9 de diciembre de 2010

Represión en la tierra prometida

MUERTOS Y HERIDOS EN VIOLENTO DESALOJO DE FAMILIAS SIN TECHO

Tras una denuncia del Gobierno porteño, se realizó un rápido operativo para desalojar a cientos de familias que habían ocupado el Parque Indoamericano y terrenos linderos a éste, en el barrio de Villa Soldati. La violenta represión, coordinada por la Policía Federal y la flamante Policía Metropolitana, terminó con (al menos) dos muertos y decenas de personas heridas con balas de plomo, algunas de mucha gravedad. Al día siguiente algunas familias volvieron a ocupar el parque, y varios vecinos de la zona los enfrentaron a palazos y piedrazos, e incluso balazos. La dramática situación desnudó el gravísimo problema habitacional que tiene la ciudad y que nadie quiere resolver.

Por Hernán L. Giardini


Aunque desconocido para la mayoría de los porteños (quizás por su lejanía y por encontrarse en un barrio “pobre”), el Indoamericano es el segundo parque más grande de la ciudad de Buenos Aires: el pulmón verde del sur porteño, que a pesar de ser bastante nuevo, se encuentra muy descuidado.

Desde el viernes varias personas comenzaron a instalarse en el Parque. Y el martes a la madrugada más de 200 familias se asentaron en horas. Luego llegaron varias familias más a “comprar” las parcelas de las villas cercanas, como Los Piletones.

¿Por qué esta rápida y coordinada ocupación?

Algunas familias afirmaron que el Gobierno de la Ciudad había prometido entregar los títulos de tierra a las familias asentadas.

Pero al enterarse de la formación del asentamiento, el Gobierno porteño denunció el caso ante la Justicia; que actuó más rápida que nunca: la jueza María Cristina Nazar ordenó el inmediato desalojo.

En cuestión de horas, más de 200 efectivos de las policías Federal y Metropolitana replegaron a la gente con sus carros hidrantes.

Pero la triste jornada terminó con serios incidentes cuando un grupo de las familias ocupantes se replegó a la Villa 20 y chocó con los uniformados: hubo pedradas, gases lacrimógenos, balas de goma… y de plomo.

El Frente Popular Darío Santillán, que realiza un importante trabajo social en la zona, denunció que “la infantería disparó con gases, balas de goma y de plomo. Denunciamos la brutal represión perpetrada por la Federal y la Metropolitana. Repudiamos este operativo conjunto en contra de los vecinos pobres de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Basta de reprimir la protesta social! ¡Vivienda digna para todos!”

Que la denuncia contra los “villeros” haya partido desde el Gobierno ”mano dura” de Macri no sorprende.

Que la flamante Policía Metropolitana no haya dudado ni un segundo en reprimir duramente, tampoco.

Lo que sí sorprende es la actitud de la Policía Federal, que responde al Gobierno Nacional (¿y Popular?). Ése mismo Gobierno que se vive jactando de su política de no represión de la protesta social (aunque sus gobernadores aliados viven reprimiendo y matando a indígenas y campesinos).

El Frente Popular Darío Santillán fue muy claro al señalar que el violento desalojo perpetrado contra familias sin techo “es producto de la ausencia total de una política de vivienda que aliviane la dramática crisis habitacional que aqueja a amplias capas de la población porteña”.

“La decisión de las autoridades es de meter bala a los pobres. En lugar de tratar de resolver la problemática social, el gobierno nacional y el porteño decidieron acabar con la ocupación reprimiendo”, afirmaron.

Allí radica el centro del problema: la falta de acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires.

Pero lamentablemente a la mayoría de los porteños (y del resto del país) este tema les importa un bledo.

Y a sus gobernantes menos.

“Si permitimos esto, mañana vendrán por el Parque Las Heras, Parque Pereyra, Parque Centenario o Parque Chacabuco. Los vecinos de la ciudad nos apoyan”, afirmó Cristian Ritondo, el jefe del bloque PRO en la Legislatura.

A confesión de partes, relevo de pruebas.

Por si fuera poco, al día siguiente, el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, responsabilizó de la situación al Gobierno Nacional por su política inmigratoria, endilgando los hechos a "la inmigración y la delincuencia, que avanzan sin control", y le reclamó que envíe a la Policía Federal a desalojar el predio.

Tristemente, cuando varias familias decidieron volver a ocupar el parque, "porque ya nos mataron a dos y no tenemos nada que perder", varios vecinos de los barrios cercanos confirmaron que comparten los xenófobos dichos de los funcionarios del PRO: reaccionaron contra los "villeros" y los enfrentaron a palazos y piedrazos. Incluso se vio a algunos disparar armas de fuego contra los "bolivianos, peruanos y paraguayos que nos quieren invadir".

Con compatriotas así, da vergüenza ser argentino.




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Chismorreo de alto vuelo

LAS “REVELACIONES” DE WIKILEAKS

El “revuelo” por las “revelaciones” de WikiLeaks se parece muy mucho a un programa televisivo de chimentos sobre la colonia artística. Y sin embargo eso es precisamente lo que más les molesta a muchos; esto es, que se haya hecho público aquello nunca debería haberse sabido ya que pone rojos de vergüenza a sus responsables. Hillary Clinton, jefa de la diplomacia de EE.UU. ha llamado por teléfono a los mandatarios “escrachados” para disculparse por la publicación de los cables, pero no se ha disculpado por la política de relevamiento de información. Es cierto: ella no inventó esta política, pero tampoco la canceló.


Por Marcelo R. Pereyra


EL SECRETO ES SALUD


"Información es lo que no queremos que se publique, todo lo demás es propaganda”
(Lula Da Silva, presidente de Brasil)

Desde hace unos días los medios del mundo occidental no dejan de hablar del “escándalo” producido por la publicación de cables emitidos por las embajadas de EE.UU. Los documentos no contienen información sensible que pudiera afectar la seguridad de los países involucrados, ni la del Tío Sam, por supuesto. Pese a ello, la señora Hillary Clinton ha dicho que estas publicaciones pusieron en riesgo la vida de muchas personas, sin aclarar a qué personas se estaba refiriendo y por qué sus vidas estarían en peligro. Con todo, el frío análisis de lo publicado hasta la escritura de esta nota no desvela nada que no se supiera o se supusiera. Antes bien confirma la enfermiza compulsión de los servicios secretos estadounidenses por acumular datos, aún los más banales, sobre toda figura pública y gobernante que ande por ahí. Y como los satélites y otros dispositivos electrónicos de vigilancia no sirven para este propósito, porque se ocupan de relevar la información militar, el trabajito sucio lo hacen los embajadores, devenidos en chusmas de barrio.

Convencidos de que tener información es tener poder, gobiernos de los países más poderosos del mundo se dedican a acumularla. Por otra parte, todos los gobiernos destinan ingentes esfuerzos a evitar que se conozca lo que ellos conocen (y hacen): a esto se lo llama la cultura del secretismo. Contra esta cultura se han levantado organizaciones no gubernamentales que pugnan por la sanción de leyes de acceso a la información pública. En los Estados Unidos la ONG National Security Archive (NSA) desclasifica documentos secretos de todas las oficinas del gobierno gracias a la Freedom of Information Act, una ley de acceso a la información pública que el Gran País del Norte sancionó en 1966, en plena Guerra Fría. Tal vez por ello nunca se cumplió acabadamente, o mejor dicho, se cumplió parcialmente según los gobiernos. En una entrevista periodística, el director del proyecto Cono Sur de la NSA resaltó cuán subjetivo es el secretismo, pues el “secreto de Estado” es un concepto que muta con cada gestión presidencial: “Cada presidente evalúa qué es seguridad nacional y decide ampliar o encoger el universo de la información reservada. Si se lee el decreto de Ronald Reegan sobre FOIA se ve que todo documento es clasificado hasta que se pruebe lo contrario. El de Clinton dice que todo documento es desclasificable. George W. Bush mantuvo el de Clinton pero tachó líneas, dice que si hay dudas de que un documento debe quedar a la menor o mayor clasificación, debe quedar a la menor; es decir que si se duda en que (sic) un documento es top secret o no, pues lo es”. (“Un experto en secretos”, Página/12, 19/6/2005).

Como sea, es mejor tener este tipo de leyes que no tenerla. Argentina no la tiene gracias a Cristina Fernández, que cuando era senadora y presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales cajoneó un proyecto que ya tenía media sanción de Diputados.


COLOR LOCAL


Aquí, en estas pampas bárbaras, el “escándalo” del chismorreo de los embajadores yanquis desenmascarado por WikiLeaks adquirió un indisimulado tono local, sui generis podría decirse. Como algunos de los cables conocidos no favorecían la imagen de la Presidenta ni la de su Jefe de Gabinete, la prensa adicta al gobierno intentó minimizar los posibles efectos negativos que podría tener la aparente preocupación de la administración de Barack Obama por la salud mental de Cristina Fernández y por las relaciones con el narcotráfico de Aníbal Fernández. A los pasquines kirchneristas y al programa recontra alcahuete “6, 7, 8”, el intento les salió mal: en vez de quitarle importancia al asunto, lo agrandaron; y todo para aprovechar la oportunidad para pegarles a “los medios hegemónicos”, como gustan llamar a Clarín y La Nación, quienes tuvieron la “culpa” de reproducir las informaciones originadas en los cinco diarios que recibieron los cables filtrados por WikiLeaks.

Los comunicadores oficialistas pusieron en duda la legitimidad de la fuente que proveyó la información a WikiLeaks y concluyeron en que todo era una operación de los “medios hegemónicos” para desprestigiar a la Primera Viuda de la Nación. Olvidaron aclarar los escribas y lenguaraces del gobierno que los medios de comunicación con frecuencia son el escenario de todo tipo de operaciones políticas. Incluso puede suceder que un medio se preste gentilmente a este tipo de operaciones, infringiendo a sabiendas todos los códigos de ética y manuales de estilo habidos y por haber. Los gobiernos son en estos casos los inspiradores y facilitadores de la opereta: cuentan para ello con la asistencia inestimable de la siniestra Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), un organismo de “inteligencia” que acumula información “sensible” sobre todo y sobre todos en sus temibles carpetas. En la jerga política/periodística ocurre un “carpetazo” cuando se hace público el contenido de una de esas carpetas con la manifiesta intención de perjudicar a alguien. Por ejemplo, Página/12 publicó el 10 de septiembre 2006 el legajo de la SIDE del diputado Juan José Álvarez. Sin explicar cómo había obtenido ese documento, el diario puso énfasis en un solo dato del legajo: que Álvarez había trabajado en la misma SIDE durante la dictadura 1976-1983 ¿Por qué se lo quiso perjudicar? Porque en ese momento Álvarez se había pasado a las filas de Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner que se había anotado como candidato para las elecciones presidenciales de 2007.

Un tiro por elevación, como quien dice.



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Poner límites

HISTÓRICO CONFLICTO ENTRE TICOS Y NICAS

La draga en el nicaragüense río San Juan provocó las protestas de Costa Rica por los supuestos efectos medioambientales derivando en el envío de 70 policías fuertemente armados a la zona, lo que fue replicado con Nicaragua con un contingente. Historia de un límite poco claro.

Por Marcelo J. Levy


Un problema afrontan hoy dos países de nuestra región por un viejo tema de conflicto, el río San Juan, que bordea parte de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, un espacio selvático de 200 kilómetros de longitud que nace en el Lago Cocibolca en el sur nicaragüense y desemboca en el mar Caribe. Un área habitada por animales y un escasísimo número de seres humanos. Ese es el escenario del litigio.

El Río San Juan siempre ha sido y es nicaragüense. Uno de los factores que motivó la presencia colonial española en el actual territorio de Nicaragua, desde 1523, fue la posibilidad de una comunicación interoceánica en nuestro territorio a través de un estrecho, el estrecho dudoso, que debía existir y que comunicara la Mar del Norte (el Atlántico) y la Mar del Sur (el Pacífico), uniéndola a través del Lago Cocibolca (la Mar Dulce) y el Río San Juan, hasta llegar a El Desaguadero, hoy llamado San Juan de Nicaragua.

Nicaragua fue reconocida como provincia española en 1527, y como tal se continúo con el interés de encontrar la comunicación interoceánica a través del Río San Juan. El Desaguadero fue descubierto en 1539 desde Nicaragua, bajo la administración de Rodrigo de Contreras, por los expedicionarios Alonso Calero y Diego Machuca.

La provincia de Costa Rica fue reconocida así casi 50 años después, en 1573, en virtud de la capitulación (orden y documento oficial) de Felipe II, nombrando a Artieda y Cherinos gobernador de Costa Rica y al mismo tiempo fijando los límites de ambas provincias, en los que quedó establecido que el Río San Juan y los territorios de Nicoya y Guanacaste son de Nicaragua, permaneciendo así hasta la Independencia en 1821.

Al declararse la independencia de España en1821, fue aplicado el conocido precepto del derecho internacional de uti possidetis juris a favor de Nicaragua (la conservación de los límites coloniales de Nicaragua), los cuales luego fueron asumidos o ratificados por la Constitución Federal de las Provincias Unidas del Centro de América del 22 de Noviembre de 1824, integrada por los cincos estados centroamericanos desde 1824 a 1842, y en la que se estableció que el Partido de Nicoya (entidad político-administrativa) y el Río San Juan -con el cual Costa Rica nunca había tenido nexo y derecho alguno- pertenecían enteramente a Nicaragua.

A inicios del Siglo XIX Nicaragua había hecho una cesión temporal del Partido de Nicoya a Costa Rica; sin embargo por múltiples factores (interés expansionista de Costa Rica, debilidad del Estado nicaragüense, permanentes conflictos entre la clase política nica y la demanda oportunista tica por su participación en la Guerra Nacional –pedía Nicoya-Guanacaste, el Río San Juan y posesiones en el Gran Lago-), condujo a que Costa Rica se quedara con ese territorio, lo que se hizo definitivo con el Tratado Cañas-Jerez de 1858, en virtud de lo cual Nicaragua perdió 13 mil kilómetros cuadrados, pero manteniendo la soberanía exclusiva del Río San Juan.

Frente a esta historia del río limítrofe pasamos a la última década. Cuando el gobierno del entonces presidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002) prohibió el paso por la vía acuática de guardias civiles costarricenses armados, Costa Rica se quejó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la que estableció, en julio de 2009, el derecho de los ticos a la navegación en el río San Juan solo con fines comerciales, no así la libre navegación de policías de ese país.

Ahora, el San Juan se seca en época de verano tanto los sedimentos como la basura que arrastra lo han hecho casi inaccesible. Los nicas quieren recuperarlo, por lo que han puesto en marcha todo un sistema de dragado que lo hará navegable y le devolverá su uso en beneficio del desarrollo económico y social del país, y además evitar también, según ha reiterado el Gobierno de Managua, que se convierta en un corredor del narcotráfico en Centroamérica.

Es a propósito del inicio de esas labores de limpieza, hace unas semanas, que Costa Rica acusó a su vecino de haber arrojado sedimentos en su orilla y envió un contingente de policías de frontera fuertemente armados bajo la excusa de que Nicaragua tiene desplegado parte de su ejército en la zona, acción que el Gobierno de Daniel Ortega ha explicado en varias ocasiones, al argumentar que los militares solo evitan que el río se convierta en un sendero accesible para los narcotraficantes, problema que afecta tanto a un Estado como al otro.

Una escalada de tensiones comenzó entre ambos países cuando el Gobierno tico inculpó a su vecino de invadirlo militarmente y llevó la acusación ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde una vez más el organismo demostró su incapacidad para resolver los problemas de la región, y se limitó a declarar a Nicaragua como culpable.

Ante ello, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, reiteró que su Gobierno se mantendrá al margen de esa instancia y amenazó con abandonarla, al tiempo que apuntó que es la CIJ la única instancia que tiene competencia en este tipo de litigios internacionales.

Durante una reunión con representantes de los diversos poderes del Estado que respaldan la decisión de Managua, el primer mandatario nica instó a su vecino a reanudar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y le recordó el fuerte golpe propinado hace solo unos días al tráfico de estupefacientes que usa la ruta Colombia-Panamá-Costa Rica y que pretende sentar bases en toda esa zona.

Agregó Ortega que, de no detenerse, ese trayecto se prolongaría por el Caribe hacia Honduras, luego Guatemala, México, hasta EE.UU., donde está el gran mercado de la droga.

Una vez más, la OEA estimula la confrontación entre dos naciones hermanas. La reactivación de comisiones binacionales, como le ha pedido Ortega a su par costarricense para legalizar pacíficamente el deslinde, debió ser el camino propuesto por ese grupo para el desenlace. Un discurso único que abogue por el raciocinio y no por la discrepancia, sería la solución perfecta.

Las razones son sobradas para reclamar la soberanía, pero lo cierto es que, como suele suceder, el imperialismo norteamericano vuelve a meter la cola para intentar sacar réditos en la región. Habrá que ver como avanza este conflicto entre pueblos hermanos.




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¿Derechos humanos?

LA POLÍTICA REPRESIVA DEL GOBIERNO SOBRE INDÍGENAS Y CAMPESINOS

El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.

Por Darío Aranda


“Este Gobierno no reprime la protesta social”. Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió (y repite) la Presidenta, ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.

Gildo Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos mutuos.

Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. “Exigimos respeto” es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.

La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron.

En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.

Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar: “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.

Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.

Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos.

Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.

Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta.

En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional.

Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia.

Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre asambleas socioambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la Presidenta.

La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el Gobierno tomó en favor del pueblo.

El asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quiénes dicen estar del lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos asesinatos.

Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios “algo habrán hecho”.


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“Tenemos que conquistar los puestos de poder, ser las fuentes de información y explicar cómo queremos el mundo”

EL CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES PERIODISTAS Y ESCRITORAS

Buenos Aires fue sede del Congreso de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE), que se realizó en el Paseo La Plaza del 10 al 12 de noviembre. Con representantes de Europa, Asia y África, y de varios países de América, el encuentro puso en foco el análisis de los nuevos paradigmas comunicacionales en la era digital frente a los desafíos de la equidad a partir de la situación femenina. El principal objetivo del Congreso fue trazar estrategias para quienes tienen a la comunicación como herramienta de trabajo en un mundo en el que las transformaciones llevan a la redefinición de los contextos.

Por Noor Jiménez Abraham


AGENDA CRÍTICA

Por supuesto, entre los temas que afectan a las mujeres no podían faltar aquellos que aluden a la violencia expresada en los cuerpos, ya sea por las agresiones recibidas de hombres que fueron o son sus parejas, la trata de personas con fines de explotación sexual, la posición como botín de guerra en zonas de conflictos armados o el pospuesto debate que merece la ley que contemple los derechos reproductivos en forma integral. Victoria Uranga -de la Cátedra UNESCO de Chile- mostró estadísticas que dan cuenta de que en la actualidad dos de cada tres mujeres vivieron o van a estar expuestas a episodios de violencia, por lo que es necesario utilizar todos los adelantos comunicacionales en pos de la lucha para evitar que los cuerpos femeninos continúen como objetos depositarios de esperma y golpes o prevalezcan en su carácter de trofeos para varones violentos. En cuanto a la violencia que tiene su forma extrema en los femicidios, se comentó el efecto que logran las campañas diseñadas para crear conciencia en aquellos casos en los que se utilizan los medios de comunicación masiva, los datos demuestran que en períodos en que se hace una mayor difusión se reciben más denuncias y se realizan numerosas consultas

Mujeres escritoras hablaron sobres sus libros y las simientes que dieron origen a los temas a los que se refieren, en general, a partir de experiencias personales que tuvieron repercusión en las profesiones desarrolladas. Impactó en gran medida el relato de Shen Bambi, autora de The uscrushable rose. Memoir of a chinese, quien habló del tratamiento sojuzgado al que fue sometida desde pequeña en su familia de origen y del que sólo pudo liberarse ya en la adultez luego de morir su madre.

Las periodistas que trabajan en zonas de guerra se refirieron a las formas de hacer periodismo para la paz y, si bien las proyecciones que acompañaron sus palabras fueron de alto valor en relación a la crudeza de las imágenes, ellas destacaron su misión de ser las representantes de quienes no tienen voz. Se hizo referencia a que una de las formas de ataque es no sólo el abuso de las mujeres delante de sus parejas sino también la imposición de comerse a su propia descendencia. Adzaba Caddy, de la Misión ONU en África, presentó datos que refieren que en el Congo la persona más joven violada fue una niña que tenía sólo tres meses de vida y la más grande una anciana de 82 años.

Cuando el tema fue el aborto se suscitaron algunas tensiones, dado que la intolerancia frente al debate llevó a que representantes del público atacaran a la periodista Mariana Carbajal cuando se refirió a las cifras de mujeres que por año fallecen a causa de prácticas clandestinas. Una asistente expresó que, justamente, esas reacciones violentas provocan que, muchas veces, cuando se va a tratar el tema en alguna conferencia o acto público no llegue a difundirse ampliamente para evitar que se produzca un boicot, lo que hace que la situación caiga en un círculo vicioso, dado que, por el contrario, lo que se necesita es que se debata con amplitud. Más allá de los altercados, se señaló como positivo el hecho de que el tema del aborto haya saltado el círculo de las organizaciones de mujeres, ya que, por ejemplo, son cinco las universidades argentinas que se han pronunciado a favor de la despenalización.

Otra perspectiva que se tomó en cuenta fue la de la gente con discapacidad. Elke Bitterhof, de TV Alemania, expresó que las personas que atraviesan circunstancias que limitan algunas de sus capacidades tienen la fuerza que a veces no presenta el resto, dado que descubren habilidades por las cuales valoraran sus distintas potencias tanto físicas como intelectuales.

Diversas manifestaciones de quienes integraron los paneles se refirieron al uso de las nuevas tecnologías, entre ellas, las redes sociales; el escritor Carlos Soria sentenció que Internet es un medio de comunicación pública, por lo que resultan ilógicas las quejas cuando, por ejemplo, otras personas utilizan las fotos publicadas dentro de ese ámbito. También se aludió a la falta de presencia femenina en los periódicos, no en relación a lo físico exclusivamente, sino al modo de contar o frente al análisis de los sucesos, pues aunque sean muchas las mujeres que trabajan en las distintas redacciones, se siguen produciendo periódicos para los varones. Por eso, cuando una periodista que se encontraba entre el público le pidió un consejo, Soria le respondió: “No te manches de mentalidad macho”. Por su parte, Milagros Pérez Oliva, del diario El País, sentenció; “Cuidado con quedar enclaustradas en un discurso que ya ha sido aceptado pero que no se lleva a la práctica. Hay que identificar los riesgos, porque se puede retroceder. Tenemos que conquistar los puestos de poder, queremos ser las fuentes de información, explicar cómo queremos el mundo”.

El escritor Osvaldo Bayer, entrevistado por la periodista Mona Moncalvillo, declaró que las personas intelectuales tienen la obligación de salir a la calle al descubrir injusticias en la sociedad, aunque por momentos tengan derecho, también, a refugiarse en torres de marfil. Durante su alocución se refirió a los pueblos originarios y a la autocrítica que deberían hacer sectores de la sociedad, como la Iglesia Católica, por el tratamiento esclavizante del que fueron víctimas estas personas, como el uso de las mujeres para trabajos domésticos luego de quitarles su propia descendencia. “Eso no lo hizo el pueblo europeo o español, es obra del argentino”. Se recorrió otro poco de historia al hacerse referencia al momento en que se instauró el voto universal en 1914, dada la paradoja de que las mujeres no estuvieran consideradas dentro de la supuesta generalidad de acceso tanto al derecho como responsabilidad de dicho acto cívico.

La educación fue otro de los ítems de interés, las distintas formas de aplicar la tecnología para atraer a las personas jóvenes que encuentran en ellas el medio por el que encausan su mayor caudal de comunicación. Sin embargo, y a pesar de los quiebres que han propuesto los nuevos modelos, se enfatizó el hecho de que en el presente el modo de organización escolar sigue idéntico a lo que era hace 80 años.

En las referencias a la naturaleza, Josefina Dartiguelongue, especialista en Antropología Filosófica, indicó que se está dejando de lado la mirada de la modernidad, por la que, por ejemplo, la minería estaba bien considerada, para adoptar una visión matricial del planeta en la que prima el cuidado.

Entre las distintas actividades que ofreció el congreso estuvo la charla de facilitadores integrantes de la asociación Metainteligencia, quienes se refirieron al liderazgo y a las distintas formas en que las personas pueden efectivizar sus aportes a la sociedad. La idea se centró en el pensamiento de que la clave es descubrir el sentido de lo que cada quien vino a hacer a este mundo.

Al final el Congreso, el público realizó un ejercicio en el que cada persona escribió acerca de las ideas surgidas a partir del Congreso y, como actividad de cierre, se decidió que esas expresiones debían entregarse a cualquier otra participante como forma de interacción. Nily Povedano, anfitriona del encuentro en su carácter de presidenta de la Asociación, dejó su cargo en manos de la taiwanesa Li Yanqui, al tiempo que se decidió que el próximo evento, en el 2012, se llevará a cabo en China.


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5 de noviembre de 2010

Muertes cruzadas

EL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA Y LA MUERTE DE NÉSTOR KIRCHNER

Con una semana de diferencia murieron Mariano Ferreyra y Néstor Kirchner. El primero asesinado por sicarios contratados para reprimir violentamente a trabajadores explotados; el segundo falleció mientras descansaba en el seno hogareño. Aunque en vida nunca se conocieron, sus muertes se cruzan en los significados diferentes, pero a la vez semejantes, que de ellas emergen.

Por Marcelo R. Pereyra


UNIVERSOS PARALELOS

Mariano Ferreira fue asesinado de un balazo mientras participaba de una protesta gremial que fue atacada por una patota de la Unión Ferroviaria.

Néstor Kirchner murió de un infarto.

Mariano tenía 23 años; Néstor, 60.

Mariano había cursado dos años del profesorado de Historia en el Instituto Nº1 de Avellaneda y era tornero.

Néstor estudió Derecho en la Universidad Nacional de La Plata y trabajó como abogado en su ciudad natal, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Allí se casó con su compañera de estudios, Cristina Fernández, y tuvieron dos hijos. El matrimonio tuvo éxito en su actividad profesional. Con las ganancias obtenidas incursionaron prolíficamente en el negocio inmobiliario. Néstor falleció en su lujosa residencia de Calafate, la exclusiva localidad turística santacruceña.

En el momento de su asesinato, Mariano estaba desocupado y vivía con su familia en un modesto hogar de Sarandí.

La plata y el prestigio impulsaron a los Kirchner a actuar en política, dentro del peronismo. Él fue intendente, gobernador de su provincia y presidente de la Nación entre 2003 y 2007. Ella fue legisladora provincial y nacional, y desde 2007 presidenta de la Nación.

Mariano militaba desde los 15 años en el Partido Obrero, y en tal carácter había participado de varias luchas obreras. Cuando fue asesinado formaba parte de un grupo de obreros “tercerizados” del ex ferrocarril Roca que había intentado cortar las vías en la estación Avellaneda como expresión de protesta por el despido de 117 “tercerizados”. Tercerización es un neologismo que encubre una de las posibles facetas de la explotación laboral: la precarización e inestabilidad del trabajador. Este proceso comenzó en los ferrocarriles, particularmente en la ex línea Roca, cuando le fue retirada la concesión de su explotación a Sergio Taselli.

Taselli también fue concesionario de la mina de carbón de Río Turbio, que casualmente queda en Santa Cruz. Mientras explotó la mina, Taselli no se ocupó mucho de la seguridad de los obreros: catorce de ellos murieron en un derrumbe que ocurrió en 2004. Además es responsable del vaciamiento de la mina. Vaciamiento es un neologismo que encubre una conducción fraudulenta de una empresa. Por eso Hebe de Bonafini lo catalogó como “otro Yabrán”, y afirmó que “si Taselli tiene algún amigo en la Casa de Gobierno, pasará a ser enemigo de las Madres”. Entonces, Néstor Kirchner le cedió la concesión del ferrocarril, pero Taselli también “vació” esta empresa y se fue. Lo sucedieron otros empresarios que armaron la UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia). Los de la UGOFE armaron un negocio lucrativo a expensas de los dineros públicos y de la explotación de los trabajadores del ferrocarril. Argumentaron que las tarifas eran bajas y que se trabajaban a pérdida. Entonces el gobierno les dio un subsidio, mientras que ellos armaron empresas fantasmas subcontratando diferentes servicios inherentes a la explotación ferrocarrilera. Esas empresas -que son cerca de veinte y algunas de ellas son propiedad del gremio Unión Ferroviaria, comandado por José Pedraza- nuclean a unos 2.000 trabajadores que cobran en el mejor de los casos la mitad de lo que cobra un obrero afiliado a la Unión Ferroviaria o al otro gran gremio, La Fraternidad, y trabajan el doble que éstos. Además, los servicios de estas empresas truchas son sobrefacturados al gobierno. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Laboral ha fallado que esta “modalidad” es “una forma particular de fraude” (es decir, un delito), dado que tiene como objeto “simular una relación fragmentada de trabajo con el consiguiente perjuicio para el trabajador”.

No obstante, el ministerio de Trabajo en el gobierno de Néstor (y en el de Cristina) nada ha hecho para detener este fraude, que significa un negocio de cerca de tres millones de pesos mensuales que se reparten entre los concesionarios, los contratistas “fantasmas” y los burócratas sindicales, estando a cargo de estos últimos el disciplinamiento de los trabajadores díscolos. Esta modalidad de “tercerizar” la represión de las protestas gremiales no es nueva: durante el gobierno de Néstor los trabajadores del subte y del hospital Francés sufrieron la acción violenta de patotas conformadas por barrabravas y patovas. La estrategia es hábil: apunta a evitar la posibilidad de que algún policía distraído saque su arma y mate a un zurdito, como hizo el ex comisario Franchiotti con Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Mariano venía acompañando desde hacía un tiempo los reclamos infructuosos de los ferroviarios “tercerizados” ante el ministerio de Trabajo. En el gobierno de Néstor (y en el de Cristina), la política habitual de este ministerio ha sido tratar de no intervenir cuando puedan verse afectados intereses de los jerarcas sindicales. Por eso aún no ha reconocido a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y por eso demoró siglos en reconocer a los delegados de base de los trabajadores del subte. En tanto que Hugo Moyano, y el resto de los burócratas, son aliados importantes para la gobernabilidad, los Kirchner hicieron y hacen lo imposible para no enojarlos.


NECRO LÓGICAS

Néstor fue llorado por cientos de miles de personas, muchas de las cuales participaron del espectáculo mediático montado con motivo de su velatorio y sepelio. Se ha dicho de él que realizó trascendentes aportes “a la reivindicación de los derechos humanos, a la unidad latinoamericana y a la construcción de una sociedad más justa”, y que “generó un cambio sustancial en la sociedad argentina en los últimos años luego de los oscuros años del neoliberalismo”.

Mariano fue velado y enterrado en un marco mucho más austero y acotado. Se ha dicho de él que fue un militante de bajo perfil, “concienzudo y parsimonioso, aunque enteramente dedicado a la causa de los pobres y de la educación gratuita".



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Cristina, entre la épica militante y la negociación del poder real

TRAS LA MUERTE DE NÉSTOR KIRCHNER

Empiezan a configurarse la tensión de dos tendencias sobre la Presidenta. Los empresarios y factores de poder concentrado apuestan sus fichas al pragmático Julio de Vido como garante de sus intereses. Frente a ellos, intelectuales, sectores de la juventud y organizaciones sociales, buscan profundizar una épica setentista.

Por Ignacio Fidanza


Acaso la virtud más sorprendente de Néstor Kirchner haya sido la menos comentada, en estos días de inevitables recapitulaciones sobre su paso por el poder. El lugar común fue rescatar su espíritu luchador, una resignificación positiva de los mismo que antes le criticaban: la tontería de la “crispación”.

Pero una segunda mirada acaso descubra detrás de su impronta peleadora, una virtud impensada: la capacidad para equilibrar notables antagonismos. Porque detrás de una agenda de combate, Kirchner lograba articular mundos tan diversos como el sindicalismo ortodoxo de Hugo Moyano, el capitalismo implacable de las grandes cerealeras y las utopías revolucionarias de Hebe de Bonafini y de toda una generación de jóvenes que descubrieron de su mano el gusto por la política, acaso el legado más positivo que dejó el ex presidente.

Capacidad de síntesis de opuestos que lo emparenta con los grandes conductores que tuvo el país y que le garantizan a Kirchner un lugar en la historia argentina, más allá de su paso por la Presidencia, casi una consecuencia natural de ese talento.

Todavía no se apagaron los ecos de ese estupor silencioso que produce la muerte, que el poder comenzó sus forcejeos. Implacables, se observan fuerzas que buscan reorientar el proceso político en función de sus intereses, y lo hacen presionando sobre un cuerpo, al que se le ha cancelado la gracia del duelo.

La Presidenta enfrenta ahora la soledad más dramática: ser la depositaria de la última decisión, sin ese compañero a quien consultar y acaso responsabilizar por los inevitables errores.


Las fuerzas en pugna

Hace ya demasiados años que Michel Foucault descubrió que el poder no era un lugar –el trono- sino el insustituible cruce de relaciones, estrategias, maniobras, tácticas, técnicas, que se inscriben en una batalla perpetua. Una posición que se ejerce más que se posee, que es más el efecto de ese conjunto inestable de decisiones, que un privilegio vinculado a la propiedad.

En ese punto la tarea del conductor es definir su propio punto de equilibrio de esa trama, que puede estar más a la izquierda, al centro o sobre la derecha, pero siempre obligado a cumplir una premisa de hierro: encontrar un punto desde el cual estabilizar para guiar, un movimiento que será eternamente dinámico. Al menos mientras se aspire a mantener lo que se conoce como poder o de una manera más educada, la gobernabilidad.

Las tensiones están claras. Los grandes medios, los empresarios que se hicieron aún más ricos durante la era kirchnerista, los sindicalistas y buena parte del sistema político del peronismo, creen que Julio de Vido es garantía de continuidad –y acaso mejora- de un proceso que aún a las patadas, los benefició. Es que sin Kirchner, que de manera cíclica, traumatizaba la pulsión acuerdista del ministro de Planificación, acaso imaginan que podría esperarlos un mundo mejor.

Fueron Moyano y De Vido quienes intentaron en plena pelea con el campo acordar con la mesa de enlace. Y fueron de nuevo ellos dos, cuando todavía no había terminado el sepelio del ex presidente, quienes acordaron el “café” con la cúpula de la UIA y en ese instante congelaron el proyecto de reparto de ganancias empresarias.

Fue un momento clave, de política en serio. Una intento por posicionarse a la cabeza del nuevo proceso que se abrió con la muerte de Kirchner.

Intentar morigerar la embestida para subir las retenciones y frenar el reparto de dividendos entre los trabajadores, son definiciones de fondo y se inscriben en una mirada conservadora del “modelo”. Esa misma lógica desplegada, llevaría a buscar algún entendimiento con el Grupo Clarín.

Si sobre ese eje se articulan saberes políticos como los que poseen Aníbal Fernández y Juan Carlos Mazzón, se puede proyectar acaso para esos intereses, la recuperación de una estabilidad que pivotee sobre una sistema de relaciones más afín y acaso menos riesgoso.

Sería la consagración de la idea de Cristina como una Presidenta pragmática y moderada, en lo que realmente importa, más allá de lo que diga en los discursos. Y no es un juicio de valor, porque tal vez ese camino bien articulado le abra las puertas a su reelección.


El riesgo de una nueva frustración

Pero frente a esa agenda apaciguadora se alza el sabor amargo a revolución inconclusa que dejó la muerte del ex presidente, en amplias franjas de la militancia juvenil, en las organizaciones sociales y de derechos humanos, y en un sector de intelectuales que hoy tienen al periodista Horacio Verbistky como su puente de plata con el corazón del poder.

No es una agenda que reniegue de la negociación, pero imagina llegar a ese lugar desde el otro lado del tablero político, y en todo caso encuentra en el sindicalismo de Moyano y la estructura del PJ tradicional –por ejemplo los intendentes del Conurbano- más un mal necesario y sobre todo temporario, que una base necesaria para estabilizar el sistema político.

Kirchner en vida osciló sobre esas tendencias. En el 2007 avanzó, por ejemplo, en un proceso de renovación de viejos caudillos del Conurbano –así surgieron Díaz Pérez, Giustozzi, Massa, Bruera, entre otros- que luego desactivo y que poco antes de su muerte, parecía estar interesado en recuperar.

Proceso de renovación política que quedó trunco y que se imaginaba iba a alcanzar su esplendor durante un segundo mandato de Kirchner. De ahí la bronca y el gusto amargo que prevalece por estas horas entre los jóvenes kirchneristas. Acaso intuyen, que otra vez, la historia está a punto de escapárseles de las manos, justo cuando parecía que había llegado la hora de la revancha.

Porque desde esa mirada, el acceso al poder de esos jóvenes iba a ser como una metáfora final que cerrara la herida de los setenta, cuando los supuestamente más talentosos y nobles perdieron el favor del líder, entornado por la burocracia sindical y partidocratica. Después vino el horror que igualó en su desastre.

La comparación es injusta y superficial, pero más allá de la remanida frase de Marx, algo de esa tensión que el peronismo porta en su ADN, se percibe por estas horas.

Cristina tiene ahora el desafío de conducir el proceso que abrió Kirchner, pero al mismo tiempo sufre la urgencia de gobernar el país. Se solapan así dos mundos que confluyen en una dialéctica que el ex presidente venía arriando con más tropiezos que aciertos, pero que sin dudas lo encontraba en la cabina de mandos.

Encontrar la alquimia justa de épica, futuro y lucha; de negocios, acuerdo y decisiones de Estado; que enfrenta por estas horas la Presidenta; no es otra cosa que la búsqueda de ese equilibrio que se perdió con la muerte de Kirchner.

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Vitória do povo

ELECCIONES EN BRASIL: TRIUNFO DEL PT EN SEGUNDA VUELTA

Con el triunfo de Dilma Rousseff, candidata del Partido de los Trabajadores, el proyecto iniciado por Lula hace ocho años tiene su continuidad garantizada. Cómo se presenta el nuevo escenario regional que muestra, por el norte del continente, su contracara: un recrudecimiento de la derecha republicana yanqui.

Por Marcelo J. Levy

Los guarismos terminaron así: Dilma ganó al sumar 55 millones 752 mil 493 (56,05%) de sufragios, mientras que Serra obtuvo 43 millones 711 mil 299 (43,99%), según lo publicado por el Tribunal Supremo Electoral en su sitio en internet.

"A partir de mañana comienza una nueva etapa para la democracia", afirmó Rousseff bien temprano, después de emitir su voto en la Escuela Estadual Santos Dumont, del barrio Asunción, en la zona sur de Porto Alegre, donde llegó acompañada por el gobernador electo del estado Río Grande do Sul, su ex compañero de gabinete Tarso Genro.

El triunfo del PT, como se preveía, se asentó en los estados más pobres del Brasil. Todo el norte y nordeste fue el bastión principal para la victoria, ganando en algunas ciudades por más del 90%. La otra cara se presenta en el sur, donde los estados de Paraná, Santa Catarina Y Río Grande do Sul fueron partidarios en su mayoría de Serra. También hubo un triunfo importante de la oposición en el estado de Sao Pablo donde su candidato es el gobernador estadual. Es decir, los pobres del Brasil, votaron en masa a Dilma intentando continuar con un modelo iniciado por Lula hace cuatro años. Por el otro lado, los estados más ricos (que en varias oportunidades quisieron separarse de Brasil) optaron por la opción más conservadora.

La electa presidenta, con un carácter templado por su militancia guerrillera, la cárcel y la tortura que padeció durante la última dictadura, y hasta el cáncer linfático que se le detectó -y que superó- no hace mucho, acredita una amplia experiencia ejecutiva forjada en los últimos 25 años.

En ese período fue secretaria de Hacienda de la ciudad de Porto Alegre, secretaria de Energía del estado Río Grande do Sul y ministra de Energía y ministra de la Casa Civil (jefa de gabinete) del gobierno de Lula, del que se alejó precisamente para encarar la campaña para la Presidencia.

Es hija de un emigrado búlgaro que se exilió por su cercanía con el Partido Comunista y de una profesora brasileña. Militó en un grupo armado de resistencia a la dictadura militar (1974-85), aunque niega haber participado en una acción con armas. Fue detenida y torturada.

Es de destacar que en la primera vuelta de las elecciones, entre Dilma Rousseff y Marina Silva, (candidata ésta por el Partido verde y ambas mujeres que se presentaban por primera vez a una elección), acumularon dos tercios de los votos.

Además, por primera vez desde el fin de la dictadura en 1985, el presidente electo obtiene mayoría parlamentaria en ambas Cámaras del Congreso. Y lo logra debido a los pactos del Partido de los Trabajadores con el Partido Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y con el Partido Socialista.

Rousseff ganó a pesar de una campaña en su contra por su supuesto proyecto de el aborto, en un país en que solamente está legalizado de manera terapéutica, sumado esto a la profunda penetración cristiana en su población.

Lula, quien se declara católico ferviente, y que se formó en las comunidades eclesiásticas de base como muchos de sus camaradas del Partido de los Trabajadores, declaró que esa era la doctrina de siempre de la Iglesia, pero que Brasil era un Estado laico. Por su parte, Marina Silva, quien es pentecostal, junto con declarar que no es fundamentalista, sostuvo que el tema del aborto era muy complejo, que debía discutirse sin demonizar a nadie y decidirse por plebiscito. En Brasil los abortos ilegales se estiman en un millón por año, con más de 300 mujeres muertas y decenas de miles con lesiones e infecciones graves.

Intentemos ver un poco más allá. El futuro gabinete de Dilma, si bien no está determinado, será seguramente continuador de la gestión de Lula. Y esto también abona la idea de que el futuro ex presidente sin duda estará presente en los lineamentos del nuevo gobierno, no sólo por esta idea de continuidad, sino también por su vasta experiencia presidencial que lo presenta a Lula como un ex mandatario con un altísimo índice de popularidad.

Dilma, a su vez, tiene algunas diferencias con Lula. Es economista, dirigió el fondo de un gigantesco plan de obras públicas y encabezó esa enorme compañía mixta que es Petrobrás. Además es más militante y con más formación ideológica que Lula y está rodeada de una coalición de partidos políticos.

En Brasil, a pesar de la obra realizada, todavía hay muchas sombras que obstaculizan cumplir con el gran sueño de Lula y el PT: eliminar las favelas, como lo indica el llamado Plan 2022 elaborado por la secretaría de asuntos estratégico de la Casa Civil.

Para ello, el objetivo es la integración física del sistema productivo, en un país que ha duplicado su comercio exterior en los últimos cinco años, aunque sus exportaciones son solamente el 14% del PIB, lo que aminoró los efectos de la crisis reciente.

Lo cierto es que se abre un nuevo panorama para la región. Brasil es quien define de alguna manera el rumbo regional por su peso específico, y el hecho que exista esta continuidad tranquiliza a mucho a los países progresistas de Latinoamérica. El triunfo hipotético de Serra podría haber causado modificaciones estructurales para las relaciones multilaterales. De hecho, ya había planteado en campaña la idea de acercarse a otras regiones del mundo en detrimento de las conformadas por la UNASUR, el MERCOSUR entre otras afines. Es de vital importancia el triunfo de Dilma. Y esto no es sólo por la continuidad del modelo, sino que frente a algunos movimientos de derecha que se han visto estos últimos tiempos por el cono sur (golpe de estado en Honduras, intento de golpe en Ecuador, continuas conspiraciones contra el gobierno de Lugo en Paraguay, triunfos de Piñera en chile, Santos en Colombia y Alan García en Perú) una derrota del PT hubiese envalentonado e inyectado fuerzas en estos sectores para cambiar los vientos que desde hace algunos años respiramos en Latinoamérica.

Por ello, no es menor leer el contexto político en su totalidad, y ahí aparecen las elecciones en Estados Unidos que cachetearon a los demócratas de Obama dando muestras de que la sociedad norteamericana quiere darle un viraje aún mayor hacia la derecha a su gobierno.

Por lo pronto, la continuidad en Brasil es muy importante. Veremos cómo se desencadenan los acontecimientos y que gobierno establece Dilma Rousseff a partir del 1 de enero de 2011.





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Bosques: Una cuestión de fondo

LA LEY DE BOSQUES CUMPLE TRES AÑOS DESFINANCIADA

Resulta preocupante que a casi tres años de la sanción de la Ley de Bosques, el Congreso Nacional aún no haya completado el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” que la norma establece. Este fondo resulta vital para detener los desmontes y talas ilegales, optimizar las prácticas silvopastoriles y forestales para hacerlas sustentables, y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales.

Por Hernán L. Giardini


La sanción de la Ley de Bosques significó un avance sin precedentes en materia ambiental, constituyendo una herramienta esencial para empezar a solucionar la emergencia forestal en la que se encuentra nuestro país; y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que con un millón y medio de firmas le dio el respaldo necesario para superar las trabas que recibió en el Congreso Nacional.

Argentina ya perdió el 70% de sus bosques nativos originales y la deforestación aumentó fuertemente en la última década por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria: más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos fueron deforestadas a una tasa de 250.000 hectáreas al año, 1 hectárea cada dos minutos. Muchos de esos desmontes significaron el desalojo de cientos de familias campesinas e indígenas.

Frente a esta dramática situación, el 28 de noviembre de 2007 se sanciona la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La norma establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos en forma participativa, obliga a hacer un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte, exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques a distribuirse entre las provincias que sancionen por ley provincial su ordenamiento.

La aplicación de la misma ha tenido avances significativos: la mayoría de las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos, y 13 lo refrendaron mediante una ley provincial: Salta, Santiago del Estero, Río Negro, Corrientes, Chaco, Mendoza, Formosa, Tucumán, Chubut, San Luis, Misiones, Catamarca y Córdoba.

Además, según un monitoreo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, desde la sanción de la Ley de Bosques la deforestación se redujo en un 60%.

No obstante, su implementación efectiva enfrenta severas dificultades que deben ser resueltas.

Lamentablemente en algunas provincias, por la falta de controles efectivos y multas acordes, continúan los desmontes ilegales y los incendios forestales. Además, se están ejecutando muchos de los desmontes aprobados en forma especulativa antes de la sanción de la ley.

En ese sentido, resulta preocupante que a casi tres años de su sanción el Congreso Nacional aún no haya completado el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”, establecido por la Ley de Bosques.

Mientras el artículo 16 del proyecto de Ley de Presupuesto 2011 establece una partida de $ 300 millones para la conformación de dicho Fondo, según el artículo 31 de la Ley 26.331, el monto correspondiente no debería ser menor al 0,3% del presupuesto nacional (1.119 millones de pesos). Además, la ley establece que a esta suma debería agregarse el 2 por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal.

Con la aprobación de este exiguo presupuesto se dará (nuevamente) la insólita situación de que los legisladores nacionales no cumplirán con lo establecido por una ley que ellos mismos sancionaron hace tan solo tres años.

La importancia de estos fondos radica en que el 70% de los mismos estará destinado a compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, mientras que el 30% restante tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques.

Así, los fondos resultan vitales para detener los desmontes y talas ilegales, optimizar las prácticas silvopastoriles y forestales para hacerlas sustentables, y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales.

Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta, juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos; y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables. Y son el hogar y sustento de miles de comunidades campesinas e indígenas, que dependen de ésos para su supervivencia.

Es por ello que, para su efectiva protección, resulta fundamental que el Congreso Nacional incorpore la partida correspondiente a los fondos de la Ley de Bosques en el Presupuesto 2011, y que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación establezca claramente su funcionamiento, contemplando mecanismos de contralor adecuados.

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Iguales, pero diferentes

CONTRACULTURAL EN EL XXV ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

En el fin de semana del 9 al 11 de octubre se celebró en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, el XXV Encuentro Nacional de Mujeres. Entre consignas tales como la exigencia sobre la despenalización del aborto, el rechazo a la tiranía de la belleza impuesta por el mercado, la solicitud de esclarecimiento en los casos de trata de personas, el pedido de mejoras en las condiciones laborales, alrededor de 30.000 mujeres expresaron diferentes realidades de todo el país al analizar 55 temáticas que las preocupan y por las que se comprometieron a seguir trabajando hasta las próximas propuestas, en el 2011, en San Carlos de Bariloche.

Por Noor Jiménez Abraham (desde Paraná, Entre Ríos)


El Encuentro Nacional de Mujeres, que desde 1986 se realiza cada año en una ciudad diferente del país, tiene por objetivo plantear, en la diversidad femenina, temas como lesbianismo, capacidades diferentes, VIH sida, adicciones, salud, desocupación, cooperativas, fábricas recuperadas, política, derechos humanos, sistema penitenciario, adultas mayores, estudios de género, tecnología, religión, crisis internacional, deuda externa, pueblos originarios, migraciones, entre otras cuestiones que afectan a las mujeres.

El Parque Berduc fue el lugar de cita tanto para el acto de apertura, el sábado por la mañana, como para el cierre del lunes. Allí donde se dio la bienvenida a los grupos que, desde sus desigualdades sociales, económicas o estructurales, hicieron que cada participación fuera un desafío para el conjunto y también el punto en el que, durante la clausura, se leyeron las conclusiones planteadas por los equipos de trabajo que se manifestaron en la lucha contra una vulnerabilidad que resulta transversal a todas las áreas del desempeño femenino.

A lo largo de dos jornadas de debate, reinó el ánimo participativo y la voluntad de analizar la misma problemática pero desde ángulos tan diferentes como los que cruzan las heterogeneidades humanas. Los talleres funcionaron por la tarde del sábado y siguieron al otro día hasta cerrar con las conclusiones un rato antes de que se iniciara la marcha.

Con una caravana de diez cuadras, el domingo por la tarde, las asistentes se expresaron por las calles de la ciudad para dar cuenta de situaciones como la imagen comestible de la mujer que venden los medios de comunicación , los mecanismos por los que proxenetas reclutan a las chicas con engaños de ofertas de trabajo que las ilusionan, los feminicidios, la doble discriminación de las mujeres de pueblos originarios, el compromiso de las americanas con la libertad de todo el continente y la repetida, pero nunca agotada demanda, del derecho a la decisión sobre los propios cuerpos.

En general, las actividades se desarrollaron en forma pacífica, si bien la cantidad de asistentes provocó que algunos talleres se tuvieran que subdividir o que varias discusiones se desarrollaran al aire libre al verse superada la capacidad de escuelas e institutos preparados para el evento.

Los problemas aparecieron en aquellas situaciones donde el tema era la despenalización del aborto, hasta allí se acercaron algunas personas que, bajo el lema de su fe religiosa y en tono de desafío, enfrentaron a las mujeres que exponían sus puntos de vista, lo que concluyó en escenas violentas.

Bajo consignas por la independencia y la búsqueda de justicia, las principales protestas estuvieron orientadas hacia la Iglesia Católica Apostólica Romana y su interferencia en cuestiones como salud reproductiva o educación sexual. También las voces se dirigieron al estamento político por la falta de voluntad para considerar la despenalización del aborto e investigar la connivencia de la policía en el delito de trata de personas.

Se escucharon proclamas por justicia en el caso de Romina Tejerina, donde se percibe la inequidad social cuando se culpa a las mujeres de los delitos de los que ellas mismas son las víctimas y estuvo presente el recuerdo de Fernanda Aguirre, quien desapareció cerca de Paraná hace más de cinco años, se sospecha captada por redes de trata.

Durante la marcha, la Iglesia San Miguel, en el centro de la ciudad, permaneció cerrada al público, al tiempo que un cordón policial la cubrió a modo de vallado. Un grupo de personas paradas en el frente, algunas con cruces exhibidas en alto, otras de rodillas, trataron de “exorcizar a las manifestantes”, según comentarios de las propias vecinas una vez desconcentrada la movilización.

Entre las coloridas banderas de agrupaciones políticas, estudiantes universitarias, organizaciones barriales, asociaciones feministas y centros culturales, flameaban al viento los pañuelos verdes, símbolo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Al mismo tiempo, el paso de los grupos entusiasmados en sus cánticos se vio escoltado por la mirada atenta de varones que acompañaban con sonrisas, aplausos o hasta la letra de las consignas ya aprendidas.

Obreras, empleadas, estudiantes, profesionales, amas de casa, madres, hijas, abuelas, vecinas, amigas eran escrutadas por hombres asombrados que exclamaban “nunca pensé ver tantas mujeres juntas” mientras aquellos que ofrecían servicios no alcanzaban para cubrir las demandas: taxistas que se desplazaban por la ciudad al tiempo que pedían que Paraná quedase “limpia como estaba” y dueños de negocios de comida que se excusaban por querer vender lo que tenían o no poder ofrecer lo que se les pedía.

Los hoteles, las casas de familia, los clubes, además de otras organizaciones sociales, también vieron sobre exigidas sus posibilidades por la demanda, hasta el punto que hubo quienes se tuvieron que alojar en la ciudad de Santa Fe por falta de lugar.

Durante los tres días, la Plaza Primero de Mayo fue centro de concentración; entre la venta de artesanías, los mates y el aroma a las mandarinas con que se convidaban las participantes, diferentes agrupaciones elevaron su voz para contar lo que iba sucediendo. Vecinas de países americanos expresaban que las “argentinas son su ejemplo a imitar”, si bien no faltaron aquellas mujeres que declaraban que éste era su primer encuentro mientras otras orgullosamente sentenciaban que “es una cita con la que se debe cumplir consecutivamente todos los años”.

Quienes por primera vez se acercaban a temas tales como violencia de género o trata de personas, salían abrumadas de los talleres ante el dolor por los casos relatados por sus protagonistas. Cada grupo, según la temática, mostraba su esencia, sus códigos, su perfil, más allá de respetar el tono de las actividades: “Donde se debate sobre el papel de los medios hablan todas juntas, se desordenan, yo vengo del espacio de arte y allí respetamos las consignas, utilizamos sólo el tiempo estipulado, esperamos el pie de coordinadora”, comentó una de las asistentes sorprendida ante la profusa intervención de las comunicadoras.

En la noche del domingo, la cita fue en la peña cultural; con cervezas, chorizos y baile se festejaron las dos jornadas de trabajo frente a la participación de artistas locales o de otras provincias. Los medios de Paraná acompañaron las jornadas mientras que la radio ambulante Nosotras en el Mundo, que conducen periodistas de Córdoba, transmitió desde la Plaza Primero de Mayo donde hasta el cierre siguieron sonando las frases “Mujer bonita es la que lucha”, “basta de rosarios en nuestros ovarios”, “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, “qué momento, qué momento, a pesar de todo, les hicimos el Encuentro”, “yo sabía, yo sabía, que a la Iglesia la cuida la Policía”, las que, junto a otras, continuarán con sus sonidos por diferentes manifestaciones hasta potenciarse nuevamente en el próximo Encuentro Nacional.



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De Tuskegee a Guatemala pasando por Nuremberg

ESTADOS UNIDOS: SALEN A LA LUZ MACABROS EXPERIMENTOS EN HUMANOS

El mes pasado se reveló públicamente que el gobierno de Estados Unidos expuso a la sífilis a cientos de hombres en Guatemala en el marco de macabras experimentaciones desarrolladas durante la década de 1940. Apenas salió a la luz la noticia, el Presidente Barack Obama telefoneó al Presidente de Guatemala Álvaro Colom para disculparse. Colom calificó las experimentaciones de “una violación de los derechos humanos increíble”: “Es una violación de derechos humanos increíble pero ahí está y hay que afrontarla... y vamos a hacer todo lo necesario para que podamos aclarar lo más rápido posible qué profundidad tuvo y qué efectos humanos tuvo, que a nosotros nos interesan los afectados fundamentalmente y como Estado pues obviamente... indignados... y si hubiese autoridades del pasado involucradas también se va a decir.” Colom afirmó además que su país evalúa la posibilidad de llevar el caso ante una corte internacional.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)


Las revelaciones surgieron a raíz de una investigación llevada a cabo por la historiadora médica Susan Reverby, del Wellesley College, acerca de los tristemente célebres estudios de Tuskegee sobre la sífilis. Los dos antiguos proyectos de investigación del gobierno estadounidense en Tuskegee, Alabama y Guatemala (nocivos por igual) son espejo el uno del otro. Ambos muestran a qué extremo se puede ignorar la ética a fin de obtener conocimientos médicos y ambos nos recuerdan que la investigación médica necesita constante supervisión y regulación.

Reverby es autora del libro recientemente publicado “Examining Tuskegee,” una exhaustiva historia de la investigación sobre la sífilis conocida como “Estudios de Tuskegee”.

Tuskegee, en el estado de Alabama, se encuentra en el corazón del Sur Profundo estadounidense. Desde 1932, y hasta ser revelado por la prensa en 1972, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo estudios de largo plazo sobre los efectos de la sífilis cuando no es tratada. El estudio consistió en decirle a cuatrocientos hombres con sífilis que recibirían un “tratamiento especial” para su “sangre mala.” Sin que estos hombres lo supieran, se les administraban placebos inútiles, pero no la cura prometida y su debilitamiento, causado por la sífilis no tratada, fue estudiado durante décadas. En sus fases avanzadas, la sífilis puede ocasionar desfiguración, demencia, ceguera y dolor agudo crónico. Es una manera horrible de morir. Durante los años en que se desarrollaban estas experimentaciones, se descubrió que la penicilina curaba la sífilis.

Sin embargo, no se informó a los hombres de la posible cura y se les negó tratamiento cada vez que alguno de ellos lo requería.

En Tuskegee, los hombres infectados no recibieron tratamiento. En Guatemala sucedió lo contrario.

Allí, los investigadores del gobierno de Estados Unidos infectaban con sífilis a los prisioneros y luego los trataban con penicilina para medir los efectos del antibiótico inmediatamente después de la exposición a la enfermedad. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y de esta manera es como el médico que encabezaba las operaciones, el Dr. John Cutler del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, intentaba infectar a los prisioneros. La historiadora médica Susan Reverby describió las experimentaciones de la siguiente manera: “Fueron a Guatemala porque la prostitución era legal en ese país y era legal además llevar prostitutas a las cárceles para servicios sexuales. Cuando no pudieron generar la infección al nivel esperado con el ingreso de prostitutas, comenzaron las inoculaciones y la manera en que funcionaron fue... En primer lugar la sífilis no es fácil... Hay una razón por la que es una enfermedad de transmisión sexual. No es posible simplemente sacar sangre a una persona con sífilis y pasársela a otra persona. De hecho, es necesario crear una vacuna. La bacteria que causa la enfermedad puede morir al tener contacto con el aire, es por eso que debe pasar a través de líquidos y fluidos corporales y es por eso que se transmite sexualmente. Crearon una vacuna utilizando las pruebas de campo con conejos que ya tenían la enfermedad. Raspaban o rasguñaban los brazos de personas en cárceles, asilos psiquiátricos y barracas del ejército. Utilizaron sus brazos, sus mejillas, además buscaron hombres, y francamente esta parte me resulta completamente increíble y hace que todo parezca parte de una película clase B, encontraron hombres con prepucios largos, tomaban sus penes, retiraban el prepucio hacia atrás, raspaban el glande y aplicaban la vacuna por medio de un pequeño trozo de algodón con gaza, un apósito. Hacían esto durante una hora y media o dos horas con la esperanza de que la infección se transmitiera de esa manera.”

Procedimientos similares fueron utilizados con pacientes psiquiátricos y soldados.

Irónicamente, el estudio en Guatemala comenzó a desarrollarse en 1946, el mismo año en que los tribunales de Nuremberg por primera vez juzgaron a médicos nazis, acusándolos de llevar a cabo experimentos atroces con prisioneros de campos de concentración. La mitad de los acusados fueron condenados a muerte. Durante el proceso se creó el Código Nuremberg, que establece estándares éticos para la experimentación médica con humanos y la obligatoriedad del consentimiento informado. Pero, al parecer, a los investigadores estadounidenses no les importó Nuremberg.

El Dr. Cutler, responsable del proyecto de Guatemala, participó luego de los estudios de Tuskegee. En un documental de PBS “NOVA” de 1993 llamado “Engaño mortal” afirmó: “Era importante que no se los tratara, y no habría sido deseable seguir adelante y administrarles grandes dosis de penicilina para tratar la enfermedad ya que esto hubiera interferido con el estudio.” El Dr. Cutler murió en el año 2003.

El gobierno de Estados Unidos con frecuencia ha llevado a cabo experimentos sin consentimiento informado de los sujetos. A mujeres de Puerto Rico se les administró estrógeno a niveles de riesgo mientras se probaban las pastillas anticonceptivas.

En otras investigaciones, se inyectó plutonio a pacientes hospitalizados que no se habían ofrecido como voluntarios para estudiar los efectos de ese elemento en el cuerpo humano. Dow Chemical, Johnson & Johnson y las autoridades de la cárcel de Pensilvania expusieron a los internos a químicos, entre ellos a dioxinas, para probar sus efectos. Muchas de las personas sometidas a este tipo de experimentación han muerto o han visto sus vidas dañadas de forma permanente. Todo esto en nombre del progreso o de las ganancias.

Los investigadores se apuran a señalar que este tipo de prácticas son cosa del pasado y que han dado paso a lineamientos estrictos que aseguren el consentimiento informado de los sujetos. Sin embargo, se hacen esfuerzos para suavizar las restricciones en casos de experimentación médica en cárceles. Es necesario preguntarse qué significa “consentimiento informado” dentro de una cárcel, o en una comunidad pobre donde se utiliza el dinero como incentivo para “ofrecerse” como voluntario para una investigación. La investigación médica debería llevarse a cabo únicamente si respeta estándares humanitarios y cuenta con consentimiento informado y supervisión independiente, si es que las lecciones de Nuremberg, Tuskegee y ahora Guatemala tienen algún significado.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

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7 de octubre de 2010

¿Revuelta policial o Golpe de Estado premeditado?

EL IMPERIALISMO VUELVE A METER LA COLA

Venezuela, Bolivia, Honduras, Ecuador, ¿Paraguay? fueron ejemplos de cómo las elites locales en connivencia con el imperialismo norteamericano intentan desestabilizar una región que cada vez se presenta como más sólida. El último movimiento fue al presidente Rafael Correa la mañana del 30 de septiembre. Pormenores de un plan espontáneamente estructurado.

Por Marcelo J. Levy

El pueblo de Ecuador decidió tomar un nuevo rumbo a partir del 15 de enero de 2007. Esa fecha lo vio asumir como presidente a Rafael Correa por primera vez en medio de un apoyo popular generalizado. Pero lo cambios no siempre conforman a todos. Si bien el flamante mandatario era un joven economista educado en Estados Unidos, tenía una visión política totalmente contraria al modelo neo-liberal capitalista. Aunque los norteamericanos no estaban preocupados en un principio por la posibilidad de una victoria de Correa, de igual manera, el Departamento de Estado invirtió millones de dólares en la campaña electoral a través de varios grupos políticos y sociales. Aún así, Washington apostaba a que frente una victoria de Correa, su gobierno podría ser subordinado. Contrafácticos.

Lejos de acercarse al imperio como otrora lo habían hecho sus antecesores, el Presidente Correa comenzó a estrechar vínculos con Venezuela. Se unió a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) como miembro observador hasta el 2009. Ese año se incorpora como miembro pleno del grupo junto a Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela y las islas caribeñas de Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Grenadinas.

A su vez, una de las decisiones políticas que dividen aguas en los proyectos políticos en Latinoamérica es la convocatoria a una constituyente. Exactamente tres meses después de asumir, Correa convocó una constituyente nacional para redactar una nueva Constitución, como hizo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. La democracia, "en grave riesgo", rezaban los medios masivos acérrimos opositores desde el inicio del gobierno. Esa misma fecha liquida una deuda de más de 22 millones de dólares con el FMI y expulsa a representante del BM. Posteriormente convoca a una comisión auditora para analizar la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda externa. Una exhaustiva investigación determinó un sinnúmero de irregularidades lo que obligó a los abogados del Chase Morgan a comunicarse con Alejandro Olmos Gaona, uno de los auditores, para ver “cómo se podía arreglar todo esto”, ya que existía la decisión del Presidente Correa de no pagar la deuda.

El 28 de septiembre de 2008, a través de un referéndum nacional queda aprobada la nueva Carta Magna. Basada en la nueva Constitución, hubo elecciones presidenciales de nuevo en abril 2009, y Correa ganó con más de 55% del voto, seguido por Lucio Gutiérrez con 28%.
Continuemos enmarcando esta “rebelión policial”.

El primero de marzo de 2008, el gobierno de Colombia ejecutó una invasión ilegal en territorio ecuatoriano para bombardear un supuesto campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC). Fue conocida como la Masacre de Sucumbíos. La acción causó una ruptura en relaciones entre Ecuador y Colombia, y luego Venezuela también rompió relaciones con Colombia como muestra de solidaridad y rechazo a sus agresiones. Como era de esperarse, Estados Unidos respaldó a Colombia en medio de la crisis regional. Basado en supuestas evidencias conseguidas durante la operación militar en Ecuador, el gobierno de Colombia acusó al Presidente Correa de sostener vínculos con las FARC, grupo considerado “terrorista” por Washington y Colombia.

En diciembre 2008, el Presidente Correa realizó una visita oficial a Irán, reuniéndose con el Presidente Mahmoud Ahmadinejad para estrechar la relación Ecuador-Iraní. Firmaron varios acuerdos y anunciaron la apertura de embajadas en sus distintos países.

Del 2007 al 2008, el comercio entre Ecuador e Irán creció de 8 millones de dólares a 168 millones de dólares. En 2009, Irán otorgó un crédito de 40 millones de dólares a Ecuador para financiar la construcción de dos plantas eléctricas. Este año el Gobierno firmó un acuerdo para la construcción de tres centros hidroeléctricos con tecnología iraní.

Otro elemento fundamental. Jamil Mahuad, presidente de Ecuador hasta el año 2000, firmó un acuerdo permitiendo a Estados Unidos establecer una base militar en su territorio. La base en Manta se convirtió rápidamente en centro de operaciones militares de Estados Unidos en la región andina-sur. De allí, el Pentágono realizaba misiones de espionaje, inteligencia y reconocimiento por toda la región. Manta garantizaba un espectro amplio desde el Comando Sur en el estado Florida en Estados Unidos hacia sus bases operativas en Comalapa, El Salvador, Aruba y Curazao, y hasta su presencia militar en Colombia y Ecuador. Unos 500 militares estadounidenses ocupaban a Manta, junto a una cantidad de contratistas privados. Aunque el acuerdo inicial era para combatir al “narcotráfico”, Manta fue utilizada como un centro de operaciones contra la guerrilla colombiana. El acuerdo que permitía a Estados Unidos la ocupación y uso de Manta (sin pagar nada a Ecuador) venció en 2009. El Presidente Correa había dicho anteriormente que no firmaría la renovación del convenio y de esa manera, los militares estadounidenses tendrían que salir de Ecuador. “Podemos negociar con Estados Unidos sobre una base en Manta si ellos nos permiten poner una base militar en Miami”, declaró Correa durante su campaña. Y aunque Washington intentó presionar a Correa para permitir la permanencia de la base, Correa mantuvo su posición con firmeza. Luego fue descubierto que las fuerzas estadounidenses habían utilizado a Manta para ejecutar la operación militar conjunta con Colombia aquel 1 de marzo 2008 en territorio ecuatoriano, sin la autorización del gobierno de Ecuador.

El golpe de Estado en Honduras que ocurrido el 28 de junio de 2009 contra el gobierno de Manuel Zelaya no fue solamente por la famosa “cuarta urna”, es decir, por un referéndum para una constituyente (otra vez la constituyente), sino que también tuvo como causa central una base militar de Estados Unidos, en Soto Cano. Zelaya quería terminar el uso estadounidense de la base que es una de las más importantes para las operaciones militares de Estados Unidos en la región. Hoy, con Porfirio Lobo como pseudopresidente, la base continúa en funciones.

Días después del fatídico jueves 30 de septiembre, el ex Presidente Lucio Gutiérrez se desligó de los acontecimientos. Lo cierto es que durante el intento de golpe a Rafael Correa, el militar (que participó en un golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Jamil Mahuad) declaró en una entrevista televisada que “El fin de la tiranía de Correa está cerca”, pidiendo además “disolver el Parlamento y llamar a elecciones presidenciales anticipadas”.

El Presidente Correa denunció luego que personas vinculadas a Gutiérrez estaban infiltradas en los grupos de policías que provocaron el caos. Gutiérrez, quien se encontraba en Brasil, es un conocido aliado del ex Presidente George W. Bush. Días después de asumir la presidencia en Ecuador en 2003, Gutiérrez fue recibido por Bush en la Casa Blanca. El presidente estadounidense declaró en aquel momento que Gutiérrez era “El mejor aliado y amigo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.

Poco después, Gutiérrez autorizó a las fuerzas armadas estadounidenses el uso pleno del territorio ecuatoriano para sus operaciones militares. También se subordinó a los intereses de multinacionales y petroleras estadounidenses buscando explotar las reservas ecuatorianas.
Cuando Gutiérrez fue derrocado en una rebelión popular en 2005, y brevemente encarcelado por corrupción, Washington no le quitó su apoyo. Desde entonces, Gutiérrez ha mantenido sus vínculos con la derecha estadounidense, y lo siguen apoyando para que regrese al poder.

A su vez, por lo menos uno de los tres coroneles arrestados en Ecuador, entre otras cosas por intento de asesinato del Presidente Correa, hizo sus estudios en la siniestra academia militar norteamericana llamada “Escuela de las Américas” para un entrenamiento activo. Las fuerzas de seguridad en Ecuador que participaron en el golpe también han sido penetradas por las agencias estadounidenses. Su embajadora Heather Hodges fue enviada a Ecuador en 2008 por el entonces Presidente George W. Bush. Anteriormente, estuvo frente a la Oficina de Asuntos Cubanos, como Subdirectora en 1991, división del Departamento de Estado que se dedica a promover la desestabilización en Cuba. Dos años después, fue enviada a Nicaragua, para consolidar la gestión de Violeta Chamorro, presidenta seleccionada por Estados Unidos luego de la guerra sucia contra el gobierno Sandinista que logró su salida del poder en 1989.

Cuando Bush la envió a Ecuador, era con la intención de sembrar la desestabilización contra Correa. La embajada logró incrementar el presupuesto para organizaciones sociales y grupos políticos que promueven los intereses de Estados Unidos, incluso en el sector indígena. La semana antes del golpe en Ecuador, los encargados de seguridad de las embajadas de Estados Unidos en Centroamérica, que el año pasado realizaron el golpe en Honduras, se movilizaron hacia Ecuador.

No caben dudas que una vez más el imperialismo metió la cola. No cabe duda que frente a la negación de subordinarse, Estados Unidos ataca. Sin embargo, gracias a la movilización popular y a que las condiciones no estaban dispuestas, el golpe de estado fracasó. La primera declaración del Departamento de Estado cuando apenas estaba comenzando el golpe, fue un simple “estamos vigilando la situación de cerca en Ecuador”. Cuando la situación estaba ya controlada, el presidente hablando a la multitud, la mayoría de gobiernos regionales nucleados en la UNASUR habían condenando al golpe y expresaron su apoyo contundente al Presidente Correa, la Secretaria de Estado Hillary Clinton emitió una declaración de tres líneas “repudiando la violencia y la violación del estado de derecho y expresando nuestro apoyo al Presidente Rafael Correa y las instituciones democráticas del país”.

La derrota del golpe en Ecuador no significa que el objetivo de acabar con el gobierno de Rafael Correa no siga en marcha. Ecuador es una pieza clave en la conspiración permanente que mantiene Washington contra los movimientos revolucionarios en América Latina. No es casual que tres años luego de su primera elección, aparezca este conato de golpe de estado contra el Presidente Correa. Seis golpes de Estado, o intentos de golpe de Estado, promovidos por Washington en América Latina han ocurrido luego del tercer año del gobierno: Chile (1970-1973); Venezuela (1999-2002); Haití (2001-2004); Bolivia (2005-2008); Honduras (2006-2009) y Ecuador (2007-2010).

Para pensar ¿no?



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