1 de noviembre de 2009

Sueños de reelección

EL KIRCHNERISMO BUSCA SU CONTINUIDAD EN EL PODER EN UN CLIMA DE CRECIENTE CONFLICTO SOCIAL

Es innegable que en los últimos meses la conflictividad social ha aumentado; que la clase media está soliviantada y busca organizarse por fuera o por dentro de los partidos políticos; que amplios sectores populares se sienten frustrados porque no son los primeros en los que piensa el gobierno cuando se pone a diseñar políticas asistenciales. En este contexto poco favorable, Néstor Kirchner y Cristina Fernández trabajan a destajo para idear estrategias que les permitan -a cualquiera de los dos- seguir siendo gobierno a partir de 2011. Por debajo, los excluidos, los ignorados, se organizan. La pulseada será dura y su resultado es un enigma difícil de resolver.

Por Marcelo R. Pereyra


El fin justifica los medios

La cosa es más o menos así: las elecciones presidenciales de 2011 están ahí nomás. El primer matrimonio de la Nación es conciente de su brutal pérdida de prestigio en las capas medias de la población y en una buena parte de los sectores populares. La derrota del 28 de junio de este año terminó de corroborar lo que distintas encuestas venían presagiando. Entonces los Kirchner se pusieron a elucubrar sobre cuál debía ser la estrategia a adoptar para recuperar su ascendiente sobre el electorado más díscolo. La primera idea fue una que venían rumiando desde el año pasado, cuando se enfrentaron con las patronales agropecuarias por la gigantesca recaudación que dejan las retenciones a las exportaciones de granos: la ley de medios audiovisuales. Cuando esta norma se reglamente y se ponga en funcionamiento, el Grupo Clarín deberá desprenderse de algunas de sus joyas. Con ello el matrimonio presidencial logrará dos objetivos: disminuir el poder de fuego del principal conglomerado mediático del país y repartir sus despojos entre empresarios afines, amigos y/o socios.

Luego, el binomio que mora en Olivos pergeñó un anteproyecto de reforma del sistema político: una saludable intención de modificar normas obsoletas, pero de cuya intención última –limitar la posibilidad de formar listas por afuera de una sigla partidaria- ya se ha comenzado a sospechar. Y por último decidió lanzar planes de ayuda económica (asignación por hijo y constitución de cooperativas de trabajo) para aquellos que habitan en lo más profundo de la pirámide social, quienes conforman, casualmente, la base electoral que todos los políticos ansían seducir. Esta última medida fue catalogada por la oposición de “clientelística”, porque les cede a los intendentes del Gran Buenos Aires la exclusiva autoridad para repartir la torta -es decir, la plata-, algo que los barones del conurbano ya venían haciendo con otros programas de asistencia.

Para financiar los diez mil millones de pesos anuales que requerirá la implementación de la asignación “universal” por hijo, que supuestamente beneficiará a seis millones de chicos cuyos padres son desocupados o trabajadores informales, el gobierno recurrirá a los fondos de la ANSES que provienen de los aportes de los futuros jubilados. Se descartaron así otras posibilidades de financiamiento que hubiesen sido menos regresivas, como impuestos al juego, a las rentas financieras o a la riqueza. Habrá que ver con qué eficacia y transparencia se ejecuta esta política pública, y en qué medida contribuye a paliar la pobreza que afecta hoy en día a casi el treinta por ciento de los argentinos.


Peligro de movilizaciones

Pese a las pretensiones de universalidad que el gobierno le atribuye a su política social, muchos ciudadanos en situación de pobreza se sienten excluidos de los programas asistenciales, a los que se viene a sumar la asignación por hijo. Al igual que la oposición parlamentaria, argumentan que es necesario tener el visto bueno de los punteros del partido oficial para poder rasguñar algún dinerillo. Estos sectores, a los que los medios –tan afectos a las simplificaciones- denominan “piqueteros anti K”, protagonizaron una inédita protesta en las barbas de Mauricio Macri, el Lord Mayor de la ciudad de Buenos Aires: se instalaron en la avenida 9 de julio, frente al ministerio que maneja toda la ayuda social y que está a cargo desde 2003 de la cuñada presidencial, Alicia Kirchner. Después de haber acampado durante treinta horas se llevaron la promesa de que podrán acceder al plan “Argentina trabaja” sin tener que pasar por el filtro de los intendentes. Mientras tanto, otros grupos han comenzado a presionar a grandes supermercados para que les entreguen bolsones con comida: ¿cualquier parecido con diciembre de 2001 es mera casualidad?

Los reclamos de los que menos tienen, sus cortes de calles y sus movilizaciones enervan a nuestra reaccionaria clase media, a la cual le preocupa más la fluidez del tránsito que la miseria en la que viven millones de argentinos. Una clase media que se alarma hasta la paranoia con cada nuevo delito que se conoce, en especial si su víctima es un famoso, y que reclama más mano dura y represión de la protesta.

Pero para angustia y desazón de esos clasemedieros que asolan los programas radiales con sus mensajes retrógrados, prejuiciosos y fascistas, la protesta continuará: para los desocupados los programas asistenciales son apenas un mendrugo. Lo único que los podría sacar de la miseria sería un trabajo estable y bien pago. Para los ocupados la lucha no es menor. El trabajo en negro es la regla, y no la excepción, y en los conflictos gremiales el gobierno tiende a favorecer a las patronales, sobre todo si los trabajadores se organizan en nucleamientos antiburocráticos, como sucede en Kraft-Terrabussi y en el subte.

Los Kirchner tendrán que seguir agudizando el ingenio si quieren perpetuarse en el poder. La clase media les ha dado definitivamente la espalda, y amplias franjas de las clases populares también. Sólo conservan como aliados a empresarios, políticos y sindicalistas que viven de las transfugueadas, las prebendas y los negociados. ¿Les alcanzará?

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Macri encarna el creciente avance hacia una sociedad cada vez más individualista

SEGURIDAD Y CALLES LIMPIAS DE POBRES Y PIQUETEROS SON LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO PORTEÑO

Patotas oficiales para “limpiar” de indigentes al espacio público, escuchas telefónicas ilegales, y la conformación de la nueva Policía Metropolitana para barrer con la delincuencia y las protestas callejeras son las prioridades del gobierno porteño… y el reflejo de una sociedad cada vez más individualista.

Por Hernán L. Giardini

Dime en qué gastas y te diré quién eres

Para conocer el modelo de ciudad que pretende el Jefe de Gobierno porteño (y que anhela trasladar a todo el país a partir de 2011), basta con mirar en qué se gasta la plata.

A pesar de que está culminando el año, hay varios ítems importantes cuyos presupuestos asignados están lejos de ejecutarse: en obras escolares sólo se ejecutó el 36% del presupuesto asignado; en educación sexual un ínfimo 3%; en al área de salud (infraestructura y equipamiento) el 24%; en el Instituto para la Vivienda el 37%; en el Instituto Espacio para la Memoria únicamente el 3%; y en Subtes apenas el 16%.

Por el contrario, al tercer trimestre, el gobierno de Macri sobreejecutó partidas que expresan claramente su visión superficial de la ciudad y de la gestión: mientras en publicidad y propaganda se ejecutó el 114%, en pavimentos y veredas se gastó el 140%.

Para colmo, en el Presupuesto 2010 disminuyen notoriamente las partidas para salud, vivienda, educación y planes sociales. Mientras se duplican los fondos en reparación de veredas, se reducen los fondos de becas escolares.

Como si fuera poco, el gobierno de Macri decidió eliminar por completo el presupuesto que tenía asignado para la construcción de hogares para personas de la tercera edad y lo trasladó a veredas y pavimentos.

Y claro, gran parte del presupuesto está destinado al tema “seguridad”, que según las encuestas es el principal problema que aqueja a los “vecinos”.


La patota del espacio “público”

Mediante el violento accionar de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) el gobierno de Macri atiende el reclamo de “los vecinos” por una ciudad “más limpia” (léase sin cartoneros, vagabundos, villeros, negros, etc.).

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Defensoría General de la Nación, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acreditaron 14 denuncias que indican que esta unidad desaloja con violencia a personas que viven y duermen en las calles porteñas.

"El patrón de actuación de esta unidad es siempre el mismo: salen por la noche, con vehículos y personal sin identificación, no labran actas como corresponde a un organismo público, y tratan a las personas como si fueran cosas", afirma Andrea Pochak, directora adjunta del CELS.

Uno de los casos denunciados corresponde a una mujer de 30 años que, embarazada y junto a cinco chicos, fue golpeada por agentes de la UCEP el 10 de octubre pasado, en la calle Pasco al 1200.

Entre los documentos a los que accedió recientemente la justicia porteña se encuentra un informe de la UCEP realizado en julio donde describe los “ratios de eficiencia” de su particular accionar. En pocas líneas resume que la unidad realiza entre 15 y 20 operativos semanales y que cuenta con un 80% de eficiencia en la “recuperación del espacio público”.

Los documentos confirman las denuncias que en las últimas semanas se hicieron contra esta especie de patota oficial que sigue operando en horas de la madrugada, la mayoría de las veces contra “asentamientos de indigentes”, y contiene un informe en el que se resaltan los “grandes hitos” realizados por el organismo y se proyectan objetivos para lograr mayor “eficiencia”. También se admite que las víctimas de los desalojos suelen ser familias enteras: desde enero y hasta septiembre de 2009 la UCEP realizó 444 procedimientos, de los cuales sólo nueve no fueron contra indigentes.

Está claro que de lo que se trata es de “limpiar” a las calles de Buenos Aires de pobres, tirándolos del otro lado de la Avenida General Paz. Para eso primero les ofrecen algo de dinero y, si no se van, los sacan a los golpes.

Espiando al enemigo

Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado contra la AMIA, recibió un llamado que le advirtió que su teléfono estaba "pinchado" por orden del ex comisario Jorge "Fino" Palacios.
Casualmente, o no tanto, Palacios fue el primer jefe designado de la futura Policía Metropolitana, que debió renunciar al cargo luego de las críticas recibidas por su actuación en la investigación del atentado contra la AMIA.

El espía Ciro James, que había trabajado para Palacios en la Policía Federal y estaba a punto de entrar en la Policía Metropolitana, fue procesado por la intervención del celular de Burstein.

Para completar, el escándalo de las escuchas ilegales se metió en el corazón de la familia Macri: un cuñado del Jefe de Gobierno denunció haber sufrido en 2008 la intervención de su teléfono en medio de una disputa familiar bajo la misma operatoria que el ex policía vinculado a Palacios utilizó para las pinchaduras por la causa AMIA.
Néstor Daniel Leonardo, marido de Sandra Cristina Macri, hermana del Jefe de Gobierno, declaró ante el juez federal Norberto Oyarbide ser víctima de la pinchadura de su teléfono por una decisión acordada entre Franco Macri y su hijo. A ellos atribuye la violación a sus líneas por oponerse al matrimonio con Sandra.


Sálvese quien pueda

Sabiendo que la “seguridad” es una de las prioridades de los porteños, Macri apuesta todas sus fichas (y recursos) a conformar lo antes posible su nueva Policía Metropolitana para “limpiar” la ciudad de ladrones y piqueteros.

Para conformar la nueva fuerza los dos modelos de seguridad que más analizó Macri fueron el de Nueva York, donde se utiliza la saturación de efectivos en las calles, y el de Londres, que tiene cámaras de vigilancia por todos lados para prevenir el delito en los lugares menos pensados (modalidad conocida como "Gran Hermano").

Lo cierto es que la idea de Macri es que la Policía Metropolitana tome cosas de ambos modelos: impulsará la colocación de cámaras en plazas y en lugares de transporte público y las integrará a través de un software para que llegar rápidamente a la zona de emergencia, se comprarán patrulleros de última tecnología con GPS, cada policía tendrá su uniforme, su equipo de comunicación y sus armas, y se intentará que la mayoría de las esquinas cuente con su policía fijo.

Lo más importante es que los policías, según se especula en los despachos del Ministerio de Seguridad, tendrán el aval político para actuar. "No hablamos de mano dura ni de tolerancia cero, pero tampoco habrá mucha tolerancia. Al policía no se le va a faltar el respeto", cuentan quienes trabajaron en el plan.

Pero lo que más preocupa de todo esto es que gran parte de la sociedad acompaña este proceso.

Esto se ve claramente cuando la queja por llegar tarde a casa o al trabajo solapa la solidaridad con los trabajadores del transporte que están de paro. O cuando los trabajadores desocupados deciden cortar una calle en reclamo por trabajo o por planes sociales que los ayuden a sobrevivir y por esto son vistos como enemigos.

Lamentablemente son muchos los que creen que “el derecho del otro termina cuando empieza el mío”, cuando en realidad deberían entender que si el otro no está bien, uno tampoco va a poder estarlo; y que cuanto más desigual resulte la sociedad, más conflictiva se pondrá.

En definitiva, Macri tan solo encarna el creciente avance hacia una sociedad cada vez más individualista.




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El diablo vuelve a meter la cola

SE FIRMÓ EL ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA POR LAS 7 BASES MILITARES

El libelo rubricado por Colombia y Estados Unidos lleva el nombre de Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad. El Gobierno de Álvaro Uribe recibirá hasta 40 millones de dólares como asistencia adicional por la firma de este pacto militar. Estados Unidos ha entregado más de 6 mil millones de dólares desde el año 2.000 a esta parte en el marco de la llamada "lucha contra el narcotráfico”. Frente al rechazo de toda la región, las relaciones se tensan cada vez más.

Por Marcelo J. Levy

Con bombos y platillos, el canciller colombiano Jaime Bermúdez anunció estos días el acuerdo firmado con Estados Unidos que permite la instalación de siete bases militares en Colombia.

Pese al rechazo de los países de la región, ambos gobiernos firmaron el convenio que autoriza la presencia en suelo colombiano de al menos 800 militares estadounidenses y 600 civiles contratistas del gobierno de EE.UU. La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, será el eje del total de siete instalaciones en las que los militares estadounidenses ejecutarán sus operaciones.

Es notorio que tamaño acuerdo no haya sido refrendado por el parlamento colombiano. Uribe aclaró que el texto del acuerdo militar no pasaría por el Congreso, según lo hicieron saber el Canciller y el Ministro del Interior al presidente de la Cámara y a los presidentes de las comisiones segundas de Senado y Cámara. Pese a que algunos congresistas de oposición pidieron que se dejara al Congreso revisar el convenio dado que implica el tránsito de tropas por el territorio colombiano, el presidente de la Cámara expresó que esto no era necesario.

Sin embargo, a diferencia de Colombia, el acuerdo de cooperación militar sí pasará por las manos del Congreso de EE.UU., según lo anunció el embajador yanqui en Bogotá William Brownfield. "Después de firmar un acuerdo ejecutivo, tenemos la obligación de pasar el texto al Congreso y específicamente, a los dos comités de relaciones internacionales del Senado y de la Cámara de Representantes".

El embajador se refirió luego al tema de la inmunidad de la que gozaría el personal estadounidense que opere en Colombia, uno de los aspectos más polémicos del acuerdo. Aseguró que "se trata de inmunidad, no de impunidad" por lo que recordó que en los diez años que lleva la "ayuda basada en el llamado Plan Colombia", han pasado por el país "alrededor de 10 mil militares de EE.UU." y un número similar de contratistas y que en ese período han tenido lugar "seis casos que sugieren delitos por parte de militares de EE.UU., que afectaban un total de 10 personas".

Si uno no cayera en la cuenta de lo profundamente conflictivo para la región que implican las bases, creería que algunas estas declaraciones son en broma: “Que quede claro, este acuerdo lo que busca es acabar con el narcotráfico y el terrorismo en Colombia (...), los países vecinos y toda la región pueden estar tranquilos", agregó el canciller colombiano Jaime Bermúdez en declaraciones a la prensa colombiana y consideró que "en la medida en que Colombia sea eficaz en esta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, vamos a beneficiar no sólo a todos los colombianos sino a toda la región y al mundo entero".
Pero entremos el texto específicamente. En el Artículo III del citado acuerdo que refiere el "Objetivo de la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad", ambos países se comprometen a "profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente". Nada se dice sobre la naturaleza de esas otras actividades, sólo que son para "enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia". Dentro del preámbulo del acuerdo se justifica su creación para "promover y facilitar la cooperación regional para contrarrestar las amenazas persistentes a la paz y la estabilidad, como el terrorismo". Tengamos en cuenta que Estados Unidos ha instaurado guerras en Irak y Afganistán bajo la excusa de preservar "la seguridad nacional" y desmantelar a "grupos sospechosos de terroristas".
Otro atropello se rubricó en el artículo XVII del convenio, referido a las "Licencias de conducción matrículas, seguros de vehículos y licencias profesionales". Se les otorga una plena libertad a los funcionarios estadounidenses en Colombia para conducir vehículos, buques y aeronaves sin supervisión alguna. "Las autoridades colombianas aceptarán la validez, sin exámenes ni cobros, de licencias o permisos de conducción de vehículos, buques o aeronaves expedidos por las autoridades competentes de Estados Unidos al personal de Estados Unidos" reza el texto.
El documento también define a los ciudadanos estadounidenses que podrán estar en Colombia como parte del Pacto. En este sentido, existirá en territorio colombiano, "personal civil", "personal militar", personal de los Estados Unidos", "contratistas de los Estados Unidos", "empleados de contratista de los Estados Unidos", "observadores aéreos", "partes operativas", "personas a cargo", quienes cumplirán diferentes funciones.
Con respecto a los "observadores aéreos", el acuerdo abre un punto ambiguo en el que establecen la presencia de "terceros" Estados en territorio colombiano, para que participen de las operaciones aéreas como parte del convenio.
"Por 'observadores aéreos' se entiende los representantes de Colombia o de terceros Estados que, previa autorización de Colombia y por invitación de los Estados Unidos, participen emisiones aéreas que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo", refiere el texto.
No sólo se le permite el uso indiscriminado de las siete bases sino que en acuerdo consiente también la utilización de las instalaciones y sitios que requieran los funcionarios de la Casa Blanca sin permiso ni especificación alguna. Colombia debe permitir "el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las Partes o sus Partes Operativas". (Se entiende como partes operativas según el tratado al Ministerio de Defensa de Colombia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos).
Mediante el acuerdo, Colombia otorga a Estados Unidos el privilegio de manejar correspondencia y documentos sin la necesidad de que estos pasen por el servicio postal colombiano, pudiendo utilizar incluso estampillas estadounidenses.
Estados Unidos también podrá hacer uso del espacio radioeléctrico de Colombia sin costo alguno, luego de que mediante el acuerdo se le permita instalar estaciones para la difusión de radio y televisión.
El convenio establece una vigencia por un período inicial de 10 años, con posible extensión luego de una previa revisión y acuerdo por las partes involucradas.
El acuerdo es largo y todos podemos acceder a su lectura. Lo que hay que decir es que estuvo, una vez más, firmado a puerta cerrada y de espalda a la opinión pública. Este hecho entra en coincidencia con la nueva doctrina político-militar de los Estados Unidos a través del comando sur y del Departamento de Estado para América Latina. El llamado enfoque inter-agencial que aparece en recientes documentos e impuesto a los gobiernos lacayos como el colombiano, se materializa en la reactivación de la cuarta flota naval de los Estados Unidos, la instalación de más bases y las operaciones contra-insurgentes disimuladas bajo los planes nacionales contra el narcotráfico y el terrorismo.
La instalación de las bases se da después del fracaso del ALCA, en plena crisis del modelo neoliberal y del capitalismo especulativo y con la consolidación de gobiernos anti-imperialista como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. De tal forma Mercosur, UNASUR y el ALBA son manifestaciones del cambio en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
Estados Unidos ha sido previsible: dos golpes de estado, uno en Venezuela y otro más reciente en Honduras, militarización, promoción del armamentismo y la creación de tensiones en las fronteras de Colombia con sus vecinos. Toda esta política se inscribe en la necesidad imperialista de meter la cola en la región, de retomar las riendas de una dependencia política y económica que en esta última década se ha debilitado de manera notoria.

La lógica de la tortura sigue en pie

ESTADOS UNIDOS SIGUE APLICANDO LA “RENDICIÓN EXTRAORDINARIA”

“Rendición extraordinaria” o entrega extrajudicial, es el eufemismo que utiliza la Casa Blanca para referirse a un secuestro. Si no lo cree, pregúntele a Maher Arar, un ciudadano canadiense que fue “extraditado” por Estados Unidos a Siria, donde fue sometido a torturas durante casi un año.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)

Esta semana, el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos del Segundo Circuito Judicial, en la Ciudad de Nueva York, desestimó una causa entablada por Arar contra las autoridades gubernamentales (incluido el Director del FBI, Robert Mueller, el ex Secretario de Seguridad Nacional, Tom Ridge, y el ex Fiscal General, John Ashcroft) que presuntamente habrían conspirado para secuestrarlo y someterlo a torturas.
Arar se encuentra hoy a salvo en Canadá, recuperándose junto a su familia. Pero con esta decisión el Poder Judicial está enviando una señal al gobierno de Obama de que no intervendrá para detener los brutales excesos de la “Guerra Mundial contra el Terrorismo” iniciada en la era Bush. Deja así intactas prácticas tales como la entrega extrajudicial, la tortura y el empleo del ‘privilegio del secreto de Estado’ para ocultar estos crímenes.
La trágica odisea que protagonizó Maher Arar es uno de los casos más conocidos y el que más a fondo se ha investigado de las víctimas de la “rendición extraordinaria” practicada por Estados Unidos. En el año 2002, Arar fue de vacaciones a Túnez junto a su familia. El 26 de septiembre, cuando viajaban de regreso a Canadá, al hacer escala en el aeropuerto internacional JFK, en la ciudad de Nueva York, Arar fue interceptado antes de que pudiera abordar su avión y quedó detenido por averiguaciones. Le tomaron las huellas digitales y fue registrado tanto por oficiales del FBI como del Departamento de Policía de Nueva York. Cuando solicitó un abogado, le dijeron que no tenía ningún derecho. Luego fue trasladado a otro lugar, donde se lo mantuvo incomunicado, sin comida ni asesoramiento jurídico, y se lo sometió durante dos días a interrogatorios agresivos. En los interrogatorios se le preguntó sobre su supuesta afiliación a diversos grupos terroristas, y sobre Osama Bin Laden, Irak y Palestina, entre otras cuestiones. Al cabo de esos dos días fue llevado encadenado a un centro de detención federal de máxima seguridad de Brooklyn, ciudad de Nueva York, donde fue sometido a un cacheo al desnudo y amenazado con ser deportado a Siria.
Arar pidió que no lo deportaran a Siria, su país de origen, porque allí seguramente sería torturado. Pero, tal como argumentarían posteriormente los abogados de Arar, eso era precisamente lo que sus captores esperaban que pasara. Finalmente se le permitió a Arar hacer una llamada y pudo comunicarse con su suegra, que le consiguió una abogada y la visita de un funcionario del Consulado canadiense. Durante casi dos semanas las autoridades estadounidenses lo amenazaron con la expulsión a Siria si no confesaba sus vínculos con el terrorismo. Pero no lograron obtener la confesión que buscaban. Arar negó una y otra vez tener algún tipo de relación con el terrorismo. Hasta que un fin de semana, en medio de la noche fue llevado a la fuerza y encadenado a un jet privado contratado por la CIA y, sin ningún tipo de trámite migratorio ni una llamada a su abogada o al Consulado canadiense, fue trasladado a Jordania, donde fue entregado a las autoridades sirias.
Durante 10 meses y 10 días, Arar permaneció encerrado en una oscura, húmeda y fría celda del tamaño de una tumba. Fue azotado con gruesos cables eléctricos y golpeado reiteradamente; lo obligaron a escuchar las torturas a otros prisioneros; lo mantuvieron sin comida; y lo amenazaron con choques eléctricos y otras atrocidades. Cuando ya no aguantó más la tortura, mintió y confesó que había sido entrenado como terrorista en Afganistán. Un buen día, después de casi un año, fue liberado de repente y entregado a Canadá, con casi 20 kilos menos y emocionalmente quebrado.
El gobierno canadiense, bajo la conducción del Primer Ministro conservador Stephen Harper, realizó una investigación, en la que determinó su propia culpabilidad por haber entregado información inexacta al FBI, y llegó a un acuerdo con Arar, que consistió en una disculpa y una compensación de 10 millones de dólares. El gobierno estadounidense, por su parte, no ofreció disculpa alguna. Ni siquiera eliminó a Arar de la lista de sospechosos de terrorismo. Arar tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos y hace dos años tuvo que prestar un testimonio ante el Congreso a través de una videoconferencia.
Arar dijo: “Estos últimos años han sido una pesadilla. Poco a poco, desde que volví a Canadá, mis heridas físicas han ido sanando; pero sigo sufriendo a diario las secuelas mentales y psicológicas que me dejó esa terrible experiencia. Sigo sufriendo de pesadillas y revivo constantemente lo que padecí. No soy la misma persona que era antes. Mi deseo es poder trasmitir al mundo lo frágil que se han vuelto nuestros derechos humanos y cuán fácilmente los mismos gobiernos que han jurado protegerlos nos los pueden usurpar.”
Dados los excesos del gobierno de Bush y las promesas de cambio de Barack Obama, muchos se han sorprendido de que estas políticas continúen en pie y que el Congreso y el Poder Judicial no hayan cerrado este capítulo de la historia estadounidense. El Presidente Obama no ha condenado en ninguna oportunidad la práctica de rendición extraordinaria. La abogada de Arar, María LaHood, del Centro por los Derechos Constitucionales, calificó de “escándalo” la decisión judicial contra Arar: “Esta decisión es de una amplitud tal que nos afecta a todos. Básicamente, lo que implica es que si el gobierno federal decide tomar acciones con el argumento de proteger la seguridad nacional, podría torturarnos y hasta matarnos y los tribunales federales no nos ampararían.”
En su opinión disidente, el juez Guido Calabresi afirmó: “Cuando se escriban los anales de este distinguido tribunal, la decisión mayoritaria adoptada hoy será evaluada con pesar.”
Considerando los tormentos que sufrió Arar, es admirable la calma con la que ha recibido la decisión. “Por sobre todo, esta decisión significa una pérdida para todos los ciudadanos y para el estado de derecho,” dijo Arar.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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Antena Negra TV: la comunicación no es mercancía

SE INAUGURA UN CANAL DE TELEVISIÓN ALTERNATIVO EN CABALLITO
Bajo la consigna “desenchufá el cable y poné la antena” se inaugura en el barrio porteño de Caballito un nuevo canal: Antena Negra TV.

Por Antena Negra TV
Somos un grupo de personas que estamos construyendo un canal de televisión, donde la comunicación no es mercancía. Donde este medio contribuya a mejorarnos como sociedad, reflejando y formando parte activa de los procesos de cambio social en función de aportar a la organización y la lucha de los diversos sectores.

Creemos, a diferencia de la lógica de los monopolios de las ideas, en que la autogestión no es una utopía.

Hacemos política a través de la comunicación. O sea que tenemos objetivos generales que esperamos realizar a través de la herramienta que elegimos que es el medio audiovisual.

Vemos a nuestra sociedad regida por relaciones de explotación, de alienación, de discriminación... una sociedad regida por la desigualdad y la dominación, por la impunidad y la represión. Donde reina la pobreza material y cultural. Estas no son condiciones casuales, son los resultados de la sociedad capitalista que padecemos.

El escenario en el que vivimos no va a modificarse dentro de estas relaciones, porque hay sectores sociales que se privilegian dentro del capitalismo y utilizan a los medios de comunicación como difusora de un único pensamiento regido por la mezquindad, la mentira y la conveniencia de unos pocos. Contra ellos peleamos.

Pero pensamos que el capitalismo no es solamente el poder de los dueños de todo. Es también una cantidad de formas de relacionarnos y de vivir en las que somos nosotros mismos cotidianamente los que reproducimos esta sociedad. En esto tienen mucho que ver los medios de comunicación, que nos hacen (no) pensar y (no) sentir como ellos quieren.

Para terminar esta situación hace falta que nos organicemos, desde abajo, desde nuestros lugares, con nuestros propios intereses, los que vivimos de nuestro propio trabajo, la clase explotada, en toda la amplitud y diversidad que esto implica: obreros, empleados, desocupados, estudiantes. Luchando contra el modelo de sociedad en la que vivimos y construyendo una sociedad nueva todos los días. Esto es lo que buscamos hacer y ayudar a hacer a través de nuestras prácticas comunicativas.

Buscamos construir un proyecto político comunicativo. Es decir, que tenemos un proyecto, objetivos que buscamos en lo comunicativo, una forma de hacer comunicación, una “política comunicacional” en la que intentamos crear:

- Comunicación de base. Con sectores populares. Con participación de base.
- Comunicación para la lucha. Participar con nuestras herramientas y prácticas comunicacionales en las luchas para que se escuche y vea lo que no se difunde en los medios masivos de comunicación a causa de intereses políticos y económicos.
- Comunicación para la organización y la unidad. Buscamos que los proyectos de los que somos parte sean espacios de participación, de articulación, de construcción de proyectos conjuntos de distintos grupos y de integración de más personas y agrupaciones.
- La construcción de medios autogestivos y no comerciales. Lo cual es para nosotros una cuestión estratégica que implica la verdadera autonomía de los medios de comunicación y la construcción de otro tipo de relaciones en torno y a través de estos.
- Socialización de herramientas técnicas y conocimiento.
- Aportar a la construcción de un pensamiento contra hegemónico al que nos impera.

Para ver Antena Negra TV: http://www.antenanegratv.com.ar/

Red PAR se declara en estado de alerta por las amenazas contra la subdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad Santa Rosa, Mónica Molina

La Red de Periodistas de Argentina por una comunicación no sexista (PAR) expresa su indignación y repudio contra los autores de la amenaza de muerte dirigida en forma anónima a nuestra compañera Mónica Molina, coordinadora internacional de la Red y subdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad de la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa.

En su denuncia ante la Fiscalía N º 1 de esa ciudad, nuestra compañera relata que una telefonista de la Subdirección recibió el pasado miércoles una llamada anónima, en la que una voz masculina advirtió a Molina que “le vamos a cortar el cogote y lo vamos a colgar en el mástil para que flamee junto con la bandera frente al municipio...”.

En posteriores declaraciones a los medios de prensa, Mónica denunció que “es muy probable que las amenazas tengan que ver con el allanamiento de Le Coq Doré”, un cabaret de Santa Rosa clausurado por un procedimiento conjunto entre el Municipio y Gendarmería Nacional, donde se encontró a una menor a quien se explotaba sexualmente. La causa fue iniciada semanas atrás por una denuncia de nuestra compañera.

Cabe recordar que Mónica Molina impulsó la sanción de una ordenanza que eliminó las whiskerías, cabarets y night clubs de las habilitaciones municipales, y denunció una red de tratantes de mujeres y niñas con objeto de explotación sexual, que terminó con más de una docena de presuntos proxenetas procesados y el cierre de numerosos prostíbulos encubiertos, siendo el ejemplo de Santa Rosa seguido por otros municipios dentro y fuera de la provincia.

No nos extraña pues que el/los autor/es de esta intimidación cobarde y solapada estén vinculados al submundo de la trata de personas, ya que sus métodos para practicar tan infame negocio son la coerción, la intimidación, la crueldad y la violencia contra mujeres indefensas, a las que reducen a la denigración y la esclavitud para llenar sus bolsillos con millones de dólares.

Las y los integrantes de la Red de Periodistas de Argentina por una comunicación no sexista (PAR), interpretamos que la amenaza a la compañera Mónica Molina es una provocación a las y los 130 periodistas miembros/as de esta Red, por lo que nos declaramos en estado de alerta y responderemos cualquier intento de agresión de manera contundente a lo largo y ancho del país, con las herramientas que la democracia, el derecho y la libertad de expresión nos proporcionan.
Red PAR