1 de julio de 2009

Enfermos de poder

LOS KIRCHNER: DERROTA ELECTORAL Y DERROTA SANITARIA

La derrota electoral es un mero reacomodamiento de piezas dentro del partido gobernante que muy lejos está de significar un cambio de políticas, y mucho menos de ideas. Pero los Kirchner no pueden seguir ignorando la situación extrema de los pequeños productores agropecuarios, que los pone de rodillas frente a los grandes pulpos exportadores de granos, y no pueden seguir mirando para otro lado cuando con toda impunidad las empresas fijadoras de precios fogonean la inflación. Por otra parte, la irrupción del virus de la gripe A puso de relieve cómo la gestión de los asuntos públicos por parte de cierta política burguesa puede ser negligentemente indiferente al sufrimiento humano. Desde un primer momento, el manejo de la epidemia fue un completo desaguisado gracias a la intromisión de las internas políticas en la gestión técnica de la salud pública.

Por Marcelo R. Pereyra

EL PERONISMO, ETAPA SUPERIOR DEL KIRCHNERISMO

De nada sirvió que se adelantaran cuatro meses las elecciones con inconsistentes e incomprensibles excusas; de nada sirvieron las candidaturas “testimoniales”; de nada sirvió el mega despliegue de proselitismo clientelístico; de nada sirvió no postergar por unas semanas las elecciones cuando la gripe A ya era una inocultable realidad: todo fue un fracaso de dimensiones inesperadas para el matrimonio presidencial. Su derrota electoral fue tan estrepitosa que abrió las puertas para el retorno de los que en realidad nunca se habían ido sino que estaban agazapados en las sombras. De repente emergieron, por “derecha”, los Duhalde y los Barrionuevo reclamando más “peronismo” y, por “izquierda”, los D’Elía reclamando más “transversalidad” al kirchnerismo.

Pongamos las cosas en su lugar: hablar de derecha e izquierda en un partido de la burguesía -el peronismo- es una operación retórica. La burguesía, por definición, adhiere a los valores del orden establecido porque es ese orden el que le permite reproducirse. Luego hay avivados que, desde posiciones políticas disímiles pero con un mismo interés por sumar adictos, se incorporan a los partidos burgueses que tienen importante carnadura en las capas populares, como el peronismo. Años ha, esta entusiasta congregación supo nuclear simultáneamente a López Regas y Firmenichs: un verdadero disparate político que Perón admitió y estimuló (hasta que se sacó la careta) sólo entendible desde una práctica política venal, desarropada ideológicamente, practicada ayer y hoy por oportunistas siempre atentos a cobijarse donde esté la masividad.

Entonces, hay que recordar que el que hoy aparece a la “derecha” de los Kirchner –Duhalde- fue el que designó a don Néstor como candidato presidencial en 2003, y que los que hoy le reclaman al kirchnerismo volver a sus fuentes “transversales” son los que apañaron y admitieron la alianza de los gobiernos K con el capo mafia Hugo Moyano. Téngase presente también en este sentido que numerosos funcionarios del actual y el pasado gobierno proceden de una auténtica y genuina derecha económica, como el ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández (ex colaboarador de Domingo Cavallo), o como el actual ministro de Economía, Amado Boudú, que proviene del CEMA, un aristocrático grupo de economistas neoliberales.

En consecuencia lo que ha producido la derrota electoral es un mero reacomodamiento de piezas dentro del partido gobernante que muy lejos está de significar un cambio de políticas, y mucho menos de ideas. Precisamente, el “campo” y los sectores medios urbanos castigaron en las urnas al gobierno por persistir con tozudez en políticas que indiscutiblemente los vienen perjudicando desde que se terminó la época de las vacas gordas. No se puede seguir ignorando la situación extrema de los pequeños productores agropecuarios, que los pone de rodillas frente a los grandes pulpos exportadores de granos, y no se puede seguir mirando para otro lado cuando con toda impunidad las empresas fijadoras de precios fogonean la inflación. En los sectores populares suburbanos, tan o más perjudicados que los anteriores, se votó por Kirchner con la mística del peronismo histórico y con el convencimiento que posibilita el generoso derroche preelectoral de los intendentes K.

El futuro inmediato luce confuso. Es difícil predecir el ánimo social. Está claro que hubo una mayoritaria intención de sancionar al gobierno, pero ¿hay disposición para pensar en un cambio de rumbo? ¿Hay realmente preocupación social por temas cruciales como la extranjerización de la economía o la explotación irracional de los recursos naturales? ¿Todo se soluciona con un cambio de nombres en el elenco ministerial? Algo sí parece más seguro: los Kirchner han perdido poder y tendrán que negociar. El problema es qué están dispuestos a negociar y quiénes serán sus interlocutores: los dirigentes sociales de base o los dirigentes empresariales.

ENGRIPADOS Y ENGRUPIDOS

La irrupción del virus de la gripe A en la Argentina puso de relieve cómo la gestión de los asuntos públicos por parte de cierta política burguesa puede ser negligentemente indiferente al sufrimiento humano. El manejo de la epidemia desde un primer momento fue un completo desaguisado gracias a la metida de cola de la política gubernamental en la gestión técnica de la salud pública. ¿Cuál fue el beneficio de la aparatosa y promocionada instalación de un hospital de campaña y de las cámaras especiales que detectaban personas con alta temperatura en el aeropuerto de Ezeiza? ¿Por qué no se condujo centralizadamente la problemática? ¿Por qué tanta confusión y directivas contradictorias en distintas jurisdicciones? ¿Por qué no se admitió antes de las elecciones que la difusión griposa era importante, y consecuentemente, por qué se decidió a pesar de ello llevar las elecciones adelante? ¿Por qué la ex ministra Ocaña no renunció antes de las elecciones y por qué no denunció que no le llevaban el apunte en el gobierno cuando ella pedía más apoyo? ¿Por qué se tergiversaron y se manipularon las cifras de muertos e infectados, de la misma manera en la que se tergiversan y manipulan las cifras que suministra el INDEK? ¿Por qué no se declaró todavía la situación de emergencia sanitaria, y por qué no se hizo lo propio en su momento con respecto al dengue?

¿Por qué si estamos en riesgo de engriparnos además nos engrupen con mentiras y ocultamientos?

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Las huellas del pasado

GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

Altos mandos militares, conjuntamente con sectores de la Justicia y de la Iglesia, llevaron adelante en Honduras un golpe de estado a la vieja usanza. El motivo: no toleraron la participación del pueblo en una consulta no vinculante sobre la posibilidad de una asamblea constituyente.
Por Marcelo J. Levy


Otra vez, aunque de a poco nos habíamos desacostumbrado, los sectores más reaccionarios y conservadores vuelven a salir a la luz. Esta vez le tocó a Honduras, un país con 8 millones de habitantes erigido hoy en un hervidero que marcará, en algún aspecto, ejemplos para otros países de la región.

El gobierno usurpador encabezado por Roberto Micheletti, esgrime una “legalidad” del golpe de estado por una presunta violación a la Constitución. Pero hagamos un raconto de los sucesos. El domingo 28 de junio en horas de la madrugada, cuando el pueblo hondureño se disponía a ejercer su voluntad democrática en una encuesta con carácter de consulta promovida por el Presidente de la República Manuel Zelaya Rosales para profundizar la democracia participativa, un grupo de uniformados con capuchas que afirmó recibir ordenes del Alto Mando de la Fuerza Armada, asaltó la residencia del Presidente Zelaya para secuestrarlo, desaparecerlo por unas horas y luego expulsarlo violentamente de su Patria.

Inmediatamente, el pueblo de Honduras reaccionó y se volcó a las calles de las distintas ciudades y pueblos de Honduras. A primeras horas de la mañana, centenares de mesas electorales recibieron a miles de mujeres y hombres que asistieron a ejercer su derecho al voto, y al ser informados del secuestro de su Presidente, comenzaron a repudiar el golpe de Estado, dando un ejemplo de heroísmo al enfrentar desarmados los fusiles y los tanques.

Medios alternativos y Telesur fueron los únicos que lograron romper el silencio nacional e internacional que quiso imponer la dictadura al cerrar el canal del Estado y cortar el suministro eléctrico, buscando esconder y justificar el golpe de estado ante su pueblo y la comunidad internacional, y demostrando una actitud que recuerda la peor época de dictaduras que se vivieron en el siglo veinte en nuestro continente.

Entre viajes de San José a Washington luego a Managua y otra vez a San José, Manuel Zelaya todavía no ha vuelto a Tegucigalpa. Aquellos que discursivamente apoyan el gobierno constitucional y abogan por el retorno a sus funciones del presidente poco y nada han hecho. Y Mucho menos esperar algo de Estados Unidos que aparece repudiando el golpe, pero no cortan los créditos para no perjudicar “a la población hondureña”. Incluso su base militar en Soto Cano ha servido por años como foco para la violación de los derechos humanos en Honduras y otros países centroamericanos y para agredir a otros gobiernos. Esa base ha moldeado el carácter golpista del ejército hondureño. Los acontecimientos actuales demuestran que esa base no debe funcionar más y menos en las actuales circunstancias en que se encuentra bajo la tutela de los golpistas. La Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Esta base está a sólo 97 kilómetros de Tegucigalpa. Es la base de tarea conjunta " Bravo " (JTF-B) integrada por efectivos del ejercito, las fuerzas aereas, fuerzas de seguridad conjunta y primer Batallón Regimiento nº 228 de la aviación yanqui.Tiene seiscientos efectivos, dieciocho aviones de combate. Ha sido operativa desde el año 1981, cuando fue activada por los yanquis durante la administración de Ronald Reagan. En los años ochenta la base fue utilizada por el Coronel Oliver North, como base de operaciones para la "Contra". El Comandante de la Aviación de Honduras General Luis Javier Price Suazo estudió en la Escuela de las Américas en 1995. El jefe del Estado Mayor Conjunto el General Romero Vásquez, destituido por Zelaya el día 24 de Junio, y luego ACTOR PRINCIPAL DEL GOLPE, también estudió en la escuela de las Américas. Estos datos sobre la base aérea Soto Cano intentan echar luz sobre la injerencia y responsabilidad norteamericana.

La Organización de Estados Americanos (OEA) actuó también tardíamente. Unos días antes del golpe debía haber estado en Honduras, como lo reclamó el presidente Zelaya. El Secretario General, José Miguel Insulza si bien intimó a los golpistas, su eficacia deja mucho que desear, más a sabiendas de que la OEA cuando quiere actuar actúa, y sobre todo si de golpes de estado se trata.

Sin perjuicio de lo hecho por los Jefes de Estado y de los organismos multilaterales, el valiente pueblo de Honduras ha hecho y sigue haciendo presencia diaria, pacífica y multitudinaria en las calles exigiendo el regreso del presidente que han elegido de manera democrática y soberana.

En estas horas el presidente de Costa Rica Óscar Arias se estableció como mediador. Manuel Zelaya dijo en virtud de un encuentro que se realizará entre él y Micheletti "se ha creado en Costa Rica un régimen de excepción: recibir a un criminal que ha golpeado a nuestro pueblo y ha golpeado los derechos de nuestra democracia, recibirlo aquí y no capturarlo, porque que ha violado todos los procedimientos de ley en el mundo y en el derecho internacional. El mundo lo ha condenado, no Honduras, incluyendo los pueblos de Costa Rica", recalcó Zelaya.

Y no se ha equivocado. El mundo repudia el golpe de estado y los medios lo defienden. Quieren hacernos creer que fue en legítima defensa de la Constitución y que se llamará a elecciones a fin de año. Terrible antecedente para las democracias del mundo. Creer que es válido que se intervengan gobiernos democráticamente elegidos para poner orden. Máxime si tomamos en cuenta que la cuarta urna era una compulsa no vinculante.

Han pasado varios días y Manuel Zelaya todavía no ha vuelto a Honduras. Como siempre, somos los pueblos los que vamos a poder cambiar la historia y el hondureño lo esta haciendo. Hay que seguir dando lucha hasta el retorno de Manuel Zelaya al ejecutivo hondureño. ¡Viva el pueblo de Honduras!

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Los costos del neoliberalismo

PERÚ: ALAN GARCÍA PROVOCA UNA MASACRE INDÍGENA PARA APLICAR EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS

Con la Masacre de Bagua quedó en evidencia de lo que es capaz de hacer el presidente del Perú para aplicar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y facilitar el acceso a las tierras y recursos de la Amazonía a los grandes capitales internacionales: 200 indígenas fueron masacrados por protestar contra decretos que permitían la explotación gasífera, petrolera y maderera de sus territorios ancestrales.

Por Hernán L. Giardini


Perú negoció en mayo de 2004 un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, un acuerdo comercial de carácter vinculante y cuyos objetivos son el eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y servicios y favorecer la captación de inversión privada. El mismo incorpora, además de temas comerciales, temas económicos, institucionales, de propiedad intelectual, laborales y medioambientales, contrataciones públicas, servicios, políticas de competencia y solución de controversias, entre otros.

Así, el TLC entre Perú y EE.UU. fue suscripto el 8 de diciembre de 2005 en Washington y ratificado por Perú el 29 de junio de 2006. El Congreso de Estados Unidos le dio forma definitiva el 4 de diciembre de 2007.

Lo cierto es que el TLC entre ambos países entró en plena vigencia el 1º de febrero de 2009 luego de que el George Bush, el entonces presidente de los Estados Unidos, firmara su implementación el 16 de enero de 2009 en Washington, el mismo día en que el Presidente Alan García lo hiciera en Lima.

Pocos días después el presidente peruano Alan García aprobó una serie de decretos sobre la tierra y el medio ambiente, con el objeto de adaptar el TLC con Estados Unidos a la legislación peruana. Los mismos regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva amazónica peruana, incluidos los recursos gasísticos, petroleros y madereros.

La concesión de explotación petrolera en la región (que tiene el tamaño de Puerto Rico) le pertenece a un consorcio transnacional conformado por la compañía canadiense Talisman Energy, que cuenta con una mayoría accionaria del 40%; mientras que la española Repsol y la brasileña Petrobras tienen 30% cada una.

Perú es uno de los doce países con mayor riqueza biológica a nivel mundial y su Amazonía es una de las áreas de mayor diversidad biológica en el planeta. Sin embargo, más del 70% de su superficie está dividida en concesiones otorgadas para exploraciones y explotaciones petrolíferas y gasíferas. Hay en Perú aproximadamente un centenar de compañías mineras y extractivas y otros 600 proyectos en marcha.

Pero los decretos firmados por Alan García fueron tajantemente rechazados por más de 65 etnias indígenas. Las comunidades denunciaron que los decretos oficiales abrían las puertas a la explotación y al control de sus tierras ancestrales por grandes empresas transnacionales, y al deterioro de los cursos de agua y de la biodiversidad amazónica.

Las comunidades indígenas, con razón, señalaron que con dicha legislación se contravenía su derecho a la consulta, contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que suscribió Perú. El estado peruano reconoce en la zona amazónica a unos 400.000 indígenas que viven en unas 12 millones de hectáreas tituladas.

Además, los pueblos indígenas alegaron que con la implementación de dichas normas se violenta su derecho a la vida. Por esta razón, iniciaron en abril pasado una protesta con bloqueos de rutas y ríos, y tomas de instalaciones petroleras, para conseguir la derogación de los mismos.

Tras casi dos meses de movilizaciones sin respuesta, Alan García dio la orden de reprimir. Y en la madrugada del 5 de junio más de 600 policías fueron enviados para dispersar por la fuerza a los miles de indígenas que protestaban. Una actitud autoritaria e irresponsable, sino perversa, porque el presidente sabía que esas acciones iban a generar resistencia y seguramente víctimas entre ambas partes enfrentadas.

Los policías peruanos reprimieron sin remordimientos a los nativos en Bagua, en una zona conocida como la Curva del Diablo. El gobierno aseguró, tres días después de los hechos, que había once indígenas y 23 policías muertos. Lo cierto es que más de 200 indígenas fueron masacrados y la mayoría de sus cuerpos arrojados al río para intentar ocultar la barbarie.

Luego vino el repudio de organizaciones sociales, obreras, estudiantiles y de maestros, que confluyeron en una multitudinaria marcha en Lima exigiendo justicia ante la masacre y la inmediata derogación de los decretos.

Así, el presidente Alan García dio marcha atrás y pidió al Congreso la derogatoria de los decretos 1090 y 1964, que el Parlamento derogó inmediatamente.

Con la Masacre de Bagua quedó en evidencia de lo que es capaz de hacer el presidente del Perú para aplicar el TLC y facilitar el acceso a las tierras y recursos de la Amazonía a los grandes capitales internacionales.

Pero esto que sucedió en Perú es tan sólo una muestra de un problema que se ha extendido a toda América Latina: la explotación del subsuelo y la devastación del medio ambiente en detrimento de los pueblos originarios y de la biodiversidad.

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Libertad de expresión vs. vigilancia en la era digital

LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS NUEVAS FORMAS DE CONTROL SOCIAL

Las herramientas de comunicación masiva, que en una época ocuparon sectores enteros de gobiernos y empresas, ahora son del tamaño del bolsillo. Los teléfonos celulares pueden filmar y enviar los videos a Internet mediante conexión inalámbrica. La gente puede enviar relatos de testigos, fotos y videos con sólo pulsar unas teclas, a miles y hasta millones de personas mediante los sitios de las redes sociales. A medida que se desarrollaron estas tecnologías, también se desarrolló la capacidad de vigilarlas, filtrarlas, censurarlas y bloquearlas.
Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)

Un informe del Wall Street Journal publicado esta semana, indicó que “El régimen iraní ha desarrollado, con la ayuda de empresas de telecomunicaciones europeas, uno de los mecanismos más sofisticados de control y censura de Internet del mundo, que le permite examinar el contenido de comunicaciones electrónicas individuales a escala masiva”. El artículo menciona a Nokia Siemens Networks como el proveedor de equipamiento capaz de realizar la “inspección exhaustiva de paquetes de datos” (DPI, por su sigla en inglés). La DPI, según el Centro de Información sobre la Privacidad Electrónica (EPIC, por sus siglas en inglés), “permite a los proveedores de servicios de Internet interceptar prácticamente toda la actividad de Internet de sus clientes, como los datos de navegación en Internet, el correo electrónico y las descargas de intercambio de archivos ’peer-to-peer’”.

Nokia Siemens negó la afirmación, diciendo en un comunicado de prensa que la empresa “proporcionó a Irán la tecnología para la Intercepción Legal únicamente para monitorear llamadas telefónicas locales”. Es justamente la cuestión de qué es legal, la que debe abordarse. “Intercepción legal” significa que la gente puede ser vigilada, ubicada y censurada. Es preciso que se adopten normas mundiales que protejan la libertad de comunicarse y discrepar.

China tiene un sistema muy sofisticado de vigilancia y censura en Internet, conocido como “la Gran Muralla de Fuego China”, que atrajo mucha atención antes de los Juegos Olímpicos de 2008. Un documento filtrado en una audiencia de derechos humanos del Senado de Estados Unidos implicó a Cisco, un fabricante de routers de Internet con sede en California, en la comercialización de tecnología al gobierno chino, para adaptarse a las metas de vigilancia y censura. El gobierno chino ahora exige que todas las computadoras vendidas después del 1° de julio de 2009 incluyan el software denominado “Green Dam” (Represa Verde, en español), que los críticos dicen que le dará aún más poder al gobierno para vigilar el uso de Internet.
Josh Silver, Director Ejecutivo de Free Press, un grupo de política de medios, dice que las acciones de Irán y China deberían alertarnos sobre cuestiones de vigilancia interna en Estados Unidos. Silver me dijo: “Esta tecnología que monitorea todo lo que circula a través de Internet es algo que funciona, está disponible, y no hay legislación en Estados Unidos que impida que el gobierno estadounidense la utilice. Es de público conocimiento que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), durante el gobierno de Bush, durante los últimos siete, ocho años, desde el 11 de septiembre en particular, le solicitó a las principales empresas proveedoras de Internet, en particular AT&T y Verizon, que usaran componentes tecnológicos fabricados por algunas de estas empresas, como Cisco, que harían lo que acabo de describir, que escucharían para vigilar el contenido que circulaba en Internet y en las líneas telefónicas en todo el país”. Este equipamiento fue la columna vertebral del programa de “escuchas telefónicas sin orden judicial”.
Thomas Tamm fue el abogado del Departamento de Justicia que denunció el programa. En 2004, llamó a New York Times desde un teléfono público del subte y le contó al periodista Eric Lichtblau sobre la existencia de un programa secreto de vigilancia a nivel nacional. En 2007, el FBI allanó su casa y confiscó tres computadoras y archivos personales. Aún afronta un posible procesamiento.
Tamm me dijo: “Creo que puse a mi país primero (…) Tenemos un procedimiento legal en vigencia a través del tribunal de la FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) para permitir las escuchas telefónicas legales de estadounidenses que van al extranjero. Se debe poder demostrar causa probable de que quizá están vinculados al terrorismo, pero esa no es una dificultad para el gobierno. Y estoy convencido de que muchos más estadounidenses fueron sometidos ilegalmente a escuchas telefónicas de lo que sabemos. No sabemos lo que se hizo con esa información. Y apenas cuando empezamos a enterarnos de cuántas personas fueron torturadas a nombre nuestro, también nos vamos enterando de a poco sobre el alcance de las escuchas telefónicas. Lamentablemente, debo decir que no me sorprende, porque el gobierno no estaba cumpliendo la ley cuando hablé con el New York Times y, aparentemente, no la están cumpliendo ahora tampoco".
El programa de escuchas telefónicas sin órdenes judiciales fue considerado ilegal por una amplia mayoría. Luego de haber cambiado abruptamente de posición en la mitad de su campaña, el entonces senador Barack Obama votó junto con la mayoría del Congreso para otorgar a las empresas de telecomunicaciones, como AT&T y Verizon, inmunidad retroactiva de ser procesadas. El New York Times recientemente informó que la NSA tiene una base de datos llamada Pinwale, con millones de correos electrónicos interceptados, incluso algunos del ex Presidente Bill Clinton.
En una reciente audiencia del Senado, el senador Russ Feingold le preguntó al Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, si creía que el programa original de escuchas telefónicas sin orden judicial era ilegal.
El senador Russ Feingold dijo: “Ahora que es Fiscal General; ¿tiene alguna duda sobre la ilegalidad del programa de escuchas telefónicas sin orden judicial?”.
Eric Holder respondió: “Creo que el programa de escuchas telefónicas sin orden judicial, con las características que tenía en ese momento, fue ciertamente desacertado, ya que se implementó sin aprobación del Congreso”.
El senador Feingold preguntó: “¿Pero cree que fue ilegal?”
Holder respondió: “Bueno, como ya dije, no se ajustaba a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y era desacertado como política”.
Los disidentes en Irán y China permanecen firmes a pesar de la represión, que es posibilitada, en parte, por los equipos de empresas estadounidenses y europeas. En Estados Unidos, el gobierno de Obama está siguiendo un camino peligroso en relación con los programas de espionaje de la era Bush, que deberían ser suspendidos y puestos a consideración de la justicia, en lugar de ser ampliados y defendidos.

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Amy Goodman es presentadora de Democracy Now. www.democracynow.org
Denis Moynihan colaboró en la investigación de esta columna.
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Agricultura urbana en Rosario

LA GRAN METRÓPOLI SANTAFESINA CUENTA CON 800 HUERTAS URBANAS COMUNITARIAS QUE INVOLUCRAN A MÁS DE 10.000 PERSONAS

Rosario es una de las ciudades argentinas con mayor presencia de huertas urbanas y lleva la vanguardia en su difusión y desarrollo. La gran metrópoli santafesina cuenta actualmente con 800 huertas urbanas comunitarias. Y Más de 10.000 personas están involucradas en los diversos procesos que cubre la actividad, los cuales incluyen desde la siembra hasta la venta de los productos en ferias que se organizan en seis puntos de la ciudad con el apoyo de la Municipalidad. Las huertas representan una fuente de empleo y constituyen un camino para paliar las necesidades económicas. A su vez, los consumidores destacan la calidad de los productos por su mayor sabor, conservación y presentación.

Por Martín Flores

No es un fenómeno nuevo. Se trata de un largo proceso de transformación y adaptación a los nuevos contextos del país.

En Argentina, las huertas urbanas comenzaron a aparecer hacia la década de 1980, de la mano de la revolución verde y en contraposición al comienzo de la agresiva producción con agroquímicos. Numerosas personas empezaron a sembrar el fondo de su casa, en espacios comunitarios o en terrenos abandonados, con la simple idea de vincularse a la tierra y autogestionar su sustento, y con la convicción de generar alimentos sanos, frescos y naturales, libres de venenos.

Rosario es el polo productivo más importante de la provincia, y en esa condición fue severamente golpeado por la recesión económica de los '90. El quiebre de numerosas empresas y el cierre de otras tantas fábricas provocaron la desaparición de miles de puestos de trabajo e incrementaron la cantidad de familias con las necesidades básicas insatisfechas. Ante esta situación, el INTA puso en marcha el programa nacional Pro-Huerta, destinado a paliar la situación de los sectores más vulnerables de la población, mediante la distribución de insumos y recursos necesarios para facilitar el comienzo del emprendimiento. Así fueron surgiendo huertas comunitarias en diversos espacios, generalmente tierras no construibles.

En los años sucesivos, la situación del país se fue agudizando y Rosario reveló una drástica tendencia de pauperización y emergencia social. Luego del tensionante 2001 y el consecuente estallido social, la situación se hizo insostenible. Fue entonces, en febrero de 2002, cuando la presión popular obligó a implementar nuevos planes de integración y la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad debió instrumentar, en convenio con el Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas (CEPAR) y el Programa Pro-Huerta del INTA, el Programa de Agricultura Urbana, con el propósito de implementar y promover formas participativas e incluyentes de producción y comercialización de alimentos sanos. Este plan dio un considerable impulso a una actividad que ya se encontraba en creciente aumento. La Municipalidad comenzó a repartir materiales para que las personas pudiesen iniciar emprendimientos de huertas urbanas, y además ofrecía cursos de capacitación sobre agricultura orgánica, cuyos cursantes transmitían los conocimientos entre los vecinos.

Durante la profunda crisis económica de 2002, numerosas familias vieron en la huerta un recurso que les permitiría autosustentarse y paliar la situación. Ese año la ciudad de Rosario alcanzó el número de 450 huertas comunitarias, las cuales incluían a 6000 familias. Pero la actividad siguió creciendo. Con la devaluación y el retorno de la competitividad de los precios nacionales en el mercado mundial, el campo se reactivó y muchos empresarios que antes utilizaban los olvidados latifundios para especulaciones financieras, se volcaron a la producción agrícola y avanzaron coercitivamente sobre los trabajadores rurales. Los campesinos se vieron acosados por diversos frentes: mafias privadas y públicas presionaron para que se vayan, y las familias que no pudieron resistir el desalojo en el campo, al llegar a la ciudad intentaron conservar la única forma que conocían de proveerse el alimento. Armaron la huerta y desarrollaron su propio emprendimiento de agricultura urbana.

En la actualidad, las huertas urbanas de Rosario continúan su expansión y constituyen un recurso fundamental para miles de personas que las sostienen con gran esfuerzo. La mayor proporción de beneficiarios son desocupados, el 15% son mujeres a cargo del hogar, mientras que el 12 % son jubilados. El 68% de las huertas son urbanas o suburbanas, y sólo el 32 % son rurales.
En sólo cinco años, el programa pasó de ser un proyecto piloto a convertirse en una actividad destacada capaz de demostrar que si hay voluntad política los gobiernos municipales pueden integrar la agricultura urbana al planeamiento urbano.
Los talleres de difusión y capacitación continúan asesorando a quien desee comenzar un emprendimiento propio. Y en ocasiones se expropian terrenos que no pagan impuestos para desarrollar en el lugar proyectos de agricultura urbana.
Una hectárea utilizable es capaz de sustentar a tres familias, y puede generar incluso un excedente comercializable. Además, los agricultores urbanos reciben del INTA frutales, gallinas y otros animales de granja para complementar y diversificar la producción. Los huerteros también cultivan flores y plantas medicinales que pueden redituar cierta ganancia. Algunos también elaboran cosméticos con aloe, bardana y ortiga, ingredientes naturales que cultivan en sus huertas.

El área crece y logra convocar a cada vez más gente, mediante planes de inclusión social y la promoción de la tenencia segura de terrenos fiscales vacantes para su uso productivo. Además se está poniendo en marcha uno de los proyectos soñados: el primer parque huerta "Molino Blanco", ubicado en un barrio sureño. Éste es uno de los seis parques huerta previstos por el Programa de Agricultura Urbana, que consta de una atractiva propuesta consistente en integrar la huerta a reservas, parques y barrios de la ciudad. En este caso, Molino Blanco dispone de 3 hectáreas y ha renovado la urbanidad del barrio en un plan de mejoramiento que incluye la remodelación de espacios verdes, construcción de viviendas y el reacondicionamiento colectivo de espacios productivos. Allí, 45 familias trabajan la tierra, junto a otras organizaciones sociales.
Debido a la demanda de sus productos, los horticultores urbanos han aumentado la producción y el Programa de Agricultura Urbana amplió su alcance.
La ONU (Organización de Naciones Unidas) ha reconocido esta política urbano-ambiental entre las "diez mejores prácticas del mundo para mejorar las condiciones de vida".

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