12 de septiembre de 2016

15 AÑOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

Los integrantes del colectivo periodístico que hacemos Contracultural estamos orgullosos de cumplir 15 años en el difícil camino de contar otra realidad de la que muestran los grandes medios de comunicación; difundiendo las luchas de los movimientos sociales de Latinoamérica y el mundo, e intentando hacer otro periodismo: un periodismo social, alternativo, con opinión, compromiso y profesionalismo.

Agradecemos a todos los colaboradores que durante estos 15 años enriquecieron este espacio. Y fundamentalmente a los lectores, que con sus comentarios y críticas nos ayudan a mejorar mes a mes, año tras año.    


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Neuquén y sus bosques (des)protegidos


UN CIRCUITO DE MOTOCROSS, PISTAS DE ESQUÍ Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS AVANZAN ILEGALMENTE SOBRE LOS BOSQUES NEUQUINOS  

En Villa La Angostura se desmontó en una zona protegida por la Ley de Bosques y dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y se realizó dos años consecutivos el Mundial de Motocross, con la complicidad de los gobiernos provincial y nacional. A pesar de las restricciones de la Ley de Bosques y la oposición de organizaciones sociales y vecinos de San Martín de los Andes, se avanza en la ampliación de pistas de esquí y desarrollos urbanísticos con la complicidad del gobierno provincial. 

Por Hernán L. Giardini 

La carrera del desmonte no tiene límites 

En enero de 2015 la Municipalidad de Villa La Angostura firmó un acuerdo con Martín Trozzo (con quien tenía un juicio por deudas impositivas por $ 214.263) para realizar en su propiedad el Mundial de Motocross durante 3 años (eximiéndole las tasas municipales de 2015, 2016 y 2017). 

El 3 de febrero la Dirección de Bosques detectó “un desmonte de bosque nativo por topado y movimiento de suelo” de 12 hectáreas (clasificadas en la Categoría II – amarillo); el cual había “invadido la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi llegando la máquina a topar la vegetación riparia de la Laguna de Los Choros” (…) El desmonte advertido constituiría una violación de carácter grave a la ley”. Un mes después la Administración de Parques Nacionales informó al Municipio que “el apeo de vegetación nativa y la remoción de suelo” afectaron una superficie de 3 hectáreas dentro del área protegida (Categoría I – rojo); estimó en $ 203.730 el daño ecológico ocasionado y recomendó su urgente restauración ante la inminente realización del Mundial de Motocross. Sin embargo, el área no fue reforestada y se realizó la carrera. Posteriormente, Parques Nacionales estimó en 200 años el “plazo en cual podrá producirse la recuperación del suelo y la instalación de un bosque de ñire maduro a partir de semillas”, y calculó en $ 418.937 el daño ambiental. 

El 22 de octubre de 2015 el Director de la Delegación Regional Patagonia le envió una carta al Intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi advirtiendo que “la naturalización y aceptación tácita de la continuidad de una actividad absolutamente incompatible con los objetivos de conservación de la Administración de Parques Nacionales y expresamente prohibida por ésta, no sólo impedirá la recuperación ambiental del sector afectado, sino que agravará el daño ambiental producido por la anterior edición de este campeonato”. A pesar de esto, en abril de este año se realizó una nueva carrera. El área no fue reforestada y hay otro evento programado para 2017. 

Se concretó, hoy, domingo 21 de agosto, el inicio simbólico de restauración de especies forestales nativas en una pequeña parcela del sector Sur de la laguna Los Choros, lindante con la toma de agua construida para regar la pista de motocross vecina”, sostiene un comunicado de prensa del Parque Nacional Nahuel Huapi Zona Norte. “Se plantaron algunos ejemplares de ñire, radal y coihue, junto a un ambiente natural de cañas colihues. Esta actividad inicial fue organizada por el Consejo Zonal Lafkenche, y participaron en ella integrantes de la comunidadades mapuches: Quintriqueo, Paichil Antriao y Quintupuray” junto a organizaciones ecologistas de la Patagonia. Tras reunirse con Damián Mujica, el intendente de Parque, el Consejo Zonal Lafkence informó que la comunidad controlarán el Plan de remediación harán un protocolo de consulta y reglamentación en conjunto con el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Desmontes, pistas de esquí y desarrollos inmobiliarios 

El 10 de septiembre de 2013, tras una denuncia de organizaciones sociales en el Consejo Consultivo de Bosques de San Martín de los Andes, la Dirección de Bosques confeccionó un acta de infracción a Nieves del Chapelco S.A. por el “apeo no autorizado de una superficie de 0,6 hectáreas de bosque adulto de lenga, afectando aproximadamente 50 ejemplares, categorizado en amarillo por las leyes provincial 2.780 y nacional 26.331”, con el objetivo de ampliar una pista de snowboard. Luego se le aplicó una multa de $ 455.000 (300 sueldos de la administración pública); pero no fue obligada a reforestar y en 2015 inauguró la pista. En noviembre de 2013 se constataron nuevas talas ilegales en las zonas Antu Laufquen, Pradera del Puma y Snowpark.

En enero de 2015 el Ministerio de Desarrollo Territorial aprobó, mediante la resolución 034/15, un Ajuste de Categorización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en el área Pradera del Puma (clasificada en la Categoría I – rojo), para habilitar el desmonte y posterior instalación de una silla cuádruple. La empresa realizó dicha solicitud “considerando el avance del desarrollo urbano sobre formaciones boscosas, donde incluimos centros invernales, cuyas ampliaciones de pistas y otros desarrollos requieren cierto impacto en el bosque, corresponde cambiar la coloración a verde en las áreas afectadas por todas las acciones que deban llevarse a cabo en el centro de esquí, incluyendo el desarrollo urbanístico programado”. En mayo de este año la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes realizó un informe donde advirtió que “el lugar donde se pretende emplazar el proyecto inmobiliario implicará desmontar bosque nativo protegido por ley, poniendo en peligro las subcuencas hídricas que nacen en el cerro y abastecen a San Martín de los Andes, para comodidad de personas ABC1 que van a poder salir esquiando desde sus propias casas”. El proyecto urbanístico abarcaría cerca de 50 hectáreas. 

Un mes después, la Asamblea denunció que desde que se desactivó el Consejo Consultivo de Bosques “se modificaron 300 hectáreas del ordenamiento territorial en el ejido correspondiente a los valles al pie del cordón Chapelco, desarrollos inmobiliarios camino a Lolog y tres hectáreas en los bosques de altura del complejo invernal de Chapelco. También sectores en el límite de los barrios Handel y Los Riscos. Por otro lado han pasado de amarillo a verde 310 hectáreas de bosques lindantes al ejido correspondiente a los emprendimientos Miralejos y Valle Escondido”. 

Ante la avanzada del gobierno y las empresas; vecinos, organizaciones ecologistas y comunidades mapuches se organizan para defender los bosques (des)protegidos.

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Insensatez


GOLPE DE ESTADO (INSTITUCIONAL) EN BRASIL DESTITUYE A DILMA 
La ya ex presidenta Dilma Rousseff había sido reelegida por el pueblo brasileño con más de 54 millones de votos; bastaron apenas 54 votos de senadores para destituirla y ahora Michel Temer gobernará por dos años a contramano de trece años de construcción popular del Partido de los Trabajadores.
Por Marcelo J. Levy
El destino ya estaba marcado. Dilma fue destituida de su cargo de presidenta de Brasil por los sectores mas reaccionarios y rancios de la derecha vernácula. Lo que sigue: evitar que Lula pueda retornar al poder por las urnas en 2018. Quien ahora tendrá la banda presidencial hasta fines de 2018 está vinculado al escándalo de Petrobras. El empresario Marcos Odebrecht (preso por este caso) aseguró que Temer le pidió más de 3 millones de dólares para campañas de su partido. No pudieron probarle nada a Dilma. Con la excusa de la formalidad juridica e institucional se consumó un verdadero golpe de estado moderno. Algunos lo llaman institucional, pero son los mismos que en 1964 se lo perpetraron a João Goulart.
La farsa duró 112 días, desde el 17 de abril cuando 367 diputados dieron lugar al juicio político a la presidenta hasta que 61 senadores dieron la estocada final el 31 de agosto a cambio de un puñado de favores para sus negociados y la promesa de inmunidad judicial: 41 de los 81 senadores y casi un tercio de los diputados están acusados de hechos de corrupción similares y en varios casos peores que los que se le endilgan a Dilma. Las irregularidades fiscales por las que se la destituye fueron practicadas por todos los gobernantes de los últimos 20 años, incluido el propio relator del impeachment, Antonio Anastasia, quien durante su gestión como gobernador en Minas Gerais las cometió 51 veces.
Este golpe es el tercero en la región desde que se dizfraza de “institucional”: Honduras de Zelaya, Paraguay de Lugo y Brasil de Rousseff, mientras se trata de desestabilizar otros gobiernos populares, como los de Venezuela, Ecuador, El Salvador y Bolivia. Recordemos incluso aquel fallido 30 de Septiembre de 2010 cuando la policia se levantó en contra del gobierno democrático de la Revolución Ciudadana en Ecuador.
Hoy basta el control de los medios de comunicación masiva para imponer imaginarios colectivos en los que basan los golpes blandos, aliados a los corruptos sistemas judicial, parlamentario, policial. Ya no se necesitan tanques. La senda trazada desde la derecha continental va inexorablemente hacia la privatización de los recursos naturales, las empresas estatales y los bancos públicos, extranjerizar las tierras, comprometiendo la producción nacional de alimentos, la soberanía alimenticia y el control sobre las aguas. A esto se añade la reducción en los presupuestos para salud, educación y viviendas, eliminación de los derechos laborales, olvido de la reforma agraria y vaciamiento de los programas sociales.
El gobierno golpista brasileño ha tomado las banderas de la dictadura en lo que respecto a aplicar la teoría de los hechos consumados, aquellos que una vez realizados, ya sea de forma legal o ilegal, consolidan por el transcurso del tiempo y por la tolerancia de terceros, un determinado estado de cosas. Se trata pues de hechos, actos y situaciones que adolecen de un vicio en la concepción, el origen o en su formación, calificables de ilegales, pero que la tergiversación, el silencio, la imposición de imaginarios colectivos, el tiempo o la propia fuerza ha sancionado. En definitiva, una nueva derecha se ha impuesto en la región. Una derecha que no tiene escrúpulos legalistas, que no está dispuesta a respetar los modos de las democracias, que pretende arrasar los sistemas educativo y de salud tal como los conocimos.
Párrafo aparte merece la iglesia evangélica. Ocuparon y ocupan cargos de diputados, ministros o presidentes. Cuatro décadas atrás, irrumpieron masivamente en América Latina, de la mano de la Política de Seguridad Nacional, como estrategia para contrarrestar la influencia de aquel otro cristianismo, católico, en el que tenía influencia las ideas de la Teología de la Liberación. Fueron parte importante de la dimensión cultural de la ofensiva conservadora en la guerra que se libraba entre quienes cuestionaban el estatus quo y quienes lo defendían.
Para ejemplificar su poder, en Brasil son 75 en una Cámara de 513 diputados, donde el PT sólo contaba con 64. Eran comandados por el presidente de la Cámara, el ultraconservador miembro de la iglesia evangélica –y separado de su cargo por corrupción- Eduardo Cunha. Dilma dio la pelea hasta el final. El tamaño de los poderes que enfrenta son inimaginable. Igualmente en su discurso de defensa tuvo una lucidez y una fuerza moral admirable. Sin eufmemismos, describió el proceso como una “grave ruptura institucional, un verdadero golpe de Estado. Un golpe que, una vez consumado, resultará en la elección indirecta de un gobierno usurpador”. Sabemos quienes son los responsables. Ahora bien, también es menester dilucidar cómo y porqué las instituciones de Brasil han permitido traducir 54 millones de votos en 61 voluntades dispuestas a destituir a una presidenta legítima. Brasil arrastra un sistema de partidos que por su fragilidad pareciera condenar a programas progresistas a establecer alianzas que luego se constituyen en sus propias fronteras. Inclusive, si pensamos que estas mismas estrategias de gobernabilidad se profundizan aún en escenarios de restauración, lo que tenemos es una bomba de tiempo. Brasil la tiene en sus manos hace algún tiempo y ahora terminó de implosionar.
América Latina atraviesa tiempos de recomposición política y económica y, en tanto, recibe golpes a sus democracias. Estas democracias comienzan a demostrar que, frente a la ofensiva de la recomposición (por vía judicial, parlamentaria, mediática y económica), no logran ofrecer herramientas defensivas. La destitución de Dilma Rousseff cierra el ciclo progresista que se inició con la asunción de Luiz Inacio Lula da Silva el primero de enero de 2003. Siendo Brasil el país más importante de la región y el que marca tendencias, estamos ante una inflexión irreversible en el corto plazo, donde las derechas conservadores imponen su agenda. El triunfo de la derecha argentina, es central en relación al ritmo y la profundidad de una recomposición que va por su bastión político más significativo: Venezuela. El panorama regional sudamericano aparece claramente dominado por la alianza entre el capital financiero, Estados Unidos y las derechas locales, que muestran un dinamismo difícil de acotar a corto plazo. Hay que remontarse a principios de la década de 1990 para encontrar un momento similar, pautado por el triunfo del Consenso de Washington, el auge del neoliberalismo y el derrumbe del bloque socialista.
No todo esta perdido. La embestida neoliberal está golpeando no sólo a los bolsillos de los latinoamericanos, sino a su esperanza. Pero si un bucea entre los pueblos de la región y logra saltar el cerco informativo encuentra luchas estudiantiles y populares en Brasil, los movimientos de posguerra que ganan protagonismo en Colombia, las nuevas resistencias negras, el movimiento campesino en Paraguay, la resistencia al modelo sojero-minero en Argentina, y, en los últimos meses, al ajuste del gobierno de Macri; las importantes movilizaciones de las mujeres contra la violencia machista, como la realizada en Perú en agosto; la persistencia de los movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia. Se abren nuevas e imprevistas resistencias. En agosto hubo enormes movilizaciones en Chile, dos grandes marchas de más de un millón de personas contra el sistema privado de pensiones. En lo que concierne a Brasil, el plan no fue perfecto: haber evitado la inhabilitación de Dilma Rousseff para ocupar cargos públicos por ocho años, posiciona a Dilma para ser una de las lideres de la resistencia al gobierno. No es poco.
Un nuevo escenario se ha abierto en nuestro continente, una fotografia signada por el egoísmo, el desdén a los más desposeídos y el monstruoso proceso de concentración y acumulación; pero a su vez no debemos desestimar lo construido en esta decada y media de gobiernos progresistas. La historia no es cíclica. Es un espiral.
Comunicados oficiales:
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La paz en Colombia (esa mentira piadosa)


EL FIN DE LA GUERRA LE ABRE LA PUERTA AL EXTRACTIVISMO
Mientras en Cuba se firmaba el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, en Colombia continuaba la represión, esta vez contra el llamado proceso de liberación de la Madre Tierra llevado adelante por los comuneros indígenas del norte del Cauca.
Por Tomás Astlarra
Desde que el 14 de diciembre de 2014 la Asociación de Cabildos del Norte de Cauca (ACIN) decidió hacer justicia por mano propia y recuperar un grupo de haciendas de la empresa azucarera INCAUCA, el balance es de 142 heridos, dos judicializados y tres muertos. Las propiedades pertenecen al poderoso empresario Ardila Lulle, dueño, además de ingenios azucareros, de la marca de gaseosa Postobon y el multimedios RCN. Los comuneros del Cauca reclaman por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al Estado colombiano a una indemnización de 14 mil hectáreas y 20 mil millones de pesos por su responsabilidad en la masacre del Nilo en 1991. La operación paramilitar que causó 21 muertes y cientos de desplazados habría sido orquestada desde la finca La Emperatriz, propiedad de Lulle y hoy uno de los terrenos recuperados, donde se han construido viviendas, plantaciones y altares en torno a los antiguos cementerios indígenas que todavía ahí se encuentran.
Los indígenas y campesinos del cauca no solo reclaman estos terrenos como propios ante esta evidencia ancestral o de presente legal (el fallo de la CIDH) sino también ante el desastre ambiental y humano que propician los negocios de Lulle. El monocultivo de azúcar ha desertificado la zona y dañado las fuentes de agua, haciendo inviable la subsistencia en muchos de sus territorios. En Colombia 0,4% de los propietarios abarca el 60% de la tierra. Y mientras los llamados cañeros, trabajadores de la industria azucarera, ganan 400 mil pesos al mes (muy por debajo del salario mínimo legal vigente), los ingresos del conglomerado económico Lulle ascienden a más de 6 billones de pesos al año.
La historia de Colombia documenta que la mayoría de sus familias más ricas no sólo han ganado sus fortunas en base a la explotación laboral y el desastre ecológico, sino también gracias a la violencia (como la guerra civil de los años 50 que permitió ampliar sus propiedades gracias al desplazamiento campesino). Frente a estas injusticias y las reflexiones de un grupo de campesinos desplazados en conjunto con estudiantes urbanos nacieron las FARC. Precisamente luego de la masacre de Marquetalia, donde el gobierno de Colombia con apoyo de los Estados Unidos bombardeó las comunas autogestivas de las montañas del Tolima donde estos campesinos se habían refugiado de La Violencia (como los colombianos llaman a la guerra civil de los 50s).
Los ocho años de la presidencia de Álvaro Uribe Velez (2002-2010) marcaron también el avance económico de estas élites en base a la violencia. Esta vez, en manos de empresas multinacionales, que aprovecharon el accionar de los grupos paramilitares para, entre otras cosas, asesinar a sindicalistas en busca de mejoras laborales, a líderes indígenas que fomentaban la autonomía y denunciaban los planes extractivistas de estas empresas y generar masacres en poblaciones que rechazaban estos planes para que cambien de opinión o directamente ocupar sus territorios tras el desalojo. Los casos son miles y están debidamente documentados. Millones de desplazados, cientos de fosas comunes, miles de asesinatos políticos, falsos positivos (jóvenes de barrios periféricos asesinados para ser presentados como guerrilleros caídos en combate), judicialización de intelectuales, artistas y líderes sociales que denunciaban estas injusticias ocultadas por una intensa cobertura mediática (de la que obviamente participó RCN). Mientras estos planes se ocultaban, el gobierno de Uribe se popularizó por su progreso económico, su alianza con Estados Unidos y su encarnizada lucha contra las FARC y otros grupos guerrilleros, a quienes se los vinculó con todos los males y violencias del país. Cómo nunca en la historia de Colombia, el poder militar y paramilitar, financiado por Estados Unidos, se desplegó en el territorio. El Plan Colombia que fue presentado al mundo como lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, fue en realidad un plan terrorista de apropiación de tierras en manos de grupos narcotraficantes devenidos en sicarios de las élites económicas. Los acuerdos de paz de La Habana son la consecuencia de la derrota de las FARC frente a esta avanzada. No solo por la pérdida de sus principales líderes ideológicos y el poder territorial en muchas zonas de Colombia, sino también por la pérdida de apoyo popular.
Cierta vez, en una asamblea de indígenas del Cauca, se esbozó la posibilidad de un grupo armado indígena. Un mayor pidió la palabra. Dijo: “Miren el ejemplo de las FARC. La historia dice que nacieron de esta misma inquietud que tenemos. De la violencia con la que el gobierno injustamente nos reprime y nos roba las tierras. Pero: ¿Quién vende las armas? Los gringos ¿Y a cuanto las venden? Muy caro. Yo creo que esa es la respuesta de porqué las FARC muchas veces han terminado cayendo en las mismas injusticias, los mismos negociados, que aquellos contra los que combate. No creo que sea razonable ese camino”.
Sin embargo nadie que apoye la solución pacífica a los problemas de Colombia puede dejar de reconocer la virtud de las FARC y otros grupos guerrilleros, no solo en la vocación social y política con la que nacieron o el irremediable uso de las armas frente a la injusta violencia de la élites económicas (razonamiento al que llegó hasta un cura pacifista como Camilo Torres), sino también por mantener entretenido al ejército colombiano y sus planes de ocupación. Pocos pueden asegurar que este legendario y diverso grupo guerrillero no haya cometido injusticias, no haya secuestrado personas, extorsionado campesinos o traficado cocaína. Pero al menos yo nunca oí hablar de guerrilleros de las FARC cortando cabezas con motosierras y jugando a la pelota con la cabeza de líderes campesinos o asesinando sindicalistas en frente de sus familias por pedir media hora de almuerzo en una jornada de ocho horas. Acciones que sí cometieron esos mismos grupos paramilitares que fueron apoyados por empresas multinacionales y el gobierno de Estados Unidos, financiaron la campaña de Uribe y participaron de escándalos de venta de armas y narcotráfico internacional como el Iran-Contras. Paramilitares que fueron indultados y recibieron subsidios gracias a la Ley de Justicia y Paz aprobada durante el gobierno de Uribe.
Esto, luego de que muchos de sus líderes fueran extraditados por narcotráfico a Estados Unidos en el preciso momento en que comenzaban a desnudar y confesar una densa trama criminal en la que estaban involucrado no sólo el gobierno y el ejército de Colombia, sino también numerosos empresarios locales. Y luego de hacer numerosas transferencias de tierras de campesinos desplazados a terratenientes locales y empresas multinacionales. Quizás esas mismas tierras en los llanos orientales (una de las zonas más calientes del conflicto entre el gobierno colombiano y las guerrillas) donde el gobierno de Juan Manuel Santos acaba de firmar un acuerdo con el zar de la soja Gustavo Grobocopatel para explotar 3 millones de hectáreas. Grobocopatel, que a través de la canciller argentina Susana Malcorra fue invitada a asesorar los acuerdos de paz en Cuba.
Cuba, lejos de Colombia, donde hace pocos meses la periodista María Elena Salinas del canal Univisión le preguntó al Comandante Timochenko: “¿Por qué le conviene al gobierno de EEUU apoyar a la guerrilla colombiana?”. Timochenko responde: “Es por los intereses que ellos tienen desde el punto de vista geoestratégico y económico. Porque es un conflicto que también los ha degastado a ellos. Fueron más de 10 mil millones de dólares que sale del presupuesto de Estados Unidos. Además estamos en un momento de crisis financiera mundial. Fueron casi 12 años y no hubo resultados, no nos derrotaron. Porque las condiciones que alimentan el conflicto están vivas. Ahora, hay también todos esos megaproyectos, en las zonas fuertes del conflicto, hay muchos intereses económicos que si desaparece el conflicto, pues hombre, van a tener posibilidad de desarrollarse.

Guerras extractivistas en Bolivia

CONFLICTO ENTRE COOPERATIVAS MINERAS Y EL GOBIERNO DE EVO MORALES 

El asesinato de un viceministro y la muerte de cuatro mineros vuelven a confirmar que los extractivismos transitan hacia mayores niveles de violencia. No es la primera vez que esto sucede, pero en esta ocasión golpea al gobierno de Bolivia y uno de sus más íntimos aliados políticos. 

Por Eduardo Gudynas 

Más allá de los clásicos argumentos partidarios, este caso deja en claro que las ideologías políticas quedaron relegadas detrás de una cruda guerra por los excedentes económicos. Una vez más, las comunidades y la Naturaleza, lo sufren. El conflicto entre las cooperativas mineras y el gobierno de Evo Morales no puede ser analizado apelando a los marcos clásicos. De un lado, no estamos frente a una gran corporación minera transnacional, sino a un conglomerado de agentes económicos que hacen minería, y que se presentan a sí mismos como cooperativas (y de izquierda). Del otro lado, el gobierno de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo, construyó una estrecha relación política con todo ese sector, convirtiéndolo en uno de sus aliados más importantes.

El actual ciclo de conflictividad se inició a inicios de agosto con la aprobación parlamentaria de una reforma a la ley de cooperativas propuesta por el gobierno Morales, para permitir y proteger la sindicalización de los trabajados. La medida fue duramente criticada por Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), y el 10 de agosto comenzaron movilizaciones y protestas. Se estima que existen unos 130 mil cooperativistas mineros, lo que les convierte en actores de peso. Rápidamente se generaron bloqueos en rutas nacionales, pedreas y declaraciones cada vez más encendidas. Desde el gobierno los discursos también se volvieron más duros y se desplegaron policías. Estallaron las refriegas, donde había decenas de manifestantes detenidos y a la vez decenas de policías eran retenidos como rehenes por los mineros, con heridos de uno y otro lado. Varios mineros son encarcelados y se les inician procesos judiciales, lo que hace endurecer todavía más a los cooperativistas. El 24 de agosto mueren dos mineros en esas refriegas, y al otro día es secuestrado el viceministro del interior, Rodolfo Illanes, quien intentaba iniciar una nueva negociación. Al menos un dirigente minero afirmó, con toda claridad, que asesinarían a ese funcionario si moría otro manifestante minero. Bajo esa dinámica, ya sin control, la noticia del deceso de un nuevo manifestante terminó en que una turba golpeara y tortura al viceministro hasta su muerte; al poco tiempo dejaron abandonado su cadáver en una carretera (fue recuperado el 26 de agosto). Es una triste y dolorosa situación donde, al día de hoy, hay un total de cinco muertos.

Como muchas veces sucede en Bolivia, casi nada es lo que parece y es necesario disecar con precaución a los actores y sus disputas. Por un lado, las llamadas “cooperativas” mineras en realidad son más similares a empresas, y en buena parte de ellas existen unos pocos socios cooperativistas y unos cuantos obreros asalariados, que trabajan bajo durísimas condiciones de seguridad y ambiente, malos sueldos, impedidos de organizarse. En algunas cooperativas incluso se explotaba como asalariados a mujeres o niños. Por otro lado, la propuesta de modificación del gobierno Morales se enfocaba en los asalariados de las cooperativas de servicios, y era discutible si afectaría a los mineros. Bajo la excusa de que esa medida volvería a sus cooperativas ingobernables es que se lanzaron las movilizaciones. Es un tipo de argumentos que resulta muy conservador, pero que era dicho por organizaciones, sin duda populares, y que se presentan a sí mismas como parte de la revolución del Movimiento al Socialismo. Recordemos que estas cooperativas han sido uno de los socios más poderosos en ese gobierno, tanto por su poder de movilización como por el gran número de votos que significan. Es un conglomerado que tiene muchas caras, ya que por momentos opera como un sindicato, a veces como una cámara empresarial y en otros casos como movimiento político (incluso tiene sus propios legisladores y han colocado a sus integrantes en puestos ministeriales).

Para muchos analistas y medios parecería que esto es la primera vez que ocurre en Bolivia. Sin embargo, hay una larga lista de antecedentes. En uno de los más recordados, en 2006 murieron 16 personas por durísimos enfrentamientos entre mineros cooperativistas y mineros del sindicato de la empresa estatal, para controlar unas parcelas en la localidad de Huanuni, en el altiplano andino. Otra guerra extractivista que también escapó al control gubernamental. Entonces nadie puede sorprenderse del evidente aumento de la violencia alrededor de la minería. Ya no es solo la imposición de unas empresas contra comunidades locales, sino que en varios sitios en distintos países estallan conflictos entre distintos tipos de mineros (tales como cooperativistas versus trabajadores, sean de empresas estales o privadas, o legales contra ilegales), mineros de cualquier tipo versus campesinos que todavía se dedican a la ganadería o agricultura, o frente a pueblos indígenas. La violencia en el extractivismo ya no expresa ocasionales accidentes, sino que es un componente esencial y propio de ese tipo de actividades.

Dando otro paso en la particularidad boliviana, los reclamos de las cooperativas mineras iban mucho más allá de resistirse a la sindicalización. Sus exigencias son mucho más amplias, incluyendo poder efectuar contratos directamente con empresas transnacionales, esquivar el control parlamentario en ese tipo de comercialización, aumentar las áreas de explotación minera, incluyendo el acceso a tierras forestales y áreas protegidas, recibir todavía más ayudas financieras (por ejemplo, que regalías mineras fueran reinvertidas en proyectos mineros de las cooperativas), y subordinar los controles ambientales. Por lo que puede verse estos son reclamos que serían un sueño para las grandes corporaciones transnacionales, pero que aquí son exigidas violentamente por grupos populares que se consideran parte del progresismo y eran socios íntimos del gobierno. Es que justamente otra particularidad de esta situación es que las cooperativas mineras tienen ese enorme poder y el desparpajo de hacer ese tipo de reclamos gracias a las sucesivas concesiones y beneficios que le ha dado el gobierno de Evo Morales. La más reciente fue la nueva ley de minería No 235, aprobada en 2014, que consolida su status privilegiado, le otorga grandes beneficios económicos, y hasta declaraba que sería ilegal cualquier actividad que impidiera la minería (entre ellas, la huelga, por supuesto).

Este caso boliviano también muestra la necesidad de miradas conceptualmente rigurosas sobre los extractivismos. Es que no son pocas las definiciones de extractivismos mineros que, aún en la crítica, lo conciben solamente como una expresión propia de las grandes corporaciones del norte. Esas conceptualizaciones son casi siempre compartibles, pero al caer en unas narraciones metafóricas, no siempre sirven para entender otros extractivismos, tales como el cooperativismo minero boliviano o la ilegalidad / informalidad de los mineros de oro en la Amazonia. Por ello, una definición más precisa subraya que los extractivismos son un tipo de apropiación intensiva y de grandes volúmenes de los recursos naturales que puede darse bajo distintos regímenes de propiedad (privada, estatal, mixta, cooperativa, etc.). De esta manera, la rigurosidad en entender los extractivismos no es una manía académica, sino que es indispensable para abordar sus distintas conflictividades.

A lo largo de los últimos años, mientras que cooperativistas y gobierno eran aliados dentro de gobierno, no ha habido muchos análisis independientes, ya que se protegían mutuamente. Los pocos que lo hicieron, como ocurrió con algunos analistas, militantes y unas pocas ONGs en Bolivia, alertaron sobre las exageradas concesiones que el gobierno otorgaba a esas cooperativas mineras, y difundieron las denuncias que partían desde las comunidades locales. Los estudios de esas ONGs, especialmente los de CEDIB (Centro de Documentación e Información de Bolivia), fueron duramente cuestionados desde el poder y sus seguidores entre los medios y otras ONGs, presentándolos como un obstáculo para explotar los recursos naturales. Ahora es evidente que ellos estaban en lo cierto, y a la vez queda en evidencia la fragilidad de los analistas que apenas son un eco gubernamental.

Las acusaciones entre los distintos actores en este conflicto se cruzan aunque en un plano todavía superficial. Los cooperativistas y sindicatos exigen responsabilidades políticas al gobierno por haber permitido que escalara la violencia, y en especial identificar a quienes asesinaron a los manifestantes. A su vez, el gobierno avanza sobre las cooperativas, se iniciaron procesos judiciales contra quienes dieron muerte al viceministro, pero sorpresivamente parece exculpar a las bases, ya que otra vez insiste en que todo el asunto es parte de un complot de la derecha partidaria. Lo sorprendente en una discusión de ese tipo es que no se analiza la esencia del conflicto: una violenta disputada por los excedentes de los extractivismos. Sin duda que estamos ante una disputa político partidaria convencional, y para nada menor, en tanto se rompe la alianza del gobierno de Morales con uno de sus principales aliados. Pero esa no es la causa de todo este drama, sino que es una consecuencia de una contradicción mucho más profunda.

De un lado el gobierno y del otro los mineros, se están peleando por controlar los excedentes que provienen de explotar los recursos naturales, para asegurarse la mayor tajada posible de su rentabilidad económica. Ni ellos ni los analistas o medios convencionales están debatiendo, por ejemplo, si es apropiado seguir con ese tipo de minería, ni sobre sus costos sociales y ambientales o su real beneficio económico, ni tampoco sobre su inherente violencia. Es una situación muy triste porque somos testigos de grupos sociales que han caído en visiones tan pero tan mercantilizadas de la naturaleza y de las comunidades, que la destrucción ambiental, el secuestro o el asesinato, están justificados con tal de recuperar las tasas de ganancias. Son este tipo de condiciones, que tienen raíces más profundas, las que alimentan una y otra vez las guerras extractivistas. En ellas, las víctimas que siempre se repiten siguen siendo las comunidades locales y la Naturaleza.

*Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES)

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