9 de octubre de 2015

Un poco de justicia para los bosques



POR PRIMERA VEZ CONDENAN PENALMENTE A UN TERRATENIENTE POR UN DESMONTE ILEGAL 

En un fallo histórico, por primera vez la Justicia argentina condenó penalmente a un empresario por un desmonte ilegal. Serán seis meses de prisión condicional por desobedecer la clausura y seguir cultivando en una finca de casi 17.000 hectáreas a la que previamente había desmontado sin autorización. 

Por Hernán L. Giardini 

El empresario condenado por la Justicia de Salta es un conocido terrateniente de la zona de Dragones, al norte de la provincia: Juan José Karlen. En abril de 2013 una investigación e intervención en terreno de la AFIP detectó la presencia de unos “157 empleados no declarados, entre los que había menores, que eran sometidos a condiciones infrahumanas” de trabajo y vivienda en uno de los campos de Karlen. El empresario agropecuario es dueño de varias estancias (la desmontada tiene 16.600 hectáreas) que en el año anterior les habían generado ventas por 70 millones de pesos, según lo que él mismo había declarado.

El caso había sido denunciado por Greenpeace en su informe "Salta: El festival de desmontes no se detiene".

Cabe advertir que recién después de la denuncia del organismo de control tributario nacional, la Secretaría de Ambiente de la provincia “descubrió” que el imputado no tenía permisos para desmontar, por lo que recién ahí ordenó el cese de las actividades y clausuró con fajas el predio, aunque el empresario luego las rompió y siguió produciendo como si no tuviera ningún impedimento legal. 

Resulta muy preocupante que, sin que ninguna autoridad provincial lo note, durante los primeros meses de 2013 se haya desmontado ilegalmente una finca de  casi el tamaño de la ciudad de Buenos Aires; lo que evidencia la falta de voluntad política del gobierno de Salta para aplicar la Ley de Bosques. 

Pero dos años y medio después, el caso llegó a juicio: el Fiscal Penal 2 de la ciudad de Tartagal, Pablo Cabot, acusó al titular de la finca Juan José Karlen, su hijo Daniel Darío Karlen y, al encargado de la finca, Miguel Ángel González, por el delito de desobediencia judicial. En la primera audiencia de debate, realizada el 24 de septiembre pasado, declararon diez testigos, cinco de ellos funcionarios, abogados y técnicos de la Secretaría de Ambiente de Salta, quienes fueron contundentes al confirmar que la propiedad no estaba autorizada para los desmontes. Declararon que al inspeccionar la finca, el 11 de abril de 2013, descubrieron que los acusados habían desobedecido dicha restricción y llevaron adelante los desmontes, razón por la cual los funcionarios, junto a personal policial, clausuraron la estancia, aunque posteriormente los dueños rompieron las fajas y siguieron con las tareas. A esto se sumaron los testimonios de los policías, quienes confirmaron las tareas de desmontes. Al momento de los alegatos, el fiscal fue determinante al exponer la conducta delictiva de los Karlen, para quienes pidieron la pena de un año de prisión, el máximo del delito, contemplado en el artículo 239 del Código Penal (desobediencia a la autoridad). El fiscal hizo hincapié en las determinaciones de daños ambientales y sociales de la actividad y la desaprensión de los finqueros, conforme las medidas de pruebas realizadas posteriormente por una comisión de técnicos expertos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta y del Gobierno de la Provincia. La tarea del equipo fiscal y de los auxiliares especializados de la Procuración General de la Provincia permitió sortear los distintos planteos dilatorios interpuestos por la defensa de los Karlen. En general, en el uso del Derecho Penal para la protección ambiental los fiscales encuentran mucha oposición debido al poder económico puesto de manifiesto por los empresarios incursos en este tipo de delitos. 

A partir de las pruebas y las testimoniales escuchadas en el debate, y el alegato del fiscal, la vocal de la sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Azucena Vázquez, condenó el 2 de octubre pasado a Juan José Karlen a la pena de seis meses de prisión condicional por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de “desobediencia a la autoridad”. Los otros dos acusados quedaron absueltos. “La condena fue al titular registral de la finca por las pruebas que tenemos. Ni Karlen ni los otros acusados declararon y pese a que tenía denuncias que Daniel Karlen (hijo del condenado) era el que dirigía los trabajos, no tuve pruebas”, dijo la magistrada. Agregó que el empresario, durante dos años debe cumplir con las siguientes “reglas de conducta”: constituir domicilio, someterse al cuidado del patronato de liberados, evitar el consumo de estupefacientes y el abuso de bebidas alcohólicas, quedando ahora en manos de la Fscalía Civil de Tartagal, el reclamo por los daños y perjuicios colectivos provocados.

Se trata de la primera condena en dictarse en el país por desmontes ilegales, figura que casualmente no se encuentra prevista en la Código Penal Argentino, pero sí en la mayoría de los códigos Latinoamericanos y en la Comunidad Europea. Sin dudas es un paso alentador ya que, aunque la condena sea leve, sienta un precedente. Pero falta: la provincia deberá asegurar la recomposición ambiental tal como lo establece la Ley de Bosques.

En su artículo 40 la normativa forestal nacional dicta que “en los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial”. En ese sentido, la reglamentación de dicho artículo estipula que los trabajos de restauración “podrán ser ejecutados por el Estado Nacional o Provincial según corresponda, con cargo al titular y/o responsable del siniestro o directamente por estos con la supervisión de la autoridad competente. En todos los casos se mantendrá la categoría de conservación del bosque que se hubiere definido en el Ordenamiento de los Bosques Nativos efectuado”. 

Sin embargo, se desconocen casos en los que el gobierno de Salta o la Secretaría de Ambiente de la Nación hayan restaurado u obligado a restaurar a quienes desmontan donde no está permitido. 

Argentina está en emergencia forestal: un reciente informe de la FAO ubica a nuestro país en el 9° puesto entre los países con más deforestación de los últimos 25 años. Entre 1990 y 2015 se desmontaron 7,6 millones de hectáreas (el 22% de los bosques), a razón de 300.000 por año. 

Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta fines de 2014 se desmontaron 2.107.208 hectáreas. El 80% de la deforestación se concentra en 4 provincias: Santiago del Estero (674.232 hectáreas), Salta (506.968 hectáreas), Formosa (246.134 hectáreas) y Chaco (237.384 hectáreas). Lo más grave es que se desmontaron 626.244 hectáreas de bosques protegidos.

Al menos con esta condena hay un poco de justicia para los bosques.

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La década minera



¿MODELO DE DESARROLLO O SAQUEO EXTRACTIVO? 

A la par del desembarco de la megaminería se dio el surgimiento de al menos medio centenar de asambleas, agrupadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas. Siguiendo el camino de los vecinos de Esquel, se organizan para repudiar la contaminación ambiental, el despojo de los bienes comunes y el efecto de la megaminería en localidades poco pobladas. Plantean un reclamo democrático de soberanía, al denunciar que nunca fueron consultados. Ante el derrame de un millón de litros de agua cianurada de la mina Veladero en la cuenca del río Jáchal, se produjeron masivas movilizaciones inéditas en la provincia de San Juan contra Barrick Gold. Y lograron que el tema se discuta, aunque sea superficialmente, en la campaña electoral. 

Por Tomás Eliaschev 

Para los defensores de la megaminería, los números son contundentes. Los voceros de las poderosas corporaciones multinacionales mineras, a los que se suman funcionarios nacionales y provinciales comprometidos con la expansión de este negocio, definen a los últimos diez años como “la década minera”. Se basan en el crecimiento exponencial de las exportaciones, en los miles de metros dedicados a la exploración, en los millones de dólares en inversiones y la cantidad de empleos generados. Y proyectan seguir expandiéndose a un ritmo cada vez más vertiginoso.

Del otro lado, vecinos y ambientalistas califican al modelo como de “saqueo extractivo”. Cuestionan la validez de las cifras y hacen una interpretación distinta de la información provista por la Cámara Argentina de las Empresas Mineras (CAEM) y la Secretaría de Minería de la Nación.

Lo que no se discute es que se produjo una proliferación de proyectos mineros, instalados sobre todo en la zona cordillerana. En 2002 había 18. En el presente hay más de 600 emprendimientos, en distintas etapas (un crecimiento de más del 3.000 por ciento). A la par del desembarco de la megaminería se dio el surgimiento de al menos medio centenar de asambleas, agrupadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas. Siguiendo el camino de los vecinos de Esquel, se organizan para repudiar la contaminación ambiental, el despojo de los bienes comunes y el efecto de la megaminería en localidades poco pobladas. Plantean un reclamo democrático de soberanía, al denunciar que nunca fueron consultados. Ante el derrame de 1.000 millones de litros de agua cianurada de la mina Veladero en la cuenca del río Jáchal, se produjeron masivas movilizaciones inéditas en la provincia de San Juan contra Barrick Gold. Y lograron que el tema se discuta, aunque sea superficialmente, en la campaña electoral.

Algunas cifras permiten dimensionar lo complejo del debate y la ausencia de criterios comunes para que el intercambio de posiciones sea fructífero.

Un tópico que suele plantearse es el del pago de impuestos. “No es cierto, como se dice, que el sector no paga impuesto a las ganancias. A la minería se le aplica, en líneas generales, la misma estructura tributaria que al resto de los sectores de la economía. Y además, si se considera también el pago de los derechos de exportación y el de regalías, la presión al sector llega hoy al 42% de su PBI. En concreto, en 2013 el aporte fiscal de la minería al sector público fue de $ 7.990 millones”, escribió en Infobae Damián Altgelt, gerente general de CAEM. 

Otro aspecto que se menciona es el desarrollo. En 2014 se hicieron exportaciones por un valor de 3.900 millones de dólares, un 5,8 por ciento de las exportaciones totales. Según la consultora Abeceb, el 70 por ciento de lo que factura la minería queda en el país –en sueldos, contratación de proveedores de bienes y servicios locales y aportes fiscales y no fiscales a los Estados provinciales y nacional–. Se trata del quinto complejo exportador. La minería constituye, para San Juan y Catamarca, más del 40% de su PBI. La actividad de la mina Veladero genera el 34% del PBI de San Juan, según un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional.

A todo esto, suman otro dato impactante. La CAEM habla de más de 100 mil puestos de trabajo, de los cuales 40 mil son directos. La Secretaría de Minería quintuplica esa cifra: afirman que medio millón de personas tiene empleo gracias a esta actividad. Y prometen que para 2029 habrá casi un millón de empleos generados por la minería. En Santa Cruz, la minería es la principal fuente de empleos privados.

Las inversiones estimadas para este año son de $ 38.500 millones en 2015. Las empresas provienen de Canadá, Estados Unidos, Suiza, Japón, Sudáfrica, Italia, China y Corea. Además de provincias mineras por excelencia, como San Juan, Catamarca y Santa Cruz, hay proyectos y emprendimientos mineros funcionando en Salta, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.

En los números planteados se toma en cuenta el conjunto de la actividad minera. Se suman la minería tradicional, que es generalmente subterránea, y la minería a gran escala, predominantemente a cielo abierto, que es la que genera polémica. Las técnicas de procesamiento por lixiviación o flotación permiten extraer los minerales diseminados en las rocas. Con explosivos se van “comiendo” las montañas para remover grandes volúmenes de roca. “Se llegan a remover hasta 300.000 toneladas de roca diarias, usando hasta 100 toneladas de explosivos, más de 100.000 litros de combustibles y decenas de toneladas de sustancias químicas de alta toxicidad, como el cianuro”, plantea Enrique Viale, autor, junto a Maristella Svampa, de Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo (Editorial Katz, 2014) y otras obras referidas al “modelo de saqueo extractivo”.

El consumo hídrico y energético es altísimo. El proceso genera enormes cantidades de efluentes y desechos. Más de 95 por ciento de la roca extraída se convierte en residuo; se generan hasta 4 toneladas de escombros por cada gramo de oro –que quedan a perpetuidad en los lugares de explotación como pasivos ambientales– y se consumen 380 litros de agua, 43,6 kwh de electricidad (similar al consumo semanal de un hogar argentino medio), 2 litros de gasoil, 1,1 kg de explosivos y 850 g de cianuro de sodio. Una vez que los minerales se agotan, queda el llamado ‘open pit’ o tajo abierto, que puede llegar a tener más de 1.500 metros de diámetro y hasta 1.000 de profundidad, las escombreras o botaderos –áreas de depósitos de estériles que pueden cubrir cientos de hectáreas– y los diques de cola”, señala Viale.

Los datos que proveen son poco fiables –advierte Nicolás Gutman, magister en Economía y Políticas Públicas de George Mason University e investigador del C.C. de la Cooperación–. Cuando desembarca un emprendimiento minero se produce un boom, una expansión económica con mucha plata dando vueltas en partes pobres de nuestro país. Los recursos y los puestos de trabajo existen. Pero aun así, todo ese dinero es insignificante al lado de los recursos que salen para afuera… Pagan impuestos basados en sus propias estimaciones. El movimiento de dinero es enorme pero muy concentrado: no es como la agricultura, donde hay miles de propietarios grandes, chicos y medianos. Acá, el dinero se ‘derrama’ sobre todo en lobbistas, contratistas y no mucho más. Es plata con fecha de vencimiento”.

Sobre el daño ambiental, el investigador afirma que “es muy difícil cuantificar. Los costos asociados a esta producción son muy altos y el Estado se tiene que hacer cargo de la limpieza luego del cierre de cada mina. La agricultura y el turismo decaen… No es lo mismo si se produce un accidente o no: si hay un derrame o filtración de aguas contaminadas en las napas, es un desastre”, agrega Gutman, y critica las cifras brindadas por los defensores de la megaminería: “Los números de puestos de trabajo están muy inflados. Mezclan la minería tradicional con la de gran escala. Aunque digan que generan empleos, son empleos que duran poco. El costo para las mineras está licuado: ellos sacan metales preciosos y pagan salarios no más altos que un seguro de desempleo de los Estados Unidos. En cuanto a las inversiones, hay que tener en cuenta que usan infraestructura que después se desmantela, además de la ya existente, como rutas y el tendido eléctrico, que los sobreutilizan con maquinaria pesada. Y la cifra del 70 por ciento de la facturación que se quedaría en el país es irreal. La pregunta es cuáles serían los insumos que se compran en la Argentina. Toda la maquinaria que necesita un proyecto así, como una celda de flotación o los camiones Caterpillar, los bienes que más cuestan, no se fabrican en la Argentina”.

Pero, ¿cuánto ganan las empresas mineras? “No hay forma de saberlo. La cifra de cuánto mineral sacan es por declaración jurada. Realizan todo tipo de maniobras impositivas para lavar dinero. Es imposible saber cuánto ganan no sólo acá, sino en todo el mundo. La minería es una industria opaca, también en Canadá, Estados Unidos o Australia, aunque allá paguen muchos más impuestos –amplía Gutman–. Estas empresas, en los países mineros de África contratan mercenarios. En Perú, recientemente asesinaron al menos a cuatro campesinos, pero ya llevan unas 200 muertes en represiones a protestas antimineras”.

Respecto de la presión impositiva, Gutman desmiente “que sea altísima, como ellos dicen. Ningún empresario dice que los impuestos que pagan estén bien. La Argentina es de los países con menos presión tributaria del mundo. Además, se trata de recursos estratégicos, no renovables. No es un sector más y por eso tienen que pagar impuestos y derechos al acceso –las regalías–, que por herencia de los ’90 son de un máximo del 3 por ciento al valor boca de mina. La Barrick en San Juan paga un 1,7 sobre una declaración que hacen ellos mismos. Y prácticamente no hay controles. La policía minera (encargada del monitoreo integral de las minas) tiene muy poca gente y muy poco capacitada”.

Las cifras están basadas en mitos que suelen enarbolar los defensores de la megaminería –agrega Viale–. Uno es que la minería es un ‘motor de desarrollo’. Apelan a los grandes montos financieros de las inversiones iniciales que las empresas mineras realizan, y a los altos valores de exportación que generan, alegando que se constituyen en fuentes de divisas, importantes ingresos fiscales y en dinamizadores del resto de los sectores económicos. Pero esta es la recreación geopolítica y económica de asimetrías entre países proveedores de recursos primarios y países consumidores. Implica extranjerización, concentración y reprimarización del aparato productivo interno de los países en los que se radican esas fases extractivas”. Un ejemplo claro es el de Bajo La Alumbrera, sostiene Viale: “Pasaron quince años de su instalación y el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió para mejor. Los índices industriales y de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional. La prosperidad minera es un mito”. Otro sería “que la minería genera empleo”. Pese a las promesas, en 2011 la minería representaba en la Argentina el 0,7 por ciento del total de los asalariados registrados, y menos del 0,5% del total del empleo privado registrado. “La megaminería es una actividad capital-intensiva y no trabajo-intensiva”, explica Viale. 

El tercer mito está referido a la renta minera y su contribución al Estado. “Cuentan con un régimen que les permite deducir el 100 por ciento de lo invertido en prospección y exploración, no pagan tasas municipales y se les garantizan tarifas ‘no distorsivas’ de luz, gas, combustibles y transportes, entre otras muchas exenciones. Mientras tanto, acceden a una gran cantidad de carburantes y energía, no solamente subsidiada sino también exenta de impuestos. Es una enorme transferencia de recursos de la sociedad a las grandes corporaciones, que además se viene realizando en un contexto de déficit energético”, denuncia Viale.

Gutman se anima a una propuesta, basada en la consigna de las asambleas ciudadanas “El agua vale más que el oro”. Para el experto, “no es cierto que sea necesario el oro. El 80 por ciento es para lingotes a los que se les da básicamente un uso de especulación financiera en tiempos de crisis. Con el reciclaje del oro existente se puede cubrir toda la demanda para uso industrial, que es muy baja. De todos modos, acá no hay ninguna industria que use oro: la megaminería no está pensada por una necesidad del sector industrial, es una carrera por los recursos naturales. Tienen cero interés en hacer minería en baja escala o artesanal. La alternativa es una empresa nacional que sólo se dedique a proyectos de baja intensidad, o que haya emprendimientos privados pero se prohíba la megaminería 

Presente y futuro 

Las mineras de superficie que ya están produciendo son La Alumbrera, en Catamarca; Veladero, en San Juan; Cerro Vanguardia, en Santa Cruz; Manantial Espejo, en Santa Cruz; Gualcamayo, en San Juan; Mina Pirquitas, en Jujuy, y Mina Casposo, en San Juan. Están dedicadas básicamente al oro y a la plata pero también al molibdeno, estaño y zinc. Mientras tanto, se estudia la factibilidad y se discute sobre el emprendimiento chileno argentino Pascua Lama, en San Juan; el de Agua Rica en Catamarca, y El Pachón, en San Juan, que sumaría la producción de cobre. 

Las mineras de la polémica 

En 2003 en Esquel, Chubut, y en 2012 en Loncopué, Neuquén, se realizaron plebiscitos en los que más del 80 por ciento votó contra la instalación de megaemprendimientos mineros. Los vecinos intentaron (pero no lograron) hacer lo mismo en Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), Famatina y Chilecito (La Rioja). En septiembre pasado se sumó una inédita movilización en Jáchal, donde un tercio de la población salió a las calles ante un masivo derrame de cianuro que la empresa Barrick Gold intentó, en un principio, ocultar.

En febrero de 2012 se produjo una brutal represión en Tinogasta, Catamarca. En mayo reprimieron a asambleístas de Famatina (La Rioja), que lograron frenar a un inconsulto proyecto canadiense. En julio de ese año ocurrió lo propio en Cerro Negro, en la misma provincia. Y en febrero de 2014 la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. En todos los casos protestaban contra La Alumbrera. 

Megacifras

18 proyectos mineros había en 2002 en el país. 
600 hay ahora, en distintas etapas de funcionamiento. 
50 asambleas vecinales surgieron en el mismo período. 
7990 millones fue el aporte fiscal de la minería en 2013, según CAEM. 
100 toneladas de explosivos se utilizan en un día en el país. 
4 toneladas de escombros se generan por cada gramo de oro.

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Acuerdo digno; falta la justicia



LAS FARC Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA FIRMAN UN “ACUERDO SOBRE JUSTICIA TRANSICIONAL” 

Es el territorio controlado por la guerrilla hasta ahora que, se presume, quedará libre. ¿O cuál será el estatus? ¿Al deponer armas las FARC qué pasará? ¿A merced de quién quedarán los territorios? ¿El área será liberalizada, es decir privatizada? ¿O se repartirá a las comunidades a quienes se les ha arrebatado la tierra, su vida y su tranquilidad? ¿Qué con la siembra de la coca? De la respuesta a estas y otras preguntas dependerá el futuro del saldo de los diálogos de paz. Así como de la anhelada justicia. 

Por Salvador González Briceño 

No es el fin de las negociaciones. Es el principio del fin. Como el amarre. Las partes le llamaron “Acuerdo sobre Justicia Transicional”. Se trata de una cima del proceso de negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se desarrollan en Cuba como testigo ético, justo y mediador. Voluntad política de las partes, es lo que parece a simple vista.

El mismo Santos dijo este 23 de septiembre: “Hemos logrado una acuerdo sobre las bases de la justicia”; es decir, “buscar el máximo de justicia posible para las víctimas y la máxima satisfacción de sus derechos… (así como) garantizar que los crímenes más graves cometidos en ocasión del conflicto no quedarán en la impunidad”. Es el llamado proceso de paz en Colombia, entre el gobierno en representación del Estado y la guerrilla de las FARC.

El objetivo marcado para esta última fase, que iniciara formalmente el 18 de octubre de 2012 (en Oslo primero y un mes después en Cuba), ha sido “la búsqueda de la paz con justicia social por medio del diálogo”, según el dirigente y negociador Iván Márquez. Para “que no se repitan los errores del pasado”, diría el presidente Santos. El reciente, un logro tras otros intentos fallidos, como el de 2002 en el Caguán, país de origen.

Difíciles, duras, complejas como los cinco puntos de la agenda. Proceso complicado, como los temas sobre los cuales un conflicto de más de 50 años viene arrastrando sus pendientes. Temas como la política de desarrollo rural, el abandono de las armas, la incorporación de los miembros de la guerrilla en la política, más un posible replanteamiento de la lucha contra las drogas que desde 2007 vía el Plan Colombia viene comandando Estados Unidos de América, con la finalidad de “erradicar el problema” empleando la violencia que —por cierto— no arroja resultados.

El diálogo se ordenó mediante un “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en tres facetas: a) de acercamientos y exploratoria; b) concreción de acuerdos sobre los temas base; c) reparación a las víctimas, desde ambos lados, guerrilla y gobierno. De ahí partieron. Cada uno con sus planteamientos, preocupaciones y exigencias. Un diálogo con disparidades, ataques armados, ceses del fuego y bajas de ambos frentes durante el proceso. Negociando, pero en pie de guerra. Con acusaciones y reclamos, pero con la voluntad de continuar.

Por una paz no solo posible sino necesaria. El “acuerdo sobre justicia transicional” es cumbre; sin embargo faltan los puntos difíciles de proceso. Pero con la voluntad de las partes de “llegar a un acuerdo final en un máximo de seis meses”. Paz con justicia, es deseable para los colombianos, del campo principalmente porque ha sido el terreno de las disputas. ¿Cuántas familias han padecido el conflicto por generaciones?

No obstante un grupo (mejor dicho dos, porque también está el Frente de Liberación Nacional, ELN, la otra guerrilla; que por cierto ha estado al tanto de las negociaciones, en parte informados por las FARC) que ha sostenido siempre sus principios de lucha, por ser de la vieja guardia revolucionaria. Justificables o no, lo mismo que el método. Un tema para otra ocasión.

Entre las complicaciones está la amnistía. Por ejemplo, el acuerdo dicta que “no serán objeto de amnistía los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes, la privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual”, etcétera.

Pero se creará la “Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”. Y la “Jurisdicción Especial para la Paz”, con salas de justicia y tribunales para la tan anhelada pacificación, poner fin a la impunidad y “obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto”. Ahí están, con Raúl Castro entre los dos: el presidente Juan Manuel Saltos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, saludando para las placas de la historia. Avance en los acuerdos, resta la justicia. Mas, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Elemental. Pero lo que sigue es importante, tanto para las partes como para lo que se busca: la justicia social. Se dirá si no.

1°- Como se ve hasta aquí, lo “transicional” —del llamado “Acuerdo sobre Justicia Transicional”— es el acuerdo más no la justicia. Para comenzar, porque la justicia, en el amplio sentido del término, no llega por decreto. Es decir, las partes deberán establecer los mecanismos para el cumplimiento de lo que firmen, pues sin las garantías digamos institucionales, podrá no haber continuidad y hasta incumplimiento.

Dicho sea con conocimiento de causa. Las cosas podrán quedarse en el papel, gobierne quien gobierne, como le ocurrió en su momento al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, México, tras la firma de los llamados Acuerdos de San Andrés Larrainzar sobre los derechos de la cultura indígena que fueron suscritos en 1996 entre representantes del movimiento indígena y el gobierno, pero nunca llegaron hasta la Constitución. Luego serían desconocidos por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1995-2000).

El cumplimiento de los acuerdos podrá diluirse con el tiempo. O bien quedarán a la espera de quienes gobiernen —no digamos el poder; que este es el auténtico peligro—, o de la disponibilidad de aquellos que asuman las directrices del Estado. Con sus bemoles. Pues a estas alturas del partido no hay Estado, sobre todo que comulgue con las políticas neoliberales dirigidas desde Washington, que tenga los recursos suficientes para corregir el rumbo, por el propio desgaste que ha padecido conduciendo a los pueblos al desastre económico, político y marcadamente social.

2°- Si lo anterior no queda claramente establecido el Estado le fallará primordialmente a la población, con Santos o cuando él no esté. Léase que hasta ahora las FARC han representado tanto para los sucesivos gobiernos colombianos como para los Estados Unidos de América, una suerte de estaca enclavada en el corazón de la zona donde se cultiva la coca.

Es el territorio controlado por la guerrilla hasta ahora que, se presume, quedará libre. ¿O cuál será el estatus? ¿Al deponer armas las FARC qué pasará? ¿A merced de quién quedarán los territorios? ¿El área será liberalizada, es decir privatizada? ¿O se repartirá a las comunidades a quienes se les ha arrebatado la tierra, su vida y su tranquilidad? ¿Qué con la siembra de la coca? De la respuesta a estas y otras preguntas dependerá el futuro del saldo de los diálogos de paz. Así como de la anhelada justicia.

Pero un territorio libre de grupos armados pueden complicarse todavía más las cosas para el país, por lo siguiente: o el negocio de las drogas crece con la inclusión soterrada de particulares colombianos; u organismos como la DEA llegarán pronto con la promesa de acabar con el negocio de la coca. O, insisto, ¿qué pasará con el negocio de la droga? Su existencia misma es buen pretexto para la geopolítica regional de Washington.

Valga la siguiente advertencia: bajo la promesa del gobierno de Juan Manuel Santos de cumplir al máximo posible con la “justicia para las víctimas”, puede encubrirse la otra parte del acuerdo: el juzgar a quienes están dando la cara para “garantizar la no impunidad” por los crímenes cometidos, pero al mismo tiempo dejar libre el camino deteniendo, juzgando y anulando así a los principales dirigentes de la guerrilla. Precisamente para incumplir lo prometido. Para eso valen los candados ya señalados.

Claro está que los delitos de lesa humanidad deberán castigarse, pero siempre en igualdad de circunstancias; ni a unos más que a otros. Así que, o el proceso es transparente y ganan todos —principalmente el pueblo—, o todos pierden. El futuro está al alcance de la vista.

“Chabelo” Morales: símbolo de resistencia



LA LUCHA CAMPESINA EN HONDURAS
Chabelo Morales es un líder diferente. Es un símbolo. Simboliza al campesino común y corriente al que le son violados todos sus derechos por ser pobre, campesino, iletrado. Es un símbolo de las decenas de miles de personas que en Honduras son excluidas. Su vida revela la de tantas y tantos hondureños que sufren las consecuencias de la impunidad, la discriminación y la injusticia.
Por Ismael Moreno
Chabelo Morales, “El Chele”, como le llama todo mundo por su destacada tez blanca, nunca pudo imaginar que, de ser un campesino sin más letras que las de su segundo grado y sin haber tenido nunca un cargo de dirigente de base, se convertiría en un símbolo por la lucha agraria y la libertad, desafiando al sistema de justicia hondureño, el que junto a los medios corporativos y a los terratenientes de la zona del Aguán, se afanaron en convencer al gobierno, a las iglesias, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad internacional y a la gente del país que lo de este campesino iletrado no pasaba de ser un hecho común de criminalidad.
La madeja del caso de Chabelo Morales es muy larga. Sus hilos llegan a la entraña más profunda de la alta conflictividad agraria acumulada en el valle del Aguán, como en todo el país, a lo largo de las últimas tres décadas. Los hilos se entrelazan con la política neoliberal que en 1991 se expresó en la aprobación e implementación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que convirtió la Ley de Reforma Agraria de comienzos de los años 70 en un instrumento que legalizaba la venta de las tierras destinadas a reforma agraria a personas naturales: terratenientes y empresarios agroindustriales.

La madeja se enrolla en un sistema de justicia politizado y manipulado al antojo de los grupos de poder fácticos, los cuales, a su vez, establecen sin escrúpulos que la ley del Estado es para los de arriba y a los campesinos y ciudadanos comunes les dejan el mensaje de que la ley que gobierna Honduras es la ley de los fuertes.
SEIS AÑOS EN LA CÁRCEL
El 17 de octubre de 2014 José Isabel “Chabelo” Morales cumplió seis años de estar privado de libertad, acusado de homicidio y con una sentencia que lo condena a pasar en prisión 17 años y medio. El 26 de agosto Chabelo cumplió 38 años. Es padre de cinco hijos. Se dedicaba a trabajar la tierra por la mañana y en las tardes de cada día a vender conos de helado y a jugar fútbol. Mientras ha estado recluido en prisión se le murieron accidentalmente una hija de tres años, su padre y su abuelo, que murió de tristeza.
Cuando lo capturaron, hacía dos meses y medio que había ocurrido una tragedia en las inmediaciones de la comunidad agraria “Guadalupe Carney”, en donde habitan varios centenares de familias beneficiarias de las tierras que en los comienzos de la década de los 80 fueron usadas para las instalaciones del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), del ejército de Estados Unidos. Tras una extraña negociación del gobierno estadounidense, esas tierras pasaron a ser propiedad del Estado.
LA TRAGEDIA DE AGOSTO 2008
La acción que llevó a Chabelo Morales a la cárcel ocurrió el 3 de agosto de 2008 en la vivienda que, sin sustento legal, ocupaba la familia del alto oficial de la policía Henry Osorto, entrenado militarmente por el ejército de Estados Unidos en la Doctrina de Seguridad Nacional. Después de muchas confrontaciones, amenazas y acciones sangrientas realizadas por Osorto y su familia, y luego del asesinato, ese mismo día, del campesino de la comunidad Arnulfo Guevara, los pobladores de la comunidad decidieron enfrentar a los familiares y guardias de Osorto, que les impedían recoger el cadáver del compañero asesinado.
De acuerdo a diversos testimonios, la comunidad agraria, muy indignada, habría decidido unirse para recoger el cadáver de Guevara. Armados con palos y machetes, unos 300 pobladores se aproximaron a la propiedad de Osorto, los guardias abrieron fuego, los pobladores se enfurecieron y, en lugar de retroceder, avanzaron. La vivienda de Osorto comenzó a incendiarse, según testigos por la pólvora y municiones que el militar guardaba dentro, aunque la versión oficial fue que los campesinos la incendiaron al disparar. El armamento guardado causó una explosión dejando como resultado más de una decena de muertos, entre familiares y guardias de seguridad de Osorto.
El día de la tragedia era domingo y Chabelo Morales había salido desde temprano a vender helados en su bicicleta. Dos días antes, como todos los viernes desde hacía aproximadamente un año, se había presentado en los juzgados de Trujillo para firmar el acta, porque tanto él como otros cinco miembros de la comunidad tenían medidas sustitutivas de prisión tras haber sido acusados y procesados, sin seguir el debido proceso, por haber participado en el hurto del producto de la palma africana de un camión propiedad de Henry Osorto. Al regresar de la venta de conos, y siendo domingo por la tarde, Chabelo se fue a jugar fútbol junto con otros jóvenes de la comunidad. Persiguiendo el balón de fútbol estaba cuando le avisaron de la muerte de Arnulfo Guevara. Chabelo corrió en dirección hacia el rancho de Osorto y fue uno de los que cargó el cadáver de su amigo Arnulfo, mientras los demás enfrentaban a los guardias y familiares de Osorto en el rancho, ya envuelto en llamas.
CÓMO LO ARRESTARON
Dos semanas después de la tragedia, el juzgado extendió orden de captura contra 32 pobladores de la comunidad agraria, acusados de homicidio. Entre ellos Chabelo Morales. En asamblea, la comunidad acordó que ninguno de los que tenían orden de captura saldría del perímetro comunitario y que todas las familias apoyarían en los trabajos de la tierra que los amenazados no pudieran realizar. A pesar de la orden de captura en su contra, Chabelo se presentó como todos los viernes en el juzgado. “Me gusta ser cumplidor de la ley” fue la razón que dio cuando se le alegó por su imprudencia e indisciplina al no respetar la decisión de la comunidad. Una vez que firmó en el libro del juzgado, el juez ordenó ahí mismo a los policías que lo arrestaran. Por varias horas lo interrogaron, después lo subieron a un helicóptero y lo trasladaron al centro penal de La Ceiba, en Atlántida. Era el 17 de octubre de 2008.
EL ESTADO EN EL BANQUILLO DE LOS RESPONSABLES
Con los hechos sangrientos del 3 de agosto de 2008 culminó una etapa de desencuentros entre la comunidad agraria “Guadalupe Carney” y la gente liderada por Henry Osorto, quienes desde el año 2000 persistían en retener una tierra cuya propiedad pertenecía a las familias de la comunidad. Fue también la culminación de una etapa de negligencia de las instituciones del Estado, que nunca hicieron cumplir la ley, violentada por el grupo usurpador de tierras. Las responsabilidades por aquella tragedia las comparten el Estado, el grupo usurpador y la comunidad.
En primer lugar, el Estado hondureño. Durante un largo proceso de veinte años, en el Estado recae la mayor de las responsabilidades. Las autoridades agrarias y los operadores de justicia tienen la responsabilidad por las muchas muertes que han ocurrido en el Aguán, particularmente en el conflicto entre la comunidad agraria “Guadalupe Carney” y los terratenientes de la zona.
Todo lo ocurrido en los últimos 25 años los coloca en el banquillo de los acusados. Cuando en 1983 el Estado indemnizó al portorriqueño estadounidense Temístocles Ramírez, por alegar daños ocasionados en las tierras destinadas al entrenamiento militar en el CREM, estas tierras pasaron a ser sujetas de reforma agraria, conforme a la ley. Sin embargo, nada hizo el Estado cuando en 1991 la municipalidad de Trujillo le vendió ilegalmente esas tierras al grupo de Henry Osorto. Las instituciones estatales de justicia nunca sancionaron la acción ilegal del alcalde y de los funcionarios municipales.
En el año 2000, el Estado, bajo el gobierno presidido por Carlos Roberto Flores Facussé, y a través de Aníbal Delgado, Ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), decidió resolver el problema estableció que las tierras que pertenecieron al CREM eran tierras nacionales y no ejidales y, por consiguiente, debían ser entregadas a los campesinos. Decidió también indemnizar a las personas a las que la municipalidad había vendido esas tierras, por las inversiones realizadas. El 14 de mayo de 2000, el Estado entregó oficialmente esas tierras a 700 familias campesinas agrupadas en el Movimiento Campesino del Aguán (MCA), que ese mismo día decidieron convivir y fundar la comunidad agraria “Guadalupe Carney”.
No obstante haber sido indemnizados, los terratenientes, ganaderos, comerciantes, abogados y políticos de alto vuelo que ocupaban las tierras siguieron usurpándolas, mientras las instituciones del Estado se hacían las desentendidas. Esto creó un creciente clima de tensión y de confrontación entre los campesinos y los ganaderos. En lugar de desalojar a los invasores, las instituciones del Estado participaron por acción y por omisión en la violación de la ley. El 29 de abril de 2008, durante el gobierno de Manuel Zelaya, el Congreso aprobó un decreto que daba potestad para expropiar las tierras ocupadas por ganaderos para adjudicarlas a los campesinos del MCA.
En mayo de 2008, las empresas campesinas “Luchemos Unidos” y “Santa María de los Ángeles”, a la que pertenecía la familia de Chabelo, recuperaron parte de las tierras que el Estado les había adjudicado y que estaban siendo usurpadas por los Osorto. El 11 de junio de 2008 fue asesinado el campesino Irene Ramírez, miembro de “Santa María de los Ángeles”, supuestamente por guardias de seguridad de Osorto, quien se dedicaba a amenazar y a aterrorizar a los campesinos, decididos a cumplir con el decreto que les daba derecho a recuperar legalmente las tierras.
LOS USURPADORES EN EL BANQUILLO
En segundo lugar, los responsables de la tragedia del 3 de agosto de 2008 son los usurpadores de las tierras de reforma agraria. A pesar de que el Estado rectificó la acción ilegal de la municipalidad de Trujillo, siguieron ocupando ilegalmente las tierras.
Henry Osorto abusó de su autoridad como oficial de la policía para chantajear, amenazar y promover la muerte de campesinos, envalentonando a otros usurpadores y condicionando a los operadores de justicia, al menos para retardar, cuando no para violar, la toma de decisiones conforme a derecho. Los usurpadores también usaron sus privilegios para publicitarse como defensores del Estado de derecho y para presentar a los auténticos propietarios de las tierras como violadores de la ley. Los pacíficos eran violentos y subversivos, mientras que los fuertes aparecían como víctimas pacíficas.
LA RESPONSABILIDAD DE LOS CAMPESINOS
También tiene responsabilidad en los hechos sangrientos del 3 de agosto, la comunidad agraria “Guadalupe Carney”. Por defender el derecho a velar y dar cristiana sepultura al cadáver del campesino Arnulfo Guevara, la comunidad acabó participando en la violación al derecho a la vida, dejándose llevar por la desesperación y la indignación. Al ver violentados sus derechos y ante la negligencia de las instituciones del Estado, cayeron en la tentación de la respuesta violenta y decidieron tomarse la justicia por sus manos.
“Si el Estado nos dejó huérfanos después de habernos concedido el derecho a la tierra, no teníamos ningún otro camino que defendernos y luchar por recuperar la tierra que da sustento a nuestra vida”, dijo uno de los dirigentes campesinos del MCA y de la comunidad.

Desde que se fundó en el año 2000, la comunidad agraria “Guadalupe Carney” ha vivido bajo el acecho y la zozobra. Acechada por los usurpadores de sus tierras, también ha vivido bajo zozobra ante la constante amenaza de las fuerzas del orden público y del ejército, que han sostenido la acusación de que la comunidad entrena y protege guerrilleros, guarda armas y realiza acciones desestabilizadoras en contra del Estado.
LA “LEY” DEL PODEROSO MIGUEL FACUSSÉ
También ha debido confrontar la comunidad al poderoso empresario Miguel Facussé Marjum, dueño de la hacienda “Tumbador”, ubicada dentro del perímetro de las propiedades que pertenecían a Temístocles Ramírez, las que, según el INA, forman parte de las cerca de las 6 mil hectáreas adjudicadas a las familias organizadas en el MCA.
Facussé argumenta que esa propiedad quedó fuera de la indemnización que recibió Temístocles porque él la compró mucho antes de que las tierras de la zona fueran usadas para las instalaciones del CREM. Hoy, es la ley y la decisión del Estado contra la palabra del poderoso. Y en Honduras la balanza se inclina inevitablemente hacia la ley de los fuertes. Facussé sigue posesionado de la hacienda “Tumbador”, armado hasta los dientes, contando con una masiva protección del ejército hondureño y de centenares de guardias privados, en su mayoría entrenados por especialistas colombianos.
Los hechos sangrientos del 3 de agosto de 2008 no fueron el final. La sangre continuó derramándose. En un contexto de continuas amenazas, zozobra y confrontaciones, cinco campesinos de la comunidad “Guadalupe Carney” fueron asesinados el 15 de noviembre de 2010 y otros quince heridos, dentro de la hacienda “Tumbador” por centenares de guardias privados de Facussé, cuando se internaron en la hacienda sabiendo que esas tierras son de su propiedad de acuerdo a la ley.
Ante el conflicto agrario en el Aguán, el Estado guarda silencio. Las muertes de esos cinco campesinos quedaron en la impunidad, aun cuando Facussé reconoció que sus guardias privados les habían disparado. En este litigio ni las autoridades del INA ni los operadores de justicia han querido sentar una posición que delimite la propiedad de las tierras. Los campesinos del MCA han acabado pagando un alto precio en vidas humanas, han visto criminalizada su lucha por la tierra y son amenazados y perseguidos por los terratenientes de la zona, por la policía y por el ejército.
Los medios de comunicación nacionales refuerzan la visión de que los campesinos del MCA son una banda de delincuentes que desestabilizan la zona y con sus acciones subversivas impiden el desarrollo y el progreso que con tanto esfuerzo impulsa el exitoso empresario Miguel Facussé Barjum. Esta versión cala tanto que los guardias del centro penal de El Porvenir se refieren a Chabelo Morales como “Chele Masacre”, haciéndole responsable de los hechos sangrientos de agosto de 2008.
EL PATRIARCA DE LA FAMILIA MORALES
José Isabel “Chabelo” Morales nació el 26 de agosto de 1976 en la comunidad de Loma Alta, en la zona de Azacualpa, entonces municipio de Macuelizo, en los valles del occidental departamento de Santa Bárbara. A la edad de cuatro años, y cuando sus padres Antonio y Ramona tenían sólo a Susana y a Chabelo, los dos mayores de entre los trece hermanos y hermanas que tuvo, su abuelo paterno, don Chabelo Morales, decidió emigrar, y llevarse a sus hijos, casados y solteros, hacia el departamento de Colón. Don Chabelo era un campesino cafetalero y ganadero medio, con un patrimonio con capacidad para que sus hijos tuvieran su propia parcela. Vendió todo y con dinero en mano compró propiedades en el valle y en las laderas de la cordillera Nombre de Dios, frente a las costas del puerto de Trujillo.
A finales de los años 70, y tras la migración inducida de centenares de familias para organizarse en cooperativas productoras de palma africana, a don Chabelo le entró el gusanito de mejorar sus condiciones de vida en las promisorias y fértiles tierras del Aguán, viendo lo bien que les estaba yendo a las familias que ya se habían ubicado allí. Don Chabelo vendió sus propiedades para trasladarse al Aguán y comenzar una nueva vida, pero siempre trabajando en lo propio, porque nunca creyó en el trabajo colectivo o en cooperativas. “El buey solo se rasca”, decía en su hamaca mientras rechazaba cualquier consejo que le recomendaba que en las cooperativas palmeras le iba a ir mejor. Con la venta de sus propiedades en Santa Bárbara, don Chabelo compró tierras en la zona de la montaña, en la margen izquierda del río Aguán, estableciéndose en la naciente comunidad San José de la Montaña, a unos ocho kilómetros de Ilanga, uno de los centros poblados más antiguos del valle del Aguán.
UNA CASA DE PUERTAS ABIERTAS
La extensa familia Morales representa una tradición religiosa muy arraigada, de católicos practicantes. “Cualquier cosa se puede dejar el domingo, menos asistir a la celebración de la Palabra o a la misa cuando llega el cura” era un lema familiar que todos los niños y niñas aprendían desde que tomaban conciencia de estar en este mundo. El niño Chabelo fue durante poco tiempo a la escuela, pero nunca faltó a la catequesis, a la celebración de la Palabra y a la misa. La primera acción pública de la familia Morales era el bautismo de las criaturas en el tiempo más corto posible después de que nacían.
Muy dedicados a trabajar la tierra, la casa de don Chabelo y de su esposa, doña Martina Gavarrete, estaba siempre llena de hijos y nietos. Nadie llegaba que se quedara sin comer frijoles con tortillas. Las visitas pastorales que realizaban los sacerdotes, las religiosas y los seminaristas, tanto a la pequeña comunidad de San José de la Montaña -conformada mayoritariamente por el apellido Morales-, como a la más grande comunidad vecina, Los Ángeles, siempre comenzaban o terminaban en aquella casa.
“PARA TRABAJAR HAN NACIDO”
José Isabel “Chabelo” Morales fue uno de los nietos que desde muy pequeño trabajó al servicio de su padre y de su abuelo. En una familia campesina tan tradicional lo importante para los padres era que los niños aprendieran a trabajar la tierra desde pequeños y que las niñas aprendieran los oficios domésticos. La educación escolar nunca fue prioridad. Por eso, el niño Chabelo apenas aprendió las primeras letras, no pasó del segundo grado de primaria.
En una ocasión, Chabelo estaba alejado de la casa cuando su abuela preparaba una suculenta sopa de gallina para atender al sacerdote y al seminarista que acababan de llegar a la casa haciendo un alto en su camino. Antes de servir a los visitantes especiales, doña Martina llamó a gritos; “¡Chabelito, venga a comer, apúrese!”. De lejos se oyó la voz del niño: “¿Para qué?”. Doña Martina ordenó. “¡Que venga le digo, aquí tiene su plato!”. El sacerdote le preguntó a doña Martina por qué había que insistirle a Chabelito para llamarlo a comer. “Es que ellos saben -dijo su abuela- que no pueden estar sin hacer nada, que para trabajar han nacido, y si los llamo para que coman primero que los demás, es para que vayan a aguar a los animales, para que vayan a traer leña, para que vayan
a dar de comer a los chanchos…”
EL OCASO DEL PATRIARCA MORALES
La vida para las familias campesinas de la margen izquierda del río Aguán no fue fácil, porque al poco tiempo de trabajar aquellas tierras comprobaron que era la única zona árida que existe en el fértil Aguán. Por alguna razón, probablemente por los vientos que trae el mar y que cruzan por donde agoniza la cordillera de Nombre de Dios, las nubes no se estacionan, las lluvias son escasas y la tierra produce mucho menos que en otras zonas del valle y de las laderas.
En muy poco tiempo las familias campesinas asentadas allí se vieron obligadas a emigrar. Todas se fueron empobreciendo. Ésa suerte corrió la familia Morales. A comienzos de los años 80, cuando llegaron a la zona, se contaban entre las más prósperas entre las no organizadas en cooperativas de la reforma agraria y, por eso, no beneficiarias de la atención del Estado, como sí lo eran las familias organizadas en cooperativas productoras de palma africana.
Algunos de los hijos de don Chabelo, Agapito, Gregoria, Manuel y el mayor de sus nietos, Pedro, fueron los primeros en emigrar a Estados Unidos. Para pagar al coyote don Chabelo vendió ganado y tierra. Después les siguieron otros hijos, yernos y nietos. Algunos fueron deportados, lo que contribuyó a la drástica disminución del patrimonio del abuelo.

La familia de don Chabelo incluyendo la familia nuclear de José Isabel “Chabelo”, acabó vendiendo lo que les quedaba de sus tierras, abandonaron aquellas tierras áridas. Descapitalizado y enfermo, don Chabelo decidió repartir entre sus hijos y nietos la poca propiedad que aún tenía y con el poco dinero que le quedó compró una vivienda en el área poblada de Ilanga. Sus hijas menores se casaron y se trasladaron a vivir a la ciudad de Tocoa. De haber sido el firme patriarca que velaba por toda la familia, don Chabelo pasó a ser un maltrecho enfermo en silla de ruedas, dependiente de las pequeñas ayudas de sus hijos y nietos.
Su enfermedad se acrecentó tras el encarcelamiento de su nieto Chabelito, “Es mi mayor vergüenza y dolor -dijo entre lágrimas un día que lo visitó un amigo sacerdote-. Nunca pensé que iba a tener en la cárcel a alguien de mi familia, porque yo los eduqué a todos ellos para el trabajo honrado. Vivimos pobres, pero con la dignidad y la frente en alto”. Con ese sufrimiento lo sorprendió la muerte el 29 de enero de 2012, acongojado y triste,
sin haber visto en libertad a su nieto.
EL “CONERO” ORGANIZADO
En situación crítica estaba la familia Morales cuando a comienzos del año 2000 se presentó la oportunidad de organizarse en el MCA, el que, con el apoyo de la pastoral social de la parroquia de Tocoa, ofrecía la construcción de viviendas en la localidad en donde estuvieron las instalaciones del CREM. Antonio Morales y su familia, se anotaron en la nueva organización, viendo en ella la oportunidad de acceder a tierra, a trabajarla y así a mejorar su precaria situación económica. Para entonces José Isabel “Chabelo” ya tenía pareja. En 2003 nació su primer hijo, pero a los meses de nacido se separó de su primera mujer. Con Juana, la segunda, procrearía tres criaturas.
Chabelo, su padre y varios hermanos se unieron al MCA y junto con centenares de familias organizadas emprendieron la lucha por defender aquellas tierras. La familia Morales buscó todas las vías honradas para salir adelante. Mientras luchaban por impedir que les arrebataran sus parcelas, unos salían a “chambear” a Tocoa o a jornalear en haciendas vecinas. Chabelo logró ahorrar algo de dinero, compró una bicicleta y una nevera y se dedicó a vender helados en cono por toda su comunidad y por las comunidades vecinas. “El conero” lo llamaron.
VÍCTIMA DE UN PROCESO VICIADO E ILEGAL
Después de la tragedia de agosto de 2008 a Chabelo lo capturaron el 17 de octubre. Dos semanas después capturaron también al joven Carlos Antonio Maradiaga, de la misma comunidad agraria. Ambos fueron acusados de una multitud de delitos.
Los dos pasaron recluidos en el centro penal de El Porvenir, cerca de la ciudad de La Ceiba, hasta su enjuiciamiento en junio de 2010. Maradiaga fue absuelto de todos los delitos, mientras que Chabelo fue condenado por el delito de homicidio. La sentencia condenatoria la recibió tres años después, en 2013, en violación al artículo 188 del código de procedimiento penal, que establece que ninguna persona puede permanecer privada de libertad por más de dos años sin haber sido sentenciada. Los abogados defensores presentaron recurso por violación de la ley, pero nadie en el sistema de justicia les prestó atención.

Una vez recibida la sentencia condenatoria, la defensa presentó recurso de casación. Fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia, declarando nulo el juicio y, por consiguiente, obligando a que se iniciara de nuevo. Esta resolución de la sala de lo Penal de la Corte ponía ipso facto en libertad a Chabelo, de acuerdo a los abogados que voluntariamente decidieron defenderlo, y de acuerdo a muchos otros expertos jurídicos. Sin embargo, las fuerzas invisibles que conocen el poder visible del Comisionado Henry Osorto y se someten a él, mantuvieron preso al “campesino conero”.
A comienzos de 2014 se realizó de nuevo el juicio, y tras diversas anomalías y arbitrariedades, de testigos falsos que trastocaron descaradamente los testimonios del primer juicio de junio de 2010, Chabelo fue de nuevo condenado y sentenciado a 17 años y medio de prisión por el delito de homicidio. La interposición de un nuevo recurso de casación espera una respuesta de la Corte Suprema en un proceso que es evidentemente político y que responde a la ley de los fuertes.
YA EN LA CÁRCEL
En la cárcel Chabelo Morales ha logrado ganarse la simpatía de las autoridades, de otros privados de libertad y de los visitantes. Inicialmente, y por amenazas de un privado de libertad, lo trasladaron a una celda separada. Después, por su comportamiento y servicialidad, las autoridades lo trasladaron a compartir habitaciones con los policías.

Las autoridades le delegaron la tarea de chapear la grama del campo del centro penal. Mientras realizaba esa tarea -justamente el 26 de agosto de 2011, cuando cumplía 35 años-, la cortadora del césped se rompió y dos de los pedazos se estrellaron contra el rostro de Chabelo. Uno le arrancó un trozo de la lengua y el otro se le encajó en el ojo derecho. Por falta de atención médica inmediata y adecuada, acabó perdiendo completamente la visión del ojo. En enero de ese año había perdido a su padre, a quien se le disparó su arma calibre 22 mientras iba a trabajar la tierra y unos meses antes había perdido a su pequeña hija de tres años, ahogada tras caer en la pila de agua mientras jugaba.
RODEADO DE SOLIDARIDAD
La solidaridad que su caso ha despertado, ha contribuido a que Chabelo haya establecido una importante cantidad de relaciones humanas con personas y grupos, tanto nacionales como internacionales. Gregory, un gringo de Chicago, llegó un día sin hablar español a la conflictiva zona del Aguán para conocer de cerca la problemática. Tras visitar en la cárcel a Chabelo decidió quedarse por unos meses y ya lleva más de tres años viviendo allí con su familia. Aprendió a hablar muy bien el español, y si no fuera por su altura y corpulencia que hace que haya gente que le llame “Tres pisos” o que piense que vino del planeta de los gigantes, estaría confundido como uno más en la comunidad agraria “Guadalupe Carney”. Su gran solidaridad personal con Chabelo Morales y con su familia se ha traducido en la solidaridad que ha logrado desarrollar en organizaciones de base y activistas de Estados Unidos.
UN LÍDER DIFERENTE
Chabelo Morales no fue ni es un líder campesino, en el sentido en que así se entiende en las organizaciones campesinas, sociales y populares. Nunca fue elegido para un cargo de dirección ni siquiera para cargos directivos medios. Fue un luchador agrario de base, un joven campesino, uno más entre los miles que han sufrido discriminaciones por ser pobres y campesinos, por no tener estudios. Se ha ganado la vida desde la pobreza y la honradez, enfrentando una vida que le ha sido ingrata negándole oportunidades.

No han faltado organizaciones que han guardado silencio o se han desentendido de su caso porque Chabelo no cuenta con una hoja de vida que lo acredite con una trayectoria de liderazgo reconocido. Esas mismas organizaciones que se han mantenido impasibles ante el caso de Chabelo han saltado con beligerancia ante otros casos, cuando la persona agredida o perseguida por el Estado o la empresa privada ha sido un dirigente de renombre en el campo popular, social, campesino o indígena.

Chabelo Morales simboliza al campesino común y corriente, al que le son violados todos sus derechos humanos y sociales por ser pobre, campesino e iletrado. Es un símbolo de las decenas de miles de personas que en Honduras son excluidas. Su vida revela la de muchas otras personas que en nuestro país sufren las consecuencias de la discriminación y el racismo.
UN PRESO EMBLEMÁTICO
Chabelo Morales se ha convertido en un preso que ha despertado la conciencia de muchos. Un discriminado que ha convocado a otros discriminados. Un campesino de base que representa a otros campesinos de base. Un ser humano común y corriente sin derecho a la libertad que ha inspirado a muchísima gente común y corriente que sufre cotidianamente la pérdida de la libertad para expresarse, para defender sus derechos y para luchar por su dignidad.

“Si yo logro alcanzar la libertad, no me quedaré conforme -dice con sencillez-, me dedicaré a luchar por mi gente que sufre. Porque yo he sentido que hay mucha gente que me quiere y lucha por mí, así yo lucharé por los demás”. Estando en la cárcel, Chabelo ha descubierto la dignidad que da luchar por la libertad de los demás. Y esa conciencia de luchar por una causa colectiva lo ha elevado al nivel en donde hemos colocado a presos políticos emblemáticos como Ghandi, Luther King o Mandela.
UN SÍMBOLO DE LAS LUCHAS CAMPESINAS
A finales de febrero y comienzos de marzo de 2013 unas 300 personas individuales, de organizaciones nacionales y de organismos de derechos humanos internacionales caminaron desde el Valle de Sula rumbo a la capital. Durante diez días recorrieron 200 kilómetros. La demanda principal de la caminata denominada “Soberanía y dignidad, paso a paso”, fue la libertad de Chabelo Morales. También reclamaban la derogación de la Ley de Minería y las Ciudades Modelo. Movimientos y organizaciones de varias ciudades de Estados Unidos, como la organización “La Voz de los de Abajo de Chicago”, Witness for Peace, con presencia en Centroamérica desde los años 80, el Programa de Acompañamiento a Honduras (PROAH), la Red de Solidaridad con Honduras con sede en Chicago, comunidades religiosas como la United Church of Christ de Ashland, Oregon, la comunidad de las Hermanas de la Misericordia con sede en Washington, la Secretaría de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de Estados Unidos, entre muchas otras organizaciones e instituciones, se han hecho presente en estos años en el centro penal para expresarle su solidaridad a Chabelo Morales.
Chabelo Morales, este luchador agrario de base, sin más letras que las que aprendió en su primera niñez, condenado por ser un campesino, es hoy un símbolo de la resistencia a la impunidad del sistema de justicia, un símbolo de la lucha por una reforma agraria que garantice a la población campesina pleno derecho a poseer y trabajar dignamente su tierra y a decidir libre y soberanamente su presente y su futuro.

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