9 de diciembre de 2010

Represión en la tierra prometida

MUERTOS Y HERIDOS EN VIOLENTO DESALOJO DE FAMILIAS SIN TECHO

Tras una denuncia del Gobierno porteño, se realizó un rápido operativo para desalojar a cientos de familias que habían ocupado el Parque Indoamericano y terrenos linderos a éste, en el barrio de Villa Soldati. La violenta represión, coordinada por la Policía Federal y la flamante Policía Metropolitana, terminó con (al menos) dos muertos y decenas de personas heridas con balas de plomo, algunas de mucha gravedad. Al día siguiente algunas familias volvieron a ocupar el parque, y varios vecinos de la zona los enfrentaron a palazos y piedrazos, e incluso balazos. La dramática situación desnudó el gravísimo problema habitacional que tiene la ciudad y que nadie quiere resolver.

Por Hernán L. Giardini


Aunque desconocido para la mayoría de los porteños (quizás por su lejanía y por encontrarse en un barrio “pobre”), el Indoamericano es el segundo parque más grande de la ciudad de Buenos Aires: el pulmón verde del sur porteño, que a pesar de ser bastante nuevo, se encuentra muy descuidado.

Desde el viernes varias personas comenzaron a instalarse en el Parque. Y el martes a la madrugada más de 200 familias se asentaron en horas. Luego llegaron varias familias más a “comprar” las parcelas de las villas cercanas, como Los Piletones.

¿Por qué esta rápida y coordinada ocupación?

Algunas familias afirmaron que el Gobierno de la Ciudad había prometido entregar los títulos de tierra a las familias asentadas.

Pero al enterarse de la formación del asentamiento, el Gobierno porteño denunció el caso ante la Justicia; que actuó más rápida que nunca: la jueza María Cristina Nazar ordenó el inmediato desalojo.

En cuestión de horas, más de 200 efectivos de las policías Federal y Metropolitana replegaron a la gente con sus carros hidrantes.

Pero la triste jornada terminó con serios incidentes cuando un grupo de las familias ocupantes se replegó a la Villa 20 y chocó con los uniformados: hubo pedradas, gases lacrimógenos, balas de goma… y de plomo.

El Frente Popular Darío Santillán, que realiza un importante trabajo social en la zona, denunció que “la infantería disparó con gases, balas de goma y de plomo. Denunciamos la brutal represión perpetrada por la Federal y la Metropolitana. Repudiamos este operativo conjunto en contra de los vecinos pobres de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Basta de reprimir la protesta social! ¡Vivienda digna para todos!”

Que la denuncia contra los “villeros” haya partido desde el Gobierno ”mano dura” de Macri no sorprende.

Que la flamante Policía Metropolitana no haya dudado ni un segundo en reprimir duramente, tampoco.

Lo que sí sorprende es la actitud de la Policía Federal, que responde al Gobierno Nacional (¿y Popular?). Ése mismo Gobierno que se vive jactando de su política de no represión de la protesta social (aunque sus gobernadores aliados viven reprimiendo y matando a indígenas y campesinos).

El Frente Popular Darío Santillán fue muy claro al señalar que el violento desalojo perpetrado contra familias sin techo “es producto de la ausencia total de una política de vivienda que aliviane la dramática crisis habitacional que aqueja a amplias capas de la población porteña”.

“La decisión de las autoridades es de meter bala a los pobres. En lugar de tratar de resolver la problemática social, el gobierno nacional y el porteño decidieron acabar con la ocupación reprimiendo”, afirmaron.

Allí radica el centro del problema: la falta de acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires.

Pero lamentablemente a la mayoría de los porteños (y del resto del país) este tema les importa un bledo.

Y a sus gobernantes menos.

“Si permitimos esto, mañana vendrán por el Parque Las Heras, Parque Pereyra, Parque Centenario o Parque Chacabuco. Los vecinos de la ciudad nos apoyan”, afirmó Cristian Ritondo, el jefe del bloque PRO en la Legislatura.

A confesión de partes, relevo de pruebas.

Por si fuera poco, al día siguiente, el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, responsabilizó de la situación al Gobierno Nacional por su política inmigratoria, endilgando los hechos a "la inmigración y la delincuencia, que avanzan sin control", y le reclamó que envíe a la Policía Federal a desalojar el predio.

Tristemente, cuando varias familias decidieron volver a ocupar el parque, "porque ya nos mataron a dos y no tenemos nada que perder", varios vecinos de los barrios cercanos confirmaron que comparten los xenófobos dichos de los funcionarios del PRO: reaccionaron contra los "villeros" y los enfrentaron a palazos y piedrazos. Incluso se vio a algunos disparar armas de fuego contra los "bolivianos, peruanos y paraguayos que nos quieren invadir".

Con compatriotas así, da vergüenza ser argentino.




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Chismorreo de alto vuelo

LAS “REVELACIONES” DE WIKILEAKS

El “revuelo” por las “revelaciones” de WikiLeaks se parece muy mucho a un programa televisivo de chimentos sobre la colonia artística. Y sin embargo eso es precisamente lo que más les molesta a muchos; esto es, que se haya hecho público aquello nunca debería haberse sabido ya que pone rojos de vergüenza a sus responsables. Hillary Clinton, jefa de la diplomacia de EE.UU. ha llamado por teléfono a los mandatarios “escrachados” para disculparse por la publicación de los cables, pero no se ha disculpado por la política de relevamiento de información. Es cierto: ella no inventó esta política, pero tampoco la canceló.


Por Marcelo R. Pereyra


EL SECRETO ES SALUD


"Información es lo que no queremos que se publique, todo lo demás es propaganda”
(Lula Da Silva, presidente de Brasil)

Desde hace unos días los medios del mundo occidental no dejan de hablar del “escándalo” producido por la publicación de cables emitidos por las embajadas de EE.UU. Los documentos no contienen información sensible que pudiera afectar la seguridad de los países involucrados, ni la del Tío Sam, por supuesto. Pese a ello, la señora Hillary Clinton ha dicho que estas publicaciones pusieron en riesgo la vida de muchas personas, sin aclarar a qué personas se estaba refiriendo y por qué sus vidas estarían en peligro. Con todo, el frío análisis de lo publicado hasta la escritura de esta nota no desvela nada que no se supiera o se supusiera. Antes bien confirma la enfermiza compulsión de los servicios secretos estadounidenses por acumular datos, aún los más banales, sobre toda figura pública y gobernante que ande por ahí. Y como los satélites y otros dispositivos electrónicos de vigilancia no sirven para este propósito, porque se ocupan de relevar la información militar, el trabajito sucio lo hacen los embajadores, devenidos en chusmas de barrio.

Convencidos de que tener información es tener poder, gobiernos de los países más poderosos del mundo se dedican a acumularla. Por otra parte, todos los gobiernos destinan ingentes esfuerzos a evitar que se conozca lo que ellos conocen (y hacen): a esto se lo llama la cultura del secretismo. Contra esta cultura se han levantado organizaciones no gubernamentales que pugnan por la sanción de leyes de acceso a la información pública. En los Estados Unidos la ONG National Security Archive (NSA) desclasifica documentos secretos de todas las oficinas del gobierno gracias a la Freedom of Information Act, una ley de acceso a la información pública que el Gran País del Norte sancionó en 1966, en plena Guerra Fría. Tal vez por ello nunca se cumplió acabadamente, o mejor dicho, se cumplió parcialmente según los gobiernos. En una entrevista periodística, el director del proyecto Cono Sur de la NSA resaltó cuán subjetivo es el secretismo, pues el “secreto de Estado” es un concepto que muta con cada gestión presidencial: “Cada presidente evalúa qué es seguridad nacional y decide ampliar o encoger el universo de la información reservada. Si se lee el decreto de Ronald Reegan sobre FOIA se ve que todo documento es clasificado hasta que se pruebe lo contrario. El de Clinton dice que todo documento es desclasificable. George W. Bush mantuvo el de Clinton pero tachó líneas, dice que si hay dudas de que un documento debe quedar a la menor o mayor clasificación, debe quedar a la menor; es decir que si se duda en que (sic) un documento es top secret o no, pues lo es”. (“Un experto en secretos”, Página/12, 19/6/2005).

Como sea, es mejor tener este tipo de leyes que no tenerla. Argentina no la tiene gracias a Cristina Fernández, que cuando era senadora y presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales cajoneó un proyecto que ya tenía media sanción de Diputados.


COLOR LOCAL


Aquí, en estas pampas bárbaras, el “escándalo” del chismorreo de los embajadores yanquis desenmascarado por WikiLeaks adquirió un indisimulado tono local, sui generis podría decirse. Como algunos de los cables conocidos no favorecían la imagen de la Presidenta ni la de su Jefe de Gabinete, la prensa adicta al gobierno intentó minimizar los posibles efectos negativos que podría tener la aparente preocupación de la administración de Barack Obama por la salud mental de Cristina Fernández y por las relaciones con el narcotráfico de Aníbal Fernández. A los pasquines kirchneristas y al programa recontra alcahuete “6, 7, 8”, el intento les salió mal: en vez de quitarle importancia al asunto, lo agrandaron; y todo para aprovechar la oportunidad para pegarles a “los medios hegemónicos”, como gustan llamar a Clarín y La Nación, quienes tuvieron la “culpa” de reproducir las informaciones originadas en los cinco diarios que recibieron los cables filtrados por WikiLeaks.

Los comunicadores oficialistas pusieron en duda la legitimidad de la fuente que proveyó la información a WikiLeaks y concluyeron en que todo era una operación de los “medios hegemónicos” para desprestigiar a la Primera Viuda de la Nación. Olvidaron aclarar los escribas y lenguaraces del gobierno que los medios de comunicación con frecuencia son el escenario de todo tipo de operaciones políticas. Incluso puede suceder que un medio se preste gentilmente a este tipo de operaciones, infringiendo a sabiendas todos los códigos de ética y manuales de estilo habidos y por haber. Los gobiernos son en estos casos los inspiradores y facilitadores de la opereta: cuentan para ello con la asistencia inestimable de la siniestra Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), un organismo de “inteligencia” que acumula información “sensible” sobre todo y sobre todos en sus temibles carpetas. En la jerga política/periodística ocurre un “carpetazo” cuando se hace público el contenido de una de esas carpetas con la manifiesta intención de perjudicar a alguien. Por ejemplo, Página/12 publicó el 10 de septiembre 2006 el legajo de la SIDE del diputado Juan José Álvarez. Sin explicar cómo había obtenido ese documento, el diario puso énfasis en un solo dato del legajo: que Álvarez había trabajado en la misma SIDE durante la dictadura 1976-1983 ¿Por qué se lo quiso perjudicar? Porque en ese momento Álvarez se había pasado a las filas de Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner que se había anotado como candidato para las elecciones presidenciales de 2007.

Un tiro por elevación, como quien dice.



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Poner límites

HISTÓRICO CONFLICTO ENTRE TICOS Y NICAS

La draga en el nicaragüense río San Juan provocó las protestas de Costa Rica por los supuestos efectos medioambientales derivando en el envío de 70 policías fuertemente armados a la zona, lo que fue replicado con Nicaragua con un contingente. Historia de un límite poco claro.

Por Marcelo J. Levy


Un problema afrontan hoy dos países de nuestra región por un viejo tema de conflicto, el río San Juan, que bordea parte de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, un espacio selvático de 200 kilómetros de longitud que nace en el Lago Cocibolca en el sur nicaragüense y desemboca en el mar Caribe. Un área habitada por animales y un escasísimo número de seres humanos. Ese es el escenario del litigio.

El Río San Juan siempre ha sido y es nicaragüense. Uno de los factores que motivó la presencia colonial española en el actual territorio de Nicaragua, desde 1523, fue la posibilidad de una comunicación interoceánica en nuestro territorio a través de un estrecho, el estrecho dudoso, que debía existir y que comunicara la Mar del Norte (el Atlántico) y la Mar del Sur (el Pacífico), uniéndola a través del Lago Cocibolca (la Mar Dulce) y el Río San Juan, hasta llegar a El Desaguadero, hoy llamado San Juan de Nicaragua.

Nicaragua fue reconocida como provincia española en 1527, y como tal se continúo con el interés de encontrar la comunicación interoceánica a través del Río San Juan. El Desaguadero fue descubierto en 1539 desde Nicaragua, bajo la administración de Rodrigo de Contreras, por los expedicionarios Alonso Calero y Diego Machuca.

La provincia de Costa Rica fue reconocida así casi 50 años después, en 1573, en virtud de la capitulación (orden y documento oficial) de Felipe II, nombrando a Artieda y Cherinos gobernador de Costa Rica y al mismo tiempo fijando los límites de ambas provincias, en los que quedó establecido que el Río San Juan y los territorios de Nicoya y Guanacaste son de Nicaragua, permaneciendo así hasta la Independencia en 1821.

Al declararse la independencia de España en1821, fue aplicado el conocido precepto del derecho internacional de uti possidetis juris a favor de Nicaragua (la conservación de los límites coloniales de Nicaragua), los cuales luego fueron asumidos o ratificados por la Constitución Federal de las Provincias Unidas del Centro de América del 22 de Noviembre de 1824, integrada por los cincos estados centroamericanos desde 1824 a 1842, y en la que se estableció que el Partido de Nicoya (entidad político-administrativa) y el Río San Juan -con el cual Costa Rica nunca había tenido nexo y derecho alguno- pertenecían enteramente a Nicaragua.

A inicios del Siglo XIX Nicaragua había hecho una cesión temporal del Partido de Nicoya a Costa Rica; sin embargo por múltiples factores (interés expansionista de Costa Rica, debilidad del Estado nicaragüense, permanentes conflictos entre la clase política nica y la demanda oportunista tica por su participación en la Guerra Nacional –pedía Nicoya-Guanacaste, el Río San Juan y posesiones en el Gran Lago-), condujo a que Costa Rica se quedara con ese territorio, lo que se hizo definitivo con el Tratado Cañas-Jerez de 1858, en virtud de lo cual Nicaragua perdió 13 mil kilómetros cuadrados, pero manteniendo la soberanía exclusiva del Río San Juan.

Frente a esta historia del río limítrofe pasamos a la última década. Cuando el gobierno del entonces presidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002) prohibió el paso por la vía acuática de guardias civiles costarricenses armados, Costa Rica se quejó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la que estableció, en julio de 2009, el derecho de los ticos a la navegación en el río San Juan solo con fines comerciales, no así la libre navegación de policías de ese país.

Ahora, el San Juan se seca en época de verano tanto los sedimentos como la basura que arrastra lo han hecho casi inaccesible. Los nicas quieren recuperarlo, por lo que han puesto en marcha todo un sistema de dragado que lo hará navegable y le devolverá su uso en beneficio del desarrollo económico y social del país, y además evitar también, según ha reiterado el Gobierno de Managua, que se convierta en un corredor del narcotráfico en Centroamérica.

Es a propósito del inicio de esas labores de limpieza, hace unas semanas, que Costa Rica acusó a su vecino de haber arrojado sedimentos en su orilla y envió un contingente de policías de frontera fuertemente armados bajo la excusa de que Nicaragua tiene desplegado parte de su ejército en la zona, acción que el Gobierno de Daniel Ortega ha explicado en varias ocasiones, al argumentar que los militares solo evitan que el río se convierta en un sendero accesible para los narcotraficantes, problema que afecta tanto a un Estado como al otro.

Una escalada de tensiones comenzó entre ambos países cuando el Gobierno tico inculpó a su vecino de invadirlo militarmente y llevó la acusación ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde una vez más el organismo demostró su incapacidad para resolver los problemas de la región, y se limitó a declarar a Nicaragua como culpable.

Ante ello, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, reiteró que su Gobierno se mantendrá al margen de esa instancia y amenazó con abandonarla, al tiempo que apuntó que es la CIJ la única instancia que tiene competencia en este tipo de litigios internacionales.

Durante una reunión con representantes de los diversos poderes del Estado que respaldan la decisión de Managua, el primer mandatario nica instó a su vecino a reanudar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y le recordó el fuerte golpe propinado hace solo unos días al tráfico de estupefacientes que usa la ruta Colombia-Panamá-Costa Rica y que pretende sentar bases en toda esa zona.

Agregó Ortega que, de no detenerse, ese trayecto se prolongaría por el Caribe hacia Honduras, luego Guatemala, México, hasta EE.UU., donde está el gran mercado de la droga.

Una vez más, la OEA estimula la confrontación entre dos naciones hermanas. La reactivación de comisiones binacionales, como le ha pedido Ortega a su par costarricense para legalizar pacíficamente el deslinde, debió ser el camino propuesto por ese grupo para el desenlace. Un discurso único que abogue por el raciocinio y no por la discrepancia, sería la solución perfecta.

Las razones son sobradas para reclamar la soberanía, pero lo cierto es que, como suele suceder, el imperialismo norteamericano vuelve a meter la cola para intentar sacar réditos en la región. Habrá que ver como avanza este conflicto entre pueblos hermanos.




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¿Derechos humanos?

LA POLÍTICA REPRESIVA DEL GOBIERNO SOBRE INDÍGENAS Y CAMPESINOS

El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.

Por Darío Aranda


“Este Gobierno no reprime la protesta social”. Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió (y repite) la Presidenta, ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.

Gildo Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos mutuos.

Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. “Exigimos respeto” es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.

La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron.

En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.

Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar: “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.

Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.

Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos.

Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.

Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta.

En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional.

Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia.

Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre asambleas socioambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la Presidenta.

La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el Gobierno tomó en favor del pueblo.

El asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quiénes dicen estar del lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos asesinatos.

Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios “algo habrán hecho”.


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“Tenemos que conquistar los puestos de poder, ser las fuentes de información y explicar cómo queremos el mundo”

EL CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES PERIODISTAS Y ESCRITORAS

Buenos Aires fue sede del Congreso de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE), que se realizó en el Paseo La Plaza del 10 al 12 de noviembre. Con representantes de Europa, Asia y África, y de varios países de América, el encuentro puso en foco el análisis de los nuevos paradigmas comunicacionales en la era digital frente a los desafíos de la equidad a partir de la situación femenina. El principal objetivo del Congreso fue trazar estrategias para quienes tienen a la comunicación como herramienta de trabajo en un mundo en el que las transformaciones llevan a la redefinición de los contextos.

Por Noor Jiménez Abraham


AGENDA CRÍTICA

Por supuesto, entre los temas que afectan a las mujeres no podían faltar aquellos que aluden a la violencia expresada en los cuerpos, ya sea por las agresiones recibidas de hombres que fueron o son sus parejas, la trata de personas con fines de explotación sexual, la posición como botín de guerra en zonas de conflictos armados o el pospuesto debate que merece la ley que contemple los derechos reproductivos en forma integral. Victoria Uranga -de la Cátedra UNESCO de Chile- mostró estadísticas que dan cuenta de que en la actualidad dos de cada tres mujeres vivieron o van a estar expuestas a episodios de violencia, por lo que es necesario utilizar todos los adelantos comunicacionales en pos de la lucha para evitar que los cuerpos femeninos continúen como objetos depositarios de esperma y golpes o prevalezcan en su carácter de trofeos para varones violentos. En cuanto a la violencia que tiene su forma extrema en los femicidios, se comentó el efecto que logran las campañas diseñadas para crear conciencia en aquellos casos en los que se utilizan los medios de comunicación masiva, los datos demuestran que en períodos en que se hace una mayor difusión se reciben más denuncias y se realizan numerosas consultas

Mujeres escritoras hablaron sobres sus libros y las simientes que dieron origen a los temas a los que se refieren, en general, a partir de experiencias personales que tuvieron repercusión en las profesiones desarrolladas. Impactó en gran medida el relato de Shen Bambi, autora de The uscrushable rose. Memoir of a chinese, quien habló del tratamiento sojuzgado al que fue sometida desde pequeña en su familia de origen y del que sólo pudo liberarse ya en la adultez luego de morir su madre.

Las periodistas que trabajan en zonas de guerra se refirieron a las formas de hacer periodismo para la paz y, si bien las proyecciones que acompañaron sus palabras fueron de alto valor en relación a la crudeza de las imágenes, ellas destacaron su misión de ser las representantes de quienes no tienen voz. Se hizo referencia a que una de las formas de ataque es no sólo el abuso de las mujeres delante de sus parejas sino también la imposición de comerse a su propia descendencia. Adzaba Caddy, de la Misión ONU en África, presentó datos que refieren que en el Congo la persona más joven violada fue una niña que tenía sólo tres meses de vida y la más grande una anciana de 82 años.

Cuando el tema fue el aborto se suscitaron algunas tensiones, dado que la intolerancia frente al debate llevó a que representantes del público atacaran a la periodista Mariana Carbajal cuando se refirió a las cifras de mujeres que por año fallecen a causa de prácticas clandestinas. Una asistente expresó que, justamente, esas reacciones violentas provocan que, muchas veces, cuando se va a tratar el tema en alguna conferencia o acto público no llegue a difundirse ampliamente para evitar que se produzca un boicot, lo que hace que la situación caiga en un círculo vicioso, dado que, por el contrario, lo que se necesita es que se debata con amplitud. Más allá de los altercados, se señaló como positivo el hecho de que el tema del aborto haya saltado el círculo de las organizaciones de mujeres, ya que, por ejemplo, son cinco las universidades argentinas que se han pronunciado a favor de la despenalización.

Otra perspectiva que se tomó en cuenta fue la de la gente con discapacidad. Elke Bitterhof, de TV Alemania, expresó que las personas que atraviesan circunstancias que limitan algunas de sus capacidades tienen la fuerza que a veces no presenta el resto, dado que descubren habilidades por las cuales valoraran sus distintas potencias tanto físicas como intelectuales.

Diversas manifestaciones de quienes integraron los paneles se refirieron al uso de las nuevas tecnologías, entre ellas, las redes sociales; el escritor Carlos Soria sentenció que Internet es un medio de comunicación pública, por lo que resultan ilógicas las quejas cuando, por ejemplo, otras personas utilizan las fotos publicadas dentro de ese ámbito. También se aludió a la falta de presencia femenina en los periódicos, no en relación a lo físico exclusivamente, sino al modo de contar o frente al análisis de los sucesos, pues aunque sean muchas las mujeres que trabajan en las distintas redacciones, se siguen produciendo periódicos para los varones. Por eso, cuando una periodista que se encontraba entre el público le pidió un consejo, Soria le respondió: “No te manches de mentalidad macho”. Por su parte, Milagros Pérez Oliva, del diario El País, sentenció; “Cuidado con quedar enclaustradas en un discurso que ya ha sido aceptado pero que no se lleva a la práctica. Hay que identificar los riesgos, porque se puede retroceder. Tenemos que conquistar los puestos de poder, queremos ser las fuentes de información, explicar cómo queremos el mundo”.

El escritor Osvaldo Bayer, entrevistado por la periodista Mona Moncalvillo, declaró que las personas intelectuales tienen la obligación de salir a la calle al descubrir injusticias en la sociedad, aunque por momentos tengan derecho, también, a refugiarse en torres de marfil. Durante su alocución se refirió a los pueblos originarios y a la autocrítica que deberían hacer sectores de la sociedad, como la Iglesia Católica, por el tratamiento esclavizante del que fueron víctimas estas personas, como el uso de las mujeres para trabajos domésticos luego de quitarles su propia descendencia. “Eso no lo hizo el pueblo europeo o español, es obra del argentino”. Se recorrió otro poco de historia al hacerse referencia al momento en que se instauró el voto universal en 1914, dada la paradoja de que las mujeres no estuvieran consideradas dentro de la supuesta generalidad de acceso tanto al derecho como responsabilidad de dicho acto cívico.

La educación fue otro de los ítems de interés, las distintas formas de aplicar la tecnología para atraer a las personas jóvenes que encuentran en ellas el medio por el que encausan su mayor caudal de comunicación. Sin embargo, y a pesar de los quiebres que han propuesto los nuevos modelos, se enfatizó el hecho de que en el presente el modo de organización escolar sigue idéntico a lo que era hace 80 años.

En las referencias a la naturaleza, Josefina Dartiguelongue, especialista en Antropología Filosófica, indicó que se está dejando de lado la mirada de la modernidad, por la que, por ejemplo, la minería estaba bien considerada, para adoptar una visión matricial del planeta en la que prima el cuidado.

Entre las distintas actividades que ofreció el congreso estuvo la charla de facilitadores integrantes de la asociación Metainteligencia, quienes se refirieron al liderazgo y a las distintas formas en que las personas pueden efectivizar sus aportes a la sociedad. La idea se centró en el pensamiento de que la clave es descubrir el sentido de lo que cada quien vino a hacer a este mundo.

Al final el Congreso, el público realizó un ejercicio en el que cada persona escribió acerca de las ideas surgidas a partir del Congreso y, como actividad de cierre, se decidió que esas expresiones debían entregarse a cualquier otra participante como forma de interacción. Nily Povedano, anfitriona del encuentro en su carácter de presidenta de la Asociación, dejó su cargo en manos de la taiwanesa Li Yanqui, al tiempo que se decidió que el próximo evento, en el 2012, se llevará a cabo en China.


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