7 de diciembre de 2012

Lo dicho y lo no dicho


PRENSA Y PODER: VERDADES Y MENTIRAS

En un país de América Latina un poderoso grupo multimedios y un gobierno mantienen una armónica relación matrimonial durante varios años. Pero súbitamente se desencadena una ruptura motivada por razones de peso(s). Y comienza una batalla nunca vista, que ya dura tres años, entre un gobierno y un grupo empresarial. El grueso de la sociedad mira la querella entre los ex amigos un poco con curiosidad y un poco con indiferencia. Es que esta no es su batalla. Tiene otras que librar y no son poca cosa.

Por Marcelo R. Pereyra

TODA RELACIÓN ENTRE LA REALIDAD Y LOS HECHOS QUE SE VAN A RELATAR A CONTINUACIÓN TAL VEZ SEA UNA COINCIDENCIA, O TAL VEZ NO

Buena parte del escenario político y mediático de las últimas dos semanas estuvo ocupado por el conflicto judicial que enfrenta al gobierno de un país latinoamericano con un grupo empresario nacional de medios, acerca de la implementación de una ley destinada a regular el funcionamiento y la propiedad de los medios audiovisuales. Después de sostener una relación más que amable con el grupo durante seis años, un día el gobierno decidió que aquel había crecido mucho, que controlaba demasiados medios, y que ello atentaba contra la “pluralidad de voces”. Decretó entonces que era necesaria una reglamentación que limitara la cantidad de medios que podía tener cada grupo empresarial. Además, la norma debía obligar a los grupos ya excedidos en cantidad de licencias a desprenderse de algunas de ellas para estar a derecho.  Así, inopinadamente, el gobierno transformó al que había sido su aliado en su principal enemigo. Las razones que lo llevaron a tomar tan drástica y osada determinación tendrían que ver con un conflicto de intereses entre el grupo enemigo y otro poderoso grupo empresarial extranjero en torno al multimillonario negocio del “triple play”, una herramienta técnica que permite vender en un único paquete servicios de telefonía, televisión e Internet.  En esta trifulca, por razones que se desconocen, el gobierno decidió favorecer al grupo extranjero, y de este modo el grupo nacional, que históricamente se caracterizó por ser un experto en capear tormentas políticas y en acomodarse donde mejor da el sol, dejó a un lado su proverbial táctica negociadora y se dispuso a dar batalla.

De allí en más se desató un aquelarre que ya lleva tres años de duración, pues cuando la ley fue sancionada, el grupo ex aliado interpuso un recurso de amparo solicitando que se declarara inconstitucional el artículo que lo obligaba a “desinvertir”. Hasta el momento, y después de innumerables y complejas vicisitudes procesales, ese amparo tiene vigencia. Repasando la historia de la región de los últimos cincuenta años no se verifica que un gobierno, civil o militar, haya sostenido un enfrentamiento de semejante calibre y duración con ninguna clase de conglomerado empresarial.

Cada uno de los bandos declara que es víctima inocente de las pérfidas acciones del otro, a las que les asignan tal gravedad y dramatismo que, sostienen, están en juego valores como la libertad de expresión, la democratización de la palabra y la voluntad popular. Es decir que los dos han construido sendos relatos de fuerte retórica épica en los que se auto asignan el doble papel de mártires y héroes.

DIFERENTES PERO IGUALES

Exceptuando a los funcionarios, los empresarios de medios, los periodistas, los militantes políticos y los comunicólogos, el resto de la sociedad asiste a esta pretendida epopeya entre curiosa e indiferente. Curiosa porque, acostumbrada a consumir medios de comunicación sin preguntarse por sus intenciones políticas y/o intereses comerciales, intenta descifrar en qué reside la malignidad que el gobierno le atribuye al grupo empresario. Funcionarios y periodistas afines al oficialismo se refieren a él utilizando palabras como “hegemónico” y “monopolio”. Palabras que no se escuchaban en América Latina desde los años ’70 y que la sociedad sospecha que son cosas muy malas, aunque no sepa con precisión qué quieren decir y si efectivamente le caben al grupo enemigo del gobierno. Tampoco sabe muy bien qué es la “pluralidad de voces”, pero intuye que consiste en que otras personas puedan acceder a señales de radio y televisión.

No obstante, nadie se ha preocupado por explicar el hecho de que “muchas voces” no es necesariamente equivalente a “voces diferentes”. Quienes podrían representar la verdadera diferencia son algunos de los medios llamados alternativos, populares o comunitarios. Su presencia en el espectro de frecuencias y legitimidad de acción está contemplada en la ley, pero a tres años de su promulgación no se ha dado un solo paso para efectivizarla. A pesar de haberla proclamado a los cuatro vientos, esta no es la preocupación principal del gobierno: en verdad está más ocupado en planear a qué otros empresarios les cederá las licencias que el grupo enemigo debería resignar si algún día termina de resolverse el entuerto judicial. Pero de ocurrir esa circunstancia, el grupo todavía no ha explicado fehacientemente por qué quedaría lesionada la libertad de expresión.

Como quiera que sea, la mayor parte de la sociedad ya ha detectado que la batalla entre el grupo y el gobierno no es la suya, de ahí su indiferencia. Es que hay otras batallas que le son propias y debe afrontarlas. Ahí está, por ejemplo, la vieja disputa por poder capturar una mayor parte de la renta que produce el país. De allí que se repitan ad infinitum los conflictos salariales. También los trabajadores jubilados pretenden que se mejoren sus ingresos. Vastas franjas de la población están peor: no tienen trabajo fijo o en blanco, o directamente están desocupadas. Todavía hay en ese país demasiada pobreza pese a las promesas gubernamentales de mayor inclusión social y a todas las políticas asistencialistas que construyen sujetos rehenes de la beneficencia oficial.

Al que le quepa el saco, que se lo ponga.

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Antes y después del 7D somos comunicación


DOCUMENTO DE LA RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS

Cuando las agendas mediáticas ponen sus miradas en el 7 de diciembre, desde la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) consideramos que no hay que centrar el debate de la democratización de la comunicación, de la diversidad y la pluralidad, en torno a un solo artículo de la ley.  Porque si hiciéramos eso clausuraríamos la reflexión, reduciéndola a la actual puja polarizada y binaria entre empresarios de medios con la misma lógica. Estaríamos desconociendo que democratizar es mucho más que desinvertir. En este sentido reafirmamos nuestra histórica posición antimonopólica y desconcentradora.

Por Red Nacional de Medios Alternativos

Desde la RNMA  entendemos que la desconcentración no es el único paso para multiplicar las voces. La adecuación de los monopolios mediáticos a la nueva ley no garantizará por sí sola la democratización de la comunicación. Además, si las corporaciones actuales fueran sustituidas por otros grupos que concentraran discursos, sean privados o estatales, el objetivo no se habrá cumplido. La desconcentración es solo un paso, pero no el único. 
 
Creemos que es NECESARIO  garantizar la MULTIPLICIDAD DE VOCES pero también  la MULTIPLICIDAD DE DISCURSOS. Y esto  sólo se puede lograr con el reconocimiento de la identidad de los medios populares, alternativos y comunitarios y su legalización. 

Consideramos que la aplicación solamente del artículo 161, no traerá la democratización de la comunicación porque:
 
La transferencia de licencias  que excedan del tope que marca la ley será entre privados que las mismas corporaciones definan a través de un plan de adecuación aprobado por la AFSCA.

No liberará espectro que pueda llegar a engrosar el 33% que la ley define como reserva obligatoria para las entidades sin fines de lucro, dentro de las cuales se encuentran nuestros medios.

EL 7D se iniciará el proceso de desconcentración de los grandes grupos. Sin embargo, no se solucionarán muchas de las exigencias que le impone la ley a nuestros medios y que se han transformado en trabas para la legalización de los mismos.

Solamente estamos hablando de un proceso que afectará a 500 licencias de las 5000 que,  según el presidente de la AFSCA,  existen en todo el país.

El 7D no democratizará la distribución de la pauta publicitaria, que hoy es entregada en forma discrecional y con alta concentración, a los grupos de medios que suscriben el actual proyecto de gobierno.


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Formosa: La democracia ausente

LOS ATROPELLOS DEL ESTADO CONTRA LA COMUNIDAD QOM LA PRIMAVERA


Una beba qom y su abuela murieron luego ser atropelladas por un gendarme. Ambas son de la comunidad La Primavera. Denuncian que “no fue un accidente” y apuntan a la disputa por el territorio. Los derechos humanos nunca llegan a los pueblos indígenas.

Por Darío Aranda

Lila, de 10 meses, y Celestina, su abuela, de 49 años. Las nuevas víctimas que se suman a la lista de asesinatos indígenas. Ambas fueron atropelladas por un gendarme el domingo a la siesta, en la ruta 86, Formosa. Celestina murió en el momento, sobre el asfalto. Lila falleció el mediodía de ayer. Ambas qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), el epicentro de la represión desde hace dos años, cuando decidieron hacer respetar sus derechos y no alinearse al gobernador Gildo Insfrán. Ricardo Coyipé, también atropellado, denunció que “no fue accidente, lo hizo a propósito” y precisó que el gendarme –lejos de auxiliarlo– lo pateó en el piso y amenazó para que no realice la denuncia. Coyipé es un reconocido defensor de los derechos qom. “Me pegó, me puteó, me dijo que era un indio de mierda. Y mi nietita estaba ahí, agonizando”, denunció Coyipé. La comunidad aseguró que el trasfondo es la disputa territorial.

Ricardo Coyipé había ido con su familia a Misión Tacaglé, donde había una ceremonia religiosa (como muchos qom, son evangelistas). A las 16 comenzó el regreso. Manejaba sobre la ruta 86, cuando un auto lo golpeó por detrás. Su esposa Celestina y la beba Lila volaron por el aire y cayeron sobre el asfalto. Celestina no se movió más. La beba, entre llantos, sangraba. Ricardo quedó debajo del auto. El conductor, el gendarme Walter Cardozo, descendió del vehículo, insultó a Ricardo y comenzó a golpearlo, primero con el puño, luego patadas y una exigencia: que no realice la denuncia.

“Me decía que era gendarme, que no lo iban a detener. Me decía que era un indio de mierda. También bajó el papá del gendarme, y también me pegó. Ninguno ayudó a mi nietita”, explicó ayer a la tarde, desde la comunidad, luego de dar sepultura a su esposa en el cementerio de la comunidad.

La familia Cardozo es conocida en la zona. Tenían un almacén y carnicería donde los qom eras asiduos clientes. Y arrendaban tierras a la comunidad. La relación cambió cuando, en octubre pasado, la comunidad decidió no alquilarle más tierra.
 “La policía dice que fue accidente. Es la misma policía que nos reprimió, que nos amenaza y que incendió nuestras casas. No fue accidente. Los Cardozo están enojados porque no los dejamos entrar a nuestra tierra. Y no lo vamos a dejar entrar, es nuestro derecho”, afirmó Laureano Sanagachi, “qaratagala” (segundo líder –luego de Félix Díaz–) de la comunidad.

El cuerpo de Celestina Jara estaba, ayer a la mañana, en su cama, en el mismo rancho que compartía con Coyipé. A media mañana llegó un camión municipal con el cajón. El mismo vehículo llevó a Jara hasta el cementerio de la comunidad, al lado de la laguna. Fue seguido en motos y a pie por numerosos qom.

A las 12 le dieron sepultura. Con Ricardo Coyipé aún dolorido, sin atención médica, se despidió a la abuela qom de 49 años.

“Estamos muy tristes, impotentes, con bronca”, resumió Lorena Cardín, antropóloga que desde hace once años acompaña a la comunidad. Contó que la policía de Formosa intentó responsabilizar a Coyipé. “Comenzaron a decir en la misma ruta que Ricardo estaba ebrio. Lo querían inculpar. Y Ricardo, con la esposa muerta y la nieta grave les explicaba a todos que él no tomaba. Todos sabemos que él no toma, es evangelista, ni fuma”, remarcó Cardín.

-¿Cuál es el sentimiento de la comunidad?

La antropóloga responde de inmediato. “Acá nadie duda. ‘Es por la tierra’, te dicen todos”.
Y no es casual. Desde que la comunidad se reorganizó, con Félix Díaz como “qarashe” (“líder junto a su pueblo”), la comunidad comenzó un proceso de recuperar territorios que estaban arrendados o tomados por privados. El último hito, el 15 de octubre pasado, cuando venció un contrato de arrendamiento firmado por el anterior líder (Cristino Sanabria) y la comunidad desalambró 2000 hectáreas que utilizaba un empresario ganadero.

“Es la tierra, por eso nos matan”, reiteró Sanagachi.

Media hora después de despedir a Celestina Jara, Yanina Coyipé (21 años) llamó a la comunidad con la peor noticia. Su beba, Lila, había fallecido.

Ponciano Acosta, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) la acompañaba en el hospital de Formosa Capital. “Yanina venía en otra moto, detrás de su papá y su beba, y vio todo. Algunos dicen accidentes, pero es muy llamativo, plena luz del día, sol, ruta ancha, no venía ningún auto de frente. Es más que sospechoso, siempre le toca a algún indígena que lucha”, señaló Acosta.

María Cristina López tenía 22 años. Mario García, 48. Ambos del Pueblo Wichi de Formosa, murieron en abril de 2009 durante un prolongado corte de ruta. Pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos.

El 23 de noviembre de 2010, luego de cinco meses de corte de ruta, la policía provincial reprimió a la comunidad La Primavera. Asesinaron al abuelo qom Roberto López y también murió el policía Eber Falcón. El juez Santos Gabriel Garzón cargó contra la comunidad, procesó a una decena de qom. El mismo juez, Garzón, interviene ahora por muerte de Celestina y Lila. Y ya caratuló el hecho como “homicidio culposo” (entiende que fue involuntario, y es excarcelable).
El 24 de noviembre de 2010 fue atropellado Mario López, dirigente del Pueblo Pilagá de colonia Alberdi (Formosa). Murió arroyado por un oficial de policía cuando se dirigía hacia la comunidad La Primavera para solidarizarse por la represión. Su familia denunció, y aún sostiene, que no fue un accidente, sino un atentado.

El 28 de junio pasado, a la noche, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz. Los agresores tenían armas blancas. Amenazaron con degollar a Díaz, que terminó en el hospital local con lesiones varias. En el último año, luego de poner en la agenda nacional la vulneración de derechos en la provincia, la comunidad sufrió una decena de represiones.

“Sabemos que los ataques a la familia Díaz son organizados por el gobierno de Formosa, es la nueva modalidad que han puesto en práctica desde hace meses. Es terrible hasta dónde pueden llegar. Hacemos pública la denuncia pero también decimos que no nos van a amedrentar con sus agresiones. Nosotros sólo reclamamos lo que es nuestro y pedimos justicia. No nos vamos a correr de esta postura por miedo a las agresiones que recibimos”, advirtió la comunidad en un comunicado el 30 de junio pasado.

El 9 de agosto atropellaron a Félix Díaz. Fue al mediodía en la ruta a la altura Laguna Blanca, cuando iba en ciclomotor. Siete puntos en la frente, fuertes golpes en el brazo, piernas y pecho. La camioneta que lo chocó no se detuvo. “No fue accidente. Fue por nuestro reclamo territorial. En Formosa es habitual que maten a quienes exigen sus derechos. Los responsables son el gobernador (Insfrán) y el Gobierno Nacional”, denunció en agosto ante este redactor.

El domingo 9 de diciembre, cuando en Plaza de Mayo se celebraba “el día de la democracia”, en Formosa volvió a producirse un “accidente”. Otra vez, la muerte fue para los qom.

Gildo Insfrán se mantiene en el poder de Formosa desde 1987. Fue ocho años vicegobernador y, desde 1995 es gobernador. Fue menemista, tuvo buena relación con la Alianza, fue duhaldista y kirchnerista de la primera hora.

Sólo 48 horas después de la represión de noviembre de 2010, Gildo Insfrán compartió videoconferencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue transmitida en directo por Canal 7. No hubo ni una mención a la represión al Pueblo Qom, abundaron las sonrisas y felicitaciones mutuas por la inauguración de una obra eléctrica.

En octubre de 2011, Gildo Insfrán inauguró una estatua de Néstor Kirchner. Viajó el ministro de de Planificación, Julio De Vido.

En enero de este año operaron a Insfrán de tiroides (intervención similar a la que tuvo la Presidenta). El 1 de febrero, en cadena nacional, Cristina Fernández de Kirchner lo saludó: “Quiero aprovechar para saludar al gobernador de Formosa, que de tan oficialista que es también le tuvieron que sacar la tiroides (…) Eso es para que digan que es muy oficialista, pero realmente ojalá que se mejore pronto y le mandamos un beso muy grande”.

Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) son sólo algunos de los organismos de derechos humanos que han denunciado al gobierno de Formosa.
Nunca un funcionario de primera línea repudió la represión de noviembre de 2010 ni los sucesivos hechos de violencia contra los pueblos indígenas de Formosa.

El perfil productivo de la provincia es explícito. Está plasmado en un documento público de 250 páginas llamado “Formosa 2015”, donde se detalla la preponderancia del avance del modelo agropecuario con cultivos intensivos (soja y maíz) y ganadería. Planifica pasar de las 129 mil hectáreas de 2010 a 306 mil hectáreas (incremento del 237 por ciento). Se avanzará sobre territorios campesinos e indígenas.

La Red Agroforestal Chaco Argentina, colectivo integrado por ONG y técnicos de la región, explica: “El Plan Formosa 2015 aspira a elevar la superficie productiva agrícola en la provincial, aumentando 2,5 veces la superficie productiva actual. Con este horizonte es que sólo declaró el 1 por ciento de sus bosques como área protegida (según el Ordenamiento Territorial en el marco de la Ley Nacional de Bosques)”.

En diciembre de 2011, la máxima autoridad de Naciones Unidas (ONU) en materia indígena, James Anaya, visitó la Argentina. Recorrió una decena de provincias (entre ellas Formosa). En julio pasado hizo público su informe: “Relacionado con la inseguridad jurídica de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales puede mencionarse la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas y agropecuarias dentro o cerca de estas tierras (…) El avance de la frontera agrícola ha generado la pérdida de grandes extensiones de tierras tradicionales de los pueblos indígenas”.

Recordó que los desmontes, consecuencia del avance agropecuario, provocaron que “se vea severamente limitados” el acceso de las comunidades y la disponibilidad de los animales de caza y pesca, las plantas, la miel de recolección e incluso los materiales para la construcción de viviendas. “Existen también efectos nocivos en la salud de las personas indígenas a raíz del uso de agrotóxicos para la fumigación de cultivos”, denunció.

“Derechos humanos para los pueblos indígenas”, es el título de un documento presentado el 19 de noviembre por organizaciones indígenas en el Congreso Nacional y entregado en Casa de Gobierno. Con la firma de más de ochenta dirigentes indígenas, cuestiona el avance de la megaminería, el petróleo no convencional y del modelo agropecuario, y recuerda los ocho asesinatos indígenas en los últimos tres años: Javier Chocobar, Sandra Juárez, Esperanza Nieva, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreya y Miguel Galván. Responsabiliza al Estado y al modelo extractivo por los “asesinatos” y recuerda que “más de mil líderes indígenas y campesinos” son judicializados por “defender sus derechos ancestrales en contra de las industrias extractivas”.

“Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión (…) Nuestra realidad es un tema de Derechos Humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los Pueblos Indígenas es solo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan solo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales”,  resalta el documento, firmado entre otros por el Consejo Plurinacional Indígena, espacio de articulación de organizaciones nacido luego de la histórica marcha indígena de mayo de 2010.

Cuestiona el avance minero. Toma como referencia la alianza gubernamental con la empresa Barrick Gold (presente en San Juan) y denuncia el avance de la minería de litio en Jujuy (Salinas Grandes). Explica que la extracción de gas no convencional (conocido como “fracking”) perjudica a comunidades y contamina acuíferos, y alerta que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA –presentado el año pasado por el Gobierno Nacional y las provincias) tendrá consecuencias sobre campesinos e indígenas. “Para las organizaciones originarias y campesinas es un anuncio angustiante pues por la manera de producir más puede dar como consecuencia más desalojos de los territorios con la consiguiente represión, desmonte,  contaminación y desplazamiento de población.”

El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y, en Argentina, se celebra el la asunción de un Presidente elegido democráticamente (el 10 de diciembre de 1983 asumió Raúl Alfonsín).

En ese marco, Félix Díaz recibió ayer un reconocimiento en la Universidad Nacional de San Luis. Y volvió de urgencia a Formosa. Recordó que existe una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que insta al Estado argentino a garantizar la integridad de los miembros de la comunidad. Díaz recordó que existen “muchas leyes, pero no se cumplen”, apuntó que los “jueces solo actúan para reprimirnos” y afirmó que el gobierno nacional “no cumplió ninguno de los puntos acordados” en 2011 en la Mesa de Diálogo (con los organismos de derechos humanos como garantes).

Díaz marcó que era un “muy triste” para el Pueblo Qom y esbozó que debiera ser “un día triste también para toda la sociedad argentina”. Repasó de memoria los últimos asesinatos de indígenas y campesinos, y lamentó: “A nosotros no nos llega aún los logros de la democracia. Nuestra sangre se derrama por defender el territorio, los culpables no van a la cárcel y nuestros derechos humanos no se cumplen”.

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Asesinan testigo de la Masacre de Curuguaty


SICARIOS FUSILAN A LIDER CAMPESINO EN PARAGUAY

El  gobierno de facto de Federico Franco se ha caracterizado en estos meses por refractar cualquier manifestación vinculada a los Derechos Humanos. Amenazó con reprimir, por ejemplo, la marcha organizada por el Día Internacional de los Derechos humanos. El Asesinato de Vidal Vega es una más de las muestras sobre la política fascista que adoptó su gobierno.

Por Marcelo J. Levy

El pasado 1 de diciembre de 2012, dos mercenarios arribaron al domicilio de Vidal Vega líder campesino y testigo fundamental en el caso de la Masacre de Curuguaty, preguntaron por él y le dispararon con escopetas calibre 12, en presencia de su familia.

La persecución a líderes campesinos no es nada nuevo en Paraguay. Décadas de gobiernos de derecha lo demuestran. Este asesinato ocurre a dos años de la muerte del compañero dirigente Mariano Jara, en el mismo departamento de Canindeyú, cuyo caso hasta el día de hoy se encuentra varado y en la total impunidad. Se suman, ambos, a tantos otros similares cuyos reclamos de justicia no han sabido ser satisfechas por el Estado paraguayo.

Pero este caso es aún más grave por la trascendencia que hubiesen tenido de sus declaraciones en la causa que terminó con el gobierno de Fernando Lugo. Recordemos que el 15 de junio de 2012, murieron 11 campesinos y 6 policías, en el marco de un allanamiento de Campos Morombí, Marina Cué, tierras en litigio entre el Estado y particulares (agroempresarios brasileños). Esos hechos derivaron en el juicio político que se le inició al ex Presidente de Paraguay.

Vidal Vega era el encargado de custodiar los documentos de los trámites realizados por la Comisión de Familiares de Víctimas de la matanza de Curuguaty ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra para la adjudicación de las tierras de “Marina Cue”. Era un conocido líder en la lucha por la tierra que estaba gestionando la recuperación de 500 hectáreas de un excedente fiscal, en manos de un empresario.

No se puede escapar al escenario político suramericano este tipo de situaciones. No puede levantarse la suspensión al Paraguay de un espacio como MERCOSUR en tanto y en cuanto no sólo se encarcele a los responsables materiales e intelectuales, sino que las tierras guaraníes vuelvan a tener aires democráticos, libres y concordantes con lo que se vive en Latinoamérica. La legitimación del gobierno de Franco lesionaría los principios que presentan los países progresistas del continente. No nos olvidemos de Vidal Vega, un mártir más en la búsqueda de una Latinoamérica libre.


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