

En Argentina, su mina Veladero está ubicada en la provincia de San Juan a aproximadamente 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan y a una altura de entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar. Es una mina con diseño a cielo abierto, con minerales de oro y plata, que entró en producción en septiembre de 2005 y cuenta con reservas de 11,4 millones de onzas y con una vida útil estimada en 14 años.

La extracción de la roca se hace mediante métodos de perforación y voladura. El material extraído es cargado en camiones con capacidad para 240 toneladas. Luego de la trituración y clasificación, el mineral es depositado en el valle de lixiviación, que permite recuperar el oro y la plata.

Por su parte, Pascua Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina de oro y plata a cielo abierto en un paisaje natural semiárido de alta cordillera, ubicado entre los 3.800 y 5.200 metros sobre el nivel del mar, en la frontera de Chile con Argentina. El Tratado de Integración y Complementación Minera fue ratificado por los gobiernos de Argentina y Chile el año 2000, lo que facilitó el desarrollo de la minería a través de la frontera.

La operación de la mina se efectuará durante 21 años y el inicio de producción se estima para 2013. Por el lado argentino, el proyecto se ubica en la cabecera de la cuenca del río Turbio, tributario del río de Las Taguas, en el departamento de Iglesia, provincia de San Juan. Por el lado chileno, está localizado en la provincia de Huasco, Región de Atacama.

Según el Informe de Impacto Ambiental, Barrick Gold pretende obtener de Pascua Lama 14,4 millones de onzas de oro (que equivalen a 447 toneladas), y cada gramo de oro extraído precisará remover 4 toneladas de roca, y consumir 380 litros de agua, 43,6 KWh de electricidad (similar al consumo semanal de un hogar argentino medio), 2 litros de gasoil, 1,1 kilogramos de explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio.

Tanto Veladero como Pascua Lama, así como otros proyectos mineros para los cuales actualmente existen permisos de cateo, se encuentran parcialmente dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo, que forma parte de la Red Mundial de Reservas de Biósfera del Programa “El Hombre y la Biósfera” de la UNESCO, cuya coordinación nacional es responsabilidad de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Dentro de la misma hay dos áreas de protegidas: el Parque Nacional San Guillermo y la Reserva Provincial San Guillermo.

El desarrollo de emprendimientos mineros dentro de la Reserva despertó la preocupación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que, en su misiva 3284/06 remitida a la Secretaría de Minería de la Nación el 22 de noviembre de 2006, advirtió: “No puede desconocerse que este tipo de explotación minera podría contaminar, bajo ciertas circunstancias, no sólo las aguas superficiales, sino además las subterráneas. Ante el impacto ambiental en la red hidrográfica y subsiguiente afectación de todo el ecosistema se requiere precisión en cuanto al alcance de dicho impacto, especialmente ante la potencial afectación de ecosistemas internacionales, aguas interprovinciales y el propio Parque Nacional núcleo del área protegida. La actividad prevista para Pascua Lama comprende la producción de desechos y residuos peligrosos, resultando que por la naturaleza binacional del emprendimiento es imprescindible la intervención de la Autoridad Ambiental Nacional para garantizar el cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, ratificado mediante Ley Nacional Nº 23.922. Este tema es de particular importancia en este caso, ya que la zona de explotación es de alta actividad sísmica lo que podría conllevar a liberaciones eventuales de sustancias y/o residuos peligrosos siendo un derrame con incalculables perjuicios para el ambiente”.

Un reciente informe del Centro de Derechos Humanos y Ambiente advierte que “las muestras de contaminación de metales pesados, entre ellos Plomo, Mercurio, Aluminio y Arsénico, y de grasas y aceite, a los ríos y arroyos próximos a los proyectos mineros de extracción de oro de Veladero (en producción desde el 2005) y Pascua Lama (próximo a iniciar la extracción de minerales), ambos de la empresa canadiense Barrick Gold, demuestran elevados niveles que exceden los límites permitidos por ley y/o exceden de manera preocupante la línea de base establecida para el ambiente local”.

En cuanto a la afectación de glaciares por parte de la empresa, un reciente informe de Greenpeace Argentina lo documenta detalladamente.

El proyecto Pascua Lama incluía el traslado de tres glaciares del lado chileno (Toro 1, Toro 2 y Esperanza), pero dicho plan fue prohibido y se obligó a la empresa a cambiar el proyecto para no intervenirlos. Sin embargo, en un informe técnico del año 2005 se advierte que la superficie de los mismos disminuyó entre un 56% y un 70% por las actividades realizadas por Barrick. En febrero de este año se sancionó a la empresa por continuar afectándolos.

En Argentina la empresa fue varias veces denunciada por afectar los glaciares del Paso de Conconta mediante la apertura de caminos.

Fredy Espejo, un ex empleado de Barrick, denunció en el año 2005 que la empresa intervino el glaciar Conconta: “Hubo que abrirlo para trazar por ahí el camino que hoy tiene 35 metros de ancho para llegar a la planta y a los yacimientos. Al glaciar lo afectan por los camiones que se usan, de gran porte, y el incesante tráfico que hay. Ese glaciar le da agua a Tudcum. En Iglesia y Las Flores nos alimentamos con la que proviene de Agua Negra. Y Bella Vista recibe del arroyo Dechita. La cordillera distribuye naturalmente el agua y nadie se queja. En realidad es una gran cuenca que permite surtir de agua a Iglesia, Marimar, La Chigua, Chinguillo, Angualasto, Rodeo y Dique del Viento”.

Un mes después de la sanción de la Ley de Glaciares, Barrick presentó dos recursos judiciales que fueron aceptados por un juez federal de San Juan y están impidiendo que se realice el inventario de glaciares y ambiente periglacial en sus emprendimientos y que, como establece la norma en su artículo 15, se le realice una auditoría ambiental para corroborar si está afectando glaciares.

Pero, a diferencia de los amparos presentados contra la Ley de Medios, en este caso el Gobierno Nacional se mantuvo en silencio.

Quizás fue parte de lo que la presidente acordó en junio del año pasado cuando se reunió en Canadá con el CEO de Barrick, Peter Munk. En aquel almuerzo también estuvieron sentados a la mesa, junto con Cristina Fernández, los gobernadores José Luis Gioja (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta), Luis Beder Herrera (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Walter Barrionuevo (Jujuy), y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.

O tal vez es lo que la presidente acordó el mes pasado cuando se reunió en la Casa Rosada en forma “secreta y privada” con el ex presidente de España José María Aznar, a quien varias fuentes periodísticas lo señalan como nuevo director de Barrick.

Mientras tanto, en Barricklandia… el equipo de voley local, UPCN San Juan, el año pasado se consagró campeón de la Liga Argentina de Vóleibol por primera vez en su historia; y en el fútbol, este año San Martín ascendió a la Primera División; y su rival, Desamparados, ascendió a la B Nacional.

Casualmente, los tres equipos llevan como propaganda la leyenda “San Juan Minero”, que es un fondo aportado por Barrick para promover el deporte sanjuanino.

Más información:

http://www.protestbarrick.net/

http://lavaca.org/archivos/actualidad1596.pdf

http://www.oxfam.org.au/explore/mining/our-work-with-communities/marinduque-island-thephilippines

http://www.amnistia.org.ar/sites/default/files/derechos-minados-desalojos-forzosos-y-brutalidad-policial.pdf

http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2011/cambio_climatico/barrick_mineria_responsable.pdf



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Televisión Digital: ¿Para quién es la democratización?

CARTA PRESENTADA AL AFSCA

Recientemente la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual AFSCA dio a conocer las resoluciones 685/2011 y 686/2011 por las cuales se llama a concurso público y se aprueba el pliego de bases y condiciones para la adjudicación de licencias de televisión digital terrestre (TDT) en todo el país. Luego de leerlas y preocupados por esta situación, canales de televisión, programas y realizadores comunitarios y/o alternativos que venimos produciendo sostenidamente desde hace años en profunda articulación con el movimiento social, los trabajadores y nuestro pueblo, nos reunimos para intercambiar y discutir nuestras primeras impresiones.

No podemos hacer otra cosa que oponernos a estas resoluciones que dejan afuera directamente a todos los que venimos produciendo desde medios comunitarios y/o alternativos; al mismo tiempo que se destina a las “organizaciones sin fines de lucro” valores de pliegos impagables. En la CABA, el valor del pliego para ONGs es de 70 mil y 140 mil pesos (en tanto en el caso de los medios con fines de lucro es de 100 mil y 200 mil, una diferencia bastante inexistente si tenemos en cuenta que se trata de canales comerciales). En la provincia de Buenos Aires, los pliegos para las “organizaciones sin fines de lucro” son de 42 mil, 70 mil y 105 mil pesos según la zona y cantidad de habitantes, lo mismo para otras provincias.

Estos valores, sumados a la exigencia de depósito de una garantía de mantenimiento de la oferta por el monto de un pliego y medio, y a la suma de 24 mil pesos mensuales en caso de ganar, no se ajusta en lo absoluto a las posibilidades de los medios alternativos (que sostenemos producción constante la mayoría de las veces con trabajo voluntario), ni tampoco para organismos de DDHH y organizaciones sindicales que no manejen esos montos.

Esto sin contar los requisitos de admisibilidad y el plan de inversiones que se detallan en dichas resoluciones como condiciones excluyentes para concursar. Nos oponemos por completo a cualquiera de estos condicionantes como a cualquier otro sea de índole económica y/o política.

Desde que comenzó el debate por una nueva ley de medios se ha sostenido que la 26.522 es una ley democratizadora, garante de la pluralidad y defensora de la diversidad. Sin embargo estas resoluciones no hacen más que condenar a la marginalidad a los actuales canales de TV alternativos, comunitarios e independientes, aún cuando expresamos las voces silenciadas o tergiversadas por los multimedios, a los que dice contraponerse el espíritu de esta ley.

Llamamos a todos los medios alternativos y comunitarios, periodistas, artistas, trabajadores de la cultura a rechazar estas normas restrictivas y adherir a esta declaración.

Por todo ello, solicitamos a las autoridades del AFSCA una reunión donde podamos interiorizarnos sobre el futuro real que espera a nuestros medios en lo que hace al tan postergado reclamo de reconocimiento legal por parte del Estado.

Esperamos este encuentro a la mayor brevedad posible.

Firman: Canal 4 Darío y Maxi, Barricada TV, Faro TV, TV PTS, La Dignidad TV, Voces TV, Cine Insurgente, Ojo Obrero, SilbandoBembas.

Adhieren: Más de 500 medios de comunicación, periodistas, agrupaciones culturales, organizaciones sindicales, políticas y sociales.


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La guerra, la deuda y el presidente

LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS EN CRISIS

“El Congreso acaba de aprobar un acuerdo para reducir el déficit y evitar un default que hubiera devastado nuestra economía. Fue un debate largo y acalorado. Y quiero agradecer al pueblo estadounidense por presionar a sus funcionarios electos para que dejaran a un lado la política y trabajaran juntos por el bien del país”. El Presidente Barack Obama elogió el acuerdo sobre la deuda el martes con las siguientes palabras: “No podemos equilibrar el presupuesto sobre las espaldas de las mismas personas que han soportado la mayor carga de esta recesión”. Sin embargo eso es precisamente lo que él y su círculo de asesores de Wall Street han hecho.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)


Alexander Hamilton escribió en 1790 que en los asuntos de las naciones “los préstamos en épocas de peligro público, especialmente en tiempos de una guerra externa, son un recurso indispensable”. Fue su primer informe realizado como secretario del Tesoro al nuevo Congreso de Estados Unidos. El país había pedido préstamos para luchar la Guerra de la Independencia, y Hamilton propuso un sistema de deuda pública para pagar dichos préstamos.

La historia de la deuda nacional estadounidense está inexorablemente vinculada a sus muchas guerras. La resolución de esta semana de la llamada crisis del techo de la deuda no es la excepción. El sumiso Congreso no solo acordó financiar las guerras del Presidente George W. Bush en Irak y Afganistán a través sucesivas partidas para “gastos de emergencia”, sino que también aceptó hacerlo con dinero prestado, aumentando sin objeciones el tope de endeudamiento en 10 ocasiones desde 2001.

¿Cómo le fue al Pentágono en la actual batalla presupuestaria? Parece que le fue bien. Pero a no confundirse con los soldados y los veteranos de guerra que han peleado en esas guerras.

“Este año se cumplen 50 años del discurso de [Dwight] Eisenhower sobre el complejo industrial-militar. Habló de la necesidad de una economía equilibrada, para una población próspera. Básicamente, está a la izquierda de Barack Obama con respecto a estos temas”, dijo William Hartung del Centro de Política Internacional a Democracy Now! mientras el Senado estaba reunido para votar el proyecto de ley sobre el tope de la deuda. Se refería, claro está, al difunto general devenido presidente republicano de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower.

Michael Hudson, presidente del Instituto para el Estudio de Tendencias Económicas de Largo Plazo, explicó la relación entre el tope de endeudamiento y la guerra desde una perspectiva histórica:

“[El tope] fue impuesto en 1917 durante la Primera Guerra Mundial, y la idea era impedir que el Presidente Wilson destinara aún más soldados y dinero estadounidense a la guerra. En todos los países europeos —en Inglaterra, en Francia— se introdujo el control parlamentario del presupuesto para impedir que reyes o gobernantes ambiciosos iniciaran guerras. De manera que la finalidad era limitar la capacidad de un gobierno de endeudarse para ir a la guerra, debido a que era el único motivo por el cual los gobiernos se endeudaban”.

La Ley de Control Presupuestario de 2011 dispone recortes drásticos en la red de seguridad social de Estados Unidos. El Congreso designará un comité de 12 miembros, denominado “Super Congreso”, con igual cantidad de miembros republicanos y demócratas, que debe determinar recortes por 1,2 billones de dólares para el Día de Acción de Gracias. Si el comité no logra cumplir esa meta, habrá amplios recortes obligatorios y generalizados. Los servicios sociales serían recortados, pero también se recortaría el presupuesto del Pentágono.

O tal vez no. El Comité Negro del Congreso y el Comité Progresista del Congreso se opusieron al proyecto de ley. El Presidente del Comité Negro del Congreso, Emanuel Cleaver, lo denominó “un sándwich satánico con baño de azúcar”. Para los años de ejercicio 2012 y 2013, el financiamiento discrecional aprobado se divide en dos categorías: las “vinculadas a la seguridad” y las “no vinculadas a seguridad”. Las categorías “no vinculadas a seguridad”, como los programas de alimentación, vivienda, los programas de asistencia de salud Medicare y Medicaid (la base de cualquier seguridad nacional verdadera), probablemente sean recortados. Pero el presupuesto de “seguridad” también se verá afectado, lo cual según los demócratas podría ser un incentivo para que los republicanos cooperen con el proceso.

La categoría de organismos y programas vinculados a seguridad incluye al “Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Asuntos de los Veteranos, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, los servicios de inteligencia y asuntos internacionales”. Esto establece una dinámica en la que los halcones tratarán de recortar lo más posible el presupuesto de los cuerpos diplomáticos del Departamento de Estado y la ayuda extranjera para favorecer a sus patrocinadores del Pentágono y de la industria armamentista.

Bill Hartung habla del poder de los contratistas militares: “No querían que pareciera que tenían intereses especiales, pero trabajaron desde adentro. Y tenían al Presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, de su lado. Tenían a Buck McKeon, el director del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, cuyo mayor donante es Lockeed Martin, que obtuvo grandes instalaciones militares en su distrito. Tenían gente como Randy Forbes, cuyo distrito está cerca del complejo de astilleros Newsport News Shipbuilding, donde se construyen submarinos de ataque y portaaviones. Utilizaron su influencia para tener gente dentro, para tener a sus aliados en la Cámara Baja, para promover su agenda”.

El acuerdo sobre el tope de deuda del Presidente Obama es ampliamente considerado como una derrota histórica para los progresistas y un ataque exitoso contra los logros del New Deal y de la Gran Sociedad del siglo pasado. La Congresista demócrata de Maryland, Donna Edwards, que comparte con la mitad de los diputados demócratas el haber votado en contra del presidente, resumió en Twitter su decepción: “Nada de los multimillonarios; muchos vacíos impositivos para las corporaciones; ¿Solamente el sacrificio de las clases más bajas? ¿Sacrificio compartido? ¿Equilibrio? Parece broma.”

La congresista Edwards explica, “Solo creo que sienta un mal antecedente para el futuro, ya sea que el recorte que comenzará a regir este año sea de 20.000 millones o de un billón de dólares. El marco que indica que podemos recortar el gasto del gobierno casi a cero y no aumentar los ingresos es realmente un mal acuerdo para el pueblo estadounidense. Claramente, represento al distrito progresista, pero también creo que es la voz del pueblo estadounidense que está diciendo 'No estamos de acuerdo con que el dos por ciento de las personas que tienen mayores ingresos se salga con la suya, mientras el 98 por ciento restante tenemos que soportar toda la carga del gobierno'. Y no solo eso, sino que los factores que contribuyen a nuestra deuda a largo plazo son esas exenciones impositivas para los ricos, la factura de una receta del Presidente Bush que nunca se pagó y las guerras en Irak y Afganistán, y luego agregan a eso una crisis financiera que fue provocada por la irresponsabilidad del sector financiero. El pueblo estadounidense, gente pobre y de clase media, está diciendo 'Un momento. Nosotros no hicimos nada de esto. No nos hemos beneficiado con nada de esto. Y no deberíamos tener que pagar por esto'.”

El grupo independiente Proyecto de Supervisión del Gobierno (POGO, por sus siglas en inglés) dice acerca del “Super Congreso” que “la creación del comité no incluye muchos requisitos de transparencia”. ¿Quién será el guardián? Mientras se acercan las elecciones de 2012, que prometen ser las más caras de la historia, es esperable que la propuesta de reducción de déficit del comité, que vence en el Día de Acción de Gracias y que está sujeta a votación directa, no de muchos motivos para dar gracias.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

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