4 de noviembre de 2011

¿Fin de fiesta?

FUGA DE CAPITALES Y RECORTE DE SUBSIDIOS: CONFLICTOS Y TENSIONES EN EL ESCENARIO POST ELECTORAL

Cuando aún no se habían acallado los últimos ecos de los festejos por el triunfo lectoral, y de las homéricas y sentidas evocaciones de la figura del ex presidente Kirchner, se reeditó un clásico de la vida económica argentina: la fuga de capitales y la corrida hacia el dólar. Pocos días más tarde el gobierno decidió recortar subsidios por 600 millones de pesos. Súbitamente reaparecieron fantasmas de un pasado de incertidumbres y angustias al que nadie quiere volver. ¿Es un primer indicio del fin de la fiesta kirchnerista o es apenas un mal momento que será prontamente superado?

Por Marcelo R. Pereyra


LADRONES EN BIBICLETA

Quizás porque su resultado era muy previsible, quizás porque no hubo cambio de gobierno, las elecciones presidenciales argentinas del 23 de octubre último pasaron casi desapercibidas: los ganadores festejaron un poquito y a otra cosa. Más fervor despertaron pocos días después los actos recordatorios del primer aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, que habilitaron una renovada puesta en escena del culto a la personalidad, un clásico de la cultura política argentina en la que los individuos e individuas reciben más honores y elogios que las acciones de los colectivos sociales.

Cuando aún no se habían acallado los últimos ecos de los festejos por el triunfo lectoral y de las homéricas y sentidas evocaciones de la figura del ex presidente Kirchner, es decir, cuando en miles de argentinos y argentinas fuertes emociones todavía gobernaban los latidos de su corazón, se reeditó un clásico de la vida económica argentina: la fuga de capitales y la corrida hacia el dólar. Acudieron entonces desde el pasado miedos e incertidumbres acerca del devenir económico inmediato.

La fuga de dinero al exterior en cantidades superiores a las habituales se debería a que, por la crisis planetaria, las casas matrices de las empresas extranjeras radicadas en el país reclamarían ingentes remesas de dólares. Esta explicación luce como verosímil, mas habría que puntualizar lo sugestivo del momento elegido –apenas días después de haberse plesbicitado a Cristina Fernández como Presidenta de la Nación- para tomar esta decisión por parte de las empresas. ¿Acaso se están curando en salud y retiran todo el capital posible porque prevén algún tipo de medida de las autoridades que incida sobre sus activos bursátiles o bancarios? Como quiera que sea, en un país como la Argentina, en el que todas las grandes empresas son extranjeras, el aumento de las remesas al exterior es temible y preocupante. Por eso, “los minoristas”, o “el público”, se lanzaron desesperadamente sobre el billete verde, obligando al Banco Central a desprenderse de varios millones para mantener estable la cotización de la moneda estadounidense.

El gobierno encaró esta crisis como suele hacerlo en ocasiones similares: sancionando a los jugadores más débiles y dejando jugar a los más fuertes. De allí que mientras la AFIP cayó sobre el “chiquitaje” –verificando en cada pequeña compra de moneda extranjera el origen de los fondos- las grandes empresas prosiguen a su aire, montadas sobre redituables bicicletas financieras. Eso sí, para la tribuna dan muy bien esas imágenes de los noticieros de la tele, donde se ve a los sabuesos de la AFIP en las casas de cambio vigilando atentamente para que ningún astuto jubilado gire sus excedentes a las Islas Caimán.

LA PATRIA SUBSIDIADA

Sostienen los exegetas periodísticos del gobierno que “la política de subsidios del kirchnerismo a distintos rubros energéticos fue una de las puertas de salida que se le encontró a la deficiente administración de esas prestaciones en manos privadas” (Página/12, 3/11/11). Este débil argumento en realidad esconde que había otras “puertas de salida” más drásticas para las administraciones privadas “deficientes” que se decidió no encarar: por ejemplo, controlarlas; por ejemplo, cambiarlas. En cambio se decidió legitimar su “ineptitud” beneficiándolas con generosos subsidios. De acuerdo con cifras aportadas por el ministerio de Economía, en 2010, por ejemplo, se transfirieron a las empresas generadoras de electricidad 13.400 millones pesos y en 2011 se les transferirán unos 20.000 millones. Además, este año se les aportarán a las empresas de transporte público (trenes y colectivos) 17.000 millones. Para 2012, un total de 75.000 millones de pesos abandonará las arcas públicas e ingresarán en bolsillos privados en calidad de subsidios.

Pese a su carácter injusto, arbitrario y discrecional –porque financia a empresas, no a individuos-, el sistema de subsidios fue ensalzado por el kirchnerismo: “Forma parte del éxito del modelo económico”, ha dicho el ministro de Economía sin que se le borrara de la cara su estereotipada sonrisa. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué el gobierno ha decidido reducir subsidios por 600 millones? En conferencia de prensa Amado Boudou explicó que “el volátil contexto mundial (sic) nos pone en situación de recalibrar (sic) la pertinencia de algunas transferencias”. Parece que se cayó en la cuenta de que hay que guardar platita. “Es básico recomponer el esquema de gastos y también garantizar el creciente flujo de ingresos fiscales -dicen los escribas oficialistas- para que no haya ajuste, ni nada que lo remede” (Página/12, 3/11/11).

Ajuste: palabra temida por el gobierno por sus innegables connotaciones dramáticas, que suena a aumento de tarifas y a recorte de salarios, que suena a presidente que huye en helicóptero. Sin embargo, y sin ánimos apocalípticos, ambas cosas serán inevitables cuando se cierre el grifo subsidiario. En Economía calculan que si se eliminaran completamente los subsidios, las tarifas las eléctricas podrían triplicarse y las de los trasportes aumentarían entre un 200 y un 500 por ciento. Por otra parte, la Presidenta ya les ha pedido “responsabilidad” a los gremialistas cuando discutan los salarios para el año próximo. Habrá que ver cómo juega este juego el capo de la CGT, porque estos días Don Moyano y su pandilla han estado calentando el ambiente reclamando participación obrera en las ganancias de las empresas y disminución del impuesto a las ganancias. Hasta se han animado a hacer veladas amenazas de marchas y actos de protesta si no se cumple con sus pedidos.

En los meses venideros se irá aclarando el panorama, pero las tensiones están en varios frentes y son indisimulables. El breve festejo ha dejado paso a la preocupación. Será interesante observar cómo desactiva el gobierno el artefacto explosivo que él mismo se colocó.


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“No más sangre. Estamos hasta la madre. Queremos paz con justicia y dignidad”

MÉXICO: LA LUCHA DEL MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es una respuesta de la sociedad civil a la violencia que se vive en ese país como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico: la política de seguridad oficial ha ocasionado cerca de 50.000 muertes desde que el mandatario mexicano, Felipe Calderón, inició un combate frontal a los grupos delictivos en 2006.

Por Hernán L. Giardini


"El mundo ya no es digno de la palabra.
Nos la ahogaron adentro.
Como te asfixiaron.
Como te desgarraron a ti los pulmones.
Y el dolor no se me aparta.
Sólo queda un mundo.

Por el silencio de los justos.
Sólo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo.
El mundo ya no es digno de la palabra,
es mi último poema, no puedo escribir más poesía...
la poesía ya no existe en mí."

Con estas desgarradoras palabras, el poeta mexicano Javier Sicilia se despedía de la actividad literaria tras enterarse del brutal asesinato de su hijo Juan Francisco en marzo de este año.

Per el dolor se hizo lucha, y Sicilia llamó a los mexicanos a manifestarse en contra de la violencia, tanto la que producen los grupos criminales como contra la de los cuerpos de seguridad del Estado mexicano. “No más sangre. Estamos hasta la madre. Queremos paz con justicia y dignidad”, fue la consigna.

Así nació el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una respuesta de la sociedad civil a la violencia que se vive en ese país como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico: la política de seguridad oficial ha ocasionado cerca de 50.000 muertes desde que el mandatario mexicano, Felipe Calderón, inició un combate frontal a los grupos delictivos en 2006.

A esta escalofriante suma de asesinatos registrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay que agregarle unas 5.000 personas desaparecidas.

Este es el resultado de seis años bajo las balas de los narcos, entre el fuego cruzado del ejército y los carteles de la droga, la guerra entre bandas rivales, y la represión estatal.

En su inicio, el movimiento comenzó como una Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad que salió de Cuernavaca (Morelos) el 5 de mayo y arribo al Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo, con el propósito de manifestar los agravios que la violencia ha generado en la sociedad mexicana. La movilización recibió la adhesión de organizaciones de derechos humanos y ciudadanos independientes de todo el país. Al terminar la marcha se anunció la construcción de un pacto nacional contra la inseguridad, que se firmó el 10 de junio en Ciudad Juárez (Chihuahua), como conclusión de una nueva movilización a la que se llamó Marcha del Consuelo.

Luego, el movimiento pidió al gobierno mexicano que accediera a dialogar abiertamente sobre la estrategia de combate a la delincuencia organizada. Tras reunirse con el presidente, Sicilia manifestó que se registraron más de 4.000 muertes en los últimos meses y que la estrategia de seguridad implementada por el mandatario mexicano ha provocado el surgimiento de grupos paramilitares.

En ese sentido, cabe advertir que en septiembre pasado surgieron "Los Matazaetas", un grupo con tendencia militar que anunció su "combate a muerte" a la organización criminal conocida como "Los Zetas".

El escritor además apuntó que a la estructura gubernamental no le interesa tomar el camino de la paz, y añadió que este hecho queda demostrado por la multiplicación de los cadáveres y el aumento de la impunidad y la corrupción en los aparatos del Estado.

Del mismo modo, manifestó que las políticas aplicadas para combatir el narcotráfico no han disminuido "ni un ápice" el comercio de drogas entre México y Estados Unidos.

El 1º de noviembre es el Día de los Muertos, y en México se venera a los muertos con una celebración. Sin embargo este año fue especial: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad colocó 50.000 cruces en el Zócalo para recordar a los muertos por la política de “seguridad” de Calderón.

Lo cierto es que el movimiento va creciendo mes a mes, marcha a marcha, y logra el apoyo de cada vez más sectores de la sociedad.

Para entender lo que está generando basta con leer el comunicado que, tras reunirse con los dirigentes del movimiento en una de las marchas, emitió el Subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional:

“Hoy estamos aquí porque personas de corazón noble y dignidad firme nos han convocado a manifestarnos para parar la guerra que ha llenado de tristeza, dolor e indignación los suelos de México.

Porque nos hemos sentido llamados por el clamor de justicia de madres y padres de niños y niñas que han sido asesinados por bala y por la altanería y torpeza de los malos gobiernos.

Porque nos sentimos llamados por la digna rabia de las madres y padres de los jóvenes asesinados por bandas criminales y por el cinismo gubernamental.

Porque nos sentimos convocados por los familiares de muertos, heridos, mutilados, desaparecidos, secuestrados y encarcelados sin tener culpa o delito alguno.

Y esto es lo que nos dicen sus palabras y sus silencios:

Que la historia de México se ha vuelto a manchar de sangre inocente.

Que decenas de miles de personas han muerto en esta guerra absurda que no lleva a ninguna parte.

Que la paz y la justicia no encuentran ya lugar en ninguno de los rincones de nuestro país.

Que la única culpa de estas víctimas es haber nacido o vivido en un país mal gobernado por grupos legales e ilegales sedientos de guerra, de muerte y de destrucción.

Que esta guerra ha tenido como principal blanco militar a seres humanos inocentes, de todas las clases sociales, que nada tienen qué ver ni con el narcotráfico ni con las fuerzas gubernamentales.

Que los malos gobiernos, todos, el federal, los estatales y municipales, han convertido las calles en zonas de guerra sin que quienes las caminan y trabajan estuvieran de acuerdo y vieran la forma de resguardarse.

Que los malos gobiernos han convertido en zonas de guerra las escuelas y universidades públicas y privadas, y los niños y los jóvenes no entran a clases sino a emboscadas de uno y otro bando.

Que los lugares de reunión y diversión son ahora objetivos militares.

Que al ir al trabajo se camina con la angustia de no saber qué va a pasar, de no saber si una bala, sea de los delincuentes o sea del gobierno, va a derramar la sangre propia o la de un familiar o la de una amistad.

Que los malos gobiernos crearon el problema y no sólo no lo han resuelto, sino que lo han extendido y profundizado en todo México.

Que hay mucho dolor y pena por tanta muerte sin sentido.

Que alto a la guerra.

Que no más sangre.

Que estamos hasta la madre.

Que ya basta.”


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A Bolivia llegó la paz

TIPNIS: EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS LLEGAN A UN ACUERDO

El Gobierno de Evo Morales cumplirá la ley que prohíbe la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos o cualquier otra por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por lo que estudiará aspectos técnicos y económicos para vincular los departamentos de Cochabamba y Beni.

Por Marcelo J. Levy


El presidente Evo Morales promulgó una ley sancionada por la Asamblea Legislativa que veta la construcción de una carretera en el corazón del TIPNIS, a la que declaró zona intangible, con lo que puso fin a dos meses de conflicto con los indígenas.

"Ahí está la norma, es esfuerzo de ustedes", dijo Morales a los indígenas en una ceremonia desarrollada en Palacio de Gobierno en presencia de decenas de indígenas amazónicos y de sus líderes que caminaron 603 kilómetros durante 66 días para rechazar la carretera que iba a atravesar la reserva natural.

La promulgación de la ley se vio retrasada por un arduo debate de casi seis horas en la Asamblea que discrepó acerca del concepto de "intangible" entre oficialismo y oposición, además de una bancada de seis diputados indígenas del partido de Morales, el MAS.

Tras una moción de suficiente discusión la ley fue aprobada por mayoría y remitida de inmediato al Ejecutivo para su promulgación.

"Ahí esta la ley promulgada para que nunca más entre la carretera al TIPNIS y sea respetado, como decimos nosotros: tierra virgen", dijo Evo Morales.

Morales reveló que "tenemos cerca a 200 organizaciones con pedido de construcción de camino" en la zona, pero "la historia lo dirá, serán culpables el Presidente, los ministros (...) pero cumplimos una tarea, cumplimos un pedido de ustedes y esperamos que esta norma realmente pueda hacer respetar el parque Isiboro Sécure".

Fernando Vargas, uno de los líderes de la marcha, agradeció a Morales por "la voluntad que ha tenido para que la carretera no rompa el corazón del TIPNIS" y le pidió "encarecidamente que a partir de ahora no nos tratemos como enemigos entre oriente y occidente".

Vargas y el presidente de la Central de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, recomendaron al gabinete de ministros cumplir con la defensa de la madre tierra y la Constitución Política del Estado, en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas.

"Le pedimos al Presidente, a todo su gabinete de ministros respetar la Constitución, cumplirla y hacerla cumplir, actuar en el marco de la Constitución, las leyes nacionales, los convenios internacionales y así vamos a hacer respetar nuestros derechos. De un Gobierno indígena queremos que se respete los derechos de los indígenas", pidió Vargas.

A pesar de la resolución de todo este conflicto hay que tener en cuenta que empresas extranjeras explotan los recursos naturales del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure de Bolivia, donde se llevan a cabo actividades de explotación maderera, cría de lagartos de explotación y turismo de lujo.

En lo que refiere a la actividad de tala, el director de la Agencia Para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF) explicó que se confirmó la presencia de la empresa Suri y la desmontadora Huanca Rodríguez. La primera realiza su actividad en 40 mil hectáreas para aprovechamiento forestal y la segunda tiene más de 30 mil, "es decir 70 mil hectáreas cerca del núcleo del TIPNIS".

Mediante reconocimientos aéreos, terrestres y fotografías satelitales confirmarían la explotación de los recursos naturales a favor de pocos y en desmedro de la mayoría de los habitantes indígenas del parque, labores que fueron ejecutadas y coordinadas por la Sexta y Novena División del Ejército, que permitirían esclarecer la verdad de lo que es en la realidad del TIPNIS.

A través del Plan Operativo Forestal se realizaron varias concesiones a estas empresas para el aprovechamiento de la madera, que estarían desmontando el Parque Isiboro Sécure día tras día.

Existen además dos empresas extranjeras dedicadas al desarrollo de actividades turísticas "de lujo" que no cumplen con las normas de protección del medio ambiente para su actividad denominada "pesca salvaje", que se desarrolla en la cuenca del río Sécure y tienen 20 años de exclusividad para sus operaciones en las comunidades indígenas Asunta y Oromomo.

Estas empresas cobrarían a cada turista siete mil 600 dólares por seis noches de alojamiento y nueve días de permanencia y sólo dejarían 200 dólares a la comunidad indígena. Para ello, se han detectado pistas de aterrizaje en la comunidad de Oromoro.

Lo cierto es que el conflicto no pasa solamente por la instalación de una ruta. Si bien el impacto ambiental sería determinante, hay que tener en cuenta la explotación que se viene dando desde hace añares por empresas privadas. Es necesario siempre tener en cuenta los conflictos en términos más amplios, para ver todos los actores y revelar, así, los negocios privados que en este conflicto fueron omitidos.




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Los especuladores de Wall Street bajo vigilancia

“OCUPEMOS WALL STREET” SE EXPANDE POR ESTADOS UNIDOS

El movimiento de protesta “Ocupemos Wall Street” crece día a día, y se está extendiendo a otras ciudades de Estados Unidos. «Somos el 99 por ciento que ya no va a tolerar la codicia y la corrupción del 1 por ciento restante», dicen los manifestantes.

Por Amy Goodman

La respuesta del Departamento de Policía de Nueva York fue brutal. El sábado pasado, la policía arrestó a más de 700 manifestantes en una de las detenciones masivas más grandes en la historia de Estados Unidos. La semana anterior, manifestantes pacíficos fueron rociados con gas pimienta en el rostro sin advertencia previa ni motivo aparente.

Es por este motivo que esta semana, luego de obtener un acuerdo judicial sin precedentes con los departamentos de policía de Mineápolis y St. Paul y del Servicio Secreto de Estados Unidos, fui con mis colegas hasta la Plaza de la Libertad, el corazón de la ocupación en Wall Street, para anunciar esta victoria legal.

El Día del Trabajo de 2008, me encontraba cubriendo el primer día de la Convención Nacional Republicana en St. Paul junto al equipo de noticias de Democracy Now! Afuera, miles de personas se manifestaban en contra. Yo me encontraba dentro de la convención, entrevistando a delegados del que esa semana era el estado más candente, Alaska. ¿Recuerdan a la candidata a la vicepresidencia Sarah Palin? A unas cuadras de allí, mis colegas Sharif Abdel Kouddous y Nicole Salazar estaban cubriendo la represión policial contra una multitud de manifestantes.

La policía antidisturbios encerró a los manifestantes en un estacionamiento. Junto con ellos también quedaron encerrados los periodistas acreditados. Un policía le gritó a Nicole: “¡La cara contra el suelo!” Y ella replicó, también a los gritos, “¡Soy de la prensa!”, mientras sostenía su carné de prensa con una mano y filmaba con la otra su propio arresto violento.

Nicole gritó mientras la tiraban boca abajo y mantenían su cara contra el piso. También gritó cuando le apoyaron una rodilla o bota en la espalda y la arrastraron de una pierna, lo que provocó que su rostro sangrara. Lo primero que hicieron a continuación fue quitar la batería de la cámara, por si quedaban dudas acerca de lo que no querían que quedara registrado. Mientras Sharif intentaba calmar a la policía (anti)disturbios, lo empujaron contra una pared, lo patearon dos veces en el pecho, lo tiraron al suelo y lo esposaron.

Recibí una llamada en mi celular y corrí desde el Centro de Convenciones al lugar de los arrestos. La policía antidisturbios había acordonado la zona. Corrí hacia la policía, llevaba mi pase de prensa colgado al cuello. Solicité hablar con el oficial a cargo, para que liberara a mis compañeros periodistas. Acto seguido, me llevaron por la fuerza detrás de la línea policial, me pusieron los brazos detrás de la espalda y me esposaron.

Le rogué a los policías que no me arrestaran, pero fue exactamente lo que hicieron. Finalmente me llevaron junto a Sharif. Como periodistas acreditados exigimos ser dejados en libertad. Acto seguido, un agente del Servicio Secreto vino hacia nosotros y nos arrancó las acreditaciones de prensa del cuello.

Presentamos una demanda. La semana pasada, finalmente, llegamos a un acuerdo con la policía de St. Paul y Mineápolis y el Servicio Secreto. Además de pagar 100.000 dólares de indemnización, el Departamento de Policía de St. Paul acordó poner en marcha un programa de capacitación orientado a educar a los oficiales de policía acerca de los derechos de la prensa y de la población consagrados en la Primera Enmienda, con relación a operaciones policiales, incluidos los procedimientos adecuados para tratar con los periodistas que estén cubriendo manifestaciones. El Departamento de Policía de St. Paul también se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para hacer que el Departamento de Policía de Minneapolis implemente un programa similar, y además ofrecerá dicho programa al personal policial de todo el estado.

A menos de un año de las próximas convenciones y en momentos en que estamos cubriendo manifestaciones como la de Wall Street, este gran acuerdo que surgió tras los arrestos durante la Convención Nacional Republicana de 2008, debería servir de advertencia a los departamentos de policía de todo el país para que dejen de arrestar e intimidar a periodistas, y para que terminen la práctica de los arrestos ilegales. No deberían abrirnos un expediente policial cuando lo que hacemos es tratar de cumplir con nuestra tarea de registrar lo que sucede.

Pero ¿es la policía la que realmente paga el precio por sus actos? Previo a las convenciones republicana y demócrata de 2008, cada partido contrató pólizas de seguro para indemnizar a las ciudades anfitrionas por los daños y perjuicios surgidos de demandas.

Bruce Nestor, presidente de la filial de Minnesota de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, me dijo: “St. Paul de hecho negoció una cláusula de seguro especial con el comité anfitrión republicano para que los primeros 10 millones de dólares por concepto de responsabilidad civil por demandas surgidas de la convención fueran cubiertos por el comité anfitrión. La ciudad está orgullosa de esta negociación. Es la primera vez que esto se negocia entre una ciudad y un comité anfitrión pero básicamente significa que nosotros (la ciudad) podemos cometer infracciones, y no tenemos que pagar por ello”.

Volvamos a la actualidad. El megabanco rescatado de Wall Street JPMorgan Chase realizó una donación de 4,6 millones de dólares, deducible de impuestos, a la Fundación de la Policía de la Ciudad de Nueva York, lo cual hizo que los manifestantes se preguntaran: ¿Se le paga a la policía de Nueva York para proteger a quién: a la gente o a las empresas? ¿Al 99 por ciento o al 1 por ciento?
Marina Sitrin, que forma parte del equipo legal de “Ocupemos Wall Street”, me dijo que inicialmente la protesta iba a tener lugar en Chase Plaza, pero que el Departamento de Policía de Nueva York la había cerrado en forma preventiva. Los manifestantes se fueron entonces a Zucotti Park y lo re-bautizaron Plaza de la Libertad.

Un comunicado de prensa sin fecha publicado en el sitio web de JPMorgan Chase afirma que, en respuesta a la donación de los 4,6 millones de dólares, “el Jefe de Policía de la Ciudad de Nueva York, Raymond Kelly, envió una nota al director ejecutivo y presidente, Jamie Dimon, expresando su 'profunda gratitud' por la donación de la empresa.” Teniendo en cuenta el monto de la donación y el maltrato y la violencia policial contra los manifestantes, uno podría sospechar sobre el modo que tiene el jefe de Policía Kelly de demostrar su gratitud.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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Siete chicanas contra la televisión alternativa

LOS MEDIOS ALTERNATIVOS Y LA NUEVA LEY DE MEDIOS

En los últimos meses las televisoras alternativas, populares y comunitarias realizamos numerosas actividades en defensa del sector y en rechazo de las resoluciones 685 y 686, que llaman a concurso para la adjudicación de frecuencias en TV digital. Estas resoluciones son resistidas por los medios y organizaciones populares dado su carácter restrictivo: además del alto valor de los pliegos (hasta 140 mil pesos), las bases y condiciones ponen en desigualdad a estos medios respecto de otros considerados dentro de la figura “organizaciones sin fines de lucro”. La movilización en reclamo de concursos específicos, gratuidad en los pliegos y debate de jurados visibilizó la problemática y permitió confrontar posiciones alrededor de qué es la televisión popular y las maneras en que ésta viene funcionando.

Por Natalia Vinelli


Recordemos que los medios alternativos cuestionamos la figura “organización sin fines de lucro” durante el debate de la ley de medios en el Congreso, entendiendo que favorecía a las grandes cooperativas y fundaciones (pongamos por ejemplo la AFA o la fundación del Banco de Valores), y que no contenía las especificidades de los canales de TV y emisoras de radio alternativos, populares y comunitarios. Tampoco resolvía la ambigüedad de este tipo de prácticas en cuanto a su definición ni trazaba límites claros respecto de ellas. Los primeros concursos demuestran que no estábamos equivocados: hay una cómoda “incomprensión” por parte de los funcionarios del área acerca de qué es un medio comunitario, lo que favorece una idea acotada de lo que se entiende por democratización en materia de medios (que luego se traduce en pliegos concretos).

Si bien no nos proponemos acá debatir sobre cuáles son los elementos que hacen a un medio alternativo, popular o comunitario, nos parece importante destacar algunos aspectos que se nos presentan de manera conflictiva al leer las condiciones de admisibilidad para poder concursar por frecuencias y legalizar nuestras emisoras para crecer en aire y alcance. Resistimos que en nuestro nombre se beneficien las pymes, las fundaciones fantasmas de las grandes empresas, sindicatos burocráticos o las pequeñas quintas personales (que algunos tengan derecho a tener medios es otra cosa, el problema es que claramente no somos lo mismo y por lo tanto no podemos cumplir los mismos requisitos). Por eso salimos a reclamar concursos específicos y políticas de promoción y fomento, de manera de hacer efectivo y plural el 33 por ciento del espectro destinado para este sector por la nueva ley 26.522.

En este sentido decimos, aunque para nosotros suene obvio, que los medios en manos del movimiento social, los trabajadores y nuestro pueblo no nos regimos con la lógica patrón / empleado sino que funcionamos como militantes; en todo caso podríamos pensar en la figura del voluntariado social o mejor, en el trabajo voluntario. No perseguimos el lucro y nos financiamos con aportes voluntarios y donaciones de las organizaciones populares que nos acompañan. Trabajamos con copyleft y creative commons para nuestras producciones y para musicalizar los informes audiovisuales. Entendemos que la profesionalización hay que ensayarla desde la mirada de lo popular, construyendo nuevos géneros y formatos y no cercenando las posibilidades de participación por la obligación de contratar la voz de un locutor.

Estos elementos son indispensables para realizar concursos acordes a nuestra realidad, de manera que el acceso a la televisión digital sea para todos y no para unos pocos, y no se siga reproduciendo el sistema de medios que se decía superar. Porque hoy la presencia de los medios comerciales en la televisión digital no se puede pasar por alto: C5N de Daniel Hadad, CN23 de Sergio Spolsky, Gol TV de Paco Casal y Francescoli o 360TV no ganaron ningún concurso (ni en digital ni en analógico) y sin embargo ya están en el aire junto con la señal (tampoco concursada) de la UOCRA de Gerardo Martínez, a la postre denunciado como agente infiltrado del Batallón 601 del ejército entre los obreros de la construcción durante la dictadura militar.

Todos estos temas fueron parte de las discusiones que mantuvimos con funcionarios de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual AFSCA (reuniones que llegaron luego de mucha insistencia y movilización); y también de los debates con estudiosos de los medios. En los foros que realizamos se pudieron escuchar variedad de posiciones, desde el apoyo a la ley de medios hasta de oposición por izquierda. Esta amplitud que saludamos nos permitió conocer lo que, dicho rápidamente, el oficialismo en medios y comunicación, con matices, “piensa de nosotros”. Eso que piensan de nosotros es parte de la argamasa desde la cual se formulan las traducciones de la ley de medios sobre la realidad concreta; en este caso, las resoluciones que llaman a concursos para la adjudicación de frecuencias en televisión digital.

Esto en definitiva se puede resumir, sin pretensión de agotar ningún debate, en lo que entendemos son siete prejuicios o suspicacias contra la TV alternativa, popular o comunitaria. Estos saltan a la discusión muchas veces en forma de chicanas, otras implican desconocimiento y otras, directamente, desnudan cuál es el sistema de medios que algunos sectores (podríamos decir, los hegemónicos) dentro del kirchnerismo imaginan cuando hablan de democracia en esta materia. Esperamos que la breve sistematización que sigue sirva para continuar el debate y mejorar las argumentaciones de cara a la necesidad de ocupar desde nuestras televisiones un lugar en la pantalla.

I. “Los que cuestionan las resoluciones 685 y 686 son los que siempre ven el vaso medio vacío, y terminan siendo funcionales a la derecha”.

Deberíamos comenzar por decir que el pueblo en las calles nunca es funcional a la derecha, aunque parezca una verdad de Perogrullo, y que en el caso concreto de la ley de medios, no es Clarín quien está realizando la crítica y reclamando ser escuchado en sus reivindicaciones sino los medios populares. Nosotros denunciamos la concentración de la comunicación en pocas manos desde que se conformaron los multimedios con la ley de reforma del Estado de Menem y Dromi; realizamos campañas callejeras denunciando la tergiversación y el ocultamiento de la información durante el menemato y fuimos parte activa de la resistencia al neoliberalismo; estuvimos en la calle el 19 y 20 de diciembre gritando “que se vayan todos” y “nos mean y los medios dicen que llueve”, y generamos nuestros propios medios en articulación o como parte orgánica de las organizaciones sociales y políticas invisibilizadas por el fast food televisivo.

Además, participamos con nuestras propuestas en el debate de la ley, rechazamos el decreto 527/05 que en los hechos prorrogó las licencias a los grandes medios y denunciamos los puntos que, venimos verificando, siguen condenando a la marginalidad y a la alegalidad a los medios populares. La concepción del “paquete cerrado” que hay que tragar sin mayor trámite porque “lo otro es peor” ayuda muy poco a la democratización (aún cuando referimos a una democratización en el marco de la democracia burguesa); desnuda las limitaciones propias de quien lo enuncia y se cierra en el circuito de la soberbia y la obsecuencia perdiendo legitimidad. Entonces, ni el vaso medio lleno ni el vaso medio vacío: estamos peleando porque la televisión alternativa, popular y comunitaria, que fue el sector perseguido y postergado históricamente por la ley 22.285, ocupe el lugar que le corresponde en el espectro.

II. “La televisión alternativa no existe, no los mira nadie, a lo sumo 10 amigos”.

Esta afirmación es claramente una chicana (y es bastante gorila), sobre todo cuando transita los pasillos de las facultades donde se estudia Comunicación y donde existen materias y orientaciones denominadas “Comunicación Comunitaria”. Paradójicamente, muchos estudiantes se acercan a nuestras prácticas como parte de su formación, algunos se incorporan a este hermoso frente de lucha o construyen sus propias herramientas y muchos, más de lo que se piensa, imaginan sus futuros profesionales asociados a estas búsquedas (que, insistimos, se propagandizaron junto con la ley de medios, y ésta debiera promover). ¿Cuántas experiencias tienen su origen, o al menos vínculos importantes con las universidades nacionales? ¿Desde qué tradiciones se fundaron las carreras de Comunicación?

Además, si la radio y la televisión alternativa, popular y comunitaria no hubiese sufrido 30 años de allanamientos, decomisos y persecuciones seguramente estaría mejor equipada, y aún así estamos en el aire y comprobamos día a día nuestra llegada. Basta el ejemplo del Canal 4 Utopía en los 90: no sólo lo veían muchos más que 10 amigos sino que tuvo que enfrentar 14 decomisos, a los que respondió con la movilización del vecindario. A dos años de aprobada la ley, es cierto, no se produjeron decomisos. Pero se mantiene una situación de alegalidad que impide a nuestros medios crecer y desarrollarse en toda su potencialidad, condenándonos a la marginalidad.

Eso es lo que queremos superar: no existen hoy políticas de fomento de los medios en manos de los trabajadores y el pueblo que no sean aquellas que cercenan el sentido a lo pequeño. Tenemos derecho a que nuestras voces sean escuchadas, a tener alcance, a disputar masividad. Difícilmente lo logremos sin políticas igualitarias respecto de la migración tecnológica a digital, o emitiendo en análogo por aire en tiempos de apagón tecnológico y consumo masivo de TV por cable. Por eso la legalización es fundamental, y por eso nos censamos cuando el AFSCA lo solicitó (nos referimos a la resolución 3). De paso, ¿qué datos arrojó aquel censo? Todavía hoy no se conocen.

III. “La televisión alternativa es berreta, desprolija y mal hecha, incapaz de producir contenidos de calidad ni de cumplir los requisitos de programación diaria”.

Este prejuicio no es más que eso, un prejuicio por desconocimiento; otras veces pura hipocresía. Es cierto que algunos medios cultivan un gusto por la artesanalidad (lo cual no quiere decir todas las veces mal hecho), pero la mayoría de los colectivos que se dedican a la producción audiovisual vienen demostrando la calidad de sus trabajos y toda la potencialidad y frescura que podría desatarse si se contara con un plan de fomento. Si no, ¿para qué solicita el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos BACUA nuestras imágenes? Además, ¿qué entendemos como parámetro de calidad?

Es cuestión de encender la pantalla para asistir a una catarata de basura informativa, como decía Rodolfo Walsh, o al entretenimiento vulgar, sexista y grosero que copa la TV. Junto con esto decimos que el desafío de la programación diaria se resuelve con aire real, y que hoy, con lo poco que tenemos, logramos cubrirla bastante bien gracias a la colaboración entre los colectivos, la cooperación y la apertura de las emisoras a voces mucho más diversas de las que transitan por los medios oficiales. Claro que siempre podemos mejorar, de hecho estamos aprendiendo todo el tiempo, pero estamos en condiciones y queremos asumir el desafío.

Asimismo no podemos dejar de subrayar que a veces en la discusión, “sin querer queriendo”, se nos exige a nosotros lo que la industria cultural resuelve apenas (la repetición, los enlatados, los programas ómnibus que requieren poca producción, la entronización de los chimentos son la materia prima de la TV actual). El problema de los contenidos entonces no es nuestro, sino principalmente de ellos. La televisión es un monstruo que fagocita imágenes de manera permanente, y es ese esquema televisivo unidireccional y comercial el que le quita la historia a las imágenes y las vuelve viejas antes de tiempo.

IV. “La televisión alternativa es local, no hace falta demasiada potencia”.

Hay una tendencia importante a cercenar lo alternativo, popular o comunitario a lo chiquito, a lo inmediatamente cercano, a los márgenes abandonados por el sistema. Incluso hay prácticas que se sienten más cómodas en esa pequeña dimensión. Todas aportan a la construcción de otro discurso, es cierto, pero si hay algo que está haciendo falta desde hace rato son medios populares que disputen masividad y, en definitiva, poder. ¿Por qué nos tenemos que conformar con llegar a 1, 5 o 10 kilómetros (o con que nos vean los famosos “convencidos”)? ¿Por qué las luchas que transitan por nuestras pantallas deben quedar acotadas a un alcance ínfimo? La respuesta es obvia. Buscamos disputar sentido, construir una nueva subjetividad, crear colectivamente una opción, una alternativa comunicacional y sobre todo política. Limitar nuestras posibilidades a los márgenes molesta tanto como la llegada mínima a la que se nos condena.

V. “La televisión alternativa no es sustentable: si no pueden pagar pliegos, no pueden sostener un canal”.

Esto no es cierto. Los canales de televisión alternativos, populares y comunitarios venimos emitiendo hace 5, 3 o 2 años, algunos más y continúan las primeras experiencias de los 80 y 90. No tenemos que demostrar que podemos sustentarnos porque ya lo hacemos en la práctica, con muy poco, sin ningún apoyo por parte del Estado y sin perseguir el lucro. Invitamos a todo aquel que le interese a conocernos, acercarse a los estudios que construimos desde abajo, levantando paredes, poniendo pisos, levantando decorados, armando puestas de luces. Nos financiamos con nuestros propios aportes y los de las organizaciones que entienden la importancia de defender estos medios que arman al pueblo. Nos sostenemos porque sabemos la importancia del esfuerzo y de la urgencia de levantar herramientas propias en el camino de la construcción de poder popular. Además cabría preguntarse si son sustentables los nuevos canales oficiales más allá de la publicidad oficial; si los estudios cumplen las normas que nos exigen a nosotros y por qué han llegado a la televisión digital sin ningún concurso que los avale.

VI. “ La TV alternativa es crítica pero le pide al Estado que la reconozca”.

Nosotros invertimos esta afirmación para que quede clara la postura: ¿Por qué el Estado reconoce, a través de la publicidad por ejemplo, a los medios concentrados? ¿Por qué el mercado y el propio Estado ya experimentan en TV digital sin haber concursado y los medios populares seguimos esperando? ¿Por qué somos nosotros los que nos debemos enfrentar a condicionantes económicos, jurídicos y políticos que en los hechos nos dejan fuera de concurso o nos limitan al bajísimo alcance cuando la ley de medios se presentó al debate como una ley democratizadora, garante de la pluralidad y defensora de la diversidad? “La ley de medios te da el poder a vos”, decía una publicidad de la Presidencia de la Nación tras convocar: “Hablemos todos”. ¡Hagamos efectivo el 33 por ciento!

Los canales y los medios alternativos, populares y comunitarios expresamos las voces silenciadas o tergiversadas por los multimedios, a los que dice contraponerse el espíritu de la ley. Aprendemos de las luchas del movimiento piquetero, de las organizaciones sindicales, de las cooperativas populares, del movimiento de fábricas recuperadas. Pensamos que el Estado debe promover el trabajo recuperado a través de un apoyo real (de paso, hoy 10 mil trabajadores y trabajadoras ganan su sustento en fábricas sin patrón), y no subsidiar a las grandes empresas capitalistas para que sigan enriqueciéndose a costa de los salarios y la desinversión de los servicios. De la misma manera pensamos que el Estado debe fomentar las experiencias de comunicación articuladas con el movimiento social, los trabajadores y el pueblo. Si no es como cambiar algo para que el sistema de comunicación, en lo estructural, no cambie.

VII. “Reclamar el ingreso al cable implica avalar el sistema de televisión paga”.

Dejamos esta opinión para el cierre, porque es como volver al principio. Es notable la lista de exigencias a la televisión alternativa que esquivan sin problemas los canales estatales, oficiales y privados. La comunicación alternativa, popular y comunitaria fue la principal afectada por la autoritaria y excluyente ley 22.285 de 1980, que tuvo muchos más años de democracia que de dictadura. Esta postergación histórica no puede seguirse prolongando. ¿Cómo puede ser que la TV alternativa tenga que conformarse con seguir emitiendo por aire, en análogo, cuando el 70 por ciento de la población por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires hoy mira televisión por cable?

Reclamar la legalización para exigir el ingreso a la grilla de cable es completamente justo y lógico ya que implica aire real, y nos moviliza contra las cableras que, nos dice la ley, están obligadas a integrar a su dieta a los canales de aire legalizados en su zona de cobertura. El gobierno dio una batalla contra Cablevisión para que incorpore Paka Paka. ¿Esta señal sí merece ingresar al cable pero los medios en manos de los trabajadores no? Entonces el problema no está en si se avala el sistema de televisión paga (justo a los medios alternativos, que siempre quedamos afuera, que somos los sectores más débiles de la comunicación), sino que se trata de un problema político que tiene que ver con los discursos, con la subjetividad y el tipo de relaciones que se ejercen y construyen desde y con nuestra pantalla.

Para terminar

Y para que quede claro: creemos que esta ley de medios es mejor que la 22.285, y que en ese sentido es progresiva en cuanto a democratizar las instituciones mediáticas en el sentido que lo hicieron otras instituciones desde la apertura democrática de 1983 (por ejemplo la educativa). También pensamos que el debate sobre el modelo de comunicación en nuestro país –fogoneado por un contexto regional que puso en cuestión el tema de la concentración de medios y su rol como actor político-, genera un piso propicio para el surgimiento de nuevas experiencias comunicativas populares y alternativas. Pero que esta potencialidad aporte realmente al surgimiento de una alternativa y no quede reducida a la mera autorrealización comunicativa o a la religión de lo pequeño depende de nuestra intervención en conjunto con otras expresiones organizativas del campo popular.

La ley de medios abre el abanico para avanzar en reivindicaciones concretas en la medida que nos movilicemos e intervengamos de manera organizada, como viene sucediendo con el rechazo a las restrictivas resoluciones 685 y 686 y a otras que se prometen para los próximos meses pero que amenazan con cercenar la TV popular a la baja potencia y el mínimo alcance (es decir, a no disputar nada). Esto es algo que ya planteábamos durante la discusión de la ley en el debate hacia otros sectores del campo popular. Hoy lo seguimos sosteniendo: es momento de avanzar hasta lograr el reconocimiento, es momento de organizarnos para disputar masividad. Ésa es la gran tarea de la TV alternativa, popular y comunitaria en estos días. Por eso llamamos a todos los sectores, a las organizaciones sociales, políticas y sindicales, a los referentes del mundo de la cultura y el arte a sumarse y colaborar con esta lucha.-

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Natalia Vinelli es integrante de Barricada TV
(Artículo publicado en Revista Documental para re-pensar el cine hoy, Año 4 nro.3 / oct. 2011.)



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